El diputado salteño Carlos Zapata (La Libertad Avanza) cruzó al jefe de bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien la semana pasada reclamó por la ausencia de la reglamentación del artículo 229 de la Ley Bases y acusó al Gobierno nacional de beneficiar al sector tabacalero y de “mantenerle los privilegios”.

Por medio de un video publicado en X, el legislador oficialista aseveró contra el diputado lilito y tituló: “Basta de gataflorismo”. De manera directa (arrobando la cuenta del presidente de bancada de la CC), Zapata cargó: “Es responsabilidad propia de cada diputado saber sobre qué se legisla. Cuando no, ocurren los berrinches como los de Juan Manuel López”.

En la misma pieza audiovisual, el diputado de LLA cargó contra el bloque de la CC: “Son los mismos que se quejaban de que no se recaudaban impuestos sobre el tabaco porque había evasión del impuesto mínimo”, y sumó: “En vez de hacer cobrable el impuesto mínimo, decidieron derogarlo y establecieron este artículo 229 que prevé la posibilidad de evadir hasta un 20% del precio de venta de los cigarrillos”.

BASTA DE GATAFLORISMO

Es responsabilidad propia de cada diputado saber sobre qué se legisla.

Cuando no, ocurren los berrinches como los de @JuanmaLopezAR: https://t.co/A8hFJ4ojhG pic.twitter.com/t5Er9jGec1

— Carlos Zapata (@ZapataDiputado) January 20, 2025

En otro punto, también lanzó una crítica contra mandatario salteño Gustavo Sáenz: “Estas ideas fueron impulsadas, entre otros, por el gobernador de Salta”. “Para tocar la tributación sobre el tabaco, hay que conocer el tema ¡Basta de ‘gataflorismo’!”, cerró Zapata.

Por su parte, López, la semana pasada, había cuestionado: “No sabemos por qué el gobierno lleva 6 meses sin reglamentar este precio de referencia. ¿Presiones de sus socios políticos?”, y aseveró que “como resultado, las tabacaleras pueden reducir significativamente el impuesto a ingresar, subdeclarando los precios de venta”.

“Como esto genera una pérdida de recaudación millonaria que podría ayudar a aliviar el ajuste o a reducir impuestos, hicimos un pedido de informes a la ARCA. Nos dijeron que están ‘trabajando con otros organismos’ y que no hay plazo específico para reglamentar. Falso”, denunció el presidente de bloque de la Coalición Cívica.

A casi siete meses de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley Bases que se dio el pasado julio de 2024, el Gobierno nacional aún no reglamentó el articulado que la oposición había logrado incorporar la cual establece el pago de impuestos por parte de las tabacaleras.

Al respecto, diputados de la Coalición Cívica, encabezados por el titular del bloque Juan Manuel López, presentaron un proyecto solicitándole a la Directora Ejecutiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP-, Florencia Lucila Misrahi, y demás funcionarios competentes, informen de manera precisa y detallada, las razones de la falta de reglamentación del artículo 229 de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos cuyo objeto es asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos del Impuesto Interno al Tabaco.

Según explicaron en el proyecto la falta de reglamentación de dicho artículo “deviene en un claro perjuicio para las cuentas públicas, ya que permite que las empresas tabacaleras declaren valores de venta inferiores a los precios efectivos, reduciendo así la base imponible a la que se aplica el Impuesto”.

“Determinadas empresas tabacaleras que, según ha trascendido, declaran al ente recaudador precios hasta un 140% inferiores a los precios efectivos de venta consiguiendo, de esta manera, evitar el pago de una parte significativa del Impuesto Interno al Tabaco”, denunciaron y sumaron: “Como consecuencia de la subdeclaración, la recaudación del Impuesto se ve fuertemente afectada, generando una pérdida que, según estimaciones, ascendería hasta los 300 millones de dólares anuales”.

López apuntó: “LA OMISIÓN DEL GOBIERNO QUE BENEFICIA AL SEÑOR DEL TABACO. Con la oposición inexplicable de algunos bloques logramos incorporar en Ley Bases legislación para poner fin a las maniobras de ciertas tabacaleras para no pagar Impuestos, 6 meses después ARCA no reglamenta nada”.

El lilito hizo alusión a la extensa sesión del pasado 30 de abril donde un sector de la oposición votó a favor de volver a incorporar a la Ley Bases el artículo 229 que había sido incluido por el Ejecutivo y luego retirado.

“La Ley de Bases establece que los cigarrillos tributan un 73% sobre el precio de venta al consumidor. Como ese precio lo declaran las tabacaleras, para evitar la subdeclaración, incorporamos un artículo para que, cuando no sea idóneo, se aplique el precio determinado por la ARCA”, explicó.

Como esto genera una pérdida de recaudación millonaria que podría ayudar a aliviar el ajuste o a reducir impuestos, hicimos un pedido de informes a la ARCA.

Nos dijeron que están “trabajando con otros organismos” y que no hay plazo específico para reglamentar. Falso 🚨 pic.twitter.com/3Rs7ODVFeQ

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 16, 2025

Así, cuestionó: “No sabemos por qué el gobierno lleva 6 meses sin reglamentar este precio de referencia. ¿Presiones de sus socios políticos? Como resultado, las tabacaleras pueden reducir significativamente el impuesto a ingresar, subdeclarando los precios de venta”.

“El art. 236 de la Ley Bases estableció un plazo de 90 días para que el Ejecutivo reglamentara la norma. El plazo venció y la reglamentación no aparece. Asociadas a sectores de la política ciertas tabacaleras consiguen mantener sus privilegios. ¿Quiénes traban la reglamentación?”, denunció.

6388-D-2024

Un grupo de diputados de la Coalición Cívica, encabezados por el titular del bloque Juan Manuel López, presentaron un proyecto de ley para que se incorpore un agravante en el Código Penal a los funcionarios que dicten una doble imposición de impuestos.

El proyecto establece una pena entre uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial por el doble tiempo para los funcionarios que dicten, sancionen, aprueben o ejecuten leyes, decretos, resoluciones u ordenanzas que establezcan una doble imposición de impuestos, contribuciones o tasas en contraposición con el Régimen de Coparticipación.

“Desde la Coalición Cívica ofrecemos otra herramienta para evitar la superposición de tributos sobre los contribuyentes. La necesidad de incorporar este agravante tiene origen en los indeseables efectos que produce la superposición de tributos sobre los contribuyentes y la administración fiscal”, argumentó López y recordó que “en septiembre pasado representamos el proyecto de Elisa Carrió del 2018 que tenía como objetivo el fin de una práctica abusiva llevada adelante por las provincias y municipios, la inclusión en las facturas de servicios públicos cargos o tributos que no guardan relación con la prestación efectiva de los servicios”.

En el texto, señalan que “la doble o múltiple imposición tributaria afecta derechos y principios constitucionales, como lo son el derecho de igualdad en materia tributaria, el principio de capacidad contributiva, el derecho de propiedad y principio de razonabilidad”.

7536-D-2024

El Gobierno Nacional ha determinado la liquidación o disolución de 18 fondos fiduciarios, pero aún mantiene en vigencia el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) que fue creado en 2021 por el DNU 725 firmado por la entonces gestión de Alberto Fernández.

Por ello, desde la Coalición Cívica, encabezados por el presidente del bloque Juan Manuel López, presentaron un proyecto solicitándole al ministro de Economía, Luis Caputo, y al ministro Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, informen de manera precisa y detallada sobre el estado actual, la administración y la continuidad del FAMP.

EL INDUSTRIO-CORPORATIVISMO LIBERTARIO

Aunque liquidaron 18 fondos fiduciarios, se resisten a tocar el Fondo ideado por Kulfas, Caputo y Cherñajovsky, que se financia con parte del IVA que las empresas de Tierra del Fuego cobran a los consumidores pero no ingresan al fisco. 🧵 pic.twitter.com/nozpIlTQ8N

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 9, 2025

Desde el espacio, plantearon que a través de la Ley Bases se autorizó al Poder Ejecutivo a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos y que, hasta la fecha, ha avanzado con la disolución o liquidación de 18 fondos fiduciarios. Por eso, piden que se indique las razones por las que aún no ha disuelto o liquidado el FAMP-FUEGUINA y si tiene previsto hacerlo. En su caso, indicar la fecha estimada de inicio del proceso de liquidación o disolución.

Así, piden saber si la FAMP fue objeto de informes de auditoría o cualquier otra evaluación por parte de la Sindicatura General de la Nación.

También solicitan información sobre las asignaciones de recursos efectuadas por el FAMP-FUEGUINA desde su constitución, destinadas a financiar proyectos productivos enfocados en la ampliación de la matriz productiva e indicar el instrumento adoptado, monto, fecha de otorgamiento, proyecto y beneficiarios y presentante del proyecto.

Además, que se explique el patrimonio total actual detallando su evolución anual desde la fecha de su constitución; cada una de las inversiones financieras realizadas; los fondos asignados para cubrir los gastos operativos de funcionamiento; la cantidad de personal que presta servicios, entre otros puntos.

Según argumentaron los lilitos resulta “llamativo, dada la importante masa de recursos que administra, que el FAMP permanezca intacto”. En esa línea, explicaron que es un fideicomiso de administración creado en 2021, en el marco de la última prórroga del Régimen de Promoción Económica de Tierra del Fuego.

“Este Fondo fue ideado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como una herramienta para justificar la decisión de prorrogar los beneficios fiscales del régimen a pesar de sus altos costos. Es que, tras casi 50 años de vigencia, el Régimen había evidenciado un rotundo fracaso en cumplir con el objetivo de la localización en la isla de un sector industrial competitivo e independiente de la ayuda estatal”, fundamentaron.

Desde la CC plantearon que “el sostenimiento del FAMP-FUEGUINA por parte del gobierno del presidente Javier Milei, luego de haber liquidado o disuelto 18 fondos fiduciarios, denota una contradicción importante. Esto es así toda vez que, en los hechos, el fondo no es más que una caja financiada con los recursos de los consumidores de productos electrónicos y otros bienes, destinada a financiar proyectos diseñados por burócratas estatales y empresarios corporativistas”.

“La solución es clara: desarmar este engendro. Eliminar el FAMP-FUEGUINA, exigir que las empresas del Régimen de Tierra del Fuego comiencen a pagar el IVA como cualquier empresa y liberar el mercado de la electrónica y las telecomunicaciones, de modo que los consumidores puedan acceder a productos electrónicos a precios internacionales”, propusieron.

7519-D-2024

Al exponer durante la sesión en minoría tras la caída de la sesión por ficha limpia, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, señaló: “Nuestro partido dijo siempre muchas cosas, una que lo dice Elisa Carrió nuestra líder que le falta un contrato moral a la Argentina y otra que recién dijo la diputada de Lospennato: la corrupción es la contracara de la pobreza”.

“Yo no le quiero esquivar al bulto algo que se dijo más temprano hoy y es que esta ley tiene nombre y apellido y que esta ley es solo para Cristina Fernández de Kirchner -agregó-. Esta ley es una ley general como cualquier ley que merece ser sancionada y va a aplicar solamente a todos los argentinos que tengan una condena confirmada por corrupción”.

López sostuvo que “no son muchos porque la Justicia argentina deja mucho que desear, porque hay muchos jueces corruptos, porque hay muchos jueces cobardes y porque además la casta política ahora los promueve a ser jueces de la Corte, Ariel Lijo lo promueven a ser juez de la Corte Suprema y es el juez que la única vez que se midió la efectividad de los tribunales que investigan la corrupción conocidos como Comodoro Py por la avenida donde queda el edificio donde duermen los expedientes de la corrupción argentina, él dio último en el ranking”.

“¿Por qué se habla de Cristina Fernández de Kirchner? –preguntó-. Porque tiene recientemente una condena confirmada, pero además porque el señor presidente dijo en su campaña permanente, en una entrevista televisiva que él le quería poner el último clavo al cajón de la señora Fernández de Kirchner… O sea: él quiere que Cristina Fernández de Kirchner el año que viene sea candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires para que el diputado Espert, o la señora Karina Milei le compitan y eventualmente le ganen y ese es el pacto que se acaba de consolidar hoy”.

A los gritos, preguntó: “¿Cuántos diputados le faltan, señores de la Libertad Avanza? ¿Cuántos? Quiero la lista, presidente. Faltan ahí por lo menos cuatro o cinco personas. Entonces, no le mientan a la gente. Quieren confrontar con Cristina Kirchner, la quieren de candidata”.

Y agregó que “están dispuestos a perder la elección por una táctica de corto plazo que puede hacerle muy mal a la Argentina. Ese es el acuerdo y se acaba de consolidar. Yo no les creo. De esa táctica precaria de corto plazo se van a tener que hacer cargo ustedes si en una elección legislativa la señora Fernández de Kirchner gana la elección”.

“Yo no le deseo eso a mi país, deseo que los que tienen condena de corrupción, como dice el artículo 36 de la Constitución que se redactó hace 30 años, no puedan ser candidatos porque son traidores a la patria”, concluyó.

En su carácter de integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago, junto al presidente de su bancada, Juan Manuel López, le mandaron una nota al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, para reclamar el tratamiento del Presupuesto 2025 en extraordinarias.

Se basan en expresiones del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, quien ha manifestado que “no está previsto que se convoque a sesiones extraordinarias”, que no tiene urgencia para que el Presupuesto sea aprobado y que "sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación lo apruebe, pero si no lo hace, seguiremos con la prórroga del presupuesto actual".

En la nota elevada por los legisladores de la Coalición Cívica, advierten que frente a dichas declaraciones, que a su juicio evidencian “una falta de interés de parte del Poder Ejecutivo de promover la aprobación del proyecto de presupuesto” y, dado que este miércoles 20 de noviembre finaliza el plazo reglamentario para que las comisiones puedan emitir dictámenes en el Congreso de la Nación, consideran necesario solicitar fijar una fecha —antes del vencimiento del referido plazo— a fin de que la Comisión de Presupuesto se reúna y dictamine sobre el proyecto de presupuesto para el año 2025. De modo tal que así puedan tratarlo en el recinto.

“Las declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros son un indicio para pensar que el Poder Ejecutivo y los legisladores del bloque oficialista podrían no tener interés en tratarlo, sino que, por el contrario, preferirían prorrogar el presupuesto para el período 2023. Así, tendrían discrecionalidad en el gasto y, consiguientemente, estarían sujetos a un menor control, debilitando la posibilidad de auditar la gestión y evaluar sus resultados”, advierten los diputados de la CC.

Ellos refieren también que el hecho de que la Ley N° 24.156 establezca que “si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior” implica que la prórroga debe ser una excepcionalidad basada en impedimentos reales y no en especulaciones políticas del partido de gobierno. Consecuentemente, dado que el presupuesto para el período 2023 ya fue prorrogado en una oportunidad —es decir, para el período 2024—, admitir una prórroga automática, sin siquiera darle tratamiento en el Congreso, puede configurar una maniobra en fraude a la citada ley”.

Para Oliveto y López, dicha situación “generaría inseguridad jurídica y un posible conflicto entre poderes. Reiteramos: la prórroga del presupuesto debe ser la excepción, y no la regla”.

Esas son las razones por las que reclaman a Espert que determine una fecha para convocar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara a fin de dictaminar el proyecto de presupuesto para el periodo 2025. “Dicha situación contribuirá a mejorar la calidad institucional de nuestro país”, puntualizan los legisladores.

La oposición consiguió este miércoles el objetivo que se había propuesto cuando aprobó un emplazamiento para debatir la reforma de la Ley 26.122 que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. En su tercera reunión, firmó el dictamen que habilitará su tratamiento en el recinto.

Ahora se inicia otra pulseada, en la que la oposición correrá una carrera contrarreloj para forzar un tratamiento que el oficialismo y sus aliados buscarán evitar. Hay tiempo hasta fines de noviembre, cuando concluya el período ordinario.

El dictamen de mayoría obtuvo 36 firmas, correspondientes a Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (el nuevo espacio radical, formado la semana pasada).

Hay además tres dictámenes de minoría: el de rechazo, que tiene las firmas de 9 diputados de La Libertad Avanza (no así las de su aliados del Pro); otro de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, con 2 firmas, y el de Karina Banfi, del bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, también con 2 firmas.

El debate

Tras la exposición de los invitados que habían quedado pendientes de las dos jornadas previas, a la hora de la intervención de los diputados, abrió el juego la diputada de UP Mónica Litza, quien resaltó el “desafío” que era tratar la modificación de la Ley 26.122, que “vino a suplir una necesidad y un vacío que había respecto de la reglamentación de los DNU, que fue recogido por la Constitución de 1994”. Tras valorar esa ley que consideró muy importante, llegó hasta el presente, situándose en diciembre de 2023, cuando el presidente Javier Milei “nos sorprendió con el envío a esta casa de un decreto de necesidad y urgencia de 366 artículos, donde había muchísimas materias que no tenían que ver con la necesidad y la urgencia, y empezamos a poner el foco en cuáles eran los puntos que deberíamos rever y trabajar para que el espíritu de los constituyentes de 1994 pudieran ser reflejados en una herramienta que tiene que tener una utilización mínima, limitada”.

Admitió que el dictamen que estaban presentando podía no ser “perfecto”, pero valoró la importancia de haberse puesto de acuerdo en cosas que consideró “importantes”. En ese sentido resaltó que estaban proponiendo que “ante el silencio de ambas cámaras se derogue el DNU”, y contra lo manifestado durante esa tarde por uno de los expositores, dijo que “el silencio nunca puede interpretarse en forma afirmativa, como hasta ahora”.

Respecto de los plazos, detalló las diferencias que había entre los múltiples proyectos puestos a consideración, habiéndose concluido en que fueran 90 días corridos los considerados. “Es muy importante haberle puesto un plazo”, enfatizó, como así también destacó la asimetría que existía entre el proceso de formación de las leyes y un DNU. “Para que una ley sea ley, necesita la aprobación de ambas cámaras; con el decreto de necesidad y urgencia pasa algo diferente: basta que una cámara lo apruebe para que sea vigente”, destacó.

“Corregimos eso y también si una cámara podía abocarse o tenía que esperar una convocatoria -agregó-. Lo saldamos. Ojalá que pronto podamos llevarlo al recinto y que se convierta en ley”.

Durante el plenario, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer aclaró que firmó con disidencias el dictamen. "La corrección que se está haciendo es la que se debe hacer, pero es insuficiente", consideró.

"La Ley 26.122 no es buena. Y además es inconstitucional. Esto no es desde que gobierna Milei. El uso y abuso de los DNU viene desde hace mucho tiempo. La ley ha sido funcional a todos los gobiernos. Ha permitido atrocidades y un deterioro muy grande de nuestra calidad institucional", observó.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón, también miembro de EF, dijo que en caso que este proyecto fuera ley y el presidente lo vetara, él le tiene "mucha fe en la insistencia de esta ley en la Cámara de Diputados", pese a haber fracasado la oposición con los vetos anteriores de jubilaciones y universidades.

En ese sentido, desafió a los legisladores que en el pasado "gritaban desde sus bancas" favor de "la República, la democracia y las instituciones". "Esta vez seguro van a sumar sus votos para que esta ley quede firme", agregó.

En un día especial, por cumplirse 41 años del retorno de los argentinos a la democracia, varios de los diputados radicales comenzaron sus exposiciones con esa referencia y, en particular, las expresiones que durante el día ya habían repudiado del presidente de la Nación, contra Raúl Alfonsín. Lo hicieron Fernando Carbajal, Cecilia Moreau y Karina Banfi, quien consideró “un agravio” los dichos de Mile, que atribuyó a “la ignorancia y los prejuicios”.

Respecto de su posición y el dictamen elaborado por el bloque radical, señaló que “tenemos que buscar ese equilibrio de los pesos y contrapesos que tienen los poderes. Esta reforma hace justicia con el espíritu de la reforma de 1994 para evitar los excesos del presidencialismo”.

“Esta reforma hace justicia con el espíritu de la reforma de 1994, justamente para evitar los excesos del presidencialismo”, señaló, remarcando la intención de “normalizar los procesos legislativos, donde se necesiten las dos cámaras para aprobar un DNU, comprometiendo a la Comisión Bicameral con plazos, y darle una lógica a los procedimientos y tratamientos de múltiples materias”.

Desde el oficialismo, el correntino Lisandro Almirón enfatizó: "No podemos dejar pasar por alto la hipocresía". "Parece que tienen la memoria frágil", dijo al recordar que pasaron 12 años desde la reforma constitucional a la sanción de la ley para regular los decretos.

El libertario apuntó que esta reforma se da en un marco de "capricho de sectores del Poder Legislativo". A continuación, denunció una "obstrucción de la gobernabilidad del país" por un acuerdo de espacios opositores que serían "una alianza que en términos electorales jamás se hubiera pensado".

Visiblemente en contra de la reforma, Almirón acusó a la oposición de "ir en contra del cambio que votó la gente" por "egos, vanidades y ventajismo político". Confiado en las elecciones del año que viene, afirmó: "Vamos a ser nosotros mismos con mayoría los que modifiquemos las cosas que dejaron mal".

"No especulen, las elecciones las van a perder en las urnas. Y si llega el veto, bien merecido el veto, por hipócritas, mentirosos y por fomentar la inseguridad jurídica", lanzó.

Para Fernando Carbajal, la 26.122 “fue siempre una mala ley, porque ha permitido que lo que era una excepción, se convirtiera en una regla”. Hizo un mea culpa de las responsabilidades que personalmente le correspondían y admitió que el Gobierno de JxC utilizó esa ley, admitiendo que si hubo algún intento de reforma, “nunca fue planteada seriamente, porque a cualquier oficialismo le gusta tener el mayor poder político”.

“Y es lo que está haciendo Javier Milei, por lo que yo no me voy a poner acá en la posición del gran ético político, que lo censuro a Milei por tratar de mantener esa ley, porque sería un gesto de hipocresía política, porque quienes lo precedieron hicieron lo mismo”, advirtió. Eso sí, aclaró que ha cambiado la correlación de fuerzas, “y esto sí es consecuencia del libre juego de la democracia y las instituciones. Y le guste o no le guste a Javier Milei y a su partido, van a tener que aceptar que esta es la oportunidad histórica para mejorar el funcionamiento institucional”.

La voz de los invitados

Al comienzo de la reunión, expusieron especialistas quienes compartieron su postura sobre la modificación a la Ley 26.122.

El abogado Enrique Hidalgo consideró que “esta ley fue un avance institucional pero también creo que el tiempo que transcurrió autoriza que el Congreso haga una revisión de los efectos de la ley”.

En tanto, Jorge Enríquez, diputado nacional mandato cumplido, expuso que “no hace falta modificar la ley totalmente, sino en un elemento esencial”. En este sentido, Enríquez recordó que como diputado presentó un proyecto “estableciendo la caducidad del DNU si no era aprobado expresamente por ambas cámaras en el plazo de 90 días”.

Por su parte, el constitucionalista Maximiliano Toricelli dijo que la “ley tiene serios déficits y demostró que no funciona”. “Es el momento de hacer un cambio, la sociedad está requiriendo consensos básicos para ver qué tipo de República queremos, de qué manera vamos a legislar y qué vamos a dejar para la posteridad”, argumento Toricelli.

Con los gremios aeronáuticos autoconvocados en torno al Palacio del Congreso para reclamar bajo el lema “Todos al Congreso. Aerolíneas Argentinas no se vende, se defiende”, un plenario de comisiones comenzó este miércoles a analizar los proyectos para privatizar la principal línea aérea del país. Fue en el marco de  una reunión de las comisiones de Transportes y de Presupuesto y Hacienda, que contó con la presencia del vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco  Mogetta. Precisamente estos dos funcionarios se reunieron antes de participar del plenario con el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

Si bien se especulaba con la posibilidad de un trámite exprés, en el que hasta había quienes pensaban en un dictamen este mismo miércoles, o sino la semana que viene, para llevar el tema al recinto en la próxima sesión, eso fue desestimado finalmente. La próxima semana se espera una nueva reunión informativa, esta vez con sindicalistas.

El debate arrancó cerca de las 11.30 con la exposición de los autores de los proyectos puestos a consideración, presentados durante este mes de septiembre. El diputado del Pro Hernán Lombardi abrió el juego señalando que “estamos acá para iniciar un camino y ese camino tiene que ser reemplazar por completo un sistema aeorcomercial que nos ha traído hasta acá". Habló de un "cepo al turismo" y afirmó que Argentina tiene "la conectividad más baja de América Latina" y una "tasa sensiblemente más baja" de argentinos que vuelan.

Para el legislador aliado del oficialismo, esto tiene "dos patas": una es "la regulación de nuestros cielos", en lo que ya ha avanzado el Gobierno; y la otra "el cambio de tenencia accionaria" de Aerolíneas Argentinas. "Una cosa sería impensable sin la otra", dijo.

Lombardi se manifestó a favor de "cielos más abiertos" con más "acuerdos bilaterales". "Necesitamos que haya más gente que crea en nosotros y permita que haya más vuelos", agregó.

El diputado mencionó que la anterior privatización de la empresa "fue fallida porque prácticamente se pasó de un monopolio público a un monopolio privado".

Por otra parte, defendió que se busca "mayores pasajeros, mayor conectividad", con "mejores precios" y "competencia real".

Luego se refirió a los trabajadores y criticó "los privilegios absurdos a los que hemos llegado" con "un señor que se cree el señor de los cielos", en alusión a Pablo Biró, titular de APLA. "Terminemos con los chantajes de una vez por todas porque esto no da para más", enfatizó. En el cierre expresó que "este proyecto tiene un sentido absolutamente federal" y el cambio "no es ideológico, es práctico".

A continuación, el diputado Juan Manuel López aclaró de entrada que desde hace tiempo la Coalición Cívica viene trabajando para instrumentar mejores políticas para las empresas públicas. “No había hace poco reglas de buen gobierno sancionadas por ley”, contó, recordando que Cambiemos lo intentó en su momento, por cuanto las empresas públicas tienen falencias, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo.

En marzo, desde su bancada presentaron un proyecto para declarar la privatización de 25 empresas públicas argentinas y modificar la Ley de Reforma del Estado. Aclaró López que la Ley Bases receptó los pedidos hechos por su bancada, como así también algunas del bloque radical, y ahora “tenemos mejores reglas”. Se votó en ese marco la privatización de Aerolíneas en Diputados, pero al pasar al Senado, “el Gobierno negoció quitar Aerolíneas Argentinas y el Correo (de la lista de las privatizables), sino la ley no pasaba”.

López consideró “valioso” iniciar este debate, porque no se trata solo de la privatización de AA, sino que es más amplio, dijo: es sobre “qué política aerocomercial queremos para el país”. Comparó entonces el mercado aerocomercial en nuestro país con un país similar, Colombia, que tiene muchas ciudades medianas y hay que atravesar montañas, pero cuenta con una conectividad “mucho más alta que la nuestra. Nosotros volamos un tercio menos que ellos. Chile lo mismo; allá tienen una aerolínea privada que llega a todos lados”, y advirtió como ejemplo que la Patagonia chilena “es muy compleja” y está bien cubierta en ese país. Aclaró que pasa lo mismo en Brasil, donde tampoco tienen una línea de bandera.

Sí la tienen en Colombia, una muy pequeña, y no descartó que se implemente algo así en Argentina. “Ya tenemos LADE, que no se sabe bien para qué sirve, pero se puede usar”, dijo, y ante la réplica de un diputado de la oposición le aclaró que “no pudimos encontrar ni siquiera cómo se venden los pasajes”.

Por último citó algunos mitos que existen en la materia, como que “todas las aerolíneas reciben subsidios. Es mentira, en muchos países no pasa”, señaló, aclarando que también es un mito que se necesite una aerolínea de bandera para volar a todos los destinos, pues igual se puede conseguir eso.

Con relación a la experiencia anterior, que admitió “fue un desastre”, López aclaró que “hay que abrir la competencia, porque Argentina tiene un esquema hiperregulado. Este Gobierno lo está haciendo”. Y cerró: “Es bueno empezar a resetear nuestra cabeza pensando en los usuarios y consumidores y no tanto en tal o cual empresa.

En una intervención que levantó los ánimos de opositores, José Rolandi recordó que Aerolíneas Argentinas formaba parte de la lista de empresas a privatizar en la Ley de Bases, pero quedó fuera durante el tratamiento en el Senado “por falta de consensos”. “Quedó para un momento posterior, que todos entendemos que es este por la coyuntura de lo que está ocurriendo en el sector aerocomercial”, expresó.

Rolandi enfatizó sobre “el déficit crónico que Aerolíneas presentó desde el momento de su reestatización” y el “avasallamiento que la dirigencia de Aerolíneas Argentinas realizó sobre todo el sector”. El vicejefe de Gabinete apuntó que “desde 2008 todos los argentinos le transferimos a Aerolíneas más de 8 mil millones de dólares”. Puso como ejemplo luego que American Airlines tiene un costo de “7 mil millones de dólares” y “opera 970 aviones”. “Nosotros en Aerolíneas Argentinas tenemos 80 aviones. ¿Dónde están los 900 aviones que faltan? Perdimos 900 aviones”, resaltó.

A continuación, Franco Mogetta, quien durante las seis horas de debate tuvo momentos de fuertes cruces con la oposición, sostuvo que “pretendemos con la desregulación aérea, que ya ha empezado a ver sus frutos, que tengamos más alternativas los argentinos para poder volar por el país y la región, sin resignar soberanía”. Aclaró que “no estamos haciendo un ataque ni una exposición contra Aerolíneas Argentinas; lo que queremos es que compita, que sea sana comercialmente para que compita con las mismas reglas con las que funcionan las otras aerolíneas”.

Al tomar la palabra, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot pidió "tratar de desideologizar este debate en ambos sentidos". "En nada tiene que ver la tenencia accionaria de la compañía con la soberanía", dijo, al tiempo que "pensar que el Estado es bobo y no sabe administrar o no sabe participar de la tenencia accionaria es tan ciego ideológicamente como lo que se busca criticar".

El legislador observó que los proyectos son una "copia de lo que se discutió en la Ley Bases" y aseguró que son "incompletos". De aprobarse cómo están, sería darle "al Poder Ejecutivo la total libertad para avanzar en un desguace de activos". Y señaló que tienen un carácter "muy amplio". 

"No estamos en contra de esta discusión", aclaró, y reveló que desde su bloque será "un condicionante que, para poder avanzar, el Gobierno tenga que profundizar en el proyecto que votemos cuál va a ser la metodología, el procedimiento" para la privatización. "Vamos a exigir que en el proyecto quede claro", añadió y sugirió "abrir este debate con los gobernadores y los ministros de Transporte de las provincias". 

Desde Unión por la Patria, el diputado Diego Giuliano reclamó que “el Gobierno deberá asumir el conflicto gremial y trabajar de la manera más racional para resolverlo”. Sobre las propuestas de privatización, opinó que “esto tiene un aroma de revancha” y apuntó que, a su criterio, el debate es antirreglamentario porque ya se dio este año con la Ley de Bases. 

“En cuanto al déficit del cual se habla tanto en estos días, primero tienen que ponerse de acuerdo -sugirió el exministro de Transportes-. Porque el ministro de Economía primero planteó que el déficit de Aerolíneas del último semestre era de 273 millones de dólares. Pero el presidente de Aerolíneas, que depende del ministro, salió al otro día a decir que el déficit era de 84 millones… O sea: le erraron por 189 millones de dólares en dos días. ¡189 millones de dólares de error en el mismo Gobierno!”.

De paso, lamentó que no hubiese asistido al debate el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, como se había anunciado originalmente. El massista también reivindicó el rol de Aerolíneas Argentinas durante la pandemia y le pidió a los funcionarios que “no se ensañen con los trabajadores”. 

