La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja se reunió este martes por primera vez desde que el Congreso rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y previsiblemente en el inicio de la reunión se hizo referencia a eso, aplausos de los presentes incluidos.

El titular de la comisión, Daniel Arroyo, arrancó enfatizando que “la Ley de Discapacidad es ley y ya hay que ponerla en marcha”, y acotó que el Senado ya envió la comunicación correspondiente al Poder Ejecutivo, por lo que enumeró los pasos a seguir para poner en marcha la normativa. Primero, el jefe de Gabinete debe compensar las partidas presupuestarias, como siempre hace todos los días al no haber presupuesto. En este caso, “tiene que hacer lo que se hace siempre con la obligación de volcar el presupuesto en la Agencia de Discapacidad, para poner en marcha la ley y que la ANDIS ejecute la Ley de Emergencia en Discapacidad, que es muy sencillo -explicó-: Ir para atrás a diciembre de 2023, con el nomenclador, antes de tener 120% de inflación, venir hasta hoy por inflación, descontar en cada prestación lo que sí se ha aumentado y a partir de allí construir un nuevo nomenclador”.

Dijo que se resolverán las auditorías de las pensiones, ya que la ley manda a hacer una auditoría donde están los problemas, y luego se debe respetar tomar como lenguaje la resolución de Naciones Unidas de derechos de las personas con discapacidad para que ningún gobierno puedan maltratar a las personas con discapacidad y sus familias. “Lo que debe imperar es el respeto”, remarcó Arroyo.

Señaló a continuación que “vamos a hacer un seguimiento desde esta comisión para que exista la compensación presupuestaria a la ANDIS y que se ponga en marcha la ley”.

El presidente de la Comisión de Discapacidad abogó por la aplicación de la ley aprobada. (Fotos HCDN)

En primer lugar, pasó a la firma el proyecto de ley que tiene como objeto la creación del “Programa Banco Azul”, destinado a visibilizar y concientizar acerca de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), por el cual se promueve la instalación de bancos azules en espacios públicos de paseo y recreación, y medidas específicas inclusivas para personas con TEA. Como autora de la iniciativa, la diputada Eugenia Alianiello (UP) explicó que “no venimos a incluirlos, sino que nosotros debemos incluirnos en su mundo, en su forma de ver la vida, de interpretar los sonidos, ruidos y colores de una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados”. “Es un proyecto muy sencillo, de poco impacto económico y con un amplio superávit en empatía y amor”, subrayó.

Uno de los proyectos que figuraban en el temario para expresar preocupación por el actual funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad fue retirado a pedido de sus autoras, las diputadas de la CC Victoria Borrego y Paula Oliveto, para que fuera primero a la Comisión de Derechos Humanos.

Otro de los proyectos de ley que avanzó en la reunión apunta a establecer la estructura de gobierno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), establecida por el Decreto N° 698/2017, con el fin de democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto, y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.

Sobre ese tema hubo controversia con quienes desde el oficialismo y sectores aliados sugirieron pasar el proyecto a asesores en lugar de pasar a la firma. Finalmente la iniciativa no prosperó, pero el proyecto tiene cabecera en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que será emplazada a tal efecto. Uno de los autores del texto, el legislador Juan Marino (UP), informó que aceptaron algunos cambios sobre el texto original. Al respecto, señaló que “elaboramos este proyecto en consulta con distintas organizaciones de y para personas con discapacidad y queremos avanzar en el dictamen hoy para luego poder emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales y poder avanzar en el recinto para que la ANDIS funcione como tiene que funcionar”.

A su turno, la diputada peronista Blanca Osuna habló de las auditorías señalando que “no estamos acá cuestionando el sentido del rol del Estado en tanto capacidad y atribución de auditar sus propias políticas. Los planteos son el tenor de las consecuencias que han traído aparejadas esas auditorías”. Y citó como los principales problemas detectados el uso de terminología discriminatoria; problemas de coordinación, la no ubicación de los beneficiarios; citaciones a cientos de kilómetros; y débil participación institucional de las ONG que no fueron incluidas en la planificación y el diseño de esas auditorías. “Hechos gravosos para los intereses y derechos de las personas con discapacidad que fueron afectadas y en algunos casos despojadas de un derecho instituido por el Estado previamente”, señaló.

Victoria Tolosa Paz reclamó que en la próxima sesión se rechace el decreto 843/24, donde dijo que “se metió de fondo la mano de (Federico) Sturzenegger”, e insistió en “voltear en la próxima sesión el decreto infame que permitió este descalabro con las personas con discapacidad”.

En su intervención, Valdés celebró la conjunción de la sociedad civil con la política que se dio durante el debate de la Ley de Discapacidad y planteó invitar a las autoridades provinciales del sector, de manera presencial o vía zoom, para que en la próxima sesión pudieran evaluar cómo es la realidad en cada provincia.

“Estamos planteando, junto a Victoria Tolosa Paz, dejar de lado la suspensiones de las pensiones. ¿Qué pasa con los funcionarios que premiaban empleados para dar de baja pensiones? ¿Van a seguir ahí? Por eso es importante también el proyecto de Juan Marino para reformar la estructura de la ANDIS. Esa gente sigue ahí y tiene que atender a quienes fueron damnificados por su acción criminal. Spagnuolo dijo en los audios que le ordenaban dar de baja las pensiones sin auditorías médica”, señaló, reclamando que “tienen que reincorporar a los que echaron y hay que evaluar la conducta de quienes dieron de baja las pensiones. Para que todos puedan vivir con dignidad”.

Por otra parte felicitó al presidente de la comisión “por el trabajo realizado con la ley de emergencia en discapacidad. Pocas veces ví al colectivo de personas con discapacidad tan cerca del parlamento. Vi el afecto con el cual fue saludado por esas personas y sus familias. Eso emociona”.

