El kirchnerismo marchó para insistir con el juicio político a D’Alessandro y Mahiques

La bancada conducida por Claudio Ferreño (FdT) se movilizó hasta el Ministerio de Justicia y Seguridad. “La seguridad y justicia de la Ciudad no pueden estar en manos de mafiosos operadores del Lawfare”, aseveraron.

Tal y cómo lo anunció días atrás parlamentario.com, los legisladores del Frente de Todos (FdT) marcharon desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad hasta el Ministerio de Justicia y Seguridad para reclamar que se avance con el juicio político al fiscal general Juan Bautista Mahiques y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por la filtración de chats que dan cuenta de un polémico viaje a Lago Escondido.

En ese sentido, Juan Pablo Modarelli (FdT) afirmó que “es inaceptable que personas que están vinculadas con delitos graves como Dadivas, sigan ejerciendo su cargo afectando no solo a nuestra democracia, sino también a todos y los porteños” y exigió que “el jefe de Gobierno deje de ser cómplice de la mafia y respete la democracia”. Mientras que María Magdalena Tiesso (FdT) planteó que “la seguridad y la justicia de la Ciudad no puede estar en manos de la mafia. D’Alessandro y Mahiques se tienen que ir. Larreta no puede seguir siendo cómplice”.

A su vez Lucía Cámpora (FdT) recordó que “marchamos desde el Ministerio Público Fiscal hasta el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA para exigir que Larreta deje de encubrir a Marcelo D’Alessandro y a Mahiques. No queremos más mafiosos a cargo de la seguridad de los porteños y porteñas” y precisó que “viajaron a la estancia de Joe Lewis convidados por Clarín junto a jueces federales y agentes de inteligencia. Amenazaron, mintieron y falsificaron documentos para ocultarlo. También suspendieron la sesión en la Legislatura porteña para que no se hable del tema”.

“Marcelo D’Alessandro y Juan Mahiques son dos mafiosos encubiertos por Larreta y toda la Ciudad lo tiene que saber. Estos tipos no pueden estar a cargo de la seguridad de nadie. Queremos que los espacios que viven hablando de las instituciones acompañen el juicio político”, cerró.

Al mismo tiempo que Matías Barroetaveña (FdT) opinó que “no queremos una ciudad de mafiosos ni gobernantes que los protejan” y que Laura Velasco (FdT) asegurara que “el Gobierno de la Ciudad tiene que dar la cara con una respuesta institucional a este hecho gravísimo y terminar con el encubrimiento de funcionarios mafiosos. Larreta debe pedir sus renuncias y la Legislatura porteña avanzar en el juicio político. ¡Basta de impunidad!”.

Sobre esa misma línea, el peronista Juan Manuel Valdés (FdT) indicó que se movilizaron “para que D’Alessandro y Mahiques den explicaciones a la ciudadanía sobre las dádivas que recibieron. Exigimos que Larreta deje de encubrirlos. Si no tienen nada que esconder, que vengan a explicar a la Legislatura”.

En tanto Javier Andrade (FdT) concluyó señalando que “la seguridad y la justicia de la Ciudad no pueden estar en manos de mafiosos operadores del Lawfare. Larreta sigue protegiendo y encubriendo, es responsable”.

La izquierda volvió a exigir el juicio político a D’Alessandro y Mahiques

Alejandrina Barry, Mercedes De Mendienta y Gabriel Solano (FIT) emitieron un duro comunicado en el que advirtieron que “los vecinos han realizado reclamos contra el Gobierno porteño porque saben que esta manipulación del Poder Judicial está ampliamente extendida en la Ciudad”.

Luego de que se suspendiera la última sesión ordinaria del año, los legisladores del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) emitió un duro comunicado en el que volvió a reclamar el juicio político contra el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el fiscal general Juan Bautista Mahiques por el viaje a Lago Escondido y denunciaron que la “manipulación del Poder Judicial está ampliamente extendida en la Ciudad”.

En el comunicado Gabriel Solano, Mercedes De Mendieta y Alejandrina Barry (FIT) advirtieron acerca de la “participación de funcionarios del gobierno porteño en el viaje a Lago Escondido financiado por el Grupo Clarín junto a jueces, fiscales y agentes de inteligencia pone de manifiesto una trama de complicidades entre jueces, políticos y medios de comunicación en función de intereses de determinados grupos empresariales” e indicaron que “también estuvo involucrado el jefe de asesores de Alberto Fernández, Julián Leunda, que ante el escándalo tuvo que renunciar”.