En el primer tramo de respuestas, Rolandi argumentó que “el concepto de aerolínea de bandera es un concepto anacrónico, no hay en el mundo casi aerolíneas con propiedad estatal; el mundo cambió, capaz en Medio Oriente queda alguna”. Luego mencionó que este año se bajó la frecuencia de vuelos durante la temporada baja porque “cuanto más volaba, más plata perdía, eso es un absurdo en cualquier empresa”. “Se ajustó la oferta de vuelos a la demanda para dejar de perder plata a lo pavote”, justificó. 

En tanto, Mogetta especificó que “el déficit de la compañía, el acumulado desde que se estatizó a hoy son 6.040 millones de dólares; los aportes del Estado que hicieron falta fueron 8 mil millones. El déficit del año pasado fueron 300 millones de dólares y en lo que va de este año son 84 millones de dólares”. 

Después detalló que “los pilotos de Aerolíneas Argentinas vuelan muy pocas horas, porque justamente los convenios distorsionan la actividad”, esto es “entre 35 y 40 horas, cuando el normal de la industria es el doble”. “Vuelen o no vuelen ganan lo mismo”, señaló y remarcó que “eso es lo que la compañía quiere discutir y los sindicatos no están dispuestos a hacerlo para mantener los privilegios”. Más tarde, al referirse al caso de tres empleados de Intercargo despedidos por robar equipaje, la reunión tuvo un momento de tensión cuando habló de “delincuentes”. 

Por otra parte, el secretario de Transportes detalló que en el Presupuesto 2025 se prevé una partida de 73 mil millones de pesos para Aerolíneas Argentinas. 

“El formato de la privatización va a tener mucho que ver con la actitud que están tomando los dirigentes gremiales con la compañía. Han tomado una posición sumamente radicalizada y ponen en riesgo incluso la operación de la compañía”, manifestó al responder a Massot. Y amplió: “Si no puede seguir funcionando por decisión de los propios sindicalistas y no conseguimos reemplazos (de pilotos), obvio no va a quedar otra alternativa que el cierre de la compañía en responsabilidad de total de los sindicatos”. 

Massot volvió a hablar para insistir en “cuál es la metodología y el procedimiento que ustedes están pensando para privatizar esta compañía. ¿Es una privatización total, con desvinculación del Estado? ¿Es un desguace con venta de activos? ¿Es un contrato de gerenciamiento? ¿O es una apertura del capital a empresas privadas?”. 

“Si tenemos la oposición tan radicalizada de los sindicatos, apoyados por algunos sectores políticos, para que la compañía no opere, no podemos llevar con una pistola en la cabeza a un piloto a que se siente a ser gerente de operaciones. Si la compañía deja de funcionar por ese tipo de medidas, lógicamente se tendrán que vendar los activos y dejará de operar. Ahora, si podemos conseguir que la compañía siga operando, las alternativas son todas las que usted dijo, están todas en análisis”, contestó Mogetta. 

Con la premisa de no desatender el momento y los “aires de cambio” que sugieren las encuestas respecto de una modificación de la relación de la empresa Aerolíneas Argentinas con la sociedad, el oficialismo decidió acelerar el tratamiento legislativo que permita la eventual privatización de la empresa. Un objetivo que quedó postergado cuando en el verano se incluyó a la empresa entre las privatizables y que luego de sortear -con éxito- el escollo de Diputados, fue frenado en el Senado.

Este miércoles, con la presencia de invitados, el tema comenzará a ser tratado en las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda. La cita es a partir de las 11 de la mañana, pero veamos cuáles son los proyectos que se pondrán a consideración.

El primero es impulsado desde el Pro, y fue presentado por Hernán Lombardi el 9 de septiembre pasado, declarando “sujeta a privatización a la empresa Aerolíneas Argentinas SA”.

Es muy sencillo, apenas tres artículos tiene, uno de forma. El primero, declara a la empresa “sujeta a privatización” en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado”. El segundo, autoriza al Poder Ejecutivo a “establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización referido en el artículo 1°.

Los fundamentos son obviamente más extensos y tras resaltar la importancia de la conectividad aérea para el desarrollo económico de las regiones, el crecimiento del país y la promoción del turismo nacional, se mete de lleno en el déficit que genera AA en las arcas del Estado. “Solo en el año 2023, la aerolínea reportó pérdidas cercanas a 200 millones de dólares”, detalla el texto, que refleja que “desde su reestatización, los aportes del Estado para cubrir el déficit es superior a los 8 mil millones de dólares”, al tiempo que “16 años más tarde, el Estado argentino adeuda el pago de más de 340 millones de dólares” correspondiente a la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial, a causa del litigio iniciado por el grupo Marsans por el pago incorrecto correspondiente a la expropiación.

Según datos aportados por el anterior jefe de Gabinete, Nicolás Posse, durante su paso por el Senado, la empresa cuenta con una dotación de 1.204 pilotos de línea para 81 aviones activos; es decir casi 15 pilotos por cada avión operativo.

Luego el proyecto alerta sobre el “privilegio para pocos” que representa volar por el elevado costo de los pasajes y reivindica a las “Low Cost” por haberle brindado a miles de argentinos “la oportunidad de transportarse de manera rápida y a un costo reducido en comparación con otras empresas y medios de transporte”. Señala en ese sentido Lombardi que “Aerolíneas Argentinas nunca ha podido igualar estos bajos precios, lo que ha contribuido a su creciente falta de competitividad en el mercado”. Y basándose en datos de la Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas dependiente de la ANAC, se advierte que Aerolíneas no es la aerolínea de preferencia para viajes de cabotaje quedando por debajo de Flybondi, JetSMART y otras aerolíneas.

Luego alerta el proyecto sobre casos de corrupción y el supuesto uso de la empresa como “un nicho para acomodar militancia partidaria”, como así también “la extorsión por parte de algunos sindicatos”, todo lo cual “nos han costado millones de dólares a todos los argentinos”.

El texto concluye asegurando que la privatización de AA permitirá que esa empresa “opere bajo criterios de eficiencia comercial, mejorando la calidad del servicio y generando un ambiente más competitivo que beneficiará a todos los ciudadanos”.

Acompañan con sus firmas los diputados del Pro Martín Yeza, Sergio Capozzi, María Florencia De Sensi, María Sotolano, Karina Bachey, Sabrina Ajmechet, Verónica Razzini, Damián Arabia, Alejandro Bongiovanni, Laura Rodríguez Machado, Daiana Fernández Molero, Martín Ardohain, Silvana Giudici, Germana Figueroa Casas, Patricia Vásquez, José Nuñez, Gabriel Chumpitaz, Alejandra Finocchiaro y Marilú Quiroz.

El proyecto de la CC

El otro proyecto es del viernes pasado, 20 de septiembre, y fue presentado por Juan Manuel López, a quienes acompañan los diputados de la CC Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Victoria Borrego y Marcela Campagnoli.

También tiene solo tres artículos, el segundo de los cuales difiere ligeramente del otro, precisando que al privatizar la firma se contemplen la Ley 23.696 y sus modificatorias, “debiendo cumplir, a tales efectos, con las prescripciones que surgen de dicha norma y las establecidas por los artículos 11 a 14 de la Ley 27.742”.

La fundamentación de este proyecto es más amplia y recuerda la posición original de ese espacio sostenida durante la discusión de la Ley Bases, cuando en el dictamen de minoría que presentó la CC propusieron la privatización de 37 empresas, Aerolíneas incluida.  Desde la Coalición Cívica no solo sostienen la necesidad de avanzar en las privatizaciones, “debido al perjuicio que el sostenimiento de las empresas en manos del Estado genera en las finanzas públicas, los marcos regulatorios y la competencia, sino que también hemos propuesto que tanto las empresas que serán privatizadas -hasta que se concrete dicha privatización- como aquellas que, por su carácter estratégico, se mantengan en manos del Estado, deben ser gestionadas con criterios de buen gobierno y eficiencia, tal como sucede en las empresas privadas”.

Recuerda el texto que a lo largo del siglo XX, “el Estado argentino creó empresas para la provisión de bienes y servicios con motivaciones de carácter económico, político y/o social. Sin embargo, gran parte de las razones que dieron origen a su creación han perdido vigencia. Además, en los últimos veinte años, la mayoría de las empresas estatales ha mostrado ineficiencias que requirieron ser compensadas mediante transferencias del Tesoro Nacional, financiadas con recursos de los contribuyentes. Según la Oficina Nacional de Presupuesto, en 2023 sólo siete de las 33 empresas estatales presentaron resultados operativos positivos, mientras que únicamente cuatro no recibieron transferencias del Tesoro”.

Cuantifican esas transferencias en $2.290.052 millones, para el año 2023, lo que representa el 42% del déficit fiscal primario. “Esta semejante cantidad de recursos demandados por las empresas públicas no solo condiciona la sostenibilidad de las cuentas públicas sino que resulta particularmente inviable en el actual contexto de restricciones presupuestarias”.

“Es por estos motivos que corresponde avanzar hacia un Estado inteligente y moderno, que dé lugar a la provisión de bienes y servicios de calidad al menor costo posible”, agrega López, que recuerda la intención de corregir esos desequilibrios en el período 2015-2019, pero reconoce que tras el ahorro inicial, al finalizar 2023 las transferencias para subsanar el déficit operativo volvieron a aumentar hasta llegar a representar el 1,2% del PIB.

“Habiendo aprendido de esta experiencia es que el Congreso debe avanzar con medidas más profundas que resuelvan la cuestión de las empresas públicas de manera definitiva”, enfatiza el texto.

Con relación a la situación particular de Aerolíneas Argentinas, se hace hincapié a lo informado por la Oficina Nacional de Presupuesto, según la cual “la empresa lleva registrado hasta el primer semestre del año 2024 un déficit operativo de $264.586 millones, sólo un 3% por debajo del déficit operativo informado para este mismo período durante el año 2023. Esto muestra que, a pesar del cambio de gestión, los esfuerzos por disminuir sus resultados negativos son todavía insuficientes”.

En cuanto a las transferencias del Tesoro recibidas por la empresa hasta el primer semestre de 2024, se informa que obtuvo $58.732 millones, un 30% menos que lo recibido durante el mismo período de 2023. El proyecto reconoce que “si bien estos números dan cuenta de una disminución de la necesidad del apoyo económico del Estado, se informa en el mismo reporte un incremento del endeudamiento por $374.453 millones para atender el déficit persistente mencionado con anterioridad. Vale señalar que este endeudamiento, en un contexto de resultados operativos negativos ubica a la empresa en riesgo de insolvencia pudiendo generar mayores perjuicios a sus trabajadores, proveedores, acreedores en general y al Estado Nacional mismo”.

Por su parte, si se analiza la posición de la compañía en cuanto a las transferencias informadas en el proyecto de ley de Presupuesto 2025, la aerolínea estatal recibiría $73.300 millones, lo que equivaldría a un 51% menos que en 2024 (proyectado anual) en términos reales. Es decir, seguiría recibiendo asistencia del Tesoro. “Esto nuevamente pone en evidencia que los esfuerzos para sanear el déficit de Aerolíneas Argentinas no resultan suficientes para que la misma deje de demandar recursos de los contribuyentes y logre saneamiento económico y financiero”, expresa el proyecto, que concluye solicitando “avanzar hacia la privatización total de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de poner fin a las constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal, mejorar la calidad de los servicios provistos a los pasajeros aéreos y asegurar un marco regulatorio que promueva el desarrollo del mercado aerocomercial y asegure la competencia en igualdad de condiciones”.

El jefe del bloque Coalición Cívica de la Cámara baja, Juan Manuel López, ratificó este domingo su postura a favor de la privatización de Aerolíneas Argentinas y expresó su confianza porque el tema sea aprobado en Diputados.

“Con una ley del Congreso que la declare sujeta a privatización”, señaló cuando en La Nación+ le preguntaron sobre la manera como debería poder venderse la empresa.

Recordó López que “durante el tratamiento de la Ley Bases, mejoramos la vieja Ley de Reforma del Estado, transparentando los procesos de privatizaciones, que ocurrieron en los 90.  Hoy no hay adjudicación directa, hoy todo tiene que ser por licitación, con procesos abiertos. Está todo bien para poder, de manera transparente, privatizar”.

El diputado de la Coalición Cívica explicó que “se tiene que dar el debate en el Congreso”, y estimó que en Diputados “yo creo que puede pasar; ojalá no se trabe en el Senado, porque insisto: nosotros tenemos más o menos la misma población que Colombia y tenemos la mitad de los pasajeros en avión que Colombia”. Agregó que “estamos por debajo del promedio de pasajeros que la región en avión, cuando había empezado a crecer, desde 2011, pero se mostró claramente entre 2015 y 2019 cómo crecía”.

“No hay razones para estar atados a una aerolínea de bandera; ya en el mundo no quedan aerolíneas de bandera, salvo en los países árabes, en Rusia, en China y en algún lugar de Europa. Pero después, los países de la región ya no tienen aerolínea de bandera. Esos son puros mitos”, resaltó.

Al volver al proceso privatizador en Diputados, dijo que allí “tiene que pasar, si se repiten los votos de la Ley Bases de mayo, nadie debería cambiar el voto. A veces los diputados últimamente cambian de voto, porque dependen de la opinión pública. Pero creo que la opinión pública hoy más que nunca está de acuerdo en que no quiere ser extorsionada con estos paros criminales”.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, sufrió este jueves un intento de atentado cuando recibió un paquete que escondía explosivos y llegó a producirse una pequeña detonación. Por la detonación, una secretaria resultó herida y debió ser trasladada al Hospital Fernández. Otras tres personas también fueron llevadas por el SAME al hospital, pero sin heridas.

Desde todos los espacios políticos del Congreso de la Nación se solidarizaron con el titular de la entidad rural a través de X. Asimismo, el jefe de bancada de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, catalogó de “sugestivo” el hecho ante la posibilidad de que el Senado hubiese tratado el DNU 656/2024.

Por el lado del radicalismo en la Cámara alta, la senadora santafesina Carolina Losada publicó la noticia en X y agregó: "Mi solidaridad con Nicolás Pino y las víctimas. Así como también, de toda la Sociedad Rural. Estos hechos violentos no pueden ocurrir más en Argentina”.

Desde la Cámara baja, la diputada santacruceña Roxana Reyes refirió: “Condenamos enérgicamente el ataque mafioso contra el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Este tipo de hechos violentos atenta contra la democracia y debe ser repudiado por todos los sectores. No podemos permitir que el miedo y la intimidación sean herramientas”.

Por su parte, la senadora chubutense Andrea Cristina (Cambio Federal) comentó sobre el violento episodio: “Expreso mi solidaridad y apoyo a Nicolás Pino, a su secretaria y todo el equipo de la Sociedad Rural ante el atentado que sufrieron hoy. Es un hecho de extrema gravedad por el cual los responsables deben responder ante la Justicia.  La violencia es inadmisible”.

Por el lado del oficialismo, el diputado nacional José Luis Espert replicó el comunicado oficial de la entidad y tituló: “Repudio total ante esta atrocidad. Mi solidaridad con el presidente Nicolás Pino y quienes conforman la Sociedad Rural, qué alivio que se encuentren todos bien”.

Los senadores del bloque radical expresaron su preocupación por el hecho. “Desde nuestro espacio nos solidarizamos con el señor Pino, con las autoridades de la SRA y los trabajadores de su equipo, quienes incluso llegaron a manipular la encomienda en cuestión”, dijeron, para agregar que “frente a un hecho que pareciera buscar intimidar y sembrar el miedo, instamos a las autoridades a investigar el hecho con el objetivo de esclarecerlo, dar con los responsables y que estos sean castigados con toda la rigurosidad de la ley, si correspondiera”.

El mensaje más polémico de la jornada fue el del diputado nacional Juan Manuel López, quien primero señaló como “peligroso el atentando contra las autoridades de la Sociedad Rural”, y luego, manifestó: “La investigación no puede descartar ninguna hipótesis. Es muy sugestivo que ocurra el día que el Senado de la Nación está por rechazar los fondos reservados de la SIDE”.

Peligroso el atentando contra las autoridades de la @SociedadRural
La investigación no puede descartar ninguna hipótesis. Es muy sugestivo que ocurra el día que @SenadoArgentina está por rechazar los fondos reservados de la SIDE.

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) September 5, 2024

La referencia del legislador fue para con la sesión trunca que buscó forzar Unión por la Patria este jueves en la Cámara alta, por la que entre otros temas, intentó llevar al recinto el DNU 656/24 por el que el Gobierno nacional le otorgó 100.000 millones de pesos a los gastos reservados de la SIDE. El mismo cuenta con el rechazo de la Cámara baja.

En la antesala de la sesión que la oposición pidió este miércoles en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 656/24 sobre los 100 mil millones de pesos para fondos reservados de la SIDE, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, expresó: "Espero que el Gobierno no opere sobre el bloque radical u otros bloques para bajar diputados, porque el número tendría que estar ya consolidado".

"Deberíamos tener quórum", afirmó este lunes, al recordar la votación durante la última sesión para que el decreto se incorpore al temario. Si bien no se logró porque se requerían los dos tercios para ello, sí se reunieron 135 votos, "que son seis más de los que necesitamos para tener quórum y después rechazar el DNU", señaló.

Entrevistado en CNN Radio, el legislador aseguró que no les "incomoda" votar junto a Unión por la Patria en contra del DNU, y mencionó que también están por el rechazo "el bloque de Miguel Pichetto" y "un grupo de radicales que no se van a mover".

Sin embargo, "el miedo es que hayan negociado dinero por las universidades, que hayan llamado a los gobernadores para bajar a sus diputados", advirtió. Y, en ese sentido, no se refirió solo a gobernadores de la UCR, sino también de Unión por la Patria, como el catamarqueño Raúl Jalil.

"El Gobierno tendría que entender que si tiene 100 mil millones de pesos para fondos reservados, cuando al mismo tiempo dice que no hay plata para jubilados o universidades, debe explicarlo muy bien en el Congreso y debe salir por ley", resaltó.

El diputado apuntó que ese dinero "supuestamente" lo controla la bicameral, pero "en los años que yo llevo en el Congreso nunca vi controlar nada. Desde hace décadas, los fondos reservados no tienen ningún tipo de control en Argentina", aseguró.

También dijo que estos fondos "siempre se asignaron por Ley de Presupuesto y nunca crecieron tanto los reservados, es decir, los que nadie sabe nada cómo se gastan", como con este DNU.

"No se entiende porque el Gobierno quiere tanta plata que no tenga que rendirle a nadie, cuando supuestamente es un Gobierno tan austero", cuestionó. "Vamos a poner un límite en el Congreso. Si hay cuestiones de prevención del terrorismo y crimen organizado pueden venir los ministros a charlar con los miembros de las comisiones", recomendó, en alusión a lo que argumenta el oficialismo sobre el destino de estos recursos.

López añadió que "el estratega de comunicación del Gobierno, Santiago Caputo, es quien ha puesto al nuevo titular de los servicios de inteligencia (Sergio Neiffert), que es una persona absolutamente desconocida, sin antecedentes en materia de inteligencia, lo que nos hace absolutamente vulnerables".

El presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, destacó la “valentía” del senador libertario Francisco Paoltroni por ratificar su rechazo a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia y le hizo un llamado de atención al bloque Pro y a la UCR.

“Celebro la valentía del senador Paoltroni de la Libertad Avanza”, escribió López en su red social “X” y comparó: “Hay dos tipos de personas que bancan a Ariel Lijo, los corruptos y los cobardes. Ojalá en el Pro y la UCR tengan coraje, sale mucho más barato que ser arrastrados”.

Celebro la valentía del senador Paoltroni de la Libertad Avanza.
Hay dos tipos de personas que bancan a Ariel Lijo, los corruptos y los cobardes. Ojalá en el PRO y la UCR tengan coraje, sale mucho más barato que ser arrastrados.#LijoNo https://t.co/lwdVUGkfea

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) July 17, 2024

Además, durante una entrevista televisiva agregó: “La candidatura de Lijo para la justicia es lo peor que le puede pasar en relación a los incentivos que puede tener cualquier magistrado, cualquier funcionario o cualquier empleado del Poder Judicial de hacer las cosas bien”.

“O sea premiar al juez que en la auditoría del año 2016 salió peor rankeado como el juez de Comodoro Py que más duerme causas y que durmió causas emblemáticas como YPF o el caso Siemens que es el caso de soborno transnacional más importante del mundo y por el que se empezó a generar reglas en todas partes del mundo”, disparó.

López recordó que “salieron las cámaras empresarias como la Norteamericana de Comercio y vio el riesgo de poner un juez de esas características que te puede coimear para resolverte una causa o puede dormirte una causa y extorsionarte económicamente o de la manera que sea y después la incertidumbre de quién es Lijo”.

Por último, le dejó un mensaje al presidente de la Nación: “Si Milei cree que hoy Lijo le va a servir para pasar sus reformas o para no tener problemas en cuanto y en tanto tenga poder popular. Después Lijo es una contingencia enorme, incluso para Milei”.

En un nuevo contrapunto del presidente de la Nación, Javier Milei, contra un periodista, quien quedó expuesta esta vez fue la trabajadora de prensa del diario La Nación Sofía Diamante. Sucedió cuando la periodista opinó sobre los métodos oficiales para bajar la brecha financiera, generando la reacción de un economista, tras lo cual, se sumó el primer mandatario.

¿Qué dijo la periodista? “El Gobierno anuncia que está dispuesto a vender US$2000 millones en el mercado financiero para bajar la brecha. Es el Caputo versión 2018”, señaló la escriba de La Nación, y agregó: “El FMI no dio el visto bueno a la medida, como era previsible. Prefiere que se usen otras herramientas para bajar la brecha, como la tasa de interés. El objetivo es únicamente bajar la brecha, porque si quisieran absorber pesos de circulación, podrían vender bonos CER. No hace falta vender bonos en dólares”.

Salió a contestarle Felipe Núñez, economista de la UBA y magister en Finanzas de UCEMA, quien entre otras cosas le dijo que “sería importante que entendieras algo al menos de lo que hablás. 1) No hay venta de bonos en dólares. Esto es tan básico que es patético que opines sin entenderlo. 2) Es una aceleración y profundización del programa monetario que anunciamos desde el primer día”.

Ahí se metió el presidente Javier Milei, quien le dijo al economista: “Felipe no esperes otra cosa de la ‘periodista’ en cuestión. En toda mi campaña, salvo cuando se presentó energía, se la pasó mintiendo sobre mis planteos y sobre la respuesta del público”.

Y agregó Milei: “A su vez, sería bueno saber cómo tiene información sobre el FMI que no tiene el gobierno, salvo que ello implique que uno de los dinosaurios analógicos del círculo rojo haya mentido de modo descarado (de hecho ha mentido de modo grosero y puede que ambos tengan la misma fuente) en su nota del fin de semana. Delicias del statu quo”, cerrando con el clásico: “VLLC !!!”

En respuesta al presidente, el diputado nacional Juan Manuel López advirtió que “querer saber cómo tiene información un periodista atenta contra la libertad de prensa. La garantía para el ejercicio de esa profesión y para el derecho a saber de todos es la reserva de las fuentes, secreto que no puede levantar ni un juez. Mi solidaridad con Sofía Diamante”.

Querer saber como tiene información un periodista atenta contra la libertad de prensa. La garantía para el ejercicio de esa profesión y para el derecho a saber de todos es la reserva de la fuentes, secreto que no puede levantar ni un juez. Mi solidaridad con@sofiadiamantina https://t.co/tsRJCCIQnf

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) July 16, 2024

El titular del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, hizo hincapié durante su discurso de cierre en la cuestión constitucional, debate sobre el cual imaginó que continuará la polémica.

Habló del artículo 81 de la Constitución nacional y advirtió al respecto que “no hay que agregarles cosas que el artículo no dice. Estamos ante dos sanciones y hay que elegir entre una y la otra”.

Luego advirtió que “cuando votemos ahora y cuando dictaminamos en la comisión, ya interpretamos el artículo 81. Los poderes públicos, en lo que tiene que ver con su excesiva competencia o funcionamiento, interpretan sus normas para sí y la justicia no se mete”, señaló, aclarando que hay antecedentes de la Corte en ese sentido.

El titular del bloque CC agregó que como Cámara de Diputados “podemos insistir en todo, porque tenemos el privilegio como cámara de origen. No podemos renunciar a ese derecho”, enfatizó, advirtiendo que hacía esa reflexión porque “como cámara de origen que vamos a ser en otras oportunidades, no debemos renunciar a ese derecho. Sea la ley que sea”.

“Porque naturalmente el Senado, por su composición, es una cámara más conservadora”, dijo, y ejemplificó: “Van dos sanciones de boleta única que las planchan… Saben lo que tienen que hacer cuando quieren que un tema no se trate”.

De cara al debate definitivo que se dará la próxima semana en comisiones y el recinto de la Cámara de Diputados, el presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara baja, Juan Manuel López, explicó en detalle los escenarios posibles para el proyecto: “Sale con la versión de Diputados o con la del Senado”.

En primera instancia, el diputado de la CC dejó en claro que los proyectos de ley Bases y el paquete fiscal ya “son ley”, pero aclaró que “lo que no sabemos es con qué versión”. “El artículo 81 de la Constitución es claro: una vez que fue votado un proyecto de ley por las dos cámaras del Congreso, hay que elegir una de las de las opciones que produjo”, amplió.

Entrevistado en Diputados TV, el titular de bancada de la CC afirmó que la posibilidad de desechar la ley por completo “ya no existe más”. Del mismo modo, anticipó que “se va a tener que votar en particular porque viene con modificaciones en distintos títulos. Vamos a tener que decidir si insistimos o rechazamos” los cambios en la Cámara alta.

López explicó que tanto el paquete fiscal como la ley Bases pasarán por la reunión plenaria de comisiones para tener un dictamen y ahí serán llevados nuevamente al recinto. “Ojalá haya un solo dictamen donde nos podamos poner de acuerdo sobre qué insistir”, consideró.

Consultado por la situación del capítulo sobre moratoria previsional, que fue retirado directamente por el oficialismo antes de llegar al recinto, indicó: “Lo importante es que estuvo en la media sanción de Diputados, por más que no se lo haya llevado al recinto” del Senado. “Se votó una ley en la cámara de origen y si uno quiere que algo no sea ley lo tiene que desechar por completo en el momento de votar en la cámara revisora”, advirtió.

“Hace tanto ruido porque es una ley que lleva 6 meses de debate, la primera ley de un gobierno nuevo, por los conflictos políticos que hubo con un gobierno en minoría, pero los antecedentes que hay son bastante sencillos, porque no es nada que no pasara las dos cámaras y solo resta decidir cuándo se vota y qué versión queremos”, expresó Juan Manuel López.

Respecto a las empresas quitadas del capítulo de privatizaciones, aclaró que “la cámara de origen puede insistir porque justamente la cámara de origen tiene un privilegio que le asigna la Constitución que es votar dos veces”, y reiteró: “Si el Senado no quería que salgan algunas cosas tendría que haber desechado la ley por completo. No se hizo y ahora está esta posibilidad”.

También, habló de los encuentros que tuvieron en los últimos días con los representantes del Gobierno: “Lo que nos dicen es el paquete fiscal tiene que salir tal cual fue votado en la cámara de origen con la moratoria fiscal, un blanqueo, una modificación a la ley de Bienes Personales y la ley de un impuesto a los ingresos”.

En tal sentido, añadió: “Nos dijeron 'es esto tiene que salir integralmente', que el paquete fiscal quede completo, y el pedido más concreto viene por parte de los gobernadores, el Fondo Monetario Internacional, las entidades empresarias y los actores de la economía para que la Argentina vaya saliendo adelante”.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, salió este domingo al cruce del expresidente Mauricio Macri, que calificó de “irresponsables” a los diputados que el martes pasado votaron una nueva movilidad jubilatoria, asegurando que se trata de “una ley que no tiene fondos”.

“Si bien este cuestionamiento no creo que nos aplique a todos los que votamos la recomposición a los jubilados, quiero responder”, señaló el legislador nacional sin ánimo de confrontar con quien fuera el presidente de la gestión Cambiemos.

Recordó López que “planteamos oportunamente el problema de la fórmula del kirchnerismo porque perjudicaba tanto a los jubilados cómo al plan de estabilización”.

El legislador de la Coalición Cívica recordó que “el costo fiscal adicional para el año 2024 de la media sanción de Diputados es de 0,47%. Si en lugar de haberse dado esta media sanción, se hubiera avanzado con lo propuesto por la Coalición Cívica en la sesión especial de marzo el costo fiscal hubiera sido de 0,27% para el 2024”.

“Recordemos de todas maneras que el ahorro total en jubilaciones y pensiones aún con esta media sanción será en 2024 de 0,8% PBI mientras que la ruta presentada por el ministro Luis Caputo en diciembre del año pasado estipulaba un ahorro anual en esta partida del 0,4% del PBI”, agregó López, para advertir a continuación que “si nos hubiesen escuchado sin prejuicios el alivio a los jubilados hubiera llegado antes, a través una nueva fórmula sancionada por ley y no por un precario DNU, garantizándose el Gobierno que el rezago de la fórmula anterior no impacte en el proceso desinflacionario en el 2025”.

Por otra parte, Juan Manuel López remarcó que respecto del déficit fiscal la Coalición Cívica viene trabajando para “revisar todo el gasto tributario; transparentar los fideicomisos; privatizar 25 empresas públicas deficitarias; revisar todos los entes cooperadores; que todos paguen el impuesto al Tabaco”.

Finalmente aclaró López que “siempre intentaremos ser responsables, serios y humanistas”, y cerró: “No creemos ni en la insensibilidad de Milei ni en el oportunismo kirchneristas pero entre ellos se entienden muy bien”.

El bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó un proyecto para transparentar el uso y evitar el abuso de los aviones oficiales y prohibir su utilización personal, política y/o electoral porque: “El uso personal y político de las aeronaves públicas es una práctica consolidada desde hace años a la que Milei no debería plegarse”.

La iniciativa propone la creación de un Registro Público donde los funcionarios deberán informar cada uno de los traslados realizados y sus costos. “Se debe prohibir de manera expresa el uso personal, político y electoral de las aeronaves del Estado, para evitar que se desvíen de su propósito público para servir a intereses particulares”, explicaron.

El objetivo es optimizar la gestión de las aeronaves del Estado y garantizar su disponibilidad para la prestación efectiva de servicios públicos. Además, busca promover el uso responsable y austero terminando con una práctica consolidada de la política que utiliza estos recursos públicos discrecionalmente.

“Desde Cristina Kirchner que se hacía llevar los diarios a Río Gallegos en el Tango 03 y viajaba en el avión de YPF hasta los gobernadores que utilizan los aviones sanitarios como si fueran propios, la política desvía recursos que deberían estar al servicio de la sociedad”, expresó Juan Manuel López, presidente del bloque en Diputados.

Para el diputado, la utilización abusiva de las aeronaves públicas fue posible debido a la falta de una norma que regule el registro, control y seguimiento sobre el uso de estos recursos. A su vez, agregó que, “la sociedad nos reclama gestos de austeridad. El Presidente Javier Milei no debería habituarse a este tipo de prácticas”.

2360-D-2024

La titular de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, junto con el jefe del bloque en Diputados, Juan Manuel López, presentaron notas ante el Consejo de la Magistratura y la Procuración General rechazando la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema y solicitaron una auditoría.

En los textos cuestionaron la iniciativa del Gobierno para que Lijo integre el máximo tribunal y argumentaron que “tuvo severos cuestionamientos públicos por su falta de ética e independencia en el desempeño como juez federal”.