A su turno, la diputada de izquierda Vilma Ripoll dijo que “lo que hay que hacer es retomar a los trabajadores que echaron, porque no es lo mismo tomar a uno nuevo, porque después se demoran en resolver las cuestiones porque son nuevos”.

Y cerró preguntándole al Gobierno “cuándo lo van a echar al ministro de Salud. (Mario) Lugones está en todas, y estaba arriba del escenario (el domingo) al lado de Milei, listo para arreglar nuevos choreos… Falta que se lo eche a Lugones”.

Luego, también se firmó el proyecto de resolución de la diputada radical Natalia Sarapura para expresar repudio por las resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad, que dispusieron la baja de pensiones no contributivas fundadas en auditorías con vicios de procedimiento.

Su correligionario Roberto Sánchez se refirió a su proyecto de resolución sobre un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

El único diputado libertario que intervino en el debate fue el tucumano Gerardo Huesen, quien desafiante señaló: “Me da lástima en la comisión que quieran sacar rédito político”. Dirigiéndose a los diputados de UP, advirtió: “Son responsables del peor gobierno de la historia, tienen a su líder política con la tobillera saltando en el balcón… Los ciudadanos están viendo la vergüenza que están haciendo acá, quieren modificar la estructura de la ANDIS, generando desmanes, pero la verdad que dan lástima”.

Otros proyectos tratados

Asimismo, los legisladores avalaron el proyecto de la diputada Ana Carla Carrizo (Democracia para Siempre) para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación el XI Congreso Internacional Biomédico sobre autismo y desafíos del neurodesarrollo – Bioactitud 2025, a realizarse del 19 al 21 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la continuidad, Jorge Chica (UP) explicó el proyecto de ley de su autoría acerca de los automotores para discapacitados - Ley 19279 – que apunta a modificar el artículo 12 sobre identificación con el Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal. La norma también logró el acompañamiento de sus pares. “Representa la igualdad de condiciones, siendo un símbolo que nos ayuda a educar, pero sobre todo a concientizar a nuestra sociedad”, afirmó y, en el mismo sentido agregó: “La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho”.

Además, los diputados acompañaron el proyecto de declaración, de Victoria Tolosa Paz y Eduardo Valdés, ambos de Unión por la Patria, que expresa que vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga la suspensión temporal de cualquier trámite de baja o restricción de las pensiones no contributivas por invalidez cuando el beneficiario posea un Certificado Único de Discapacidad y/o un certificado médico oficial.

Por último, se avanzó con el proyecto de resolución del diputado Eduardo Valdés de pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la redirección de los recursos obtenidos por las bajas de las pensiones por invalidez laboral.

Al comienzo de la reunión, se completó la vacante en la vicepresidencia primera de la Comisión siendo designado para el cargo el diputado nacional Alejandro Vilca (PTS-Frente de Izquierda Unidad) tras la renuncia de su par Nicolás Del Caño.

El diputado nacional Juan Marino (UP) sostuvo este jueves que los decretos que reformaron las normativas de las fuerzas federales "son muy graves" y "están al margen de la ley". "Los decretos de (Patricia) Bullrich imponen un estado policial", advirtió.

El opositor recordó que "la Ley Bases no determinaba la emergencia en materia de seguridad, había sido excluida expresamente", por lo cual "las reformas no tendrían que hacerse por decreto sino por ley", y por ello son "doblemente ilegal e inconstitucional".

En alusión a la reunión que hubo en la Bicameral de Fiscalización de las Actividades y Órganos de Control, donde funcionarios defendieron los cambios en la PFA, PSA, GNA, PNA y SPF, el legislador apuntó que "no respondieron" cuándo se les preguntó sobre que "la PFA puede elaborar un registro y calificar a las personas a las que ellos consideran que tienen que reprimir".

"Tampoco nos supieron responder cuando preguntamos por los protocolos para que el ciberpatrullaje no se utilice para perseguir a opositores o periodistas", señaló en declaraciones a Radio 10.

En este sentido, Marino afirmó: "Sobre la base de lo que escuchamos en la Comisión Bicameral vamos a insistir en rechazar rápidamente todos estos decretos de Bullrich". Y agregó que para que ello ocurra, además de reunir una mayoría, también "tiene que haber un clamor popular insistiéndole al Congreso que los rechacemos".

Desde Unión por la Patria insisten con activar la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, luego de que en la última sesión el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no permitiera emplazar a las comisiones para tratar una resolución que busca destrabar su funcionamiento.

El expediente que pretendían emplazar tiene giros a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Nicolás Mayoraz y a la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato, del Pro. Por eso, los diputados de UP Sabrina Selva, Mónica Litza y Juan Marino, como integrantes de la Comisión de Asuntos que es cabecera del expediente, presentaron una nota al diputado libertario Nicolás Mayoraz, para que, en virtud del artículo 109 del Reglamento, convoque de manera urgente a la comisión para abordar y dictaminar el expediente que destrabaría la elección de autoridades de la Comisión Investigadora, poniendo fin a su juicio a las dilaciones y artilugios reglamentarios.

“Se nota mucho que quieren seguir bloqueando el tema, pero vamos a agotar todas las instancias para que se pongan a trabajar y abran las comisiones que presiden”, expresó la diputada Selva, quien fue propuesta por la oposición para presidir dicha comisión.

En la nota presentada a Mayoraz, le detallan las razones por las que debería convocar a las comisiones, en virtud de la necesidad de “garantizar el cumplimiento de los fines para los cuales fue creada la Comisión Investigadora por la estafa $LIBRA, garantizando su normal funcionamiento, sin interferencias ni bloqueos”.

“La resonancia política y judicial no solo a nivel nacional sino internacional que reviste el hecho de que el presidente Javier Milei haya promovido una criptomoneda que derivó en un escándalo, requiere de una mayor celeridad y seriedad por parte de esta honorable Cámara, sin más dilaciones ni artilugios reglamentarios”, le indican Selva, Marino y Litza, por lo cual solicitan que el expediente reciba tratamiento “urgente y preferente despacho”.