“La defensa que ha realizado Horacio Rodríguez Larreta de los funcionarios involucrados, tanto del ministro de Seguridad, Marcelo D ´Alessandro, como el fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques, convierte al jefe de Gobierno en responsable directo de sus acciones”, precisareon y advirtieron que “queda en evidencia también la hipocresía de sus discursos a favor de la independencia de la Justicia que suele repetir Larreta junto a otros dirigentes de la coalición macrista, que incluyen a los legisladores de la UCR y de la Coalición Cívica de Elisa Carrió”.

Asimismo plantearon que “en oposición a ellos exigimos el juicio político a Marcelo D´Alessandro como Juan Bautista Mahiques, también hemos presentado un pedido de interpelación a Larreta por su encubrimiento. Esto debería discutirse en una sesión ordinaria donde podamos expresar nuestras posiciones”.

Sobre esa misma línea, la izquierda recordó que “los trabajadores y vecinos que han realizado reclamos contra el Gobierno porteño saben por experiencia propia que esta manipulación del Poder Judicial está ampliamente extendida en la Ciudad de Buenos Aires. Si los reclamos logran algún fallo favorable en jueces de primera instancia luego son revertidos cuando pasan a una instancia superior, sean la Cámara de Apelaciones o el Tribunal Superior de Justicia” y precisaron que “este Poder Judicial se fue conformando mediante nombramientos en la Legislatura que fueron pactados entre el Pro y el peronismo de modo abierto y a la vista de todos. Estos pactos han sido sellados por los máximos funcionarios del PRO del distrito con dirigentes centrales del PJ porteño, como ser el actual vice jefe de gabinete de la Nación, Juan Manuel Olmos”.

Además señalaron que “la disputa por el manejo de la Justicia alcanza por igual a todas las fuerzas políticas tradicionales. Lo que sucede en el distrito porteño se repite en las provincias dirigidas por el peronismo y el radicalismo sin excepción. A nivel nacional esta disputa alcanza niveles aún mayores, porque el Poder Judicial no responde unánimemente a un gobierno sino que se ha dividido entre el oficialismo y la oposición y los intereses que cada uno de ellos ampara. Jueces puestos a dedo con el aval del Senado y de un Consejo de la Magistratura dominado por el peronismo y la oposición patronal de Juntos por el Cambio” y consideraron que “estos choques han sacado a la luz hechos de corrupción que habitualmente no trascienden, dado que hay un interés general de ocultarlos de todos los políticos capitalistas, que gobiernan beneficiando a la patria contratista, a las empresas concesionarias de servicios públicos y empresarios amigos que luego financian sus costosísimas campañas electorales”.

La izquierda también aseveró que “los choques y denuncias cruzadas entre oficialistas y opositores en el país y en la Ciudad de Buenos Aires ponen de relieve que estamos ante una descomposición general de los gobiernos del Frente de Todos y de Juntos, solo preocupados por las elecciones del año que viene mientras gobiernan con más ajuste sobre el pueblo trabajador, y de un régimen político responsable del crecimiento de la pobreza, la indigencia, la miseria salarial, la precarización laboral y el sometimiento al FMI. La salida a esta situación requiere construir una salida propia de los trabajadores y la izquierda, como lo venimos postulando con el Frente de Izquierda Unidad con nuestra salida de fondo”.

“El Frente de Izquierda Unidad es el único bloque que para terminar con esta justicia patronal, elitista y patriarcal acomodaticia ante los gobiernos de turno postula una verdadera democratización del Poder Judicial que comience por la elección popular de los jueces y fiscales, así como la posibilidad de su remoción por el mismo mecanismo, que ganen lo mismo que un trabajador calificado y por la aplicación de juicios por jurados”, sentenció.

Lago Escondido: el FdT insiste con el juicio político a D’Alessandro y Mahiques

La bancada conducida por Claudio Ferreño encabezó una conferencia de prensa en la que exigieron que la Ciudad avance con el juicio contra el ministro de Seguridad y el fiscal general. “Resulta inadmisible que sigan en sus cargos”, aseveraron.

Tras la filtración de chats que involucran a funcionarios del macrismo, judiciales y ex agentes de inteligencia en un viaje a Lago Escondido, el bloque del Frente de Todos (FdT) -conducido por Claudio Ferreño (FdT)- encabezó este miércoles una conferencia de prensa en la que insistieron con la necesidad de avanzar con el juicio político al ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, y al fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques.

