Cuántas bancas arriesga cada espacio de la Cámara alta. Las figuras de peso que terminan sus mandatos el 10 de diciembre.
Como en cada año electoral, ocho provincias elegirán este 2023 a sus tres representantes en la Cámara alta, de modo que el próximo 10 de diciembre se renovará un tercio del Senado.
Producto del triunfo electoral de 2017, en estas elecciones nacionales el interbloque de Juntos por el Cambio será el que más bancas ponga en juego, con un total de 11.
Golpeado recientemente por la salida de cuatro legisladores, el Frente de Todos, con su nueva denominación (Unión por la Patria), arriesgará en estos comicios 10 escaños.
Los otros tres restantes pertenecen a las monobloquistas Magdalena Solari Quintana, de Misiones, y Clara Vega, de La Rioja; y al jefe de Unidad Federal, el exoficialista jujeño Guillermo Snopek. Las dos primeras aliadas al oficialismo; el jujeño ya no integra el FdT.
En la lista de senadores a los que se les vence el mandato a fin de año aparecen figuras de peso, entre ellos jefes de bloques y algunos exgobernadores.
En el principal distrito se juega este año lo que suele denominarse como “la madre de todas las batallas”. Siempre clave en la elección presidencial, este año además se elegirán senadores nacionales. Las dos bancas por la mayoría pertenecen hoy a los macristas Gladys González y José Torello, quien asumió en el cargo en febrero de 2022 para completar el mandato de Esteban Bullrich, que renunció a raíz de su enfermedad ELA.
El escaño por la minoría lo tiene el Frente de Todos, ocupado por Juliana di Tullio, la jefa del bloque Unidad Ciudadana, sello bajo el cual en 2017 Cristina Kirchner accedió al mismo. Al resultar electa vicepresidenta en diciembre de 2019, el mandato lo continuó Jorge Taiana, quien en agosto de 2021 se fue como ministro de Defensa y lo reemplazó Di Tullio.
Otra de las provincias que votará a sus representantes en la Cámara alta será Formosa, por la cual tienen dos bancas los oficialistas María Teresa González y José Mayans, el presidente del interbloque Frente de Todos y quien cumplirá en diciembre 22 años como senador nacional.
También con una histórica trayectoria en el Senado, de 18 años, se vencerá el tercer mandato de Luis Naidenoff, actual jefe del bloque de la Unión Cívica Radical.
Jujuy es otro de los distritos en los que Juntos por el Cambio tiene la mayoría, en manos de los radicales Mario Fiad -postulado para diputado provincial en las elecciones locales- y Silvia Giacoppo.
La banca restante está en manos de Guillermo Snopek, quien este año se convirtió en el presidente del nuevo bloque compuesto por cuatro exFdT y la schiarettista Alejandra Vigo. Actualmente, el jujeño está postulado como candidato a gobernador en su provincia.
Cada banca de La Rioja pertenece hoy a diferentes bloques. Si bien en 2017 Juntos por el Cambio obtuvo la mayoría, en diciembre de 2019, con la salida de Inés Brizuela y Doria (intendenta de La Rioja Capital), eso cambió. Hoy uno de los escaños está ocupado por el radical Julio Martínez y el otro por Clara Vega, quien tras una controversia con JxC -que terminó en la Justicia- asumió como senadora para completar el mandato de la radical. Pese a ingresar por una lista de Cambiemos, su enemistad con el espacio la llevó a conformar un monobloque, denominado “Hay Futuro Argentina”, y estos dos últimos años se ha convertido en una aliada clave del oficialismo.
La banca por la minoría la ganó en 2017 el fallecido expresidente Carlos Saúl Menem. Tras su muerte, en febrero de 2021, asumió como su reemplazo Ricardo Guerra.