El diputado nacional Juan Marino (UP – Buenos Aires) acusó durante la reunión de Comisión de Previsión y Seguridad Social que sufrió el ataque con gas pimienta de un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante el reclamo de jubilados y docentes en las afueras del Congreso de la Nación.

En medio de la veintena de expositores presentes en la sala, Marino pidió la palabra y relató lo sucedido minutos antes en las calles del Congreso. “Vengo a denunciar la represión policial en la manifestación de jubilados y jubiladas”.

“Nos acercamos con la diputada Lorena Pokoik y pedimos que se hiciera presente algún responsable del operativo de la Policía de la Ciudad”, relató Marino, y aseveró: “Un efectivo que no tenía identificación sacó el nuevo gas que están usando y nos tiró directamente a la cara”.

A su vez, se dirigió al ministro de Seguridad de CABA, Waldo Wolff, y manifestó: “Él fue diputado, debería solidarizarse por lo que pasó. La diputada Pokoik está siendo atendida porque ese gas le entró en las vías respiratorias”. “No se puede atacar abiertamente a manifestantes ni a diputados de la Nación”, regañó.

Así estaba hoy al mediodía. Agradezco al personal médico de la Cámara de Diputados y del Hospital de Quemados por la atención. Con @lorepokoik denunciaremos penalmente a quienes nos arrojaron este gas. La Policía de la Ciudad incurrió en un acto de violencia institucional. pic.twitter.com/hMMaOAzZis

— Juan Marino (@JuanMarinoTPR) April 5, 2024

Con relación al efectivo que la habría tirado el gas al diputado nacional de Unión por la Patria, señaló que “tenemos imágenes de quien que nos tiró gas pimienta” y denunció que el gas “es un compuesto nuevo que no se utiliza y no hay estudios sobre sus consecuencias”.

Finalmente, sin nombrarla, arremetió contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y criticó el protocolo anti piquetes: “Están en contra de todo ejercicio del derecho a la protesta”.

Horas más tarde de lo sucedido, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria repudió “la represión contra jubilados, docentes y los legisladores Marino y Pokoik”.

“Solicitamos que la justicia determine las responsabilidades penales ante la represión a nuestros compañeros, como así también al resto de las personas que se estaban manifestando”, señalaron y cerraron: “Llamamos al resto de los bloques legislativos a pronunciarse en repudio a lo ocurrido”.

📄 #COMUNICADO • REPUDIAMOS LA REPRESIÓN CONTRA JUBILADOS, DOCENTES Y DIPUTADOS DE NUESTRO BLOQUE POKOIK Y MARINO. pic.twitter.com/n9zpCqCb87

— Diputados UP (@Diputados_UxP) April 4, 2024

Varios legisladores del oficialismo utilizaron el espacio de las cuestiones de privilegio en la sesión de este martes para rechazar las declaraciones de Javier Milei durante el primer debate presidencial, el pasado 1ro. de octubre, cuando negó la cifra de los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y dijo que en los años ‘70 hubo una guerra. 

Luego del relato en primera persona de Daniel Gollan, el diputado Juan Marino comparó que al decir que “en esa guerra se cometieron excesos”, Milei lo que hizo fue repetir “literalmente las palabras del genocida (Emilio) Massera en el Juicio a las Juntas”. 

Al mencionar que junto a otros de sus compañeros de bloque presentó un proyecto de repudio por los dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, el oficialista consideró: “Nos tendríamos que poner de acuerdo todos los bloques para hacer un repudio explícito y contundente, dejando en claro que no fue una guerra, fue genocidio; no fueron excesos, fue un plan sistemático ejecutado a través del Estado”. 

Al desafiar a Milei, a quien “tanto que le gustan discutir los números”, Marino comenzó a mostrar carteles mientras recordaba que hubo “814 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio” y “solamente en el centro clandestino de la exESMA hubo por lo menos 5.000 detenidos desaparecidos”. 

Además de “500 bebés apropiados, según calculan las Abuelas de Plaza de Mayo y la Campaña Internacional por el Derecho a la Identidad”. “Según documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de Georgetown University, hubo 22.000 personas asesinadas o desaparecidas hasta 1978”, apuntó.

“Es una deshonra para este Congreso que un integrante de este cuerpo diga lo dice Javier Milei, y es de extrema gravedad que además lo diga una persona que en las PASO sacó el 30%”, enfatizó y advirtió que “no lo dice para ganar un voto más, o por una cuestión ideológica, sino porque es acorde a su plan político: lo dice porque quieren reconstruir el partido militar, porque pretenden un gobierno de alianza cívico-militar, porque quieren restablecer la primacía y el protagonismo de las fuerzas militares en la vida política de nuestro país. No es un salto a lo desconocido Milei, Milei es un (Jair) Bolsonaro”. 

En su discurso, Marino afirmó que “la grieta ya no es más entre peronistas y antiperonistas, la grieta es entre quienes defienden a milicos genocidas y quienes defendemos el Nunca Más”. 

Finalmente, le pidió a los ciudadanos que “antes de ir a votar” vayan a visitar los lugares donde funcionaron centros clandestinos. “Vayamos a votar con plena conciencia lo que está en juego y en riesgo en nuestro país, que es básicamente la democracia”, cerró.

Otro que la emprendió contra Milei, pero sumó también a su compañera de fórmula y de bancada Victoria Villarruel, fue el santafesino Eduardo Toniolli, quien salió al cruce de su cuestionamiento a la cifra de 30 mil desaparecidos. Toniolli aclaró que “más de 300 procesos judiciales y casi 1.200 condenas en los tribunales federales desmienten esas aseveraciones. Acá hubo un plan sistemático de exterminio convalidado desde el Estado. Mataron, violaron, desaparecieron y torturaron para llevar adelante una profunda reestructuración de nuestra economía y sociedad. Para escarmentar al pueblo y disciplinar a la clase trabajadora”.

