Los diputados nacionales Juan Martín (UCR), Fabio Quetglas (UCR) y Daniel Arroyo (FdT) presentarán este lunes 4 de diciembre a las 13, en Salón Auditorio ubicado en el subsuelo del Anexo A del Congreso, el proyecto de ley de áreas metropolitanas, el cual propoen dar marco jurídico a los principales conglomerados urbanos del país.

El proyecto propone establecer un régimen específico a la gobernanza en áreas metropolitanas. Las zonas a las que apunta la norma son el AMBA, Gran Santa Fe, Gran Rosario, Gran Tucumán y el Gran Mendoza, entre otras. También hace eje en las áreas biprovinciales como Santa Fe – Paraná, Resistencia – Corrientes; y otras binacionales, como Posadas (Misiones) y Encarnación (Paraguay).

La necesidad de esta iniciativa se sustenta en datos que son concluyentes: el 54% de la población mundial habita en ciudades, y de esa población urbana aproximadamente el 60% lo hace en áreas metropolitanas. Pero en Argentina, según estimaciones del Banco Mundial ese porcentaje es mucho mayor: el 92% de la población habita en ciudades y el 47,6% se concentra en 8 aglomeraciones urbanas.

Al respecto, el diputado Fabio Quetglas explicó la importancia de contar con una legislación de áreas metropolitanas debido a que “las regiones enfrentan un límite funcional que no podrán sortear de manera adecuada sin acuerdos políticos ni planificación técnica” y remarcó que “el gran desafío es que las instituciones y las políticas públicas se asomen a la realidad de los vecinos”.

Por su parte, el diputado Juan Martín aseguró que la norma “busca brindar una herramienta concreta que ayude a mejorar la gobernanza metropolitana. Así vamos a lograr mejorar la calidad de vida de más de la mitad de los argentinos en la actualidad, y que seguramente serán muchos más en el futuro a corto y mediano plazo”.

Los diputados nacionales Juan Martín y Graciela Ocaña, junto a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Claudia Levin, encabezaron un conversatorio que se basó en los detalles del proyecto ley para capacitación obligatoria, promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores.

La iniciativa propone una capacitación obligatoria sobre promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores para todas las personas que se desempeñen como funcionarios públicos en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito del Sector Público Nacional definidos en el artículo 8° de la Ley 24.156, en los poderes Legislativo y Judicial de la Nación y Ministerio Público.

También dispone articular acciones para capacitar a los encargados de los servicios sociales y de salud, personal encargado de la atención, personal de cuidado de personas mayores en los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios y a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario.

Se aclara que la capacitación tiene como objetivo central que las personas participantes conozcan los aspectos conceptuales básicos y la estandarización normativa de los derechos humanos de las personas mayores que tienen jerarquía constitucional, para identificarlos, concientizar sobre su existencia y contenido, como asimismo promoverlos y protegerlos en la práctica.

El año pasado se sancionó la Ley Nacional 27700 que, cumpliendo con lo establecido en la Carta Magna, dio jerarquía constitucional a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores adoptada por la Organización de Estados Americanos.

Juan Martín señaló que “se intenta poner en la agenda una situación que lamentamos, de discriminación, de infantilización, de vulneración de derechos de las personas mayores”. Advirtió que esa discriminación sucede “inclusive hasta de buena fe, pero que se tiene que terminar porque, así como con otros colectivos que son discriminados hemos tenido medidas proactivas (Ley Micaela, Ley Lucio), y tomamos conciencia, lamentablemente sentimos que hay una deuda pendiente con las personas mayores que, además, a diferencia de otros colectivos, todos los seremos en algún momento. Por eso necesitamos empezar a tomar conciencia, visibilizar ese destrato y rezago y por eso este conversatorio tiene como correlato el proyecto presentado en el Congreso de Diputados de la Nación”.

Ocaña explicó que “se busca sensibilizar a los funcionarios del Estado y aquellos que tienen que vincularse con la problemática de las personas mayores acerca de esta realidad: hablar de los derechos de las personas mayores, un tema que no solamente se agota en las jubilaciones”. “Por supuesto -agregó la exdirectora de PAMI- sabemos la situación que están viviendo nuestros jubilados, con haberes mínimos de 100.000 pesos, con la problemática de los bonos que tampoco sabemos si se va a sostener. Pero lo cierto es que no se agota en esto el problema. Lo que queremos es que este proyecto sea un primer paso para garantizar los derechos de las personas mayores”.

En tanto, Claudia Levin indicó que la UNL “tiene un compromiso con la lucha contra toda forma de discriminación, en este caso lo que atañe a adultos mayores, que es un colectivo fuertemente discriminado, pero cuya discriminación está invisibilizada con conductas que no las percibimos como discriminatorias”. “Es dentro de ese marco que hemos elaborado junto con el diputado Juan Martín uno de estos proyectos de ley que es el tema de la capacitación de hoy y por supuesto hemos encontrado en Graciela una persona con semejante trayectoria un apoyo muy grande que agradecemos”.

El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) solicitó la interpelación del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, para que dé cuenta en el Congreso de temas cruciales, tales como la utilización de teléfonos celulares con los que los presos digitan crímenes desde los penales.

“Se incumple en el Sistema Penitenciario Federal el artículo 160 de la Ley 24.660, respecto a la prohibición del uso de comunicaciones telefónicas en las unidades penitenciarias por parte de los internos. Por eso queremos que el ministro informe qué medidas disciplinarias se han tomado, sanciones dispuestas y acciones tendientes a dar fin a esta situación que permite a las organizaciones delictivas perpetrar delitos desde las cárceles”, destacó el diputado santafesino.

También solicita que Soria explique “la paralización total en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal y razones por las cuales durante la presente gestión de gobierno no se ha producido avance alguno en las jurisdicciones que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal ya dispuso, esto es: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza”.

“Retraso en el cubrimiento de vacantes de cargos de la Justicia Federal en la Provincia de Santa Fe a raíz de pliegos que al momento no ha remitido el PEN al Senado de la Nación, en particular respecto al caso del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario”, suma entre sus pedidos.

Solicitamos la interpelación al ministro @MartinSoria_ en el Congreso de la Nación.

Vivimos en una suerte de Estado fallido que ensaya respuestas espasmódicas ante la crisis de seguridad. El ministro de justicia no vino nunca a Santa Fe, es inaudito. pic.twitter.com/JgM3W9Pk3U

— Juan Martín (@juanmartinmusac) August 3, 2023

Además, que indique “si se prevé en la planificación con la Justicia Federal, espacios acordes para albergar el nuevo sistema acusatorio en Santa Fe o, el correspondiente financiamiento para las obras necesarias de construcción o adecuación de inmuebles”.

También, que Soria de cuenta del “estado de situación detallado por jurisdicción en relación a la existencia y funcionamiento de los Hornos Pirolíticos, para incinerar estupefacientes, teniendo en cuenta que mediante convenio oportunamente celebrado con Ministerio a su cargo y el de Seguridad de la Nación se impulsaba la instalación de este equipamiento esencial en todas las jurisdicciones del país”.

