En medio de la tensión con el Pro por la presentación judicial para impugnar las designaciones, Pamela Calletti, Juan Ignacio Forlón y Rita Almada juraron este lunes como nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Tras dos períodos sin completar los cargos en el órgano de control estatal, el Colegio recupera el quórum y podrá avanzar en la normalización de su funcionamiento.

La aprobación de los nuevos auditores ocurrió la madrugada el jueves en el recinto de la Cámara de Diputados, donde Unión por la Patria, La Libertad Avanza, Independencia -bloque que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo-, Elijo Catamarca -Raúl Jalil- e Innovación Federal -Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua- votaron a favor de la moción propuesta por Gabriel Bornoroni, jefe de bancada del oficialismo.

Esto despertó el enojo de Cristian Ritondo, jefe de bloque Pro, quien planteó ante la Justicia que las designaciones son nulas porque vulneraron el debido proceso parlamentario y el principio de legalidad. Además de su bancada, la Coalición Cívica, los radicales, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda abandonaron el recinto en repudio al acuerdo entre el Gobierno y el peronismo.

La jura de los tres designados fue en la sesión extraordinaria del Colegio de Auditores encabezada por el presidente Juan Manuel Olmos. Una vez que se efectuó la ceremonia de iniciación, la Auditoría recuperó el quórum ya que cuenta con cuatro de los siete integrantes. El mandato de los nuevos auditores estará vigente hasta 2033.

La AGN estaba paralizada ya que habían vencido los mandatos de los representantes de la Cámara de Diputados en marzo de 2024 y de los representantes del Senado en abril de este año. Con la jura de los Forlón, Calletti y Almada, resta la elección de los representantes por la Cámara alta. El 11 de febrero será la primera sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales.

La disputa política entre el Pro y La Libertad Avanza sumó un nuevo y fuerte capítulo con la presentación de un amparo judicial para frenar la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobadas por la Cámara de Diputados en una sesión que se extendió hasta la madrugada del jueves pasado.

La acción fue promovida por el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien solicitó a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución mediante la cual se avaló la terna de auditores integrada por Rita Mónica Almada, propuesta por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, vinculado políticamente al kirchnerismo; y la exdiputada salteña Pamela Calletti, por Innovación Federal.

En la presentación, el legislador cuestiona de manera central el procedimiento utilizado para avanzar con las designaciones. Sostiene que el tema fue incorporado de manera sorpresiva, cerca de las tres de la mañana, y que no formaba parte del temario habilitado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias, lo que —según remarca— constituye una violación directa de la Constitución Nacional.

El escrito también apunta a la ausencia de los pasos formales básicos: no hubo dictamen previo de comisión, ni debate parlamentario, ni pedido expreso de apartamiento del reglamento. Para el Pro, la votación se realizó “sin publicidad ni transparencia”, en un contexto que torna el acto “nulo de nulidad absoluta”.

Ritondo advirtió además que lo ocurrido no solo afectó los derechos políticos de los diputados, sino que impacta de lleno en el funcionamiento de un órgano clave del sistema institucional. “La AGN no es una dependencia administrativa del Congreso, sino un órgano constitucional de control externo”, sostiene el amparo, al tiempo que alerta sobre el riesgo de alterar el equilibrio entre oficialismo y oposición que debe regir su integración.

En ese marco, el Pro solicitó una medida cautelar urgente para impedir que los auditores designados asuman o ejerzan funciones hasta tanto exista una sentencia definitiva, y reclamó que se restituya la situación institucional previa al acto cuestionado.

Más allá del planteo jurídico, la decisión expone el quiebre político entre el Pro y La Libertad Avanza. En el macrismo interpretan que la conformación de la AGN respondió a un acuerdo entre el oficialismo libertario y sectores del kirchnerismo, con el aval del presidente de la Cámara, Martín Menem, lo que terminó por dinamitar los entendimientos previos dentro del espacio opositor.

En su descargo, Ritondo aclaró que el amparo no apunta contra los nombres propuestos, sino contra el mecanismo utilizado. Subrayó que durante las sesiones extraordinarias el Congreso no puede incorporar temas por iniciativa propia, ya que la definición del temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. Avanzar por fuera de ese marco, concluyó, “no fortalece el control del Estado, sino que lo debilita”.

Tal cual viene informando desde el fin de semana parlamentario.com, se está caldeando el clima en torno a la designación de auditores para la AGN. Un organismo creado por la Constitución, cuyo objetivo es asistir técnicamente al Parlamento en el control externo del sector público nacional, mediante la realización de auditorías y estudios especiales.

Si bien contra lo que se presumía, la cuestión no será incluida en el temario de la sesión pedida para este miércoles -el oficialismo estaba previendo que la oposición pusiera a consideración las designaciones de dos miembros en Diputados, y en ese marco intentarían imponer una designación por parte de Unión por la Patria (Juan Ignacio Forlón) y otro de Encuentro Federal (Emilio Monzó)-, el problema sigue latente para La Libertad Avanza, que busca designar un auditor propio y no se lo permiten.

