En el inicio de la sesión de homenaje a Francisco, el senador Juan Carlos Romero se quejó por el accionar de los fotógrafos en la previa de las sesiones, tal cual lo hizo hace años Miguel Pichetto cuando habitaba en la Cámara alta.

Luego de sugerir que la Secretaría Parlamentaria se ocupara en el transcurso de la sesión de juntar todos los textos presentados sobre el fallecimiento del Santo Padre en uno y lo pusiera a consideración del cuerpo al final de la sesión, para aprobar una única declaración -cosa que fue aceptada-, el salteño recordó la queja del entonces senador rionegrino y protestó porque “en el momento del himno había 4 o 5 fotógrafos circulando por los pasillos, que no hace falta… ¿Qué blooper raro van a ver? Los bloopers están en Diputados… Y golpearon a una señora senadora con una cámara gigante. Me parece que no se justifica 4 o 5 fotógrafos circulando por acá”.

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este miércoles en el Senado, en la que se dictaminó el proyecto de ficha limpia, un senador aliado del oficialismo calificó de “descerebrado tuitero” a Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”. 

Fue luego que la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti pusiera el énfasis en el “giro copernicano” de La Libertad Avanza respecto a ficha limpia, un proyecto que “el año pasado el propio Gobierno hizo caer”. 

La mendocina recordó “todo lo que le dijeron los paladines de la República” al oficialismo por las sesiones frustradas por falta de quórum y mencionó un posteo en la red social X del militante libertario Gordo Dan, quien había publicado: “En Estados Unidos, con ficha limpia Trump no hubiese podido competir porque los demócratas lo condenaron con una causa inventada. No se coman las curvas de los socialdemócrata bien pensantes de centro-izquierda”. 

Más tarde, en su alocución, el salteño Juan Carlos Romero lanzó: “Acá en el Senado antes lo citábamos a (Juan Bautista) Alberdi, a Max Weber, a Joaquín V. González, y hoy terminamos citando a un descerebrado tuitero, así que eso también es absolutamente lamentable. Que usemos como argumento semejante cita… podríamos buscar algún filósofo que hable de libertad e igualdad, pero no un descerebrado tuitero”. 

"No la veo por ningún lado", respondió el senador nacional Juan Carlos Romero sobre la posibilidad de que la Justicia declare nula la decisión del Senado de expulsar a Edgardo Kueider, respecto de la polémica que surgió por el rol de Victoria Villarruel, quien presidió la reunión mientras el presidente Javier Milei ya no estaba en el país.

El salteño reveló: "Al mediodía (del jueves), Victoria nos dijo que no había sido notificada y que no sabía ni dónde estaba el presidente, si estaba viajando a Italia o al interior". "Creo que es una descoordinación entre ellos pero que no tiene impacto sobre la validez", sostuvo.

En declaraciones a radio La Red, el legislador del interbloque Las Provincias Unidas, aseguró que "lo que vale son los 60 votos que votaron; si mañana supongamos que Milei regresa y hay otra sesión para convalidar lo que se ha hecho mal, van a haber 60 votos igual, 6 en contra y 1 abstención. Sesenta es un número que hay que respetar desde el punto de vista de la democracia. Lo demás son chicanas".

"¿Quién puede decir que es inválida la sesión? Algún día la Corte, ¿y la Corte se va a meter en ese tema?", agregó Romero, quien fue el único en abstenerse.

En ese sentido, confesó que su voto fue así porque "no iba a votar en contra, porque yo estaba de acuerdo que había que apartarlo a Kueider, pero tampoco iba a votar a favor porque era convalidar con mi voto darle al kirchnerismo un senador más".

Para el salteño, habría que haber votado la suspensión hasta el fin del mandato, pero "se dieron vuelta los radicales y (Luis) Juez con otros senadores" del Pro.

Consultado sobre su relación con Kueider, con quien compartía interbloque desde septiembre pasado, Romero afirmó que en este tiempo compartió "una sola charla y una sola comida". "No había mucho vínculo porque un hombre medio hermético", sumó.

Recordó entonces que el entrerriano estuvo hasta febrero del año pasado con el Frente de Todos y que, en cambio, él viene "enfrentando al kirchnerismo desde la (resolución) 125".

Con la pérdida de un aliado para el oficialismo en la Cámara alta, el senador observó que el próximo año habrá una "gran dificultad para aprobar cosas, sea de los propios legisladores o del Gobierno".

En una breve reunión que se realizó en la previa de la sesión prevista por la Cámara alta, se constituyó este jueves por la mañana una comisión clave cuya integración venía demorándose. Se trata de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, que quedó a cargo del senador radical catamarqueño Flavio Fama.

Vicepresidente de la comisión será el chubutense de Unión por la Patria Carlos Linares, en tanto que la secretaría quedó en manos de la neuquina Lucía Crexell, del flamante interbloque Las Provincias Unidas.

Al hacerse cargo de la comisión, el catamarqueño resaltó que con la Ley Bases ya se avanzó con la modificación de la Ley de Hidrocarburos y el RIGI, normas que tendrán “fuerte impacto seguramente en la minería, la energía y los hidrocarburos, que serán elementos para desarrollar a nuestro país”.

Precisamente en el día de su cumpleaños, el senador Fama resaltó que “la aprobación del RIGI y las expectativas que despierta tienen que ser un apalancamiento para este desarrollo que se pueda dar especialmente en el interior del país”.

Hizo referencia también al anuncio que se ha dado esta semana desde el Gobierno respecto de que pueda llegar a haber cortes programados en el verano, razón por la cual señaló que este es “un momento especial para la energía” y habló de la necesidad de “dejar atrás décadas de desinversión y ponernos a trabajar en la desregulación, en cómo podemos darle al Ejecutivo de todas las provincias herramientas para salir de lo que se anuncia como una emergencia energética”.

A continuación, el salteño Juan Carlos Romero señaló que recientemente se aprobó en algunas provincias una liga bioenergética, que cuenta con elementos que él considera que “son muy reglamentaristas y deberían ser más simples”. Mencionó aspectos que fracasaron todos estos años en torno a los biocombustibles, y citó el caso de que del precio que se paga por el alcohol y el biodiesel. Consideró entonces que se trata de “un tema importante que debe consultarse” y pidió entonces “que vengan los autores que participaron en las provincias de este proyecto; la gente de energía y por qué no el lobby petrolero”.

En una decisión que no pasará para nada desapercibida, sino todo lo contrario, los senadores nacionales aprobaron este jueves a mano alzada y sin debate una resolución que establece un fuerte incremento en sus dietas, llevándolas a más del doble.

La resolución se incorporó sobre tablas, al ser avalada por los dos tercios, y luego se procedió a votar, pero esto no se hizo de manera nominal, es decir, los nombres no quedaron registrados en el tablero ni en las actas posteriores.

Actualmente, los sueldos de los senadores estaban por debajo de los 2 millones de pesos, en 1,7 millones y, de esta manera, podrían pasar a cobrar más de 4 millones de pesos netos. Sumado a algunos diferenciales, el bruto podría ascender a más de 6 millones de pesos.

Los senadores ya habían manifestado su malestar luego que el presidente Javier Milei le ordenara a la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que dieran marcha atrás con el aumento del 30% para los legisladores nacionales que habían dispuesto en febrero, al estar "enganchados" con las paritarias de los empleados del Congreso.

Según se pudo ver en el recinto, los cuatro libertarios presentes, Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto no levantaron sus manos. Tampoco lo hicieron los senadores del Pro Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri, Alfredo De Angeli, Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling Lara y Victoria Huala; los radicales Carolina Losada, Eduardo Galaretto, Rodolfo Suárez, Mariana Juri, Maximiliano Abad y Flavio Fama; y la tucumana Beatriz Ávila.

La resolución, presentada con las firmas de la neuquina Lucila Crexell, el salteño Juan Carlos Romero y los radicales Pablo Blanco y Daniel Kroneberger, entre otros, sí fue avalada por Unión por la Patria, Unidad Federal, una parte del radicalismo y bloques provinciales.

La vicepresidenta había sido anoticiada con anterioridad del pedido sobre tablas que se iba a hacer. Justamente Villarruel fue la que se mostró más resistente a retrotraer el aumento a los legisladores, a pedido de Milei, y lo confesó luego en una entrevista con el canal TN.

“Un legislador es la persona que no sólo va a modificar leyes, la que de alguna manera representa a las provincias (en el Senado) y al pueblo argentino en Diputados. Yo creo que tienen que ser retribuidos en forma digna”, había dicho hace un mes atrás.

Y fue más allá al considerar que “no reciben un sueldo acorde a la importantísima tarea que les delegamos los argentinos, así solo van a poder ser legisladores los ricos, los corruptos, los narcos, los que tengan un sponsor atrás… Para mí tienen que ganar bien”. Y ante la repregunta, remarcó: “No ganan bien”.

Otra de las cuestiones que aquejaba a los senadores era que, con ese incremento de febrero suspendido, sus dietas iban a estar por debajo de sueldos de empleados de la máxima categoría de la Cámara alta. Y allí la discusión sobre si eso debía pasar o no.

Concluido el temario de la sesión ordinaria, hubo una cuestión de privilegio de la senadora María Eugenia Duré (UP) por Malvinas y luego se le dio la palabra al senador Romero, quien sin muchas explicaciones solicitó: "Presidenta, obra en Secretaría un proyecto de resolución firmado por varios senadores, que está también en las bancas de cada uno, para que sea puesto en consideración". Y allí se pasó a aceptar su incorporación y luego aprobarlo a mano alzada.

El proyecto (con el número de expediente 615/24) establece que "a partir del mes de mayo del presente año, los senadores nacionales percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una de las mismas será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo".

"El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos", aclara, el cual equivale a 1.802 pesos.

Los senadores integrantes del interbloque Cambio Federal manifestaron su preocupación y desagrado por “la escalada de violencia verbal para con el nuevo gobierno de Chubut, que asumió hace solo 100 días en una provincia que fue pésimamente gobernada por el kirchnerismo y que por ende requiere del acompañamiento y no del hostigamiento de la administración central para superar la crisis heredada”.

A través de un comunicado, los senadores Juan Carlos Romero, Carmen Lucila Crexell, Edith Terenzi y Andrea Marcela Cristina manifestaron que “la voluntad popular también puso a los gobernadores con la responsabilidad de gobernar y defender a los habitantes de sus provincias y a sus recursos, y si bien también deben responder por sus obligaciones y deudas, es indispensable que esto se haga en un marco de diálogo que genere previsibilidad y evite la confrontación y la grieta que tanto daño nos hizo a los argentinos en los últimos 20 años”.

Por último, los senadores instaron al Gobierno nacional y al presidente de la Nación a que “con el mismo énfasis con el que lleva adelante un necesario ajuste fiscal, producto del despilfarro populista, también lleve adelante un gran acuerdo nacional, en el que tanto los gobiernos provinciales como el Congreso de la Nación, establezcamos las pautas para sacar al país de la decadencia, de la pobreza, del enfrentamiento y avancemos por la senda del crecimiento que nuestra sociedad merece y espera”.

Pasadas las 13, los ánimos estaban muy caldeados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, cuando desde el oficialismo se insistía en votar las autoridades. Pero eso no tuvo nada que ver con la situación que terminó distendiendo la situación y que se dio exactamente a las 13.04, cuando estaba haciendo uso de la palabra el senador José Mayans. Flanqueado por Germán Martínez y Juliana di Tullio, impresionó el susto reflejado en las caras de ambos cuando se escuchó el ruido de la rotura de la silla del senador Juan Carlos Romero. Inmediatamente se incorporaron Mayans y Martínez para ver si se había lastimado el senador salteño, que aclaró que estaba bien, mientras Martínez y Mayans le pasaban otra. “Si tuviera esos poderes”, le señaló el jefe del bloque de diputados de UP ante un comentario del salteño y entre risas.

“No nos eches la culpa, Romero, nosotros no fuimos”, lanzó entre risas Juliana di Tullio.

Un aliado del oficialismo en el Senado pidió que se elimine la “Tasa Milei” que sigue vigente por la prórroga del plan de gastos realizado por el gobierno libertario. Se trata de una tasa de “Seguridad de la Aviación” que se cobra en los pasajes para fondear a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que había sido aprobado en octubre de 2022 cuando el kirchnerismo lo introdujo dentro del Presupuesto 2023 tan solo por un voto de diferencia lo que le valió de fuertes críticas por parte de la oposición a Javier Milei y Victoria Villarruel porque se habían ausentado del recinto a la hora de la votación.

La iniciativa fue presentada por el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y tiene como objetivo, según consta en los fundamentos del texto, “derogar un artículo de una ley impulsada por la gestión del presidente Alberto Fernández, que empeora la falta de competitividad de un sector de la economía de inmenso valor socioeconómico, trasladando, una vez más, la responsabilidad de un Estado que debiera ser eficiente en el uso de sus recursos, hacia el bolsillo de los ciudadanos”.

En concreto, Romero demanda eliminar “el artículo 115 de la Ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023″, prorrogado por el Ejecutivo para el corriente año. Este impuesto fue empujado en octubre de 2022 por la actual diputada camporista Paula Penacca y es, según explicó el legislador salteño, “abonada por los pasajeros de vuelos internacionales, regionales y/o de cabotaje, desde aeropuertos o aeródromos nacionales, recursos que son destinados a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.

Dicho artículo establece que “la tasa de seguridad de la aviación será un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a cero coma veinticinco por ciento (0,25%) del sueldo básico del grado jerárquico de oficial principal del escalafón general del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria aprobado por ley 26.102 y su decreto reglamentario 836/08 y modificatorios”.

“La nueva tasa, que entró en vigencia el 1° de diciembre de 2022, provocó un fuerte rechazo desde el sector aéreo comercial. La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), emitió en su momento un comunicado en el que sostenía que la Argentina es el país que más grava la actividad aérea en la región, y con la nueva tasa, ‘se encarece sustancialmente la tarifa del ticket que debe pagar el viajero, en ocasiones hasta duplicando la tarifa base que cubre la operación aérea’”, señaló Romero.

