La doctrina que cae

Por José Luis Ramón. El diputado nacional advierte la necesidad de que el avance de la causa contra los exfuncionarios Juan José Aranguren y Laura Alonso sean “un ejemplo” para que cada caso presentado ante la Justicia pueda realmente seguir un camino legal.

Para sorpresa de más de uno, el juez Luis Aldo Rodríguez dio a lugar a las denuncias iniciadas contra Laura Alonso, titular de la oficina Anti Corrupción en la era Macri, y a Juan José Aranguren exministro de Energía durante la misma época por negociaciones incompatibles con los deberes de funcionarios públicos. 

Reconozco la necesidad de que este sea ejemplo para que cada caso presentado ante la Justicia pueda realmente seguir un camino legal, y aplaudo la decisión del juez, pero no puedo dejar de pensar que, en 2016 este diputado, ya había realizado un pedido de renuncia formal y por carta documento al ministro Aranguren. 

Es que para el segundo año de Cambiemos, ya se habían anunciado varios, diferentes y sustanciales aumentos de los servicios públicos, y en el caso de la provincia de Mendoza, el gas ya se había vuelto impagable para muchísimas familias. 

La renuncia incluso, había sido presentada tras infinitas acciones colectivas que incluso habíamos elaborado con Protectora ONG para se ampare a aquellas familias que estaban siendo víctimas del maltrato y de corte del suministro de gas, un servicio que es un derecho humano, porque es esencial para la vida digna. 

Es así, que desde el 2016 las presentaciones y pedidos de renuncia fueron desoídas por el poder judicial cómplice muchas veces de estos manejos inadecuados y por muchos opositores que hoy llaman a aplaudir esta nueva denuncia. 

No será en vano, al menos, el trabajo realizado y por eso solicitamos que se profundice la investigación y que no nos olvidemos de quienes han pasado por el piso, cual trapos sucios las necesidades de las familias argentinas. Mientras tanto, seguiremos defendiendo de los usuarios de servicios públicos, hasta que se entienda que son derechos inalienables de las personas. 

Ramón celebró la denuncia contra Aranguren

La misma fue promovida por Federico Bernal, interventor del ENRGAS por posible “incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública”.

El diputado nacional José Luis Ramón celebró este jueves la denuncia penal presentada contra el exministro de Energía Juan José Aranguren y otros exfuncionarios del área y del Enargas, remarcando lo que consideró “atropellos” promovidos por el ex CEO de Shell.

En efecto, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, denunció penalmente a Aranguren y otros ex funcionarios por los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, con un perjuicio contra el Estado y los usuarios de gas de 561 millones de dólares.

Bernal sostiene que ante la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la 24.076 (Ley del Gas) y normas reglamentarias y complementarias, en 2018 se debía volver a la desregulación del precio del gas, es decir, la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras. Pese a ello, el ENARGAS “en lugar de proteger a los usuarios y rechazar ese acuerdo lo avaló y efectuó el traslado de los precios a tarifas en abril del 2018”.

El diputado mendocino sostuvo que la denuncia penal “sirve para la memoria sobre los atropellos de este señor”.

“Se lo denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública”, señaló Ramón, y agregó en su cuenta de Twitter: “Recuerden el rostro de quien, como ministro de Energía, trasladó a dólar las tarifas de gas, sacó subsidios necesarios para la población, aumentó más de un 40% las tarifas y todo en beneficio de la empresa que hasta 2015 él presidía en Argentina”.

El diputado de Protectora se preguntó: “¿Saben la cantidad de dinero que le hizo ganar a las empresas distribuidoras? Le pedimos la renuncia en 2016, justamente porque su gestión fue perversa y contra todos los derechos de la ciudadanía”.

“¡El gas es un derecho humano!”, concluyó Ramón.