En el reinicio del juicio político que se desarrolla contra los miembros de la Corte Suprema -el último encuentro data del 29 de agosto pasado-, comenzó el tratamiento de la causa conocida como Consejo de la Magistratura. Pero previamente la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo un repaso de lo actuado y trazó una hoja de ruta de lo que viene, de cara a la sustanciación de un informe final que anticipó se analizará y votará en esa comisión antes de fin de año.

“Comenzamos por la causa 2×1 y la posible connivencia de algunos integrantes de la Corte Suprema con el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, para beneficiar a genocidas y represores, con el fallo Muiña”, arrancó la diputada entrerriana, que recordó que siguieron con las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial. En ese sentido destacó que se investigó solo una etapa, que es aquella en la que supervisó la Obra Social el juez Maqueda, y anunció que “en esta causa estamos en condiciones de circular ya el informe que sustenta el dictamen de acusación” contra ese magistrado.

Recordó Gaillard que el mismo fue trasladado a Juan Carlos Maqueda para que formulara su descargo, mas este no lo contestó, ante lo cual se procederá ahora a realizar el dictamen de acusación correspondiente. Previamente se circulará a los miembros de la comisión el resumen de los cargos formulados.

Luego vino la investigación de la causa “Coparticipación”, donde Gaillard informó que se encuentra mayor grado de responsabilidad en Horacio Rosatti, presidente de la Corte. A lo largo de las distintas audiencias realizadas sobre este tema, consideró que “hay constancias probatorias para avanzar en el informe correspondiente, que será también socializado entre los miembros de esta comisión, para luego proceder a realizar el dictamen de acusación correspondiente”.

Así las cosas, se avanzará ahora con la causa Consejo de la Magistratura. Respecto a ello, la presidenta de la comisión expresó que “algunos testigos (de esta causa) ya vinieron, por lo cual consideramos que con una sola reunión es suficiente”. Por eso sostuvo que consideran avanzar en la siguiente reunión con la última causa, que adelantó será sobre “abuso de poder”, y corresponde a la denuncia de juicio político formulada por la Coalición Cívica, a instancias de la diputada Paula Oliveto, que representó una denuncia elevada en su momento por Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti, por distintos motivos.

Ampliación de prueba

Luego de que el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntara si en la causa Obra Social solo sería acusado el doctor Maqueda, la presidenta de la Comisión de Juicio Político aclaró que “en principio sí, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda al resto de los ministros”, y recordó que justamente había sido creada una subcomisión para investigar otros períodos. Al respecto, le recordó a López que ellos aún no habían detallado a quiénes sugerirían para incorporar a la misma.

El presidente del bloque CC-ARI recordó que ellos habían votado en contra de esa subcomisión, y consideraban que “el tema está agotado”, por lo que no les parecía trabajar en la misma.

A continuación, el diputado Rodolfo Tailhade cumplió con la tradición de presentar un pedido de ampliación de prueba para la causa Consejo de la Magistratura, en el cual incluyó un sinnúmero de notas periodísticas escritas sobre el tema en los últimos años. Fue una extensa lectura que demandó muchos minutos y en cuyo marco pareció ampliar su radio de acción, ante lo cual Carolina Gaillard aclaró luego que mucha de la prueba pedida tenía que ver en realidad con la causa “abuso de poder”.

Al respecto, informó que en la causa habían incluido el pedido de juicio político contra Carlos Rosenkrantz, “por incompatibilidad en ejercer como presidente de la Corte en causas de sus exclientes”.

“¿La novedad de incluir a Rosenkrantz es algo que decidió usted, o el Frente de Todos?”, preguntó López. Gaillard  dijo que el pedido había sido hecho hacía tiempo, pero aclaró que podían hacer dos informes distintos y no incluirlo junto con el pedido de juicio a Lorenzetti de la Coalición Cívica. “Entendíamos que formaban parte de mismas conductas”, explicó.

“No, de ninguna manera”, replicó López. Serán informes distintos entonces.

La Comisión de Juicio Político que preside la diputada Carolina Gaillard convocó formalmente este jueves a sus miembros para reunirse el próximo 6 de julio, a las 11 de la mañana, tal cual se venía anticipando.