El legislador del FdT expresó que no le extrañaba que “los nostálgicos del terrorismo de Estado se unan con los nostálgicos de las recetas de José Alfredo Martínez de Hoz, y la nueva receta que encontraron y quieren llevar adelante para desacreditar la lucha por la memoria, verdad y justicia, es la de cuestionar un número, el que las organizaciones populares y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado han construido por la imposibilidad de contar con datos fehacientes sobre el alcance de la última dictadura”.

Habló a continuación de “los amigos de la diputada Villarruel, a los que visitaba y sigue visitando donde están condenados”, y le pidió a los libertarios que “si como dicen quieren hacer un aporte a la verdad, que vayan por otro lado”. Y le pidió a la candidata a vice que “si quiere hacer un aporte a la verdad histórica, ¿por qué no le pregunta a sus amigos los genocidas donde están los cuerpos de nuestros compañeros? ¡Dónde están los cuerpos de nuestros seres queridos!”.

“Si quiere hacer un aporte a la verdad histórica, ¿dónde están los 400 niños hoy adultos que caminan por las calles sin saber su identidad? Y si no quieren, y no son capaces de ese gesto, les pedimos que se callen”, completó. 

Puntualmente al criticarlo a Milei por su recomendación a los ahorristas, el cordobés Eduardo Fernández advirtió que el libertario “pretende infundir temor público, pero no es la primera vez que Milei se expresa en este sentido”, en referencia a que “promueve la desvalorización de la moneda nacional”. 

“Ataca sistemáticamente los acuerdos de convivencia que los argentinos recuperamos hace 40 años. Detrás de cada provocación contra los derechos humanos, contra la soberanía, contra nuestra moneda, contra el medioambiente, contra la justicia social, principios consagrados todos en la Constitución Nacional, hay un anhelo de retorno dictatorial al que ya le hemos dicho nunca más”, enfatizó y añadió que “estas expresiones de desestabilización económica con un fin de solo conseguir un voto más, pero a partir del temor y la especulación, no puede ser admitido por un diputado de la Nación”.

Habitualmente duro con la oposición, el diputado del Frente de Todos Juan Marino se mostró este miércoles en modo zen, abierto a consensuar. Lo planteó de entrada: que el proyecto sobre de devolución del IVA debía salir “por unanimidad”.

En su intervención en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, planteó directamente ir “a la discusión política”, y señaló: “Imagínense lo que sería llegar a la sesión, que el bloque Unión por la Patria vote a favor de reducir el IVA a los que menos tienen; el bloque de las interprovincias (SIC) también; el Frente de Izquierda también… que Milei vote a favor de esto… y que Juntos por el Cambio no lo vote a favor… ¿Otro flaco favor a Milei como pasó con Ganancias? Nooo, nosotros tenemos un tipo, y lo quiero decir en esa reunión, que sacó el 30% en las elecciones, que en el último debate presidencial dijo que no hubo genocidio, que fue una guerra, que es algo que la mayoría de los que estamos acá estamos de acuerdo en que fue un genocidio, porque eso lo establecieron los juicios por la memoria, y que tenemos que unirnos para impedir que ese sujeto gane las elecciones, y que después cuando vamos a la sesión votamos como votamos y le hacemos un favor de cara a las elecciones...”.

“No, creo que tenemos que tener otro criterio político –planteó-. Que tenemos de ponernos de acuerdo en tomar medidas en común en este Congreso que mejoren las condiciones de vida de la gente y que le pongan un límite a ese tipo de planteos que pueden llevar al país a una situación muy pero muy complicada”, cerró el diputado piquetero.   

De regreso en Buenos Aires, luego de haber viajado a Jujuy como parte de la comitiva de diputados nacionales oficialistas que fueron a apoyar a los detenidos que participaron de las protestas en contra de la reforma constitucional provincial, el líder de Unidad Piquetera Juan Marino apuntó contra el gobernador, Gerardo Morales, porque “continúa con su estado de atemorizamiento de la población e intimidación pública”. En esa línea, advirtió que “JxC pretende nacionalizar lo que están haciendo en Jujuy e instalar un régimen de represión y persecución”.

En declaraciones por la AM 750, contó que en la capital jujeña la comitiva de diputados recibió “un petitorio por parte del Malón de la Paz porque las comunidades originarias decidieron hacer una caminata hacia Buenos Aires. El miércoles nos reunimos con sus voceros quienes nos entregaron el petitorio y en donde nos reclaman que la Cámara de Diputados se reúna para discutir la situación de Jujuy, la violación del convenio referida a los derechos de los pueblos originarios, la violación a los derechos humanos y la represión y que declaremos de interés cultural al propio Malón que va a estar llegando el 1ro de agosto a Buenos Aires”.

En esa línea, informó que hicieron la presentación de un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral que investigue “tanto la represión a Jujuy como la inconstitucionalidad de la reforma de Morales”. La iniciativa fue impulsada por su par de bancada Leila Chaher.

“Como bloque tomamos la decisión de impulsar la creación de una comisión que tiene como objetivo esclarecer, de cara a la opinión pública y nacional y en el ámbito institucional del Congreso, el cuadro de represión brutal que se vive en Jujuy, donde Morales ha roto con la democracia”, explicó Marino.

Además, relató que se reunieron con “seis compañeros que fueron detenidos en los procesos de persecución de las últimas semanas que nos detallaron cómo se dieron esas detenciones, su carácter arbitrario, los atropellos que sufrieron sus derechos a la defensa, cómo los tuvieron detenidos por más tiempo contra el Código Nacional de la provincia e incluso cómo siguen siendo hostigados hasta el día de hoy con seguimientos policiales hasta la puerta de sus casas, amenazas, amedrentamientos”.

“Lo que nos describieron las Comunidades Originarias, dirigentes y organizaciones es que al día de hoy continúa un estado de atemorizamiento de la población e intimidación pública por parte del gobernador Gerardo Morales que lo quiere es que se termine este proceso de lucha que el pueblo sigue”, denunció.