El senador luego detalló: “La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) se sumó al rechazo a la medida y argumentó que ‘la seguridad en la aviación civil es una responsabilidad del Estado y, tal como recomienda la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), es el mismo Estado quien debe cubrir con ese costo, sin trasladarlo al pasajero’”.

Romero también dijo que “sobre este último aspecto, el artículo que aquí se propone derogar prevé que esos recursos presupuestados sean destinados al servicio público de seguridad de la aviación, para evitar delitos que debieran ser prevenidos con capacitación y recursos de un Estado bien administrado, no cobrándole una tasa más al pasajero”.

 

Por otra parte, el senador agregó: “Actualmente, el 54% del valor total de un boleto aéreo que paga el pasajero en Argentina corresponde a tasas. Un dato revelador de un país que asfixia con gravámenes destinados a solventar un Estado ineficiente y que se empecina en neutralizar la competitividad de su economía. A ello se le agrega otro dato: operar en la Argentina es mucho más costoso que en cualquier país de la región, ya que los costos de navegación área son ocho veces más caro que en Chile y los costos de aterrizaje son casi el triple comparado con Paraguay (basado en un avión Airbus A320-200), según datos difundidos por IATA”.

La finalidad de la iniciativa es “buscar las herramientas para que el sector aerocomercial sea más dinámico, competitivo y un impulsor más de la economía, con un Estado eficiente en el control y en el servicio que brinda a los ciudadanos”, aseveró el legislador salteño.

Si bien el artículo 7° del Reglamento de la Cámara de Senadores establece que “el 29 de noviembre de cada año de renovación de la Cámara, o el día inmediato hábil anterior si fuera feriado, se reúne el Senado para incorporar a los senadores electos que han presentado título otorgado por la autoridad competente y para expedirse sobre los títulos de los electos diputados como suplentes”, la jura formal de los mismos y la designación de las autoridades quedará para más adelante. Más específicamente para el martes 5 de diciembre.

Esto es, la fecha prevista por el reglamento se avalarán los diplomas de todos los senadores nuevos, y la jura quedará para seis días después. Son pocos días pero serían muy bienvenidos pues hay mucho que resolver hasta entonces.

No hablamos de la jura específicamente, claro está, sino de lo otro que se conocerá el martes 5/12: las autoridades. De la Cámara alta y de los bloques.

Del Senado, pues si bien está establecido ya por la Constitución nacional que la presidencia corresponde a la vicepresidencia de la Nación, en este caso representada por Victoria Villarruel, están también los cargos que le siguen, que generan especial atención por su relevancia. Fundamentalmente la presidencia provisional.

Segundo lugar en la sucesión presidencial, ese puesto es clave por lo emblemático. Pasa que la presidencia del Cuerpo es la única que está reglada; el resto, se define por la fuerza de los votos. Es uso y costumbre que ese lugar sea reservado para el gobierno de turno, pero al no haber tanta experiencia en la materia, la letra escrita puede ser modificada.

Vayamos a la historia reciente, que es la que viene desde el 83 a la fecha. Cuando llegó Raúl Alfonsín al poder, tenía mayoría en Diputados, mas no en el Senado, donde el peronismo siempre tuvo superioridad. Y cuando no la tuvo, no hubo nadie que lo superara, salvo escasos pasajes nada homogéneos por cierto.

Tanto a Alfonsín, como a Fernando de la Rúa cuando llegó a la presidencia encaramado sobre la Alianza, les dejaron elegir al presidente provisional. Entre 1983 y 1989, ese cargo fue ostentado por el radical porteño Edison Otero. Y cuando asumió De la Rúa, diez años más tarde, la presidencia provisional la ocupó otro radical, el mendocino José Genoud. Cuando menos de un año después Carlos “Chacho” Alvarez renunció a la vicepresidencia de la Nación, también se fue Genoud, y ocupó su lugar el misionero Mario Losada, quien fue a su vez el virtual vicepresidente.

Ahora bien, cuando la Alianza perdió las elecciones intermedias, el peronismo fue por ese cargo y puso a Ramón Puerta en la presidencia provisional. De la Rúa tenía “el boleto picado” y cuando renunció, Puerta asumió por un día, y todo lo que sucedió luego.

Por eso no resultaría inocuo que el presidente provisional del Senado no fuera a partir del 10 de diciembre un oficialista. Consultada sobre el tema, Victoria Villarruel dijo que eso “es algo que va a decidir el presidente Javier Milei”. No es lo que dice la Constitución, que no menciona nada sobre el presidente provisional del Senado. Es el reglamento de la Cámara el que establece en su artículo 2º que en la sesión preparatoria “la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º”. Lo deciden los números, no el presidente de la Nación.

Desde el oficialismo saliente, no confirmaron ni desmintieron -ante la consulta de parlamentario.com-si buscarán ese lugar a partir del 10 de diciembre. Pero el rumor está y, si la decisión lo acompaña, solo quedaría por ver si los números le alcanzan al oficialismo para lograr ese lugar que lo pondría en el segundo escalón de la escala sucesoria. Necesitan 37 votos para eso.

El rumor que circuló en la semana sugería que el kirchnerismo buscaría imponer como presidenta provisional a Juliana di Tullio. Sonó inquietante: todo un desafío para el gobierno que viene.

El interbloque Frente de Todos, que seguramente pasará a llamarse Unión por la Patria, tiene 33 votos propios, lo que los convierte en primera minoría. Están además el entrerriano Edgardo Kueider y el correntino Carlos “Camau” Espínola, que al menos hasta ahora orbitan dentro de Unidad Federal junto a la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, con quien La Libertad Avanza viene construyendo una alianza.

Están después los misioneros del Frente de la Concordia (2), aliados habituales del kirhnerismo, igual que la rionegrina que sucederá a Alberto Weretilneck. Pero estas alianzas habituales son para tiempos de oficialismo. Los partidos provinciales no suelen aliarse a opositores, menos en el inicio de una gestión.

De ahí que la maniobra para investir a un kirchnerista en la presidencia provisional del Senado sería una jugada audaz con pocas chances de avanzar en las actuales circunstancias. Suena a estrategia armada para cuando el plan B preveía una derrota por dos puntos. No fue el caso.

El futuro oficialismo

La Libertad Avanza logró lo que ninguna fuerza nueva había conseguido hasta ahora: alcanzar 7 senadores en una sola elección, encima en su debut electoral. Con triunfos además en dos provincias. Y casi fueron 8, pero el escrutinio definitivo le dio por poco la victoria al peronismo en San Juan.

La fuerza de Milei consiguió un resultado para el Senado digno de un peronismo vencedor.

Pero todos estos pergaminos no alcanzan para mover el amperímetro en el Senado, donde tendrá apenas el 10% de la Cámara. A 30 del quórum. Necesita sí o sí alianzas, pero no serán formales. En Juntos por el Cambio dan por alineados y dispuestos a sumarse a un interbloque a la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, el entrerriano Alfredo De Angeli y el misionero Martín Göerling.

Después habrá otros dispuestos a colaborar. Ha sido clave la postura de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que han dejado claro la semana que pasó que quieren que JxC se mantenga unido y desde allí “contribuir con la gobernabilidad de la Argentina”. Es la razón por la cual los radicales no patean el tablero y se alinean decididamente con la oposición.

Hombre de Juntos por el Cambio e integrante de Cambio Federal, el bloque que lideró el último año Nacho Torres, gobernador electo de Chubut, el salteño Juan Carlos Romero será un clave en el Senado que viene. De dilatada trayectoria legislativa -es senador desde 2017-, y con el aval que le da haber sido compañero de fórmula de Carlos Menem -admirado por Milei, que no tiene reparos en definirse menemista-, Romero bien podría ser el eventual presidente provisional. Y si no es ese cargo, será el articulador que necesita una fuerza sin experiencia legislativa.

Romero cuenta con la chubutense que reemplazará a Torres, Andrea Cristina, y su comprovinciana Edith Terenzi, que es radical, pero ya formaba parte de Cambio Federal y allí seguirá. Están alineados con sus gobernadores los radicales mendocinos Mariana Juri y el actual gobernador Rodolfo Suárez; el chaqueño Víctor Zimmermann y los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.

No necesariamente responden a Maxi Pullaro, pero muy probablemente estén dispuestos a hacerlo con el Gobierno nacional, los santafesinos Carolina Losada y Dionisio Scarpin.

Lo mismo sucedería con Luis Juez y la pampeana María Victoria Huala.

En el caso probable de que La Libertad Avanza decida reservar para sí la presidencia provisional, segundo lugar en la línea sucesoria, un nombre probable es el del senador por San Luis -una de las dos provincias donde LLA ganó- Bartolomé Abdala. De experiencia legislativa por haber sido diputado provincial, Abdala pasó por el oficialismo puntano, donde fue ministro de Turismo. Luego presidió el Pro de su provincia, de donde terminó yéndose cuando se peleó con la senadora nacional Gabriela González Riollo y Patricia Bullrich intervino el partido provincial.

Fue además presidente de la liga puntana de fútbol. Ahora podría presidir el Senado cuando Victoria Villarruel no esté. Se verá.

Muy crítico del oficialismo siempre, el senador nacional de Juntos por el Cambio Juan Carlos Romero ya había dado señales que anticipaban sobre su postura en el balotaje cuando esta semana lanzó duros cuestionamientos hacia el ministro de Economía y candidato presidencial por la escasez de combustibles.

“Massa dice ‘el petróleo de los argentinos es de los argentinos’. ¿Cuál? ¿El que no hay en las estaciones de servicio?”, se preguntó en su cuenta de la red social X, para rematar: “Muchas veces dije que con este modelo íbamos camino a ser Venezuela. Lamentablemente ya llegamos”.

Las dudas respecto de su postura podían surgir del posicionamiento anunciado por otro peronista de JxC, el diputado nacional electo Miguel Angel Pichetto, quien anunció los últimos días que no apoyaría a ninguno de los candidatos que participarán del balotaje, pero en declaraciones periodísticas, el senador salteño dejó claro que votará en contra del kirchnerismo.

“Así se expresó la ciudadanía en las generales de octubre con un 36% que sacó Massa y un 64% que prefiere un cambio. Ahora ese porcentaje tiene que expresarse. Porque las opciones son dos: un cambio o seguir con más de lo mismo”, planteó el senador nacional al dejar claro que apoyará en esta elección a Javier Milei. A su juicio, Massa representa “más estatismo, más control del Estado, falta de inversión, un 45% de pobres, con dos tercios de los chicos pobres, con la inseguridad, con el narcotráfico y la inseguridad en todo el país”.

Y respecto de los sectores de Juntos por el Cambio que se han expresado por la neutralidad expresó su postura contraria al señalar que “un voto en blanco, no votar o el voto nulo es favorecer al que va primero: en este caso, al candidato del modelo kirchnerista”.

“Yo voy a votar en contra del kirchnerismo porque es lo que vengo haciendo hace 20 años y porque no creo en este modelo que nos ha llevado a los peores indicadores de inflación y pobreza. Esta actitud mía no es ninguna sorpresa”, dejó claro el senador salteño.

Fue presentado este miércoles en el Salón de la Provincias del Palacio Legislativo el libro “La transformación de Salta”, que da cuenta de la obra de gobierno en las tres gestiones que en Salta encabezara el ahora senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal), como gobernador.

El autor es Fernando Palópoli, vocero del senador salteño.

Luego de agradecer el acompañamiento de los presentes, Romero afirmó: "Aprendí mucho de administración y Reforma del Estado y armamos con mi equipo una transformación donde pusimos la provincia al día y equilibramos las cuentas".

Al recordar el inicio de su gestión, el senador salteño reflexionó que "el cambio fue duro y cuestionado al principio porque no se veía la luz al final, pero la provincia pudo entrar en equilibrio y estar al día".

"Comenzamos con equilibrio fiscal y por doce años tuvimos superávit fiscal y total presupuestario y con ese superávit hicimos obras sin endeudarnos y manteniendo una disciplina fiscal", agregó.

Luego, el senador realizó un repaso de las principales obras y avances en salud, educación, vivienda, rutas, cultura y turismo logradas durante sus tres mandatos.

"Defendimos a la provincia como un modelo de país federal", finalizó.

Estuvieron presentes legisladores, senadores mandato cumplido, ex gobernadores, funcionarios, diferentes representantes de la política salteña, amigos y familiares.

En el inicio de la sesión del Senado de este jueves, el senador salteño Juan Carlos Romero presentó una cuestión de privilegio por los incidentes registrados en la fallida sesión anterior, y se quejó porque tanto durante el debate en comisión, como en el recinto el jueves 30 de marzo, los legisladores que rechazaban el proyecto de alcohol cero habían sufrido agresiones verbales.

Por ese tema cuestionó la actitud de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, por no haber frenado esa situación que sufrían desde los palcos.

Le contestó a continuación el presidente del interbloque oficialista, José Mayans, quien recordó que en esa sesión fallida “hubo senadores que fueron a amenazarla”, en referencia a la presidenta provisional. “Me preocupa esa agresión a una mujer que está ocupada de llevar el debate”, observó, recordando que “había gente que estaba expectante” respecto de muchos de los temas que se iban a tratar: no solo alcohol cero, también la ley Lucio, el CUD y el proyecto sobre cardiopatías congénitas, citó.

“La presidenta fue agredida duramente, con expresiones muy groseras”, advirtió Mayans, recordando que inicialmente llamó a silencio a las personas que gritaban desde los palcos, pero luego “ella se vio impedida de actuar cuando los senadores se acercaron al estrado a insultarla. Si los legisladores no ponen orden, es muy difícil para mí poner orden”.

Así las cosas, remarcó que “para llevar adelante este tipo de situaciones hay que tener la presidencia”, y sostuvo que “no se puede juzgar” el accionar de quien conduce desde una banca. “Para eso conduce el debate. Me preocupan este tipo de acciones que tienen que hacerse desde las bancas… levantarse e ir a amenazar a la presidenta”, reprochó, y dijo esperar que “a partir de este momento podamos tener sesiones como corresponde”.

“Sería mejor respetarnos entre todos”, dijo y concluyó: “Obviamente, la gente que es invitada a las sesiones tiene que tener una actitud de respeto para los senadores”.