Para esa jornada se espera recibir el informe del ministro de la Corte Supremam Juan Carlos Maqueda, en los términos del artículo 13 del reglamento interno de esa comisión, que establece lo siguiente: “Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones. Lo establecido en este artículo no obsta al oportuno ejercicio de defensa por ante el Honorable Senado de la Nación”.

De tal manera, el juez Maqueda podrá presentarse ante la comisión, o bien hacer su descargo por escrito en torno a la cuestión referente a las supuestas irregularidades detectadas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, durante el período que él estuvo a cargo de la misma.

La convocatoria a la reunión refiere también la presencia de testigos que serán citados por la causa “Coparticipación”, pero sin precisar quiénes son. Según se había anticipado, se espera la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y gobernadores del oficialismo. Se espera que los nombres se conozcan recién la próxima semana.

Los tiempos electorales ya se viven de lleno en todos los ámbitos de la política, y muy especialmente en el Congreso de la Nación. Al punto tal de afectar una comisión que venía trabajando con regularidad, como la de Juicio Político de la Cámara baja.

En rigor, esa periodicidad no ha sido plena, sobre todo en las últimas semanas, pero ahora su continuidad corre el riesgo que imponen los tiempos de la campaña electoral. Lo cierto es que la última reunión se realizó el 15 de junio, oportunidad en la que establecieron un esquema de trabajo para el siguiente tema a abordar en el marco del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema, el de la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo establecía que para esta semana comenzara el desfile de testigos, arrancando con el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y gobernadores peronistas.

Eso no sucederá, al menos esta semana, según confiaron a parlamentario.com fuentes consultadas, que precisaron que el próximo encuentro de la comisión será el jueves 6 de julio, fecha para la que ha sido citado el juez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda, para comparecer ante esa comisión a fin de responder sobre las irregularidades detectadas en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial. Según se estableció en la reunión del 15 de junio pasado por el voto mayoritario de los miembros del FdT en la comisión, podrá hacerlo de manera presencial o bien por escrito.

También, se había estimado en la última reunión de la comisión que preside Carolina Gaillard que el martes 4 de julio serían convocados Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, para dar testimonio sobre los chats entre ambos, relacionados con el fallo que emitió el Tribunal Superior beneficiando a CABA. Recordemos que Robles es asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y D’Alessandro exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. En principio, no habrá una reunión el martes 4 de julio; habrá que ver si esa convocatoria se produce para el jueves 6.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, notificó este miércoles formalmente al juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, para que comparezca ante ese cuerpo el próximo 6 de julio para que responda sobre irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

En la última reunión, que se llevó a cabo el 15 de junio, el oficialismo impuso su mayoría y votó a favor de citar a Maqueda, otorgándole diez días hábiles para que informe a la comisión sobre los cargos formulados. Al respecto, el magistrado podrá presentarse en forma presencial o bien enviar un escrito sobre las acusaciones de supuestas irregularidades en OSPJN.

La resolución aprobada por los diputados, de 53 carillas, se le atribuyeron al juez “provisionalmente” 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre 2008 y 2021. Además, dispone la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”, que la oposición adelantó no integrará.

Los diputados consideraron que los cargos contra Maqueda por el período en que el juez administró la obra social, entre abril de 2008 y octubre de 2021, están fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que se fue acumulando desde que se inició el proceso a la Corte Suprema en febrero pasado.

Según esos testimonios, Maqueda está acusado por “consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial”.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado del Pro Pablo Tonelli había anticipado el rechazo de ese bloque a la citación a Maqueda y dijo que las supuestas irregularidades en el funcionamiento en el ente de salud judicial “no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país”. “Están lejísimo de constituir mal desempeño”, dijo, y advirtió sobre la “falta de correspondencia entre los cargos y las pruebas”.

En tanto, la comisión de Juicio Político acordó además citar para el próximo 4 de julio a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y a Marcelo D’Alessandro para que expongan en relación al fallo del máximo tribunal por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

También, y para la próxima reunión de ese cuerpo, el próximo martes 27 de junio, resolvió invitar al ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, y a gobernadores y fiscales, también por el mismo caso.

El oficialismo impuso su mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y aprobó una resolución para citar el próximo 6 de julio al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, a quien se le atribuyeron “provisionalmente” 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre 2008 y 2021. 