En esa línea, el líder piquetero sostuvo que “la lucha sigue, pero la dinámica defensiva, producto de la ofensiva de Morales que impuso la reforma que ya la juró y ya la está aplicando en los hechos y en la represión, las movilizaciones y la iniciativa de movimientos populares en respuesta a esa reforma, hay un repliegue por parte del pueblo jujeño que se tenga que estar defendiendo de los ataques constantes del gobernador”.

“La intervención del PJ (de Jujuy) llega tarde, muchos militantes se lo venían reclamando a Alberto desde 2021. Es algo que distingue muy bien a Unión por la Patria de JxC que nadie dijo una palabra de repudio a la represión de Morales y, por el contrario, hicieron una conferencia de prensa justificándolo. En apoyo a la represión no hubo grieta, estaban todos juntos”, criticó.

En tanto, el diputado oficialista planteó que “lo que acá hay es una disputa muy grande en donde JxC pretende nacionalizar lo que están haciendo en Jujuy, nacionalizar el antijujeñazo e instalar un régimen de represión y persecución muy notorio en ese sentido la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de poner a Morales como candidato a vice, a (José Luis) Espert a (Miguel Ángel) Pichetto en la lista para dejar en claro que son (Javier) Milei en cuotas. O el spot de campaña de Patricia Bullrich que dice ‘o todo o nada’ con un planteo claramente de represión a la protesta popular”.

Para Marino “la evolución de la lucha en Jujuy depende mucho de los resultados de las PASO y las elecciones generales para que el pueblo argentino en su conjunto deje muy en claro que le vamos a poner un límite a esta derecha represora y no vamos a permitir que a nivel nacional se instale un modelo que instaló Morales en Jujuy”.

“Derrotar a Morales en las elecciones es generarle mejores condiciones al pueblo jujeño para que se restablezca la democracia en la provincia porque hoy no hay democracia, no hay garantías constitucionales ni derechos humanos y por eso tenemos que dar una lucha muy grande todos a nivel nacional”, afirmó.

A su vez, coincidió con algunos dirigentes de JxC de que “si gana Bullrich es una vuelta al 2001”, y recordó que “la propia Elisa Carrió dijo que hubo un acuerdo entre Mauricio Macri y Milei para instalar un régimen de ajuste y represión que podría llegar a asesinatos y a crímenes de lesa humanidad. La base de la gobernabilidad es el respeto a los derechos humanos. Un régimen así solo puede llevar a un cuadro de inestabilidad si gana esa derecha represora, hay que advertirle a la población lo que podría pasar”.

“Lo que se discute en esta elección no es si hay o menos inflación, se discute si hay democracia o una dictadura como la de Morales. No podemos permitir que pasen por arriba de los derechos humanos y populares, que se instale un régimen represivo y tenemos que defender la democracia”, cerró.

El diputado nacional Juan Marino (FdT – Buenos Aires) presentó los proyectos de ley de reparación histórica en beneficio de los trabajadores damnificados por las privatizaciones de las empresas del estado de Correo y SEGBA (servicios eléctricos del gran buenos aires)

Cuando en 1989 el Congreso Nacional sancionó la ley de "Reforma del Estado" (Ley 23.696) las empresas mencionadas pasaron a la órbita privada. La ley de Reforma del estado establecía el Programa de Propiedad Participada, por el cual los trabajadores de las empresas afectadas al proceso de privatización pasarían a ser beneficiarias de una participación accionaria de las empresas privatizadas.

“Lamentablemente gran cantidad de los beneficiarios de este programa fueron excluidos de ese derecho que establecía la ley y a pesar de tres décadas de continuos reclamos siguen sin cobrar lo que les correspondía por ley”, señaló.

Los proyectos de ley establecen una indemnización a favor de los exagentes de la empresa SEGBA (Servicios eléctricos del Gran Buenos Aires) que se desempeñaban en relación de dependencia al 31 de agosto de 1992 y a los exagentes de la empresa de correo ENCOTEL que se desempeñaban en relación de dependencia al 24 de enero de 1992.

La norma también extiende esta indemnización a sus derechohabientes en el caso de fallecimiento de los titulares de esta reparación. Acompañan estos proyectos con su firma los diputados naciones Sergio Palazzo, Itai Hagman y Vanesa Siley.

Con la sanción de estas leyes el Estado Nacional reconocería a través de estas iniciativas legislativas a los trabajadores que por cualquier causa no hubieran podido acogerse al Programa de Propiedad Participada o incorporados al programa hubieran sido excluidos.

Las iniciativas legislativas presentadas por Juan Marino retoman el camino de restitución de derechos que iniciara el Congreso Nacional y tiene como antecedentes los casos de las empresas privatizadas de SOMISA, Altos Hornos Zapla e YPF cuyos trabajadores se vieron impedidos de acceder al Programa de Propiedad Participada y obtuvieron respuesta a sus justos reclamos a través de respectivas leyes de reparación.

Quince diputados nacionales de distintas bancadas políticas, encabezados por el oficialista Juan Marino, presentaron un proyecto de ley para crear el Programa Nacional “Pancitas Llenas”, el cual recoge una propuesta de la Asociación Civil "Soñadores Unidos", que agrupa comedores y merenderos populares de distintos puntos del país.

La iniciativa, propone “crear una tarjeta, asignada a las personas responsables de los comedores y merenderos, destinada a la compra de alimentos; organizar capacitaciones en manipulación y elaboración de alimentos; crear redes regionales de comedores y merenderos; fomentar encuentros con productores regionales y locales de alimentos”.

Además, plantea crear un fideicomiso financiado por un “Aporte Social, Humanitario y Obligatorio” donde las empresas deberán contribuir con un monto equivalente al 0,04% de su facturación anual declarada.