La petición de los legisladores fue motivada por un pedido expreso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el cual fue transmitido en cadena nacional unas pocas horas antes de que se conociera el fallo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad.

En la conferencia estuvieron presentes el senador nacional Mariano Recalde; y las diputadas nacionales Paula Penacca y Mara Brawer, más todos los legisladores que conforman la bancada peronista en la Legislatura porteña: Claudio Ferreño, Javier Andrade, María Bielli, Lucía Cámpora, Maia Daer, Ofelia Fernández, Berenice Iañez, Juan Modarelli, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Magali Tiesso, Juan Manuel Valdes y Franco Vitali.

En ese contexto, los legisladores aseveraron que “resulta inadmisible que estos funcionarios sigan en sus cargos luego de haber quedado expuesta su participación directa en un hecho de enorme gravedad institucional en el que incumplieron la Ley de integridad pública de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada por la Legislatura porteña en el año 2020” y exigieron que “el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, permita que se inicie el juicio político y que los funcionarios sean juzgados y sometidos a Larreta”.

Respecto de esta situación, Ferreño adelantó que le pedirán a la Legislatura que convoque a una sesión en la que puedan ponerse en debate los dos proyectos en los que se fomenta el inicio del juicio político”, y agregó: “Quiero pedir al jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que separe de los cargos a D’Alessandro y Mahiques porque si no es así está avalando a esta mafia política y empresarial”.

Mientras que Recalde respaldó la petición: “Venimos a acompañar este pedido de juicio político para que los porteños y porteñas no tengan más estos funcionarios que forman parte de una mafia”, señaló, agregando que “este viaje y estos chats son la demostración visible de lo que venimos denunciando hace mucho tiempo. Dádivas, falsificación de pruebas, apriete y extorsión a periodistas y fiscales, amenazas”, señaló.

En ese sentido, Recalde dijo que “el ministro D’Alessandro no se preocupa por cuidar a la gente. Se va de joda con integrantes del Grupo Clarín, con jueces y fiscales, mientras persigue a los que piensan distinto. Si Larreta tiene valentía, tiene que correrlo” y agregó: “Desde el primer día nos opusimos a que Mahiques fuera fiscal general de esta ciudad. Lo decíamos y está comprobado que formaba parte de la mesa judicial macrista, que persigue, amenaza y extorsiona. Ahora volvió a demostrar lo que es y a qué se dedica”.

“Venimos a denunciar acá a dos delincuentes, a dos personas que cometieron delitos y que forman parte de una mafia que tienen secuestrada a la República. Vamos a estar en la calle hasta que se termine esta mafia en la Argentina”, afirmó.

Sobre esa misma línea, la peronista Claudia Neira (FdT) le pidió “a esta Legislatura que se comprometa a tratar estos proyectos. Es más: esperamos que los implicados, Marcelo D’Alessandro y Juan Bautista Mahiques, se pongan a disposición” y Javier Andrade (FdT) recordó que “el 15 de diciembre es la última sesión en esta Legislatura. Pedimos a todas las fuerzas políticas de la Ciudad, sean de la oposición o no, que se presenten a favor de este juicio político. D’Alessandro y Mahiques tienen que dar la cara”.

Por su lado, Penacca concluyó aseverando que “esta mafia ha corrompido al Poder Judicial, tiene representantes en el Gobierno de Larreta y el jefe es Héctor Magnetto”.

El FdT porteño pidió avanzar con el juicio político a D’Alessandro y Mahiques

La bancada conducida por Claudio Ferreño (FdT) presentó dos proyectos destinados a investigar los “delitos” cometidos por el ministro de Seguridad porteño y el fiscal general.

A raíz de la polémica por Lago Escondido y por instrucción del presidente Alberto Fernández, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad dos proyectos de resolución tendientes a avanzar con el juicio político al ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el fiscal general Juan Bautista Mahiques.

De acuerdo a los textos recientemente presentados, los diputados pidieron “formar causa por comisión del delito y mal desempeño de sus funciones contra el fiscal general Juan Bautista Mahiques y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, según el procedimiento del juicio político previsto por los Arts. 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad.

“A los efectos de cumplimentar lo establecido en el artículo precedente, convócase a la Sala Acusadora para el día 07/12/2022 a las 12:00 horas, para la designación de su presidencia y los miembros de la Comisión Investigadora prevista en el artículo 94 de la Constitución de la Ciudad. La Sala Acusadora, sesionará en el recinto de sesiones de esta Legislatura debiendo la vicepresidencia primera proveer de todos los elementos necesarios para su funcionamiento”, sostuvieron.

