Más de cuatro mil dirigentes, legisladores, intendentes y militantes de todo el país se reunieron en Parque Norte para poner en marcha un proceso de debate interno que apunta a reorganizar al peronismo como alternativa nacional. Bajo la consigna “Primero las ideas”, el encuentro dejó un mensaje político nítido: la necesidad de construir una propuesta federal, con base productiva, protagonismo de las provincias y capacidad de disputar sentido frente al modelo económico que impulsa el Gobierno nacional.

La convocatoria, que reunió a representantes de todas las regiones —desde la Patagonia al Norte Grande, pasando por el centro productivo y el AMBA— tuvo una amplitud poco habitual. Participaron unos 20 legisladores nacionales y cerca de 70 intendentes, además de referentes sindicales, exfuncionarios, dirigentes territoriales y cuadros técnicos, en una señal de músculo político y vocación de armado más allá de los liderazgos individuales.

Durante la jornada se desarrollaron paneles temáticos y comisiones de trabajo centradas en tres ejes: desarrollo federal sostenible, trabajo y producción, y economía con inclusión. Allí se debatieron diagnósticos sobre la coyuntura —marcada por el ajuste, la caída del consumo y el deterioro social— y se esbozaron lineamientos para un programa que vuelva a articular crecimiento, empleo y equilibrio macroeconómico.

En su intervención en el escenario principal, el diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel planteó que el objetivo del encuentro fue “poner en discusión los valores que el peronismo debe representar: el federalismo, la producción, el trabajo y la mejora concreta en la vida de la gente”. En tono crítico hacia la gestión nacional, sostuvo que el presidente Javier Milei no impulsa solo un programa económico, sino “un modelo social con fuerte desigualdad, sin industria y sin clase media”, y reivindicó la idea de equilibrio fiscal asociado al crecimiento y la generación de empleo.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz definió al encuentro como una “piedra fundacional” para reconstruir una alternativa política y llamó a que el peronismo vuelva a ser una herramienta capaz de ordenar la vida cotidiana y recuperar la dignidad social. En esa línea, convocó a generar nuevos liderazgos a partir del debate, con identidad federal y capacidad de síntesis, y aseguró que hay millones de argentinos que esperan una propuesta con “pan, trabajo, esperanza y futuro”.

Desde el Senado, Marcelo Lewandowski puso el acento en la necesidad de fortalecer espacios de discusión colectiva y de recuperar una lógica más territorial. “Menos escritorio y más presencia en el territorio”, resumió, al tiempo que sostuvo que la posibilidad de cambiar el rumbo económico depende de la capacidad del propio peronismo de organizarse y ofrecer una alternativa con vocación de gobierno.

El auditor general de la Nación, Juan Manuel Olmos, aportó una definición que atravesó la jornada: “Hay que discutir mucho de ideas, poco de cosas y nada de personas”. Rechazó la personalización de las diferencias internas y afirmó que el mayor problema del actual contexto no son las formas del Gobierno, sino el impacto social del ajuste, con pérdida de empleo y cierre de empresas.

También hubo críticas al enfoque individualista del oficialismo. El intendente de Pilar, Federico Achával, contrapuso esa mirada con una concepción del peronismo basada en lo colectivo, la producción y el trabajo como ejes ordenadores de la vida social, y remarcó la responsabilidad política de debatir con sentido y con la causa del pueblo en el centro.

El encuentro no tuvo como objetivo definir candidaturas ni liderazgos, sino abrir un proceso de discusión profunda sobre el rumbo del peronismo. Los organizadores insistieron en que se trata de recuperar la centralidad de las ideas y del programa antes que de las personas, con una construcción que exprese a gobernadores, intendentes, legisladores y dirigentes territoriales.

A lo largo de los paneles se planteó la necesidad de un esquema macroeconómico ordenado, con equilibrio fiscal y previsibilidad, pero con desarrollo productivo, inclusión social y revisión de herramientas como las retenciones. También se debatió sobre comercio exterior, tarifas, infraestructura y una estrategia sostenible de negociación con el Fondo Monetario Internacional.