Para el diputado radical “los presos con causas por tráfico de estupefacientes, generalmente, son alojados en las distintas unidades penitenciarias, donde comparten espacios con reclusos condenados o imputados por integrar bandas violentas, como en el caso de los condenados por homicidios dolosos, inclusive sicariato. El resultado es que, en las mismas unidades penitenciarias se produce el tejido de nuevas alianzas con fines delictivos, y lejos de traer paz y convivencia profundiza el potencial de las bandas”.

“No podemos seguir corriendo detrás de la pelota y llegando tarde, menos en materia de seguridad y justicia. Por eso resulta inaudito que estos temas estén fuera de la agenda del Ministerio. Por eso exigimos que el Soria venga a explicar estas situaciones que requieren una atención prioritaria”, expresó Martín

Así afirmó: “Hoy estamos frente a lo que podemos considerar un Estado fallido que ensaya respuestas espasmódicas ante la crisis de seguridad. Una parte importante compete a la cartera de Justicia y no conocemos una sola medida de los responsables de la cartera. El ministro no vino nunca a Santa Fe, es inaudito”.

El pedido de interpelación contra el ministro Soria es acompañado por sus pares Gabriel Chumpitaz, Victoria Tejeda y Carolina Castets. Martín señaló que “tiene como punto de partida la dramática situación que atraviesa su provincia, con récords de asesinatos y una ola de violencia que crece sin cesar”.

interpelacion-soria

El diputado Juan Martín presentó un proyecto de ley para promover, proteger y ejercer los derechos humanos de las personas mayores. “Queremos valorar a la persona mayor, su papel en la sociedad y su contribución al desarrollo”, señaló el legislador radical.

“Las personas mayores, pese a que son cada vez más, constituyen un sector cuyas vulnerabilidades se encuentran invisibilizadas o en el peor de los casos, aceptadas por la sociedad”. Este es uno de los ítems del proyecto de capacitación obligatoria para la promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores, que cuenta con el aval de diez bloques parlamentarios.

“Es impostergable hacerle sitio a un nuevo sujeto socio-político y construir una sociedad para todas las edades. Estamos obligados a revisar los estereotipos y prejuicios de la vejez que la asocian a una etapa de la vida de deterioro, enfermedad, pérdida y pobreza y ahondar más bien en las oportunidades que presenta”, indica Juan Martin.

La iniciativa propone “la capacitación obligatoria sobre promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores para todas las personas que se desempeñen como funcionarios públicos en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito del sector público nacional definidos en el artículo 8° de la Ley 24.156, en los poderes Legislativo y Judicial de la Nación y Ministerio Público”.

También dispone “articular acciones para capacitar a los encargados de los servicios sociales y de salud, personal encargado de la atención, personal de cuidado de personas mayores en los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios y a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario”.

El proyecto señala, además, que “las personas que se negasen sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas serán intimadas por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria y/o administrativas pertinentes de corresponder”.

El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) presentó un proyecto para la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito del Sector Público Nacional sobre la promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores.

“Las personas mayores, aunque a veces no nos demos cuenta, sufren viejismo. Ese destrato injustificado, sólo por pertenecer a un determinado rango etario, no puede tener lugar en la sociedad que queremos. Por eso, queremos avanzar con esta iniciativa”, planteó Marín en un video que subió a sus redes.

Además, contó que “esta iniciativa es fruto del programa institucional políticas y derechos para un buen envejecer de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, nuestra casa de estudios. Lo presentamos como propuesta que fue enriquecida por la facultad y, a partir de ahí, empezamos a conversar con colegas de todas las fuerzas políticas”.

“Junto a la decana Claudia Levin nos reunimos con muchos de ellos y con satisfacción podemos decir hoy que esta iniciativa cuenta con el aval de 10 bloques parlamentarios de la Cámara”, destacó y cerró: “Las personas mayores, aunque a veces no nos demos cuenta sufren viejismo, ese destrato injustificado solo por pertenecer a un determinado rango etario no puede tener lugar en la sociedad que queremos. Ahora a trabajar con fuerza para que se haga realidad y contemos pronto con una vergüenza menos”.

Presentamos en @DiputadosAR el proyecto de capacitación obligatoria para funcionarios públicos en torno a los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Lo trabajamos con la @FCJS_UNL, junto con la decana @clale1983, y cuenta con el aval de 10 bloques de la Cámara. pic.twitter.com/HKRLZ9Wdso

— Juan Martín (@juanmartinmusac) July 21, 2023

En la iniciativa, también propone articular acciones para capacitar a los encargados de los servicios sociales y de salud, personal encargado de la atención, personal de cuidado de personas mayores en los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios y a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario.

En esa línea, explica que la capacitación tiene como objetivo central que las personas participantes conozcan los aspectos conceptuales básicos y la estandarización normativa de los derechos humanos de las personas mayores que tienen jerarquía constitucional, para identificarlos, concientizar sobre su existencia y contenido, como asimismo promoverlos y protegerlos en la práctica.

La misma, deberá respetar y difundir los principios, deberes y derechos reconocidos por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, entre ellos: la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades de la persona mayor; su va valorización, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo; la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona; la igualdad y no discriminación; la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad; el buen trato y la atención preferencial.

Por otro lado, plantea que la autoridad de aplicación será responsable de garantizar la implementación de las capacitaciones por profesionales de la abogacía que comenzarán a implementarse dentro de los 180 días de entrada en vigencia la ley. A su vez, el Ejecutivo deberá implementar campañas de concientización en medios de comunicación, plataformas digitales, redes sociales, etc.

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En la previa del inicio de la Comisión de Seguridad Interior que tendrá como invitado al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, el diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) opinó del funcionario y dijo que “no puede apañar a los delincuentes porque deja florecer la violencia y la delincuencia”.

Además, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior criticó que el ministro haya estado en Formosa durante la pueblada de vecinos en Rosario: “Es la consecuencia de un Estado fallido que no puede dar respuestas a la sed de justicia de los vecinos que ven morir niños de 11 años en el barrio”.

En declaraciones a parlamentario.com, el santafesino amplió: “Las únicas víctimas son los vecinos de Santa Fe que están desamparados”, y aseveró:

“No pueden, el gobierno provincial o nacionales echarse la culpa. Eso es muy irresponsable”.

Así también, criticó a las gestiones del presidente Alberto Fernández y el gobernador santafesino Omar Perotti: “No han sabido abordar el problema de la inseguridad, no han querido o no han podido”, y recordó: “Se llegó con la promesa de paz y orden y batimos récord de homicidios”.

En esa línea, agregó: “El Gobierno nacional se corrió del problema, recordemos que apenas asumió se disolvió y se dejó sin efecto la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico a nivel nacional”.