La recompra de títulos de deuda por US$ 1.000 millones que anunció esta semana el ministro de Economía, Sergio Massa, en medio de la escalada del dólar blue, abrió un manto de sospecha y condujo a que se presentaran en el Congreso proyectos respecto al tema en cuestión. Uno de ellos fue el senador nacional Juan Carlos Romero (Cambio Federal – Salta) que presentó una iniciativa solicitando al Gobierno que informe quiénes se benefician con la compra de nos y los motivos de la misma.

Al salteño, le llamó la atención que el tigrense grabó el mensaje con el anuncio el martes 17, por la tarde, pero recién se difundió la medida el miércoles por la mañana antes de que abriera el mercado. “Parece una operación diagramada con anticipación y de la cual algunos sectores pudieron haber tomado conocimiento del anuncio y beneficiarse”, criticó.

Y sumó en los fundamentos: “El Gobierno ‘busca ganar tiempo’ deteriorando y agravando la vulnerabilidad del balance del Banco Central”, y denunció que “estamos nada más que ante un armado para el año electoral”.

En la iniciativa pregunta: “¿Cuáles fueron las razones de anunciar, con anticipación, que el Estado saldría a recomprar deuda en dólares por 1000 millones de dólares (a valor mercado), decisión comunicada con antelación a través de un tuit y previa a la reapertura del mercado?”.

Y ahí, el legislador y exgobernador plantea si la decisión de adelantar el anuncio de recompra de la deuda no fue el disparador para que los bonos suban más de 11 % en la ronda que se formalizó la medida.

PEDIDO-DE-INFORME-RECOMPRA-DE-DEUDA

Por José Angel Di Mauro

La idea de formalizar un nuevo bloque en el Senado, dentro del interbloque Juntos por el Cambio, lleva varios meses. Para eso, quienes gestaban su creación venían manteniendo discretas negociaciones con otros pares con la premisa de recrear una “agenda federal” en el seno de la principal oposición. De todos modos, se tomaron su tiempo para formalizar el anuncio, cosa que hicieron hace pocos días al presentar la nota al secretario Parlamentario de la Cámara, y el trámite acaba de culminar.

En rigor, la aparición de este nuevo bloque no afecta a los ya conformados, pues nuclea a los dos chubutenses de JxC, más el salteño Juan Carlos Romero y la neuquina María Lucila Crexell. Esto es, dos senadores de lo que hasta ahora se denominaba Integración y Desarrollo Chubutense, más dos miembros de monobloques. Lo presidirá el senador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres, una de las revelaciones de las legislativas del año pasado, donde Juntos por el Cambio derrotó al oficialismo nacional y al oficialismo provincial.

Con él dialogó parlamentario.com, en una entrevista en la que aclaró que no estaban atomizando a la principal oposición, más bien todo lo contrario: “Nos unimos por coincidencias”, dijo, enfatizando que “no renegamos de nuestra pertenencia”.

- Hace unos días formalizaron la presentación de un bloque propio en el Senado. ¿El pedido ya fue aceptado y podemos darlo por formalizado?

- El pedido de conformación fue recientemente aceptado por Secretaría Parlamentaria y ya se encuentra formalizado. Al inicio, considerando que la conformación se da con la unificación de varios monobloques, eso dio lugar a algunas demoras, pero ya se avanzó en ese sentido.

- ¿Quiénes lo integran y cuál es su denominación? Entiendo que la presidencia la encarna usted, ¿no es así?

- El bloque se denomina “Cambio Federal”; lo integramos junto al senador Juan Carlos Romero, del Partido Justicialista 8 de Octubre de Salta; la senadora Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino; y la senadora Edith Terenzi, de la UCR Chubut.

Respecto de la presidencia, efectivamente presido el bloque, en principio lo iba a hacer Juan Carlos Romero, pero él fue quien me propuso hacerlo a mí, ya que en una lógica de llevar adelante una agenda federal y, de cara a pelear la gobernación en Chubut, tuvo el gran gesto  de proponerme a pesar de ser él quien más volumen político representa toda vez que es un ex gobernador y tiene los pergaminos por demás para serlo.

- ¿Cuál es el objetivo de este nuevo bloque?

- Retomar una agenda federal en el Senado. Como casa de las provincias, tenemos muchas temáticas pendientes de resolución, cuyo lugar de origen, por mandato Constitucional, es la Cámara de Senadores. La coparticipación federal, el reparto de subsidios económicos, la problemática del narcotráfico en las provincias, son algunos de los ejes que propiciamos desde este nuevo espacio de diálogo parlamentario.

- ¿Hubo algún contacto para sumar a Clara Vega?

- Mantuvimos conversaciones con la senadora Clara Vega. La idea es seguir impulsando la incorporación de senadores que comulguen con la idea de un país más federal, que entable un diálogo profundo sobre las consecuencias del centralismo en nuestras provincias. Además, tenemos un criterio amplio, porque queremos la mirada de las distintas regiones del país. Tenemos integrantes de la Patagonia, del norte argentino. La perspectiva es amplia.

- ¿Cómo tomaron en el interbloque de Juntos por el Cambio esta decisión?

- La conformación del bloque siempre fue una iniciativa constructiva, por la positiva. Hablamos con todos los actores, presidentes de bloques de todo el interbloque, con los mayores referentes de JxC. En mi caso, lo hablé tanto con Mauricio (Macri), Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich).

A diferencia de lo que puede ocurrir en la Cámara de Diputados, donde los bloques se dividen por diferencias, en nuestro caso nos unimos por coincidencias. Reunimos monobloques con fuerte arraigo provincial, consolidando al interbloque porque pasamos de 3 o 4 bloques aislados, a un sub bloque que aglutina estas expresiones dentro de Juntos por el Cambio. Este tinte más federal posibilita la contención de otros senadores que tiene intenciones de participar dentro del interbloque y que hoy están en discusiones entre partes y que responden a partidos provinciales.

- ¿No puede resultar pernicioso exhibir una atomización del interbloque JxC, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió hace poco tiempo con la división del Frente de Todos para quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura?

- No estamos dividiendo el bloque. Seguimos formando parte del interbloque Juntos por el Cambio, que reúne a diversas fuerzas políticas que defienden un modelo de país en antípodas del modelo del Frente de Todos.  Y dada la coyuntura actual, con una crisis severa de la economía nacional, tenemos que disponer todos los esfuerzos necesarios para que nuestras provincias puedan ingresar, vía sus representantes, las demandas pendientes, que encarnan la temática del Federalismo.  Por ello la designación, “Cambio Federal”. No renegamos de nuestra pertenencia, ni atomizamos el espacio que nos congrega. Nos reunimos por afinidades temáticas, y con la necesidad de impulsar agendas relegadas por el vértigo que impone el oficialismo.

- Yendo a lo que es la actividad cotidiana en la Cámara alta para la principal oposición: ¿Hay algún estado de frustración por no poder doblegar la mayoría virtual que sigue manteniendo el oficialismo en esa cámara?

- Al contrario. Nos desafía permanentemente. En la rutina parlamentaria, se entablan diálogos permanentes en búsqueda de los consensos necesarios, y se da en un marco de respeto y a la vez una tensión natural. La dinámica de la Cámara alta tiene sus picardías a la hora de contemplar las distintas mayorías según los temas, aunque es cierto que aún hay un bloque oficialista amplio, está atomizado con actores que no necesariamente se sienten parte de ese espacio. Esos actores, según la temática, son los que hay que buscar a la hora de construir consensos para impulsar iniciativas, o para ponerle el freno a otros proyectos tribuneros o revanchistas que le hacen daño a la Argentina.

En el inicio de la sesión de este jueves y antes de abocarse al tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Senado de la Nación realizó un homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel, perpetrado el 17 de marzo de 1992, hace exactamente 30 años.

Fue el senador salteño Juan Carlos Romero el que tomó la palabra para referirse a ese hecho que “no hemos podido resolver”, dijo haciendo hincapié en la falta de esclarecimiento del atentado. “Queremos desde este bloque de Cambiemos homenajear a las víctimas”, señaló, en referencia a un episodio que “mostró nuestra vulnerabilidad y también transmitió nuestro dolor al resto de la sociedad que quiere vivir en paz”.

La enseñanza de ese suceso, agregó, es “la necesidad de los argentinos de buscar justicia para este tipo de hechos”, y reclamó que este tipo de crímenes, como el atentado contra la AMIA “no deben prescribir nunca”.

Luego hizo votos por aprobar sobre tablas un proyecto de repudio y recordatorio de las víctimas del atentado, cosa que a continuación aceptó el jefe del bloque oficialista, José Mayans. “Nos sumamos al homenaje y al repudio de este hecho de extrema violencia”, dijo el formoseño, que remarcó que “la violencia solo engendra violencia, y la única forma de edificar un mundo más digno es a través de la paz. No tenemos otra forma”.

“Seres inocentes que sufrieron este atropello a sus vidas y la dignidad humana, y estos hechos son hechos absolutamente inaceptables para la humanidad”, agregó el legislador, que también prestó conformidad en nombre de su bloque para tratar sobre tablas el proyecto, que fue aprobado por unanimidad.

Finalmente los convencieron. El interbloque Juntos por el Cambio en el Senado sumó a dos senadores más, que en los últimos dos años venían actuando como aliados, pero no estaban dentro del mismo espacio.

Se trata del salteño Juan Carlos Romero y de la neuquina Lucila Crexell, quienes en 2019 fueron electos en sus respectivas provincias a través de la boleta que llevaba el sello de la principal alianza opositora. Cada uno conservará su propio monobloque.

De esta manera, el interbloque que ahora comandará el mendocino Alfredo Cornejo tendrá 33 miembros, esto es dos por debajo de los 35 que posee el Frente de Todos, que este viernes perdió la mayoría de la que ostentó durante el primer período del gobierno de Alberto Fernández.

Es decir, el Frente de Todos quedó a dos del quórum (37) y Juntos por el Cambio, a cuatro.

Romero y Crexell conformaban hasta ahora el interbloque Parlamentario Federal junto a la riojana Clara Vega, quien reemplazó a la radical Inés Brizuela y Doria cuando ésta asumió como intendenta de La Rioja Capital. Enojada por cómo se dio su asunción -fue a la justicia para reclamar por el tema de la paridad de género-, Vega no se incorporó luego a JxC y mantiene actualmente su propio espacio, llamado Mediar Argentina.

En el Parlamentario Federal también estuvo el fallecido Carlos Reutemann, cuyo reemplazo, la santafesina Alejandra Vucasovich, ya se había sumado en los últimos meses a JxC. Su mandato venció este viernes.

En 2019, Crexell había vivido una situación particular, cuando ante la muerte de Horacio "Pechi" Quiroga -a días de la elección- el radicalismo fue a la Justicia para que el primer lugar de la lista lo ocupe quien figuraba tercero, y no ella que estaba segunda. Así, la UCR de Neuquén quería que encabece Pablo Cervi, quien paradójicamente es hoy diputado nacional y uno de los "rebeldes" que se fue al bloque Evolución, que se escindió de la bancada radical.

Finalmente, un fallo de la Corte Suprema le dio la razón a la senadora que, molesta con los radicales, no se sumó al interbloque opositor en ese momento.

De esta manera, el nuevo Senado quedó conformado por el Frente de Todos, con 35 integrantes; Juntos por el Cambio, con 31; y cuatro monobloquistas: Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones), Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba) y Clara Vega (Mediar Argentina).

No podía faltar en la sesión de este jueves en el Senado el conflicto con los mapuches en el Sur argentino. Y lo expuso en el inicio de la sesión el senador salteño Juan Carlos Romero (Peronismo Federal), quien planteó un apartamiento de reglamento para analizar “la inexplicable actitud” del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, al presentarse para exponer ante la justicia trasandina en favor del condenado Facundo Jones Huala, “con el argumento de que es ‘asistencia consular’”, señaló el senador opositor.

El mismo aclaró luego que “la propia explicación de lo que es asistencia consular no justifica la presencia de un embajador” en ese ámbito. En ese marco, Romero remarcó que “sabemos que en el mundo diplomático la presencia de un embajador es muy importante. No creo que haya sido de motus propio… Alguien le dijo que este tema es importante”.

Para el senador salteño, eso demuestra “el doble estándar del Gobierno argentino”, y lo comparó con la actitud expuesta en casos como Venezuela, Cuba o Nicaragua, y recordó incluso cuando el presidente fue consultado por la situación en Cuba y él respondió que no conocía el tema. “En este caso sí, el embajador fue a representar a una asociación que tiene condenado a un terrorista y este terrorista después, como manera de agradecimiento, expresa en un comunicado donde niega haber pedido asistencia, niega haber pedido servicios consulares, y donde critica al propio Gobierno”, comentó Romero, que agregó: “No están pidiendo tierras, no están reclamando otra cosa que no sea crear una nación, la liberación nacional mapuche, la autodeterminación en contra del Gobierno argentino”.

“Además de no tener una explicación por la presencia del embajador, los mismos supuestamente defendidos niegan haber pedido asistencia”, reiteró el senador Romero, para preguntarse a continuación: “¿Quién está atrás de este apoyo a estos grupos terroristas? ¿Las FARC de Colombia, la inteligencia inglesa, Sendero Luminoso?”.

Advirtió luego que “la prensa publicó que hay activos montoneros asistiendo; la verdad que también cuentan con el apoyo en el sur de las autoridades del INAI, de las autoridades de Parques Nacionales… Esta gente está haciendo terrorismo ahí desde hace muchos años. Lo sufren los patagónicos, lo sufren los argentinos”.

Luego Romero se preguntó si el Estado argentino sabe quién financia y sostiene a estos grupos, y se quejó finalmente por la falta de una acción judicial que los condene. Concluyó diciendo que “no son pueblos originarios reclamando tierra; están reclamando la destrucción de la Argentina y el Estado argentino. Llamando huinca a los que no eran como ellos”.

Más adelante, el senador radical Pablo Daniel Blanco retomó el tema con un pedido de apartamiento del reglamento para solicitar la comparencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a los efectos de dar explicaciones en torno al conflicto en el sur.