La amplitud geográfica de la convocatoria —con presencia de dirigentes de provincias como Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, Tucumán, Jujuy, Chaco, Misiones, Tierra del Fuego, Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires, entre otras— reforzó la idea de un armado que busca romper la lógica centralista del debate político.

Con el aval del titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas resolvió la ampliación de auditorías en proceso en la Agencia Nacional de Discapacidad y en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica por el caso de los presuntos pagos ilegales que involucraría a funcionarios y por el fentanilo contaminado que produjo un centenar de víctimas.

La Bicameral es presidida por Miguel Pichetto y volverá a reunirse con el objetivo de aprobar la ampliación del Plan de Acción Anual 2025. Cabe recordar que Olmos se presentó este martes para dar conocimiento del PAA del período 2026. “Voy a proponerles una ampliación del objeto para la auditoría en curso. Le solicito a la comisión que apruebe con tal alcance del plan vigente”, señaló el titular de la AGN.

“Consideramos que la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención del Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular. El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado de conocer”, plantearon los senadores nacionales Guadalupe Tagliferri, Martín Lousteau y Pablo Blanco.

Sobre el PAA 2026, el titular de la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas destacó que “es importante que analicemos el Plan de Acción Anual para que juntos podamos concluirlo de manera colaborativa”. Fue en ese momento que Olmos, presentó, también, los avances en los informes programados durante 2025, las conclusiones y los desafíos para el año próximo.

Respecto a las auditorías a universidades nacionales que la Bicameral solicitó, Olmos expresó: “En primer lugar, se encuentra la auditoría encargada a cuatro facultades de la UBA (Medicina, Derecho, Ciencias Económicas y Psicología), que representan un peso significativo dentro del presupuesto general de la UBA”, y destacó: “Las cuatro auditorias, han sido concluidas, se han remitido las vistas al auditado y los informes estarán disponibles a partir de la primera quincena de noviembre de este año”.

“Este año, también, finalizaremos las auditorias de las universidades del Nordeste, de Córdoba, y avanzaremos con los informes de las universidades de Salta, La Plata y Catamarca. Así como las auditorias transversales sobre las acciones de bienestar estudiantil y compras y contrataciones que se inicia en el 2026”, concluyó Juan Manuel Olmos, titular de la AGN.

Por último, el presidente de AGN reveló que el Banco Central (BCRA) restringió el intercambio de información sobre los lingotes de oro girados al exterior y que no se puede determinar “dónde están”. “El proceso de intercambio de notas se ha agotado. Ha motivado la negativa del BCRA, en la forma que establece la AGN, a dar la información necesaria para realizar esa auditoría. Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro”, remarcó Olmos en su presentación ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta.

En medio de la puja con el Gobierno nacional por quién realiza las auditorías de las universidades nacionales, y ante un pedido del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, para que sea la AGN la que revise las cuentas de las casas de altos estudios y no la SIGEN, que responde al Poder Ejecutivo, el presidente del órgano de control que depende del Congreso, Juan Manuel Olmos, confirmó los informes que están previstos para el año que viene sobre las facultades de Medicina, Ciencias Económicas, Derecho y Psicología. 

Durante una reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, su presidente, el diputado Miguel Pichetto, sugirió al colegio de auditores conformar un equipo con especialistas para tener los informes en un plazo de seis meses. Además, anunció su intención de sesionar todas las semanas hasta que termine el año parlamentario, y el próximo martes poder evaluar el aval al Programa de Acción Anual 2025 que diseñó el organismo. 

En su exposición, Olmos abogó por “un trabajo mancomunado” con el Congreso porque “no pretendemos ser una isla institucional”. “El objetivo es generar un sistema de control necesario sobre los recursos que dispone el Estado para su administración, fondeado por los impuestos de los ciudadanos”, indicó el presidente de la AGN. 

El exfuncionario del gobierno del Frente de Todos reveló que al asumir se realizó una evaluación sobre el trabajo del órgano de control y subrayó: “El factor tiempo de los informes es algo que siempre es para revisar. Es algo que necesita que le demos un acertado diagnóstico para poder encontrar una solución a los informes que muchas veces la atemporalidad los convierte en antropología institucional”. 