"Deben proponerse a personas con aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica, con una trayectoria que demuestre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función", señalan en las presentaciones.

Además, dan cuenta de la denuncia que realizó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por su demora en la investigación de las causas de corrupción", y también una que presentó la propia exdiputada por una presunta asociación ilícita para garantizar la impunidad en causas de corrupción.

Nota a Procuración General de la Nación - Lijo - 8.4.2024

“Cabe recordar que el Dr. Lijo fue sometido a una investigación penal —causa N° 13.082, tramitada ante el juzgado del Dr. Ercolini, con intervención de la fiscalía a cargo del Dr. Picardi-, la cual tuvo su origen en una denuncia realizada por la suscripta —Elisa Carrió— por la presunta existencia de una asociación ilícita —integrada, entre otras personas, por el Dr. Lijo— que habría pretendido garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de las más altas esferas de poder a cambio de dinero y negocios espurios”, recordaron.

Por último, pidieron al Consejo de la Magistratura y a la Procuración General que “realice una auditoría sobre la actuación del fiscal Picardi en la tramitación de dicha causa”. c

“Consideramos necesario requerirle su intervención a fin de que el Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación y, especialmente, la sociedad en su conjunto pueda tomar debido conocimiento de la persona propuesta por el presidente de la Nación”, indican.

El Gobierno propuso que Lijo y el catedrático Manuel García Mansilla ocupen los lugares Elena Highton de Nolasco y Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años en diciembre.

En una nota dirigida al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, los diputados nacionales de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto volvieron a reclamar que se aparte del juicio por YPF al subprocurador del Tesoro Andrés De la Cruz.

Los legisladores recordaron que el pasado 18 de enero ya habían solicitado que el funcionario "se abstuviera de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra nuestro país llevado adelante por Burford Capital, toda vez que, según había trascendido públicamente, dicho funcionario habría sido abogado de la familia Eskenazi, la cual podría ser beneficiaria del resultado de aquel juicio".

Ahora, ante la excusación del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra -sobre quien también son críticos-, alertaron que "el subprocurador deberá reemplazarlo y, por tanto, intervendrá directamente en el caso".

"Frente a los nuevos acontecimientos ocurridos, resulta de suma urgencia reiterarle el pedido realizado el pasado mes de enero y, consecuentemente, solicitarle que requiera al Sr. Subprocurador del Tesoro de la Nación, Dr. Andrés De la Cruz, que se abstenga de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra nuestro país llevado adelante por Burford Capital", señalaron.

López y Oliveto resaltaron que "de acuerdo a lo que ha trascendido públicamente, De la Cruz habría sido abogado de la familia Eskenazi, por lo que advertimos la existencia de un conflicto de intereses que perjudicaría notoriamente la defensa de nuestro país. Insistimos: uno de los funcionarios a cargo de la defensa del Estado argentino -el Dr. De la Cruz- mantendría una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que, reiteramos, tendrían un notorio interés en el litigio que llevan adelante contra la Argentina".

Tras considerar necesaria la intervención de la OA, los cívicos sostuvieron que "es fundamental para la Argentina ejercer una defensa adecuada en aquella causa puesto que, de lo contrario, nuestro Estado será condenado a pagar una enorme suma de dinero, en claro perjuicio de la sociedad argentina que, una vez más, se verá perjudicada por la mala administración y la corrupción de algunos funcionarios públicos y empresarios".

 

 

Luego que se publicara este miércoles en el Boletín Oficial un decreto por el cual el presidente Javier Milei acepta la excusación del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, de intervenir en el juicio por YPF que tramita en Estados Unidos, desde la Coalición Cívica volvieron a pedir la renuncia del funcionario. 

“El procurador Barra aceptó su conflicto de intereses en la causa YPF y debe renunciar”, resaltó el diputado y presidente del partido, Maximiliano Ferraro, quien consideró que “el presidente aceptó su excusación” pero “un apartamiento formal que no alcanza ni da garantías suficientes”. 

Para el porteño, “si el procurador que debe defender los intereses del Estado argentino no puede intervenir en el principal caso judicial contra nuestro país, entonces no tiene sentido que continúe en su cargo”. 

“Barra debe renunciar inmediatamente y dejar su función a quien pueda ejercerla plenamente con integridad, idoneidad y sin conflictos de intereses por sus ‘servicios prestados’ a Cristina Fernández de Kirchner y demás responsables políticos y penales de la estatización, vaciamiento y estafa de YPF”, completó Ferraro. 

Esto último fue en alusión además a la opinión técnica que Barra diera en la causa “Vialidad”, por la cual se encuentra condenada en primera instancia la exvicepresidenta, y que fue motivo de una denuncia ante la Oficina Anticorrupción presentada por la CC. 

Por su parte, el diputado Juan Manuel López señaló que “la excusación de Barra en los juicios contra YPF es un peligro si también no la hace el subprocurador. Lo solicitamos en diciembre y lo volveremos a pedir ahora”. 

“El gobierno de Milei no puede convalidar el fraude millonario de los Kirchner, Kicillof y los Eskenazi. Hoy, a cargo de los juicios en EE.UU. y España quedaría el subprocurador del Tesoro que, como reveló Carlos Pagni en enero, fue abogado de la familia Eskenazi que está asociada a las demandas del fondo Buford y ya tienen una sentencia a su favor por US$16.000 millones en Nueva York”, apuntó. 

Además, recordó que el pasado 9 de enero, cuando Barra se presentó en la Cámara baja en el marco del debate de la ley ómnibus, le pidió al procurador del Tesoro que “se constituya en querellante en la denuncia que hizo @elisacarrio y duerme en el juzgado de Ariel Lijo”. “No sólo no lo hizo, sino que Milei propuso al juez para la Corte. Demasiado sospechoso ¿Es cómplice el proceder del Gobierno?”, se preguntó. 

En su oportunidad le pedí al procurador Barra que se constituya en querellante en la denuncia que hizo @elisacarrio y duerme en el juzgado de Ariel Lijo. No solo no lo hizo sino que Milei propuso al juez para la Corte.
Demasiado sospechoso ¿Es cómplice el proceder del gobierno? pic.twitter.com/gSdDdQzkjU

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) April 3, 2024

Durante esa reunión, López sostuvo que “YPF tiene un juicio en Estados Unidos por un reclamo que hace un fondo a la Argentina y por la que el Estado Nacional está condenado provisoriamente por 16 mil millones de dólares. Hay una causa penal que denunció la exdiputada Elisa Carrió en el juzgado federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, donde la compra sin dinero por parte de la familia Eskenazi en su momento del 25% de las acciones de YPF, nosotros decimos que fue un compra fraudulenta y que además detrás de este fondo que está litigando en Estados Unidos está la misma familia que en la Argentina había comprado en una operación el 25% de ese capital accionario que después la propia Cristina Kirchner, como presidenta de la Nación, y el señor Axel Kicillof, en ese entonces ministro de Economía expropiaron”. 

“Más allá de lo que tiene que ver con la participación del Estado en querellas, debería impulsar la causa del doctor Lijo la Procuración, porque detrás de ese fondo puede haber una estafa o estar enriqueciéndose un beneficiario final, que es un ciudadano argentino, que a nuestro modo de ver estafó a la compañía y al Estado Nacional y hoy nos está costando 16 mil millones de dólares”, agregó López en esa ocasión. 

En el decreto 283/24, que además de Milei lleva las firmas de Nicolás Posse -jefe de Gabinete- y Mariano Cúneo Libarona -ministro de Justicia-, se argumentó que se aceptó la excusación de Barra "ante una eventual actuación por su parte en dicho proceso podrían percibirse afectadas su independencia de criterio o su imagen pública, en razón de haber emitido una opinión técnica de experto en Derecho Administrativo argentino, el 11 de octubre de 2021, a solicitud del Administrador Concursal designado en los procesos concursales de las sociedades Petersen Energía Inversora S.A.C. y Petersen Energía S.A.U., radicados ante el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Madrid, Reino de España".

De esta manera, el Ejecutivo justificó que "con el fin de garantizar la mayor transparencia e imparcialidad en cada uno de los actos de gobierno, corresponde hacer lugar a la solicitud efectuada por el Procurador del Tesoro de la Nación por las razones expuestas como fundamento de su excusación".

 

 

Previsiblemente, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona defendió la postulación que hizo el Gobierno del juez federal Ariel Lijo para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia.

Frente a los múltiples cuestionamientos que a diario se escuchan contra el magistrado, Cúneo Libarona dijo que escuchó a “gente que no tiene ni idea de lo que está opinando”, señalando que por el contrario Lijo “no solo es prestigioso en el fuero, lo quieren todos, sus pares y sus superiores”.

En su encendida defensa, Cúneo dijo que todas las denuncias que se hicieron contra el juez federal “fueron juzgadas, terminadas y archivadas”. Además, agregó que “todos los jueces federales tuvieron denuncias por enriquecimiento ilícito”.

Los primeros en emprenderla contra el juez Lijo fueron los diputados de la Coalición Cívica, cuya líder, Elisa Carrió, quien nunca quiso a este magistrado y fue la primera en objetarlo.

Los dirigentes de su partido anunciaron la presentación de una impugnación al pliego afirmando que “el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial es la propuesta del juez federal Lijo como candidato para integrar la Corte Suprema”, afirmando que “fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y el dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones”.

“A lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa  por el vaciamiento de YPF”, recordaron los dirigentes de la CC.

Lo cierto es que ahora el diputado Juan Manuel López salió al cruce del ministro diciendo: “Para Mariano Cúneo Libarona los que los que hablamos de Ariel Lijo no tenemos ni idea. Esa soberbia le sirvió en los 90 para hacer plata reventando el prestigio de su familia. Ahora este viejo degenerado judicial está matando lo poco que queda de transparencia, de eso él tiene idea”.

No sorprende que el saca presos VIP, abogado de los Narcos y corruptos más grandes de la Argentina, defienda a su cliente. https://t.co/eznjzn0nbH

— Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) March 27, 2024

Pocas cosas fastidian más a la oposición dialoguista que las referencias críticas del presidente Javier Milei dirigidas a los diputados opositores. Y sobre todo las que hace a través de las redes sociales.

Fue el caso este domingo en el que publicó en su cuenta de Instagram un chiste del dibujante Nik, donde hacen referencia al “logro inédito” alcanzado por el mandatario: haber hecho que los diputados trabajaran durante todo el mes de enero.

No se la dejó pasar el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, que calificó de “injusto” al presidente de la Nación, al recordar que “en enero del año pasado algunos pocos diputados nos quedamos defendiendo la independencia del Poder Judicial cuando el kirchnerismo comenzó el Juicio Político a la Corte”.

Y dirigiéndose a Milei, le recordó que “usted no pasó ni a saludar”.

“Seamos sinceros. Su bloque fue bastante holgazán, votaban en general y nunca se quedaban a la votación en particular”, recordó López, que le facturó entonces que “así salió la ‘tasa de aeropuertos Milei’, se acuerda’”, en referencia a un artículo del Presupuesto 2023 que el Frente de Todos logró aprobar por la ausencia del bloque libertario.

“Nosotros no haremos lo mismo. Saludos”, cerró el diputado López.

Diputados de la Coalición Cívica alertaron a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, sobre “la frágil situación en materia de seguridad alimentaria” que afecta a los sectores socioeconómicos de más bajos ingresos en nuestro país y solicitar en consecuencia la urgente ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a políticas alimentarias.

Al día de la fecha, advirtieron dirigentes de la CC basados en los portales públicos de “Presupuesto Abierto” y de “Compras Públicas”, “no se ha ejecutado ninguna de las partidas prorrogadas para el ejercicio 2024 del Programa 26 de Políticas Alimentarias, tanto en lo que refiere a transferencias a las administraciones provinciales y municipales, instituciones culturales/sociales, cooperativas, como así tampoco se han iniciado procesos de compras para la adquisición directa de alimentos”.

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, y la diputada provincial Maricel Etchecoin Moro, advirtieron sobre las consecuencias del proceso inflacionario que se ha desbocado en diciembre y enero, con especial impacto en el rubro de alimentos y bebidas, y el irreversible crecimiento de la pobreza e indigencia que afecta a millones de argentinos, que atribuyen a “la irresponsable política fiscal del anterior gobierno”.

En diciembre pasado, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA presentó el informe de avance “Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Desafíos para la agenda pública (2004-2023)”, entre sus conclusiones se destacan algunas que hacen relevante la presente:

• En 2023 el 62,9% de los niños, niñas y adolescente de 0 a 17 años se encontraba en condición de pobreza, mientras que la indigencia se elevó al 16,2%, superando el nivel que tuvo en 2020 durante el aislamiento obligatorio de la pandemia. Es decir, más de ocho millones de niños, niñas y adolescente son pobres y más de 2,1 millones de ellos viven en condiciones de indigencia.
• Se identificó inseguridad alimentaria en el 20.6% de la totalidad de los hogares y en el 45,1% de los del cuartil socioeconómico inferior. En un número similar al de la indigencia, el 13,9% de la población de 0 a 17 años tuvieron inseguridad alimentaria en 2023, lo que equivale a casi 1,8 millones de niños, niñas y adolescentes.
• El 50,4% de la población con inseguridad alimentaria recibió algún tipo de asistencia alimentaria directa (cajas/bolsones de alimentos o viandas/comedores no escolares), un 42,7% en la población en condición de pobreza y un 35.5% de los hogares con niños.

Detrás de estas cifras, señalan desde la CC, “hay una enorme cantidad de hogares, familias, niños y niñas, que complementan sus ingresos y su capacidad de adquirir alimentos a través de las políticas de asistencia alimentaria directa. Todos ansiamos una Argentina donde las familias vuelvan a compartir la mesa familiar con el fruto del esfuerzo y el trabajo, pero en este contexto de emergencia es imperioso que desde la Administración Central se realicen urgentemente los esfuerzos políticos y administrativos para no desatender las necesidades alimentarias de los más vulnerables”.

Recuerdan los legisladores que el pasado 30 de enero Manuel Adorni, vocero de la Presidencia, informó que se encuentran reorganizando la ejecución de la política alimentaria. “Desde ya compartimos que las transferencias de fondos y la distribución directa de alimentos a las instituciones de la sociedad civil, como así también a las administraciones provinciales y municipales, requieren ser auditadas y transparentadas para evitar toda discrecionalidad o intermediación que dé lugar a ‘negocios con la pobreza’ -aclaran Ferraro, Etchecoin y López-. Sin embargo, es indispensable que estos procesos de reformas se lleven adelante con previsión y absoluta responsabilidad, evitando suspender las políticas alimentarias directas e indirectas en un contexto tan difícil para los argentinos como el que estamos atravesando”.

Los dirigentes de la Coalición Cívica consideran “inoportuno” que “se haya optado por paralizar la ejecución de estas políticas y sus partidas presupuestarias, mientras que por el Decreto 125/23 se pospuso a abril el traspaso y reforma del Programa Potenciar Trabajo, siendo que este ha sido objeto de numerosos denuncias en relación a manejos indebidos por sobre los ocurridos y denunciados en comedores y merenderos”.

Sostienen los diputados que “el Gobierno nacional cuenta con los recursos y herramientas necesarias para enfrentar esta situación que se agrava, habida cuenta que la Ley 27.701 extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 la Emergencia Alimentaria Nacional y que por la prórroga del presupuesto las partidas destinadas a políticas alimentarias para el 2024 tienen una asignación de 176.000 millones de pesos”.

Continuadas las intervenciones de cada bloque en el inicio del debate del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el diputado nacional Juan Manuel López (HCF) confirmó que “vamos a votar el dictamen del oficialismo”, pero cuestionó al Gobierno Nacional.

“Venimos a dar una herramienta que el país y el Gobierno necesitan y y sobre todo el país que está sufriendo”, aseveró. Asimismo, destacó que “el Gobierno tuvo la suerte de que muchos diputados colaboraran, pero no todos”.

De allí, mencionó las cuestiones a las que se oponen desde la Coalición Cívica – ARI- espacio dentro de Hacemos Coalición Federal-: “La moratoria me parece un error, los que producen estan ahogados de impuestos y es imperioso revisar esta decisión o que lo hagan cuando traigan el paquete fiscal”.

Con relacion a la movilidad jubilatoria, expresó: “el ajuste del Frente de Todos a los jubilados es responsabilidad de Alberto Fernández, Sergio Massa y La Cámpora porque la fórmula propuesta se quedaba corta”. En tal sentido, sostuvo que “no se vuelva a cometer ese error”.

Tambien se refirió al impuesto al tabaco y señaló que “es inexplicable no recaudar sobre tabacaleras”, y amplió su mirada sobre la delegación de facultades: “No votamos facultades por un principio politico y porque nacimos como espacio político cuando Elisa Carrió no se le votó a Domingo Cavallo hace 22 años”.

“La Argentina necesita muchas reformas como quitar la multa del trabajo no registrado para combatir la industria del juicio laboral y eso genera expectativa en las pymes que quieren eliminar esas multas para tomar más gente”, cuestionó López con relacion a qué el presidente lo envio en el DNU y no por un proyecto de ley.

Por último, criticó: “No me entra en la cabeza la política fiscal sobre retenciones porque los productores empezaron el año con 7% y se encuentran con 15”. “Cuenten con este bloque, pero algunos libertarios nos tratan de colectivistas y no hay nada mas colectivista que subir retenciones”, concluyó.

Luego, la diputada nacional Paula Oliveto Lago (HCF) cuestionó a Unión por la Patria y los acusó por “olvidarse de defender la Constitución y la institucionalidad según quien gobierne”. “El Frente de Todos defendió la delegación de facultades a Alberto Fernández para tenernos encerrados”, recordó.

Además, se dirigió al Gobierno Nacional: “Nosotros representamos a personas, no a presidentes. Hay gente con mucho miedo porque le dijeron que si no sale la ley se cae el mundo y la legitimidad radica en representar el pueblo”.

También, opinó sobre el tema jubilaciones y fustigó al gobierno saliente: “Los jubilados son los peores pagos de este país, pero esto no es de ahora porque votaron una ley cantando la marcha peronista y le hicimos daño”.

Para concluir su intervención en línea con su espacio, la CC- ARI, anticipó que “hay que sacar este país adelante y no vamos a poner palos en la rueda”.

En medio del conflicto por la estatización de YPF, y cuando la Argentina debería pagar 16 mil millones de dólares por un mal procedimiento realizado durante el kirchnerismo, los diputados nacionales de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto enviaron una nota al titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Alejandro Melik, en la que le solicitan que se le requiera al subprocurador del Tesoro de la Nación, Andrés de la Cruz, que se abstenga de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra nuestro país llevado adelante por Burford Capital, ya que, según ha trascendido públicamente, habría sido abogado de la familia Eskenazi, quienes podría ser beneficiarios del resultado de aquel juicio.

Además, ambos legisladores pusieron en tema al nuevo presidente YPF, Horacio Marín, para que pueda adoptar las medidas “adecuadas que sean respetuosas de las necesidades de la empresa a su cargo y del Estado Argentino en su conjunto”.

De la Cruz fue designado por la gestión de Javier Milei el pasado 26 de diciembre a través del decreto 80/2023, firmado por el presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El abogado es el número dos de la Procuración del Tesoro, que asume la representación y la defensa del gobierno nacional en juicios como el de YPF y que está a cargo de Rodolfo Barra.

“De la Cruz habría sido abogado de la familia Eskenazi por lo que advertimos la existencia de un conflicto de intereses que perjudicaría notoriamente la defensa de nuestro país”, alertaron e insistieron: “Uno de los funcionarios a cargo de la defensa del Estado argentino mantendría una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que tendrían un notorio interés en el litigio que llevan adelante contra la Argentina”.

“Cabe recordar que la defensa del Estado argentino en el mencionado juicio es llevada a cabo por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo subprocurador es Andrés De la Cruz, quien estaría a cargo de los litigios internacionales”, explican los legisladores de la CC en el texto de la carta enviada a la OA.

Asimismo, se anclaron en la ley de Ética Pública y le remarcaron a Melik que “es importante que el subprocurador se abstenga de intervenir en el mencionado juicio puesto que, habida cuenta del notorio conflicto de intereses existente, podría privilegiar su interés particular por sobre el interés público. Si se abstuviera de intervenir se evitarían opacidades o sospechas que podrían mellar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas o, cuanto menos, en la transparencia en los controles del Estado”.

Nota a Oficina Anticorrupción 18.1.24 (2)

Los diputados nacionales advirtieron que, de no ocurrir el corrimiento, “se estaría atentando contra el ejercicio de una buena defensa por parte de nuestro país —evidenciando un hecho de extrema gravedad institucional— e, insistimos, podría acarrear la confirmación de una condena multimillonaria. Es nuestro deseo que el Estado argentino esté bien representado, puesto que está en juego el presupuesto público; es decir, dinero que le pertenece a todos los habitantes”.

En la nota, explicaron que el Estado argentino enfrenta una causa judicial en la que el fondo Burford Capital¨ que compró los derechos de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de propiedad de Eskenazi, le reclama una multimillonaria indemnización por la estatización de YPF ocurrida en el año 2012.

El pasado mes de septiembre, la jueza de distrito 2 de Manhattan, Loretta Preska, que ya había determinado que Argentina había incumplido el contrato de YPF, consideró adecuado el esquema de compensación propuesto por el fondo Burford Capital, que pide unos 16.000 millones de dólares de indemnización.

“Conforme surge de información publicada en diversos medios periodísticos, el fondo Burford Capital habría efectuado un acuerdo con la familia Eskenazi en el que estos últimos se beneficiarían con el 30% del monto del litigio, si es que obtuvieran alguna indemnización al respecto. Por lo tanto, hay severas y fundadas sospechas que detrás del fondo Burford estarían los Eskenazi”, argumentaron.

Por último, recordaron que “la defensa del Estado argentino en el mencionado juicio es llevada a cabo por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo subprocurador es Andrés De la Cruz, quien estaría a cargo de los litigios internacionales. He aquí, entonces, donde radica el fundamento de nuestra presentación”.

Ciudad de Buenos Aires

Desde la Coalición Cívica – ARI, espacio que integra el bloque Hacemos Coalición Federal, plantearon limitar los beneficios fiscales del régimen de Tierra del Fuego y bajar aranceles a importaciones de notebooks y celulares, dentro de la discusión de modificación de artículos de la ley ómnibus.

Desde el espacio opositor que “busca dar gobernabilidad” señalaron que “en el caso de que el Gobierno recepte la propuesta, podrá dar marcha atrás con algunas subas de impuestos contenidas o mejorar las condiciones de actualización de los haberes jubilatorios”.

La idea del espacio comandado por Juan Manuel López propone dos capítulos: Limitación de los beneficios fiscales del Régimen de Tierra del Fuego; y  la eliminación de los aranceles a la importación de notebooks y celulares.

Para el primero, explicaron que “el régimen de Tierra del Fuego es el de promoción más costoso de nuestro país, generando pérdidas al Estado Nacional de más de mil millones de dólares cada año”. “A pesar de haber transcurrido más de 50 años desde su creación, continúa vigente y durante el 2024 implicará una pérdida de recaudación del 0,33% del PBI”, criticaron.

“Según informes que midieron los niveles de asistencia pública que recibe cada actividad económica, el Régimen de Tierra del Fuego es el sector más beneficiado por el Estado, al punto de mostrar niveles de asistencia superiores al 100% respecto de su valor agregado”, agregaron.

Así las cosas, indicaron que “este mecanismo permite a las empresas beneficiarias del Régimen de Tierra del Fuego cobrar el IVA en sus ventas en el Territorio Continental, pero al mismo tiempo los libera del deber de ingresar lo obtenido al fisco”.

Asimismo, cuestionaron que “cuando los consumidores argentinos abonan el IVA al adquirir productos elaborados en el marco del Régimen de Tierra del Fuego (celulares, TVs, aires acondicionados, microondas, etc), dicho impuesto no ingresa al Estado. En su lugar, las empresas beneficiarias lo incorporan como ganancia”.

“El proyecto que presentamos desde la Coalición Cívica prevé la eliminación total de este beneficio, de modo que las empresas de Tierra del Fuego no puedan quedarse con el IVA que cobran a sus consumidores en nombre del Estado. Si el gobierno acepta la propuesta, podría obtener un ahorro fiscal para 2024 de $412 mil millones (0,12% del PBI)”, consideraron.

Notebooks y celulares

En la segunda parte, desde la CC-ARI proponen que “los celulares importados deben pagar un arancel del 16%”, y agregaron que “a fin de liberar la oferta, que las empresas compitan y bajen los precios, el proyecto propone que las notebooks (nuevas y usadas), los celulares y otros productos informáticos y de las telecomunicaciones puedan ingresar al país sin pagar aranceles de importación (las notebooks nuevas pagan hoy un arancel del 16% y las usadas del 35%)”.

También, indicaron que “la medida busca replicar la política llevada adelante durante el gobierno de Cambiemos”. “En 2017 se eliminaron los aranceles a las notebooks, tablets y computadoras y los precios en dólares de un 24% y un incremento de las ventas del 47%”, añadieron.

Además, criticaron una medida de Alberto Fernández por la que “en marzo de 2023 reestableció los aranceles a notebooks y tablets produciendo aumentos de hasta el 80% en cuestión de horas”.

“La eliminación de los aranceles sería una solución para los consumidores que hoy tienen que afrontar precios mucho más altos que en el resto del mundo”, consideraron, y concluyeron que “Hicimos un relevamiento en varias tiendas oficiales y los resultados mostraron que tenemos precios en dólares dos o tres veces más caros que en el exterior”.

Nadie ataca la industria nacional Gobernador. Solo queremos que haya competencia y que los productos electrónicos tengan precios similares a los del resto del mundo.

No es razonable que los millones de consumidores tengan que pagar el doble o triple que en el exterior 👇 https://t.co/SGA3JiuKPI pic.twitter.com/ZvluDHBn46

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 18, 2024

El presidente Javier Milei no tiene intenciones de mejorar su relación con los legisladores. Y parece no encontrar razones para intentarlo. Ya lo hizo el día de su asunción, cuando en lugar de dar su primer discurso ante diputados y senadores, lo hizo ante sus seguidores, frente a la Plaza de los Dos Congresos; agravó la relación la última semana al sugerir la existencia de diputados que pedirían coimas para modificar las propuestas que ha mandado, y este viernes volvió a cargar contra ellos.

En efecto, en una nueva escala de sus embestidas, ahora tuiteó: “Mientras algunos de la oposición al kirchnerismo arrastran los pies con nuestras reformas (Ley ‘Bases’), le acaban de votar a favor a Kiciloff aumento de impuestos y endeudamiento”, dijo en referencia a la votación en la Legislatura bonaerense, donde la oposición terminó votándole una iniciativa al gobernador.

Milei remató: “El problema no son las formas. Es el fondo. Quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor. Háganse cargo y dejen de mentirle a la gente”.

Prestamente le salió al cruce el jefe del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien repuso que la mora está en el oficialismo: “Presidente, no hay una sola comisión conformada en el Congreso, la ley ‘bases’ ni siquiera está habilitada en el temario de extraordinarias. No es una ley de reforma del Estado es un mboyeré que mezcla desde retenciones a juicio por jurados.

ORGANICENSÉ y marquen prioridades”.

El secretario del flamante bloque Hacemos Coalición Federal, Juan Manuel López, se refirió al proyecto de "ley ómnibus" y sostuvo: "Tenemos que ser veloces, por supuesto, en las respuestas que le damos tanto al Poder Ejecutivo como a la sociedad. Pero al mismo tiempo creo que tenemos que ser rigurosos y pedirles a los ministros que nos digan cuáles son las prioridades".

"Que la Argentina necesita cambios, yo no tengo dudas. La mayoría de los cambios que vi en el DNU me parecen muchísimos temas en el sentido correcto. Es una mala técnica el DNU, yo creo que hay que convertirlo en ley, discutirlo y mirar punto por punto", observó sobre el decreto.

Nuevamente sobre la iniciativa, consideró que "para una reforma política tenemos todo el año 2024 para debatirla con seriedad", lo mismo que para establecer un régimen de juicio por jurados. "No creo que tenga la urgencia", agregó.

En diálogo con Radio Rivadavia, el dirigente de la Coalición Cívica remarcó que la iniciativa del Gobierno "tiene temas tan distintos que es complejo mandarlo a dos o tres comisiones nada más. Al mismo tiempo, mandarlo a 15 comisiones también es un problema". "Tendría que haber una mínima coordinación entre el Gobierno y la Cámara de Diputados", sugirió.

El porteño expresó que "es un proyecto muy ambicioso, pero bastante desordenado, porque trata temas muy distintos en una sola ley. Establece retenciones, genera un blanqueo laboral y un blanqueo para todos los argentinos que tengan ahorros y no los hayan declarado. Al mismo tiempo una parte de una reforma política, con cuestiones que nunca han sido debatidas" como "poner que los diputados sean elegidos por circuitos nominales, algo que en Argentina no se hizo casi nunca, o bueno hace más de 100 años, pero tampoco funcionó muy bien".

Finalmente, se confirmó la fusión de los bloques Cambio Federal, Hacemos por Nuestro País y la Coalición Cívica – ARI para conformar Hacemos Coalición Federal. Miguel Ángel Pichetto será el presidente de bancada.

Integrado por 23 diputados nacionales que formaron parte del interbloque Juntos por el Cambio y el Federal, Hacemos Coalición Federal tendrá a Carlos Gutiérrez como vicepresidente y a Juan Manuel López como secretario.

El recientemente diputado nacional electo, Miguel Ángel Pichetto, había conformado el bloque Cambio Federal con nueve integrantes, pero dentro de JxC. Sin embargo, en esta ocasión el bloque que integran junto a los diputados de Elisa Carrió y los de Juan Schiaretti rompe la alianza con el Pro y la UCR.

La postura ante el mega DNU del presidente de la Nación, Javier Milei, había marcado posturas diferentes en los integrantes de JxC, donde Pichetto y los miembros de las exCC – ARI se opusieron rotundamente a que las medidas sean a través de un decreto de necesidad y urgencia sin pasar por el Congreso.

Además de las autoridades mencionadas, integran el bloque Hacemos Coalición Federal: Oscar Agost Carreño, Jorge Ávila¸ María Victoria Borrego, Juan Brugge, Marcela Campagnoli, Natalia De la Sota, Mónica Fein, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Ignacio García Aresca, Florencia Kilpauka Lewtak, Ricardo López Murphy, Nicolás Massot, Francisco Morchio, Paula Oliveto Lago, Esteban Paulón, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Alejandra Torres.

Nota conformación bloque Hacemos Coalición Federal

La Mesa Nacional de la Coalición Cívica se reunió este viernes en el Instituto Hannah Arendt de esta ciudad. La reunión fue encabezada por el presidente del partido Maximiliano Ferraro; el jefe del bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López, y por la titular de la CC provincial, Maricel Etchecoin; y participaron las diputadas nacionales Paula Oliveto, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, Mónica Frade y Leonor Martínez Villada; la diputada provincial Romina Braga y el senador provincial Andrés De Leo; el legislador provincial electo por Córdoba Gregorio Hernández Maqueda; la presidenta de la Coalición Cívica de Santa Fe, Lucila Lehmann; el legislador porteño Hernán Reyes; y los dirigentes Fernanda Reyes y Agustín Bertuzzi. “Cuidar a los argentinos. Libertad y respeto irrestricto a la dignidad humana, a la democracia constitucional y a la República”, señalaron.

“La Mesa Nacional y el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI saluda al pueblo argentino por haber concurrido a la urnas en libertad y en paz y al presidente electo Javier Milei por su triunfo en las recientes elecciones”, expresa el documento.