En el encuentro realizado este jueves, con 16 votos a favor y la negativa de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos avaló otorgarle al magistrado diez días hábiles para que informe a la comisión sobre los cargos formulados. De acuerdo al texto, y conforme al artículo 13 del reglamento de la comisión, podrá presentar un informe escrito. 

No obstante, se fija la fecha del 6 de julio para que Maqueda pueda presentarse, pero si optara por enviar el informe, el mismo deberá ser remitido en forma digital y en papel.

La resolución, de 53 carillas, dispone asimismo la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”. Al final de la votación se informó que la diputada oficialista Vanesa Siley la conducirá y estará también integrada por Rodolfo Tailhade. La oposición dejó pendiente para la próxima reunión la designación de su representante.

En el arranque de la jornada, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo un racconto sobre el proceso de juicio político que comenzó en el verano de este año y un detalle de las audiencias con testimonios que se han escuchado. 

Sobre la causal de la obra social, para la cual se dedicaron seis encuentros con testigos, la oficialista indicó que Maqueda “fue quien desde 2008 a 2021 ejerció como ministro supervisor de la obra social”. “A partir de que Maqueda deja de estar en la supervisión de la obra social se realiza esta auditoría (ordenada por la Corte), de donde surgen las irregularidades que se estuvieron analizando en esta comisión y que fueron ratificadas por los testigos que vinieron”, dijo. 

“La  Corte en pleno ratificó y convalidó esas irregularidades, cuando reconoce que hubo irregularidades y disfuncionalidades en el período 2008-2021, por lo que encomienda a la obra social una serie de modificaciones para mejorar el sistema informático, el sistema contable y el sistema de procedimientos, y que la obra social cuente con un presupuesto”, explicó. 

La entrerriana afirmó que “Maqueda estuvo 13 años a cargo de la obra social y dentro de las cuestiones que se le endilgan está el de haber tenido un sistema informático obsoleto, deficiente, que permitía que sean adulterada la información que era cargada en el sistema; estados contables que no eran certificados por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas; y la vacancia en la conformación de la estructura organizativa de la obra social, precisamente en la subdirección de administración y en la subdirección médica, que eran las dos áreas que después de la dirección general eran esenciales para garantizar un buen funcionamiento”. 

Al anticipar la postura en contra del interbloque Juntos por el Cambio, el diputado del Pro Pablo Tonelli consideró que “las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la obra social no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país” e ironizó que si se convocaran a “personas que no han sido bien atendidas por el PAMI o IOMA, llenamos la Plaza del Congreso”. 

Para el macrista, los cargos que se atribuyen “están lejísimo de constituir mal desempeño como se pretende” ya que “no son otra cosa más que la reproducción de las conclusiones de la auditoría que ordenó la Corte”. 

“Se agregan algunos cargos verdaderamente curiosos, como por ejemplo la falta de designación de directores”, señaló y opinó que, en ese sentido, se podría “en este mismo instante” pedir “el juicio político de todos los diputados y senadores que hace 12 o 15 años no designamos al Defensor del Pueblo”. “Desde ya me declaro culpable”, dijo y continuó poniendo como ejemplo que también se le podría pedir el juicio “al presidente de la Nación que no designa a un reemplazo de Elena Highton de Nolasco” o a los senadores que no han aprobado el pliego del procurador general. “Ese cargo es un disparate, como todos los demás”, insistió. 

El legislador de JxC resaltó que “fueron los propios jueces de la Corte los que decidieron hacer una auditoría para conocer los problemas”. Además, sostuvo que en la resolución “hay una absoluta falta de correspondencia entre los cargos y las pruebas” y “en cada acusación concreta no se dice qué prueba la sustenta”.  

A continuación, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, arrancó pidiendo que “se produzca prueba en relación al ministro (Ricardo) Lorenzetti” para que “se pueda tener información societaria básica sobre Revelar S.A., que está en nuestro proyecto de juicio político”. Más tarde, se votó favorablemente esta ampliación de la prueba.

Yendo a la resolución de Maqueda, el vicepresidente de la comisión apuntó que “el racconto de esa prueba ha sido sesgado, porque se intenta hacer un especie de una supuesta responsabilidad diferenciada del doctor Maqueda, de hechos que, a nuestro criterio, tampoco están probados o no serían causal de mal desempeño”. 