“Tres años dicen que perdieron la lucha contra el narcotráfico, parece la crónica de un final anunciado, parece a propósito”, señaló Martín. Del mismo modo, enfatizó: “Necesitamos otra definición política que no sea justificar a los delincuentes”.

Respecto al ministro de Seguridad de la Nación, remarcó: “Aníbal justifica a los delincuentes diciendo que uno es tranza y el otro es delincuente”, y advirtió: “El que vende droga, mucho o poco, es un delincuente. Si apañamos eso dejamos aflorar la violencia, la delincuencia y las muertes”.

Consultado por la situación de Rosario, explicó: “Creemos que en Rosario y en la provincia de Santa Fe debemos ayudar a pacificar una situación de que se salió de control que se ve en los medios de comunicación y tiene que haber de fondo una definición política profunda, de tomar el tema, que sea prioridad en la agenda pública, de destinar herramientas y recursos para resolver el problema en Santa Fe y no perder de vista el mediano y largo plazo de las reformas que requiere el sistema”.

Por último, concluyó: “Hicimos un avance en el sistema acusatorio para que haga un aporte”, y cerró: “En el corto plazo hacen falta herramientas para las fuerzas federales de parte del Gobierno nacional y provincial”.

De cara a la presencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de Diputados de este jueves donde deberá dar explicaciones por las políticas que lleva adelante su cartera, principalmente ante la escalada de violencia que vive Rosario, en la provincia de Santa Fe, el legislador radical Juan Martín (Santa Fe) anticipó que exigirán “que de una vez por todas la seguridad sea prioridad”.

Aníbal Fernández había sido convocado ya dos veces a dar explicaciones, incluso por el oficialismo, y no asistió. Esta tercera citación surgió en la última sesión del 28 de febrero. El impulsor de la citación, con el acompañamiento de sus pares y aceptada por el bloque oficialista, fue el diputado radical.

El legislador de JxC anticipó que se abordarán diferentes temas con el ministro, además de la situación de Rosario, pero indudablemente la aguda crisis que atraviesa la provincia de Santa Fe será central en el temario a tratar. 

“A la falta de resultados del gobierno provincial para enfrentar la seguridad en Santa Fe, se suma la alarmante disparidad en la distribución de recursos, que expone con claridad que Nación le soltó la mano a la provincia y la dejó a merced del delito, el narcotráfico y las economías delictivas” denunció Martín.

Y agregó: “No hay más tiempo. Queremos saber qué recursos se asignan a la provincia y que el ministro explique en detalle lo que el presidente anuncio esta semana sin claridad”.

“Cambian los ministros, pero la falta de compromiso y resultados parece ser marca registrada de este Gobierno. En Santa Fe no hay más margen para seguir improvisando. Basta de promesas, exigimos acciones concretas”, finalizó.

A raíz de la compleja situación de inseguridad en la provincia de Santa Fe, el diputado nacional Juan Martín (UCR-JxC) reclamó este martes por la presencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la comisión homónima de la Cámara baja, de la cual es vicepresidente. 

En el arranque de la sesión extraordinaria, el santafesino planteó un apartamiento del reglamento para que se trate un proyecto de resolución para interpelar al funcionario. “A esta altura resulta obvia la razón por la que queremos que venga el ministro a este Congreso”, expresó. 

“Estamos viviendo una situación gravísima en la provincia de Santa Fe, una escalada de violencia, una crisis de seguridad”, subrayó el radical, quien mostró gráficos sobre datos de ejecución del presupuesto en seguridad, según los cuales “Santa Fe está número 14 en el ranking de provincias”.

En ese sentido, detalló que “en 2022 apenas se ejecutaron en Santa Fe 6.599 millones”, mientras “en Catamarca 9.212 millones y en una provincia como San Juan, que no tiene los problemas de Santa Fe, se ejecutó por más. Y en San Luis 12 veces más”. 

“Se jactan de poner como prioridad a la provincia de Santa Fe y en la ejecución de los números no hay forma de contrastar lo que no se hace”, cuestionó Martín, que advirtió: “Estamos en el peor de los universos. A la falta de resultados del gobierno provincial que encabeza el gobernador (Omar) Perotti, hay un destrato burdo del Gobierno nacional que nos deja a la intemperie”. 

El legislador opositor aseguró que “no hay plan en materia de seguridad” y precisó que “ Santa Fe duplica la media en tasa de homicidios, y en Rosario se triplica y cuadruplica la media nacional”. “El año 2022 fue récord en homicidios en Rosario. En lo que va de 2023 llevamos 56 en 57 días, casi uno por día”, continuó. 

Y criticó que en medio de ese contexto, Aníbal Fernández “tiene el descaro de ir a la provincia y escupir soberbia”. 

Martín dijo que quiere que el ministro responda “qué pasa con los efectivos federales que prometieron y no llegaron; dónde están asignados los que llegaron, qué función cumplen; cómo se articula el trabajo con los municipios y la provincia”. 

“No hay más tiempo. Cambian los ministros pero la sarasa parece ser marca registrada de este Gobierno. Y si no se dan cuenta, en Santa Fe la cosa no está para sarasa”, completó el santafesino. 

Recogió el guante el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), quien sostuvo: “Tenemos un punto de coincidencia en la relevancia e importancia de este tema. No lo digo como un externo a toda esta situación, vivo en la zona sur de Rosario”. Por eso, consideró que es un tema que hay que “debatir con altura” y “lo peor que podemos hacer ante una sociedad, que está en algún punto muy sensibilizada por todo esto, es devolverle una polémica entre políticos”. 

“Hay mucho que se hace y muchísimo que falta”, afirmó e informó que el titular de la Comisión de Seguridad, Ramiro Gutiérrez (FdT), “ya ha enviado la solicitud necesaria para que pueda hacerse presente el ministro”. “Creo que todos estamos tratando de buscar las mejores soluciones posibles”, agregó, pero dijo que se iban a oponer a votar el apartamiento en caso que Martín decidiera sostenerlo.

A continuación, Gutiérrez reveló que al ministro “se lo ha citado dos veces” y “lo hemos vuelto a citar en el día de la fecha, porque no contestó al primer pedido”. “Esperemos que conteste el ministro”, pidió y sugirió que “si fallase cualquier acción para que venga” los diputados puedan “hacer en conjunto todas las preguntas (por escrito) que sean necesarias y enviárselas”. 

La presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, pidió entonces postergar la votación del apartamiento y que “trabajen con el diputado Gutiérrez la presencia del ministro”. 

“Queremos efectivamente que venga a responder, si tenemos esa garantía en el día de hoy, obviamente estamos a disposición, sino más adelante vamos a pedir la votación nominal”, concedió Martín. 

Tras la votación de la moratoria previsional, se fijó como fecha para esta citación el jueves 9 de marzo, en la Comisión de Seguridad Interior. Así se comprometieron en el recinto el presidente de esa comisión, Ramiro Gutiérrez y el presidente del bloque del Frente de Todos Germán Martínez.