Se propone al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como autoridad de aplicación y también postula la creación de una Comisión Fiscalizadora integrada por “representantes de los comedores, empresarios alcanzados por el Aporte Social, Humanitario y Obligatorio, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y representantes de Universidades Nacionales”. Asimismo, sostiene que la Comisión Fiscalizadora velará por el correcto cumplimiento de los objetivos del programa.

Entre los fundamentos del proyecto se plantea que “la pandemia del Covid-19 ha evidenciado de forma muy clara la importancia vital de los comedores y los merenderos en los barrios populares, los cuales cumplen una función social fundamental garantizando el plato de comida de miles de personas en todo el país”.

“Los pilares de la democracia son 4: el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Todas y todos tenemos que tener garantizado el plato de comida. El derecho a la alimentación de una persona no puede depender de si logra acceder al mercado laboral formal o no, el Estado y los gobiernos tienen la responsabilidad de tomar medidas para hacer efectivo ese derecho. Es necesario, más que nunca, ser solidarios. Tenemos la obligación ética de ayudar al caído, a quien hoy sufre el hambre, porque nadie se salva solo”, agrega.

El texto lleva las firmas de Carlos Selva, Cristina Britez, Tanya Bertoldi, María Rosa Martínez, Julio César Pereyra, Micaela Morán, Claudia Ormachea, Daniel Gollan, Juan Carlos Alderete, Mónica Macha, Sergio Palazzo, Lía Verónica Caliva. También acompañaron Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) y Alberto Asseff (Pro).

Diputados nacionales del Frente de Todos presentaron un proyecto de resolución para “expresar la solidaridad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con la lucha del pueblo peruano contra el golpe policial-militar-fujimorista acontecido en su país” y “repudiar la brutal represión que, al 16 de diciembre de 2022, ocasionó 18 muertes y una enorme cantidad de heridos. Sumarse al pedido de justicia por quienes han sido asesinados que sostienen los familiares de las víctimas y las organizaciones populares de Perú”.

El proyecto fue presentado con la firma de 15 legisladores: Juan Marino, Eduardo Valdés, Sergio Palazzo, Santiago Igón, Gabriela Estévez, María Rosa Martínez, Carlos Selva, Lisandro Bormioli, Julio Pereyra, Mónica Macha, Juan Carlos Alderete, Daniel Gollán, Leonardo Grosso, Lía Verónica Caliva y Natalia Zaracho. Manifestaron también su adhesión las diputadas y los diputados Juan Manuel Pedrini, Tanya Bertoldi, Nelly Daldovo, Micaela Morán, Liliana Yambrún y Claudia Ormachea.

El proyecto también plantea “reprobar la declaración del Estado de Emergencia desde el 14 de diciembre y por 30 días, acción que dictamina la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales, relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales, y que implica la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna contra las movilizaciones populares”.

El proyecto finaliza planteando que la Cámara de Diputados resuelva “desconocer el nombramiento ilegal de Dina Boluarte como presidenta de la República del Perú. Reconocer a Pedro Castillo como el presidente legítimo de la República de Perú, habiendo sido electo democráticamente por medio del voto popular para el cargo que reviste. Asimismo, expresar preocupación por su integridad física y la de su familia, y exigir su inmediata liberación. Reclamar la intervención de los organismos regionales e internacionales de Derechos Humanos para velar por el respeto a los derechos personales del presidente Castillo. Demandar el respeto a la vida y a los Derechos Humanos del pueblo peruano, que se moviliza justa y legítimamente en defensa del voto popular y de la democracia”.

La semana pasada, el proyecto sobre la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia obtuvo media sanción en el Senado. Respecto al tema, el diputado nacional Juan Marino (FdT) expresó que “es una iniciativa que se debe militar, para que el Poder Judicial deje de perseguir a Cristina Fernández de Kirchner”.

En declaraciones con AM 530, el legislador que está en sintonía con Juan Grabois afirmó que “el Poder Judicial tarda una eternidad en resolver juicios laborales, demandas de alimentos o denuncias por violencia de género, pero para perseguir a la vicepresidenta de la Nación son rápidos”.

“Militaremos en la Cámara de Diputados por este proyecto, así como lo hemos hecho con la iniciativa para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional la paguen los que la fugaron”, sostuvo Marino, quien además sentenció: “La Corte Suprema actual son cuatro machirulos persiguiendo a Cristina”.

Consultado por la reforma constitucional que impulsa en su provincia el gobernador jujeño Gerardo Morales, Marino anunció: “Manifestamos rechazo a la presentación de Morales de hacer una reforma inconstitucional, porque prohibir el corte de ruta atenta contra el derecho a reclamar que afecta a todos los sectores de la sociedad, no solo a los que menos tienen”.

En ese sentido, el legislador afirmó que “el derecho a protestar es sagrado”, y agregó: “Nuestro objetivo es que la reforma se rechace, por eso nos movilizaremos con organizaciones sociales en contra de la reforma”.

Partícipe el pasado fin de semana de la movilización en la puerta de la casa de la vicepresidenta, el diputado nacional Juan Marino (Frente de Todos) aseguró este martes que “se debe defender en las calles a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner organizando comités populares en defensa de la democracia y los sectores populares”.

El legislador consideró que “desde los trabajadores, sindicatos, estudiantes y sectores piqueteros hay que armar un nuevo 17 de octubre porque los fiscales y jueces macristas quieren hacer como en Brasil con Lula (da Silva)". "Pero nuestra respuesta será como reaccionó el pueblo boliviano en 2019 ante el golpe de Estado”, agregó en diálogo con Radio El Destape.

Además, lanzó: “En las urnas le vamos a ganar al partido judicial, ellos vienen a proscribir y a encarcelar a CFK, no es solo un ataque a la vicepresidenta, su defensa tiene que ser causa nacional". "Personalmente, me puso contento cuando (Cristina) se puso la gorrita 'CFK 2023'. Ella entusiasma, genera expectativa y tiene que tener protagonismo en el armado electoral”, enfatizó el oficialista de cara a las elecciones del año que viene.