En los fundamentos de los proyectos, la oposición planteó “dar inicio al proceso de juicio político respecto de D´Alessandro  y Mahiques, debido a su participación en un viaje financiado por el Grupo Clarín, del que también participaron fiscales, jueces, ex agentes de inteligencia, lo cual evidencia una conducta constitutiva del delito de dádivas y una inconducta manifiesta en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a los más elementales criterios de ética pública” e indicaron que “este viaje, que a la fecha ya es de público y notorio, fue noticia en el diario Página 12 del día 17 de octubre ‘Cónclave político judicial secreto en Lago Escondido para garantizar la impunidad de Mauricio Macri. En la Estancia de Joe Lewis’ y fue financiado por el mencionado grupo empresarial”.

“En este sentido, es fácilmente acreditable la existencia del viaje mencionado, de los integrantes del mismo y el financiamiento tanto del vuelo privado, como de la estadía en la estancia de propiedad, nada más ni nada menos, que de un empresario magnate como Joe Lewis”, añadió y planteó que “la gravedad de este viaje se ha visto reflejada a través de conversaciones de los integrantes de este grupo que han tomado estado público luego de la nota publicada por el Diario Tiempo Argentino ‘El escandaloso chat entre jueces, funcionarios porteños y el Presidente del Grupo Clarín’. Estos diálogos son, ni más ni menos, que la ratificación del mencionado viaje y de los esfuerzos de sus participantes por ocultarlo mediante la comisión de diferentes delitos: tráfico de influencias, falsificación de documentos públicos, falso testimonio y asociación ilícita”.

Además aseveraron que “los chats de ‘Operación Pagina12’, confirman un entramado de jueces, fiscales, ministros y dueños de medios de comunicación dando verdadera dimensión de lo que significa el ‘lawfare’ en la República Argentina, con una mesa judicial operando en la ciudad de Buenos Aires. Cruces de mensajes criticando dirigentes, incentivando fraguar pruebas, armado de causas, detenciones arbitrarias, promesa de ‘hacer cagar’ a funcionarios nacionales, etc., son solo parte de algunas de las líneas que dejaron transcender los chats del autodenominado ‘Grupo Huemul’”.

“Todo ello, se da en un marco político de gravedad institucional donde la reunión financiada por el Grupo Clarín, con presencia de jueces, en particular del Juez Federal de Instrucción Ercolini, quien ha dirigido la ‘investigación’ de la ‘Causa Vialidad’, ex miembros de la SIDE y el Ministro de Seguridad de la Ciudad, conforman –ni más, ni menos- que la foto más evidente el denominado ‘Lawfare’. Todo ello también explica una articulada estrategia de estos actores para garantizar la impunidad de Mauricio Macri y sus funcionarios y la condena y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner”, destacaron.

En tanto sobre las acusaciones contra D’Alessandro, desde la bancada de del FdT indicaron que “respecto al mal desempeño en sus funciones, sólo durante los últimos meses, el ministro ha recaído en varias acciones que configuran la causal de ‘mal desempeño’ y que, analizados en su conjunto, demuestran que ha utilizado a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante sus objetivos políticos” y subrayaron que “es por ello que nuestro bloque con representación en la Legislatura de la Ciudad hace la presentación del presente proyecto para iniciar el juicio político por los motivos expuestos, al actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, en tanto responsable por comisión de delito y de mal desempeño de sus funciones, según el procedimiento previsto por los arts. 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad”.

“Creemos imperioso que aquellas fuerzas democráticas, que aún encolumnadas en el oficialismo porteño, tengan la posibilidad de comportarse de manera democrática y republicana acompañando este pedido de inicio del juicio político al ministro D’Alessandro, dando comienzo a una investigación que transparente un proceso esencial para determinar las responsabilidades políticas de funcionarios de la ciudad”, sentenciaron.

En tanto sobre el pedido de juicio político a Mahiques, desde la oposición remarcaron que “queda muy claro que un fiscal general que ha llevado adelante conductas de este estilo no puede continuar al frente de una institución que tiene a cargo la representación de los intereses generales de la sociedad” y concluyeron resaltando que “es fácilmente acreditable la existencia del viaje que se intentó ocultar, de los integrantes del mismo y el financiamiento tanto del vuelo privado, como de la estadía en la estancia de propiedad, nada más ni nada menos, que de un empresario magnate como Joe Lewis”.