En medio de la tensión creciente entre los gobernadores y el Gobierno nacional por la retención de fondos coparticipables y el uso discrecional de los recursos públicos, el diputado nacional por Córdoba Juan Fernando Brügge presentó una iniciativa legislativa que busca poner un freno a lo que califica como “desviaciones peligrosas del Poder Ejecutivo Nacional en materia presupuestaria”.

El proyecto, propone la modificación del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera para limitar de manera estricta la vigencia de los presupuestos reconducidos. Según la propuesta, si al inicio del ejercicio financiero no se encuentra aprobado el presupuesto general, solo podrá regir —de manera excepcional— el del año anterior, por un único período y sin posibilidad de prórrogas. Vencido ese plazo, el Estado nacional deberá restringirse exclusivamente a gastos en seguridad, defensa, salud y educación.

“El presupuesto es uno de los pilares de la República. Su manipulación discrecional pone en riesgo la credibilidad institucional, el equilibrio federal y la vigencia misma del Estado de Derecho”, enfatizó Brügge en los fundamentos de su propuesta, a la vez que advirtió que la actual interpretación de la ley habilita prórrogas indefinidas del presupuesto sin debate ni aprobación legislativa, lo que calificó como inconstitucional.

Un límite claro al Ejecutivo

En un mensaje directo al oficialismo, el legislador cordobés apuntó contra la reciente decisión del Gobierno de modificar por decreto el presupuesto 2024, sin discusión parlamentaria. Para Brügge, esto configura un “atropello a las competencias del Congreso Nacional y debilita la transparencia democrática”.

“El Ejecutivo no puede seguir gobernando con presupuestos vencidos indefinidamente, ni reasignar partidas a su antojo. Hay una Constitución, hay principios básicos del federalismo y hay responsabilidades institucionales que deben respetarse”, sostuvo.

La iniciativa va más allá de una modificación técnica. Establece que cualquier gasto dispuesto por fuera de los límites fijados será nulo de nulidad absoluta y que tanto el Presidente como los ministros y el jefe de Gabinete que suscriban los actos serán civil y penalmente responsables, debiendo el Estado reclamar el reintegro de los recursos comprometidos ilegalmente.

Contexto de conflicto con las provincias

La presentación del proyecto se da en un contexto de máxima tensión política. Los gobernadores reclaman que el Gobierno nacional retiene partidas que les corresponden por ley, mientras el Ejecutivo central se ampara en la prórroga del presupuesto 2023 para administrar discrecionalmente los recursos del Estado.

Brügge remarcó que la ausencia de un presupuesto actualizado afecta la planificación, la inversión pública y el desarrollo territorial, generando mayor desigualdad e incertidumbre social.

“El Congreso tiene la obligación de devolverle al país previsibilidad institucional. No se puede gobernar por decreto ni administrar los recursos públicos como si fueran propios. Estamos hablando de plata de los argentinos, de las provincias, de los municipios, de los hospitales, de las escuelas”, sentenció el diputado.

Comparación con modelos internacionales

El legislador incluyó en su iniciativa un análisis comparativo con otros países que enfrentan situaciones similares. En Estados Unidos, por ejemplo, si no se aprueba el presupuesto, se produce un shutdown o parálisis de la administración pública. En Alemania, México y España, las prórrogas presupuestarias están acotadas a pocos meses y bajo fuertes restricciones legales. En todos los casos, los Estados democráticos priorizan el debate legislativo y la legitimación parlamentaria del gasto público.

Responsabilidad y transparencia

Finalmente, Brügge recalcó que el objetivo de su proyecto es garantizar que cada peso del Estado tenga origen, destino y control legislativo. “El principio republicano exige que los funcionarios rindan cuentas. No podemos seguir naturalizando la ilegalidad ni la falta de control. Este proyecto es una herramienta para devolverle a la ciudadanía confianza en el sistema y en sus instituciones”.

De ser aprobado, el proyecto entraría en vigencia inmediatamente y aplicaría al ejercicio financiero en curso, sentando un precedente que podría cambiar radicalmente la forma en que se manejan los recursos del Estado en la Argentina.

Con esta presentación, Juan Fernando Brügge se posiciona como una de las voces más firmes en defensa del equilibrio entre poderes y la reconstrucción institucional del país en un año signado por el ajuste, la crisis y el debilitamiento del federalismo.

El Gobierno logró frenar la sesión especial solicitada para este martes en Diputados que tenía como objetivo darle tratamiento al dictamen que busca reformar la Ley 26122 de DNU. Al respecto, el diputado nacional Juan Fernando Brügge del bloque Encuentro Federal –uno de los espacios que pidió la sesión- explicó los motivos que llevaron a pedir la postergación del encuentro para la próxima semana.

En diálogo por DTV, Brügge manifestó: “Somos los promotores de esta sesión especial y estamos justamente con despacho de mayoría para modificar la Ley 26.122 que es inconstitucional y produce un desequilibrio en lo que es la división de poderes”.

“Estábamos dispuestos para sesionar, pero aparentemente los otros bloques que también han firmado el pedido no cuentan con algunos de sus legisladores que no han podido venir”, detalló y sumó: “Se va a pedir una postergación de la sesión especial para la semana que viene y veremos si se junta el quórum para darle tratamiento”.

El cordobés planteó que “este es el juego de la democracia”, y respaldó: “Entendemos que la modificación de la ley es muy necesaria. No solo por los antecedentes que hay, sino porque en un esquema de equilibrio y de respeto por las libertades de las personas”.