“No han encontrado ningún acto administrativo que le haya asignado ningún tipo de supervisión o de función al doctor Maqueda” sobre la OSPJN, subrayó y cuestionó que “hay un relato que construyeron respecto al doctor Maqueda, con un ensañamiento muy claro sobre ese ministro, sostenido por una disidencia del doctor Lorenzetti y una interpretación también absolutamente sesgada sobre un mail que ha circulado y es lo único que ustedes tienen”. “Se agarraron también de las declaraciones del contador Héctor Marchi”, añadió.

Pero además, el opositor denunció: “Ustedes están buscando la renuncia de un ministro para tener dos vacantes de acá a las elecciones; para negociar, vaya a saber con quién, en algún momento, los cargos de la Corte”. Sin embargo, manifestó que cree que “lo único que hacen es que el doctor Maqueda se quede más. ¿Cómo se va a ir un juez de la Corte acusado por ustedes, a las patadas, con este nivel de maltrato? Creo que hasta se equivocan en la maniobra política”. 

A pesar de elogiarlo por su condición de jurista, el oficialista Leopoldo Moreau salió al cruce de lo planteado por Tonelli. “Pretender desmerecer un trabajo que se ha llevado adelante con mucha responsabilidad sosteniendo de que esto ocurre en todos lados, me parece un argumento francamente débil”, le respondió. 

El diputado aseguró que dentro de la Corte “los roles están reconocidos en el famoso mail del doctor Maqueda, donde asume que se hizo cargo de la supervisión de la obra social” y a lo largo de los testimonios, “se ha demostrado que esa era una responsabilidad directa”, remarcó. 

También, Moreau recordó cuánto costó que asistiera a declarar Aldo Tonón, exdirector de la obra social, y que, una vez que lo hizo, amparado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, de 40 preguntas solo respondió 10 “para no autoincriminarse”. “No es que aquí nosotros inventamos cargos para sacar a patadas al doctor Maqueda, este es un proceso que viene teniendo también en sede judicial un tratamiento, porque efectivamente ha habido gravísimas irregularidades en la obra social”, señaló.

“Hay situaciones llamativas sobre las que Maqueda tiene que dar explicaciones”, aseveró y criticó que durante un período muy extenso “se hizo la vista gorda sobre el funcionamiento de la obra social” donde fueron “personas designadas de su propia amistad personal, de personas de su parentesco, empresas que venían de su provincia”. “No solamente había supervisión, hubo apropiación de la obra social por parte del juez Maqueda. Además, tenía el primer voto en todos estos temas”, expresó. 

Y agregó que lo planteado en la resolución “está suficientemente fundado, esto no es arbitrario, el doctor Maqueda tiene derecho a la defensa y los cargos que se han formulado están sólidamente probados”. 

También desde el oficialismo, la diputada Vanesa Siley explicó el uso del artículo 13 del reglamento y argumentó: “Reunidas estas actuaciones, esta investigación, en esta primera etapa se le puede dar traslado, cursar notificación al doctor Maqueda para que venga a informar a la comisión. En ningún momento esto es una imputación o se lo puede asemejar a ninguna otra figura procesal. Es, incluso, una facultad del denunciado venir a hacer uso de su voz a la comisión”. 

“¿Por qué la Corte manda a hacer un auditoría que data de 2008 a la renuncia de Maqueda? El período no lo elegimos nosotros, es la fecha que eligió la Corte para auditar”, contestó al responder cuestionamientos sobre el período al que se hace referencia, y enfatizó que “este escándalo no lo inventó el Frente de Todos, no lo inventó nuestro bloque, sino que se cayó de maduro. Y surgió por una interna de la Corte, que a ni a mí ni a nosotros nos corresponde, o surgió por las causas penales y la propia denuncia”. 

Al tomar de nuevo la palabra, Tonelli expresó estar “en total desacuerdo con lo de la provisoriedad de los cargos, porque esto en la práctica significa darle al imputado traslado de unos cargos para que se defienda, pero después pueden ser cambiados por otros. Eso claramente viola el derecho de defensa. Al imputado hay que darle traslado una sola vez”. 

“Quedese tranquilo porque no hay ninguna violación al derecho de defensa”, aclaró Gaillard, que agregó que “se puede seguir reuniendo prueba para sustentar los cargos formulados” y en caso que Maqueda no responda “el proceso continúa”, porque esta resolución no es aún el dictamen acusatorio. 