“El Gobierno nacional debe colaborar y garantizar un traspaso transparente, efectivo y ordenado. En ese marco, es que exigimos y deseamos que se cuide a todos los argentinos”, expresa el partido.

“Las elecciones y campaña electoral terminaron, el pueblo se expresó y somos respetuosos de ello. Somos conscientes de la expectativa que ha generado la elección de un nuevo gobierno para una mayoría de argentinos, a su vez, no desconocemos y no podemos desentendernos de la incertidumbre que se enfrenta”, indica la CC en el documento.

“En esta nueva etapa reafirmamos y defendemos principios, valores y una agenda política que son propias de nuestra identidad histórica y representan a una gran mayoría del pueblo argentino. En el lugar que corresponda, estaremos aportando la mayor lucidez y templanza posibles para este momento tan difícil que atraviesa la Argentina con una inflación y pobreza preocupantes heredadas del gobierno actual, con el objetivo de empezar a resolver los innumerables problemas que tiene un país que sufre. Fieles al contrato moral, el contrato republicano y el contrato de desarrollo económico”, sostiene.

“Nuestro lugar para la conversación pública y agenda programática será el Congreso Nacional y de cara a la ciudadanía. Allí daremos todos los debates necesarios y sostendremos nuestras posiciones”, afirma.

“Fuimos, somos y siempre seremos garantes de la institucionalidad y la república. En esta nueva etapa también estaremos para proteger el orden republicano y constitucional. Del mismo modo que  lo hemos demostrado a lo largo de nuestros años de vida política”, asegura.

“En la Coalición Cívica queremos dar certezas y asegurar el funcionamiento eficaz de los mecanismos republicanos. Nos comprometemos a ocupar el rol de ser una oposición responsable, constructiva y proactiva en el Congreso Nacional. Desde nuestras bancas acompañaremos lo que está bien para todos los argentinos y pondremos un límite cuando sea necesario. Defenderemos de forma irrestricta todos y cada uno de los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional”, expresa.

“Defenderemos la dignidad humana expresada en el pluralismo, la libertad de expresión y de prensa, la justicia independiente y el federalismo. Vamos a defender a los jubilados, a las micro y pequeñas empresas, a la producción y al campo, a los emprendedores y economía del conocimiento, a los estudiantes que merecen una educación con inclusión y calidad, a los trabajadores y a la formalización del trabajo, el desarrollo económico y el desarrollo sostenible y a todos los argentinos que necesitan recuperar la seguridad para vivir en paz”, afirma.

Por último, con el fin de garantizar la pluralidad de realidades provinciales y locales, y la necesidad de sostener un federalismo partidario robusto, la Coalición Cívica considera que los distritos “podrán mantener su marco de alianzas local/provincial, en concordancia con la Mesa Ejecutiva Nacional”.

A raíz de la causa de espionaje ilegal que se reveló esta semana, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, consideró que la Comisión de Juicio Político funcionó como "una central de inteligencia a cielo abierto" donde "vimos como el diputado Rodolfo Tailhade mostraba supuestos chats y datos que no tenían el común de los diputados sobre las personas acusadas y los testigos que declaraban, para sostener sus hipótesis a fin de destituir a la Corte".

"Es muy difícil que la Comisión de Juicio Político se vuelva a reunir con Rodolfo Tailhade ahí sentado, que evidentemente espió a muchas personas, pero sobre todo a algunos objetivos para destituir a la Corte Suprema", enfatizó el opositor en referencia al legislador camporista que apareció entre los contactos del expolicía Ariel Zanchetta.

El vicepresidente de la Comisión de Juicio Político recordó que "el oficialismo decidió enjuiciar a la Corte a fin del año pasado porque le sacó una medida cautelar que no les gustaba, promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación". "Ahí empezaron un proceso para enjuiciar a toda la Corte Suprema por el contenido de sus sentencias y, como sabían que eso no se podía hacer, utilizaron información de inteligencia ilegal para sostener esas acusaciones", denunció.

Para el diputado de Juntos por el Cambio, ésta puede ser "una de las centrales de inteligencia más grande de la historia contemporánea, donde está espiada un montón de gente y evidentemente el kirchnerismo consumía y utilizaba esta información con una cantidad de fines que todavía no sabemos, pero evidentemente controlar y extorsionar a empresarios y jueces en sus objetivos de poder".

"Ahora hay trascendidos de que este agente de inteligencia tenía información sobre la muerte del fiscal (Alberto) Nisman", advirtió y dijo que desde la Coalición Cívica "nuestra experiencia da que detrás de las grandes operaciones de inteligencia estuvo el general César Milani y estuvo un personaje con mucha experiencia en los servicios de inteligencia que es Fernando Pocino, son personas pesadas".

En declaraciones a CNN Radio, López aseguró que "Tailhade se tiene que correr de la Comisión de Juicio Político y de la comisión que controla los organismos de inteligencia".

"Hace años que con Elisa Carrió estamos pidiendo que la AFI se disuelva y haya un organismo profesional, que coordine la inteligencia criminal que tiene todas las fuerzas de seguridad, que lo haga técnicamente y que reciba información del exterior. La Argentina está cubierta de narcotráfico y siempre es un posible blanco de ataques terroristas", señaló.

También agregó: "Espero que en el debate presidencial los dos candidatos a presidente digan que no promueven un juicio político a la Corte y que esto se va a desactivar".

Luego de la reunión sin debate de la Comisión de Juicio Político, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri, habló este martes en la conferencia de prensa que dieron los legisladores de Juntos por el Cambio y expresó sobre el oficialismo que “venían por lana y se fueron esquilados”.

Planteó que la Comisión de Juicio Político “terminó muerta por default”. “No tiene más ningún tipo de legitimidad por parte de quienes la maltrataron, la usaron en servicio del poder exclusivamente para ellos”, y agregó: “Termina de la peor manera porque después de estar veinte horas, en dos minutos, se pararon y se fueron”.

Asimismo, cargó contra Alberto Fernández y aseveró que “el presidente de la Nación pidió el juicio político con un tuit, pero si alguien lo ve, díganle que le pida disculpas a los argentinos por el enorme daño que ha causado hoy con los suyos”.

El titular de la Coalición Cívica – ARI en Diputados, Juan Manuel López, señaló: “Creemos que fue la última reunión de la Comisión de Juicio Político, luego de que la presidenta decidiera levantarla solo dos minutos después de haberla iniciado”.

También, aseveró que “el diputado Tailhade fue relatando durante las sucesivas reuniones de comisión, los chats de inteligencia que fueron apareciendo en medios de comunicación”, y enfatizó que “esta fue una comisión de inteligencia a cielo abierto”.

Para terminar, indicó que “el bloque del kirchnerismo se escondió por temor a que este escándalo los pueda afectar en el balotaje”, y advirtió que “si llega un pedido de desafuero de Tailhade por parte de un juez, en caso de tener que ser tratado por esta Cámara, lo vamos a acompañar”.

También, el jefe de bancada del Pro en la Cámara baja, Cristian Ritondo, remarcó que solicitaron la reunión “urgente” de la Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por Leopoldo Moreau.

Y agregó que “se arme la subcomisión que investigue este caso, que se le limite al diputado Tahilade su participación, y tercero, que como han hecho en otras causas, que ellos inventaron, como lo demostró la Justicia, que se presente como querellante la propia Bicameral.”.

Finalmente, Ritondo le solicitó a Sergio Massa que diga si está de acuerdo o no frente a este juicio político a la Corte Suprema de la Nación. También, solicitó que le pregunte a su candidato a vicepresidente Agustín Rossi “cuánto sabía, estando a cargo de la AFI, sobre lo que estaba pasando en ella”.

El presidente del bloque Coalición Cívica de la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, admitió este miércoles que “estamos frente a un dilema electoral difícil en el que tenemos que decidir por dos opciones que para nosotros son imposibles”.

Así lo analizó en diálogo con Mañana Sí, por FM 91.1, al ser consultado sobre la postura de la Coalición Cívica de no apoyar a nadie en el balotaje del 19 de noviembre próximo. “Creo que la continuidad de Juntos por el Cambio está asegurada, pero el riesgo está presente", ”econoció el legislador.

López afirmó que el objetivo de hacer pública la postura de ese espacio fue con el objetivo de “ser responsables” y “seguir fortaleciendo a Juntos por el Cambio”.

En cuanto a los resultados del domingo, agregó que “creo que la derrota se debe a que la interna no funcionó, no mostramos el equipo completo de lo que Juntos por el Cambio puede dar”.

“Hay que seguir trabajando, tenemos la tarea de proteger a la sociedad en los meses difícilese que se vienen”, adelantó, y sentenció: “No creemos en Javier Milei ni en Sergio Massa como líderes”.

Cuando parecía que la sesión en la Cámara baja de este martes se desarrollaba con tranquilidad durante el tratamiento de la eliminación del Impuesto a las Ganancias, irrumpió con su discurso el diputado del Pro Fernando Iglesias que calentó el clima en el recinto al hablar de “la casta sindical y peronista”.

En su intervención, Iglesias se refirió al oficialismo, puntualmente a Sergio Massa, como “casta política” con relación a la modificación del Impuesto a las Ganancias. “No quiero terminar sin mandarme un saludo a la casta sindical de Moyano y Barrionuevo”, acusó el diputado contra los referentes sindicales.

Del mismo modo, se cruzó con el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, cuando este lo interrumpió: “Son la casta sindical estúpido”, y agregó: “La casta sindical no representa a los trabajadores, representa al peronismo y se transformó en la peor de las oligarquías que es la casta peronista que está fundiendo al país”.

Luego, entre abucheos de los representantes sindicales presentes en el recinto, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, puso paños fríos e Iglesias continuo: “No puede haber una Argentina distinta con la casta sindical de siempre que ayudó a derrocar a Fernando De La Rúa. En este periodo no hicieron un solo paro”.

De la vereda de enfrente, el jefe del bloque oficialista hizo hincapié en la extensión de la sesión con un “tema importante” del cual hay “representantes sindicales” de quienes destacó el trato “respetuoso” hacia cada uno. Así, recurrió al reglamento interno de la Cámara, precisamente al artículo 180 que establece que, si un diputado se siente agraviado por alguien ajeno a la Cámara, pero también resaltó que existe el artículo 185 y 186 del Reglamento donde “somos los propios diputados los que tenemos que tener cuidado y no agredir a otros y no hacer ningún tipo de personalización, insultos o interrupciones reiteradas”.

“Si veníamos bien no entiendo por qué esto. Entiendo el ejercicio de la provocación, pero estamos en un escenario donde tranquilamente podemos argumentar sin descalificar a nadie”, cerró Martínez.

Pero el asunto no quedó ahí, se sumó el jefe del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, quien a los gritos y enojado le preguntó a la presidenta de la Cámara: “¿En carácter de qué le pide el diputado Martínez al diputado Iglesias los modos en los que puede hablar? Porque citó un artículo del reglamento que es para una sanción”.

“Milei nos puede decir casta a todos, pero el diputado Iglesias casta a los tipos que están hace 40 años en el poder y que Milei se reúne y felicita”, enfatizó entre gritos y lanzó: “¿Qué pasa Presidenta? ¿Martínez se convirtió en catador de nuestros discursos? Acá hay inmunidad de opinión, inmunidad de discursos y libertad de expresión. Bánquensela Presidenta”.

Moreau, tratando de poner paños fríos, le dijo: “No se ponga nervioso que le va a dar un infarto… tranquilícense”.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, salió a respaldar al diputado nacional Juan Manuel López, luego de las quejas que recibió por parte de dirigentes cercanos a Patricia Bullrich.

En una carta dirigida a Horacio Rodríguez Larreta, legisladores y precandidatos de ese sector cuestionaron al presidente del bloque CC-ARI por haber comparado un eventual gobierno de la exministra de Seguridad con el de 2001 y, además, criticar el tono de la campaña de la contrincante del jefe de Gobierno porteño en la interna de Juntos por el Cambio.

A través de un hilo de Twitter, Carrió le dedicó a López: "Querido @JuanmaLopezAR, yo sé más que nadie, salvo tus padres, que sos el ser menos violento y más amoroso y menos confrontativo. No te arrepientas nunca de decir la verdad. Porque la verdad es el camino".

"Que no proyecten otros en vos los dramas que vivió nuestra generación. Hace muchos años a los que no creíamos en la violencia nos llamaban cobardes o cómplices. Y los héroes eran los violentos", lanzó en una indirecta que podría tomarse sobre el pasado militante peronista de Patricia Bullrich.

Que no proyecten otros en vos los dramas que vivió nuestra generación. Hace muchos años a los que no creíamos en la violencia nos llamaban cobardes o cómplices. Y los héroes eran los violentos.

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) July 19, 2023

En ese sentido, la cofundadora de Cambiemos agregó: "Que no proyecte esa generación en la de ustedes su propia violencia discursiva. Y confiar en la verdad. Porque la verdad y la justicia son las bienaventuranzas (Mateo 5)".

"Y el primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillación. Estás seguro, estás creciendo, te estás haciendo un roble", continuó.

Finalmente, Carrió, quien días atrás debió ser internada cuando se encontraba apoyando la campaña de su partido en Santa Fe, con motivo de un cuadro compatible con déficit isquémico transitorio (cerebral), completó: "Yo estoy enferma y mi voz ya no se escucha, pero este es el camino que les enseñé, el de la no violencia, el del no oportunismo y el de la lucha coherente a lo largo de los años por la verdad, por la justicia y por la libertad. Un beso enorme, Lilita".

"Te quiero mucho, nos enseñaste a forjar el carácter y a decir lo que pensamos sin miedo. Descansa y recupérate pronto", respondió el diputado porteño, acompañando el texto con un emoji de corazón.

Se recalienta la campaña electoral y la interna dentro de JxC, luego de que este martes los precandidatos que acompañan a Patricia Bullrich le reclamaron a través de una carta al jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, por los dichos del “lilito” Juan Manuel López en contra de la exministra de Seguridad y le pidieron una “rápida y tajante retractación pública”.

Lejos de quedarse callado, el jefe del bloque CC-ARI en Diputados salió a responderles esta tarde a través de sus redes. “He leído una carta que candidatos de @PatoBullrich le envían a @horaciorlarreta para que haga algo respecto de recientes declaraciones que hice y sobre las que he aclarado lo que creo pertinente en una columna de opinión”, comenzó su posteo.

“Lo que diga el candidato a presidente de ’El cambio de nuestras vidas’ - quien seguramente no comparte mis expresiones - no cambiará lo que pienso, ni lo que dije”, planteó y lamentó que “intenten involucrarlo porque ni soy candidato ni participo de la campaña”.

Así, sostuvo: “Contrario a lo que dice esa carta mantengo mis diferencias internas en el ámbito democrático. No comparto ni la victimización ni la cancelación del debate, menos aun cuando es selectiva”, y ratificó: “Lo demás que tengo para decir ya lo dije en esta columna. Gracias”.

He leído una carta que candidatos de @PatoBullrich le envían a @horaciorlarreta para que haga algo respecto de recientes declaraciones que hice y sobre las que he aclarado lo que creo pertinente en una columna de opinión.
(Abro hilo)

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) July 18, 2023

En la columna de opinión publicada en Infobae, López reconoció que “la simplificación no siempre es una buena idea”. Sin embargo, al hablar del contexto en el gobierno fracasado de Fernando De la Rúa -del cual fue parte Bullrich-, el legislador ratificó: “Ahora bien, mi intención en esa simplificación fue graficar cómo la represión y la sola voluntad de hacerla cuando no se dan otras condiciones no sólo no ordena el caos, sino que fracasa y puede ser la excusa para una desestabilización muy concreta”.

Además, en su texto cuestiona los eslóganes “si no es todo, es nada” y “conmigo esto se acaba”, al considerar que “pueden ser exitosos en los tiempos que corren pero que temo puedan ser el germen de una gran frustración posterior”.

Los ánimos en la interna de Juntos por el Cambio se acrecientan y este martes, a través de una carta dirigida a Horacio Rodríguez Larreta, los precandidatos que acompañan a Patricia Bullrich le reclamaron al jefe de Gobierno porteño por dichos de dirigentes de su sector y pidieron una "rápida y tajante retractación pública".

"Como legisladores y candidatos de la lista La Fuerza del Cambio que acompañamos la candidatura de Patricia Bullrich, no podemos menos que hacerle llegar nuestra máxima preocupación por expresiones de dirigentes de su sector", arranca el escrito que lleva las firmas de Maximiliano Guerra, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia y Federico Pinedo, entre otros.

Los referentes del bullrismo señalaron: "Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista".

"No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López, integrante del sector 'El cambio de nuestras vidas' que se referencia en su figura en estas elecciones internas, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO. En un artículo posterior, López no se retracta", apuntaron.

Días atrás, en declaraciones a Radio Con Vos, el jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados comparó eventuales gobiernos de precandidatos presidenciales con series, al sostener que se imaginaba "una presidencia de (Javier) Milei como la segunda temporada de El Reino, que es un delirio", y añadió: "Y me imagino, por ahí, aunque creo que no, porque creo que Patricia pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001″.

Pero este mismo martes, en una columna de opinión publicada en Infobae, López reconoció que "la simplificación no siempre es una buena idea". Sin embargo, al hablar del contexto en el gobierno fracasado de Fernando De la Rúa -del cual fue parte Bullrich-, el legislador ratificó: "Ahora bien, mi intención en esa simplificación fue graficar cómo la represión y la sola voluntad de hacerla cuando no se dan otras condiciones no sólo no ordena el caos, sino que fracasa y puede ser la excusa para una desestabilización muy concreta".

Además, en su texto cuestiona los eslogan "si no es todo, es nada" y "conmigo esto se acaba", al considerar que "pueden ser exitosos en los tiempos que corren pero que temo puedan ser el germen de una gran frustración posterior".

En la carta a Larreta, los precandidatos de la exministra de Seguridad compararon: "Estas expresiones nos preocupan además porque coinciden casi punto por punto con las mismas que reparten el kirchnerismo y su ministro de Economía, Sergio Massa, y otros dirigentes como Aníbal Fernández, Axel Kicillof y Juan Grabois. Son conceptos que intentan inyectar el miedo y disciplinar a los argentinos. Pretenden inocular a la población contra el cambio predicando el temor para así mantener a la Argentina en la decadencia y el sometimiento".

"Nosotros estamos firmemente involucrados en cuidar a Juntos por el Cambio. Sus valores y su identidad trascienden a los dirigentes y pertenecen a todos los argentinos que no se resignan y que nos quieren ver fuertes y unidos después del 13 de agosto. De nuestra parte siempre va a encontrar firmeza en las declaraciones y en las posturas, pero jamás el esgrimir argumentos propios del kirchnerismo", sostuvieron.

Finalmente, llamándolo "estimado Horacio", le solicitaron al precandidato presidencial que "con la mayor fuerza posible, inste a los miembros de su sector que mantengan nuestras diferencias internas en el ámbito democrático. No hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia interna que nos comprometimos a llevar adelante. Le pedimos solicite una rápida y tajante retractación pública".

Cuidemos-Juntos-por-el-Cambio-18-de-julio-de-2023

En su primera intervención de la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López deslizó un cuestionamiento por haber arrancado la reunión de este jueves sin el quórum reglamentario. “La diputada (Micaela) Morán está con neumonía”, le expresó la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dado que anteriormente el legislador opositor había resaltado en particular la ausencia de la massista. Luego, Gaillard aclaró que ya tenían quórum para votar y entonces le dio la palabra a Rodolfo Tailhade para pedir medidas de prueba.

“Bueno”, arrancó el oficialista, y mientras revisaba en sus papeles, comentó en referencia a López: “Arrancamos con mala onda… nada que ver con la felicidad que tenías el otro día en la embajada, estabas chocho…”. "Había varios compañeros tuyos", le replicó el jefe de la CC-ARI.

Y, a continuación, entre risas, López le preguntó a quién votaba: “¿Grabois o Massa?”. “A Massa, pá… ¿Vos te pensás que soy de la Coalición Cívica?”, replicó el halcón kirchnerista.

Avanzaba Carolina Gaillard con la nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político que ella preside, cuando fue interrumpida por el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, para pedirle cumplir con un trámite burocrático pero necesario. La reposición del diputado riojano Ricardo Herrera como vicepresidente segundo de la comisión, atento que por haberse tenido que ausentar semanas atrás por cuestiones electorales en su provincia había sido reemplazado en la comisión.

Se votó rápidamente a mano alzada y a continuación Gaillard señaló guiñando un ojo: “Voy a poder ir al baño ahora”, tras lo cual rápidamente volvió sobre sus pasos, para reconocer el papel de su vicepresidente, el opositor Juan Manuel López: “No, López se ha portado bien, se ha portado bien…”, aclaró entre sonrisas, y todos contentos.

En rigor, el diputado de la Coalición Cívica optó por no reemplazar nunca a Gaillard al frente de la comisión, en oposición al proceso que se lleva adelante

Un encuentro de Patricia Bullrich y su precandidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, con Fernando Burlando, encendió las alarmas del jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

El legislador publicó una nota publicada en el diario La Nación sobre el tema y esta sentencia concreta: “No se olviden de Cabezas”. Respecto de ese encuentro, Patricia Bullrich expresó que “Burlando vino a explorar un acuerdo y lo escuchamos. Es la primera vez que nos reunimos. Nos interesa incorporar gente que no viene de la política”.

López continuó: “Lo digo en favor de Juntos por el Cambio y los bonaerenses”, y recordó: “Para los queno saben o recuerdan quiénes fueron ‘Los Horneros’ (quetuvieron a este abogado defensor) les recomiendo este documental de Netflix sobre José Luis Cabezas y su homicidio”.

Lo digo en favor de @juntoscambioar y los bonaerenses.
Para los que no saben o recuerdan quiénes fueron “Los Horneros” (que tuvieron a este abogado defensor) les recomiendo este documental de @netflix sobre José Luis Cabezas y su homicidio 👇https://t.co/aH5gMUIroT

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) June 4, 2023

Luego de que la Justicia cerrara la causa que investigaba la compra de Edenor por no haberse encontrado irregularidades, el diputado nacional Juan Manuel López ironizó señalando que “en Comodoro Py no sólo tuvo ‘suerte’ Cristina Kirchner en la ‘Ruta del Dinero’, también Vila, Manzano, Filiberti y los que facilitaron la conveniente compra de Edenor”.

“Tráfico de influencias y abuso de información privilegiada son difíciles de probar pero abundan en Argentina”, remarcó el jefe del bloque Coalición Cívica.

López recordó que “el lobby en nuestro país no está regulado y es un problema más a la hora de prevenir estos delitos que suceden en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial”. A su juicio, “la transparencia en la gestión de intereses ayuda al desarrollo, una ley de ética pública moderna también”.

Por eso recordó que “queremos una Justicia transparente, una administración desburocratizada y sin prebendas y un Congreso que trabaje regulando, entre otras cosas, el lobby escandaloso que muchas veces se convierte en delito que la Justicia sobresee”.

En ese sentido, López informó que su bancada acaba de presentar en el Congreso un proyecto para regular la actividad de gestión de intereses, lobby o cabildeo, tal como es conocida en otros países.

El proyecto elaborado consideró el decreto 1172/2003 que regula actualmente las audiencias de gestión de intereses, como así también distintas iniciativas con estado parlamentario en la Cámara baja.

En efecto, en nuestro país la única regulación existente al respecto está en el Decreto 1172/03 sancionado en el año 2003 por el presidente Néstor Kirchner. Allí, en el Anexo III del mismo se encuentra el Reglamento General para la Publicidad de la gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, recuerda el proyecto que firman Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto, Mariana Stilman y Mariana Zuvic, donde se define la gestión de intereses, los funcionarios que están obligados a registrar las audiencias de gestión de intereses y el órgano encargado de recibir las denuncias.

“Es decir, hace casi 20 años se comenzó a regular la gestión de intereses sólo para el ámbito del Poder Ejecutivo y se limitó a la regulación del registro de audiencias”, precisa el texto.

La propuesta de la CC-ARI regula integralmente la gestión de intereses sobre los siguientes ejes: 1) gestión de intereses; 2) gestores de intereses; 3) audiencias de gestión de intereses y su registro; 4) autoridades de aplicación 5) sanciones y prohibiciones.

En relación a la gestión de intereses se efectúa una definición amplia que incluye los tres poderes de la República y toda otra esfera del Estado, abarcando cualquier tipo de evento en el que se pretenda influir legalmente sobre la voluntad estatal.

En relación a los gestores de intereses también se adopta una definición amplia en el sentido de que los sujetos que pueden efectuarla no necesariamente deben dedicarse en forma remunerada o habitualmente a ello, sino que por el contrario toda persona humana o jurídica puede serlo y debe registrarse si lo hace.

Se incluyen dos prohibiciones: no pueden ser gestores quienes estén obligados por su cargo a registrar sus propias audiencias; y prevén una prohibición temporal de un año para realizar gestiones de intereses a aquellos sujetos que ocuparon una función por la que estaban obligados a registrar sus audiencias de gestión de intereses (por ejemplo, el presidente de la Nación). Es decir, en línea con la ley de Ética Pública se establece que luego de haber cumplido una función de relevancia en la esfera pública no puede pasar a cumplir funciones en el ámbito privado haciendo gestiones de intereses privados.

Sin embargo, se deja a salvo que sí puedan hacerlo cuando se trate de intereses colectivos o difusos o cuando la gestión de intereses que efectúen no guarde relación con la función que desempeñaba y que le impedía gestionar intereses. Resulta evidente que, por ejemplo, alguien que trabajó en materia de educación, pueda luego hacer gestión de intereses para mejorar de la educación pública o por el contrario alguien que trabajo, por ejemplo, en materia de energía pueda hacer gestiones de intereses en materia de educación, sin que opere la extensión de la prohibición por un año más. Es decir, lo que se trata de evitar es que se utilice la situación de poder para el beneficio de la persona que lo detenta.

Respecto de las audiencias de gestión de intereses se pretende que queden consignados la mayor cantidad de datos posibles para evitar que se trate sólo de un paso burocrático que en nada ayude al control y a la transparencia.

2023-D-2023

Al cabo de la exposición de los dos primeros testigos, y antes de la esperada llegada del doctor Aldo Tonón, se aprobaron dos pedidos de ampliación de pruebas. Uno del diputado Rodolfo Tailhade, sobre cuestiones vinculadas a la causa de Coparticipación y a declaraciones de Héctor Marchi, y otro de la diputada Vanesa Siley, para convocar a nuevos testigos en la causa de Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial.

En ese marco, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica) aclaró que no acompañarían los pedidos, pues “hay demasiadas pruebas y demasiado largo todo esto que no llegamos a ningún lado”, lo que mereció una réplica irónica de Siley: “Bienvenidas las nuevas pruebas, porque cuanto más probadas estén las cosas mejor son. Las pruebas son conducentes porque algo están demostrando”, remarcó.

En ese sentido se propuso incorporar a la lista de testigos a la doctora Marcela Carlomagno, titular del Juzgado Civil N°61 de Capital Federal, en su calidad de afiliada de la Obra Social; al doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la Obra Social y uno de los firmantes de muchos dictámenes jurídicos de licitaciones y contrataciones; a la doctora Marta Graciela Herrera Alem, en su calidad de exdirectora y vicepresidenta de la Obra Social y exintegrante de la vocalía de Juan Carlos Maqueda; a Milagros Jones, que trabaja en Compras y Licitaciones de la Obra Social del Poder Judicial; y Claudia Viviana Mayde, en su calidad de exdirectora de la OSPJ.

También fueron convocados la doctora Marina Maidana, secretaria de la Defensoría de lo Contencioso Administrativo y Tributario N°4 de CABA, en su calidad de afiliada de la obra social; a Lionel Damián Negro, funcionario de Compras y Licitaciones de la obra social; al licenciado Juan Francisco Ramos, en su calidad de exdirector de la OSPJ; a la doctora Soledad Ramos, funcionaria de la Asesoría Jurídica de la obra social; y a la doctora Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía de Maqueda.

“El sentido de cada uno de los testigos, además del cargo que ostentan y la función que han cumplido acorde al cargo que menciono, es ser afiliados de la Obra Social y haber tenido algún tipo de inconveniente, de traba o de abandono que les causó perjuicios graves y funcionarios de la obra social con responsabilidades en el área de contrataciones y licitaciones”, explicó Siley.

En ese marco fue que la diputada Karina Banfi planteó su inquietud por la extensión del debate y reclamó un cronograma concreto para la evolución del juicio. Recordó en ese sentido que se había dicho inicialmente que este jueves terminaban con el tema de obra social, pero acababan de sumar una decena de testigos para ese tema.

“Hay 176 testigos pendientes sobre los otros temas a tratar, con estos son 186 testigos… Teniendo en cuenta que no estamos respetando las propias planificaciones que se están llevando, solicito a las autoridades de esta comisión replantear el cronograma y que lo respeten”, reclamó la diputada radical.

Recordó también que desde la oposición querían incorporar el juicio político al presidente, ante lo cual se preguntaba si iban a llegar a fin de año con algún tipo de resolución. Por eso, pidió “un cronograma ordenado”.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, aclaró que estaban respetando el cronograma establecido. “Si se ofrecen nuevos testigos, no significa que seas pruebas vayan a ser producidas; se evaluará qué testigos son necesarios para probar los hechos que hacen falta probar. Evaluaremos a partir de aquí cuánto falta”, precisó.

Y de cara a lo pendiente, recordó que concluidas todas las reuniones, la prueba que falte se haría en una audiencia remanente. Agregó que sobre la OPSJN quedaban una o dos audiencias más, luego seguirían con coparticipación, “pero hay un plazo que es estimativo. Si falta algo, tal vez se producirá la prueba más adelante”, concluyó Gaillard.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, es un tenaz participante de las audiencias de la Comisión de Juicio Político, de la que es vicepresidente. Atento a las cuestiones judiciales, ahora recogió un dato importante publicado en las redes por la abogada Natalia Volosin.

“El apoderado de la alianza de Javier Milei es el abogado Santiago Viola”, advirtió el legislador de la CC-ARI, para quien “las sospechas quedan chicas”.

“Joven abogado de la familia del testaferro de los Kirchner y acusado de manipular pruebas con servicios de inteligencia entre otros antecedentes. Un dechado de virtudes y vínculos…”, concluyó López.

Se basa Juan Manuel López en la publicación de Volosin, quien viene dando detalles sobre la plataforma de Milei. La abogada señaló: “La presentación para inscribir la alianza la hace Santiago Viola, exabogado de los hijos de Lázaro Báez, procesado en Cámara y sobreseído en Casación por el armado con testigos truchos diciendo que el juez Casanello había estado en Olivos con CFK”.

El apoderado de la alianza de @JMilei es el abogado Santiago Viola, las sospechas quedan chicas.
Joven abogado de la familia del testaferro de los Kirchner y acusado de manipular pruebas con servicios de inteligencia entre otros antecedentes. Un dechado de virtudes y vínculos… https://t.co/UGl6uCptaX

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) May 15, 2023

En efecto, el letrado de 36 años estuvo acusado de haber plantado testigos durante su intervención como abogado de los hijos de Lázaro Báez.

¿El abogado Kirchnerista designado para defender a los hijos del Testaferro de CFK, Lázaro Báez, y conocido servicio, es el apoderado de la alianza de Milei?
Los extremos se tocan, siempre.
La oscuridad de la Libertad rentada. https://t.co/2lbm9LPCsG

— Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) May 15, 2023

En el cierre de la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, el tema del juicio a la Corte Suprema de Justicia generó un contrapunto entre el oficialismo y la oposición en torno a los fallos del Tribunal Supremo suspendiendo las elecciones para gobernador en San Juan y Tucumán.