El líder del Partido Piquetero insistió que “esto no se resuelve con una sola marcha, esto necesita comités populares permanentemente en cada barrio, localidad o municipio. Es importante caminar la calle y sumar más vecinos y vecinas”.

Por otro lado, consultado por las medidas tomadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, a quien reemplazó en su banca en la Cámara de Diputados el pasado 2 de marzo, Marino afirmó que “el ajuste lo define el FMI y el Congreso, no Massa“. "Lo que le pedimos son resultados en la estabilización de la economía y Massa ha logrado resultados en la estabilización de agosto”, expresó.

El diputado subrayó que "se se está pagando la deuda tomada por (Mauricio) Macri" y reparando "la mala gestión de (Martín) Guzmán", opinó. Aunque recordó que la mayoría de la bancada oficialista avaló el acuerdo con el FMI, reclamó que "la deuda la deben pagar los que la fugaron”.

“SI QUERÉS LLORAR, LLORÁ”. La frase que acuñó la diva Moria Casán, precisamente actual pareja de su suegro, se la gritó el diputado Mario Leito a Sergio Massa cuando éste concluyó su discurso de despedida de la Cámara de Diputados. Y el tigrense reconoció que se había emocionado en la reunión del bloque que había tenido antes, pero en el recinto se contuvo.

Efectivamente así fue, antes del arranque de la sesión, José Luis Gioja confiaba a la prensa parlamentaria que tanto Massa como Cecilia Moreau -su reemplazante en la presidencia- largaron unas lágrimas en el encuentro que la tropa oficialista mantuvo en el tercer piso del Palacio, y en la que no estuvo Máximo Kirchner.

EL MASSISMO COLMÓ LOS PALCOS. Varios militantes del Frente Renovador se hicieron presentes para la despedida de su líder de la Cámara baja. Entre los dirigentes de ese espacio estaban la exdiputada Mirta Tundis; el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio; y el director del Banco Provincia Sebastián Galmarini, cuñado de Massa.

PRESENCIAS. Entre quienes asistieron a la sesión se destacaron los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Alexis Guerrera (Transporte); el titular del INDEC, Marco Lavagna; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas; la titular del PAMI, Luana Volnovich; la titular del INADI, Victoria Donda; y la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso.

LA TROPA DEL SENADO. También dijeron presente, aunque no hasta el final de la sesión, los senadores oficialistas José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio, Pablo Yedlin, Daniel Bensusán, Lucía Corpacci, Guillermo Snopek, Carlos Linares, Guillermo Andrada y Edgardo Kueider.

ENTRE PIQUETEROS NOS ENTENDEMOS. Cerca de las 14.20, el diputado oficialista Juan Carlos Alderete, quien además es líder de la Corriente Clasista y Combativa, acompañó en sus primeros pasos por el recinto a Juan Marino, el referente del Partido Piquetero y quien juró como diputado en reemplazo de Massa. El salario básico universal fue su primer pedido.

LOS INFALTABLES CARTELES DE LA IZQUIERDA. "Abajo el pacto con el FMI" y "Justicia por Santiago Maldonado" fueron los lemas que rezaban los carteles que los cuatro diputados del Frente de Izquierda colocaron en sus bancas.

MALENA EMOCIONADA Y TOTO CON MATE. En uno de los palcos se la vio a una Malena Galmarini, esposa de Massa, muy emocionada. Su hijo menor, Tomás, la apoyó más de una vez abrazándola. Cuando su esposo se retiró del estrado, bajó a acompañarlo. Mientras que el joven se mantuvo en su lugar mateando a lo loco.

LOS MOVIMIENTOS DE KIRCHNER. Después de las estrofas del Himno Nacional, el diputado Máximo Kirchner bajó al recinto. Cuando Massa concluyó su discurso lo aplaudió y mientras sus compañeros se paraban de sus bancas, él amagó, pero finalmente se quedó sentado. Igual, en un gesto que no pasó nada desapercibido, se acercó luego a saludar y abrazar al designado ministro.

LOS MENSAJES DE LA OPOSICIÓN. Varios tramos de los discursos del macrista Waldo Wolff y el radical Rodrigo de Loredo generaron silbidos desde las gradas. Este último hizo un pedido a Massa que provocó las mayores reacciones: “Sería muy importante que esté dispuesto a renunciar a una pretensión de candidatura presidencial para 2023”.

En el final de la sesión de este martes asumió Juan Marino como diputado nacional, quien completará el mandato de Sergio Massa hasta el 9 de diciembre de 2023.

De 34 años de edad, Juan Marino juró "por el salario básico universal. Para que la deuda la paguen los que la fugaron. Viva la lucha estudiantil, viva la lucha obrera y piquetera. Viva la lucha de todos, todas y todes".

En la lista del Frente de Todos que encabezó precisamente Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, Marino ocupaba el puesto 29°. Era antecedido por Carolina Natalia Arricau, pero por la aplicación de la Ley de Paridad de Género, la vacancia dejada por Massa es para un varón, y así es que asumió Marino, quien en su cuenta de Twitter se define como “militante y fundador del Partido Piquetero y de Unidad Piquetera”.

Es además director provincial de Organización Territorial, dependiente de la Subsecretaría de Organización Comunitaria, en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que encabeza el camporista Andrés “Cuervo” Larroque.

El tuit fijado que se puede encontrar en su cuenta tiene que ver con su desempeño en las calles y refiere a la movilización del Partido Piquetero, que en el marco de un plenario abierto discutió “la lucha por el Salario Básico Universal y contra la proscripción de Cristina”.

Precisamente sus últimos mensajes son “¡Basta de perseguir a @CFKArgentina!”, en el marco de la campaña lanzada la noche del lunes en defensa de la vicepresidenta ante el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa por la obra pública en Santa Cruz; y un mensaje de solidaridad “con el compañero Mario Secco, quien está sufriendo la persecución del procurador Conte Grand por luchar contra la represión del macrismo”.

