El senador nacional por La Pampa Juan Carlos Marino acompañó con su firma un proyecto en rechazo a la reciente medida del Gobierno Nacional que prorrogó hasta el 31 de octubre de 2021 el cepo a la exportación de carne vacuna.

Marino afirmó que “en momentos en que nuestro país necesita desesperadamente del ingreso de dólares, el Presidente decide extender esta medida que no ha brindado ningún beneficio, ni a los consumidores ni a los productores. Por el contrario, los precios de la carne siguieron aumentando, se generó un gran perjuicio a los productores y se ha afectado la actividad de los frigoríficos con el consecuente impacto en los índices de desocupación”.

“Se buscan culpables donde no los hay, todos los eslabones desde el campo a la mesa son víctimas de una medida errada y de nulos resultados. Sostenerla en el tiempo solo profundizará los problemas que ya engendró. Ya vimos lo que sucedió al aplicarse en 2006, cuando gobernaba Néstor Kirchner: pérdida de miles de empleos, caída del stock ganadero y una baja en el consumo de carne vacuna. Si el diagnóstico es incorrecto, las disposiciones que se originen del mismo difícilmente lograrán resultados positivos. El cese de las exportaciones de carne es repetirse en el error”, aseguró.

El legislador pampeano afirmó que detrás del aumento de la carne está en la inflación: “Si aumentan repetidamente el combustible, los costos logísticos, los insumos y casi todo en general, atacar al campo con decisiones que no tienen ningún respaldo en los resultados, ni pasados ni presentes, no tiene asidero”.

“Es tiempo de que reconozcamos que algo se está haciendo mal y nos pongamos de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para abordar la inflación como una verdadera política de estado. Ningún gobierno puede atribuirse una adecuada gestión de la misma, negar esto y seguir repitiendo errores del pasado no es para nada virtuoso. La Argentina todos los años, desde 2007, ha estado dentro de los 10 países con mayor inflación del mundo. Hoy ocupamos la tercera posición detrás de Venezuela y El Líbano. Ese es el peor impuesto que puede existir”, finalizó Marino.

El senador nacional por La Pampa Juan Carlos Marino realizó una presentación a distancia del proyecto de su autoría sobre prevención y tratamiento de los Accidentes Cerebrovasculares (ACV). De la misma participaron integrantes de su equipo de trabajo y destacados especialistas en la materia, con quienes trabajó conjuntamente el expediente elevado. 

“La idea de esta charla a distancia fue agradecer a todos los que colaboraron en el proceso de creación de este proyecto que, esperamos, pueda pronto convertirse en ley en el Congreso. El camino es largo pero venimos trabajando de manera consistente y seguiremos haciéndolo hasta concretarlo, cada uno desde el lugar que ocupa”, señaló el legislador. 

Para entender la magnitud de la situación, Marino señaló los datos de la Organización Mundial de la Salud: los ACV afectan a 15 millones de personas por año, de las cuales 5 millones fallecen y otras 5 millones quedan con discapacidades permanentes. En nuestro país, ocurren aproximadamente 70 mil ACV por año, lo que convierte a esta enfermedad en la tercera causa de mortalidad en Argentina. “Estas dolorosas cifras, que representan a personas y familias que sufren, nos impulsaron a contactar a especialistas y trabajar juntos en medidas para hacer algo más por ellos”, manifestó al respecto. 

El proyecto sobre prevención y tratamiento de los ACV es el resultado de la labor conjunta del equipo del legislador pampeano con prestigiosos médicos neurólogos de nuestro país y con el aval de la Sociedad Neurológica Argentina y el Hospital Italiano, entre otros. Su finalidad es disminuir la incidencia, mortalidad y la discapacidad devenida de los ACV, mejorar su prevención, la autonomía de los pacientes y la educación en la población en general, como también en el personal de salud en todo el territorio de la República Argentina. 

El mismo establece que el Estado Nacional promoverá campañas de concientización necesarias a los fines de evitar y disminuir en la población los factores de riesgo modificables que predisponen un ACV, como por ejemplo: la hipertensión arterial, el tabaquismo, diabetes, arritmias y otras enfermedades cardíacas, niveles de colesterol elevados, dieta poco saludable, sedentarismo, sobrepeso u obesidad, enfermedades arteriales, abuso de alcohol y/o drogas, trastornos respiratorios del sueño, etc. 

Asimismo, crea un protocolo nacional de actuación prehospitalaria, con el propósito de asegurar la calidad del diagnóstico temprano y del manejo inicial en los pacientes con síntomas de un ACV; crea una red de Unidades de Atención de Accidente Cerebrovascular, que tendrá presencia en cada jurisdicción de nuestro país y contará con especialistas, equipamiento y medicamentos adecuados; implementa cursos de capacitación obligatorios y anuales para el personal de la salud; crea el Registro Nacional de Pacientes de Accidentes Cerebrovasculares; y, fundamentalmente, garantiza la cobertura médica para la prevención, el diagnóstico, tratamientos, traslados y la rehabilitación multidisciplinaria de los pacientes. 