Misiones es otra de las provincias donde cada una de las bancas está repartida. En 2017, tras el triunfo del oficialismo local (Frente de la Concordia Misionero), accedieron por la mayoría el exgobernador Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana. Con la llegada al poder del Frente de Todos, Closs pasó a esa bancada, mientras que la misionera se mantuvo con su monobloque -llamado a secas “Misiones”-, pero desde el cual ha funcionado como aliada indiscutida del oficialismo. En tanto, la banca por la minoría la ocupa el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni.
Este año también vencen los mandatos de los senadores por San Juan, un distrito cuya mayoría está en manos del Frente de Todos a través de Cristina López Valverde y Rubén Uñac, hermano del gobernador Sergio Uñac. El tercer escaño corresponde a Roberto Basualdo, referente de Producción y Trabajo, partido aliado de Juntos por el Cambio en la provincia cuyana.
Con la actual sangría producida en el oficialismo, San Luis también pasó a tener distribuidas sus tres bancas en tres espacios distintos. En 2017, ingresaron por el Frente Justicialista Adolfo Rodríguez Saá, actualmente en el FdT, y María Eugenia Catalfamo, quien ahora integra el bloque Unidad Federal. La senadora, del riñón de Alberto Rodríguez Saá -enemistado con su hermano-, fue candidata a vicegobernadora en las elecciones provinciales que ese oficialismo perdió.
La banca por la minoría está en manos de la macrista Gabriela González Riollo, quien asumió en diciembre de 2021 para reemplazar a Claudio Poggi, que ganó una banca como diputado nacional en las elecciones legislativas de ese año; banca que dejará a fin de año porque será gobernador.
En las elecciones de medio término del gobierno de Cambiemos, realizadas en 2017, los radicales Eduardo Costa y María Belén Tapia se impusieron en Santa Cruz, obteniendo así las bancas por la mayoría. La tercera banca corresponde a la kirchnerista Ana María Ianni.
En una cuestión de privilegio, el senador del Pro defendió su postura de no asistir al proceso que se tramita en contra de los jueces de la Corte. “No pretendo esconderme en los fueros con carácter personal”, aclaró.
A través de una cuestión de privilegio que planteó en la sesión de este jueves, el senador del Pro José Torello ratificó que no se presentará a declarar ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, a la que fue citado en calidad de testigo en el proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema. “No me voy a prestar este circo”, expresó.
El macrista presentó la cuestión de privilegio contra presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, y todos los integrantes de Juicio Político del Frente de Todos.
“Frente a mi negativa de comparecer en dicho tribunal, frente a la eventualidad de ser juez, en el caso de que se los juzgue, en la sesión del 21 de marzo el diputado (Rodolfo) Tailhade profirió una amenaza en la que sostiene que debo renunciar y ser suspendido”, arrancó el legislador.
Además, reclamó: “Se invade mi intimidad y se violan mis derechos políticos exigiendo que se den a la luz todos los llamados que tuve durante toda la duración de la presidencia anterior”.
El oficialismo había citado al senador en el marco de la causal del fallo 2×1, sobre el cual tiene la hipótesis de que existió connivencia entre la gestión de Mauricio Macri -de quien Torello fue asesor- y el juez Carlos Rosenkrantz para que saliera el fallo a favor del represor Luis Muiña.
Torello recordó que tanto cuando la lista resultó electa como cuando él reemplazó en su banca a Esteban Bullrich, quien “lamentablemente tiene una triste enfermedad”, su pliego “no recibió ninguna impugnación de ningún tipo”.
“Me senté en esta banca con la convicción de que es necesario hablar con todos, evité contestar los agravios para evitar la confrontación. También guardé silencio frente a las chicanas, porque creo que la fractura y el desencuentro no van a servir para arreglar a este país, que hoy está en terapia intensiva”, sostuvo el senador al que la vicepresidenta Cristina Kirchner le había dado la palabra, pero cuando comenzó con su discurso se retiró del recinto.