En el final del debate antes de pasar a la votación, la diputada del Pro Graciela Ocaña coincidió con Tonelli en que “claramente hay irregularidades que tiene la obra social del Poder Judicial de la Nación que son compartidas por otras obras sociales”. “A mí me llama la atención el recorte que se ha hecho en el doctor Maqueda; creo que acá hay una intención de cargar las tintas sobre el juez Maqueda”, opinó y lanzó que “el verdadero responsable es quien manejaba la obra social” en referencia a Tonón. 

Los 14 cargos contra Maqueda

En la resolución aprobada se le formulan “provisionalmente” 14 cargos al juez Maqueda, por “incumplimiento del deber de fiscalización de la obra social”, por “haber abdicado a su función de control sobre los aspectos patrimoniales, contables y financieros, con grave perjuicio en la normal y eficiente prestación del servicio de salud; convalidar una conformación antijurídica de la estructura organizativa de la obra social; y haber mantenido durante todo el período sistemas informáticos (contables, de stock de medicamentos, de gestión, etc.) obsoletos, vulnerables, sin integración y con alto riesgo de pérdida de información por falta de respaldo adecuado”. 

Además, se le atribuye “ser responsable de una gestión administrativa irregular, arbitraria, no transparente, omisiva de toda planificación y perjudicial a los fines y objetivos de la OSPJN, durante la totalidad del período imputado; haber consentido manifiestas y graves irregularidades en la registración contable, económica y financiera; y haber utilizado como normativa regulatoria de las compras y contrataciones de la OSPJN” dos normativas derogadas. 

También se le adjudican como cargos “haber consentido y cometido graves irregularidades en la tramitación de las compras y contrataciones; una ausencia de marco normativo, áreas, sistemas y procedimientos para elaborar presupuesto de gastos que otorgue previsibilidad y ordenamiento a la gestión financiera y prestacional; y la omisión de corrección en los sistemas de compras y ventas de medicamentos de la Farmacia”. 

Finalmente, en los cargos -de los cuales en algunos se desprenden otros- se enumera: “Haber desvirtuado el rol institucional afectando de desprestigio y mala reputación a la OSPJN; la violación de deberes y pautas de comportamiento ético previstas en la Ley Nacional 25.188; el incumplimiento de la Ley de Datos Personales 25.326 por no garantizar un sistema informático seguro y transparente para preservar información y datos sensibles de sus afiliados; y consentir graves deficiencias respecto a las condiciones laborales de las oficinas y dependencias en las que desarrollan sus tareas el personal de la OSPJN”. 

En una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, que este jueves no recibe a testigos, el oficialismo someterá a votación una resolución para citar el próximo 6 de julio al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, por los cargos que se le atribuyen respecto del manejo de la obra social del Poder Judicial.

De acuerdo al borrador de resolución al que accedió parlamentario.com, el Frente de Todos propone citar al magistrado para que en el término de diez días hábiles informe a la comisión sobre los cargos formulados. Podrá presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. “La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”, señala el texto.

Pero además, se lo cita para que brinde el informe en una reunión de la Comisión de Juicio Político el jueves 6 de julio. No obstante, si optara por enviar el informe por escrito, el mismo deberá ser remitido en forma digital y en papel.

La resolución, de 53 carillas, dispone asimismo la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”.

Por otra parte, se buscará determinar un cronograma de trabajo para comenzar a profundizar en la causal del fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la coparticipación, que salió en diciembre del año pasado y por el cual el máximo tribunal ordenó a la Nación devolverle el 2,95% a la Capital Federal.

Algo del tema ya se tocó en las audiencias que hubo durante el verano, pero todavía falta que sean citados algunos testigos clave como Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. En la lista para esta causal también aparecen los gobernadores y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

En febrero pasado, asistieron, entre otros, los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos quienes, con diferente criterio, intervinieron en denuncias sobre los chats filtrados del teléfono de D’Alessandro, donde figuraban presuntas conversaciones con Robles en referencia al fallo por la coparticipación. Por eso, desde el oficialismo sostienen que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

Parecía que terminaba la reunión de la Comisión de Juicio Político en la que se presentaba como la última audiencia sobre las supuestas irregularidades registradas en la obra social de los trabajadores del Poder Judicial, pero no fue así.