“Con esta iniciativa buscamos que tanto la prevención, como la detección, tratamiento y recuperación posterior estén al alcance de la toda la ciudadanía, cumpliendo con el derecho de acceso a la salud. De esta manera, con un tratamiento adecuado y a tiempo, se reducen considerablemente la cantidad de ACV y sus consecuencias a largo plazo”, concluyó el legislador por La Pampa”. 

El senador pampeano Juan Carlos Marino mantuvo este lunes una reunión con representantes de la Unión de Emprendedores de la República Argentina (UERA) -encabezados por su presidente Rodolfo Llanos-, de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAPYME), de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) y de Industriales Pymes Argentinos (IPA). El propósito de la misma fue relanzar el proyecto de reactivación económica, en pos de lograr su pronto tratamiento y su posterior sanción como ley.

La iniciativa, trabajada junto al diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jorge Enríquez y la UERA, y que fuera presentada en ambas cámaras del Congreso por los legisladores en 2020, establece grandes beneficios para pequeñas y medianas empresas, para fomentar así la generación de puestos laborales.

Entre los beneficios planteados, incluye la implementación de programas de créditos y microcréditos; programas de formación profesional y capacitación; de reactivación de emprendimientos paralizados, modernización, adquisición de equipamiento y nuevas tecnologías; y la promoción entre las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entre los municipios, para el otorgamiento de incentivos.

Asimismo, fomenta el desarrollo de las Economías Regionales, acordando beneficios en polos productivos según su actividad y ubicación geográfica; promueve la generación de empleo joven y destinado a otros segmentos de la población castigados por la falta de oportunidades laborales; y propicia la incorporación de beneficiarios de planes sociales y trabajadores de la economía informal al mercado laboral formal, entre otras medidas.

Marino explicó que “el Estado debe ser un socio dinámico, moderno y con visión de futuro para estas pequeñas y medianas empresas. Las pymes generan el 70% de la mano de obra privada, debemos ayudarlas a atravesar este difícil contexto y transformar esta crisis en una oportunidad para brindarles una legislación que esté a la altura de las circunstancias. Emprender suele ser difícil en la Argentina en situaciones normales, si a la ecuación le sumamos una pandemia, el panorama es verdaderamente desolador.

“El momento es ahora, si esperamos a que llegue la tan ansiada “normalidad”, será demasiado tarde para muchas empresas, no habrán logrado sostenerse. Estamos convencidos que es el camino: si al talento y la valentía de los emprendedores argentinos, le sumamos un Estado que les facilita herramientas que los ayuden a crecer, vamos a obtener grandes resultados.

En nuestro país hay 670 mil empresas con entre uno y cinco empleados, si cada una de ellas pudiese contratar 1 empleado más, descendería considerablemente el desempleo en el país. Y todo esto es posible de lograr sin tocar un sólo derecho actual de los trabajadores.

El beneficio será para todas las partes involucradas: empresas que se sentirán acompañadas y podrán crecer, un Estado que recaudará más por haber logrado un mayor nivel de producción y trabajadores que contarán con más y mejores oportunidades laborales” finalizó.

En el arranque de la sesión especial de este jueves en la Cámara alta, presidida por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, el pleno aprobó las licencias de dos senadores.

Una es la del radical pampeano Juan Carlos Marino, que pidió licencia del 16 al 30 de mayo inclusive. Por su parte, la oficialista tucumana Beatriz Mirkin solicitó licencia del 20 de mayo al 5 de junio inclusive.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado se reunió de manera remota este martes para ratificar a sus autoridades.

Alfredo Luenzo (Frente de Todos) continuará en la presidencia, mientras que Juan Carlos Marino (UCR) seguirá como vicepresidente y Guillermo Snopek (FdT-Jujuy) como secretario.

Durante el encuentro se abrió el debate sobre las “asimetrías” en términos de conectividad, que se evidenciaron durante la pandemia.

Luenzo señaló que “tenemos un gran desafío este año, que es recuperar el marco regulatorio que está inspirado en lo que en algún momento se denominó la Ley de Contenidos Audiovisuales. Pero ahora, en una propuesta de ampliar por servicios”. 

“Las plataformas digitales” hacen que haya una “asimetría cada vez más profunda” y “la desinformación en el marco de la pandemia se sigue analizando. Esto abre un debate acerca de la co-regulación de las plataformas entre los Estados y las propias corporaciones tecnológicas”, agregó el titular de la comisión.