También, afirmó: “No pretendo esconderme en los fueros con carácter personal”. Y argumentó que “si el intento de enjuiciar al tribunal prosperara, nosotros nos tendríamos que convertir en cámara juzgadora, por lo tanto no voy a declarar como testigo de cargo que me impida en la eventualidad ejercer dicha función”.
El dirigente del Pro cuestionó que “algunos diputados del Frente de Todos y testigos me acusaron de pertenecer al partido militar”, y resaltó: “En el golpe militar del ’76 yo tenía 16 años. Mi padre tampoco perteneció a ningún partido militar, falleció a los 29 cuando yo tenía dos años. Mi bisabuelo, que fue ministro de (Hipólito) Yrigoyen, quien fue derrocado en el primer golpe militar. Asimismo, mi bisabuelo fue echado en el año 1930, conjuntamente con el abuelo del senador Adolfo Rodríguez Saá, y tuvo que estar exiliado en Río de Janeiro junto a Marcelo T. de Alvear y otros dirigentes nacionales perseguidos por los militares”.
“Yo no formé parte de ningún partido que votó leyes de autoamnistía, ni indultos, ni de obediencia debida, como sí lo hicieron destacados integrantes del oficialismo y, en particular, de la Comisión de Juicio Político”, lanzó y continuó: “Yo solo fui parte del Pro, fui fundador del Pro, fui el primer apoderado y todavía sigo siéndolo. Fui presidente durante 14 años del Pro. Yo no pertenecí a ningún partido militar”.
En el final, el bonaerense manifestó que “el país observa como la bancada oficialista viola la división de poderes, atacando a Corte Suprema en un juicio que es absurdo. Quieren imponer su voluntad por las buenas y por las malas. No me voy a prestar a este circo, a esta ficción de juicio político que socava las bases de la República y deslegitima a las instituciones”.
El senador nacional es uno de los convocados por la comisión que encabeza Carolina Gaillard para este martes. Según pudo saber parlamentario.com, el senador del Pro dijo que la misma carece de “competencia” para tal fin.
Muchas ausencias se anticipan para la reunión de este martes convocada por la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que desarrolla un proceso contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia. Con el correr de las horas se fueron conociendo nombres y razones de quienes no participarán para oficiar de testigos, y a ellos se sumó este lunes el del senador del Pro José Torello.
El legislador nacional había sido convocado como testigo en la reunión que este martes se dedicará al tema del 2×1 que en 2017 habilitó la Corte Suprema para casos de lesa humanidad, tiempo en el cual Torello oficiaba como asesor del Gobierno de Mauricio Macri.
Según la información a la que accedió parlamentario.com, Torello no concurrirá amparándose en los fueros que tiene como senador nacional.
Así se lo hizo saber a la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, a través de una nota suscripta este lunes, en la que informa que el jueves pasado fue notificado de la citación y considera un detalle no menor que la primera citación fuera dirigida al diputado nacional Pablo Torello y no a mi persona, lo cual considera “una manifestación de la liviandad con la que se pretende llevar adelante el juicio político contra la máxima autoridad del Poder Judicial”.
Paralelamente, Torello considera que “la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular”.
Tras recordar que es senador por la provincia de Buenos Aires y como tal le asiste “inmunidad para el desenvolvimiento de mi función y no en beneficio de mi persona”, advierte que “la comisión que usted preside carece de competencia para citarme a un interrogatorio”.
“Su pretensión constituye un menoscabo a los fueros que protegen el ejercicio de la función legislativa que ejerzo y para la que fui votado por el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, enfatiza el senador Torello, que recuerda que la Constitución establece el alcance de las inmunidades parlamentarias.
Por último, la nota a la que accedió parlamentario.com señala que “el trámite que se está desarrollando en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados al pretender colocarme en situación de testigo de cargo me inhabilita para una eventual función de juzgador de las situaciones objeto de análisis, llegado el caso que el Honorable Senado de la Nación se constituyera en tribunal conforme lo dispone el artículo 53 de la Constitución Nacional”.