Arrancó el vicepresidente de la comisión y voz cantante principal de la oposición en ese seno, Juan Manuel López (Coalición Cívica), quien arrancó haciendo especial hincapié en el fallo de la Corte sobre la coparticipación que el Gobierno “desoyó”, recordando de paso que “ni el Cristina Kirchner se atrevió a tanto”, aclarando que dejaba de lado el “fallo Sosa”, en referencia a una medida de la Corte en tiempos en que Néstor Kirchner era gobernador santacruceño.

“Las cautelares que sacó hoy la Corte son totalmente consistentes con los precedentes de La Rioja y Río Negro en 2019 y Santiago del Estero en 2013”, comentó López, advirtiendo que lo comentaba p ara que “no vaya a ser que amplíen el juicio político por estos nuevos  hechos y estemos acá no se sabe hasta cuándo atacando a la Corte porque otra vez queremos desoír sus fallos”.

A continuación, el titular del bloque, Germán Martínez, aclaró que “nuestro bloque se va a reservar la posibilidad de hacer todas las acciones que tengan que hacer en términos políticos, todas. Y si nosotros consideramos que hay posible causal de mal desempeño no le quepa la menor duda, presidenta, que también vamos a hacer una presentación de pedido juicio político contra los integrantes de la Corte”.

Con todo, aclaró que primero esperarían tener “un panorama claro de lo que está pasando”.

Señaló que le extrañaba “muchísimo” la sincronización de la llegada del testigo Héctor Marchi a la comisión con la difusión de la noticia. “Inmediato fue”, dijo, sugiriendo que deliberadamente el Tribunal había tratado de tapar la repercusión de la declaración del exadministrador de la Corte. Agregó que ya lo había preocupado “esta incursión de (Horacio) Rosatti que en general era alguien que hablaba muy poco y ahora habla en todos lados. E hizo referencias absolutamente irresponsables sobre algunos aspectos que tienen que ver con la constitucionalidad o no de decisiones de política económica, más específicamente de la política monetaria. Casi que fue una amenaza. Casi”. Se refería a la presentación del presidente de la Corte en la cumbre de AmCham celebrada este martes en un hotel de esta capital.

Martínez relacionó otras cosas, como lo que definió como “la no investigación, no de la investigación, de la no investigación de Rívolo y de Capuchetti del atentado del 1º de septiembre contra la vida de nuestra vicepresidenta de la Nación. Descalificaban las pistas y las denuncias que se hicieron respecto a la actitud y a los hechos vinculados al diputado Gerardo Milman. Descalificaban no solamente lo referido a él, sino también a sus colaboradoras y ahora resulta ser que está claramente registrado en sede judicial de que los han llevado a una oficina para borrarles a los tres los teléfonos con personal especializado para hacer eso”.

“Entonces, si nosotros vemos este contexto, si nosotros vemos lo de esta mañana de Rosatti, si nosotros vemos este juicio político, la simultaneidad de este juicio político con el anuncio de la decisión de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán. Bueno, me parece, como decía alguien importante, Si tiene cuatro patas, mueve la cola, muerde, es un perro. Y ladra también”, sintetizó.

Así las cosas, el titular de la bancada oficialista calificó lo resuelto por la Corte como “de una gravedad institucional enorme”, al considerar que el Tribunal está “invadiendo competencias del Poder Legislativo alrededor de la conformación de los nombres para el Consejo de la Magistratura. Lo hicimos en el marco también de competencias que también fueron avasalladas por parte de la Corte Suprema de Justicia alrededor del tema coparticipación, aquí contra competencias del Poder Ejecutivo”.

“Y ahora también contra atribuciones que son propias de las provincias y del federalismo argentino”, agregó, para cerrar reiterando que “nuestro bloque va a hacer todo lo que tenga que hacer alrededor de esto, pero lo primero que vamos a hacer es estar principalmente al lado de cada uno de los compañeros y compañeras de diputados de estas provincias, resguardando lo que haya que resguardar para que la vida democrática en las provincias de San Juan y de Tucumán esté plenamente resguardada”.

En su calidad de damnificada de la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, declaró este martes ante la Comisión de Juicio Político la jueza federal de San Martín Martina Forns. Fue la primera testigo en declarar en la décimo tercera jornada del proceso que se le sigue a los miembros de la Corte Suprema y su declaración expresada en términos personales devino finalmente en otras causas que la tuvieron como protagonista y en cuyo marco se manifestó oportunamente con duras críticas hacia los integrantes del Tribunal Superior.

Tal fue el cariz del interrogatorio, que al cabo del mismo la diputada Vanesa Siley reprendió a los miembros de la oposición que habían formulado preguntas a la jueza, por el tono con el que lo habían hecho, lo que llevó a diputados de la Coalición Cívica replicar que habían sido respetuosos, y a la radical Karina Banfi a advertirle a la diputada oficialista que “no tiene por qué venir a retarnos”.

La jueza Forns contó en primer lugar que había decidido concurrir a testificar porque cuando necesitó a la obra social, en “las peores circunstancias” de su vida, “me dejó abandonada”. Ocurrió en la pandemia, cuando ella, su esposo y sus hijos contrajeron Covid. Fue en abril de 2021, y mientras ella y sus hijos no tuvieron prácticamente síntomas, su esposo estuvo cinco días con fiebre. Desde el CEMIC, contó, “tal cual eran las indicaciones de ese momento, no nos dejaban ir a ningún lugar. Yo me desesperaba porque él se sentía bastante mal, pero nos indicaban que no podíamos ir”.

Finalmente lo llevó al CEMIC, recordó, y precisó que el contacto con ese centro asistencial era telefónico y que al tercer día le dijeron que tenía que sacar a su esposo, porque “no había camas de terapia y su cuadro se estaba complicando”.

La jueza Forns contó que en la obra social no la atendían; los administrativos del CEMIC le indicaban que tenía que sacarlo y ella hacía consultas para conseguir una ambulancia. Finalmente consiguió trasladarlo al Sanatorio Güemes, que no pertenecía a la obra social, cuyos teléfonos seguían sin contestar. “No había comunicación entre el CEMIC y la obra social, y cuando conseguimos el contacto, lo trasladamos. En el Güemes, entró en terapia intensiva y los directivos no sabían si me iban a cobrar o qué, porque -reiteró- no tenían contacto con la obra social”.

De hecho, la ambulancia que trasladó a su esposo no fue cubierta por la obra social. En el Güemes estuvo dos meses y medio, y allí tuvo dos entubaciones y dos paros cardíacos. “Todos los días intenté comunicarme con la obra social”, insistió Forns, que agregó que finalmente “me ayudaron para que le llegaran al ministro Juan Carlos Maqueda los mails que hoy traje en este pendrive haciéndole saber toda la situación grave que estaba pasando… y nunca tuvieron la deferencia de llamarme a ver si necesitaba algo”.

“Nunca me dijeron si iban a cubrir (la internación), no sabía si iba a tener que vender mi casa para pagar esa terapia intensiva… Yo insistí todos los días y las autoridades del Güemes me decían lo mismo”, detalló.

La testigo aclaró que no había recurrido al juez Maqueda en forma directa, sino a través de una de las secretarias del ministro. ¿Por qué lo hizo? “Porque todos sabíamos que era el encargado de la obra social, el único que podía hablar con (el director de la obra social) Aldo Tonón para mover algún mecanismo. Y de hecho lo hizo, porque finalmente la obra social cubrió (la internación). Cuando falleció mi marido, el Güemes me dijo que la obra social cubría todo, pero fueron dos meses y medio sin tener ninguna comunicación” en ese sentido.

Como prueba, la doctora Forns aportó los mails que envió, y luego insistió en remarcar que llegó a tramitar muchas demandas de personal judicial y jueces “que han padecido la obra social y he tenido también que recurrir a personas de la Corte para que le pidieran al juez Maqueda que moviera algo para poder ser atendidos”.

En ese sentido dijo conocer casos de empleados o juezas que han sufrido situaciones como no haber recibido prótesis o tener que esperar mucho tiempo por ellas.

Se hizo hincapié en saber porqué consideraba que Maqueda fuera a quien debían remitirse y ella contó que “cuando uno iba presencialmente a la obra social, todos sabían que si no se podía llegar a Aldo Tonón, había que llegar a Maqueda, porque la obra social no daba respuesta. En vez de ser de los afiliados, la obra social era de la Corte Suprema”.

“Uno se siente muy vulnerable cuando le tocan a su familia, o tiene una situación de salud”, enfatizó en otro pasaje, y agregó: “No solamente fue el abandono en su momento, sino también en el día de la fecha”, y denunció: “No se resuelven causas en la Corte contra la obra social”.

Consultada su opinión respecto de que fuera la propia Corte la que tuviera que resolvier los casos, Forns dijo que ese tema lo habló con otros jueces federales que tienen los mismos casos, y que en el estatuto allí se establece que sea decisión de la Corte actuar en esos casos.

A modo de reproche, recordó haber escuchado al doctor Héctor Marchi decir que había fondos anticíclicos, recursos que como eran excesivos los tenía el Poder Judicial. “¿Pero dónde? -se preguntó-. En los prestadores, se ve que no estaban”.

Admitió que es “muy difícil pedirle a un litigante que está vulnerable que recuse a la Corte, porque siempre tiene esperanzas de que resuelva” la situación. En esas causas, recordó, Aldo Tonón se presentaba en las audiencias solo, “sin el patrocinio letrado correspondiente y se lo tuvimos que exigir. Sino, no le aceptábamos la contestación a la demanda”.

A propósito de las demandas, la mayoría de las causas son por abandono, gente esperando una prótesis, o que cuando llega, es algo distinto a lo que esperaba (en lugar de un brazo, un hombro, ejemplificó. “Parece humor negro”, dijo).

El diputado Juan Manuel López indagó sobre la responsabilidad del juez Maqueda: cómo sabían que él estaba a cargo de la obra social. Martina Forns contó entonces una anécdota. Por haber trabajado 11 años con el exmiembro de la Corte Enrique Petracchi, en cierta oportunidad cuando volvió a verlo y le pidió por un médico que quería entrar como prestador, él juez le aclaró que el único que se ocupaba de esos temas era el doctor Maqueda.

López le preguntó entonces si había alguna persona viva que pudiera afirmar algo en ese sentido, pues Petracchi falleció hace muchos años, a lo que la titular de la comisión, Carolina Gaillard, aclaró que el propio juez Maqueda lo había reconocido a través de un mail. La jueza, en tanto, insistió en que los mails estaban dirigidos a la secretaria de Maqueda.

Más adelante, el titular del bloque de la CC-ARI le preguntó si ella había dicho lo que Página 12 publicó como título tiempo atrás: un pedido suyo a que renunciaran todos los ministros de la Corte. Si bien Gaillard aclaró que esa pregunta no correspondía, porque ella lo había hecho “en el marco del espionaje ilegal de Macri”, y que no debía preguntar sobre cuestiones que no hacían al tema en debate, la jueza contestó de manera afirmativa, aclarando que lo había hecho porque la Corte había tenido una frase hacia ella que consideró inédita en un fallo del Poder Judicial: habían dicho que ella “desprestigiaba al Poder Judicial”.

Otros fallos de la jueza

Sucedió luego de que en el marco de una causa colectiva donde se solicitaba la inconstitucionalidad del aumento de tarifas de 2016, ella remitiera el mismo a la Corte, por conexibidad común. Ella  había resuelto una medida precautelar el 3 de agosto en lo que fue conocido como la “causa Fernández”, y lo hizo, contó, en un marco de ocho partes que lo solicitaban. Ese tema le valió a ella un pedido de juicio político y a su vez la llevó a ella a accionar ante la CIDH, y ese “es uno de los puntos que está aquí en la Comisión de Juicio Político”, comentó la jueza.

¿Quedó enojada con la Corte?, le preguntaron, a lo que ella respondió que “enojada no es la palabra”. Pero aclaró que piensa en las personas en función de su desempeño, de ahí que considere que “hay mal desempeño” de parte de los miembros del Tribunal y ese era un ejemplo. “Y muchísimos más que sería bastante largo de considerar”.

A instancias de una pregunta del diputado Leopoldo Moreau, la jueza Forns dijo haber sufrido “una pequeña amenaza” por esos días en los que falló sobre el tarifazo: “En la esquina de mi casa pusieron una bomba exactamente el día que vino acá (al Congreso) a declarar el secretario de Energía (Juan José) Aranguren, que él también me mencionó como culpable de que no se pudieran cobrar las tarifas de energía”. Eso mereció una denuncia policial y una causa en el juzgado de Daniel Rafecas, pero nunca se pudo determinar quién puso la bomba.

Agregó que al día siguiente, un proyectil había roto el vidrio de la habitación de su hijo.

Al preguntársele sobre si había sufrido alguna sanción disciplinaria su esposo, ella contó que lo habían echado de la IGJ, durante 2016. “Fue la gestión del anterior presidente que no quiero nombrar”, dijo, y contó que a través de Esteban Conte Grand, funcionario del Ministerio de Justicia de entonces, había recibido como respuesta que lo echaban “porque era socialista, sindicalista”. Su esposo inició una causa que no pudo terminar.

¿Cuánto tiempo pasó entre su medida contra las tarifas y el despido de su esposo?, le preguntaron, a lo que ella contó que en realidad había sido en enero de 2016, después de otro fallo suyo, cuando accionó contra el AFSCA por la Ley de Medios. “Ahí lo echaron a mi marido”, señaló.

Más adelante y ante una pregunta puntual de Mónica Frade, la jueza Forns admitió integrar Justicia Legítima, pregunta que sobre el final del interrogatorio el diputado Leopoldo Moreau consideró “macartista”.

Picante fue el arranque en la reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados de este miércoles, luego de que el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, y el oficialista Rodolfo Tailhade se cruzaran por la ausencia del exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi.

Marchi pidió reprogramar su citación para la próxima semana, ya que fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social. Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no).

Al respecto, López pidió el uso de la palabra y, antes de fundamentar su postura, comentó: “Nos tendríamos que estar dedicando a otra cosa”.

“Usted dice que el contador Marchi no va a venir hoy. Más allá de que lamentamos que no venga porque es un testigo clave que, para trabajar de una manera más correcta, la reunión pasada dijimos ‘cortamos a tal hora y el testigo viene a la reunión siguiente’, cosa que no está ocurriendo”, arrancó su interrupción el lilito y sumó: “Nosotros pospusimos nuestras preguntas y tendríamos más preguntas para hacerle después de la particular declaración del testigo”.

Con tono elevado, disparó: “Esta particular declaración que hizo acá, ahora entiendo que la está llevando justo que se reúne la Comisión como si esta semana no tuviera cuatro días, la que viene no tuviera cinco días hábiles y parece que existiera sólo el miércoles a la tarde por fuera del horario de Tribunales, justo Marchi no puede venir hoy. Le tocó la suerte de que el juez Lijo, que lo tendría que estar investigando a Marchi, le toma declaración testimonial”.

“La conducta de Marchi que vino acá, yo creo que a decir alguna cosa que lo incriminan o incriminan al expresidente de la Corte al doctor Lorenzetti. En algún punto a cometer falso testimonio y tiene la suerte de que un juez federal le toma una declaración a medida el día que se reúne la comisión”, lanzó López.

En esa línea, denunció: “Yo sé que ustedes no se van a escandalizar por esto… yo entiendo que estemos todos mal, que el país la esté pasando mal, pero déjenme lo decir lo que pasa acá. Yo vi a muchos diputados muy entusiasmados la reunión pasada con la declaración de Marchi…. Marchi vino a decir acá algunas cosas que por lo menos son falso testimonio cuando no autoincriminación o incriminación de su jefe político y ahora tiene la suerte que el juez Lijo, gran amigo del FdT le hace estas declaraciones…espero que el doctor Marchi no tenga todos los días una declaración testimonial para no venir acá”.

“Yo sé que este Juicio Político se está muriendo, pero antes de que se muera preferiría tratar de tomarle testimonial a Marchi”, manifestó y sugirió: “Veremos qué se merece la actitud del juez Lijo, un pedido de Jury o un apercibimiento porque cierra la causa, reabre la causa. Tiene con Lorenzetti un vínculo bastante raro y le viene bien a Lorenzetti y a los amigos de ustedes”.

Por otro lado, planteó: “Son 8 los magistrados a los que se les está haciendo tareas de inteligencia ilegal. Sigamos en este proceso que es bastante patético que ni ustedes lo sostienen. Agradezcan que venimos a defender la legalidad porque si no esto estaría muerto”.

“Quiero hacer algunas apreciaciones respecto de la presentación en altavoz que hizo el diputado López”, arrancó su respuesta el kirchnerista Rodolfo Tailhade. “Ninguno de estos diputados tiene absolutamente nada que ver con la citación dispuesta por el juez Lijo respecto del contador Marchi. Nos hubiese encantando tenerlo hoy no solo para preguntar de la obra social sino de varias cosas”, expresó el oficialista.

Además, aseguró no conocer personalmente a Lijo: “Nunca lo vi. Creo que el 90% de los diputados que integran el bloque oficialista en la comisión no lo conocen y nunca lo vieron. No sé de dónde saca el diputado López que es amigo del FdT, un juez que está casado con la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad puesta por Horacio Rodríguez Larreta”.

“No sé de dónde saca que es amigo del FdT un juez que metió preso a nuestro vicepresidente sacándolo en pantuflas”, volvió a preguntar y lanzó: “Si sé que, así como nosotros no conocemos a Lijo, el diputado López fue al despacho del juez Rosatti a pedirle por la cabeza de Marchi porque lo dijo el otro día el contador. No sé a título de qué y yo creo que también fue a pedir otra cosa más”.

Lejos de quedarse callado, el diputado de la CC-ARI le contestó: “Lamento que su inteligencia legal o ilegal le de mal los resultados. Habló de un matrimonio que, hasta donde sé, no existe, además de meterse en la vida privada de dos personas”.

“Tailhade cree que nos intimida ventilando cosas”, retrucó y afirmó: “Desde que soy diputado fui a la Corte dos veces y se lo relaté a una periodista que vino a declarar acá. No tengo ningún problema en decir que fui a la Corte, no oculto nada”.

En tanto, le dijo a Tailhade: “Usted está haciendo suyas las palabras del contador Marchi que me inicio dos mediaciones porque dije que para mí la Corte tenía que tener otro administrador general porque para mí era un mal administrador”.

Y le enrostró: “Usted ensucia a todo el mundo. Se cree demasiado vivo, pero es demasiado tonto para entender el derecho y para ejercer esa tarea de inteligencia que no le da miedo a nadie. Nos carpetea todos los días. ¿Cómo hay que contestarte?”.

Tras la denuncia del contado Héctor Marchi en la última reunión de Comisión de Juicio Político, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) arremetió con el máximo tribunal de justicia y expresó: “Los miembros de la Corte son cuatro barrabravas”.

Además, el legislador ultrakirchnerista denunció que el presidente de la Coalición Cívica – ARI en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, le gritó -entre risas e ironías- que si solicitaba la inspección ocular para revisar lo que decía Marchi “el dólar se iría a 800 pesos”.

En diálogo por Radio 10, el diputado se refirió a la denuncia de Marchi y anunció que falta aún más porque vuelve a declarar el jueves que viene”. Del mismo modo, remarcó: “No olvidemos que el contador Marchi es el principal testigo del juicio de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti”.

“Lo que declaró el martes fue lapidario sobre lo que pasa en la Corte porque ratificó todas las irregularidades de la obra social y dio precisiones sobre faltante de dinero. Habló de una pérdida de 3.000 millones de pesos en 2022 por no tener control, y dijo que si hacemos cuentas para atrás nos vamos a encontrar con cifras siderales”, recordó Tailhade.

A su vez, el diputado le atribuyó las irregularidades de la obra social a un miembro de la Corte: “Juan Carlos Maqueda fue responsable desde 2008 a 2018 de la obra social”, y añadió que “Marchi dijo que Silvio Robles lo amenaza a él para que no venga a declarar. Lo de la mafia judicial está cada vez más claro”.

En tal sentido, manifestó: “Uno pretende declarar y como buenos mafiosos lo amenazan, lo extorsionan, lo sancionan y los desplazan”, y agregó: “Cada vez aparecen más argumentos que nos dan la razón”, en alusión sobre el pedido de Juicio Político.

Por otro lado, sostuvo que “la Corte argentina son cuatro barrabravas que no usan el derecho sino el poder y que están buscando conseguir poder político, y encima le dan la espalada al sistema político y a la ciudadanía”. “Hay una connivencia pornográfica entre los acusados y los sectores políticos que salen en su defensa”, aseveró.

Del mismo modo, recodó cuando Marchi dijo que los desplazaron y que hubo ocupación policial en el cuarto piso: “Pedí la palabra y le digo a la presidenta de pedir la inspección ocular para revisar todo lo que dice Marchi y fue allí que el diputado López me dice si vas al cuarto piso con la inspección ocular de la Corte, el dólar se va a 800”.

Así también, agregó que Marchi señaló que López “había ido a una vocalía de Horacio Rosatti a pedir que lo echaran (a Marchi)”. “La Corte responsabiliza a Marchi, pero la Corte miente y nosotros tenemos los documentos que dicen que Maqueda manejó la obra social”, indicó.

Por último, afirmó que “las amenazas de Robles a Marchi y el espionaje ilegal sobre los trabajadores no pueden ser desconocidas por Horacio Rosatti”. “Es un elemento más para el juicio político y vamos a ir por ese camino”, finalizó.

En el arranque de la sesión de este miércoles, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, planteó una cuestión de privilegio contra los integrantes del Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político, a raíz del proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema. 

“Denunciamos primero que iban a una excursión de pesca, es decir, que tomaban una cantidad de pruebas indeterminadas y en su mayoría inconducentes para ver si encontraban algo que permita, ya sea acusar a los jueces de la Corte o acusar a otras personas en otros procesos. Después hablamos del caballo de Troya que era ese juicio político, ya sea en testigos, ya sea en causas judiciales que se piden, ya sea en prueba informativa”, expresó. 

El vicepresidente de la comisión advirtió que “vamos encontrando todos los días en cada prueba que se produce una intención que va más allá del juicio político”. “Al mismo tiempo dijimos que se estaba produciendo inteligencia ilegal en esa comisión, no solo por las medidas que se quieren tomar, con o sin intervención de jueces” sino que además “van surgiendo, a medida que se investigan algunos hechos, trascienden conversaciones obtenidas ilegalmente y se quieren incorporar pruebas”, señaló. 

López consideró que esto es mucho más “grave” en el contexto de que “casi todo el tribunal que juzgó a la vicepresidenta (Cristina Kirchner), más el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) están denunciando que sus teléfonos han sido hackeados”. 

El legislador de Juntos por el Cambio criticó que cuando se trató el tema del fallo 2x1 surgió una “nueva escuela del derecho constitucional del Frente de Todos: el derecho conjetural”, porque “han decidido, a través de conjeturas, decir que las cosas ya están probadas”.

López recordó que se “ invitaron a declarar a una serie de periodistas, en su mayoría afines al Gobierno” y a partir de esos testimonios, “la mayoría de ellos (por los diputados oficialistas) dan por cierto los hechos”. “Que quede claro que el derecho conjetural no existe, que es un invento de una mayoría circunstancial del Frente de Todos en esa comisión”, enfatizó. 

Y concluyó: “Este proceso no solo es un elemento extraño que complica la convivencia democrática en esta Cámara, sino que atenta contra la seguridad jurídica de nuestro país, y tenemos graves problemas por falta de seguridad jurídica, uno de ellos lamentablemente es la cotización de los dólares paralelos y me parece que tenemos que empezar a reflexionar sobre estas cosas”.

La respuesta de Gaillard

En una cuestión de privilegio que planteó contra el senador José Torello (Pro), la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard, defendió que “la comisión no está trabajando sobre conjeturas”. “Los diputados tenemos la obligación de llevar adelante la investigación cuando conocemos de delitos, cuando conocemos de posibles responsabilidades y mal desempeño”, sumó y dijo que “se han llamado a testigos que han sido ofrecidos por los denunciantes”. 

Sobre Torello, la entrerriana manifestó que le llamaba la atención “que se escude en los fueros”, los cuales “nos dan inmunidad de arresto y en nuestra opinión” a los legisladores, pero “no lo ampara ni lo exceptúa de la obligación que tenemos todos los ciudadanos de declarar. Declarar es una carga pública”, afirmó. 

“De ninguna manera voy a dejar pasar que digan que la comisión es un circo”, resaltó e insistió: “Nosotros tenemos que llevar adelante este proceso con total objetividad, con toda la seriedad”. En ese sentido, destacó que en la última reunión de este martes, donde se abordó la causal de las irregularidades en la obra social “nos pudimos poner de acuerdo (con la oposición) en algunas cosas que tienen que ver con la investigación”. 

Finalmente, Gaillard explicó que “respecto al senador Torello, la comisión entendió que como se comprobara la relación de amistad entre Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el doctor Carlos Rosenkrantz no era necesario volver a citarlo, pero nadie pidió el desafuero porque entendemos que los fueros no lo amparan de declarar como testigo”. 

Diputados de Juntos por el Cambio plantearon este martes cuestiones de privilegio contra lo que definieron como una “mayoría automática de la Comisión de Juicio Político”. Citaron puntualmente a los 16 diputados del Frente de Todos “que han votado cada una de las resoluciones en absoluta soledad”, tal la definición del presidente de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

Este diputado habló entonces de “ilegalidades”, y alertó en ese sentido con un agravamiento de la situación a partir de la etapa de producción de prueba. “Comenzaron con una excursión de pesca para ver si encuentran algo”, dijo, y advirtió: “A muchos de nosotros ya no nos parece un circo; es un peligro para la intimidad de cualquier ciudadano argentino. Con este antecedente, una mayoría política se va a poder meter en la vida de cualquiera”.

“Ahora le sumamos una comisión de inteligencia de hecho en la Cámara de Diputados”, remarcó López, para quien representa un hecho de “gravedad sin precedentes” la creación de esa comisión de hecho que comenzó a funcionar. Y precisó: “La comanda (Leopoldo) Moreau, que a su vez preside la Comisión de Control de Organismos de Inteligencia”. Advirtió en ese sentido que “con este antecedente una mayoría política se va a poder meter en la vida de cualquiera. Ahora le sumamos una comisión de inteligencia de hecho en la Cámara de Diputados”.

Y entre gritos provenientes de la bancada oficialista, López continuó citando que el diputado Rodolfo Tailhade “es el soldado que hace los pedidos de prueba… Felicítenlo, apláudanlo como aplaudieron al juez Ramos Padilla… Aplaudan, que es bastante triste.

“Están totalmente desinhibidos, no sé qué les pasa… Se animaron a apretar testigos públicamente, televisados… Parecían cabos policiales en un procedimiento”, comparó, y resumió: “Fue un escándalo y no lo reconocen”.

Luego acusó al oficialismo de haber “transado” con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, a quien definió como “el carnero que entregó la independencia del Poder Judicial” y le atribuyó la ayuda del juez Ariel Lijo. Al respecto, resumió: “Esta casa siempre fue una trinchera difícil, agresiva, en la que estamos acostumbrados a discutir fuerte, pero me parece que tienen que reconocer el límite que pasaron y tienen que frenar”.

Más tarde volvió sobre el tema la diputada Silvia Lospennato, que también presentó una cuestión de privilegio contra los 16 miembros del oficialismo en la Comisión de Juicio Político. Y lo hizo por “la responsabilidad internacional en la que va a incurrir el Estado argentino por la violación de múltiples tratados de derechos humanos que ha suscripto nuestro país”.

Se refirió puntualmente a la creación de “un organismo ilegal de Inteligencia”, y advirtió que “Juntos por el Cambio no va a ser cómplice de este proceso arbitrario en el que se violan garantías constitucionales y múltiples tratados de derechos humanos que ha suscripto la Argentina”.

Habló de “circo político, porque el oficialismo sabe que no cuenta con los votos suficientes… Están lejísimo”. Y agregó que hasta ahora “nos preguntábamos para qué realizaban este circo político y sometían al país a “un proceso de enorme inestabilidad como es tener bajo juicio político a todos los miembros de la Corte”.

“Nos dimos cuenta de cuál era el verdadero objetivo. Lo hemos denunciado y seguiremos haciendo en todas las instancias nacionales e internacionales”, señaló el legislador, que insistió en remarcar que por las “peligrosas irregularidades lo que está en riesgo el estado de derecho y nuestras garantías institucionales”. Pero lo peor, agregó, “están poniendo en riesgo la responsabilidad de la Argentina en materia de derechos humanos”.

Más adelante en el espacio de las cuestiones de privilegio intervino Carolina Gaillard, quien hizo su planteo contra los diputados López y Lospennato por los dichos citados. Les recordó que ella conduce la Comisión de Juicio Político y a continuación hizo un detallado racconto de lo realizado hasta ahora. Comenzando por la razón según la cual ella dijo que se dio pie al juicio en marcha: los chats entre Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte, y Marcelo D’Alessandro.

En esa conversación irregular, Gaillard dijo que Robles le recomendaba al ministro de Justicia y Seguridad porteño cuál era la estrategia a seguir para obtener un fallo favorable respecto de la coparticipación.

Según Gaillard, el juicio se desarrolla “porque se está investigando si hay independencia o no del Poder Judicial”.

Más adelante refutó a Lospennato, por decir que no se había dado curso a la intervención judicial, y afirmó que los testigos sí pueden ser citados y deben comparecer. “Hoy la Comisión de Juicio Político está llevando a cabo el juicio político ajustada a derecho”, afirmó.

Y a Juan Manuel López le advirtió que “todas las reuniones fueron a la luz del día. Esta presidenta garantiza desde el primer día que esta comisión funciona de acuerdo con lo que establece el reglamento de la Cámara de Diputados”.

“¡No los vi indignados con los chats, ni tampoco con el falso testimonio del juez Sergio Ramos!”, enfatizó más adelante y ya excedida en el tiempo, cosa que le indicó una y otra vez la titular del Cuerpo, Cecilia Moreau, que terminó cortándole el micrófono.

Gaillard no se calló y concluyó a los gritos su discurso.

En el inicio de la reunión de la Comisión de Juicio Político de este jueves, el vicepresidente de la misma, Juan Manuel López (CC-ARI) leyó un extenso texto en rechazo a lo que estaba realizándose a instancias del oficialismo, tras lo cual, los miembros de Juntos por el Cambio se retiraron.

En dicho texto, expusieron hechos que consideraron “de extrema gravedad institucional”, que a juicio de ese espacio vienen ocurriendo en la tramitación del juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “El escrito ya tramita bajo el número de expediente 7221D-2022 por lo que solicito se incorpore al expediente principal y conste en las versiones taquigráficas”, precisó López.

7221-D-2022

El jefe del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, salió al cruce del jefe de asesores de la Presidencia de la Nación, Antonio Aracre, quien se preguntó si no habría que "buscar un nuevo impuesto" hasta "tanto crezcamos".

"No,@tonyaracre. El Congreso no aprobará ningún nuevo impuesto", sentenció el legislador bonaerense en su cuenta de Twitter y consideró que, en cambio, habría que pensar en "desgravar a las PyMEs aprobando un régimen especial de capitalización para incentivar la inversión en bienes de capital".

En ese sentido, Rodríguez recordó que todavía tiene vigencia un proyecto suyo que propone llevar a cero el impuesto a las Ganancias, por un plazo de tres años, para las MiPyMEs que reinviertan sus utilidades en bienes de capital.

"Y qué opinás de gravar la renta inesperada por pandemia y/o guerra a grandes empresas?", le contestó el funcionario en referencia al proyecto de ley que nunca avanzó en el Congreso por falta de votos.