Por su parte, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, habló del 5g. Aseguró que “el tema de las comunicaciones se ha convertido en el gran negocio del mundo” y “se va a avanzar con el tema 5g que trae otras posibilidades, para la industria, la medicina”.

Para el formoseño, esto “crea una puerta muy grande de servicios y es también un mundo de transferencias. Es oportuno que, como Estado, tengamos una visión completa de este tema y esta comisión tiene que trabajar mucho porque este tema avanza a pasos agigantados. Me parece interesante invitar a expertos en materia de comunicaciones”.

En tanto, Ana Almirón (FdT) felicitó a las autoridades “por llevar adelante una tarea tan importante como es la democratización de la comunicación”, aunque también mencionó la urgencia de la “democratización de la conectividad”. 

La senadora oficialista remarcó la “brecha” y “asimetría” que existe, “sobre todo en las provincias del norte”. “Es el trabajo que tenemos que realizar desde esta comisión” porque “algunos chicos no pudieron tener acceso a todos los contenidos escolares por falta de conectividad. Además, se mal informa acerca de cuántas vacunas llegan, a dónde llegan, a quién se aplican y eso genera desinformación”, argumentó.

El debate de la conectividad continuó. Al respecto, Oscar Parilli (FdT) expresó su “apoyo a la decisión del ENACOM de haber comenzado con un largo compromiso muy demorado, incluso desde la gestión anterior no se había utilizado este fondo, en desmedro de todas las comunidades pequeñas para que tengan infraestructura”.

Recogió el guante el fueguino Pablo Blanco (UCR), que señaló: “Me parece muy bien la distribución de recursos, me gustaría que sea más federal. ¿Cuáles son los criterios que se van a tomar para la distribución? En Tierra del Fuego tenemos serios problemas de conectividad. El ENACOM tiene un criterio muy poco federal”.

El senador nacional por Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa) presentó un proyecto para modificar el Código Civil y Comercial y así habilitar la posibilidad de que las “familias de abrigo” puedan tramitar la adopción del menor a su cargo, siempre y cuando se constate el vínculo afectivo entre el menor y la familia y se respete el deseo del niño.

El legislador pampeano explicó que “si bien en los últimos días el caso de Mimi tomó trascendencia y bregamos por que la Justicia resuelva favorablemente para ella y su familia según dicta el sentido común, sabemos que hay miles de casos similares que, más allá de no ser públicos, de igual manera revisten una gran injusticia y vulneración de derechos. Con el proyecto que presentamos buscamos que la legislación se adapte a la realidad, de nada sirve una ley si la misma es letra muerta, que no protege a niños en situaciones de gran fragilidad”.

Mimi es una niña de tres años que cuando tenía un mes de vida fue otorgada en guarda a Mariana y Marcelo. Debía estar con ellos por seis meses hasta que lograra la adopción definitiva de una familia. El sistema nunca asumió sus obligaciones y Mimi pasó tres años en guarda con esta familia. Durante esos años no fue visitada por los funcionarios judiciales, ni por los auxiliares que intervienen en un proceso de adopción.

Luego de ese lapso, Mariana y Marcelo quisieron adoptarla legalmente porque ya habían formado un vínculo afectivo-familiar que no querían romper. La justicia, amparada en el art. 611 del Código Civil de la Nación, les negó esta posibilidad y sacó a Mimi de lo que ya es, luego de tres años, su hogar y su familia. 

“Basta leer los expedientes de adopción para ver la inoperancia de un sistema obsoleto, y que la última modificación al Código Civil no ha logrado subsanar. Los niños no son oídos, no se tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad, ni sus deseos, ni su beneficio. La ley debería dar un marco a los hechos de la vida cotidiana, protegiendo siempre al menor y adecuando y modificando toda medida que se aleje de ese objetivo”, sostuvo el senador radical.

“Es por eso que presentamos esta iniciativa y estamos trabajando para que se convierta en ley. En temas como estos no hay grieta, solo hay sentido común y voluntad de resolver una situación legal que no se ajusta a lo que viven los niños junto a sus familias de guarda”, finalizó Marino.

La provincia de La Pampa es una de las ocho que renuevan bancas en el Senado este año y el representante por la minoría es el radical Juan Carlos Marino. Exvicepresidente de la Cámara alta, el legislador lleva tres períodos en el cuerpo, y acaba de anunciar que no irá por otro más. “No voy a ser candidato a senador”, dijo, concluyente, en el marco de una conferencia de prensa convocada en el Hotel Mercure, de la capital pampeana, y hasta se tomó la libertad de sugerir esa frase como título de las notas que se fueran a escribir. Tiene sentido, a partir del tiempo que lleva Marino en la Cámara alta: 18 años. 