Faltaban diez minutos para las 19 y ya habían expuesto los seis testigos previstos, que respondieron preguntas referidas a la investigación desarrollada en torno a la OSPJN, cuando la diputada Vanesa Siley leyó un informe preliminar dirigido a la titular de la Cámara baja donde reclamaban convocar al integrante de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, en los términos del artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político.

Sindicado como el responsable de la supervisión de la obra social, la idea de los diputados del Frente de Todos es interrogarlo sobre las supuestas irregularidades detectadas en la OSPJN.

Así se votó, mas no se especificó fecha para la presentación, que como el juez de la Corte puede desoír, pues no está obligado a asistir. Puede declarar por escrito, o directamente no asistir.

En un pasaje de esta última audiencia, Leopoldo Moreau sostuvo que un párrafo de una nota presentada por Maqueda que se leyó varias veces este martes demuestra que él “tenía la exclusiva responsabilidad por la supervisión de la Corte” en la obra social. Y para el oficialismo las irregularidades que respaldan los cargos en contra de Maqueda fueron “debida  y ampliamente fundados” a lo largo de estas audiencias.

El informe considera a Maqueda responsable de “consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.

Previsiblemente se opuso el titular del bloque Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, quien advirtió que no les habían avisado que se iba a hacer esta presentación. Un clásico: le salió al cruce Rodolfo Tailhade, quien enfatizó que “no hay nada que esté fuera del reglamento”.

El reciente desplazado administrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, afirmó en la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, que lleva a cabo las investigaciones por supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), que “siempre fue Juan Carlos Maqueda quien estuvo a cargo de la obra social”, y denunció que “todos los directos los eligió él y nunca hubo concurso”.

Previo a la ronda de preguntas, el contador pidió autorización para dar contexto a la situación de la Obra Social en la última década: “El período donde estaba Nicolás Reyes como administrador, estaban unidos el Consejo, la Corte y todo dependía de la Administración, esa es la razón de la acordada 31 del 2005 que se cita en la nota que envió la Corte durante la presidencia de Petracchi”.

“Luego se separó la Corte del Consejo. Cambió la presidencia y Reyes se retiró”, sumó y contó que al asumir “hubo que reorganizar todo. La nueva composición bajo la presidencia de Lorenzetti llegó a un acuerdo muy claro: desconcentrar las áreas y que no todo dependiera de la presidencia o de la administración como en el periodo anterior”.

Y precisó que eso dice la acordada 9/2008 “desconcentrar actividades ajenas a la administración”, y remarcó que por ese motivo se distribuyeron las áreas. “La doctora Highton de Nolasco con oficina de violencia doméstica, el doctor Maqueda con la Obra Social, Zaffaroni y Lorenzetti con el centro de información judicial. Cada ministro dirigía esa área y mandaba los proyectos de decisiones que el presidente firmaba, pero cada área era independiente”.

 Al respecto, subrayó que cuando se asignaron las tareas por acordada “Maqueda pidió expresamente que no se consignara en una acordada porque la Obra Social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica, pero está absolutamente claro que el doctor Maqueda dirigió la Obra Social durante todo ese periodo. Quedó a cargo de la Obra Social. Una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió él y nunca hubo concurso. Por eso y dado los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró, es que Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error”.

“Pero en este caso, nuevamente, se lo designó sin concurso y el doctor Altave a propuesta de Rosatti. Considero que es un error, lo expresé en el informe 1. Maqueda designó al directorio con Tonón. Me pidió que designara a un representante de la administración, luego me pidió que lo sacara. Por eso hay cierta confusión porque se dice que la obra estaba bajo la dependencia directa de la Administración y seguidamente se señala que tiene una autonomía funcional y financiera con la responsabilidad de un directorio. Algo contradictorio”, explayó.

Y continuó leyendo: “El directorio unipersonal decía todo. Con consulta permanente con el doctor Maqueda y luego a través de un mail dice que fue un error sacar a la administración de la obra, refiriéndose a la del doctor Reyes y dice que la única manera que funcione es bajo la supervisión de la administración. Por eso volví y comencé con los dictámenes de supervisión recién con la acordada 19/2021 que me coloca en la órbita de la obra social y con informes mensuales de supervisión”.