“Había una divergencia entre la planificación institucional y la planificación presupuestaria”, aseguró y explicó que mientras “la capacidad de producción de informes es de 180 y 190 por año”, en los planes se estimaban “entre 400 y 450 como pretensión”. Así las cosas, informó que “para el año que viene incorporamos 296 proyectos nuevos; el año pasado se incorporaron 440”. “Se deseaba abarcar más capacidad de control, pero la capacidad marcaba las verdaderas metas físicas”, admitió. 

Sobre el análisis de qué auditorías se dejarían fuera, enumeró que “se dejaron de considerar proyectos que no hubieran tenido inicio o que tuvieran menos de un 20% de avance; aquellos que tuvieran bajo nivel de criticidad; la repetición de organismos; se tuvieron en cuenta los períodos auditados anteriores; y organismos o programas eliminados por la motosierra”. 

“Sí incorporamos (al PAA 2025) temas que son de debate de este Parlamento, de la sociedad y los medios” tales como “equipamiento y compra en defensa y seguridad, porque es una área donde no hubo un recorte significativo; la política alimentaria del Ministerio de Capital Humano; la gestión de reservas de oro del Banco Central; y la gestión de CAMMESA y toda la cuestión energética”, enumeró. Además en el programa está “la previsión de poder cumplir con esa manda que nos puso el Parlamento en cuanto el Poder Ejecutivo avance con el proceso de privatizaciones de la Ley Bases”. 

Me reuní con el rector de la @UBAonline Universidad de Buenos Aires Ricardo Gelpi, quien me ratificó el pedido de auditoría elevado a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.

Es importante que el Congreso, a través de la AGN, ejerza de manera independiente el rol de control sobre… pic.twitter.com/XmQryE5BG1

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) November 4, 2024

Yendo a la cuestión de universidades, el dirigente peronista remarcó: “Parte de la polémica a la que estamos asistiendo es una discusión donde creo que, humildemente lo digo, hay una confusión de conceptos. Una cosa es el control externo de los organismos, en este caso no hay ninguna duda que es la AGN la que realiza el control externo de las universidades. Y otra de lo que se está hablando es del control interno, de controles que haga el Poder Ejecutivo a través de la SIGEN, que responde en forma directa al presidente de la Nación. Nosotros no vamos a entrar en esa polémica, sí vamos a considerar ampliar lo más que podamos el control a universidades nacionales”. 

Así, Olmos apuntó que se prevén auditorías sobre 12 universidades nacionales, empezando por la Facultad de Medicina de la UBA, “porque es la casa de estudios más importante, más grande en cantidad tanto de recursos, como alumnos y docentes de todo el país”. Y afirmó que se incluyó “por una idea que ha surgido de miembros de esta comisión y también del colegio de auditores”, además del pedido de Gelpi. 

“También estuvo la decisión de poder incorporar a las facultades Ciencias Económicas, Derecho y Psicología, que es la última que hemos auditado. Son las cuatro facultades más grandes e importantes de la UBA; con esto creo que vamos a dar una respuesta al debate que hoy se está dando en la sociedad y este Parlamento”, agregó. 

El presidente de la AGN resaltó que “sobre la autonomía universitaria lo más importante es lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 19; la discusión sobre el control interno seguirá en los tribunales, nosotros vamos a hacer el control externo”. 

Al tomar intervención los legisladores, el senador de Las Provincias Unidas Juan Carlos Romero consideró que hay que “hacer una reparación por el tiempo transcurrido” ya que esta bicameral tuvo su última reunión formal el 12 de julio de 2022. “El Plan de Acción de 2025 lo vamos a analizar y sugerir los cambios que se consideren pertinentes”, dijo y recordó que “la UBA estaba (contemplada de auditar) en el año 2021 y no se cumplió, y tampoco se pudo hacer en 2022 y 2023”. 

“Hay que concentrarnos en algo que sí se pueda hacer el año próximo y que sea la UBA la primera en auditarse. Sería deseable para nosotros que el año próximo tengamos los resultados en seis meses y poder ver los informes durante el período en ejercicio”, pidió el salteño, que también cuestionó la demora de la designación de auditores por parte de la Cámara de Diputados. Actualmente, por ese retraso, la AGN funciona con 4 de sus 7 miembros. 