Y qué opinás de gravar la renta inesperada por pandemia y/o guerra a grandes enpresas?

— Antonio Aracre (@tonyaracre) February 13, 2023

En los fundamentos de su iniciativa, el diputado de Identidad Bonaerense señaló que las MiPyMEs "constituyen el corazón del entramado productivo nacional en los distintos sectores de la actividad económica: la industria, la agroindustria, la economía del conocimiento, la construcción, el comercio y los servicios".

Pero a pesar de su importancia, "no son el centro de la política económica, que sigue priorizando la dimensión financiera; tampoco son la prioridad para el sistema financiero, que prefiere prestarle al Estado. Y en materia impositiva, nunca han sido tratadas como el motor de crecimiento del país, sino como meros agentes de contribución".

Además, recordó que el proyecto se inspiró en uno que "elaborara, en el año 2005, el entonces ministro de Economía y Producción de la Nación, Dr. Roberto Lavagna, junto a su equipo ministerial".

Durante una entrevista para el diario La Nación, Aracre sostuvo: "Si vos pensás que hay un derecho que es inapelable, que lo tenés que dar, porque no le podés negar la salud o la jubilación a un determinado grupo de personas, entonces la discusión no es si la puedo pagar o no, sino cómo financio ese derecho. Y a veces no queda otra que hacerlo a través de un impuesto. Eso no quiere decir que no se pueda eficientizar el gasto y cortar aquellas cosas que no sean productivas o necesarias, pero convengamos que también hay un límite en eso".

En tanto, este lunes, el exCEO de la compañía Syngenta habló en sus redes de "redistribuir" los ingresos. "Sería más simpático pedir bajarlos. Pero sería también más irresponsable", dijo sobre los impuestos y añadió: " Hasta tanto crezcamos lo suficiente y podamos aliviar la carga fiscal, debemos redistribuir los ingresos concentrados a través de los impuestos, como hacen las sociedades socialmente más evolucionadas del mundo".

Otro de los diputados que criticó los dichos del funcionario fue el jefe de la Coalición Cívica en la Cámara baja, Juan Manuel López, que sostuvo: "No, y no vamos a dejar que suceda en el Congreso". "Salvo que @JMilei se ausente como con la tasa aeroportuaria", sumó, en alusión al artículo del proyecto de Presupuesto 2023 que el oficialismo logró aprobar por un voto.

No, y no vamos a dejar que suceda en el Congreso. Salvo que @JMilei se ausente cómo con la tasa aeroportuaria. https://t.co/l3GayPIHEX

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) February 13, 2023

Antes de que se pase a la votación el informe de admisibilidad sobre los 14 pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema en la comisión homónima, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, enfatizó: “Creemos que la avanzada contra la Corte y este proceso que se va a votar en paquete tiene, entre sus más patéticos y peligrosos antecedentes, el alzamiento que el presidente de la Nación y un grupo de gobernadores cometieron en diciembre del año pasado después de la medida cautelar que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que es un acto abiertamente destituyente porque intenta alterar el orden democrático”. 

El vicepresidente de la Comisión de Juicio Político calificó como una “mala decisión” la postura del Frente de Todos de votar en paquete los expedientes y no por separado, habiendo entre ellos dos presentados desde su espacio político. 

Al aclarar que tanto él como su par Paula Oliveto iban a votar el rechazo “in limine” del proceso junto a sus compañeros de JxC, el porteño aclaró que lo harían con la disidencia sobre Ricardo Lorenzetti. “No vemos ninguna contradicción con la diputada Oliveto en relación a nuestra posición de abrir el expediente contra uno de los magistrados, porque son causas previas que no tienen que ver con el contenido de sus sentencias”, argumentó y le dijo al oficialismo: “Ustedes se pierden la oportunidad de hacer al menos un juicio político contra cuestiones concretas y no que violen la independencia del Poder Judicial”. 

En un duro discurso, el legislador cuestionó que se avance contra los jueces por el contenido de sus sentencias y consideró que “al restringir la deliberación de los magistrados restringen la independencia de ellos porque quieren que sean sometidos. Creo que no dimensionan el daño que le hacen a la democracia con esta actitud”. “Sin Poder Judicial no habrá garantías ante el autoritarismo de cualquiera”, agregó. 

Además, criticó la “bajeza” de la reunión anterior de “utilizar los derechos humanos como los utilizaron”. 

“Cuidar la democracia es votar en contra de la admisibilidad de este juicio político, porque esto también va a generar un precedente”, apuntó y explicó que juzgar a los jueces por sus sentencias “se puede trasladar a otros funcionarios” y el día de mañana se podría proponer “destituir a un presidente o un vicepresidente por las políticas públicas que establezca”. 

En contra del fundamento del kirchnerismo sobre que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fueron designados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, López expresó: “Ni Rosatti ni Rosenkrantz asumieron por decreto en sus cargos”. “Más allá del error de un decreto en comisión”, dijo y recordó que el Senado votó los pliegos por 58 votos a favor, en el caso de Rosenkrantz, y 60 en el caso de Rosatti. 

“Ampliamente superaron los dos tercios y así asumieron sus cargos, antes no juraron”, agregó y rechazó “cosas falsas” que se dijeron, ya que “Cambiemos tenía solo 15 senadores de 72”. Por eso, enrostró que entre los votos positivos estuvo el del “senador (José) Mayans, actual presidente del Frente de Todos” y el de Gerardo Zamora, actual gobernador de Santiago del Estero. 

Luego, acusó al oficialismo de querer “asimilar estos procesos a los que ocurrieron entre 2002 y 2005. Se parece solamente al proceso que hizo (Juan Domingo) Perón en 1947” cuando un solo juez, el que él había designado, no fue removido. “En este caso por ahí las vueltas de la historia nos dan algún parecido”, deslizó y disparó: “Lorenzetti creo que es el que les da la letra en varios de los pedidos de juicio político que presentan. Tal vez me equivoco, tal vez no”. 

También, el diputado de la Coalición Cívica calificó que el proyecto de ampliación de la Corte Suprema “es tan menemista como remanida y peligrosa”.

“En lo que respecta a los 12 pedidos de juicio político que no pasan el test de admisibilidad es una maniobra orquestada de manera muy torpe, rudimentaria y burda. Pretenden juzgar a todos los miembros de la Corte a como dé lugar, con acusaciones falsas porque lo que les molesta es el contenido de las sentencias. Lo que incomoda es que los jueces no cumplan con sus deseos, ya sea de impunidad o sumisión”, subrayó. 

Para el legislador, “calificar a la Corte y todo el Poder Judicial como enemigo es parte del relato que necesitan para sobrevivir”. “Pretenden desprestigiarlos instalando la idea de que los jueces desconocen el derecho, favorecen la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado, dictan sentencias por capricho, que fueron nombrados por DNU, o cualquier otra barbaridad que se les ocurra para esmerilar la calidad y el prestigio de un Poder Judicial que no goza de prestigio en su totalidad, pero que creo que tiene una Corte que es lo suficiente independiente de todos”, continuó. 

Finalmente, contra el Frente de Todos, López los acusó de “despreciar la ley porque la ley los incomoda, porque frena sus impulsos autoritarios, porque los obliga a rendir cuentas sobre los actos de gobierno y sobre todo a recordar que deben gobernar en un sistema republicano y democrático”. “Construyen un futuro incierto porque los preocupa y no pueden controlar el resultado de las investigaciones judiciales de corrupción”, sumó. 

Arrancó picante la reunión de la Comisión de Juicio Político este jueves, cuando el oficialismo propuso a un diputado riojano para ocupar la vicepresidencia segunda y la oposición lo objetó por responder al gobernador Ricardo Quintela, quien se manifestó en contra del fallo de la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad.

El jefe del FdT, Germán Martínez, propuso que el legislador ocupe el cargo que quedó vacante con la salida de Victoria Tolosa Paz y destacó el “derrotero en términos académicos y políticos muy acorde a la responsabilidad que venimos a proponer” de Ricardo Herrera, al que calificó además como “un cuadro integral del peronismo”.

Luego tomó la palabra el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, quien señaló: “Más allá de las condiciones académicas o políticas del diputado del Frente de Todos, no puedo dejar pasar que el gobernador de La Rioja en diciembre, cuando la Corte Suprema sacó la cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que no él no iba a acatar ningún fallo, que había que desconocerlo”.

Entonces, el presidente de la CC-ARI pidió conocer por boca de Herrera su opinión al respecto, para “saber si lo vamos a votar o no”. Además, alertó que “frente a la gobernación (de La Rioja) apareció un cartel con la cara de los cuatro miembros de la Corte Suprema, con su nombre, escrachándolos y hostigándolos. Por eso, me parece que no es casual que sea el diputado (Herrera)”.

“Entiendo que ha venido a 'picantear' la reunión desde el arranque”, salió al cruce Martínez, quien aclaró que “desde siempre en la Cámara de Diputados son los bloques parlamentarios los que proponen los nombres para integrar la mesa directiva”.

En esa línea, el santafesino dijo: “No recuerdo en el último tiempo que cualquier bloque haya objetado determinada situación por lo que una persona, que no es ese diputado, haya manifestado. Lo conocen poco, lo van a conocer en el camino a recorrer”.

“Esto no es una situación de careo”, resaltó el oficialista y lanzó que el también “podría preguntar si el diputado preopinante está de acuerdo con un montón de cosas que ha dicho su jefa política (Elisa Carrió), como por ejemplo que pueden ser denunciados penalmente todos aquellos que no declaren la admisibilidad de un juicio político. Después se lo leo”.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, pasó a votación la designación, aprobada por el oficialismo por mayoría.

Muy breve, sin responder a los pedidos de López, Herrera sostuvo: “Esperamos actuar con la debida responsabilidad que tanto merece, esperamos estar a la altura de las circunstancias y apegados a la Constitución, al reglamento de la Cámara de Diputados y al reglamento interno de esta comisión”.

En el arranque de la segunda jornada en comisión sobre el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Juan Manuel López ratificaron la catarata de denuncias presentadas desde 2017 contra Ricardo Lorenzetti, al tiempo que rechazaron que se avance contra todo el máximo tribunal. 

En su larga exposición, Oliveto planteó todas las acusaciones contra quien fuera presidente de la Corte entre 2007 y 2018, y recordó que la solicitud “data del 2017 y fue presentada en su oportunidad por la doctora Elisa Carrió”. “En ese momento nosotros éramos Gobierno y la realidad es que no fue acompañado por Juntos por el Cambio”, apuntó. 

Y defendió que el pedido se enmarcó en “una decisión que respondía a la íntima convicción de nosotros como legisladores” sobre que Lorenzetti “no cumplía ni con la idoneidad moral, ni con un desempeño eficiente en sus funciones conforme las buenas prácticas administrativas y de transparencia”. 

“En ese momento no tuvimos un presidente que acompañara el pedido. Es más, el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia (Germán Garavano) dijeron que no lo compartían”, señaló, y por eso mismo argumentó: “No respondía nuestra motivación a la necesidad de presionar a la Corte para que sancionara algo de acuerdo a los intereses políticos del momento, no; ni era un factor de extorsión al máximo tribunal, no; ni tampoco tenía como razón beneficiar a ningún encausado en ninguna causa; ni que fuera la forma en que encontraba una persona o un Gobierno para recusar al máximo tribunal ni para pedir la nulidad de los fallos”. 

“Lo hicimos más allá de cualquier especulación política o necesidad de un Gobierno para condicionar a un poder de la República”, insistió y aclaró que “ahí está la diferencia sustancial en relación a este momento”, en alusión a los pedidos del oficialismo. 

La legisladora cargó contra Lorenzetti al asegurar que “se convirtió en un hombre muy poderoso, muy temido, con una influencia insospechada, no solo dentro del tribunal sino también afuera” y “manejó a su arbitrio durante tantísimos años” el Poder Judicial. “De él dependía el diseño, la implementación y la ejecución de relevantes decisiones administrativas sobre presupuesto, la administración de los fondos y el diseño orgánico funcional del Poder Judicial argentino durante su presidencia”, dijo. 

Después pasó a enumerar “los 29 hechos que se imputan” a partir de tres ejes que tienen que ver con “el mal desempeño en el ejercicio de las funciones y eventual comisión de delitos” por “articular de una matriz de negocios dentro dentro del ámbito de las competencias; una  evidente falta de transparencia en su gestión al frente de la Corte Suprema; y por cooptar estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia”. 

En la larga lista de acusaciones, la porteña habló de “la transferencia de estructuras propias del ámbito de actuación y control del Consejo de la Magistratura a la Corte; la desarticulación de los mecanismos de participación en la toma de decisiones y de control interno de la administración y gestión de los recursos; el manejo discrecional de fondos millonarios extrapresupuestarios; la debilidad en el proceso de control interno; la concentración de las decisiones en la administración de la caja y la rendición de cuentas; y la débil intervención de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires”. 

También mencionó “la pelea por la caja judicial durante las leyes que promovía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, al tiempo de “sospechosos sorteos de causas; irregularidades en el sistema de informatización; irregularidades en la administración de los bienes de consumo; falta de ética; y designación arbitraria de personal”. “Durante la gestión del doctor Lorenzetti se incrementó la planta de la Corte de manera exponencial”, añadió. 

Además, la diputada de la CC-ARI le endilgó “un particular interés de intervenir en causas sensibles mediante el cuerpo de peritos del Poder Judicial” y “el incumplimiento de la Ley de Ética Pública en relación a la presentación de declaraciones juradas”. “Contribuyó a la ausencia de transparencia en el patrimonio”, aseveró y lo denunció por “el manejo irregular de dos fondos anticíclicos” y “el irregular y discrecional manejo de la obra social”. 

Puntualmente sobre el patrimonio del magistrado, Oliveto sostuvo que “la verdad que el patrimonio del doctor Lorenzetti es opaco y ha sido objeto de muchas presentaciones por parte de estos diputados y la doctora Carrió, y no hemos logrado que se avanzara”. “Es extraño su nivel de relación con prestadores de la salud, muchos de los cuales están radicados en la ciudad de Rafaela. Han sido sus socios”, reveló. 

En esa línea abundó, sobre ese grupo empresario: “Han crecido exponencialmente a partir del poder que ha adquirido Lorenzetti en los últimos años”. “Parte de los bienes que él utiliza están a nombre de empresas que están vinculados a este grupo; distintas propiedades, mansiones en su pueblo natal, acá en Puerto Madero, autos de lujo, que no están en su patrimonio”, explicó. 

Por otra parte, la mano derecha de Carrió se refirió a “la mutual PyME Rural, que ha crecido muchísimo en la ciudad de Rafaela y que ha sido investigada en la causa donde se canjeaban cheques para la AFA en ocasión del programa Fútbol para Todos”. 

En otro tramo habló de “Lorenzetti y su poder de escucharte” sobre el traspaso que se dio en 2015 del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones desde el ámbito del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema. “Puso personas de su máxima confianza y hubo debilidades en control de ese área tan sensible”, resaltó. 

Finalmente, Oliveto acusó al juez del “manejo discrecional de los bienes decomisados” y su “resistencia para que esos bienes tengan una finalidad social”.  

“No es fácil hablar de Lorenzetti, tiene unos tentáculos que nosotros ni nos imaginamos”, enfatizó y expresó: “Sabemos muchas veces que cuando uno toca a esta persona, tiene vuelto”. Pero ratificó su convicción de que “mi liderazgo y mi partido no tienen precio”.

A sus pares de Juntos por el Cambio les agradeció por haber respetado la postura de la CC a lo largo de los años, mientras que al oficialismo le aclaró: “No voy a acompañar muchas de las causales que están propiciando, porque entiendo que tienen una dirección que no es a los efectos de mejorar la Corte, sino de mejorar la posición de un Gobierno cuando un fallo le es adverso, pero respeto el derecho de un legislador en defender sus ideas y plantear sus disidencias en este ámbito, que es la casa de la democracia”. 

“Con profunda honestidad intelectual vamos a trabajar en defender las garantías constitucionales de las personas que están siendo traídas a ese proceso. No creo que sea sano ir contra todos los miembros de la Corte para forzar recusaciones o la posibilidad de ser reemplazados por conjueces”, concluyó. 

En una breve intervención, el jefe de la CC, Juan Manuel López, explicó que el pedido firmado por él es “una ampliación del juicio político que fundó” Oliveto, puntualmente sobre “el hecho que está relacionado con el poder de influencia del doctor Lorenzetti sobre distintos actores de la política, la Justicia y la sociedad civil para que se sancione de una manera la Ley del Consejo de la Magistratura que finalmente no se sancionó”. 

“El bloque de la Coalición Cívica ratifica todos los hechos que denunció la exdiputada Carrió”, afirmó, y valoró que su partido desde 1996 ha presentado distintos pedidos de juicio político con la intención de “mejorar la Justicia desde nuestra función, pero nunca de presionar al Poder Judicial”. “Nuestras diferencias con el Frente de Todos son enormes. Vamos a sostener el pedido contra Lorenzetti, pero no vamos a ir contra una Corte entera para presionarla”, aseveró. 

Controvertido si los hay, el sistema de registros del automotor es un elemento recaudatorio directamente relacionado con la política. Porque en una transversalidad que trasciende administraciones, está claro que la designación de autoridades de cada registro está vinculada con padrinazgos políticos relacionados con el poder

Es lo que surge de un informe publicado en el portal Infobae, donde se advierte que el 50% de los mismos se encuentran intervenidos. Puntualmente, solo un 52% de los mismos está en manos de encargados titulares.

El periodista Nicolás Pizzi, autor de la nota, advierte sobre un plan sistemático detectado por la Justicia para sacar a los interventores elegidos por el gobierno anterior, a través de auditorías.

Los datos fueron suministrados a ese medio por la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (DNRP). Los detalles de cada registro, discriminados por ubicación y categoría, aparecen en otro informe de 18 páginas obtenido por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López mediante un pedido de acceso a la información.

Precisamente López se hizo eco de este artículo este lunes a través de su cuenta de Twitter, donde advirtió que “el sistema de registros del automotor no resiste ningún análisis de eficiencia y transparencia de los recursos públicos, es muy caro para los consumidores”, y sostuvo que “con este nivel de intervención se consolida la idea de que hay eliminarlos e ir a un sistema más simple y accesible para todos los que adquieran a un automotor”.

“Los favores políticos se tienen que terminar y este es uno de los ejemplos por los que empezamos a trabajar”, remarcó el presidente del bloque CC en la Cámara baja.

No es nueva la preocupación de este legislador sobre este tema. Ya el 3 de noviembre del año pasado había presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con las delegaciones seccionales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Ese pedido fue acompañado por los diputados de su bloque, y se sumó también la diputada del Pro Silvia Lospenatto.

En el proyecto se advierte que la registración de los automotores no está gestionada en su totalidad por el Estado nacional, sino que, por el contrario, parte de dicha función ha sido delegada en los encargados de Registro; es decir, en aquellas personas que son titulares de las Delegaciones Seccionales. “En efecto, el dinero que abonan los particulares en concepto de aranceles a la hora de registrar un automotor no es íntegramente percibido por el Estado Nacional puesto que parte de dicho dinero —el remanente de los importes y tasas percibidas por los Registros Seccionales— queda en manos de los encargados de Registro. En otras palabras: hay una suerte de ‘tercerización’ del funcionamiento de los Registros Seccionales”.

“Esta situación, a nuestro entender, evidencia una anomalía en el funcionamiento del Estado y de las instituciones que no solo genera privilegios indebidos, sino que, además, encarece la registración de los automotores en perjuicio de los ciudadanos”, resume el proyecto de resolución, donde se enfatiza que “dicha función debe ser ejercida íntegramente por el Estado —sin que exista ningún tipo de intermediación por parte de los particulares—, es decir, por órganos de la Administración Pública a cargo, naturalmente, de empleados públicos, tal como ocurre con los Registros de la Propiedad Inmueble de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”. “Insistimos: la actividad de registración de los bienes, ya sean muebles registrables o inmuebles, es una función indelegable del Estado”, remarca el pedido de informes.

5815-D-2022

El presidente del bloque de la Coalición Cívica-ARI en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, reconoció que "el Congreso va a estar trabado por un tiempo", y afirmó que "cuando el oficialismo decide la agenda no puede no esperar que si no la acuerda con la oposición haya una reacción".

"Va a estar trabado por un tiempo el Congreso. Espero que se destrabe. Ojalá el Congreso pueda funcionar en el último año del Gobierno del Frente de Todos con cierta normalidad", sostuvo el vicepresidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.

En declaraciones radiales, el dirigente de Juntos por el Cambio señaló que "cuando el oficialismo decide la agenda no puede no esperar que si no la acuerda con la oposición haya una reacción, que en este caso es trabar algunas leyes, que no van a solucionar la vida de los argentinos". De todos modos, el abogado aclaró que "no se puede poner de rehén a la población en una pelea de poder".

"Hay que acostumbrarse a que va a haber gobiernos con parlamentos repartidos. Estábamos acostumbrados a que había oficialismos con mayoría en dos cámaras", añadió.

Al referirse al pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, López indicó que "se da en un contexto de una cantidad de proyectos para dominar al Poder Judicial", y consideró que "los números en el Congreso no están para destituir, pero sí para desgastar, para desprestigiar".

"Nos parece una iniciativa peligrosa, que desgasta mucho a las instituciones y a la política, que va a estar discutiendo un problema del poder y no los problemas de la sociedad", manifestó el dirigente opositor.

En otro tramo de la nota sostuvo que los chats entre funcionarios judiciales y dirigentes del Pro "fueron la excusa" para impulsar el pedido de juicio político. "Si hay que dar ese debate, habría que haberlo dado en otro clima, no en medio de un fallo que no le gusta al oficialismo", planteó López en alusión a la decisión del máximo tribunal sobre los fondos de coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires.

Al ser consultado sobre la actual conformación del máximo tribunal, López consideró que "es una Corte independiente", aunque definió al juez Ricardo Lorenzetti como "un equilibrista del poder". En tanto, manifestó que los magistrados Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz "se han sabido separar de la política partidaria".

El presidente del bloque de la Coalición Cívica–ARI, Juan Manuel López, anticipó este jueves que “no darán quórum” en las sesiones extraordinarias para darle tratamiento al pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que impulsa el Gobierno.

Además, expresó: “El Gobierno no registró que en las últimas tres sesiones no tuvo quórum porque quiso imponer unilateralmente una agenda”, y remarcó: “No vamos a acompañar algo que es para romper el sistema de Gobierno y la división de poderes”.

Entrevistado en CNN Radio, el jefe de bancada de la CC-ARI amplió: “JxC no va a acompañar ningún ataque a la Corte y no acompañará ninguna ley más hasta que esto no pare”. A su vez, embistió contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández: “Su falta de inteligencia no lo dejan registrar los hechos”.

“Mezcla temas económicos con un ataque directo a la Corte Suprema, y eso atenta contra la posibilidad de que exista un tribunal independiente”, señaló López y subrayó que la Justicia “sigue siendo un poder independiente que garantiza la propiedad privada”.

Respecto al proceso de la iniciativa, el bonaerense explicó: “La Comisión de Juicio Político funciona como una ‘pequeña fiscalía’ que investiga las pruebas y ahí, se recaba todo”. Además, añadió: “Con una mayoría simple (16 sobre 31 legisladores) se decide si se acusa o no”.

Sin embargo, en referencias a lo que pueda ocurrir en el recinto advirtió: “En las últimas tres sesiones, el oficialismo no tuvo quórum y tampoco tiene los dos tercios necesarios para sesionar sin la oposición”.

“Es una situación institucional muy delicada que el Gobierno tensa cada vez más”, afirmó el opositor. Asimismo, manifestó que el presidente “es una persona que hace tiempo no piensa con claridad”.

Del mismo modo, comparó a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner -cuando era jefa de Estado- del actual presidente: “Ella ha sido lo suficientemente inteligente para no desobedecer ningún fallo de la Corte y Alberto es lo suficientemente estúpido para desobedecer una cautelar”.

Por otro lado, López opinó sobre la licencia del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y consideró: “Es una decisión personal que respetamos. (Elisa) Carrió (líder de la CC-ARI) lo apoyó públicamente”.

En el cierre, agregó: “D’Alessandro es víctima de un espionaje anárquico que no se sabe de dónde viene”, y concluyó: “Hay versiones de medios que dicen que hay una ‘mesa militar’ de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por lo que creemos que no corresponde que renuncie por un ataque de espionaje ilegal”.

Los diputados la Coalición Cívica-ARI presentaron un proyecto de ley para que el déficit de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), referido al pago de las políticas universales, sea financiado por el Estado Nacional y las provincias.

La iniciativa busca el reordenamiento de las asignaciones específicas a la ANSES, incrementando el porcentaje de afectación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para garantizar el sostenimiento de las políticas universales, promover su carácter federal, y equilibrar los esfuerzos entre la nación y las provincias minimizando uno de los principales factores de desequilibrio de las cuentas públicas nacionales.

En tal sentido, la Coalición aseguró que “la respuesta más eficiente y justa a las contingencias sociales es la prestación de servicios previsionales de manera unificada y uniforme para todo el territorio de la Nación y, en nuestro país, dicha cuestión solamente puede ser atendida por el estado federal con fondos recaudados por la Nación, previamente a su coparticipación”.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, se manifestó al respecto: “Sin subir impuestos y compartiendo esfuerzo con provincias superavitarias. La idea de Elisa Carrió (líder de la CC) que las políticas universales las pague la Federación previo la coparticipación debe ser llevada adelante incluso antes de que se dicte la ley convenio prevista en la Constitución”.

Proyecto de reordenamiento de las asignaciones específicas a ANSES para garantizar las políticas universales.
Hay que equilibrar los esfuerzos entre nación y provincias minimizando los principales factores de desequilibrio de las cuentas públicas👇https://t.co/Ga1APIu1R4

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) December 30, 2022

“Hasta tanto se sancione un nuevo régimen de coparticipación que dé una solución definitiva, hemos optado por hacer uso del remedio constitucional de las asignaciones específicas para que tanto la Nación como las provincias concurran en el financiamiento de las políticas universales y resulte asegurada su continuidad, evitando cualquier incertidumbre que pudiera existir en los beneficiarios con relación a si las prestaciones podrán mantenerse”, sostuvieron.

En la redacción del proyecto, se describe que la ANSeS “tiene un déficit del 1,6 por ciento del PBI” que el Estado Nacional financia con transferencias, sin la colaboración de las provincias. Sin embargo, en todas y cada una de las provincias viven beneficiarios de las políticas universales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Desde la CC-ARI aseguraron que “hasta que tengamos un nuevo régimen de coparticipación que lo resuelva definitivamente, proponemos un reordenamiento de las asignaciones específicas de impuestos coparticipables que permita al Estado nacional compartir el costo de las políticas universales con las provincias”.

Además, agregaron que con el proyecto “incrementan la asignación específica del IVA a la ANSES hasta el 63 por ciento y eliminamos la de los demás impuestos que hoy están afectados”.

De este modo, las políticas universales serán plenamente garantizadas mediante la asignación específica de un solo impuesto. Los impuestos, como el del cheque, que ya no estarán más afectados a la ANSES podrán ser reducidos o eliminados sin afectar los recursos de los beneficiarios; y se terminan las transferencias del Tesoro Nacional a la ANSES y la carga previsional se distribuye con las provincias.

Respecto a la situación financiera de la ANSES, según la coalición de JxC “el organismo tiene ingresos por recursos propios del 4,6 por ciento del PBI”.  A su vez, “debe afrontar gastos por 8,9 por ciento del PBI”, y el resultado entre ingresos por recursos propios y gastos “es de un déficit del 4,3 por ciento del PBI”.

“Este desfasaje es suplido -en parte- con la asignación específica de impuestos nacionales por un 2,7 por ciento del PBI (100 del impuesto al cheque, 10,3 del IVA, 70 del impuesto PAÍS, 28,7 del impuesto a los combustibles líquidos e internos unificados, 70 del impuesto integrado del monotributo y 100 del impuesto adicional a los cigarrillos)”, informaron.

6874-D-2022

Del mismo modo agregaron: “Sumados los recursos tributarios asignados, el déficit queda en 1,6 por ciento del PBI que se financia con transferencias del Tesoro Nacional. Esto pone en riesgo la continuidad de las políticas universales en nuestro país y profundiza el déficit del estado nacional”.

“Por tales motivos y habida cuenta que la dispersión de la asignación de fondos a la ANSES en múltiples impuestos, constituye un obstáculo para poder avanzar en rebajas impositivas sin afectar los recursos de la ANSES, es que proponemos una reconfiguración de las asignaciones específicas destinadas a su financiamiento incrementando el porcentaje de afectación del IVA y derogando la asignación de los demás impuestos, de modo tal de cubrir con la totalidad de las necesidades presupuestarias para el sostenimiento de las prestaciones previsionales, de manera unificada en un solo impuesto y sin la necesidad de recurrir a transferencias del Tesoro nacional que agraven la situación de las finanzas públicas nacionales”, detalló la CC – ARI en el proyecto.

Tras la condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, consideró que "el Tribunal y los fiscales fueron muy independientes y van a apelar la condena para que sea fuerte".

El legislador confesó que escuchar la sentencia le dio "un poco de tranquilidad y moderado optimismo". "Si bien es una condena histórica, no es usual. A uno le gustaría que la corrupción fuera juzgada en tiempo y forma, que no pasen 14 años desde la denuncia, que las penas sean más graves", agregó.

En ese sentido, opinó que falta "una tarea que tenemos que hacer desde el Congreso, que es modificar los delitos de corrupción para que la pena máxima por la que la condenaron a Cristina Kirchner sea más elevada".

Sobre la pena de seis años de prisión, el porteño aclaró que "es el máximo de la pena que los jueces podían decretar. Y está la inhabilitación perpetua, que Cristina Kirchner la interpretó muy mal", ya que según el Código Penal "no es una accesoria, es parte de la pena".

Al ser declarada culpable por administración fraudulenta y no por el delito de asociación ilícita, como pedía la Fiscalía, López apuntó que "es difícil de probar, pero éste era un caso perfecto". “Elisa Carrió denunció a Néstor Kirchner, Julio de Vido, a todo Planificación, y a Lázaro Báez por asociación ilícita en el 2008. Tiene una pena más grave", recordó.

"El fiscal Diego Luciani lo va apelar y ojalá haya otro criterio en Casación y se aplique", abogó el diputado en declaraciones a Radio Mitre. Además, señaló que los jueces "interpretaron el vínculo entre Vialidad Nacional, Vialidad de Santa Cruz y los beneficios que tuvieron Cristina Kirchner y Lázaro Báez".

“Uno quisiera más. La verdad es más grande que lo que se prueba en Tribunales. Está claro que el fraude a la administración pública fue producido y se beneficiaron la familia Kirchner, a través de Néstor y Cristina después, y el empresario Lázaro Báez”, cerró.

De los primeros en contestarle a Cristina Fernández de Kirchner tras el acto que la vicepresidenta encabezó en La Plata, fue Mario Negri, el presidente del bloque radical de la Cámara baja. Para el cordobés, lo de la exmandataria “fue una invitación al pasado, no al futuro”.

“Cristina nunca se fue en estos tres años de gestión. Alberto hace lo que ella dispone y sus acólitos manejan todas las cajas y concentran poder”, agregó, para concluir: “Puro cinismo. Ayer arrimó fuego a las instituciones y hoy pidió diálogo”.

El diputado del Pro Luciano Laspina sostuvo que “la vicepresidenta de un país da cátedra de gobierno con un país en llamas gracias a SU gobierno. Sólo en Argentina. De no creer”. Y remató: “Creo que sería una gran noticia para el ‘acuerdo democrático’ que empiecen a dialogar Cristina Kirchner y Alberto Fernández, así ordenan el caos que han generado. Después vemos cómo seguimos…”.

