La Cámara de Diputados aprobó, en un trámite exprés y por unanimidad, el proyecto avalado en el Senado este mismo jueves. Beneficia al departamento de Cushamen, en Chubut, y a El Bolsón, en Río Negro.
En un trámite exprés, la Cámara de Diputados convirtió en ley este sábado el proyecto que declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva al departamento de Cushamen, en Chubut, y a El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses.
La iniciativa, que había sido avalada en el Senado este mismo jueves, fue incorporada al temario de Diputados sobre tablas y finalmente recibió aprobación unánime, con la presencia en el recinto del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostentable, Juan Cabandié.
El proyecto fue impulsado por el senador oficialista Alfredo Luenzo y acompañado por sus pares de Chubut y Río Negro, y declara la emergencia por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo.
Paralelamente, los diputados Ignacio Torres (Pro) y Gustavo Menna (UCR) solicitaron tratar sobre tablas otros proyectos sobre asignación de aportes del Tesoro Nacional y pedidos de informes, pero en esos casos el Frente de Todos no acompañó.
“Los argentinos perdimos miles de hectáreas de bosques nativos, pero lo más importante es que hay más de 300 familias que perdieron absolutamente todo”, lamentó Torres, y destacó que “en estos momentos de crisis florece lo mejor de los argentinos, que es la solidaridad, y esto se vio con toneladas de donaciones”.
El legislador pidió: “Tomemos la responsabilidad institucional de, de una vez por todas, sobrevolar la maldita grieta, por lo menos en situaciones críticas como las que estamos viviendo. La política es más que solidarizarse por Twitter, es estar cerca de la gente”.
Torres agregó que “si bien los incendios están controlados, la situación sigue siendo muy difícil”.
A su vez, Menna relató que “el 8 de marzo se desató un incendio en la zona de El Maitén, en Chubut; al día siguiente se desató otro en Cholila, y por la tarde en la zona de Las Golondrinas, en Lago Puelo, que rápidamente se propagó por Cerro Radal y también involucró a El Hoyo”.
Menna contó que recorrió la zona junto a su par de bloque Brenda Austin, y se notificaron de que “las autoridades municipales de Lago Puelo tenían relevadas 421 viviendas totalmente destruidas, arrasadas por el fuego, y más de 20 en El Hoyo”.
El diputado advirtió que además de los daños materiales y las familias damnificadas, “este incendio se ha cobrado tres vidas humanas “.
De paso, aprovechó para criticar la respuesta del Gobierno nacional: “Estas 17.000 hectáreas afectadas y los incendios que el año pasado se cobraron un millón de hectáreas también revelan una gestión deficiente del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Hubo una subejecución del 30% de las partidas el año pasado, e increíblemente se bajaron las partidas para el Plan en el Presupuesto 2021”.
Por su parte, Austin destacó que la declaración de emergencia “busca medidas concretas de asistencia, tanto en la ampliación de los fondos para la cobertura de planes sociales; la asistencia financiera especial a través de la banca pública y privada; y aportes no reintegrables tanto para viviendas como para actividades productivas”.
“Es de especial importancia mirar el mapa completo y ayudar a reconstruir una economía absolutamente dañada y a pobladores que han perdido sus viviendas”, dijo la cordobesa.
La iniciativa sancionada faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.
También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.
Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.
Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.