El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) habló sobre la situación productiva de la economía nacional y disparó contra el presidente Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa (Economía): “Hay una economía que funciona con parches”.

En tal sentido, el diputado santafesino sostuvo que “no hay dólares para la producción, pero hay millones de dólares para comprar una deuda”, en relación a la medida del Gobierno a principios de año.

Entrevistado en Continental, Martín afirmó:“Lo que estamos viviendo en materia de producción es la crónica de un final anunciado”, y agregó: “Los sectores productivos nos dicen que el problema está en la importación”.

“Hay una falta de elementos esenciales como agua oxigenada y la mayoría de los empresarios tienen miedo a represalias de aparecer en listas negras (sobre

no tener aprobado en el sistema el permiso a importar)”, señaló el radical que expresó: “Hay rubros totalmente paralizados”.

Del mismo modo, añadió: “En materia económica cuando paralizas las importaciones estancas al sistema productivo”. “En Santa Fe han adelantado licencias para evitar perder puestos de trabajo”, relató el diputado.

En el final se refirió a la visita del secretario de Comercio, Matías Tombolini, a la reunión de Comisión homónima y explicó que “la preocupación es materia de consulta, tanto de la oposición como del oficialismo”.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Juan Martín, presentaron un proyecto a través del cual exigen que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio den cuenta del impacto de los retrasos de los permisos para habilitar importaciones. “Esta situación pone en jaque la actividad económica de varios sectores y, por lo tanto, el empleo. “Son los resultados de improvisar permanentemente, poniendo parches por todos lados, sin un plan económico consistente”, afirmó Juan Martín.

Cuando se implementó el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), el secretario de Comercio, Matías Tombolini, dijo que el mecanismo serviría para “terminar con la joda” de los que especulan con dólares destinados a la importación. En los hechos, el sistema genera una serie de demoras a miles de empresas se ven imposibilitadas de producir porque no pueden acceder a los dólares para importar insumos básicos. La situación pone en jaque el nivel de actividad y, en consecuencia, el empleo.

Frente a este grave cuadro, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes destinado al Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio para que se indique “qué medidas piensa implementar el gobierno ante la falta de insumos para evitar un freno en la producción, que generará un impacto negativo para la economía, mayor al que ya viene atravesando”. La iniciativa de Juan Martín es acompañada por 27 pares del interbloque.

“El reemplazo del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), se proponía aumentar el control del comercio exterior y mejorar los plazos de pago. Sin embargo, el último relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA), expone que más de un 80% de las empresas indicó que los plazos de aprobación de las solicitudes con el nuevo sistema son más largos que con el sistema anterior”, apunta el diputado del radicalismo santafesino.

“En su momento se dijo que el sistema serviría para terminar con la joda de los que aprovechaban los permisos para especular con los dólares. Lo que nosotros nos preguntamos es qué va a hacer el gobierno con los cientos de empresarios, que son mayoría y no están en ninguna joda, buscan producir y hoy se ven gravemente afectados”, señala el legislador.

En ese sentido, Juan Martín cita el informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) de enero de este año, en base a una encuesta a más de 200 micro, pequeñas y medianas empresas importadoras de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, bienes de consumo y piezas para bienes de capital, que reveló que, “en los últimos 2 meses, del total de empresas, el 76% indicó que solo se le aprobaron menos del 25% de las SIRA solicitadas y que ante la imposibilidad de importar, el 93% redujo su nivel de inventario y ventas; el 61% manifestó que no consigue financiación de proveedores del exterior; en tanto que el 85% de las empresas no tuvo ningún contacto con la Secretaría de Comercio Interior a la fecha”.

Casos concretos

En la iniciativa, el diputado destaca algunas situaciones puntuales que sirven como muestra de lo que sucede: falta agua oxigenada, cloruro de calcio, ácido fosfórico, claves para diferentes cadenas de valor a lo largo y a lo ancho del país. “De nuestra recorrida por los parques industriales de la provincia de Santa Fe, hemos podido conocer de primera mano la dificultad que atraviesan quienes requieren insumos químicos”, agregó el diputado radical.

La falta de cloruro de calcio para la industria láctea derivaría en yogures y quesos con menos calidad y problemas de higiene en todos los procesos. La escasez de agua oxigenada, afecta a la industria alimenticia en general y frigorífica en particular. De este último producto, sólo 40 % de lo que consume el país se produce en la Argentina, en una planta de Río Segundo en Córdoba, que está paralizada por un problema laboral.

Otro sector muy afectado, que se encuentra en una situación límite es el del caucho y afines, el 87,9% dice tener dificultades para garantizar el abastecimiento de insumos clave para la producción y 57,5% está con riesgo de parada de planta por falta de insumos para producir.

“Como queda claro, la falta de insumos genera un impacto negativo para la economía, precisamente con estancamiento y recesión, y agrega problemas a los que ya venimos atravesando. A su vez, escala la inflación, porque las industrias, las empresas siguen afrontando los costos fijos, para producir menos, porque no cuentan con los insumos. Termina siendo un tiro en el pie”, concluye el diputado.

El pedido de informes del diputado Juan Martín es acompañado por sus pares Lidia Ascárate, Pedro Galimberti, Gabriel Chumpitaz, Victoria Tejeda, Lisandro Nieri, Manuel Aguirre, Mario Barletta, Gabriela Lena, Germana Figueroa Casas, María Eugenia Vidal, Soledad Carrizo, Pablo Torello, Danya Tavella, Graciela Ocaña, Ingrid Jetter, Carlos Zapata, Karina Bachey, Marcela Antola, Mariana Stilman, Carolina Castets, Carla Carrizo, Aníbal Tortoriello, Pamela Verassay, Dolores Martínez, Marcela Campagnoli, Virginia Cornejo y Alberto Assef.

El Gobierno nacional modificó días atrás el Presupuesto 2023, autorizando un incremento en las partidas para el Ministerio de Educación, con el objetivo de atender gastos vinculados a las Universidades Nacionales. De acuerdo a la resolución, las casas de altos estudios que lideran la lista de beneficiadas están ubicadas, mayormente, en el conurbano bonaerense.

Tal situación despertó el enojo de legisladores de otros distritos, como es el caso de Santa Fe. “Una serie que lamentablemente ya conocemos bien: Santa Fe discriminada. Ahora le toca a la educación superior. El Gobierno distribuye recursos a las universidades sin ninguna proporcionalidad, ni argumentos, ni sentido federal. Profundizan arbitrariamente las inequidades”, advirtió el diputado radical Juan Martín.

A través de un hilo de Twitter, el legislador señaló que “curiosamente, buena parte de las partidas adicionales asignadas se destinan a las universidades del conurbano bonaerense, donde el Gobierno se empeña en despilfarrar fondos para sostener su caudal electoral. Mientras, los santafesinos seguimos recibiendo destrato”.