“Esos dictámenes fueron muy críticos. Si yo hubiese estado a cargo de la obra, no me hubiese autocriticado. Tampoco me hubiese sancionado con el traslado. Es absurdo que se diga que yo estaba a cargo de la obra”, se defendió el funcionario y cuestionó que “en el nuevo período tampoco cambiaron las cosas. El directorio lo propuso el doctor Rosatti. Los empleados se designaron a propuesta del doctor Altave, los auditores para controlar los designó la Corte. Yo me opuse a eso porque la apariencia bajo la transparencia hay un control de hecho. Eso le hace mal a la Corte y a todo el Poder Judicial de la Nación”.

El senador nacional Mariano Recalde (FNyP – CABA) habló este miércoles sobre la doble sesión convocada para este jueves en el Senado y anunció que JxC tiene decidido no dar quórum.

En tal sentido, el miembro del Consejo de la Magistratura advirtió que el quórum será logrado con los senadores del FdT en la Cámara alta. “Mañana hay una sesión prevista para elegir autoridades (preparatoria), luego se convocó a una extraordinaria para avanzar con la ley Lucio”, adelantó.

En diálogo con AM 530, opinó contra el diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos – CABA) tras manifestarse en contra de los corsos en la Ciudad de Buenos Aires: “Son declaraciones aisladas que buscan la reacción y el protagonismo para llamar al escándalo”.

Consultado por la Acordada del juez Ariel Lijo en defensa del integrante de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, que los desligaría de la causa por la obra social del Poder Judicial, Recalde expresó: “Se protegen entre ellos, le dan impunidad a los dirigentes macristas y persiguen a los peronistas”.

“El Poder Judicial, a plena luz del día, manifiesta su color político y su grado de simpatía con ciertos partidos políticos”, lanzó el senador. Del mismo modo, agregó: “Es como la causa sobre las escuchas ilegales y el viaje a Lago Escondido, como cuando se autodenunciaron”.

Por otro lado, hizo referencias contra los 15 años de creación del Pro y manifestó: “Durante 2022 discutimos los 15 años de macrismo (desde que ganó en 2007) y la Ciudad en 15 años tiene resultados pésimos en salud, educación, transporte y seguridad”.

Además, añadió: “Tenemos la misma población que hace 15 años, y hay más gente viviendo en las villas”. De la misma manera, afirmó: “Se agigantó la desigualdad en la Ciudad y la mortalidad infantil creció muchísimo estos años”.

“La Ciudad no tiene ministro de Seguridad y Justicia (Marcelo D’Alessandro está de licencia), no tiene vicejefe de Gobierno (vacante) y no tiene jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta de viaje por el país) que está de campaña”, explicó Recalde. “No sabemos quien gobierna, o mejor dicho si, las corporaciones”, apuntó.

Por último, habló de la mesa del PJ nacional, expresó: “Estamos viendo cual es la mejor solución para el conjunto. Fue una reunión con la idea de que la unidad es fundamental” y cerró: “Tenemos que pensar como mejorar los resultados de la gestión”.

En medio de la decisión del Gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad, el senador cristinista Oscar Parrilli (FdT-UC) se despachó con todo contra los cuatros jueces del máximo tribunal: “Los empleados del poder van a terminar como terminó -el expresidente de facto- Jorge Rafael Videla”, quien murió en una cárcel común en el 2013.

Para el neuquino, ésta es una “Corte Suprema de la dictadura militar, más que la de una democracia”. “Se creen los dueños de la vida y de la libertad de los argentinos”, fustigó y acusó a los magistrados de querer “arrogarse la suma del poder público”.

Entrevistado por AM 750, el legislador expresó: “Es una Corte macrista, que no tiene ningún respeto por la Constitución Nacional y las leyes”. “(Horacio) Rosatti, presidente de la Corte, y (Juan Carlos) Maqueda, ministro de la CSJ, tienen causas por corrupción”, apuntó.

“Decretaron el 2×1 a los genocidas, avalaron que el expresidente (Mauricio) Macri elija jueces por decreto, fueron cómplices con el macrismo para perseguir al kirchnerismo, fallaron a favor de las empresas de medicina prepaga y quitaron a las empresas de telecomunicaciones de la categoría de servicios esenciales”, enumeró.

En tal sentido, afirmó que -los miembros de la Corte- “asaltan cual Rambo al Congreso y al Consejo de la Magistratura”. “No tienen la predisposición para investigar sobre el viaje a Lago Escondido”, sumó en alusión al encuentro de jueces federales, empresarios de Clarín y funcionarios porteños en la Patagonia.