“No se discute con creyentes”, fue el breve comentario de la diputada Sabrina Ajmechet.

Para el jefe del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, la vicepresidenta “no dijo nada nuevo porque no tiene nada para ofrecer. Fin de ciclo”.

Desde la izquierda, Nicolás del Caño señaló sobre el mensaje de la expresidenta que “hasta ahora la ‘novedad’ en el discurso de CFK es que propone llenar de gendarmes el conurbano”.

El senador Martín Lousteau señaló por su parte que “la verdad que cuando uno va deshaciendo pieza por pieza, ve la falsedad absoluta de su discurso, desde el comienzo hasta el final”.

“La escucho hablar de corrupción y auditoría de los gastos, pero a su lado aparece el cajero de banco Lázaro Báez, que tiene 22 veces la superficie de la Ciudad en tierras. La cara de piedra hay que tener”, disparó Waldo Wolff.

A su vez, Graciela Ocaña respondió al mensaje de Cristina sobre la inseguridad: “Ud. es la Presidenta. ¿Por qué no da la orden hoy para desplegar gendarmes en la Provincia de Buenos Aires? Ahora gobierna su niño mimado Axel Kiciloff con el ministro de seguridad que usted impuso, Sergio Berni”.

Ud. es la Presidenta. ¿Por qué no da la orden hoy para desplegar gendarmes en la Provincia de Buenos Aires? Ahora gobierna su niño mimado Axel Kiciloff con el ministro de seguridad que usted impuso, Sergio Berni. pic.twitter.com/0bGINPCrag

— Graciela Ocaña (@gracielaocana) November 18, 2022

Luego de conocerse que un avión ruso sobrevoló la Argentina el mes pasado, el jefe del bloque de Coalición Cívica ARI Juan Manuel López anunció este lunes que presentó un pedido de informes al Estado exigiendo explicaciones sobre el tema. “Creemos que Argentina no sabe nada del tema porque el Gobierno desbarató a los organismos de inteligencia”, señaló el diputado.

Además expresó que el Estado argentino “somete al miedo" a la población al no informar sobre este avión. “Las alianzas del kirchnerismo nos van a traer consecuencias graves. No sería lindo convertirnos en el refugio de los exiliados rusos que son sancionados en todo el mundo”, indicó.

En diálogo por Radio Rivadavia, el vicepresidente de la Comisión de Juicio Político relató que “el 13 de octubre desde el Reino Unido llegó un avión, que se fue vacío a Ushuaia, de allí a Río Grande, luego a Salta, Iguazú y terminó en Montevideo”. En ese tema, explicó: “Es un avión particular, inscripto en una sociedad que no está claro, quienes serian sus dueños, pero se cree que sería de un jerarca ruso (Igor Annenskiy) que tiene relación con dirigentes sancionados (Leonard Valentinovich Blavatnik y Víktor Felíxovich Vekselberg) en Estados Unidos y España”.

“Pasó con el avión venezolano – iraní y vuelve a pasar ahora. Argentina decidió no sancionar a Rusia y la hipótesis que tenemos es que ese jerarca busca armar un plan para exiliarse acá”, señaló López. Además, sentenció: “Argentina puede tener que enfrentar consecuencias graves con el mundo”.

OTRA SOSPECHOSA CIRCULACIÓN DE UN AVIÓN EN EL PAÍS.
Semanas atrás paseó por Argentina un avión sospechoso de matrícula M-OLOT, que estaría vinculado a jerarcas rusos.
Así podemos convertirnos también en un refugio libre de sanciones para los socios de Putin.
Hilo 👇 pic.twitter.com/OyA5dc0hzp

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) November 14, 2022

En tal sentido, el jefe de la banca de la CC en la Cámara baja afirmó que “hay que cosas o alianzas que no se deben hacer”, y agregó: “Esto puede traer consecuencias para renegociar la deuda externa con el FMI o para vender nuestros productos al mundo”.

En el final, López confirmó que presentó el pedido de informes la semana pasada y que hasta ahora no obtuvo respuesta. “Debemos dar una decisión seria sobre las alianzas de la Argentina. Qué tipo de países tratamos. No podemos ser funcionales a países que han iniciado guerras y han incidido sobre la política de los países. Rusia no es cualquier cosa”, concluyó.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el decreto parlamentario que dispuso la designación del senador kirchnersita Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura, legisladores y referentes de Juntos por el Cambio manifestaron su aprobación. 

El máximo tribunal consideró el decreto firmado por la vicepresidente Cristina Kirchner, que dispuso la división del bloque del Frente de Todos en el Senado, como “inoponiple”, por lo que impugnó la decisión, y permitió que el escaño por la segunda minoría quede a cargo del macrista Luis Juez. 

“No vale todo. Cristina mandó a dividir el bloque K de Senadores para acaparar 3 de las 4 bancas en el Consejo de la Magistratura. Esta avivada, que muchos festejaron, claramente era irregular y hoy la Corte Suprema la revocó”, manifestó al respecto el presidente del bloque UCR de la Cámara baja Mario Negri. 

No vale todo. Cristina mandó a dividir el bloque K de Senadores para acaparar 3 de las 4 bancas en el Consejo de la Magistratura. Esta avivada, que muchos festejaron, claramente era irregular y hoy la Corte Suprema la revocó.
¡Felicito a @ljuez por no bajar los brazos!

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 8, 2022

Por su parte, el diputado y presidente del bloque de la Coalición Cívica Juan Manuel López sostuvo que “le guste a quien le guste hoy con Rosatti, Rosenkratz y Maqueda hay una Corte independiente del poder político del FdT y de JxC. Si se consolida tendremos un paso más a la república, a la seguridad jurídica, condiciones del desarrollo”. 

¡Enhorabuena!
Le guste a quien le guste hoy con Rosatti, Rosenkratz y Maqueda hay una Corte independiente del poder político del FdT y de JxC.
Si se consolida tendremos un paso más a la república, a la seguridad jurídica, condiciones del desarrollo. https://t.co/yBVb33ah1B

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) November 8, 2022

Además, la diputada Graciela Ocaña consideró que la Corte Suprema “puso las cosas en su lugar” y “terminó con la trampa de CFK”; y la diputada Mariana Zuvic señaló que “la Corte Suprema le puso un límite a las aspiraciones autocráticas del Kirchnerismo”. 

La Corte Suprema puso las cosas en su lugar, terminó con la trampa de CFK para manejar el Consejo de la Magistratura y conseguir su impunidad. Felicitaciones a @ljuez , sabemos que desempeñará su rol con ecuanimidad y apego a la Ley. https://t.co/r5GkN1XlJ3

— Graciela Ocaña (@gracielaocana) November 8, 2022

La Corte Suprema le puso un límite a las aspiraciones autocráticas del Kirchnerismo. Preservar la República ante la persistente embestida de quienes amenazados por la cárcel la intentan ultrajar, es la clave para terminar con este régimen. https://t.co/rbsJwKpnRl

— Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) November 8, 2022

Asimismo, celebraron la presidente del Pro, Patricia Bullrich, y los exlegisladores Luis Petri y Jorge Enríquez.

El Partido Justicialista hizo trampa en el Senado para quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura. Con Luis Juez fuimos a la Corte. ¡Ganamos! pic.twitter.com/XQ9D07D6Z6

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 8, 2022

Quisieron burlar la ley para controlar a los jueces, pero a las trampas siempre le llega la Justicia.
Hoy la Corte Suprema desplazó a un senador K del Consejo de la Magistratura y ordenó nombrar correctamente a Luis Juez.

— Luis Petri (@luispetri) November 8, 2022

Una buena noticia para la República. La Corte Suprema, en línea con el dictamen del Procurador Casal, no avaló la burda maniobra de @CFKArgentina de desdoblar artificialmente su bloque en el Senado y decidió que @ljuez debe integrar el Consejo de la Magistratura. pic.twitter.com/TffvxbyoNS

— Jorge R. Enríquez (@enriquezjorge) November 8, 2022

Por otra parte, desde el oficialismo se manifestó el senador tucumano Pablo Yedlin, que sostuvo que la Corte Suprema “está actuando fuera de lo que marca la constitución nacional”.

La CSJN está comportándose fuera de lo que marca la constitución nacional.
Arma un Consejo de la Magistratura con una ley derogada y ahora se atribuye la decisión de los integrantes de la misma.
Si los otros poderes no lo impiden, la República no existe.https://t.co/VKAxImbcwd

— Pablo Yedlin (@pyedlin) November 8, 2022

La polémica generada en torno al Régimen de Promoción Económica y Fiscal concluyó este jueves por la tarde en el marco de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se anunció la decisión de no tocar el mismo y aplicar una suba de impuestos compensatoria.

La cuestión había cobrado renovado interés los últimos días, a partir del pedido de la Coalición Cívica de derogar la Ley 19.640, cosa que provocó la reacción de los legisladores fueguinos, incluidos -y sobre todo- los de los otros partidos integrantes de Juntos por el Cambio, que reprocharon a sus socios por esa medida “inconsulta”.

La discusión subió un escalón más al trascender las fronteras fueguinas y pronunciarse el Comité Nacional de la UCR, que rechazó “de forma tajante” el proyecto de ley presentado por los legisladores de la Coalición Cívica.

En este marco es que trascendió que el ministro de Economía, no vería con malos ojos esa medida, al punto tal que el senador nacional Pablo Daniel Blanco llegó a hablar de “una intromisión nefasta que no hace más que agredir a los habitantes de nuestra provincia y poner en marcha la maquinaria de recortes y trabajo sucio que impulsa el ministro de Economía Sergio Massa”.

La realidad es que desde Economía plantearon la posibilidad de compensar la erogación de ese fondo aplicando un aumento de impuestos, que fue confirmado este jueves durante el debate en comisión del Presupuesto 2023.

Fue ahí donde el presidente del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, preguntó sobre el tema. Atento a lo que había trascendido en medios periodísticos, el legislador observó que “estaba la posibilidad de que el oficialismo incorpore el aumento a los impuestos internos sobre bienes electrónicos, que están en el 6,5% y que según la información periodística pasaría al 10%”, ante lo cual advirtió que “esto sería un aumento de impuestos internos que a nuestro modo de ver, con el casi monopolio, duopolio, o como quieran llamar a ese mercado concentrado y con la alícuota diferencial de impuestos internos del 17% para bienes importados, más las restricciones que hay para que entren productos importados en esta materia, lo único que va a hacer que aumentar el precio de los productos electrónicos”. Por eso preguntó si ese aumento estaba en evaluación.

El presidente de la comisión, Carlos Heller, le dio la palabra a la diputada oficialista fueguina Rosana Bertone, quien aclaró que ella junto a los diputados del Pro Héctor “Tito” Stefani y Federico Frigerio, más la oficialista Mabel Caparrós y ella misma habían propuesto subir el impuesto interno a los productos elaborados en su provincia, pero también el impuesto interno para el importado. Y rechazó de paso el término “oligopolio” expresado por su par de la Coalición Cívica: “Son 23 industrias, 8.075 trabajadores directos, 6.900 trabajadores indirectos, con una situación geopolítica que creo que es bastante más complicada que la de 1970 cuando se dictó el régimen federal”.

Más tarde Heller detalló la modificación impositiva: el impuesto a los productos nacionales creado en 2009 fue elevado del 6,5 al 10%, mientras que el impuesto al importado se eleva del 17 al 19%.

“Es mantener todo tal cual está, lo que impacta en el precio de los productos”, señaló a parlamentario.com el diputado Juan Manuel López, que por si hacía falta aclaró que no estaban “en nada de acuerdo” con esa decisión.

¿Qué harán a la hora de votar el proyecto? “Lo vamos a decidir después de que podamos estudiar el dictamen”, fue la respuesta del jefe del bloque CC-ARI.

Así quedó el artículo

IMPUESTOS INTERNOS

Artículo XXX.- Sustitúyese, para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de enero de 2023, inclusive, el artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones - manteniéndose vigente su planilla anexa, aprobada por el artículo 123 de la ley 27.430 y sus modificaciones- por el siguiente:

Artículo 70: Están alcanzados con la tasa del DIECINUEVE NUEVE POR CIENTO (19%) los bienes que se clasifican en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que se indican en la planilla anexa a este artículo, con las observaciones que en cada caso se formulan.

Cuando los referidos bienes sean fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la ley 19.640, siempre que acrediten origen en el Área Aduanera Especial creada por esta última ley, la alícuota será equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la alícuota general, con excepción de los productos definidos como “Aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles”, que se clasifican en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8527.21.00 y 8527.29.00, cuya alícuota aplicable será del CERO POR CIENTO (0%). Los fabricantes de los productos comprendidos en las posiciones arancelarias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, que utilicen en sus actividades alcanzadas por el impuesto productos también gravados por esta norma, podrán computar como pago a cuenta del impuesto que deba ingresar, el importe correspondiente al tributo abonado o que debió abonarse por esos productos con motivo de su anterior expendio, en la forma que establezca la reglamentación. El impuesto interno a que se refiere el presente artículo, con el diferencial de alícuotas aquí establecido, forman parte de los beneficios y franquicias promocionales y mantendrán su vigencia, en los mismos términos y condiciones, que los demás beneficios y franquicias al amparo de la Ley N° 19.640 y normas complementarias.

El bloque de diputados de la Coalición Cívica-ARI presentó un proyecto de ley que impulsa la derogación de la Ley 19.640, que establece un régimen fiscal y aduanero para el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que exime del pago de impuestos nacionales a las actividades que se desarrollen en el territorio, tanto para las personas físicas como jurídicas.

La norma rige desde hace 50 años y es a partir de la cual “la provincia de Tierra del Fuego viene desarrollando no sólo su industria sino también su crecimiento poblacional, la proyección de sus ciudades y su vida económica”, recordó el senador nacional fueguino Pablo Daniel Blanco (UCR), uno de los que reaccionó de manera airada por la actitud de sus socios de Juntos por el Cambio.

Blanco advirtió que “este proyecto, presentado de una manera totalmente inconsulta con ningún legislador fueguino, es un ataque directo a nuestra soberanía federal. Una intromisión nefasta que no hace más que agredir a los habitantes de nuestra provincia y poner en marcha la maquinaria de recortes y trabajo sucio que impulsa el ministro de Economía Sergio Massa”.

“Es inadmisible que desde el seno mismo de Juntos por el Cambio surjan este tipo de iniciativas basadas en prejuicios y el absoluto desconocimiento de la realidad fueguina”, se quejó el senador Blanco, para quien “pretender eliminar de un plumazo al régimen que ha permitido el desarrollo local, la llegada de inversiones internacionales millonarias, la creación de miles de fuentes de trabajo, impulsado las migraciones que permitieron poblar el extremo sur del país y sostener la soberanía nacional sobre las Malvinas, las islas del Atlántico Sur y la Antártida, es una aberración prácticamente criminal”.

“Como fueguino me siento agraviado y solicito el inmediato retiro de este proyecto que ya ha sentado un precedente lamentable”, enfatizó el senador nacional Blanco.

Los argumentos de la CC

El jefe del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, justificó la propuesta de ese espacio de terminar con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego por considerar que “hoy sólo beneficia a un par de vivos llenos de privilegios, pagados por todos los argentinos”. Lleva 50 años, recordó López, que agregó que “encareció los productos electrónicos.

Explicó Juan Manuel López que el régimen exime a las empresas de todos los nacionales y, mediante aumento de impuestos y aranceles a productos importados, elimina toda competencia. Y agregó que “es el gasto tributario más alto del Presupuesto. Según estimaciones oficiales en 2022 será de 0,36% y en 2023 0,35% del PBI.

“En 4 años, las empresas beneficiadas convergerían al pago total de los impuestos”, planteó López, que agregó que “para asegurar que los cambios no deriven en un incremento de precios de productos electrónicos reducimos el impuesto interno, bajamos aranceles y eliminamos barreras de importación”.

A los trabajadores que hoy se desempeñan en empresas beneficiadas por el régimen, en caso de que sean despedidos, se los protegerá mediante seguro de desempleo. Este seguro garantiza el ingreso de los trabajadores y costará menos del 20% de lo que hoy cuesta sostener el régimen, señala el proyecto de la CC-ARI.

Al mismo tiempo, “buscamos beneficiar a millones de consumidores argentinos que hoy son rehenes de pocos productos electrónicos y tecnológicos, de menor calidad y mucho más caros que en cualquier otra parte del mundo”, sostuvo López, que agrego´que “cualquier intento de reducción del gasto tributario que solo consista en aumentar impuestos a Tierra del Fuego sin facilitar el comercio exterior y poner a la isla a competir con el mundo, implicará un traslado directo del impuesto a precios y menor bienestar para el consumidor”.

“Si este fuera el caso no estaríamos haciéndoles pagar a las empresas del régimen por los beneficios obtenidos durante todos estos años sino, una vez más, a todos los consumidores”, cerró Juan Manuel López.

Desde la Coalición Cívica propusimos terminar con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego que hoy sólo beneficia a un par de vivos llenos de privilegios, pagados por todos los argentinos.
Lleva 50 años. Encareció los productos electrónicos👇https://t.co/wrhEMcqvPp

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) October 14, 2022

Le salió al cruce el diputado del Pro Héctor Stefani. También fueguino, replicó: “Estimado, creo que hay un desconocimiento enorme sobre la importancia y el impacto que tiene la Ley 19.640 en Tierra del Fuego. Es una de las pocas políticas públicas que se mantuvo por 50 años”.

Tito Stefani aclaró que “no se trata de una ley con beneficios para los industriales, se trata de una ley de promoción y desarrollo económico de una provincia que era habitada por 13 mil habitantes, de los cuales más de la mitad eran extranjeros”. Y agregó: “Hay que terminar con la mirada centralista de la Argentina y pensar en un país federal. Esta ley permitió que un territorio nacional se convirtiese en una provincia. Impulsó la industria fueguina, generó inversión, empleo, crecimiento y soberanía de nuestro territorio”.

“Como se lo dije a Massa cuando presentó esta misma iniciativa en el último presupuesto, atacar políticas de incentivos que generan desarrollo no es el camino”, advirtió Stefani, para quien “hablar de terminar con la Ley 19.640 es sumamente irresponsable por parte de cualquier legislador y más aún si no vive en Tierra del Fuego”.

Otro diputado del Pro, Federico Frigerio, también reaccionó exigiendo el “retiro inmediato” de ese proyecto de ley que “no hace más que exhibir el carácter unitario, el desconocimiento territorial y centralista que tiene ese espacio político. Vengan a conocer nuestra industria cuando quieran”.

A su vez, Pablo Daniel Blanco dijo comprender cabalmente que “todas las leyes son perfectibles, pero entiendo también que no se puede borrar de un día para el otro una realidad existente construida durante medio siglo de esfuerzo mancomunado. ¿Tiene precio la soberanía nacional? La respuesta es no. ¿Puede mejorarse la Ley existente? La respuesta es sí.

“Los fueguinos estamos dispuestos a conversar y a dar todos los debates que haya que dar, pero jamás permitiremos intromisiones de esta especie que pretenden derribarlo todo. ¿Debe cambiar el Régimen de Promoción Industrial Fueguino para adaptarse a los nuevos tiempos económicos y tecnológicos en un contexto de crisis? La respuesta es sí. Pero de allí a suprimirlo sin más hay una distancia absolutamente inaceptable”, concluyó Blanco.

Exigimos a los Diputados de la Coalición Cívica-ARI que retiren el proyecto de ley por el que pretenden quitarle a Tierra del Fuego su Régimen de Promoción Industrial. pic.twitter.com/8eYB6JSiyh

— integración juventud radical (@intjuvrad) October 15, 2022

Desde la ignorancia, desde la prepotencia y desde el porteñismo más parasitario, se presenta un proyecto de ley que borra del mapa a la provincia más joven del país, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Vengan a conocer el polo industrial antes de hablar de él.

— Martín Perez (@MartinPerezTDF) October 14, 2022

También desde el oficialismo

Más allá de la reacción dentro del propio Juntos por el Cambio, en el Frente de Todos reaccionaron también de manera airada contra la iniciativa de la CC. Exgobernadora fueguina, Rosana Bertone rechazó el proyecto “que persiste en la idea de eliminar el régimen industrial de nuestra provincia bajo el falso argumento del encarecimiento de los productos electrónicos”.

Sostuvo que “la industria fueguina genera miles de puestos de trabajo ocupados por trabajadores y trabajadoras oriundos de todo el país, y sustituye importaciones que sólo benefician a empresas que no generan trabajo argentino”, y agregó: “Este proyecto es consecuencia de la mirada centralista de diputados a los que sólo les interesa la ciudad de Buenos Aires”.

“Trabajaremos para que ninguna propuesta que atente contra el trabajo fueguino avance en el Congreso de la Nación”, concluyó.

En el mismo sentido se expresó la diputada Carolina Yutrovic (Frente de Todos), que reaccionó frente al comentario de Juan Manuel López sobre “un par de vivos”. “¿Se refiere así un diputado de la Nación a toda la población fueguina alcanzada por la Ley de Promoción Económica y Fiscal (19.640)?”, se preguntó la diputada fueguina, que agregó: “A más de 11.000 argentinos/as que trabajan en las fábricas radicadas bajo el Subrégimen de Promoción Industrial?

Para Yutrovic, “los diputados firmantes no dimensionan la gravedad del impacto que tendría sobre Tierra del Fuego y sus habitantes”, y concluyó: “Ofende a mi provincia toda, que desde el desconocimiento y el prejuicio, propongan eliminar una ley que es columna vertebral para su desarrollo”.

Proyecto-Eliminacion-Regimen-de-TDF

Si bien se había hablado originalmente de llevar el Presupuesto al recinto el 26 de octubre, los últimos días comenzó a especularse con adelantar los tiempos, aprovechando el consenso que va madurando en torno a la ley de leyes. En el inicio del debate en comisión de este martes, el presidente de la misma, Carlos Heller, oficializó esa posibilidad, al anticipar que el análisis del tema continuaría este jueves a partir de las 11 y el martes 18 de octubre, con la intención de emitir dictamen ese día y llevarlo al recinto al día siguiente.

A la hora de las preguntas a los funcionarios, pidió la palabra el jefe del bloque Coalición Cívica-ARI, Juan Manuel López, quien aclaró que había llegado después de que Heller hiciera ese planteo, pero ante ello advirtió: “No cuenten por lo menos con el bloque de la Coalición Cívica para sesionar la semana que viene”.

Esgrimiendo una libreta negra en la que figuraba el dato, López recordó que habían tenido una reunión el 20 de agosto pasado con la presidenta de la Cámara y los titulares de todos los bloques, en la que habían quedado en que “de mínima le íbamos a dar un mes a este proceso, y que íbamos a sesionar el 26 de octubre. Podría ser que incluso sesionáramos los primeros días de noviembre”.

“Nos decían que los tiempos del Senado… pero el Senado, la verdad que se tiene que hacer un tiempo. Si para algo tiene que tener tiempo el Senado, y dependerá de la vicepresidenta, es para esto. Porque tuvo tiempo para la Corte Suprema, para un montón de cosas… Ojalá se  haga un tiempo”, planteó.

Recordó además que el ministro de Economía había concurrido a Diputados el 28 de septiembre para presentar el Presupuesto, “así que le pido que vaya reconsiderando. Es muy importante que tengamos el tiempo”. Y apuntó además que “el año pasado, el día que se dictaminó agregaron creo que 56 artículos, y hubo que sesionar y analizar 56 artículos en un día -agregó-. Yo no sé cuántos artículos van a agregar en esta oportunidad, pero mínimo, una semana, como dice el reglamento, pretendemos tener para analizar lo que se dictamine después”.

Fue el presidente del bloque  oficialista, Germán Martínez, quien le contestó a continuación. Pidió verificar en los registros fílmicos, donde había dicho y repetido que pensaban debatir la semana que viene “si están dadas las condiciones; veamos cómo viene el debate. Tres veces lo dije”. Y aclaró que no creía que hiciera falta verificar video alguno, “porque éramos muchos los presentes”.

“Ya nos amenazó que nos va a dejar sin presupuesto”, replicó el diputado santafesino ante la reacción de legisladores de JxC, e insistió: “Lo que digo es, lean los diarios de hoy, uno dice que hay diputados que van a proponer una cláusula sobre la inflación; otro dice que hay un bloque que tiene claramente identificados los tres temas que van a tratar… Estamos diciendo: el jueves punteemos y veamos qué tan lejos o cerca estamos de un dictamen, y si no hay por qué dilatar, en ese caso, si están dadas las condiciones, se hará (la sesión). Si no, no se hará”.

También se refirió al tema la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) quien en su intervención planteó: “Nosotros queremos tratar seriamente el presupuesto”, y aclaró: “No estoy amenazando a nadie con dejar a esta Comisión sin presupuesto o a nuestro país, al contrario”.

Y remarcó que “es un acto de responsabilidad por parte del oficialismo generar todas las circunstancias posibles para que este año tengamos presupuesto”, pero señaló que “esas circunstancias son un trabajo serio y consensuado con la oposición de trabajar técnicamente el presupuesto, además de lo político”.

En ese sentido, cuestionó que “no están dadas las condiciones para adelantar ninguna fecha”, y adelantó: “Me opongo y nos oponemos tenazmente al tratamiento exprés de un presupuesto. No hace un mes que el ministro de Economía, Sergio Massa, vino a este Congreso a explicar en una larga jornada los alcances del proyecto. Tenemos más tarea que la de escuchar atentamente a los ministros que vienen a exponer”.

“Veo que no tienen ningún interés de dar una semana para analizar entre los diputados y senadores el proyecto porque sabemos que en Senado no se modificó nunca el presupuesto”, criticó la diputada del Pro.

En momentos en que todos están haciendo cuentas y crecen las especulaciones respecto de que las elecciones PASO del próximo año puedan llegar a suspenderse o directamente derogarse, el presidente del bloque Coalición Cívica-ARI, Juan Manuel López, expresó su rechazo a tal alternativa amparándose en un acuerdo político transformado en ley el año pasado.

Se trata de la Ley 27631, sancionada el año pasado, a través de la cual se corrió la fecha de las elecciones de 2021 por la pandemia. “El acuerdo político previo necesitaba una garantía, se logró, y no fue solo que esa ley no podía derogarse por ese año, fue también reconocer desde el Poder Ejecutivo y el Congreso que las PASO eran un derecho”, destacó el legislador de la CC este sábado en sus redes sociales.

LAS PASO YA SON UN DERECHO

En 2021 el @FrenteDeTodos y @juntoscambioar reconocieron jurídicamente algo muy relevante, que las PASO ya son un derecho público subjetivo de los partidos para elegir los candidatos a cargos electivos.

Son un derecho a tener un método transparente. pic.twitter.com/xpBMOaNQcn

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) September 17, 2022

El artículo en el que basa su argumento López es el 6°, que expresa: “La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”.

Recuerda Juan Manuel López que “el artículo pensando por Elisa Carrió fue propuesto al Ministerio del Interior, que lo tomó y así lo mandó el presidente de la Nación a la Cámara de Diputados”. Agregó que “la ley se sancionó con 223 votos positivos y solo 3 negativos en Diputados y de manera similar en Senado. Después de más de 12 años de vigencia las PASO son un derecho de los partidos y de la ciudadanía del que jurídicamente no se puede retroceder por principio de progresividad”, concluyó.

Entrevistado por el canal C5N cuando ingresaba al Congreso, el presidente del bloque Coalición Cívica de la Cámara baja, Juan Manuel López, deslizó un comentario bastante disruptivo respecto de la presidenta del Pro, que un diputado de ese partido no le dejó pasar.

La polémica se dio cuando el periodista del canal oficialista le hizo la siguiente observación respecto del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner: “Carrió repudió; Mauricio Macri repudió; ¿qué piensa de lo que hizo Patricia Bullrich, que no repudió?”. A lo que Juan Manuel López respondió: “Bueno Patricia es de una generación para la que la violencia era una opción, así que lo lamento por ella”.

Esto es inadmisible. Exigimos unas disculpas públicas de Juan. Es un error que sólo se puede entender (no justificar) en el intento de quedar bien con el periodista. https://t.co/PMhL7r9EhG

— Luciano Laspina (@LaspinaL) September 3, 2022

El que reaccionó fue el diputado nacional del Pro Luciano Laspina (Santa Fe), que consideró “inadmisible” las expresiones de su compañero de interbloque. Y reclamó con contundencia: “Exigimos unas disculpas públicas de Juan. Es un error que sólo se puede entender (no justificar) en el intento de quedar bien con el periodista”.

Poco después, Juan Manuel López tuiteó una suerte de explicación: “Con la presidenta del Pro tenemos miradas generacionales distintas. No busqué descalificarla. Sólo fue una opinión política”.

Luego aclaró que “seguiré trabajando por la unidad de Juntos por el Cambio como lo vengo haciendo en Diputados y en la Mesa Nacional”.

Los diputados nacionales por la Coalición Cívica Juan Manuel López, Mariana Zuvic, Paula Oliveto y el legislador porteño Hernán Reyes, le enviaron una nota al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, en la que les requieren que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigue a la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y a los funcionarios de su gobierno involucrados en la “cartelización” de la obra pública, más conocida como la causa de los “cuadernos”.

También solicitan que se extienda la pesquisa a los administradores de todas las empresas observadas. “La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está haciendo lo imposible para no investigar a Cristina Kirchner y los empresarios por la causa de los cuadernos. Desde junio que desde la Coalición Cívica nos presentamos para que amplíe la investigación y no tenemos respuesta”, señalaron los legisladores de la CC.

“Massa tiene la llave para decidir si se va a investigar la cartelización de la obra pública o si va a proteger a Cristina y los empresarios”, explicaron Reyes, López, Zuvic y Oliveto. “El acuerdo de Massa, Cristina y Alberto era la impunidad. Así fundaron el Frente de Todos, nosotros no lo vamos a permitir”, agregaron.

“Estamos en un momento de quiebre. Es ahora cuando debemos ponerle un final al ciclo del patrimonialismo corrupto, tanto de políticos como de empresarios”, manifestaron los diputados por la CC.

Los legisladores de la CC piden, también, que se convoque al concurso para conformar la Autoridad Nacional de la Competencia, que sería un tribunal administrativo independiente que debería continuar con esta investigación.

Este año, los diputados de la CC realizaron un pedido de acceso a la información pública para tomar conocimiento del estado de situación de la investigación en la CNDC, con el objeto de saber si el expediente se encontraba abierto, archivado y quiénes estaban siendo investigados. En esa oportunidad la respuesta fue que ninguna persona humana era objeto de la investigación en el sumario y todo lo actuado se mantenía en secreto. Luego, iniciaron un reclamo administrativo para tomar conocimiento de las resoluciones de la CNDC y la Secretaría de Comercio, por la negativa de acceso a la información pública, y se presentamos en el expediente de la CNDC para requerir que se los incluya como parte, en carácter de coadyuvantes de la CNDC, y que se amplíe la investigación incluyendo a los administradores de las empresas y a los exfuncionarios que formaron parte del cartel.

La Agencia de Información Pública se negó a brindar la información requerida por los diputados de la CC, conforme una interpretación por la que las actuaciones de la CNDC son secretas. La CC presentará un amparo en atención a este punto. Respecto del pedido de ampliación de la investigación de la CNDC, los legisladores no han podido acceder al expediente ni tomar conocimiento de lo resuelto. En julio se presentó un pedido de pronto despacho en el que se requirió que se resuelva la ampliación, por la negativa o la afirmativa. Ante la falta de notificación de alguna resolución reiteramos el pedido pronto despacho hace dos semanas.