Martín agregó: ” ‘El estado presente’ y la ‘defensa de la educación pública’ chocan de frente con la realidad cada vez más difícil que atraviesan nuestras casas de estudio. En los hechos implica menos equipamiento, investigación y extensión en el interior del país. El relato no resiste. Cruje”.

Por su parte, su compañera de bloque Ximena García cuestionó que “Santa Fe y las universidades de la provincia pierden fondos en manos del gobierno K”. “(Sergio) Massa y (Juan) Manzur asignaron arbitrariamente y sin criterio federal partidas presupuestarias para las Universidades Nacionales, enviaron fondos sólo a 25 de las 57 universidades que tiene el país. 13 son el AMBA, y la mayoría del conurbano bonaerens, NINGUNA de la provincia de Santa Fe”, detalló.

La legisladora remarcó que los santafesinos tienen “un polo académico y científico de referencia en el país que potencian el crecimiento nacional”. “No hay criterios de distribución de los montos, ni ningún elemento que permita entender la decisión, por eso presentamos un pedido de informes en el Congreso para que den explicaciones”, anunció y completó: “Debemos defender con una mirada federal la educación del país”.

Curiosamente, buena parte de las partidas adicionales asignadas se destinan a las universidades del conurbano bonaerense, donde el gobierno se empeña en despilfarrar fondos para sostener su caudal electoral.

Mientras, los santafesinos seguimos recibiendo destrato. pic.twitter.com/T7V07sbaJD

— Juan Martín (@juanmartinmusac) January 30, 2023

13 son el AMBA, y la mayoría del conurbano bonaerense, NINGUNA de la provincia de Santa Fe.
Los santafesinos tenemos un polo académico y científico de referencia en el país que potencian el crecimiento nacional.

— Xime Garcia (@XimenaGarciaBl) January 30, 2023

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Juan Martín (UCR-Santa Fe), presentaron un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para tipificar y sancionar la portación de armas blancas, que hoy no es un delito.

El proyecto va más allá de la tenencia en sí impulsa modificar el artículo 41 bis del Código Penal argentino, para agravar penas por el uso de armas blancas, o incluso cualquier tipo de elemento cortante. Si un delincuente los emplea para cometer un ataque o intimidar a la víctima, se propone elevar la condena para el delito que se trate a un cuarto en su mínimo y en su máximo.

“Nuestro Código Penal tiene más de 100 años: los tiempos exigen que actualicemos las normas y nos hagamos cargo. No puede ser que cualquiera pasee con un cuchillo por la calle y no pase nada. La Policía y la Justicia deben hacer su trabajo, pero necesitamos herramientas claras en nuestra legislación. No son momentos de mirar para el costado. Hace falta determinación y firmeza”, explicó Juan Martín, autor del proyecto.

La iniciativa propone incorporar al Código Penal de la Nación que quien porte armas blancas u objetos cortantes o contundentes, inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir, será reprimido con prisión de 6 meses a dos años de prisión y multa de $50.000 a $100.000. Igual pena corresponderá a quien suministre estas armas a menores de 18 años. Además, la tenencia de forma desenfundada o con la hoja desprotegida de armas blancas será reprimida con prisión de 1 a 3 años de cárcel, y multa de $100.000 a $250.000.

Quedarán exceptuados quienes deban portar un elemento cortante por motivos de profesión, oficio o actividad.

Acompañan esta iniciativa María Luján Rey, Gabriel Chumpitaz, Mario Barletta, Manuel Aguirre, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Jimena Latorre, Lidia Ascárate, Aníbal Tortoriello, Gustavo Bouhid y Martín Berhongaray.

Luego del atentado que tuvo como principal víctima a Cristina Fernández de Kirchner, legisladores han presentado numerosos proyectos para saber cómo esta garantizada la seguridad a los mandatarios. Una de ellas fue la vicepresidenta del bloque UCR en Diputados, Karina Banfi, quien volvió a presentar una iniciativa solicitando información al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, Banfi criticó que “durante la sesión informativa del 14 de septiembre de este año, le pregunté al jefe de Gabinete Juan Manzur sobre la seguridad de los mandatarios. No respondió. Reenvié mis preguntas por escrito a través de una nota”, y denunció que “respondió, pero negándose a dar la información”.

Al respecto, comunicó que, junto al vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, el diputado santafecino Juan Martín, “presentamos un pedido de acceso a la información pública para saber cómo está garantizada la seguridad de los presidentes y vices. Necesitamos saber”.

El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) presentó un proyecto para interpelar al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por la situación de la seguridad en la provincia de Santa Fe. Además, contó con el acompañamiento de varios diputados santafesinos.

El autor del proyecto afirmó: “En Santa Fe esta situación no se tolera más. Por eso le exigimos al ministro que venga al Congreso y rinda cuentas de una vez por todas. Queremos saber qué están haciendo desde su cartera, que a todas luces no resulta suficiente ni está dando resultados”.

La iniciativa fue acompañada por los diputados santafesinos Federico Angelini (Pro), Mario Barletta (UCR), Carolina Castets (Coalición Cívica), Gabriel Chumpitaz (Pro), Germana Figueroa Casas (Pro), Ximena García (UCR), José Núñez (Pro) y Victoria Tejeda (Evolución Radical).

“Queremos que informe la cantidad real de efectivos federales desplegados en territorio santafesino, especificando lugar de destino y funciones encomendadas y razones por las cuales no ha arribado aún el refuerzo de fuerzas federales anunciado en septiembre de 2021”, señaló Martín.

Del mismo modo, aportó datos del Observatorio de la Seguridad Pública de Santa Fe e informó que “Rosario llegó a 264 asesinatos. Las mujeres víctimas de homicidios registrados a nivel provincial trepó al 19,7 por ciento, cuando a lo largo de todo 2021 su incidencia fue del 9,4”.

Además, afirmó que “Nación dejó a Santa Fe en absoluto desamparo”, y cuestionó que la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro Aníbal Fernández “se pelean por ver cuántos gendarmes suman al conurbano bonaerense, mientras que nuestra provincia sigue absolutamente fuera de agenda”.

En el cierre, Juan Martín remarcó su crítica hacia la vicepresidenta y señaló que “poco le importan las muertes, el avance del narcotráfico y las economías del delito que a diario sufren los santafesinos”. Asimismo, cerró: “Los refuerzos los piden para el conurbano, siempre priorizan su bastión electoral”.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto al diputado nacional de Santa Fe, Juan Martín, presentaron un proyecto que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos, para agilizar las investigaciones criminales. La exposición de la iniciativa basada en la experiencia mendocina fue presentada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. 

Durante la conferencia, Cornejo comentó que la iniciativa se está presentando en las dos cámaras del Congreso y, paralelamente, el diputado provincial Maximiliano Pullaro también elevó a la Legislatura santafesina un proyecto que tiene la misma dirección.   