“Llama la atención que el Gobierno nacional no le preste atención a la problemática del reclamo de las RAM”, observó el senador fueguino, quien también sumó la actitud del embajador Bielsa en defensa de “alguien que reniega del Estado argentino, de sus autoridades, y sin embargo el embajador participa de la audiencia donde se solicita su libertad condicional”.

“Algunos en nombre de comunidades autóctonas cometen estos actos de vandalismo, y las autoridades pareciera que estuvieran avalando este tipo de usurpaciones y actos vandálicos”, concluyó el senador radical.

En plena campaña electoral, las embestidas contra el Gobierno anterior volverán a estar a la orden del día, cuando en el recinto se trate este miércoles la cuenta de inversión correspondiente al año 2016. Es que, contrariamente a lo que se estila y sobre todo respecto de un primer año de gestión, el oficialismo adelantó su dictamen de rechazo a la misma.

Las cartas se mostraron el 26 de agosto pasado, cuando se realizó la reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. En esa oportunidad, los legisladores de la oposición cuestionaron la decisión del bloque del Frente de Todos, que atribuyeron a un intento de darle al tema un cariz político en tiempo electoral, y adelantaron la firma de otro dictamen. Obviamente el de mayoría es el impulsado por el Frente de Todos, en base a la amplia mayoría que tienen y el tema deberá ser debatido posteriormente en ambas cámaras.

La reunión, presidida por el chubutense Mario Pais, quien anunció el tratamiento del primero de los temas -y el más importante- que se pondría a consideración: la Cuenta de Inversión del año 2016, el primero de la gestión Cambiemos. Un trámite que se cumple en función de lo que manda el artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera.

En nombre del Frente de Todos habló entonces el presidente del bloque en el Senado, el formoseño José Mayans, quien recordó que la cuenta analizada correspondía al último Presupuesto aprobado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que había fijado para 2016 un monto de gastos superior a un billón 569 mil millones de pesos, como así también había dispuesto para el pago de deuda pública aproximadamente 104 mil millones de pesos.

“Después vino el Gobierno de (Mauricio) Macri, que introdujo cambios -recordó el formoseño-, que produjo primero una devaluación muy fuerte; ‘sinceramiento’ lo llamaron, que impacta de forma directa en el Presupuesto. Todos esos valores comienzan a cambiar”. El senador oficialista aclaró que esos cambios en el Presupuesto deben ser enviados al Congreso, cosa que “no pasó en la administración Macri”, a la que atribuyó haberse manejado con decretos de necesidad y urgencia -algunos de los cuales fueron rechazados por la Bicameral de Trámite Legislativo- y otros de carácter administrativo. Todas responsabilidades que atribuyó al presidente de entonces y su jefe de Gabinete, y advirtió: “No se puede hacer cambiar así el Presupuesto, porque claramente se está cometiendo un delito con los fondos públicos. Sobre todo cuando el Congreso está en funcionamiento”.

Mayans precisó que el Presupuesto aprobado por la administración anterior a la de Cambiemos fue variado en un 41%, lo que calculó en 645 mil millones de pesos. Y dio más detalles: “Las medidas fueron tomadas en un 53% a través de decretos de necesidad y urgencia, y en un 43% por decisiones administrativas”, y agregó que “lo mismo pasó también con el tema de los gastos reservados de inteligencia”. E insistió en que “cuando se cambia el Presupuesto tiene que ser consultado el Congreso y eso no pasó. Más que duplicaron ese presupuesto”.

Para Mayans, la Constitución es violada cuando se actúa de esa manera y es lo que hacen las dictaduras, que obvian al Congreso. “Estamos hablando de la ley de leyes, nada más y nada menos. Y se viola también la Ley de Administración Financiera”.

Como ejemplo, el senador formoseño puso el del decreto que cambió el financiamiento de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, previsto originalmente a través de fondos privados, y que la administración macrista incluyó luego en el Presupuesto Nacional. Y a continuación aseguró que entre provincia de Buenos Aires y CABA, ambas administradas entonces por el Pro, recibieron el 89% de las inversiones, lo que definió como “una discriminación que afectó fuertemente a las provincias”.

“Las medidas fueron tomadas en un 53% a través de decretos de necesidad y urgencia, y en un 43% por decisiones administrativas”, lanzó José Mayans en referencia al primer año de Cambiemos.

Tras señalar que el endeudamiento público “prácticamente se triplicó” a lo largo de esa gestión, Mayans señaló que si votaban favorablemente esa cuenta de inversión se harían “cómplices de este esquema de gobierno”. Por el contrario, consideró que la decisión que debían adoptar tenía que “ser un mensaje a la sociedad: que cuando uno llega al Gobierno no puede hacer lo que quiera con los fondos públicos”.

“La administración de Macri no respetó al Congreso, no respetó al federalismo y pensaba que el ser presidente te habilita a hacer cualquier cosa”, y concluyó adelantando que “nuestro bloque va a proponer el rechazo de la Cuenta de Inversión del año 2016”.

La postura de la oposición

A continuación habló por la oposición el senador salteño Juan Carlos Romero, quien aclaró que estaban viendo era la visión que la Auditoría General de la Nación había hecho al analizar la cuenta de inversión. Y que lo que había hecho el senador Mayans era “un juicio político” sobre la misma, cosa que estaba en su derecho, pero sostuvo que es la Auditoría “la que tiene que ver la aplicación de los fondos y si se cumplieron los parámetros de una buena administración. No veo tantas observaciones como para que se merezca un dictamen de rechazo”. Luego señaló que “hemos visto cosas peores con los gobiernos kirchneristas”, y puso como ejemplo cuando Vialidad “decía que no podía enviar el listado de obras porque no los tenía, para no mostrar lo que ahí pasaba”.

El senador salteño consideró que debían hacer aclaraciones donde correspondiera, pero admitió que “si el oficialismo, dada la voluminosidad de su número, quiere hacer una expresión política de rechazo, bueno, habrá dos dictámenes. Pero no es una buena práctica aquí hacer consideraciones políticas justo en tiempo electoral. Decir ‘no estoy en condiciones de apoyar lo que se hizo en otra gestión’, porque esa es la postura que tiene el kirchnerismo en el Congreso. Es válida, tiene que ver con su mayoría, pero los que no opinamos así vamos a proponer un dictamen de aprobación”.

Luego intervino el diputado del Pro Alvaro González, quien consideró “válidas” las consideraciones políticas vertidas desde el oficialismo. “Lo que no quiere decir que sean ciertas”, aclaró. Destacó que la AGN había propuesto aprobar la mayoría de los datos de la Cuenta de Inversión, aunque aclaró que “por supuesto el Congreso y esta comisión tienen las atribuciones necesarias para aprobar o rechazar, pero hay que tener claro que cuando llegamos al Gobierno el Presupuesto estaba aprobado por la administración anterior”.

González destacó que la administración actual ha hecho un uso intenso de los DNU, “porque pareciera que el senador preopinante (en referencia a Mayans) habla como si viviera en Suiza. En plena pandemia se la pasaron mandando DNU, con el Congreso abierto, cuando hubiera podido tratarlos”. Y en referencia a los comentarios de Mayans referidos a los fondos provinciales, el diputado porteño recordó que “cuando nosotros llegamos al Gobierno nos encontramos con un fallo de la Corte que hubo que cumplir, y se le envió al resto de las provincias lo que durante 12 años les negaron”.

González alertó sobre el uso actual de los ATN, y pidió mirar la cantidad de dinero que hoy el Gobierno nacional vuelca en la provincia de Buenos Aires.

El legislador opositor concluyó anticipando que propondrían entonces un dictamen en el mismo sentido de la AGN, solo con dos observaciones.

“La aprobación o el rechazo constituye una obligación del Congreso”, arrancó diciendo a continuación el senador Pais. El senador chubutense avaló personalmente la posibilidad de rechazar la Cuenta de Inversión presentada por la gestión macrista, recordando los señalamientos que allá por 2016 hicieron desde la entonces oposición. Como su par Mayans recordó la devaluación con la que arrancó esa administración y dijo que a partir de entonces “comenzó a apartarse del Presupuesto General. Nunca tuvo la voluntad política de remitir ninguna de las modificaciones presupuestarias. Se dedicó a formular un nuevo plan de gobierno, pero omitiendo la participación necesaria del Congreso nacional”.

Pais enfatizó que el rechazo era una potestad de los legisladores, y durante la gestión kirchnerista la entonces oposición adoptó esa misma postura.

“Vamos a proponer un dictamen de mayoría y minoría. El de mayoría va a tener dos artículos”, precisó Pais. Uno señalando el rechazo a la cuenta de inversión y el segundo diciendo que el mismo era “sin perjuicio de la iniciación y la prosecución de los procedimientos dirigidos a la efectivización de las responsabilidades que emerjan de los hechos ya realizados por los funcionarios públicos durante el período comprendido en la cuenta de inversión que se rechaza”.

Tras una nueva intervención de Mayans, en la que aclaró que ese trámite no terminaría con la desaprobación, sino con la presentación correspondiente ante la justicia para que los funcionarios macristas explicaran qué habían hecho y por qué habían “violado los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes, Juan Carlos Romero lamentó que todo fuera a judicializarse. Que ya lo estaban sufriendo Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y no sucedía con Fernando de la Rúa ni Carlos Menem porque ya se habían muerto, pero adelantó: “Quédense tranquilos que a Alberto Fernández ya le tocará dentro de dos años”.

Luego Alvaro González adelantó que enviarían al día siguiente los fundamentos de su dictamen, y sugirió al oficialismo que fueran a la Justicia, como ya lo estaban adelantando, e ironizó: “Se la han pasado en la Justicia declarando, ya saben donde quéda. NO van a tener que buscar en Google dónde queda Comodoro Py”.

E insistió: “Tienen todo el derecho del mundo si quieren ir a los tribunales, de lo que se quejaron siempre. Que vayan, si van a tener que seguir yendo por un largo rato, porque con lo que viene, se la van a pasar en Tribunales”.

Presente en la reunión a pesar de no ser integrante de la comisión, intervino entonces el senador Oscar Parrilli, quien dijo que no le llamaba la atención ese dictamen de rechazo, que a su juicio demostraba “el incumplimiento de absolutamente muchísimas normas, disposiciones y leyes vigentes. Para mí no es novedoso que el Gobierno anterior haya violado leyes, como derogó la Ley de Medios y tantas otras. Hoy se encuentran ante otra realidad, el tiempo pasa y las cosas aparecen”.

Parrilli recordó cuando dirigentes de Cambiemos fueron a la Justicia para que dijera que el mandato no terminaba a las 12 del 10 de diciembre, sino antes. “Esa jueza que les dio la razón, después dijo que nunca había soportado en democracia una presión política de tal envergadura”, recordó, en referencia a María Servini. Con ello, dijo Parrilli, “violentaron 200 años de historia”, y recordó luego el decreto de designación de dos miembros de la Corte.

Alvaro González reclamó recordando que “estamos tratando la cuenta de inversión”, a lo que Parrilli repuso: “A lo mejor le molesta, pero las cosas ocurrieron así”.

El senador Pais le pidió ser más breve y Parrilli concluyó citando al exasesor jurídico del Gobierno anterior “Pepín” Rodríguez Simón, “hoy prófugo”, y tras otras referencias el senador neuquino concluyó diciendo que “no es casualidad la trasgresión del Poder Ejecutivo de las normas y efectivamente esta cuenta de inversión debe ser rechazada. Y estos que se jactan de la República y la democracia comenzaron el mandato como decía la presidenta: haciendo una República de Morondanga”.

En el marco de una reunión que se extendió durante una hora exacta, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas analizó este jueves la cuenta de inversión correspondiente al año 2016, y en ese marco el oficialismo adelantó su dictamen de rechazo a la misma.

Los legisladores de la oposición cuestionaron la decisión del bloque del Frente de Todos, que atribuyeron a un intento de darle al tema un cariz político en tiempo electoral, y adelantaron la firma de otro dictamen que presentarán este viernes. Obviamente el de mayoría será el impulsado por el Frente de Todos, en base a la amplia mayoría que tienen y el tema deberá ser debatido posteriormente en ambas cámaras.

La reunión, presidida por el chubutense Mario Pais, se inició con el anuncio de la inclusión en esa comisión del senador rionegrino Martín Doñate en reemplazo de Jorge Taiana, quien renunció al Senado para asumir como ministro de Defensa. Tras ello, el presidente de la comisión anunció el tratamiento del primero de los temas -y el más importante- que se pondría a consideración: la Cuenta de Inversión del año 2016, el primero de la gestión Cambiemos. Un trámite que se cumple en función de lo que manda el artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera.

En nombre del Frente de Todos habló entonces el presidente del bloque en el Senado, el formoseño José Mayans, quien recordó que la cuenta analizada correspondía al último Presupuesto aprobado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que había fijado para 2016 un monto de gastos superior a un billón 569 mil millones de pesos, como así también había dispuesto para el pago de deuda pública aproximadamente 104 mil millones de pesos.

“Después vino el Gobierno de (Mauricio) Macri, que introdujo cambios -recordó el formoseño-, que produjo primero una devaluación muy fuerte; ‘sinceramiento’ lo llamaron, que impacta de forma directa en el Presupuesto. Todos esos valores comienzan a cambiar”. El senador oficialista aclaró que esos cambios en el Presupuesto deben ser enviados al Congreso, cosa que “no pasó en la administración Macri”, a la que atribuyó haberse manejado con decretos de necesidad y urgencia -algunos de los cuales fueron rechazados por la Bicameral de Trámite Legislativo- y otros de carácter administrativo. Todas responsabilidades que atribuyó al presidente de entonces y su jefe de Gabinete, y advirtió: “No se puede hacer cambiar así el Presupuesto, porque claramente se está cometiendo un delito con los fondos públicos. Sobre todo cuando el Congreso está en funcionamiento”.

Mayans precisó que el Presupuesto aprobado por la administración anterior a la de Cambiemos fue variado en un 41%, lo que calculó en 645 mil millones de pesos. Y dio más detalles: “Las medidas fueron tomadas en un 53% a través de decretos de necesidad y urgencia, y en un 43% por decisiones administrativas”, y agregó que “lo mismo pasó también con el tema de los gastos reservados de inteligencia”. E insistió en que “cuando se cambia el Presupuesto tiene que ser consultado el Congreso y eso no pasó. Más que duplicaron ese presupuesto”.