Tras aclarar que en realidad no se estaba bajando de una candidatura a la que no se había subido en esta instancia, Marino fue más amplio, precisando que tampoco será candidato a diputado nacional, y se justificó diciendo que “debe haber caras nuevas”, remarcando que “hay mujeres y hombres con suficiente capacidad para ocupar mi lugar”. Aunque de todas maneras aclaró que esto no significa un retiro suyo de la política, en la que seguirá trabajando.  

Tampoco dio precisiones respecto de si será candidato a gobernador en 2023. “Hoy las prioridades son los problemas de los argentinos, no las candidaturas”, señaló, aunque sin bajarse en este caso de nada.  

No es la primera vez que, anticipadamente, Marino resuelve dar un paso al costado. En 2019 lo había hecho respecto de su precandidatura a gobernador, y el candidato terminó siendo el entonces diputado nacional Daniel Kroneberger. Casi paralelamente llegó una denuncia sobre abuso sexual que le  hizo una excolaboradora suya. Algunos atribuyeron su decisión de no ser candidato entonces a esa denuncia, pero en realidad se había bajado antes. Se puso a disposición de la Justicia, y lo que sí le costó esa denuncia fue la vicepresidencia del cuerpo, pues debió dar un paso al costado. Meses después fue sobreseído, y él atribuyó todo a una “operación” armada por razones políticas y los servicios de espionaje.  

Marino presidía entonces la estratégica Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. 

La Ley Justina 

Entre las cientos de iniciativas presentadas a lo largo de sus tres mandatos, seguramente el senador pampeano guardará un especial recuerdo de una ley que considerará parte de su legado. Hablamos de lo que se conoció como la Ley Justina, en referencia a Justina Lo Cane, una nena de 12 años a la que a muy temprana edad le detectaron una cardiopatía que se agravó con el tiempo y por la que debió ser internada de urgencia el 7 de septiembre de 2017. La espera por un trasplante indispensable se hizo larga y a principios de noviembre la salud de la pequeña, que iba a cumplir 13 el 9 de diciembre, se agravaba de manera desesperante. “Cuatro meses esperó y luchó, con todas sus fuerzas, para que llegara ese corazón”, tales las palabras con las que su familia la recordaba meses después de su fallecimiento, ya en el marco de una campaña a favor de la donación universal de órganos. 

El senador radical Juan Carlos Marino se puso al servicio de los padres de Justina para sacar la ley que remplazaría a la 24.193 de Trasplante de Organos y Tejidos y que convertía en donante a toda persona mayor de 18 años, salvo que expresara su oposición. “Los papás de Justina querían cumplir el legado de ella y lo primero que hicieron fue crear una asociación llamada ‘Multiplicate x 7’, que no es caprichosa, sino que lleva ese nombre porque son siete los órganos que podemos donar en vida. El paso siguiente era ver la legislación; la nuestra era antigua, no cubría las expectativas”.  

En el libro de José Angel Di Mauro “Gobernar en minoría”, se recuerda que un amigo común vinculó al senador con la familia Lo Cane. “El también había perdido un hijo… -recordó el legislador-. No era fácil trabajar en esto, porque emocionalmente no es sencillo armar un proyecto desde el dolor profundo de perder un hijo y estar en el mano a mano con los padres como estábamos acá en mi escritorio. La verdad que a los papás de Justina hay que hacerles un monumento”. 

“Argentina se caracteriza por la burocracia y la falta de sentido común -continúa Marino-; en un momento nos dijeron que una ley no puede llevar el nombre de una persona, y yo dije: ‘No, esta ley o se llama Justina, o no la trabajamos’. Si no hubiera sido por Justina no teníamos esta ley”.  

El 4 de julio de 2018 el proyecto se convirtió en ley, con la presencia de Ezequiel y Paola Lo Cane, los padres de la niña que inspiró esa lucha, en los palcos de la Cámara de Diputados. Junto a otros padres de chicos en la misma situación.  

El senador radical Juan Carlos Marino ratificó este jueves su voto en contra de la legalización del aborto, tal como lo hiciera en el debate de 2018. El pampeano, que en los últimos días había entrado en la zona de “indefinidos”, confirmó su voto “celeste” nuevamente.

“Voy a votar según lo que me pide mayoritariamente la sociedad pampeana: no avanzar en la legalización”, sostuvo el legislador de Juntos por el Cambio mediante un comunicado.

Además, Marino dijo que sabía “que se habló de la posibilidad de un cambio en mi postura dado que nuevamente escuché y me reuní con todos”.

“La realidad es que considero que es un debate que no está saldado completamente en la sociedad. De hecho en el Congreso hemos escuchado a reconocidos abogados y médicos tanto a favor de una postura como de otra”, agregó.