En ese marco es que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acaba de presentar un proyecto de ley para reglamentar el funcionamiento Auditoría General de la Nación. Y previsiblemente la parte clave del proyecto está a partir del artículo 18. Sí, la parte referida a la designación de los miembros de la AGN.

Recordemos que en abril del año pasado vencieron los mandatos de Juan Ignacio Forlón, Santiago Estrada y Jesús Rodríguez (estos dos últimos designados por el Pro y la UCR, respectivamente). En su momento, las negociaciones no llegaron a buen puerto en la Cámara baja. El oficialismo, que primero no quería una silla en el organismo y después sí (para Santiago Viola), no logró un acuerdo con sus aliados del Pro y la UCR, que aspiraban a poner uno cada uno.

En esta discusión, el bloque Encuentro Federal siempre fue clave, pues en agosto del año pasado había expresado su apoyo, junto con la Coalición Cívica, al elegido de la UCR, Mario Negri. Y también apoyó el pedido del Pro, en favor de Jorge Triaca. Fue entonces cuando LLA se desentendió del acuerdo original y pidió uno de esos cargos. Mientras tanto, UP reclamaba dos lugares, argumentando que por el número de diputados con que cuentan les corresponde ese número. El tema se define por votación en el recinto, o sea que todo depende de los apoyos.

Ahí es donde entra a tallar el acuerdo alcanzado los últimos días entre Germán Martínez y Miguel Pichetto, para designar a Forlón y Monzó. Contarían con el número suficiente para imponer esas dos designaciones.

La situación complica al oficialismo, que nunca quiso romper con sus aliados por este tema. Ahora el radicalismo quedó prácticamente fuera de la discusión, porque el bloque que conduce Rodrigo de Loredo perdió miembros y hoy solo tiene 14. Pero el Pro sigue ahí, y La Libertad Avanza debe resolver si vuelve a tensar aun más la relación con el partido amarillo, con el que ya se trenzó por ficha limpia y la elección porteña.

Un dato no menor es que los cargos en la AGN son por ocho años, lo cual explica de alguna manera porqué el oficialismo está tan remiso a quedarse sin nada.

En el Senado también están vacantes las auditorías. En este caso desde el 31 de marzo, cuando vencieron los mandatos de Francisco Javier Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Nieva.

El proyecto de Menem

Hechas estas especificaciones, irrumpe en este escenario la iniciativa que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados, que establece que el auditor será designado por acuerdo del Senado de la Nación, de una terna de candidatos. Sí deja claro que debe ser nominado por el presidente del partido político de oposición con mayor número de legisladores, tal cual lo establece el artículo 85 de la constitución. El mismo establece que “el presidente de la AGN es siempre designado a propuesta del principal partido de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”.

Ese mismo artículo establece que “esa designación se realiza mediante resolución de ambas cámaras del Congreso”, lo que plantea la primera de las varias objeciones que despierta el proyecto de Menem. Desde la oposición adelantan que es inconstitucional que se exija acuerdo del Senado, cuando la Carta Magna no lo dice.

Sí establece la CN que ese organismo “se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento”. Y en la actualidad los cargos restantes son designados por las cámaras del Congreso Nacional: 3 por la de Senadores, y 3 por la de Diputados, observando la composición de cada una.

Martín Menem propone en su artículo 25 la designación de 6 auditores auxiliares designados 4 a propuesta del presidente de la Cámara de Diputados y 2 del presidente del Senado.

Esto es, la Cámara alta perdería un miembro, cosa que ese cuerpo no aceptará.

La propuesta determina que Diputados elegirá 3 auditores auxiliares en proporción a los bloques parlamentarios con mayor número de miembros y el cuarto en representación del oficialismo.

En cuanto a los 2 auditores del Senado, serán elegidos en representación de los bloques parlamentarios con mayor número de miembros.

En todos los casos poseerán un mandato de 4 años en su función, con opción a ser reelegidos solo una vez. En la actualidad, el mandato de los auditores es de 8 años.

Con toda la atención del oficialismo puesta en el resultado de las elecciones porteñas -las que más le interesan, al nivel del resultado de las generales del 26 de octubre-, transcurrida esa instancia los ojos volverán esta semana al Congreso de la Nación. Ya no para atender la discusión por ficha limpia, que ya quedó para el próximo año, sino por una bomba de tiempo latente a la que solo ha podido postergar: la definición sobre los miembros de la Auditoría General de la Nación.

No será la única cuestión que se debatirá esta semana, pero sí una de las más urticantes.

El tema está pendiente desde el año pasado, cuando vencieron los mandatos de los elegidos por parte de la Cámara de Diputados y La Libertad Avanza quiso nominar un nombre suyo para ese organismo. Como originalmente se había acordado otra cosa, no quedó más que patear el tema para adelante a la espera de encontrar una solución que nunca apareció. Más bien el tema se complicó aún más cuando vencieron también los mandatos de los representantes del Senado y la AGN quedó en una situación extrema: con un solo miembro: su presidente, el representante del principal partido e la oposición, Juan Manuel Olmos. Los otros seis cargos están vacantes.