Para Mayans, la Constitución es violada cuando se actúa de esa manera y es lo que hacen las dictaduras, que obvian al Congreso. “Estamos hablando de la ley de leyes, nada más y nada menos. Y se viola también la Ley de Administración Financiera”.

Como ejemplo, el senador formoseño puso el del decreto que cambió el financiamiento de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, previsto originalmente a través de fondos privados, y que la administración macrista incluyó luego en el Presupuesto Nacional. Y a continuación aseguró que entre provincia de Buenos Aires y CABA, ambas administradas entonces por el Pro, recibieron el 89% de las inversiones, lo que definió como “una discriminación que afectó fuertemente a las provincias”.

Tras señalar que el endeudamiento público “prácticamente se triplicó” a lo largo de esa gestión, Mayans señaló que si votaban favorablemente esa cuenta de inversión se harían “cómplices de este esquema de gobierno”. Por el contrario, consideró que la decisión que debían adoptar tenía que “ser un mensaje a la sociedad: que cuando uno llega al Gobierno no puede hacer lo que quiera con los fondos públicos”.

“La administración de Macri no respetó al Congreso, no respetó al federalismo y pensaba que el ser presidente te habilita a hacer cualquier cosa”, y concluyó adelantando que “nuestro bloque va a proponer el rechazo de la Cuenta de Inversión del año 2016”.

La postura de la oposición

A continuación habló por la oposición el senador salteño Juan Carlos Romero, quien aclaró que estaban viendo era la visión que la Auditoría General de la Nación había hecho al analizar la cuenta de inversión. Y que lo que había hecho el senador Mayans era “un juicio político” sobre la misma, cosa que estaba en su derecho, pero sostuvo que es la Auditoría “la que tiene que ver la aplicación de los fondos y si se cumplieron los parámetros de una buena administración. No veo tantas observaciones como para que se merezca un dictamen de rechazo”. Luego señaló que “hemos visto cosas peores con los gobiernos kirchneristas”, y puso como ejemplo cuando Vialidad “decía que no podía enviar el listado de obras porque no los tenía, para no mostrar lo que ahí pasaba”.

El senador salteño consideró que debían hacer aclaraciones donde correspondiera, pero admitió que “si el oficialismo, dada la voluminosidad de su número, quiere hacer una expresión política de rechazo, bueno, habrá dos dictámenes. Pero no es una buena práctica aquí hacer consideraciones políticas justo en tiempo electoral. Decir ‘no estoy en condiciones de apoyar lo que se hizo en otra gestión’, porque esa es la postura que tiene el kirchnerismo en el Congreso. Es válida, tiene que ver con su mayoría, pero los que no opinamos así vamos a proponer un dictamen de aprobación”.

Luego intervino el diputado del Pro Alvaro González, quien consideró “válidas” las consideraciones políticas vertidas desde el oficialismo. “Lo que no quiere decir que sean ciertas”, aclaró. Destacó que la AGN había propuesto aprobar la mayoría de los datos de la Cuenta de Inversión, aunque aclaró que “por supuesto el Congreso y esta comisión tienen las atribuciones necesarias para aprobar o rechazar, pero hay que tener claro que cuando llegamos al Gobierno el Presupuesto estaba aprobado por la administración anterior”.

González destacó que la administración actual ha hecho un uso intenso de los DNU, “porque pareciera que el senador preopinante (en referencia a Mayans) habla como si viviera en Suiza. En plena pandemia se la pasaron mandando DNU, con el Congreso abierto, cuando hubiera podido tratarlos”. Y en referencia a los comentarios de Mayans referidos a los fondos provinciales, el diputado porteño recordó que “cuando nosotros llegamos al Gobierno nos encontramos con un fallo de la Corte que hubo que cumplir, y se le envió al resto de las provincias lo que durante 12 años les negaron”.

González alertó sobre el uso actual de los ATN, y pidió mirar la cantidad de dinero que hoy el Gobierno nacional vuelca en la provincia de Buenos Aires.

Pese al informe favorable de la Auditoría, el oficialismo impuso su mayoría en la Comisión Revisora de Cuentas para seguir las órdenes de su Jefa y volver a culpar a @MauricioMacri por el desastre que ellos dejaron después de 12 años de muy mala gestión. pic.twitter.com/S5TWpTXOoL

— Álvaro González (@_alvarogonzalez) August 26, 2021

El legislador opositor concluyó anticipando que propondrían entonces un dictamen en el mismo sentido de la AGN, solo con dos observaciones.

“La aprobación o el rechazo constituye una obligación del Congreso”, arrancó diciendo a continuación el senador Pais. El senador chubutense avaló personalmente la posibilidad de rechazar la Cuenta de Inversión presentada por la gestión macrista, recordando los señalamientos que allá por 2016 hicieron desde la entonces oposición. Como su par Mayans recordó la devaluación con la que arrancó esa administración y dijo que a partir de entonces “comenzó a apartarse del Presupuesto General. Nunca tuvo la voluntad política de remitir ninguna de las modificaciones presupuestarias. Se dedicó a formular un nuevo plan de gobierno, pero omitiendo la participación necesaria del Congreso nacional”.

Pais enfatizó que el rechazo era una potestad de los legisladores, y durante la gestión kirchnerista la entonces oposición adoptó esa misma postura.

“Vamos a proponer un dictamen de mayoría y minoría. El de mayoría va a tener dos artículos”, preciso Pais. Uno señalando el rechazo a la cuenta de inversión y el segundo diciendo que el mismo era “sin perjuicio de la iniciación y la prosecución de los procedimientos dirigidos a la efectivización de las responsabilidades que emerjan de los hechos ya realizados por los funcionarios públicos durante el período comprendido en la cuenta de inversión que se rechaza”.

Tras una nueva intervención de Mayans, en la que aclaró que ese trámite no terminaría con la desaprobación, sino con la presentación correspondiente ante la justicia para que los funcionarios macristas explicaran qué habían hecho y por qué habían “violado los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes, Juan Carlos Romero lamentó que todo fuera a judicializarse. Que ya lo estaban sufriendo Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y no sucedía con Fernando de la Rúa ni Carlos Menem porque ya se habían muerto, pero adelantó: “Quédense tranquilos que a Alberto Fernández ya le tocará dentro de dos años”.

Luego Alvaro González adelantó que enviarían este viernes los fundamentos de su dictamen, y sugirió al oficialismo que fueran a la Justicia, como ya lo estaban adelantando, e ironizó: “Se la han pasado en la Justicia declarando, ya saben donde quéda. NO van a tener que buscar en Google d´nde queda Comodoro Py”.

E insistió: “Tienen todo el derecho del mundo si quieren ir a los tribunales, de lo que se quejaron siempre. Que vayan, si van a tener que seguir yendo por un largo rato, porque con lo que viene, se la van a pasar en Tribunales”.

Presente en la reunión a pesar de no ser integrante de la comisión, intervino entonces el senador Oscar Parrilli, quien dijo que no le llamaba la atención ese dictamen de rechazo, que a su juicio demostraba “el incumplimiento de absolutamente muchísimas normas, disposiciones y leyes vigentes. Para mí no es novedoso que el Gobierno anterior haya violado leyes, como derogó la Ley de Medios y tantas otras. Hoy se encuentran ante otra realidad, el tiempo pasa y las cosas aparecen”.

Parrilli recordó cuando dirigentes de Cambiemos fueron a la Justicia para que dijera que el mandato no terminaba a las 12 del 10 de diciembre, sino antes. “Esa jueza que les dio la razón, después dijo que nunca había soportado en democracia una presión política de tal envergadura”, recordó, en referencia a María Servini. Con ello, dijo Parrilli, “violentaron 200 años de historia”, y recordó luego el decreto de designación de dos miembros de la Corte.

Alvaro González reclamó recordando que “estamos tratando la cuenta de inversión”, a lo que Parrilli repuso: “A lo mejor le molesta, pero las cosas ocurrieron así”.

El senador Pais le pidió ser más breve y Parrilli concluyó citando al exasesor jurídico del Gobierno anterior “Pepín” Rodríguez Simón, “hoy prófugo”, y tras otras referencias el senador neuquino concluyó diciendo que “no es casualidad la trasgresión del Poder Ejecutivo de las normas y efectivamente esta cuenta de inversión debe ser rechazada. Y estos que se jactan de la República y la democracia comenzaron el mandato como decía la presidenta: haciendo una República de Morondanga”.

El Peronismo Republicano, espacio dentro de Juntos por el Cambio en contraste del kirchnerismo que tiene a Miguel Ángel Pichetto como referente, presentará su Mesa Federal este viernes a las 14. La presentación se realizará en una conferencia de prensa en el sindicato de gastronómicos ubicado en Salta 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La alternativa de Pichetto viene de una experiencia satisfactoria en las recientes elecciones en la provincia de Misiones, donde se sumó al espacio opositor local, que duplicó el porcentaje de votos obtenidos en los comicios de 2019 y la cantidad de diputados provinciales. 

Con la presentación de este viernes, el Peronismo Republicano continúa en su búsqueda por fortalecer el espacio de oposición y lograr listas competitivas en todas las provincias con el objetivo de ser una alternativa real para la ciudadanía y alcanzar un número importante de legisladores para frenar el avance del oficialismo en el Congreso.

En el acto,  el auditor general de la nación estará acompañado por el expresidente de la nación y ex gobernador de Misiones Ramón Puerta, el ex secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma, el ex diputado Jorge Pirra y el ex vicecanciller de la Nación Andrés Cisneros.

También adhieren a esta convocatoria el actual senador nacional y ex gobernador de Salta Juan Carlos Romero, la ex ministra de Educación Susana Decibe, la dirigente rural Soledad Diez de Tejada Cossio, la parlamentaria del Parlasur en Mercosur Teresa González Fernández, la exdiputada Paola Spatola, el dirigente misionero de Activar Pedro Puerta, el exdiputado Adrián Menem, el ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino, el sindicalista Marcelo Peretta (farmacéuticos), el referente gremial del Peronismo Republicano y anfitrión de este encuentro Dante Camaño (gastronómicos), y el ex vicegobernador de Santa Cruz Eduardo Arnold, entre otros. 

Los problemas técnicos que se evidenciaron previamente al tratamiento del proyecto para postergar las elecciones de este año obligaron primero a unos 20 minutos en los que se trató de solucionar la cuestión, y finalmente se decidió ir directamente a la votación: en un tema en el que había mayoritariamente coincidencias, se concluyó que no tenía sentido enfrascarse en un debate complicado además por los inconvenientes técnicos.

Igual, no había muchos oradores previstos. Estaban anotados la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, junto a los oficialistas Mario País y Ana Almirón, quien cerraría el debate. Por la oposición estaban anotados solo Luis Naidenoff y Juan Carlos Romero.

Precisamente este último fue el único que se mostró en desacuerdo antes de votar con que se hubiera resuelto saltear el debate. Y luego fue uno de los tres votos en contra que tuvo esa ley -los otros fueron los de la neuquina Lucila Crexell y el catamarqueño Oscar Castillo-. “Yo no estoy de acuerdo con cambiar las reglas. Ya bastante nos cercenaron la palabra estos días…”, se quejó antes de la votación, y cuando la presidenta provisional del Cuerpo, Claudia Ledesma Abdala, le dijo que la mayoría acababa de votar a favor de la propuesta, el salteño aclaró que “no acaba de votar nada, porque levantar la mano así, con 24 o 30 pantallas, no es una votación. De todos modos, expreso mi disgusto y, obviamente, mi voto en contra. Voy a insertar mis palabras”.

Ya concluida la sesión, Romero no se privó de expresar las razones de su desacuerdo. “Un supuesto problema técnico que curiosamente se solucionó al momento de la votación, suprimió el debate sobre el arreglo que armaron para postergar las elecciones. Es vergonzoso”, sostuvo, y agregó que “nos piden elegir entre salud o seguridad jurídica. Argentina estuvo en el lugar 20 de Naciones con mayor mortalidad por coronavirus al cierre de 2020, la 12º Nación con más positivos confirmados, pese a que solo es el 32º país por población total. Se trata de cifras mucho más graves que las sufridas por otros países que han optado por modelos de restricciones notablemente más flexibles. Ya hace un año levantan la bandera de la salud por sobre la economía, claro está, no han logrado mantener a flote ninguna de las dos”.

“No quisieron que hablara nadie que se opusiera al contubernio que se armó para postergar las elecciones”, protestó el senador salteño en referencia al oficialismo.

Romero se manifestó visiblemente indignado al decir que “el Gobierno no ha aprendido nada del pasado y sólo les importa su destino político a expensas del interés general. La postergación que toma como pretexto el agravamiento de la pandemia, carece de todo sustento y disfraza bajo el manto de una hipócrita protección de la salud, el interés del Gobierno en aplazar el máximo posible la cita electoral a fin de mejorar sus chances. Con la excusa del coronavirus prefieren violentar el régimen electoral, para poder mostrar al ciudadano algo mejor de la ya pésima gestión. Todo lo contrario de lo que debe inspirar la toma de decisiones gubernamentales”.

Por 38 votos a favor y 26 en contra, el oficialismo logró imponer su mayoría en el Senado para aprobar el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo nacional que reglamenta diferentes medidas sanitarias para mitigar la segunda ola de contagios.

Fue en el marco de un breve debate que fue abierto desde la oposición por el senador salteño Juan Carlos Romero, quien cuestionó y rechazó el DNU puesto en debate al considerar “una exageración esta prórroga”, recordando que el decreto con restricciones “se emitió 24 veces, para prorrogar las medidas de encierro”, algo que consideró “absolutamente exagerado”.

Para el senador del Peronismo Federal, “no se cumple con los requisitos y las limitaciones que la Constitución establece”, advirtiendo que con esta disposición “el Poder Ejecutivo Nacional avanza sobre la educación y se violan absolutamente los principios de autonomía de las provincias”.