La carta enviada por los legisladores de la CC está dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa, en tanto responsable jerárquico de la Secretaría de Comercio; al secretario de Comercio, Matías Tombolini, por tener la competencia para resolver cualquier resolución que impulse la CNDC en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, y al presidente de la CNDC Rodrigo Luchinsky, responsable del proceso de investigación que se está llevando a cabo.

“Estamos en un momento de quiebre. Es ahora cuando debemos ponerle un final al ciclo del patrimonialismo corrupto, tanto de políticos como de empresarios”, sostuvieron los legisladores de la CC. “La causa de los cuadernos y vialidad es lo que Lilita denunció en 2008, ahora que estamos más cerca del final no podemos dejarlos construir la impunidad”, añadieron.

Los diputados nacionales Mario Negri, presidente del bloque UCR, Juan Manuel López, jefe del bloque Coalición Cívica, y Victoria Morales Gorleri (Pro) viajaron a Catamarca a apoyar a la dirigencia local de Juntos por el Cambio ante la posibilidad de que el gobierno de Raúl Jalil suspenda las PASO en la provincia.

Negri, López y Morales Gorleri brindaron una conferencia de prensa en la sede del Comité provincial de la UCR, junto a los también diputados nacionales Francisco Monti (UCR) y Rubén Manzi (CC), además del presidente del Pro local, Carlos Molina.

“Para el peronismo los calendarios electorales y las instituciones son insumos de supermercado. Eso no puede ser. Los catamarqueños deben tener certezas. Las PASO se votaron en la época de Néstor Kirchner, fue una manera de ordenarse y salir de la incertidumbre. En vez de recular, debemos avanzar en boleta única y en ficha limpia. Le digo al gobernador: dejen de pensar en qué trampa pueden hacer”, señaló Negri.

El radical cordobés fustigó que "el kirchnerismo cada vez que puede mezcla todo. Nos lleva a discutir esto. El valor de las instituciones es secundario para ellos. Van a buscar cualquier argumento para no irse del poder". "El ministro (Sergio) Massa debería decirnos si el clima que está generando el kirchnerismo lo ayuda a refinanciar deudas y conseguir reservas”, lanzó.

Con @JuanmaLopezAR @VMoralesGorleri vinimos a apoyar a JxC en Catamarca. Le decimos al gobernador Jalil, que quiere suspender las PASO provinciales:
"Dejen de pensar en qué trampa pueden hacer".
Estamos alertas en las provincias y a nivel nacional. pic.twitter.com/y3EIyFj3jb

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) August 29, 2022

En tanto, López sostuvo que “las PASO son clave para que la sociedad pueda incidir en la política de una manera abierta. Son un gran avance. En 2011 se implementaron a nivel nacional y 2015 en Catamarca. Pero vemos que se suspendieron en San Juan y Salta y acá hay rumores”.

“En lo nacional estamos preocupados, las reglas de juego no se pueden cambiar de un día para el otro, se trata ni más ni menos que de la certeza que deben tener los partidos políticos para organizar sus candidaturas, y de la certeza de la sociedad. Estamos genuinamente preocupados, creen que eliminándolas perjudican a JxC, pero habrá resistencia muy fuerte en la Cámara de Diputados”, anticipó.

Por su parte, Morales Gorleri acotó: “El kirchnerismo apela a la violencia permanente, no se hacen cargo de la institucionalidad. Hay que defender las instituciones”.

Los legisladores nacionales también fueron consultados por el clima político que se agitó la semana pasada a partir del pedido de la Fiscalía de 12 años de prisión para Cristina Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”.

Al respecto, Negri sostuvo: “Nosotros no aportamos a la violencia. Le digo a los argentinos que no se enganchen. Está claro que el kirchnerismo quiere que la Justicia se resuelva en la calle, no hay que entrar en esa provocación. Estamos preocupados por el deterioro de la democracia porque además se combina con la destrucción de la economía. Queremos dar respaldo a la Justicia y pedimos a la sociedad que no se enganche en provocaciones”.

Lejos de “bajar un cambio” como se presumía, Elisa Carrió volvió a expresarse, tensando un poco más la interna de Juntos por el Cambio. Fue este domingo, al tuitear lo siguiente: “La imbecilidad según la Real Academia es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo ‘poco patriarcal’. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos”.

Pareció ser una respuesta a lo expresado desde el resto del espacio con relación a sus dichos, y particularmente a los comentarios que circularon los últimos días, este domingo incluido, en los medios.

Así, desde su sector salieron a bancar los dichos de la líder de la Coalición Cívica. El presidente del partido, el diputado Maximiliano Ferraro, señaló: “Cuánto off misógino y cobarde que sigue pretendiendo cancelar, silenciar o preparar 0un retiro digno’ a Elisa Carrió”.

Su par Mónica Frade intervino dirigiéndose a los “neutrales” a través de un pasaje de La divina comedia, en tanto que el legislador porteño Facundo Del Gaiso apuntó que “hay mucho ‘macho del off’ que quiere echar a Elisa Carrió de JxC y silenciar su voz en la política. Su voz incomodó desde 1994 a todos los gobiernos de todos los signos. Hasta el último día de su vida va a luchar por tener una República y ese día va a ser su ‘retiro digno’”.

Buen domingo a los que pelean cada dia por un mejor pais @elisacarrio pic.twitter.com/pblgCVPe6U

— Monica Frade (@MonicaFradeok) August 14, 2022

Por su parte, el diputado Juan Manuel López, presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, afirmó este domingo que “a veces es necesario discutir algunas cosas a la luz pública”, para justificar la actitud de su líder.

En declaraciones a radio Rivadavia, rechazó que fuera “inoportuno” el momento elegido por Carrió para decir lo que dijo. “Al contrario, los años para discutir esto son los años no electorales”, aseguró.

“A algunos les gusta volar bajo el radar, y Lilita les gritó ‘Piedra libre’. Muchos cuestionan las formas de Elisa Carrió, pero nadie habla del fondo de lo que dijo. Queremos en JxC volver al poder para gobernar con eficiencia y transparencia. La verdad incomoda, pero es necesaria”, expresó por su parte la diputada Marcela Campagnoli.

La unidad de Juntos por el Cambio está garantizada. Hace 8 años que trabajamos para que esa unidad sea consistente, pero también trabajamos para que el núcleo de valores de esta coalición sea Republicano. pic.twitter.com/BOzEr39ux0

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) August 14, 2022

En el inicio de la sesión de la Cámara baja, el diputado nacional y titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, apuntó contra la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis: “Con suerte va a ser una buena almacenera”. Además, cuestionó a Alberto Fernández porque “no tiene entidad política ni entidad institucional”, y lanzó duras acusaciones contra la vicepresidenta: “Esta señora que toma el poder, más tóxica no se consigue”.

“Todos ya vemos que tenemos un presidente de la Nación sin entidad política y con leve, casi nula, entidad institucional y eso nos preocupa a todos. Por eso estamos acá sentados, no por la agenda parlamentario, sino porque queremos un Congreso abierto que garantice un poco de institucionalidad a un presidente sin entidad institucional”, comenzó en su alocución López.

En ese sentido, señaló: “Vimos momentos de vacío de poder, vimos momentos de anarquía en el poder y cuando eso pasa alguien lo toma, no se crean que queda vacío”, y advirtió: “El poder siempre se ocupa. Lo pueden tomar los temerarios y creo que lo esta tomando una persona temeraria. Lo pueden tomar los golpistas, lo pueden tomar los desesperados por impunidad y en esa situación estamos”.

Respecto a la renuncia de Martín Guzmán, comentó: “El exministro fue un oportunista, descarado, escandaloso, se fue en este momento solo porque no se quiere hacer cargo de lo que va a pasar en pocos días, de que su modelo fracasó”.

“Nos deja el poder a una ministra, Batakis, que parece que la nombraron los gobernadores, la vicepresidenta y el presidente”, expresó en un tono elevado y manifestó: “Si tenemos suerte va ser una almacenera, si tenemos mucha suerte va a ser una buena almacenera”. Inmediatamente se disculpó: “Con perdón de los almaceneros”.

En ese contexto, el legislador de JxC alertó: “Si Argentina tiene poca suerte, que creo es lo que va a pasar, no sabemos el poco tiempo que va a durar. No hay mucho para decir, porque hay que tener cuidado con las palabras estos días. Yo no se si Cristina Kirchner tiene alguna estrategia política por delante, la verdad que lo dudo mucho o en todo caso a dónde nos lleva, pero si se que sabe el daño que causa, lo sabe. Si esto fuera derecho penal, de mínima es dolo eventual. Se representa lo que puede pasar porque fue 8 años presidenta y lo hace igual, no le importa. Es como el que pasa el semáforo en rojo a 180, no sabe si va a matar a alguien, pero si lo mata lo mata”.

“Miren Frente de Todos, señores gobernadores, intendentes, diputados, dirigentes sociales, van a terminar como Alberto Fernández, van a terminar vencidos, van a terminar humillados con esta señora que toma el poder, que más tóxica no se consigue. Así terminan los que siguen sumisos frente a la falta de liderazgo de ustedes y aferrarse al liderazgo de alguien que solamente está desesperada”, cerró con un fuerte mensaje hacia el oficialismo.

Elisa Carrió este sábado encabezó una reunión de la mesa nacional y legisladores nacionales, provinciales y presidentes de distritos de todo el país de la Coalición Cívica donde aseguró que “Juntos por el Cambio no puede concentrarse en las elecciones y candidaturas del año que viene, porque los problemas están hoy. Les pido racionalidad, consistencia, unidad y amistad política. Hay un proceso de disgregación y atomización del Poder Ejecutivo. Esto es muy grave”.

“Hoy si miramos el 2023 es una eternidad, hay un gran muro en el medio. El negacionismo es mirar 2023 como si fuera ya y las resoluciones de los partidos fueran ya, es una pésima estrategia”, subrayó Carrió, y pidió a los socios de JxC “racionalidad y unidad, después tener una interna civilizada donde se discutan candidaturas”.

“El Poder Ejecutivo se va a disgregar, tenemos que lograr una mayor unidad, racionalidad”, planteó y afirmó: “No vamos a defender un Gobierno disgregado, pero tampoco lo vamos a voltear”.

Durante la charla por zoom, desde su casa en Exaltación de la Cruz, acompañada por el presidente del partido y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, Carrió abordó la situación y percepción del estado de la Nación; análisis del régimen político y sus variaciones en el momento actual; la situación económica y social; tranquilidad y preocupaciones; el próximo horizonte para los próximos 6 meses; el rol de una oposición responsable y unidad de JxC; y consistencia y confianza.

Sobre este encuentro virtual, por su parte, Ferraro dijo que "realizamos este encuentro para definir una estrategia clara para afrontar la grave situación económica, institucional, política y social de Argentina, la CCARI está dispuesta a liderar posiciones estratégicas en pos de encontrar salidas con serenidad, racionalidad, firmeza y coherencia”. “En momentos donde vemos una gran falta de esperanza en nuestros ciudadanos no nos podemos hacer los distraídos, ni especular con candidaturas, sino que apuntamos a potenciar la unidad de JxC, tener un programa que genere confianza y sea consistente y abordar los problemas que preocupan a millones de argentinos”, aseguró.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados, Juan Manuel López, afirmó que “en el Congreso nacional estamos preocupados por el presente, y tratando de que las candidaturas presidenciales no compliquen la unidad parlamentaria”; en tanto la presidenta de la Congreso Federal y diputada provincial, Maricel Etchecoin, subrayó que “es fundamental que liderazgos unan a todo JxC en un momento de mucha anomia política y disgregación de gobierno”.

En la charla, Carrió dijo que “el Poder Judicial se encamina a la independencia de poderes y actores políticos. Tenemos una Corte de tres miembros dispuestos a tener independencia de todos los partidos y de todos los actores, no crean que hay una Corte favorable a JxC o al peronismo, es una corte independiente”.

En ese sentido, también mencionó que “tenemos una Procuración General Independiente” y dijo que “desde el punto de vista del Congreso, a pesar de las divisiones y anarquía o falta de conocimiento, hay equilibrio de poder”.

“El Poder Ejecutivo se está disolviendo en este momento por cuestiones internas. El propio gobierno se disuelve, la vicepresidenta desesperada por parar la inflación, y la liga de gobernadores se ha separado de Alberto Fernández y muchos gobernadores toman distancia del propio gobierno”, advirtió en el zoom con dirigentes y legisladores de la CC de todo el país.

“En el plano institucional, la cuestión más grave es la disgregación del Poder Ejecutivo Nacional. La condición de orfandad de la República es insostenible en términos de sostenimiento de régimen político”, sentenció.

Sobre la situación económica, Carrió afirmó que “la falta confianza no es transitoria, es definitiva” y agregó que “estamos en un cuello de botella económico más grande. El estado real es dramático en términos de inflación. En agosto puede comenzar a suceder un clima absolutamente de desconfianza e inestabilidad por el cuello de botella, la inflación y la disgregación de Poder Ejecutivo hacen un combo muy difícil de resolver”.

“Todo el mundo está mirando el 2023, los llamo a mirar el segundo semestre de 2022 como el periodo más importante y difícil”, pidió y aseguró que “este segundo semestre es el momento de enorme crisis económica y política disparada por la inflación, se adicionan los planes sociales y crisis social y agregamos la falta de gasoil”.

“Ahora tenemos que mostrar consistencia para asumir la Nación. Si estamos de acuerdo en un programa consistente, con políticos y técnicos preparados, no importa quién es el presidente. Tenemos que tener confianza y amistad política, no importa quién lidera la coalición o sea elegido presidente, lo importante es transmitir confianza sincera y compromiso con toda la Nación”, finalizó.

Participaron del encuentro Ferraro, López, Etchecoin, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Rubén Manzi, Leonor Martinez Villada, Monica Frade, Marcela Campagnoli, Mariana Stilman, Carolina Castets, Victoria Borrego, Andrés De Leo, Elisa Carca, Luciano Bugallo, Facundo Del Gaiso, Hernán Reyes, Cecilia Ferrero, Lucia Romano, Fernando Sánchez, Toty Flores, Lucila Lehmann, Carlos Eguia, Gregorio Hernández Maqueda, Juan Calandri, Alicia Terada, Cecilia Irazuzta, Claudio Cingolani, Fernanda Reyes, Sebastián Julierac Pinasco, Fabián Nieves, Karina Montecinos, Agustín Bertuzzi, Romina Braga, Joaquín Moro, José Albizo, Valeria Todero y Graciela Dascola, entre otros.

Figura repetida en las movilizaciones contra la Justicia en general y la Corte Suprema en particular, el juez del Tribunal Oral N° 29 Juan María Ramos Padilla fue denunciado por los diputados nacionales Juan Manuel López, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro.

La causa iniciada por los legisladores de la Coalición Cívica-ARI es por el presunto delito de “sedición”, habida cuenta de los reiterados pronunciamientos del citado magistrado contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

La causa que quedó en manos del juez Julián Ercolini es por hechos que a juicio de los denunciantes representan “la conducta típica descripta en el Código Penal como sedición”.

Recuerdan los diputados de la CC-ARI que Ramos Padilla “acusó de mafia, delincuentes, corruptos a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se alzó contra sus fallos describiendo el fallo referido al Consejo de la Magistratura como un golpe de Estado. Ya había manifestado algo similar en diciembre del año 2021 en relación al fallo de la Corte relativo al Consejo de la Magistratura: ‘no sólo es delirante y golpista o con plazos de imposible cumplimiento, sino prevaricante’”.

“Su accionar implica un alzamiento público para impedir la ejecución de una resolución (sentencia) dictada por funcionarios públicos nacionales (Corte Suprema de Justicia de la Nación)”, agregan los legisladores en su denuncia.

Los diputados nacionales por la Coalición Cívica, Juan Manuel López y Mónica Frade, presentaron un pedido de interpelación a la directora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, expresara en un acto en Rosario que “la cárcel no debe controlar a la calle, que sea al revés. Es necesario contar con las herramientas de información necesarias, como ocurre en todos los países interesados en combatir este flagelo, obtenidas dentro de los parámetros constitucionales”. “Garrigós de Rébori debe dar explicaciones por la eliminación del Departamento de Inteligencia Penitenciaria”, señalaron los legisladores.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro de la Justicia Federal realizado este jueves en la ciudad de Rosario, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que su mensaje “tuvo como destinataria a la directora del Servicio Penitenciario Federal quien eliminó el Departamento de Inteligencia Penitenciaria".

En ese marco, desde el bloque de la Coalición Cívica solicitarán que Garrigós de Rébori se presente en el Congreso de la Nación para brindar explicaciones acerca de cómo están trabajando para evitar que los narcos sigan controlando el delito desde adentro de los pabellones.

La CC y Elisa Carrió investigan y denuncian la penetración del narcotráfico en el país desde hace muchos años, pero en especial en Santa Fe, donde estuvo la Corte Suprema. Aquel trabajo fue hecho en soledad, ya que ni los diputados nacionales de esa provincia, en los primeros años de crecimiento exponencial del narcotráfico, se ocuparon del tema.

El pedido de interpelación presentado por los diputados nacionales de la CC también está fundamentado en la falta de respuestas a los reclamos realizados ante el entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

“En el año 2009 la Cámara Federal de Salta le solicitó a Ricardo Lorenzetti que gestione la radarización del norte del país porque ´llovía droga´. Lorenzetti tuvo una inacción pasmosa, y esa fue una de las causales por las que le solicitamos el juicio político en su momento”, señalaron López y Frade.

Y agregaron: “Cuando actúo lo hizo mediante la creación de una comisión que, lejos de ayudar a los jueces salteños, tomó como ejemplo de la lucha contra el narcotráfico al magistrado local Raúl Reynoso, que era cómplice del delito y se encuentra condenado por encubrimiento y connivencia con bandas narcos. Da vergüenza que ahora Lorenzetti hable del combate contra el narcotráfico”.

Interpelacion-Garrigos

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reapareció en la escena en medio de la controversia por la recomposición anterior del Consejo de la Magistratura, que pasó a ser presidido por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

En la previa de la conferencia de prensa que darán los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio para reclamar la designación de dos legisladores de ese espacio, a partir del fallo de la Corte que restituyó la ley de 1997 -derogada en 2006-, referentes de la CC-ARI enviaron este martes una carta a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

En la misiva, firmada por Carrió y los diputados Maximiliano Ferraro -presidente del partido a nivel nacional- y Juan Manuel López -jefe del bloque en la Cámara baja-, expresan: "Nos dirigimos a ustedes como representantes del partido político Coalición Cívica ARI en relación al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la obligación que a ustedes les cabe de dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso 'Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires', nombrando a los legisladores propuestos por los bloques políticos Frente Pro y Unión Cívica Radical en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados, respectivamente, para completar la integración de dicho órgano constitucional".

Le hicimos saber a Sergio Massa y Cristina Kirchner que no cumplir con lo dispuesto por la Corte Suprema en relación al Consejo de la Magistratura es alzarse contra el orden constitucional y que puede constituir ilícitos penales 👇https://t.co/agOXdHHI3v

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) April 19, 2022

"No tienen ustedes obstáculo judicial, ni legal, y no debería prevalecer sobre la Constitución y la ley argumento político alguno para que den cumplimiento en lo inmediato al referido caso resuelto por la Corte Suprema", enfatizaron y señalaron que "esto especialmente luego de la resolución del pasado 18 de abril dictada por el Máximo Tribunal sobre la medida precautelar del grosero expediente 'CASARETTO, MARCELO PABLO c/ CÁMARA DE DIPUTADOS NACIONALES Y OTRO s/ AMPARO LEY 16.986'".

En referencia a la resolución de la Corte sobre la medida que había tomado el juez Daniel Alonso, los dirigentes de la CC-ARI indicaron que "la Corte extinguió ese proceso por carecer de validez desde su promoción, ordenando al Juzgado Federal N°2 de Paraná que proceda a su archivo y anulando todo lo actuado por ese Juzgado en el caso. Todo lo que se ordenó se ha notificado a la presidencia de ambas Cámaras del Congreso Nacional".

En el final de la carta, Carrió, Ferraro y López advirtieron que "cualquier otra decisión por parte de ustedes como autoridades del Congreso representa un alzamiento inadmisible contra una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en definitiva, un alzamiento contra el orden constitucional, conducta esta, que puede encuadrarse en delitos penales".

Desde la oposición hubo reacciones por los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner en relación a la Corte Suprema de Justicia, ante el arribo de Horacio Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura.

Luego que la titular del Senado cuestionara a "la casta de la que nadie habla", refiriéndose al máximo tribunal, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) expresó: "La vicepresidenta de la Nación, el ministro de Justicia & Cía. están perpetrando un alzamiento institucional y flagrante injerencia en otro poder del Estado. Por más que quieran impunidad y una justicia adicta, no podrán. ¡Respeten la Constitución y el fallo de la CSJN!".

"Cristina está llevando al país a una situación de gravedad institucional peligrosa. Su inaceptable presión sobre la Corte, el Consejo de la Magistratura y la Justicia, y la tensión que produce en el seno del propio Gobierno, agigantan la crisis que padece la Argentina", acusó el legislador Miguel Bazze (UCR).

Por su parte, el jefe del bloque CC-ARI en Diputados, Juan Manuel López, publicó en su Twitter un vídeo de su jefa política, Elisa Carrió, con el mensaje: "¿La casta de la que nadie habla? Algunos políticos se ocuparon siempre de buscar un mejor Poder Judicial. No de dominarlo. @elisacarrio presentó su primer pedido de juicio político en 1996, fue a un juez, Trovato. El segundo al juez Bernasconi, por años siguieron decenas".

"El vídeo anterior es de 2012. Era difícil después del 54% de Cristina Kirchner en las elecciones de 2011 que los jueces investiguen. Pero paciencia y perseverancia de por medio algunos avanzaron. Eso desvela hoy a la vice. Nunca terminó de dominar ese PJ", apuntó.

¿LA CASTA DE LA QUE NADIE HABLA?
Algunos políticos se ocuparon siempre de buscar un mejor Poder Judicial. No de dominarlo.@elisacarrio presentó su primer pedido de juicio político en 1996, fue a un juez, Trovato. El segundo al juez Bernasconi, por años siguieron decenas. Hilo 🧵 pic.twitter.com/ssAh7sIVNC

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) April 17, 2022

El legislador fue más allá y al hablar del Consejo, recordó que "en 1994 la reforma de la Constitución de la que participaron, entre otros, ambos Kirchner, Rosatti, Maqueda, Carrió, creó ese organismo para hacer más independiente la selección y remoción de los jueces".

"En 1997 se votó por gran consenso la primera ley que lo organizó. La impulsaron en @DiputadosAR Soria, Negri, Pichetto, Carrió. En Senado la votó CFK, pero en 2006 la senadora la destruyó. Ahora la Corte la repuso. Se tiene que volver a aplicar y la vice no quiere y lo hace saber con dichos y acciones", continuó.

López observó entonces que "en la Corte están Maqueda y Rosatti. Esos jueces fueron convencionales constituyentes en 1994 y si de algo no participaron es de la 'casta judicial' antes de estar en la Corte Suprema. Rosenkrantz tampoco".

"Cristina Kirchner votó esta Constitución y juró varios cargos por ella pero siempre quiso dominar la Justicia. La Constitución, su diseño y sus virtudes no la dejan", lanzó y completó: "Cuando pronto quede en el pasado tendremos más fuerza y mejor escenario para recuperar la Justicia que nos debemos. No va a ser fácil porque la tentación de los que gobiernan es dominarla pero ya no habrá tanto poder de daño".

En tanto, la diputada Gabriela Lena (UCR) señaló que "es increíble el lugar de gravedad institucional donde Cristina nos quiere llevar sin aceptar la conformación de Consejo de la Magistratura y seguir avasallando a la Justicia. Espero que además de JxC los demás diputados no avalen esta situación".

"Lo que no les gusta a Cristina y a Massa es la República y la democracia. Los fallos de la CSJN deben ser cumplidos, nos agraden o no. Se pueden criticar pero jamás desobedecer. Me preocupa el silencio de algunos opositores. Es momento de defender la Constitución, sin fisuras", fue el mensaje de la legisladora Paula Oliveto (CC-ARI).

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por los legisladores Juan Manuel López y Paula Oliveto (Coalición Cívica), presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo que en los próximos cuatro años no se aumente la cantidad de empleados públicos de los tres poderes del Estado y remarcaron que "la grave crisis económica requiere hacer más eficiente el uso de los fondos públicos”.

“Si bien durante la presidencia de Mauricio Macri el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.428 mediante la cual el Gobierno nacional se comprometió a no incrementar los cargos del sector público, en el 2020 dicha norma fue suspendida por el Gobierno del Frente de Todos”, fundamentaron en la iniciativa.

En tanto, argumentaron: “Por eso creemos que es muy importante insistir con este tema y limitar la contratación de nuevos empleados públicos, sobre todo teniendo en cuenta la crisis económica que estamos viviendo. La política necesita hacer un gesto, hacer eficiente el uso de los fondos públicos que paga toda la sociedad; y este proyecto va en ese sentido”.

“Suspéndase por un plazo de 48 meses la facultad de incrementar la relación de cargos ocupados en el Sector Público Nacional, Poder Legislativo y Poder Judicial (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 15 de marzo de 2022, pudiéndose únicamente incrementarla en función de las vacantes que se produzcan. La presente suspensión no podrá afectar los servicios esenciales prestados por el Gobierno Nacional, especialmente en las áreas de salud, educación y seguridad”, expresa en su artículo 2.

Acompañan con su firma los diputados Mario Negri, María Eugenia Vidal. Rodrigo De Loredo, Margarita Stolbizer, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospennato, Álvaro González, Omar De Marchi, Soledad Carrizo, Miguel Bazze, Karina Banfi, Leonor Martínez Villada, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Carolina Castets, Mariana Zuvic, Mónica Frade, Rubén Manzi y Mariana Stilman.

PROYECTO-EMPLEO-PUBLICO-FINAL

José Luis Espert votó el viernes de madrugada en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, haciendo lo que había anticipado de entrada y que mantuvo durante todo el tiempo en que tardó el proyecto en llegar al recinto.

Una vez sucedido esto, la emprendió contra Juntos por el Cambio, afirmando que lo aprobado habilita la suba de impuestos. Así, varios de sus colegas de JxC salieron a contestarle en las redes.

“No votamos el acuerdo. Ni lo votaríamos bajo las condiciones actuales. Votamos el crédito que evita el default, porque ya conocemos sus efectos aún más catastróficos. No hay nada menos liberal que votar a favor de llevar al país al default y no honrar las deudas”, le expresó la diputada María Eugenia Vidal, que en otro tuit le expresó:  “Como bien sabes, los aumentos de impuestos tienen que pasar por el Congreso. Cuando vengan, nuestro bloque no los va a votar y le va a poner un freno al Gobierno. Pero insisto: no vamos a ser cómplices como quieren La Cámpora y la Izquierda de llevar el país al default”.

Fue como respuesta a esta sentencia del diputado libertario: “No hay préstamo del FMI SIN programa con el FMI. Son las DOS caras de la misma moneda. Votar el préstamo fue votar el programa que ya era oficial y público desde el 3-3. Lo conocían. Tengan vergüenza y defiéndanlo. No nieguen que votaron ese programa (contra la gente) con el FMI”.

También sostuvo Espert: #El programa firmado con FMI dice que van a ajustar valuaciones fiscales y habilita proyectos de ley para subir impuestos xq en el programa el deficit 0 es solo con suba de ingresos. Es falso que si no era el programa aprobado íbamos a default. Pagabas con reservas y seguías negociando”.

Le contestó Vidal: “1- De nuevo: no se votó un aumento de impuestos. Cuando entren, por supuesto q vamos a votar en contra. 2- Las reservas netas no alcanzan para pagar, ¿proponés que se pague con los USD de los ahorristas que están encajados en el BCRA? Gran propuesta liberal, como entrar en default”.

Más duro fue el presidente del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien replicó: “Mentir es de populista y proponer que se pague con ‘las reservas’ cómo hizo Espert en el debate es perverso, era pagar con los ahorros de la gente”. Y agregó: “No sé quién lo manda a este señor pero hoy cómo en la campaña del 2019 más funcional a Cristina Kirchner no se consigue”.

Espert le contestó que “perverso es no tener bolas y oponerse a un plan que es pésimo para el pueblo al que servimos. Se rechazaba la ley, se pagaba con Reservas (las recuperabas del FMI después de acordar) evitando un default. Funcionales a los K son los que votan sus leyes. No los que las rechazamos”.

López le contestó: “Autopercibirte con ‘bolas’ no oculta lo servil que fuiste y sos. Fuiste el más funcional a los K siendo candidato a Presidente en 2019 para ayudar a que Mauricio Macri no llegue al balotaje. IMPERDONABLE”.

Y remató: “Hacete el rudo, vota con La Cámpora y que dios te perdone”.

Negociaciones contrarreloj son las que se llevan a cabo dentro de la Cámara de Diputados de cara al tratamiento en el recinto del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Este martes, mientras comenzaba un nuevo plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibió a referentes del interbloque Juntos por el Cambio.

Del café participaron Mario Negri, jefe de la UCR; Juan Manuel López, titular de la CC; y Luciano Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y referente económico del bloque Pro. Según supo este medio, el presidente de la bancada macrista, Cristian Ritondo, no asistió por encontrarse en Expoagro.

Tras el encuentro, fuentes parlamentarias revelaron que los opositores le transmitieron a Massa que el oficialismo hoy no cuenta con los votos para imponer en el recinto el proyecto tal cual lo envió el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"El artículo primero es imposible de votar porque contiene una referencia directa al programa económico y Juntos por el Cambio sólo está dispuesto a aprobar el financiamiento", expresó uno de los asistentes a la reunión.

En esa línea, que desde JxC vienen reiterando con fuerza, insistieron con que "el segundo artículo es invotable" y "no hay ningún motivo jurídico, económico y político para que el Congreso tenga que aprobar la política económica del Gobierno".

"Vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo en una nueva redacción de los artículos. Por ello, quedamos en volver a juntarnos antes de que el plenario de comisiones dictamine", anticipó uno de los legisladores presentes.

En caso de que no haya acuerdo con el Frente de Todos, JxC ya anticipó que elaborará un dictamen propio, de un solo artículo que autorice el nuevo crédito con el Fondo.

Pero además de JxC, otros bloques de la oposición tampoco estarían dispuestos a avalar el programa económico de Guzmán, con lo cual el riesgo para el oficialismo es perder en la votación en particular y que la oposición termine imponiendo cambios o volteando un artículo. Además, desafían: "Nadie quiere votar el programa económico de Guzmán en el que no cree ni siquiera buena parte del oficialismo".

También, los referentes de JxC plantearon la posibilidad de abstenerse en la votación en general si no hay cambios al dictamen en el artículo 2 -el referido al programa económico-; y aprobar el primer artículo, pero abstenerse o rechazar el segundo, según el criterio de cada bloque.

Para continuar acercando posiciones, Massa mantuvo por la tarde reuniones con el resto de la oposición: Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Alejandro “Topo” Rodríguez (Interbloque Federal) y Luis Di Giacomo (Interbloque Provincias Unidas).

Según pudo saber parlamentario.com, los legisladores le expresaron al titular de la Cámara que el proyecto enviado por Guzmán “no contribuye a un acuerdo amplio” y le sugirieron buscar acuerdos.

Con todo, un legislador opositor aclaró que “hay tiempo” todavía para lograr esos acuerdos, y remarcó que nadie puede pensar que esto se resuelve en unas horas. “Llevamos un día y medio nada más”, apuntó un legislador opositor, que apuntó que “no es un plazo (suficiente) para madurar acuerdos”.