El radical agradeció “a todas las personas y organizaciones con las que me reuní, por la responsabilidad y el respeto con que plantearon sus argumentos y posiciones”.

“La legalización del aborto es una ley que divide las aguas y que no genera consenso unánime en ningún ámbito ni en la sociedad en su conjunto”, afirmó y anunció: “Luego de analizarlo mucho y de tomar en cuenta cada opinión y cada arista del tema, decidí ratificar el voto de lo que mayoritariamente me solicita la sociedad a la que represento”.

El senador radical Juan Carlos Marino ratificó este jueves su voto en contra de la legalización del aborto, tal como lo hiciera en el debate de 2018. El pampeano, que en los últimos días había entrado en la zona de “indefinidos”, confirmó su voto “celeste” nuevamente.

De esta manera, el conteo en el Senado, al momento, registra una leve ventaja por el rechazo a la ley, con 35 votos en contra, 33 votos a favor y tres indefinidos, además de un senador de licencia -José Alperovich-, de acuerdo a las proyecciones de parlamentario.com.

“Voy a votar según lo que me pide mayoritariamente la sociedad pampeana: no avanzar en la legalización”, sostuvo el legislador de Juntos por el Cambio mediante un comunicado.

Además, Marino dijo que sabía “que se habló de la posibilidad de un cambio en mi postura dado que nuevamente escuché y me reuní con todos”.

“La realidad es que considero que es un debate que no está saldado completamente en la sociedad. De hecho en el Congreso hemos escuchado a reconocidos abogados y médicos tanto a favor de una postura como de otra”, agregó.

El radical agradeció “a todas las personas y organizaciones con las que me reuní, por la responsabilidad y el respeto con que plantearon sus argumentos y posiciones”.

“La legalización del aborto es una ley que divide las aguas y que no genera consenso unánime en ningún ámbito ni en la sociedad en su conjunto”, afirmó y anunció: “Luego de analizarlo mucho y de tomar en cuenta cada opinión y cada arista del tema, decidí ratificar el voto de lo que mayoritariamente me solicita la sociedad a la que represento”.

El senador Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa) anunciará en los próximos días si mantiene su voto en contra del aborto legal, o si cambia su postura y se inclina a favor, de cara a la sesión que se realizaría el martes 29 en la Cámara alta.

Marino mantuvo este lunes, en Santa Rosa, una reunión con integrantes del colectivo feminista de su provincia que están a favor de la ley, y luego hará lo propio con representantes del sector “celeste”, para finalmente anunciar su voto antes de la sesión.

“No voy a esperar hasta último momento”, dijo Marino a Radio Textual de La Pampa, y comentó: “Estamos haciendo lo mismo que la otra vez: consultar, hablar con todos los que pueda. Cuanto más amplio sea el espectro que uno puede bucear, mejor. Son leyes que no son menores, que dividen la sociedad al medio”.

“No soy celeste ni verde. Aplico el sentido común, consulto, tengo una hija que es pañuelo verde y la otra más grande no tiene posición. Pero no me voy a guiar por lo que dice mi familia, me tengo que guiar por todo. Soy un hombre católico, creo en Dios, no soy militante. Tengo respeto por muchos curas y odio por otros, como los pedófilos”, aseveró.

Finalmente, el radical manifestó: “Trataré de poner todo en la balanza y de no equivocarme”.

El senador nacional pampeano Juan Carlos Marino pidió durante la sesión del Senado de la Nación de este jueves una moción de preferencia para el urgente tratamiento de la “Ley de Reactivación Económica y Laboral”. El proyecto en cuestión, que elaborara el legislador pampeano junto al diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jorge Enríquez y la Unión de Emprendedores de la República Argentina (UERA), establece fuertes beneficios para pequeñas y medianas empresas, para fomentar así la generación de puestos laborales.

Marino explicó que “seguimos insistiendo con este proyecto, que fue trabajado directamente con la UERA, una entidad que nuclea a emprendedores de todo el territorio nacional, con una mirada federal. Ellos son quienes, de primera mano, entienden las necesidades del sector y las dificultades que atraviesan a la hora de invertir y contratar. El Estado debe resultar un socio para ellos, que colabore para que todo les sea más fácil, en lugar de obstaculizar. La ecuación es sencilla: si a las empresas locales les va bien, el Estado recauda más, se dinamiza la economía y hay más trabajo para los argentinos y por consiguiente una mejor calidad de vida.”

La iniciativa, elevada en ambas cámaras del Congreso Nacional, establece la implementación de programas de créditos y microcréditos; programas de formación profesional y capacitación; de reactivación de emprendimientos paralizados, modernización, adquisición de equipamiento y nuevas tecnologías; y la promoción entre las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entre los municipios, para el otorgamiento de incentivos.