El plato fuerte del debate correspondió al representante del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, quien dedicó su exposición a fustigar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Lo hizo al señalar que frente a un decreto impulsado en el marco de las “medidas urgentes que hay que tomar sin demora” en plena pandemia, “hay un jefe de Gobierno que lanzó su campaña a presidente y entendió que era parte de su campaña quedar bien con los anticuarentenas, los antivacunas, con los libertarios, y empezó a hacerse el más flexibilizador, creyendo -en mi opinión equivocadamente- que con esto le iba a rendir mejor electoralmente”.

“No tengo la menor duda de que esto fue lo que empujó al jefe de Gobierno de la Ciudad a ir separándose de la estrategia común que llevaba adelante la mayoría de las jurisdicciones”, apuntó.

Para Recalde, esta diferenciación de parte de Rodríguez Larreta con el Gobierno nacional comenzó a darse a principios de año, con lo que definió como “el anuncio marketinero y ventajero sin tener ninguna condición preparada, sin tener medidas establecidas, sin inversión en infraestructura escolar, para llegar primero con el anuncio de las clases, que por supuesto no pudieron hacerse como se habían anunciado”.

Recalde sostuvo que el jefe de Gobierno “después se fue diferenciando con más medidas”, y citó en ese sentido que justo cuando en la Casa de Gobierno se desarrollaba una reunión de los jefes de Gabinete de la Nación, provincia de Buenos Aires y de CABA, él firmaba con los dirigentes de Juntos por el Cambio “una carta abierta que decía que no iba a aceptar ninguna medida sanitaria, rompiendo el diálogo”.

“Y ahí vino después un decreto para el que no se lo consultó, porque ya habían dicho que no lo iban a cumplir”, agregó el senador kirchnerista, que hizo referencia luego a la apelación por parte de la Ciudad a la Corte Suprema de Justicia.

Recalde afirmó a continuación que “la Ciudad de Buenos Aires evidenció el más rotundo fracaso en la política de atención y combate a la pandemia; es el distrito que tiene los peores indicadores, al que peor le fue. Tiene 402 personas fallecidas cada cien mil habitantes; el que la sigue tiene casi la mitad, y abajo Misiones, con 23 fallecidos cada cien mil. 402 contra 23, y nos quieren dar clases de cómo atender la pandemia… La verdad que les fue muy mal”, remarcó, asegurando que la Ciudad “está en una situación catastrófica; el sistema sanitario está al borde del colapso”.

“¿Qué pasó entonces para que Horacio Rodríguez Larreta, cuando había muchos menos casos aceptó estar un año sin presencialidad en las escuelas, y de golpe empezó a confrontar con el presidente y la desobediencia a una medida muy concreta y puntual: la suspensión de la presencialidad escolar 15 días”, se preguntó.

Recalde leyó después una investigación del Conicet que concluyó que un contexto de alta circulación viral contribuye significativamente a disminuir los contagios y por ende a las internaciones y fallecimientos. Luego citó documentos de revistas internacionales como Nature y The Lancet, que sostuvo afirman que “los cierres de las escuelas son eficaces” en tiempos de pandemia.

Por el contrario, disparó que a Juntos por el Cambio “les agarró el ataque por defender la educación; un ataque repentino que no tuvieron mientras fueron gobierno y que no tienen mientras son gobierno (en la Ciudad) hace 14 años”, afirmando que allí “baja año tras año el presupuesto destinado a la educación, hoy tiene el presupuesto más bajo de toda su historia, y es el distrito que menos porcentaje destina a la educación”.

E insistió: “Les agarró un ataque repentino por defender la presencialidad, cuando Macri se hizo famoso por decir que en la educación pública se cae, es un lugar residual adonde va quien no tiene recursos”.

Recalde concluyó reprochándole al Gobierno porteño haber suspendido las clases presenciales y virtuales los tres días alcanzados por el último decreto del PEN, y no haber mandato tampoco comida a las escuelas esos días.

La réplica opositora

Tras su intervención y antes de pasar a la votación, pidió intervenir la senadora Guadalupe Tagliaferri, por haberse sentido aludida como senadora de la Ciudad. Al planteársele que su intervención solo podía justificarse a través de una cuestión de privilegio, la dirigió al senador Recalde, por considerar que había sido aludida cuando dijo que una senadora había calificado el documento del Conicet como “un panfleto”.

“No se pueden usar este tipo de artimañas; hay que tener disciplina”, se quejó el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, que advirtió que se estaba alterando lo acordado en Labor Parlamentaria, y que Recalde no había sido irrespetuoso. “Es una deslealtad parlamentaria”, concluyó.

Tagliaferri aclaró que sería muy breve, y tras afirmar que nunca había calificado de “panfleto” el documento del Conicet, se manifestó “orgullosa de haber dicho que para nosotros la educación cada día cuenta. Lamento mucho que para todos los senadores sea lo mismo un día más o un día menos”.

Afirmó luego que el presupuesto educativo en la Ciudad había vuelto a aumentar y afirmó que “hay un montón de documentación que manifiesta el daño psicológico y pedagógico que genera no ir a la escuela”.

Concluyó asegurando que en la Ciudad se habían construido 54 escuelas nuevas, y habilitado 10 mil vacantes más, cosa que rechazó a continuación Recalde con otra cuestión de privilegio, en la que sostuvo que muchas de esas direcciones asentadas por el oficialismo porteño como nuevas escuelas “son baldíos”.

Por Carolina Ramos

El Senado aprobó este jueves la declaración de zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva en el departamento de Cushamen, en Chubut, y en El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses. La iniciativa fue presentada recientemente por el chubutense Alfredo Luenzo, sus pares Nancy González y Mario Pais, y los rionegrinos Silvina García Larraburu, Martín Doñate y Alberto Weretilneck.

Si bien el proyecto no formaba parte de la sesión, los bloques llegaron a un acuerdo para incorporarlo sobre tablas, y finalmente se aprobó por unanimidad (59 votos), por lo que ahora resta su tratamiento en la Cámara de Diputados. Pero a pesar del rápido acuerdo alcanzado, el debate tuvo algunos cruces picantes entre senadores del oficialismo y la oposición.

La emergencia será declarada por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo, y “se complementa con la respuesta que está dando el Gobierno nacional”, según explicó el senador Luenzo. “Es un instrumento que le permite al Ejecutivo tener las herramientas legales necesarias para consolidar el primer tramo de respuestas”, precisó el oficialista.

Por unanimidad, en el @SenadoArgentina aprobamos la declaración de Zona de Desastre y Emergencia ambiental, económica, social y productiva en el Departamento de Cushamen en la Provincia del Chubut y en la zona de El Bolsón, Departamento de Bariloche, Provincia de Río Negro pic.twitter.com/Pl1DHngFUj

— Alfredo Luenzo (@SenadorLuenzo) March 25, 2021

Romero, contra los mapuches

Al inicio del debate, el senador Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) advirtió que “estamos atacando las consecuencias y no las causas” y pidió incorporar al proyecto la cuestión de la seguridad. “Se ha instalado una violencia con ocupación de tierras, ataque a personas, quema de edificios, y hay grandes probabilidades de que los incendios a los cuales nos estemos refiriendo hayan sido causados intencionalmente”, denunció.

El salteño alertó que “tanto el gobierno de Chubut como el de Río Negro no tienen control sobre su territorio, y la Nación está haciendo una tolerancia enorme en proteger a los grupos violentos, en no aplicar el imperio de la ley, en que la Justicia no funcione”.

Acto seguido, habló de la supuesta violencia “de quienes se dicen mapuches, porque me consta que la gran mayoría de nuestros hermanos mapuches viven pacíficamente, pero hay sectores de ellos infiltrados por grupos violentos”.

Tiempo después llegó la respuesta de la chubutense Nancy González, quien recordó que “ni bien llegó el ministro de Ambiente (a la zona), lo primero que hizo fue una denuncia penal por los incendios”.

“No voy a permitir que traten a los pueblos originarios como los causales de estos incendios cuando la Justicia está investigando. Nuestros mapuches no son para nada violentos y el pueblo de Chubut tampoco”, se defendió, y remató: “Podemos fallar, pero seguridad tenemos”.

👩🏼‍💻 Les comparto mi intervención en la sesión del día de hoy, donde tratamos la emergencia en zonas patagónicas afectadas por los incendios forestales 👇https://t.co/U13GORq6CX

— Nancy Gonzalez (@nancysgonzalez) March 25, 2021

Del mismo modo, Luenzo se opuso a la propuesta de Romero y pidió trabajar, en cambio, en incorporar los delitos ambientales al Código Penal para llenar el vacío legal hoy existente. “No estigmaticemos a los pueblos. El peor error es que generalicemos. Si hubo incendios intencionales, que se juzgue a los responsables”, dijo, para dar por terminada la discusión.

La recorrida de Gladys González

En otro pasaje del debate, Gladys González, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, comentó que recorrió las zonas afectadas: “Lo que se vivió y se está viviendo es una tragedia”.

“No hablamos solo de bosques nativos ni de plantaciones: hablamos de las viviendas de más de 350 familias que perdieron todo. Se quedaron sin nada, literalmente”, lamentó, y agregó que además “no tienen luz ni agua”, y por eso “necesitan que la ayuda se sostenga en el tiempo”.

La senadora encendió la polémica al expresar que vio “mucho desorden” en la zona, y pidió a los gobiernos en sus distintos niveles que “ordenen la ayuda”. “Hay familias que están construyendo sus viviendas de manera precaria sobre terrenos que no son firmes”, advirtió, al mencionar la posibilidad de derrumbes o aludes con las lluvias.

Nuevamente fue la chubutense González quien recogió el guante. “No se van a construir viviendas sobre terrenos que se van a derrumbar el día de mañana, porque están trabajando con responsabilidad tanto desde el Gobierno nacional como los gobiernos municipales para que esas viviendas tengan seguridad”, retrucó.

Y luego cargó directamente contra la senadora del Pro: “No es ir a la zona, sacarse una foto y volver a Buenos Aires. Es mirar cómo se está trabajando. Nunca los intendentes de la zona ni el Gobierno nacional van a arriesgar vidas”.

Intervino entonces el fueguino Pablo Blanco (UCR), quien salió en defensa de Gladys González. “Ningún senador de nuestro interbloque fue a sacarse una foto. Fue a ver la realidad de lo que estaba sucediendo”, aclaró, y lamentó tener que “soportar opiniones de senadores que creen que el único negocio es la grieta”. “Acá está la necesidad de la gente, nadie quiere sacar un rédito político”, acotó.

La ayuda del Gobierno nacional

Al defender el proyecto, Luenzo hizo un repaso por la asistencia brindada desde el Gobierno nacional, con “una inversión de casi 700 millones de pesos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con tres aviones hidrantes, tres helicópteros, cuatro autobombas y brigadistas de toda la Argentina”.

También mencionó el Programa “Casa Propia-Construir Futuro” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para “la adquisición de 350 viviendas precarias o de rápida ejecución para las familias que se han quedado en la calle y con lo puesto”. Y habló de “170 millones de pesos del Ministerio de Obras Públicas para la reconstrucción de las redes de agua potable y energía”.

Por último, informó que la ANSES dispuso que en Cushamen las jubilaciones y pensiones no contributivas de hasta dos haberes mínimos recibirán medio haber mínimo extra, y se duplicará por un mes el monto de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, lo que hace a una erogación total de 52 millones de pesos.

Qué dice el proyecto aprobado

La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.

También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.

Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.

Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado ratificó este miércoles a sus autoridades en una reunión remota. Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba) continuará como presidente, Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires) como vicepresidente y Juan Carlos Romero (Interbloque Federal-Salta) como secretario.

💻Quedan ratificadas las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con @CaserioCarlos como presidente, @estebanbullrich como vicepresidente y @RomeroxSalta como secretario

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) March 17, 2021

Caserio inauguró el encuentro al agradecer “porque estamos en una comisión muy significativa. Hemos tenido un año complicado por la pandemia, pero hemos cumplido. Les agradezco a todos los senadores y senadoras el apoyo permanente. Pudimos debatir, discutir, defendiendo ideas”. 

Luego, se refirió al plan de trabajo: “Seguiremos haciéndolo con el formato establecido hasta el momento, en tanto y en cuanto así lo estipula la situación por todos conocida, que va a ser por videoconferencia”.

“Tuvimos una actividad intensa el año pasado. Hemos resuelto y hemos definido muchas leyes. No nos quedan leyes con dictamen de comisión que estén para tratarse en la cámara”, agregó el presidente de la comisión.

Bullrich también tomó la palabra para agradecer y augurar “un año importante para esta comisión, porque creemos con el interbloque de Juntos por el Cambio que el tema económico, el tema de creación de empleo, de reactivación económica, la modificación y reducción de impuestos, todo el tema de la reactivación laboral tiene que ser parte de la agenda de trabajo permanente”.

Varios senadores pidieron la palabra para ratificar a las autoridades y ponderar el trabajo del año anterior, entre ellos Beatriz Mirkin, que agregó que "lo que tenemos que renovar en las elecciones este año es tanto lo electoral como lo que requiere el Senado porque esa es nuestra responsabilidad”.

Antonio Rodas destacó que “esta comisión es puntualmente la más importante del senado, en el cual indudablemente pasa transversalmente todas las inquietudes del poder ejecutivo y de las distintas comisiones y por consiguiente la tarea que tenemos por delante es colosal y depende de nosotros".

La Comisión de Presupuesto y Hacienda se suma entonces a la lista de comisiones del Senado que ya han ratificado a sus autoridades de cara al año legislativo. Es la sexta que lo hace esta semana y la segunda del día, ya que horas antes se reunió Trabajo y Previsión Social.

El miércoles 27 de enero falleció Ángel Torres, histórico exsecretario del exgobernador de Salta y actual senador Juan Carlos Romero, rol que lo convirtió en figura relevante de la política en esa provincia.

Tras una extensa carrera en el Senado de la Nación llegó a desempeñarse como prosecretario de Coordinación Operativa. La tarea legislativa lo llevó a establecer fuertes vínculos políticos con dirigentes nacionales como Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Miguel Pichetto y otros senadores del peronismo federal.

En el comienzo de la sesión de este jueves se le rindió un homenaje, y se realizó un minuto de silencio por su deceso y el de otras figuras como José Pampuro y Raúl Baglini.

El jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, lo definió como "un hombre consecuente con sus convicciones a lo largo de toda la vida". "Fue un amigo solidario, solícito, a quien sin dudas vamos a extrañar. La política sin duda pierde a un gran actor", expresó el macrista.

Por su parte, el titular del interbloque Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero, lo calificó como "justicialista, colaborador, amigo, compañero de la política" que "se incorporó de muy joven a la política" e "ingresó al Senado con la democracia, en 1983".

"Yo lo conocí cuando vine pro primera vez a esta casa, en el '86", contó y repasó los cargos que Torres ocupó durante su vida, entre ellos fue "comisionado de la Gobernación (de Salta), desempeñando distintas tareas".

Romero destacó "la promoción que hizo siempre de la participación en la política de los jóvenes" y "la sensibilidad social" con la que "desarrolló programas sociales en la provincia de Salta con mucho éxito".

Asimismo, el senador salteño aseveró que el rol de prosecretario "lo desempeñó con mucha idoneidad" y era "un dirigente político cabal, con una profunda convicción justicialista, republicana, federal".

"Un funcionario correcto, un amigo cordial de larga data y una persona que brindó todo de sí en cada puesto que le tocó ocupar", concluyó el legislador.

El pasado miércoles por la tarde falleció Ángel Torres, histórico exsecretario del gobernador de Salta Juan Carlos Romero, rol que lo convirtió en figura relevante de la política salteña. 

Tras una extensa carrera en el Senado de la Nación llegó a desempeñarse como prosecretario de Coordinación Operativa. La tarea legislativa lo llevó a establecer fuertes vínculos políticos con dirigentes nacionales como Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Miguel Pichetto y con los senadores del peronismo federal. 

Político con mirada nacional -y con numerosos viajes al exterior- logró convertirse en un intérprete afinado del proyecto puesto en marcha en 1995. Su perfil era el de un artesano de acuerdos políticos en los que hacía valer su seriedad, su firmeza y su espíritu componedor. Como secretario de Juan Carlos Romero todas esas condiciones personales y políticas lo convirtieron en una pieza clave. 

Según el Tribuno de Salta, quienes participaron del gobierno de Romero describen a Torres como “el mejor intérprete de su pensamiento y de su proyecto”. Aunque se definía orgullosamente como “operador”, exministros y exsecretarios consideran que era quien escuchaba los objetivos, aportaba su mirada y luego se hacía cargo de transmitirlos y movilizar (y acicatear) al gabinete, y poner en práctica decisiones no siempre simpáticas. 

“Las provincias imponen a los gobiernos el desafío de incrementar sus economías locales en un país pobre. Nosotros nos propusimos hacer viable a la provincia, y creo que lo logramos”, solía evaluar Ángel Torres al hablar de esos doce años de experiencia de gobierno. “Había un proyecto basado en la realidad social, en valores políticos y en las perspectivas de futuro”. 

Luego del gobierno de Romero, Torres mantuvo su vínculo personal con Juan Manuel Urtubey y Fernando Yarade. Además, multiplicó sus actividades tratando de fortalecer al peronismo federal y fue un firme colaborador de Miguel Pichetto en su candidatura a vicepresidente acompañando a Mauricio Macri en 2019. 

El senador salteño Juan Carlos Romero argumentó su voto en contra del Presupuesto 2021, el cual consideró "tiene un sesgo general demasiado estatista", y fustigó a la Cámara de Diputados por la creación de nuevos impuestos.

El jefe del interbloque Parlamentario Federal señaló que "todas las variables que proclama" el proyecto "centra mucho la recuperación en la fuerza del Estado", cuando "no tenemos Estado potente ni moneda fuerte". Además de haber "un descuido de confiar y alentar la recuperación en la actividad privada".

Para el opositor, el Gobierno "va a tratar de financiarse, como el propio texto lo expresa, con el crecimiento de la emisión monetaria", por lo cual estimó "una inflación superior a la que el Presupuesto señala".

"Ni este Presupuesto, ni la concepción de quienes gobiernan tienen la visión de una estabilidad macroeconómica, creen que el Estado todo lo puede y eso no es así", aseveró y agregó que el plan de gastos y recursos para el próximo año "tiene muchas expresiones de deseo pero muy pocas cosas posibles de lograr".

Por otra parte, Romero cuestionó que "el Presupuesto aumenta la presión tributaria", la cual será del "29%, 30%". "Es muchísimo, estamos por encima de los índices históricos y de los razonables", advirtió.

"No entiendo cómo los senadores permitamos que Diputados nos mande cláusulas con nombre y apellido", resaltó y criticó los "aumentos de nuevos impuestos y la creación de beneficios para particulares".

En ese sentido, mencionó "el nuevo gravamen a los juegos de azar si las empresas son extranjeras, eso sí, para los locales, donde el más emblemático es Cristóbal López, tiene una baja".

"Hubiéramos aprovechado ya que volvía (a la Cámara baja) de terminar con estas cosas, que no tienen sentido, que crean cualquier cosa", completó.

En el marco de una reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el chubutense Mario Pais (FdT), el oficialismo pidió avanzar antes de fin de año con la aprobación de la Cuenta de Inversión 2015, que ya cuenta con dictamen.

Los representantes de Juntos por el Cambio recordaron que se iba a tratar en conjunto con la de 2016, la primera de la gestión de Cambiemos. Sin embargo, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, dijo que discutirá dentro del bloque qué "criterio" fijarán al respecto.

Durante el encuentro, Mayans mencionó que el despacho de la Cuenta de Inversión 2015 estaba firmado y solicitó "si podemos tratarlo en el curso de este mes, porque después no vamos a poder ingresarlo en (sesiones) extraordinarias". Y Pais aseguró que iba a pedir su preferencia en la próxima sesión.

"Habíamos conversado en su momento de que íbamos a ir en paralelo con la de 2015 y 2016", apuntó el diputado Álvaro González (Pro), conectado desde su auto. Entonces el secretario de la comisión confirmó que falta dictaminar, y Pais afirmó que será puesta a consideración de "los nuevos integrantes de la comisión", que el año pasado no intervinieron en su evaluación.

Dejo sentada su alerta el salteño Juan Carlos Romero, quien insistió a Mayans "si está la posibilidad de tratar las dos cuentas, porque tengo miedo que el senador (Oscar) Parrilli que siempre inventa comisiones investigadoras, denuncias intempestivas, termine frustrando esta idea de aprobar las cuentas 2015 y 2016".

El presidente del interbloque Parlamentario Federal, aliado de Juntos por el Cambio, rogó que "se mantenga el criterio de juego de buena fe" de la bicameral y "si una (cuenta) está antes que la otra, o esperemos, o se garantice que van a ser tratadas ambas".

También dirigiéndose a Mayans, el diputado González le preguntó: "¿Vamos a cambiar el criterio que teníamos conversado?". A lo que el formoseño recordó que esa propuesta "la encabezó en su momento (el exsenador Miguel) Pichetto". "No fue un tema ahora conversado por nuestro bloque, que es nuevo -respecto al año pasado-. Tengo que hacer ese tipo de consulta. Vamos a trabajar en el tema para ver cuál es el criterio que se tiene", sentenció Mayans.

Si bien "pueden cambiar el criterio", aceptó Romero, le señaló también que durante el gobierno anterior "no hubo una voluntad de la comisión de trabar o dificultar el tratamiento" de las Cuentas de Inversión 2013 o 2014, del gobierno kirchnerista. Y reiteró que si se busca "dejar las cuentas como rehén para la investigación del senador Parrilli, bueno, que por lo menos lo sepamos".

Por otro lado, Pais informó que desde la Auditoría General de la Nación se pidió una prórroga para la presentación del Plan de Acción Anual 2021, algo que siempre "según usos y costumbres" se hace paralelamente con la presentación del Presupuesto.

Igualmente, el senador reveló que el titular de la AGN, Jesús Rodríguez, ya informó que el PAA fue aprobado por el colegio de auditores el viernes pasado, con lo cual se prevé que esta semana será remitido y dentro de "10 a 15 días" se realizará la presentación formal en el marco de la comisión.

41 a 29, era el resultado cantado previsto para esta sesión según todos los cálculos basados no solo en los últimos resultados en la Cámara alta, sino en las cantidades que hoy representan los dos sectores que conforman el Senado. Pero ya en el inicio de la sesión se verificó que ese resultado no podría ser posible pues había algunas ausencias no previstas.

A las ya confirmadas de antemano de José Alperovich, cuya licencia se prolongó al inicio de la sesión de este jueves hasta fin de año, y de Carlos Menem, que viene faltando desde que se complicó su salud, hace ya algunos meses, se vio de entrada que había que sumar al salteño Juan Carlos Romero. Pasa que al jefe del interbloque Parlamentario Federal se le autorizó justamente este jueves un pedido de licencia por 30 días. Está en España por cuestiones personales, según pudo saberse.

En rigor, el senador aliado de Juntos por el Cambio había pedido autorización para participar de la sesión virtual desde el exterior, pero eso le fue negado pues por protocolo está establecido que los legisladores pueden participar desde sus domicilios o reparticiones públicas, legislaturas o concejos deliberantes. Entonces directamente pidió licencia.

La única mujer ausente es la riojana María Clara del Valle Vega, quien según pudo saberse estuvo ausente en esta sesión por tener síntomas de coronavirus. Este viernes le harán un hisopado.

Así las cosas, a ese 41-29 previsto inicialmente habrá que reducirle dos votos a la oposición.

Mediante una sesión remota, de acuerdo a la metodología que se viene utilizando en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión mantuvo una reunión para definir sus autoridades y la agenda de trabajo para el año en curso. 

En la misma, además de establecer algunas de las temáticas que serán abordadas próximamente como trabajo a distancia o teletrabajo, fueron elegidos los senadores que dirigirán dicha comisión. En consecuencia, el presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión será el senador Alfredo Luenzo (Chubut – Frente de Todos), su vicepresidente Juan Carlos Marino (La Pampa – Cambiemos) y el secretario Guillermo Snopek (Jujuy – Frente de Todos). 

Al respecto, el legislador pampeano manifestó que “es un verdadero orgullo continuar trabajando en esta comisión y, aún más, que mis pares me hayan elegido para el cargo de vicepresidente. Es un reconocimiento a la labor que hemos desarrollado y a los pampeanos. Ya hemos delineado junto a mi equipo algunos de los temas más relevantes a estudiar. Entre los primeros, está la propuesta de declarar el acceso a Internet como derecho humano, que confío será tratada con celeridad”. 

La iniciativa presentada por Marino declara el acceso a Internet como “derecho humano de carácter universal”, por lo que la provisión de dicho servicio deberá ser gratuita para los usuarios en condiciones de vulnerabilidad social o económica. Asimismo, reconoce el carácter de “servicio público esencial y estratégico” de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en relación al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para así garantizar el derecho humano de acceso a Internet. 

En cuanto a la fijación de precios y tarifas del servicio de Internet, estarán a cargo de los licenciatarios de servicios de TIC, pero siempre “velando porque sean justos y razonables”, de modo tal que permitan cubrir los costos de explotación de una prestación eficiente y sostenible y, a la vez, obtener un margen razonable sobre la operación. 

Marino explicó que “es un proyecto que venimos trabajando y consultando hace tiempo y la situación actual de cuarentena lo hace más relevante que nunca. Hoy todo pasa por lo digital: las comunicaciones interpersonales, la consulta con el médico, gran parte de las actividades laborales, el comercio, las transacciones bancarias o incluso las reuniones y sesiones que venimos desarrollando en el Senado. Lo que antes veíamos como algo que facilitaba o hacía más ágil nuestra vida cotidiana hoy se volvió imprescindible y en algunos casos vital”. 

“Quien no tenga acceso a Internet claramente queda en desventaja o al margen de muchos aspectos de la vida en sociedad. Buscamos que esa importancia que posee en la práctica tenga una legislación actualizada que la respalde. No estamos refiriéndonos a un lujo, sino a un derecho humano contemplado por diversos tratados internacionales como, por ejemplo, el llamado Pacto de San José de Costa Rica. Debemos velar porque todos los argentinos puedan tener acceso a este servicio sin importar su condición económico-social, poniendo especial foco en los sectores más vulnerables. La falta de acceso a Internet redunda en una situación de falta de oportunidades que perpetúa y acentúa las situaciones más desfavorables”, finalizó el senador por La Pampa.

La oposición anunció al inicio de la sesión de este miércoles en el Senado que no participará de la votación de proyectos que, según entienden, son ajenos a la pandemia del Covid-19. Así lo adelantaron Luis Naidenoff y Juan Carlos Romero, jefes de los interbloques Juntos por el Cambio y Federal, respectivamente.

Los legisladores anunciaron que estarán ausentes a la hora de votar la ratificación del Convenio 190 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre acoso laboral, y también del proyecto de creación de una comisión bicameral que investigue la relación crediticia entre Vicentin y el Banco Nación.

Con el argumento de que el decreto regulatorio de las sesiones virtuales acotó los temarios a proyectos vinculados a la pandemia, la oposición se retiró de la sesión donde se aprobaron los proyectos de ley de alquileres, educación a distancia y suspensión de las SAS (Sociedades por Acción Simplificada), el pasado 11 de junio.

Solo los senadores Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones) acompañaron la votación, mientras que los interbloques de Naidenoff y Romero se desconectaron de la sesión, y este miércoles anticiparon que volverán a estar ausentes.

Mientras se discutía en la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión sobre los dichos que el periodista "Baby" Etchecopar tuvo contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el senador Juan Carlos Romero pidió no "tener doble estándar" en el Senado.

El salteño se refirió entonces a "la amenaza de violencia física de la senadora por Tucumán del oficialismo contra la senadora Clara Vega", quien forma parte de su interbloque (Parlamentario Federal), y afirmó que "esa agresión no tuvo una disculpa".

Integrante también de la comisión, y presente en la reunión virtual, la tucumana Beatriz Mirkin (FdT) se defendió: "Yo cometí un exabrupto al decirle a otra senadora que si estuviera presente le daría un chirlo, pero a la media hora que eso ocurrió, yo hice un tuit pidiendo disculpas por haber cometido ese exabrupto, dirigiéndome a la senadora Vega".