Cornejo explicó que en 2013 se sancionó la Ley 26.879 que creó por unanimidad el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, esta ley se reglamentó recién en el 2017, a través del decreto 522/17: “Lamentablemente ese banco tiene una escasa gestión por parte del Estado y sólo ha reunido 400 muestras, que es una base de datos muy chica”. 

Cornejo y Martín expresaron que el objetivo es generar una base de datos tan grande que permita los esclarecimientos de los delitos, lo que ofrece condenas indubitables. “Si hay un testimonio, más la localización de rastros de ADN en la escena del hecho, esa persona tiene que dar explicaciones”, sostuvo el senador nacional y aseguró que “cuando asumí la gobernación de Mendoza teníamos 3.900 personas privadas de la libertad. Empezamos modificando el Código Procesal Penal, pusimos en marcha en Registro de Huellas Genéticas e hicimos un trabajo de resocialización en las cárceles que hoy nos permite mostrar que el 50% estudia y la otra mitad trabaja”. Además, puntualizó que las medidas tomadas ayudaron a los homicidios cayeran de 9 cada 100.000 habitantes a 4 cada 100.000 habitantes. 

Según explicaron los legisladores, lo que se busca es tener una base mucho más amplia y abarcativa a todos los delitos y que crezca y se alimente de todas las provincias. “La mayoría de los delitos son de orden provincial”, remarcó Cornejo y comentó que para la elaboración del proyecto se tomó como modelo del Registro de Datos Genéticos de Mendoza, el cual hoy cuenta con 61.274 muestras extraídas. De ese total, 43.754 corresponden a imputados, 1.246 a condenados por abuso sexual, 4.870 a condenados por otros delitos, 56 a personas absueltas, 10.784 a personal de fuerzas de seguridad, 197 a personal de seguridad privada, 219 a personal del poder judicial y 148 a voluntarios.  

El presidente del interbloque reafirmó que el registro de Mendoza “es la base de datos más amplia de Latinoamérica” y se han realizado ya 423 impactos identificatorios positivos (matchs). “De estos impactos identificatorios positivos, 157 correspondieron a investigaciones sobre delitos de abuso sexual, 127 a robo agravado, 86 a homicidios, 24 a robos simples, 3 a delitos de lesiones, 7 a hurtos y 19 a otros delitos”, precisó el mendocino. 

Además, sostuvo que la experiencia mendocina ha sido positiva para la investigación de diferentes delitos y marca lo importancia de la construcción de bases de datos amplios que sirvan para resolver investigaciones penales. “La posibilidad de estos impactos identificatorios positivos contribuye a garantizar el servicio de justicia y coadyuva a la seguridad ciudadana”, confirmó. 

Por su parte, Martín comentó que “cuando el Estado llega tarde o no funciona el dolor para las víctimas es irreparable, pero al menos traer justicia trae paz” y remarcó la experiencia de Mendoza al considerarla como “incontrastable”. Además, explicó que “este banco y registro evita nuevos delitos, porque esos delincuentes que pudieron ser identificados por los fiscales y tuvieron su condena no están dando vuelta para cometer otros delitos. Es una visión que compartimos con Alfredo y es que toda la política de seguridad tiene que ser ponernos en el lugar de las víctimas”. 

Según contempla la iniciativa, el registro funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sobre la base de la huella genética digitalizada, obtenida de un análisis de ADN en las circunstancias y bajo las modalidades establecidas por este proyecto de ley. Asimismo, se establece que funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional y cada provincia podrá, luego de adherir a la presente ley, contar con un registro provincial respecto del fuero ordinario. 

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo (UCR- Mendoza), y el diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) presentaron este jueves un proyecto que apuesta a la modificación de la Ley N°26.879, de Registro Nacional de Datos Genéticos, con el objetivo de que “sea útil para todas las investigaciones criminales”.

Desde el Salón Auditorio Emar Acosta, edificio Alfredo Palacios del Senado, los legisladores estuvieron acompañados por el doctor Miguel Marino, director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de Mendoza; Isabel Yaconis, de la Asociación Madres del Dolor, y Guillermo Bargna, de Usina de Justicia.

Al hacer uso de la palabra, Cornejo agradeció a su par Martín por interesarse en los temas de inseguridad que “buena parte de la dirigencia política se acuerda de esos temas en campaña, pero no de trabajarlos en profundidad”, y lamentó que sea “el principal problema de la Argentina. La inflación se lleva la marca porque es inusual, pero la inseguridad recorre casi todas nuestras ciudades y requiere de un tratamiento profesional de sus políticos y en particular de usar bien los recursos técnicos y humanos”.

En esa línea, recordó que en su experiencia como gobernador de Mendoza “nos focalizamos mucho en eso”, y remarcó: “Digo esto de la política porque en general hay una sensación de que se puede convivir con inflación y con inseguridad”.

“Es insoportable vivir con inflación y con inseguridad”, expresó Cornejo y argumentó que eso “genera una mala calidad de vida colectiva e individual a la mayoría de las personas. Solo pocas personas, incluso con mucho capital, pueden preservarse de problemas como la inseguridad y así y todo pueden ser víctimas”.

Para el senador radical, la inseguridad requiere “de un abordaje integral, sistemático, profesional y no meros discursos ideológicos, que perturban y no permiten resultados concretos”.

“En Mendoza nos tomamos en serio esa situación, hay inseguridad obviamente, pero hay una reducción significativa de los delitos graves, de homicidios en general. Lo hay por un abordaje integral, entre ellos un proyecto que, en Argentina me alarma que no esté haciéndose a nivel federal y no se haga en la mayoría de las provincias”, expresó con preocupación y explicó: “Es generar un banco genético lo más amplio posible para poder reprimir legalmente los delitos violentos -delitos sexuales, homicidios- y los no violentos”.

En ese sentido, precisó que esa modificación y ese instrumento sirven “para prevenir esos delitos”, y explicó que la creación del banco genético en Mendoza en 2016, que fue una modificación a la Ley que rige a nivel nacional, consistió en tomar una muestra genética a todos los imputados de todos los delitos en la provincia.

“Sonó muy duro, solo Inglaterra tenía una legislación fuerte que por 50 años se mantiene el banco genético las huellas de quienes han cometido delitos, en Mendoza lo hicimos. Modificamos la ley e incorporamos a todos”, explayó el titular del interbloque de JxC en el Senado.

En suma, agregó que “la imputación ha generado por supuesto, si es sobreseído, que también las modificaciones procesales permitieron plazos cortos en cada una de las causas penales y no plazos interminables, sale del banco genético inmediatamente”.

“Hay políticas públicas de seguridad y tantas otras que no se evalúan, en este caso si las hemos evaluados”, comparó y precisó que se ha generado un banco genético de 67 mil registros lo que “permite esclarecimientos concretos. Es una ejecución práctica de lo que se dice”.