Asimismo, fomenta el desarrollo de las Economías Regionales, acordando beneficios en polos productivos según su actividad y ubicación geográfica; promueve la generación de empleo joven y destinado a otros segmentos de la población castigados por la falta de oportunidades laborales; y establece beneficios que propician la incorporación de beneficiarios de planes sociales y trabajadores de la economía informal al mercado laboral formal, entre otras medidas.

Durante la sesión de este jueves en la Cámara alta, el senador por La Pampa Juan Carlos Marino aprovechó la ocasión para pedir el pronto tratamiento de una iniciativa de su autoría, que propone crear el Foro de Acuerdo Político, Económico y Social de la República Argentina.

El proyecto tiene por finalidad consensuar políticas de Estado de largo plazo, que se mantengan más allá de las distintas administraciones nacionales, fortaleciendo así el sistema democrático. La idea es que estos puntos básicos troncales contribuyan a brindar previsibilidad y estabilidad, haciendo foco en aspectos como la economía, la paz social y la credibilidad en el sistema y las instituciones.

Este espacio, llamado también Foro para la Unión de los Argentinos, estará integrado por: un representante del Poder Ejecutivo Nacional, un representante por cada partido político con representación en ambas cámaras del Congreso de la Nación, uno del Poder Judicial de la Nación, representantes de las entidades gremiales del sector empleador y de las organizaciones sindicales, quienes ejercerán dicha función ad-honorem, es decir sin percibir remuneración alguna.

“La creación de este foro es mirarnos como dirigentes políticos y reconocer que, durante décadas hemos errado el camino. Cada gobierno supone ser dueño de la verdad, rechazando las medidas del anterior, para que quizás luego un tercero las vuelva a retomar. Eso no le hace bien a nadie, ni a un partido, ni a otro, ni mucho menos a los argentinos, verdaderos rehenes de esos vaivenes. Nuestro país alterna así, momentos de bonanza, seguidos de dolorosas crisis, y casi que ya aceptamos, resignados, que ese ciclo se repita una y otra vez. Lamentablemente, así no crece la Argentina, así no se reduce la pobreza, así no se crean industrias modernas que demanden trabajo argentino, ni se crean oportunidades para nuestros jóvenes.

Todos los países que superaron crisis profundas lo hicieron a partir de acuerdos mínimos que le permitieron establecer los puntos de partida para sobreponerse a sus problemas. Lo hicieron aprendiendo de los errores de su pasado y con la unión de clases dirigentes que se despojaron no solo de sus intereses sino también de prejuicios ideológicos. Aplicaron sentido común, resignando intereses sectoriales, partidarios y personales, en pos de un objetivo mayor.

“Debemos estar a la altura de las circunstancias y ser capaces de arribar a consensos. Soy consciente que es una tarea difícil, que requiere que demos lugar a un verdadero diálogo, reconociendo que el otro puede tener ideas valiosas y que podemos tener visiones erradas. Pero, así como entiendo que es un camino complicado, estoy convencido que es el único viable para que la Argentina tenga un futuro promisorio”, argumentó Marino.

El Senado dio media sanción por unanimidad a una iniciativa que busca mejorar la información para los usuarios de telefonía móvil, ordenando a las empresas prestadoras que precisen con detalles el alcance de la cobertura, a fin de que los habitantes de localidades del interior del país puedan decidir sobre la contratación.

El proyecto, impulsado por el senador pampeano Juan Carlos Marino (UCR), incorpora el artículo 55 bis a la Ley 27.078 -Argentina Digital-, que indica que “en los contratos de prestación, los licenciatarios del servicio de telefonía móvil deberán detallar todas las localidades en que presten el servicio y el alcance de la cobertura en cada una de ellas”.

Asimismo, dispone que “en relación al servicio de acceso a internet, deben informar la velocidad de bajada y subida, latencia, fluctuaciones y estabilidad de la línea en cada área”.

Cabe aclarar que la publicación de esta información en las páginas web oficiales no reemplazará lo dispuesto por este nuevo artículo.

Marino precisó que “según el INDEC 84 de cada 100 argentinos utilizan este servicio, y en épocas de pandemia presuponemos que se ha ampliado”.

“En muchos hogares la telefonía móvil es la única vía para poder tener acceso a Internet, y en muchos casos el servicio es precario”, lamentó, y a esto sumó que la información “brilla por su ausencia” en los sitios web de las compañías.

El senador explicó que se busca “traer tranquilidad a las personas que van a comprar teléfonos móviles”, sobre todo aquellas que residen en el interior del país, que corren el riesgo de no poder utilizarlos porque la conectividad no llega a sus localidades.