Al recordar lo sucedido hace casi dos semanas atrás, durante una sesión virtual, Mirkin dijo que después de que los interbloques Juntos por el Cambio y Parlamentario Federal "hicieran llegar una nota a la presidenta de la Banca de la Mujer (Norma Durango)", ella hizo "un nuevo descargo y pedido de excusas a la senadora Vega".

"Una cosa es que me digan que no están de acuerdo con mis posiciones políticas, pero quiero dejar en claro que no le voy a aceptar a la senadora Vega ni a ninguna senadora, ni a ningún senador, que me involucren con el accionar delicuencial de la policía de mi provincia, que ha matado por la espalda a un ciudadano tucumano (en referencia al caso Luis Espinoza). Eso no, hasta ese límite no", sostuvo.

Y, cambiando de tema, cargó contra la radical Silvia Elías de Pérez. "Así también como desde muchos años atrás se dice acá, en mi provincia, y lo dicen representantes por mi provincia, que no son de mi partido, que los peronistas somos delincuentes, ladrones, y eso no lo voy a aceptar. Como no lo acepté de la senadora Elías de Perez, que vive diciendo que somos delincuentes y ladrones. Y yo no me considero delincuente ni ladrona. Entonces quiero que vaya a la Justicia para demostrar que soy delincuente y ladrona".

Retomando sobre el episodio con Vega, la senadora aseguró haber mandado otro descargo a la Presidencia de la Cámara alta. "Cuatro descargos hice al exabrupto que yo misma considere que había cometido. ¿Cuántos descargos más quiere la senadora Vega? Porque nunca vi que alguien se enoje en el Senado y no vaya a trabajar", agregó, en referencia a la posición tomada por la legisladora riojana.

Aludida, Elías de Pérez, que también forma parte de la comisión, le respondió: "Cada vez que yo me he referido a algún hecho de corrupción de alguien que tenga que ver con el gobierno de mi provincia lo he hecho poniendo mi cara, mi firma y yendo a la Justicia a llevar las pruebas de lo que yo decía".

"Si ella se da por aludida de las cosas que tienen que ver con lo demás, yo no tengo culpa de eso", añadió y cuestionó la actitud de "meter a todos en la misma bolsa" o "tratar de involucrar cosas que no corresponden".

Al momento de los discursos de cierre en la sesión informativa de este jueves, donde participó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el senador Juan Carlos Romero aseguró que avanzar con la expropiación de Vicentin "es meternos en un lío, cuando tenemos miles de líos para resolver".

El salteño consideró que con esta medida "se va por el mismo camino de YPF" y advirtió que si con Vicentin se realiza "una cuestión no razonable, no razonada, poco práctica, dentro de cuatro o cinco años estaremos pagando un juicio".

El jefe del interbloque Parlamentario Federal consideró que "gran parte de los problemas de hoy están ocultos atrás del coronavirus, gran parte de los problemas están enmascarados", mientras se desconoce "cómo salimos, cómo reconstruimos el país, cómo seguimos alentando la producción. No es todo ayuda social, que bienvenida sea".

Para el legislador, desde el Gobierno "hay un desbalance entre lo que se dice y lo que se hace". Y, cargando contra el kirchnerismo, dijo: "Esta es la misma gente que nos gobernó antes. No nos olvidemos que, en economía, son ellos los que hablando de 'la mesa de los argentinos', logramos perder 13 millones de cabeza de ganado y cerrar seis mil tambos".

"Tuvimos que importar trigo del extranjero", señaló y opinó que "este el modelo que quieren recrear ahora". "El juicio de YPF: ¿cuánto nos costó la expropiación? Cinco mil millones se pagó cuando el joven inexperto, hoy gobernador de Buenos Aires (en referencia a Axel Kicillof), dijo que los españoles nos iban a tener que pagar. ¡Y ahora tenemos un juicio por 12 mil millones!", continuó.

Romero afirmó que en el país "no hay confianza" y "ni los argentinos quieren invertir con estas muestras de autoritarismo, estas muestras de apropiación de la cosa ajena".

Aunque manifestó que no quiere que Vicentin termine extranjerizada, sostuvo que "hay otros caminos menos gravosos, menos dañinos" y pidió tomar "un camino lógico".

Luego de votar en contra del tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley de alquileres y de educación a distancia, el jefe del Interbloque Federal, Juan Carlos Romero, advirtió que "uno de los objetivos de un sector del oficialismo es ir armando un entramado que termine con un gran velo de impunidad, por eso no queremos tratar leyes que no correspondan".

El salteño consideró que existe "una tentación" por parte del bloque Frente de Todos de "incorporar temas que no corresponden a la pandemia, violar el acuerdo". "El decreto de la Presidencia del Senado era muy claro: prevé sesiones remotas para aquellas leyes vinculadas con la emergencia sanitaria", señaló.

Aunque dijo que no le quería restar "importancia" a los temas que no se pudieron debatir este jueves, el legislador apuntó que algunos puntos del temario no tenían "nada que ver con la pandemia".

"No debemos enojarnos si no queremos tratar temas hoy que no estén vinculados a la pandemia, porque hay un acuerdo y debemos respetarlo", insistió y continuó: "Veo en muchas medidas una voluntad revanchista del oficialismo. No hay voluntad de acordar temas, de escuchar al que piensa distinto".

Romero cargó contra el oficialismo al expresar que "quienes están hoy en el Gobierno han generado desde hace años una grieta en Argentina, y esa grieta dividió al país". "Yo no quisiera que para sectores de este Gobierno siga habiendo enemigos perfectos", lanzó y mencionó al "campo, los medios, los periodistas, los jueces".

También afirmó que rechazaba la intención de "votar una ley castigo", en referencia al impuesto a las grandes fortunas, y cuestionó: "Estamos peleando con un enemigo invisible, pero también tenemos un plan económico invisible".

Romero aseguró que hay leyes que quiere que se den "en un debate a futuro en el Congreso" y subrayó que "el debate a distancia no es para tratar la reforma judicial, para ampliar el número de la Corte; son temas tan delicados que no se pueden imponer".

La senadora riojana Clara Vega se manifestó preocupada por las consecuencias de la continuidad de la cuarentena en el plano económico. Al respecto, manifestó “la Argentina no está analizando la película completa. Nos quedamos con la imagen de las miles de víctimas de Covid-19 en los países de Europa, pero no estamos viendo que la Unión Europea ya está proponiendo una especie de nuevo Plan Marshall que inyectaría entre 700.000 y un 1,5 billones de euros, destinando mayores cantidades a los países más afectados”.

Por todo ello, junto a los senadores Juan Carlos Romero y Guadalupe Tagliaferri, Vega presentó un proyecto en el Senado para impulsar un Plan Nacional de Unidad y Reconstrucción con el objetivo de “articular la información y lograr los consensos necesarios con los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales y entidades de los sectores económicos, laborales y sociales, para construir un plan de acción estratégico que optimice todos los esfuerzos”.

Esta propuesta incluye la creación de un Consejo Consultivo Federal y Multidisciplinar, dentro de la órbita de la Administración Pública descentralizada, para el abordaje conjunto de la emergencia sanitaria, económica y social. “Es fundamental que este Consejo sea integral, participativo y federal, con el fin último de salvaguardar la salud y el bienestar de todos los argentinos y dar respuestas efectivas a la crisis económica y social”, explicó Vega.

En este orden de ideas, la senadora reflexionó “en Argentina el Congreso cerró sus puertas y en países como España siguió trabajando”. “Al igual que Cayetana Álvarez de Toledo, considero que la verdadera mesa de reconstrucción debe darse en el Congreso y que, en la crisis, es fácil hacer demagogia o pagar a consultoras para medir imagen desconociendo que el Estado no posee una caja infinita”, agregó.

“Hoy más que nunca necesitamos un discurso responsable y realista, tenemos que decir la verdad, poniendo sobre la mesa la naturaleza y la profundidad de la crisis. Somos un país que ya estaba quebrado antes del Coronavirus y, luego de un mes y medio de cuarentena, podemos decir que asistiremos a una debacle económica nunca antes vista, con economías totalmente paralizadas y pérdida de muchas fuentes de trabajo”.

Para finalizar, Vega concluyó “el único horizonte posible es ir hacia un plan de reconstrucción con verdadero sentido solidario y federal, donde estén presentes todos los sectores capaces de aportar ideas y recursos. No para sacarse una foto, sino para delinear estrategias a corto y largo plazo tomando como base la salud, la República democrática y el desarrollo económico con igualdad”.

Los senadores nacionales Juan Carlos Romero (Salta) y Clara Vega (La Rioja), integrantes del Interbloque Federal, remitieron una nota a la vicepresidenta Cristina Kirchner para solicitar que se sesione en el recinto de la Cámara de Diputados a fines de “garantizar la institucionalidad del país”.

“En medio de la crisis sanitaria y económica que atraviesa la Argentina, el pueblo requiere que sus representantes debatan y lleguen a las mejores políticas para transitar esta difícil coyuntura”, señala la carta.

“La Constitución Nacional fija con claridad absoluta el derecho y la responsabilidad de sesionar en el marco institucional que la democracia demanda”, y “no existe ni gravedad ni incertidumbre que impida sesionar en esta oportunidad” siempre y cuando se respeten todas las medidas preventivas y de distanciamiento social, agregaron.

En esa dirección, los senadores propusieron que “las sesiones que sean necesarias realizar requerirán que la Cámara de Diputados ceda el uso de su recinto al Senado, dado que por sus dimensiones los senadores podrían sesionar allí de manera segura”.

“Las circunstancias nos obligan a buscar soluciones a esta excepcional coyuntura, pero no podemos paralizar un órgano tan fundamental para la democracia y la República. Le pedimos al oficialismo que no se extralimite y comencemos desde ahora a trabajar juntos para ofrecer las mejores respuestas a toda la ciudadanía”, agregaron.

En otro orden, en relación a la presentación que realizó la presidenta del Senado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando aval para sesionar por teleconferencia, manifestaron su desacuerdo porque es “facultad exclusiva y excluyente del Senado darse su propio reglamento conforme lo dispone el artículo 66 de nuestra Constitución Nacional”.

Los senadores del Interbloque Federal Juan Carlos Romero (Salta), Clara Vega (La Rioja), Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Reutemann (Santa Fe) pidieron que se convoque al Senado para "trabajar en todos los temas que preocupan a la sociedad" y "no solo en iniciativas que acrecientan la grieta".

Luego que se conociera la noticia de que la vicepresidenta Cristina Kirchner pedirá a la Corte Suprema, a través de Graciana Peñafort, un aval para garantizar la legalidad de una eventual norma sobre un impuesto extraordinario a las riquezas que se sancione virtualmente, los legisladores que representan fuerzas provinciales cuestionaron el parate en la Cámara alta.

Al respecto, manifestaron su preocupación porque, en medio de la emergencia que vive el país, “resulta poco serio que el Senado esté paralizado y las comisiones no se reúnan para tratar estos y otros proyectos presentados”. Y remarcaron que “en la Cámara alta la mayoría de las comisiones no se habían terminado de conformar previo al aislamiento”.

“Muy por el contrario, Diputados viene utilizando esta modalidad virtual para la realización de reuniones de comisiones y de bloques; incluso (Sergio) Massa convocó a una reunión de jefes de bloques, por lo que continúan en actividad pese a la cuarentena”, compararon los senadores.

Sobre la intención de la vicepresidenta, sostuvieron: “Repentinamente quieren forzar una sesión por teleconferencia solo para evitar presentaciones futuras en contra del impuesto a los grandes capitales ideado por Máximo Kirchner. Una iniciativa que solo agranda la grieta y no ayuda en nada a respaldar el camino tomado por el presidente para combatir esta pandemia”.

“Estos sectores, lejos de ser atacados, tienen que estar fortalecidos para realizar inversiones y contribuir a poner al país de pie nuevamente, luego de una crisis que ya existía y se terminó de profundizar por esta emergencia global”, consideraron.

Además, enfatizaron que “desde el inicio venimos apoyando al presidente Alberto Fernández en las medidas extraordinarias que tuvo que tomar por decreto para contener la crisis sanitaria y económica, pero también le pedimos al oficialismo que no se extralimiten y comiencen a convocar al Congreso para debatir las políticas que implementaremos a futuro”.

“En países mucho más complicados que nosotros con respecto al avance del Covid 19, como Estados Unidos o España, el Parlamento continuó en sus funciones para acompañar la contingencia”, señalaron.

Para finalizar, los senadores concluyeron: “El Congreso se debe abrir para tratar los temas que le interesan a la ciudadanía y dar respuestas en esta situación completamente sensible para el país. Son momentos para estar todos unidos y evitar que la democracia y la institucionalidad queden sumidas a una eterna cuarentena”.

A diferencia de los diputados, los senadores no recibirán el subsidio de 100.000 pesos para aportar a la lucha contra la pandemia. El beneficio otorgado por Sergio Massa esta semana no fue replicado en la Cámara alta. Por esa razón, un senador decidió donar parte de su dieta a la causa del coronavirus.

Se trata del exgobernador Juan Carlos Romero, quien anunció que aportará ese monto de su propio sueldo al laboratorio de su provincia que realizará el test del coronavirus en su provincia.

En el Senado no se adjudicó ningun monto extra por lo que he decidido donar de mi dieta ese monto para el laboratorio salteño que hará la detección del coronavirus. #Salta

— Juan Carlos Romero (@RomeroxSalta) March 19, 2020

“El monto de 100.000 pesos que recibieron los siete diputados nacionales por Salta para otorgar subsidios debería haber sido donado en la provincia, ya sea al sistema de salud o al laboratorio que realizará los controles”, manifestó Romero a través de Twitter.

El senador del Interbloque Federal agregó: “En el Senado no se adjudicó ningún monto extra, por lo que he decidido donar de mi dieta ese monto para el laboratorio salteño que hará la detección del coronavirus”.

Según se informó, el Instituto Malbrán comenzará a capacitar a laboratorios de distintas provincias para que puedan realizar el test de detección del coronavirus, con el fin de descentralizar la tarea.