A su vez, destacó que el banco genético de Mendoza es el “más grande” de Latinoamérica en cantidad y gracias a eso se han esclarecido desde 2016 hasta la actualidad, 1200 delitos porque “las investigaciones policiales tienen un montón de fallas que muchas veces terminan en impunidad. La policía muchas veces se rige por el ‘soplón’ o con testimonios”.

“El registro genético es una prueba indubitable, se lo encuentra en la escena del crimen y tiene que explicar por qué estaba allí y es una prueba difícil de defender”, remarcó Cornejo y agregó que “este dato no es algo menor a la hora de las investigaciones policiales”.

Por otro lado, contó que en el país existe el banco genético, pero solo para delitos sexuales y solo con condenas firmes. “Nosotros estamos elevándolo, no solo con imputación sino con una primera condena, estamos modificando eso, y agregamos todos los delitos porque creemos que el Estado nacional con el enorme gasto público que tiene y demás podría hacer maravillas con esta mera sanción de esta ley, podría hacer justicia e investigaciones profundas y condenas concretas en corto plazo”.

 “Este proyecto, si bien se hizo en Mendoza, allí fue por iniciativa por familiares de víctimas que traían el problema, lo describían. Me siento orgullo de estar acompañado de ONG y eso le da la legitimidad porque no es un proyecto de un político, están muy compenetradas en tener justicia y poder vivir en paz”, cerró su presentación Cornejo.

A su turno, el diputado santafesino Juan Martín agradeció al senador de tener la convicción de “asumir los problemas de inseguridad que hay, pensar, proyectar y dar soluciones que, seguramente, son perfectibles y hay cosas para pensar e innovar”, y lo ponderó porque “claramente es la Argentina uno de esos dirigentes que tiene esa convicción inquebrantable para que vivamos más seguros y en paz”.

“Estamos convencidos de que la política en seguridad se tiene que planificar, proyectar, monitorear a partir de ponerse en los zapatos de las víctimas porque no podemos pensar la inseguridad y hablar con tanta liviandad y con prejuicios ideológicos sin empatizar con los que sufren y los que ya no están. Ese paradigma tenemos que tener claro para abordar la política de seguridad”, sostuvo.

Además, planteó la necesidad de agregar innovación, tecnología, nuevas herramientas para poder “cambiar el chip” porque “no es solo más prevención, más patrulleros, hay cosas que se pueden hacer si nos ponemos a pensar en nuevas soluciones”.

“En ese sentido va el proyecto. En la Argentina tenemos una herramienta, pero queremos hacer un cambio trascendente de paradigma en dos sentidos: ampliando el espectro para que no sea únicamente delitos contra la integridad sexual con condena firme lo que termina siendo que los hechos no haya registros, porque hoy hay 400 perfiles genéticos, pero en los hechos no tiene implicancia práctica; por otro lado tenemos que dejar las falsas dicotomías de no pensar en una condena accesoria, hoy parece que estar en este registro es una carga, es un veraz de los condenados y así no logramos nada”, explayó Martín.

En esa línea, indicó que “cambiar esa dinámica es parte de asumir que el Estado llega tarde y poder llegar para que tengamos justicia que trae paz, tranquilidad. Además, ayuda a resolver muchas otras situaciones que no tienen que ver con la inseguridad como casos de desaparición de personas”.

“Para llevar adelante este tipo de medidas, se necesita decisión política, creatividad y monitoreo, pero sobre todo, gestión. Y justamente esa decisión política hace falta hoy en la Argentina, particularmente en provincias como la mía, Santa Fe. Mendoza, desde que comenzó la gestión de Alfredo Cornejo, logró reducir la tasa de homicidios de 9 a 4 cada 100.000. En Santa Fe, de acuerdo a datos de 2021, en la provincia estamos en 10,5 cada 100.000; con picos en los departamentos Rosario (18,5) y el departamento La Capital (13,61)”, argumentó Juan Martín.

“Esto tiene que ver con una fuerte decisión política porque este proyecto de ley puede traer un aporte concreto y brindar una herramienta muy útil, pero hay que tener decisión para que cumpla su fin porque sino el registro queda abstracto y no cumple su finalidad. Tenemos que brindarle insumos, tenemos que trabajar, hacer gestión y eso es lo que le falta a la Argentina”, resaltó el santafecino.

Y reclamó: “No podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que pensar alternativas. La OMS lo considera como una pandemia a las muertes y a la inseguridad. Este es el diagnóstico con el que tenemos que partir. Esto es un proyecto concreto y la experiencia de Mendoza es lo que se tenía que hacer en todo le país, es cambiar toda la dinámica de prevención, se trata también de cambiar el régimen procesal-penal para hacerlo mas eficiente y así se logra escuchar a las víctimas”.

En su presentación, Miguel Marino señaló que la mayoría de las provincias tiene esta ley, pero solo contra la integridad sexual y con condena firme. Hay solo cuatro provincias con datos funcionales: “Córdoba fue la primera que tuvo base de datos, Mendoza, La Pampa y Salta”.

“Mendoza tiene 67.361 tiene el 3,5% de su población. En el mundo se estima que el número ideal está dentro del rango del 4 al 5%”, informó y sumó: “Respecto a los cambios que se hicieron en Mendoza para que sea una base de datos funcional incluye a todos los delitos penales y menores con responsabilidad penal declarada; incluye a la policía de la provincia, servicio penitenciario, policía judicial, funcionarios y personal del Poder Judicial que intervienen en el lugar del hecho; directivos, propietarios, socios y personas de las empresas de seguridad privada”.

Y explicó que “son perfiles de contaminación y se han eliminado cientos en escenas del crimen que en caso de no contar con un base de datos nos desviarían la atención de una investigación”. También, indicó que “se hicieron actualizaciones y se estableció que es por ley el dato genético. Un perfil genético es un análogo a la huella dactilar, es un sistema de identificación. No me permite a mi saber nada de una persona más que su identidad. La ley estableció que se desvincule el dato filiatorio de los genéticos a través de códigos de barra”.

Sobre la composición actual del registro detalló: imputados 46.523, condenados 5.593, condenados por abuso sexual 1.350, fuerzas de seguridad 11-174, fuerzas privadas 2.164, Ministerio Público Fiscal 249, voluntarios 318, lo que hace un total de 67.371 registros.

“El 75% de la base de datos tiene entre 18 y 40 años, esto es un dato que alarma y preocupa. El 38% tiene entre 20 y 30 años y casi el 12% tiene entre 18 y 20 años. Tenemos una población de delincuentes muy jóvenes. El 90% de la base de datos está compuesta por varones”, alertó Marino.

En esa línea, informó que “tenemos 493 hits entre una persona y la base de datos: abuso sexual 167, robo agravado 158, homicidio 104, robo simple 34 y otros 30, lo que impacta en 1400 causas”, y ponderó que la base de datos tiene una eficacia de evidencia del 61,5%.