En tanto, el jefe de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, expresó que le parecía “bien que en este tiempo la AGN se circunscriba a temas que son centrales”, pero mencionó que para él un tema fundamental de revisión “siempre ha sido el tema de la deuda, porque ahí se van miles de millones de dólares”. 

A su turno, la senadora Juliana Di Tullio reveló que el rector de la UBA le envió una nota para que la institución “ingrese -como ya ingresó en 2021, 2022 y 2023- en el plan de auditorías de 2025”. “Hay una voluntad de la UBA de ser auditada; esto destierra absolutamente esta teoría desde lo más alto del Poder Ejecutivo, más precisamente del presidente, de que las universidades no quieren ser auditadas”, enfatizó la jefa del bloque Unidad Ciudadana. 

Exrector de la Universidad Nacional de Catamarca, el senador radical Flavio Fama dijo: “Conozco los sistemas de control de las universidades, es mentira que no existan controles a las universidades. Y la Auditoría es el órgano idóneo para hacer la auditoría externa”. 

“Las universidades son un mundo enorme, diverso, que está distribuido en todo el país, abordar todos los temas va a ser imposible. Acuerdo que la prioridad sea empezar por la UBA, porque inclusive hay un pedido expreso de su rector de que así sea”, sostuvo y pidió que se incluya a la UNCA en el PAA. “Para un rector, para un decano, no hay nada mejor que una auditoría”, agregó. 

Por su parte, el titular de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, valoró que “esta comisión ayude a jerarquizar la palabra auditoría” porque “la palabra auditoría está siendo utilizada como excusa para aplicar un ajuste y un recorte fenomenal en distintas áreas del Gobierno. Hoy le toca a las universidades públicas, con especial ensañamiento, pero pasó con beneficiarios de Potenciar Trabajo, con la política alimentaria, con la obra pública, la Agencia Nacional de Discapacidad y la DADSE”. 

En el cierre, Pichetto ratificó que “la voluntad de todos es auditar la UBA, una obligación indelegable de la AGN y darle prevalencia en los primeros seis meses del año que viene”. Además, recomendó “hacer ya un programa para que el 1ro. de febrero empiece a ejecutarse” y “trabajar con una comisión especial que reúna a los mejores cuadros de la auditoría para que en seis o siete meses podamos tener un primer informe”. 

“La propuesta no es ir a buscar si alguien se robó una partida, es ver cómo están las universidades”, continuó el jefe del bloque Encuentro Federal y pidió que se trate de “una auditoría integral”. 

Olmos avaló: “Si ustedes lo ordenan vamos a constituir un equipo urgentemente para poder dar respuesta en los plazos más perentorios posibles”. Y anunció que también se prevé auditar a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, para saber si existe “discrecionalidad y cómo se están asignando los recursos a las universidades”. 

Durante la reunión también habló el auditor Alejandro Mario Nieva, quien resaltó que “no se puede auditar a todo el Estado todo el tiempo, como no se puede auditar a las 62 universidades todo el tiempo, porque deberíamos tener una auditoría que sea un Estado paralelo”. “La metodología es un sistema de muestreo”, explicó y apuntó que, por ejemplo, “hace mucho tiempo que no hacemos una auditoría de la Secretaría General de la Presidencia, lo cual no significa que no tengan auditoría interna”. 

“No es verdad que no hacemos auditorías a las universidades, se hacen muy buenas auditorías”, sumó y abogó por realizar nuevas “en tiempo y forma, y que de alguna manera resuelvan este cuestionamiento que se ha planteado en el último tiempo”. 

En tanto, la auditora Graciela de la Rosa señaló que “ya en agosto la AGN firmó un convenio con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) para las auditorías integrales, que nos cuestan un año o a veces más, y para además tener información precisa y online de lo que están haciendo las universidades”.  “Las universidades evidentemente son controladas por distintos órganos del Estado nacional; todo se controla, lo que hay son niveles y complejidad de controles”, añadió.