Sergio Massa dejará su lugar en la Cámara de Diputados este martes cuando, a partir de las 14, se realice la sesión convocada para tratar sus renuncias como presidente del cuerpo y como diputado nacional.

El “súperministro” de Economía designado la semana pasada -que jurará este miércoles- abrirá por última vez una sesión y, una vez aceptada su dimisión, la reunión pasará a ser presidida por el mendocino del Pro Omar De Marchi, actual vicepresidente primero, hasta que se vote al reemplazo del tigrense.

Para ocupar ese puesto, el Frente de Todos propondrá a la diputada Cecilia Moreau, integrante del Frente Renovador de Massa, quien se convertirá en la primera mujer en la historia en presidir la Cámara baja.

Desde el oficialismo abogan por tener una “sesión serena y tranquila”. Los detalles de la misma se acordarán media hora antes, a las 13.30, en reunión de Labor Parlamentaria, donde se definirán por ejemplo las intervenciones de los jefes de bloques, quienes podrán dejar aclarada la postura de cada espacio.

En el interbloque Juntos por el Cambio, cuyos referentes se hablaron por Zoom este lunes, no hay una decisión unánime tomada, aunque sí anticipan que “la gran mayoría está dispuesta a la abstención”, indicaron a parlamentario.com desde la bancada.

La votación no será nominal -salvo que a algún “rebelde” se le ocurra pedirlo-, sino a mano alzada. Además, no se requiere de 129 votos, sino de mayoría simple. De todas formas, desde el principal espacio opositor insisten que no tienen la intención de “obstaculizar” que el Frente de Todos “ponga a quien quiera en la presidencia”.

Una importante fuente del oficialismo aseguró a este medio que desde la bancada iban a “trabajar” lo más fuerte posible hasta la sesión para conseguir que la mayoría de los bloques opositores acompañen la propuesta.

El ungimiento a Moreau por parte de sus compañeros será al mediodía, en una reunión en el tercer piso del Palacio, donde se encuentran las oficinas del Frente de Todos. El nuevo rol que asumirá la legisladora massista dejará vacantes otros cargos: la vicejefatura del bloque y la presidencia de la Comisión de Legislación General. Por el momento todavía no se sabe quienes la reemplazarán en ambos casos.

Se prevé que en la sesión jure además el reemplazante de Massa como diputado. Se trata de Juan Marino, quien figuró en el puesto 29° en la lista de candidatos del Frente de Todos en 2019. Es líder del Partido Piquetero y tiene el cargo de director provincial de Organización Territorial, dependiente de la Subsecretaría de Organización Comunitaria, en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que encabeza el camporista Andrés “Cuervo” Larroque.

En su penúltimo día como presidente de Diputados, Massa mantuvo desde la mañana del lunes distintas reuniones en su despacho, a donde se la vio entrar, entre otros, a Moreau. Además, alrededor de las 18 cruzó hacia el Senado y, minutos más tarde, se confirmó que tuvo un encuentro con Cristina Kirchner. También habría estado Máximo Kirchner.

Desde la cuenta institucional de la Cámara alta, y no desde su perfil personal, la vicepresidenta posó sonriente junto a Massa, en lo que hace al primer gesto de “bendición” que tiene para con él desde que se anunció su designación.

Aclaración indispensable: no estamos hablando de la sucesión en la presidencia de la Cámara de Diputados. Dicho lo cual, nos referiremos aquí al reemplazo de Sergio Massa que deja su banca para pasar formar parte del Poder Ejecutivo.

En ese caso, hay que echar un vistazo a la lista que precisamente encabezó el propio Massa en 2019, elección en la que el Frente de Todos sumó 19 diputados por la provincia de Buenos Aires. Así, el último de los que accedió a un lugar en la Cámara baja fue Carlos Selva, ubicado precisamente en el décimo noveno puesto.

A partir de entonces fueron accediendo al Congreso, por renuncias de quienes los antecedían, quienes figuraban en puestos posteriores, comenzando por Jimena López, la primera de los que quedaron como suplentes en esas elecciones. El último en ingresar fue el camporista Lucio Yapor, quien reemplazó a Facundo Moyano.

Quien sigue en la lista de los eventuales reemplazos es Carolina Natalia Arricau, quien está en el puesto 28°.  Pero tal cual establece la Ley de Paridad de Género, le correspondería reemplazar a Massa al que está en el puesto 29°: Juan Marino.

¿Quién es Marino? El mismo se define en su cuenta de Twitter como “militante y fundador del Partido Piquetero y de Unidad Piquetera”. Es además director provincial de Organización Territorial, dependiente de la Subsecretaría de Organización Comunitaria, en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que encabeza el camporista Andrés “Cuervo” Larroque.

Para conocer a Marino, valen estas declaraciones que hizo en la radio Búnker 91.9 FM en el año 2020: “Me parece muy importante dejar en claro que nuestra primer prioridad es garantizar el derecho a comer, sabemos que comer es un derecho no un privilegio y que es responsabilidad del estado garantizar ese derecho y por eso las principales acciones que estamos desarrollando en la emergencia están orientadas a que a nadie le falte su plato de comida”.

Con todo, también podría suceder que Sergio Massa pidiera licencia en lugar de renunciar a su banca, si eventualmente pasa al Ejecutivo. No es lo más probable, sobre todo teniendo en cuenta lo ajustado que está el número de integrantes del oficialismo en la Cámara baja. Pero vale como antecedente el hecho de que cuando en 1989 Juan Carlos Pugliese renunció a la presidencia de la Cámara de Diputados -y a su banca- para asumir como ministro de Economía de Raúl Alfonsín, el Cuerpo no se la concedió, trocando el pedido por una licencia sin goce de sueldo. Pero en ese caso fue un gesto de buena voluntad de la Cámara en favor de quien era llamado -y reconocido- por propios y extraños como “el Maestro”.