“Las reglas en la democracia tienen que ser claras y, si no nos adecuamos al esquema de división de poderes que establece la Constitución, van a ser los jueces quienes en definitiva van a tener que resolver y se va a judicializar la política lo cual no es bueno para el refuerzo de las instituciones ni tampoco es una buena imagen para dentro y fuera del país”, consideró.

El diputado de EF justificó: “El Pro adelantó que no iba a dar quórum, la LLA tampoco, parte del radicalismo aliado al Gobierno de la mano de De Loredo tampoco iba a dar quórum por lo tanto recaía sobre UP, Encuentro Federal, el FIT y la Democracia para Siempre y otros parlamentarios provinciales”.

Brügge sostuvo que “ha habido casos de ausencias que no han podido estar presente por lo que el quórum estaba ajustado y por eso pedimos la postergación para la semana que viene. Quienes no pudieron estar por diferentes motivos estén y así avanzar con el quórum propio y dar el debate”.

“El Parlamento es para debatir. Esto del quórum o no quórum es una mala práctica que venimos arrastrando de varios periodos legislativos que nada bien le hacen al país”, criticó.

A fin de proteger la integridad y privacidad de las personas frente al avance tecnológico, el diputado nacional Juan Fernando Brügge (HCF) presentó un proyecto de ley que busca penalizar el uso no autorizado de imágenes personales mediante tecnología de inteligencia artificial.

El proyecto se enmarca en la creciente preocupación global por el fenómeno de los "deepfakes" y establece sanciones severas para quienes utilicen esta tecnología con fines ofensivos o dañinos.

Según la iniciativa de Brügge se impondrán penas de prisión de cuatro a ocho años para quienes, sin el consentimiento informado y expreso de la persona implicada o de sus herederos, generen o modifiquen videos, audios, rostros de personas, grabaciones de voz y escenarios ficticios con la intención de hacerlos parecer reales, en detrimento de las actividades personales y profesionales de alguna persona humana o jurídica.

Además, se contemplan agravantes si las acciones son cometidas contra menores de edad, personas con discapacidad o en estado de vulnerabilidad, incrementando la escala penal en un quinto en su mínimo y máximo.

El proyecto también especifica que estarán exceptuados de la penalidad aquellos contenidos generados y modificados utilizando técnicas de inteligencia artificial que sean claramente identificados y que tengan fines de interés general, educativo, histórico, científico o cultural, así como parodias y ejercicios del derecho a informar, siempre que se refieran a funcionarios públicos o personas de notoria exposición pública.

En términos específicos, la iniciativa incorpora el artículo 129 bis al Código Penal de la Nación, estableciendo penas de prisión de cuatro a ocho años para quienes utilicen inteligencia artificial para crear, exponer, exhibir, comunicar, distribuir, reproducir, transmitir, comercializar o intercambiar imágenes, audios o videos de índole sexual íntimo de una persona o grupo de personas sin su consentimiento. La pena será de seis a diez años si los afectados son menores de dieciocho años.

Adicionalmente, se propone la incorporación del artículo 157 ter al Código Penal, que establece penas de prisión de dos a cuatro años para quienes supriman, oculten o editen el aviso claro y visible de que un contenido ha sido generado o modificado utilizando inteligencia artificial.

Brügge argumentó que “la rápida evolución de la inteligencia artificial ha generado nuevos desafíos para la humanidad, convirtiéndose en una herramienta tanto útil como potencialmente dañina”, y explicó que el fenómeno de los "deepfakes" permite la creación de contenidos audiovisuales manipulados que pueden desinformar y dañar la imagen y reputación de las personas.

El proyecto de ley también se alinea con iniciativas legislativas en otros países de América Latina, como Brasil, México y Colombia, que han comenzado a trabajar en regulaciones para penalizar el uso indebido de "deepfakes". Estas iniciativas buscan proteger la integridad de las instituciones y los derechos de las personas frente a la manipulación digital.

El diputado nacional por Córdoba Juan Fernando Brügge (Hacemos Coalición Federal) presentó un proyecto de ley para que se incorpore el artículo 41 al Código Penal de la Nación para que cuando la víctima de alguno de los delitos previstos tuviese la condición de periodista o integrante técnico o auxiliar de un equipo periodístico, y el hecho ocurriera con motivo del ejercicio de sus funciones, la escala penal correspondiente aplicable se incrementará en un tercio del mínimo y máximo.

El cordobés fundamentó que el objeto de su iniciativa busca “resguardar la actividad de los periodistas y personal de los equipos periodísticos en el ejercicio de sus funciones, en razón del estado de vulnerabilidad que el ejercicio de su profesión y trabajo, los coloca en oportunidad de cubrir eventos, sucesos o efectuar investigaciones periodísticas”.

Además, enumeró los casos donde periodistas de distintos medios fueron agredidos y, de acuerdo a un informe realizado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en el 2023 se produjeron 61 ataques contra la prensa, puntualizando que “los ataques a la integridad (que incluyen agresiones físicas, amenazas e inseguridad en las coberturas) fueron el tipo de incidentes más frecuentes con el 36,75 % de los casos”.

Al respecto, se refiere a los incidentes ocurridos en las afueras del Congreso de la Nación durante el tratamiento de la ley Bases en el Senado el miércoles donde un móvil de la empresa periodística Cadena 3 fue incendiado.

“Ante tan evidente situación de desprotección, se torna necesario modificar el Código Penal de la Nación a fin de brindar la tutela jurídica que los periodistas y equipos periodísticos de nuestro país ameritan frente a la situación de ser víctimas de delitos con motivo del ejercicio de sus funciones, en especial cuando el mismo ocurre en la vía pública, y que significa, en los hechos, una forma de censura a la libertad de prensa, y de la actividad de informar y comunicar a la opinión pública sobre los hechos de la realidad”, ratifica.