El salteño Juan Carlos Romero acompañó la iniciativa, pero advirtió que “con este proyecto valioso no terminamos con el problema generado por la falta de inversión, control y la presión de estas empresas que tanto alejan a los argentinos de vivir comunicados como debería ser”.

Por su parte, el titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, adelantó que se está trabajando en una propuesta para mejorar la conectividad en todo el país, y destacó que “el derecho a información es un derecho fundamental a tener en cuenta cuando hablamos de usuarios”.

“La telefonía móvil, es, para muchos, la única herramienta posible para acceder a un aula virtual”, ejemplificó, y reconoció que “la conectividad no está a la altura de las circunstancias y de lo que demanda este extenso territorio”.

El diputado nacional Jorge Enríquez junto al senador nacional Juan Carlos Marino realizarán este jueves, a partir de las 19, una charla informativa online sobre el proyecto de “Ley de Reactivación Nacional”.

El encuentro será moderado por el presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina (UERA), Rodolfo Llanos.

El proyecto de ley, que cuenta con el aporte y acompañamiento de la UERA, establece fuertes beneficios para la creación de empresas y alivios para los emprendimientos más jóvenes, en particular, relativos al Impuesto a las Ganancias y Contribuciones Laborales, entre otros. Está destinado a contribuir con las micro, pequeñas y medianas empresas con vistas a la creación de nuevos puests de trabajo, como modo de paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

El diputado nacional Enríquez presentó el proyecto de ley en la Cámara baja y tiene el número de expediente PL-3117-D-2020 y el senador nacional Marino presentó el proyecto en el Senado con número de expediente PL-1314-S-2020.

El link de inscripción es el siguiente:

Durante una reunión informativa de la Comisión de Sistemas, Medios y Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, el radical Juan Carlos Marino se refirió al espionaje y recordó la causa por abuso sexual en la que fue sobreseído: “Sufrí la peor de las operaciones”.

“Yo sufrí la peor de las operaciones. Ser acusado de un delito de abuso es terrible”, dijo, e insistió: “Yo me di cuenta desde un primer momento que era una operación”.

Marino continuó: “Hice lo que tiene que hacer cualquier persona razonable. La primera, bajé al recinto y dije que me consideraba inocente -pero lo tenía que demostrar la Justicia-; la segunda, me ajusté rápidamente a derecho e instruí a mi abogado para que se presentara en Comodoro Py -yo nunca pisé un juzgado en mi vida-; y la tercera, le dije a todos mis pares que si en algún momento el juez entendía que tenía que pedir mi desafuero, que no dudaran ni un minuto”.

En octubre del año pasado, la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Marino en la causa por abuso sexual contra una empleada legislativa, Claudia Guebel, quien también denunció a otros dos trabajadores que también resultaron sobreseídos.

Los senadores nacionales Clara Vega (La Rioja) y Juan Carlos Marino (La Pampa) mantuvieron una reunión virtual con Claudia Collado, presidenta de ADELCO, a fin de promover un proyecto de insolvencia familiar que contenga la crisis financiera que hoy atraviesa -sobre todo- la clase media.

Al respecto, la senadora Vega explicó que “el proyecto busca proteger a los consumidores y sus familias frente a la imposibilidad de asumir sus deudas, en el contexto de emergencia sanitaria y económica que estamos atravesando”.

Por su parte, Marino -autor del proyecto- refirió: “Esta iniciativa crea una vía alternativa de resolución de conflictos para evitar que estas personas con dificultades financieras queden cautivas de una situación que los margina aún más”.

“El objetivo central es ayudar a la recuperación de las economías familiares, normalizar su situación financiera y evitar la exclusión social o laboral”, agregó el senador pampeano.

El proyecto es acompañado también por los senadores Alfredo Luenzo (Chubut) y Silvia Giacoppo (Jujuy), y surge del trabajo conjunto con diversas entidades que agrupan a los consumidores, como ADELCO (Acción del Consumidor), ADECUA (Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina) y Cruzada Cívica.

Una de sus propuestas es crear la Unidad de Conciliaciones de Sobreendeudamiento (UCS), que entre sus atribuciones deberá elaborar planes de saneamiento económico, conformar un registro de conciliadores, enviar a la Justicia los procedimientos que no prosperen, autorizar a adquirir nuevos créditos y préstamos a las personas que se acojan al régimen y crear programas de educación financiera. Para finalizar, los legisladores coincidieron en pedir que desde el Congreso nacional se traten esta y otras iniciativas destinadas a reactivar la actividad económica y productiva de nuestro país. “Necesitamos trabajar en un plan de unidad y reconstrucción con todos los sectores para buscar una salida a la crisis, que hoy se ve profundizada por la pandemia” concluyeron.