“La democracia queda condicionada por ellos, que asumen que quieren gobernar y le quieren exigir al Poder Ejecutivo cómo hacerlo”, siguió Parrilli. Al mismo tiempo, afirmó: “Hay que defender al pueblo y a los poderes populares. Debemos resistir”.

Por otro lado, el senador remarcó que, durante la gestión de Macri del 2015 al 2019, muchos funcionarios del kirchnerismo “fueron perseguidos por la Justicia, pero ninguno está prófugo”. Sin embargo, recordó: “Ellos tienen a Fabián ‘Pepín’ Rodríguez, abogado cercano al expresidente, que hace dos años está prófugo”. “Macri va a terminar así, prófugo en una playa de Uruguay o Italia”, completó.

En lo que representa una nueva escalada en la pelea del kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia, dos senadores alineados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaron un pedido de informes dirigido al presidente del Tribunal Superior, Horacio Rosatti.

El pedido está suscripto por los senadores de Unidad Ciudadana Oscar Parrilli y Silvia Sapag, y está referido a presuntas irregularidades registradas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que investiga el juez federal Ariel Lijo y en las que aparece involucrado el integrante de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda.

Los senadores kirchneristas piden a Rosatti que les remita una copia del informe efectuado conforme lo establecido en la Acordada 22/2021 en relación a la Auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, a cargo de la comisión creada a tal efecto.

Piden indicar si la Auditoría General de la Nación se encuentra revisando posibles irregularidades en dicha obra social, en virtud de la investigación que se está llevando a cabo en la Justicia.

Asimismo requieren remitir un listado de las empresas prestatarias de servicios de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, como así también que les remita copias de los contratos vigentes con las emprsas prestatarias de servicios indicadas.

Parrilli y Sapag solicitan también indicar la forma de contratación de las empresas prestatarias de servicios de la obra social.

El expediente en cuestión investiga presuntas contrataciones irregulares que involucrarían de manera directa o indirecta al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda con dos empresas, Farmandat SA y Emergencia Médica Integral SA.

La causa se denomina “Tonón, Aldo y otros s/abuso de autoridad y Violación de Deberes de Funcionario Público (art. 248) y malversación de caudales públicos (art. 261)”.

Aldo Tonón es el actual director de la Obra Social del Poder Judicial y también está imputado el ministro Maqueda, por haber sido el juez a cargo de esa dependencia en el momento en que las licitaciones se llevaban a cabo.

El denunciante en esta causa es el sindicalista Agustín Bruera, al que el fiscal Carlos Stornelli pidió ratificar la presentación con precisiones, ante lo cual el gremialista aclaró que la suya no había sido una denuncia, sino “una recopilación de distintas noticias de medios de comunicación” con el fin de “mantener al tanto a nuestros afiliados de cómo venía la situación”.

Con todo, son las autoridades recientemente electas de SITRAJU RA las que se presentaron como querellantes en las causas en las que se investigan diferentes delitos vinculados a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

La secretaria general de SITRAJU RA, Marieta Urueña Russo, comentó sobre la presentación que “como autoridades recientemente electas y trabajadores del Poder Judicial, estamos preocupados por la situación actual de la obra social, que afecta directamente a los y las trabajadoras, vulnerando un derecho elemental como es el acceso a una salud de calidad”.  En este sentido, agregó que “acá no hay grieta, la obra social viene funcionando mal y nuestro principal objetivo es garantizar el derecho a la salud de los trabajadores. Nos presentamos como querellantes porque tenemos la obligación de cuidar los intereses de los trabajadores, accionar para que se investiguen las denuncias y dar respuesta a nuestros afiliados y afiliadas”.

Urueña Russo se presentó este lunes en Comodoro Py, acompañada por miembros de la Comisión Directiva, y a través de un video publicado en las redes sociales del sindicato señaló las problemáticas que vienen denunciando afiliados y afiliadas: “tenemos un grave problema con las prestaciones médicas, recibimos denuncias de compañeros y compañeras de distintas provincias que tienen serios inconvenientes para acceder a la cobertura de tratamientos fundamentales, como los requeridos por compañeros con cáncer. También tenemos denuncias registradas de tratamientos odontológicos interrumpidos, negación de cobertura o falta de profesionales que brinden atención”.