Juan Manuel Olmos en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.

El problema para el oficialismo se planteará en la próxima sesión, cuando la oposición busque forzar en la Cámara baja la designación de dos de los miembros, luego de que Unión por la Patria y Encuentro Federal se pusieran de acuerdo. Si Todo Marcha Acorde al Plan (TMAP, según la sigla patentada por Santiago Caputo), la oposición le asestará un duro revés al oficialismo el próximo miércoles.

Según pudo verificar parlamentario.com, tienen los votos. Así las cosas, al oficialismo solo le resta apostar a que no haya quórum. En cuyo caso, solo ganará tiempo.

Mientras tanto, los elegidos por la oposición son el kirchnerista Juan Ignacio Forlón por Unión por la Patria y el diputado Emilio Monzó por Encuentro Federal.

Emilio Monzó podría conseguir un lugar en la AGN.

Una discusión de larga data

Como dijimos, hace rato que no se ponen de acuerdo sobre las designaciones, y el pasado 27 de marzo, al reunirse la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que conduce Miguel Pichetto, se lanzó una intimación. En esa oportunidad, Pichetto recordó que el 31 de marzo sería “la última reunión de la Auditoría con los representantes del Senado”, dado que el mandato de Francisco Javier Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Nieva vencía ese día. Recordemos que los dos primeros fueron designados en nombre de UP y el tercero en representación de la UCR. Pichetto anunció en esa ocasión que acababan de enviarles a los presidentes de ambas cámaras, Victoria Villarruel y Martín Menem, notas reclamándoles poner en marcha el mecanismo correspondiente y convocar a los presidentes de los bloques para definir a los representantes ante la AGN, ya que si no se completa el organismo eligiendo a los auditores que faltan el mismo quedaría acéfalp.

En abril de 2024 vencieron los mandatos de Juan Ignacio Forlón, Santiago Estrada y Jesús Rodríguez (estos dos últimos designados por el Pro y la UCR, respectivamente). Las negociaciones en su momento no llegaron a buen puerto en la Cámara baja. El oficialismo, que primero no quería una silla en el organismo y después sí (para Santiago Viola), no logró un acuerdo con sus aliados del Pro y la UCR, que aspiraban a poner uno cada uno.

En esta discusión, el bloque Encuentro Federal siempre fue clave, pues en agosto del año pasado había expresado su apoyo, junto con la Coalición Cívica, al elegido de la UCR, Mario Negri. Y también apoyó el pedido del Pro, en favor de Jorge Triaca. Fue entonces cuando LLA se desentendió del acuerdo original y pidió uno de esos cargos. A todo esto, las negras también juegan… y UP reclamaba dos lugares, argumentando que por el número de diputados con que cuentan les corresponde ese número. Como sea, el tema se define por votación en el recinto, o sea que todo depende de los apoyos.

Ahí es donde entra a tallar el acuerdo alcanzado los últimos días entre Germán Martínez y Miguel Pichetto, para designar a Forlón y Monzó. Entre ambos espacios suman 111 diputados, pero aseguran contar con una treintena más de votos para rubricar el acuerdo.

Juan Ignacio Forlón podría regresar al organismo donde tuvo un lugar hasta el año pasado.

La situación complica al oficialismo, que nunca quiso romper con sus aliados por este tema. Ahora el radicalismo quedó prácticamente fuera de la discusión, porque el bloque que conduce Rodrigo de Loredo perdió miembros y hoy solo tiene 14. Pero el Pro sigue ahí, y La Libertad Avanza debe resolver si vuelve a tensar aun más la relación con el partido amarillo, con el que ya se trenzó por ficha limpia y, este domingo, en la elección porteña.

Un dato no menor es que los cargos en la AGN son por ocho años, lo cual explica de alguna manera porqué el oficialismo está tan remiso a quedarse sin nada.

Que es lo que sucederá en el Senado, donde Unión por la Patria aspira a retener dos lugares de parte de la Cámara alta y el radicalismo quedarse con el cargo restante. Con solo 6 senadores, ahí LLA no tiene mucho poder de fuego.

En este contexto, con una conformación de la AGN completa, el peronismo podría quedarse con cuatro de los siete lugares, lo que le asegura una mayoría. Se verá.

Qué es la AGN

La Auditoría General de la Nación es un organismo instituido en la órbita del Congreso de la Nación, cuya función es asistir técnicamente al Parlamento en el control externo del sector público nacional, mediante la realización de auditorías y estudios especiales.

Según establece el artículo 85 de la Constitución, el presidente de la AGN es siempre designado a propuesta del principal partido de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Esa designación se realiza mediante resolución de ambas cámaras del Congreso.

Como hemos dicho, 6 de dichos auditores generales son designados por las cámaras del Congreso Nacional: 3 por la de Senadores, y 3 por la de Diputados, observando la composición de cada una.