En el marco de las consecuencias generadas por la pandemia que se ha desatado en el mundo, el Congreso de la Nación ha reducido al máximo su actividad. Pero sus representantes siguen dando que hablar, aunque no estén concurriendo al Palacio Legislativo.

Más allá de los proyectos que siguen presentando, casi todos relacionados con el coronavirus, hay quienes son noticia por otras razones. Es el caso en esta oportunidad del radical Juan Carlos Marino, quien acaba de renunciar a seguir cobrando su dieta como senador nacional durante los próximos dos meses.

Según la nota que remitió a la secretaria Administrativa del Senado, María Luz Alonso, a la que accedió parlamentario.com, Marino justificó su decisión en el deseo de aportar ante las consecuencias económicas que se derivan de las medidas adoptadas para prevenir la propagación del Covid 19.

Amén de reiterar su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, señaló en la nota su inquietud por la situación del sector privado, “fuertemente golpeado por la parálisis social”. Por eso consideró que medidas como la que ha decidido resultan “un gesto que como clase política debemos tener”.

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Según solicita a la secretaria Administrativa del Senado, Marino pide que su dieta correspondiente a los meses de abril y mayo sean donadas en partes iguales a los hospitales Dr. Lucio Molas y Gobernador Centeno de la provincia de La Pampa, “en agradecimiento y apoyo al incansable, profesional y solidario trabajo que está realizando el personal de la salud” de dichos centros médicos.

“Superar esta crisis es responsabilidad de todos y como miembros de uno de los poderes del Estado considero que debemos dar el ejemplo”, agregó el legislador pampeano, quien aclaró que en caso de existir trabas administrativas que impidan el cumplimiento de su solicitud, realizará la donación “de manera personal”.

Es bien conocida la áspera disputa que hay entre pampeanos y mendocinos pro la represa Portezuelo del Viento. Lo curioso es que esa grieta quedó claramente expuesta este jueves en plena sesión del Senado. Y enfrentando a pampeanos y mendocinos… del mismo partido.

Todo arrancó al principio de la sesión el radical pampeano Juan Carlos Marino planteó una preferencia para dos proyectos de su autoría relacionados precisamente con Portezuelo del Viento. En uno de ellos solicitaba la suspensión de la ejecución hidráulica de la represa hasta contar con un estudio del impacto ambiental en la cuenca del río Colorado, y por otro lado pedía suspender la transferencia a la provincia de Mendoza de los recursos de financiación para la obra.

Al exponer, el senador Marino puso como ejemplo lo sucedido en el pasado con las represas Los Nihuiles I y II, a consecuencia de las cuales “nos quedamos sin el río Atuel”. Lo cual, afirmó, dejó un tercio del territorio pampeano “desértico”.

Así las cosas, “cuando uno se quema con leche, ve pasar una vaca y llora”, graficó respecto de la construcción de Portezuelo del Viento. Y como la obra se hará sobre el río Grande, un afluente del Colorado, la misma “ya no va a afectar solamente a La Pampa, sino también a las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires”.

La respuesta vino de un correligionario. La dio el senador Julio Cobos, quien habló además en nombre de su compañera de bancada Pamela Verasay y la peronista Anabel Fernández Sagasti. Cobos sostuvo que lo que sucedió con el Atuel no necesariamente irá a suceder con esta obra, y resaltó que en tiempos de cambio climático, lo mejor para un río “es regularlo”, función que cumple una presa que embalsama el agua cuando no se necesita y la entrega cuando hace falta. Según Cobos, “esta obra no genera un solo metro cúbico de consumo, porque está planificada para generar energía eléctrica”, afirmó Cobos, agregando que “la obra está en marcha” y ya se han girado fondos. Lo que hizo el presidente Alberto Fernández, dijo, fue “cumplir con los acuerdos que originalmente firmó el presidente Néstor Kirchner.

La peronista Norma Durango salió a replicarle. Pampeana ella, afirmó que sus comprovincianos saben muy bien qué pasó con Los Nihuiles y con el tema del Atuel.

Incómodo ante la situación planteada, Marino aclaró que no quería enemistarse con los senadores mendocinos. Resaltó su amistad con Cobos y Verasay, pero aclaró que “estamos hablando de personas y de agua. Yo no quiero entrar en ningún conflicto”, e insistió con dar preferencia para sus proyectos.

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, pidió  pasar el tema a comisión y discutirlo allí, pero la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner, replicó que Marino había pedido que se votara. “Hay que votar. No sea antidemocrático”, lo chicaneó.

Ante la polémica generada y tras una larga discusión, Marino terminó retirando su moción. “Que Dios nos ayude como siempre… Los mendocinos, difícil”.