Guillermo Bargna remarcó que la Ley de registro nacional fue aprobada por unanimidad en el 2013 y cuestionó los años que demoró en reglamentarse que “pasa a ser una vergüenza de la Argentina porque se reglamentó recién en 2017”.

“Ese registro nacional hoy es una mera muestra de la ineptitud con la que en muchas cosas nos movemos en el país. El último registro que tenemos de esa base de datos son 431 en el orden nacional habiendo 35 mil presos por delitos sexuales en el país eso representa nada y eso encontramos los familiares de víctimas”, criticó y consideró que “esto así no puede seguir. Hay muchos motivos por los que ese registro no funciona, primero por una falta de idoneidad de los directores, la falta de racionalización de los distintos sistemas que recogen el ADN y una falta total de decisión política de activarlo y que eso es lo peor”.

Pasa a ser una vergüenza de la Argentina que la ley se haya reglamentado recién en 2017”.

En el uso de la palabra, Isabel Yaconis recordó que su hija en el 2003 volviendo de la escuela “encontró la muerte a tan solo 50 metros de la casa, ¿cuál fue su pecado? Su asesino estaban agazapado que salió a buscar a una víctima y fue mi hija”.

“En el 2003 encontraron ADN en el uniforme de mi hija, pensamos que lo iban a atrapar, pero las muestras que se cruzaron fueron 10 y el resultado fue negativo. Yo culpo al asesino que salió a buscar a la víctima”, relató y agregó: “Yo pensé que había un bando de ADN, pero me di la cabeza contra la pared, no había nada en realidad ¿por qué Argentina no tenía banco de genética?”.

Y cuestionó: “En el 2013 el proyecto fue votado por unanimidad, pero ahí vino la mentira porque nunca se reglamentó me enteré de casualidad en el 2017 que no estaba reglamentado. Fue otro golpe. La Ley dormía en un cajón en la Secretaría de Ciencia y Tecnología”.

El proyecto

El proyecto de modificación a esta ley propuesta está principalmente inspirado en la ley 8916 de la provincia de Mendoza sobre el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas sancionada en 2016. La experiencia del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas provincial ha sido positiva para la investigación de diferentes delitos y marca la importancia de la construcción de bases de datos amplias que sirvan para resolver investigaciones penales.

Tal como se mencionó, actualmente el registro mendocino cuenta con 67.000 muestras extraídas, de las cuales 43.754 corresponden a imputados, 1.246 a condenados por abuso sexual, 4.870 a condenados por otros delitos, 56 a personas absueltas, 10.784 a personal de fuerzas de seguridad, 197 a personal de seguridad privada, 219 a personal del poder judicial y 148 a voluntarios. Este registro es la base de datos más amplia de Latinoamérica.

El registro ha realizado ya 472 impactos identificatorios positivos. De estos impactos identificatorios 157 correspondieron a investigaciones sobre delitos de abuso sexual, 127 a robo agravado, 86 a homicidios, 24 a robos simples, 3 a delitos de lesiones, 7 a hurtos y 19 a otros delitos.

Con el proyecto de Alfredo Cornejo y Juan Martín se plantea discutir una reforma a la ley que haga útil este registro para todas las investigaciones criminales. En la elaboración de la iniciativa fueron determinantes los aportes de Miguel Marino, director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de la Provincia de Mendoza y de las asociaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos de las víctimas, en las personas de Isabel Yaconis de la asociación Madres del Dolor y Guillermo Bargna de Usina de Justicia.

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Este jueves a las 11, el presidente del interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, junto al diputado nacional, Juan Martín, presentarán su propuesta de modificar la ley N° 26.879 para crear un registro nacional de datos genéticos que sea útil para todas las investigaciones criminales.

Será en el Salón Auditorio Emar Costa del Senado, en Hipólito Yrigoyen 1702, piso 5. 

La iniciativa plantea discutir una reforma a la ley que actualice el registro que por el momento solo está vinculado a Delitos contra la Integridad Sexual. El proyecto de Cornejo y Juan Martín pretende ampliar ese registro para que sea una herramienta en todas las investigaciones penales.

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En la sesión especial de este jueves, la Cámara baja convirtió en ley por 189 votos a favor, 13 negativos y una abstención, la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2023.

La norma, enviada por el Poder Ejecutivo, modifica además el artículo 4 de la Ley 26.216, sobre las finalidades del programa, que serán: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; y la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.

También, la promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; el control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.

Los votos en contra correspondieron a los diputados de la Coalición Cívica Victoria Borrego, Laura Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Juan Manuel López, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto y Mariana Stilman. También votaron en contra Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Francisco Sánchez y Alfredo Schiavoni del Pro, y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza). La única abstención fue de la chaqueña Marilú Quiroz (Pro).

El debate

Defendió el dictamen el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Ramiro Gutiérez (FdT-Buenos Aires), resaltó la aprobación unánime que el proyecto tuvo en el Senado. Un proyecto que “importa una voluntad, una política del Estado nacional, decidida en el año 2006 y que ha tenido una continuidad, Gobierno tras Gobierno, de sostener este programa que retira el remanente de las armas”.

Destacó el legislador que en 2017 se hizo la primera encuesta de victimología, que “reveló un número que pocas veces he visto en mi desarrollo profesional: para robos de autos, camiones y camionetas, en el 93,2% de los casos intermedió un arma de fuego. Es un número altísimo. Por eso, como esas armas si no se entregan para su destrucción, permean al mercado ilícito, nosotros tenemos que ayudar y fomentar estos programas”.

Ramírez puntualizó que “menos armas disponibles son menos violencia y menos víctimas”.

A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Juan Martín, sumó algunos datos, correspondientes a su provincia, Santa Fe. Entre 2014 y 2021, 7 de cada 10 homicidios fueron con armas de fuego.

“Casi la mitad de las muertes no son en defensa propia, sino conflictos interpersonales resueltos de manera muy violenta. Por eso es que hacen falta programas como este”, estimó.

A continuación aclaró que desde Juntos por el Cambio sentían que habían diferencias de criterios en la materia, pero resaltó el consenso mínimo alcanzado para reducir la violencia. “Nadie duda de la herramienta para reducir la violencia”, señaló, pero aclaró que tenían algunas discrepancias sustanciales. Por ejemplo respecto de la dinámica misma del sistema. Por eso planteó que no debía ser renovado sistemáticamente, sino que el programa debía regir de manera permanente.

De hecho, advirtió que “hoy el programa está vencido”, por eso llamó a “ir a un régimen integral”, al tiempo que reclamó también un incentivo económico sustantivo, porque en la actualidad el pago por esas armas ha quedado “totalmente desfasado”.

“Hechas estas salvedades, es mejor tener un programa a no tener ninguno”, reconoció.

A continuación, la diputada chubutense Estela Hernández (Frente de Todos) reconoció coincidencias con el diputado Martín, por ejemplo en el carácter permanente que debía tener el programa. Pero le puso al tema un tono político al preguntarse “cómo se puede pacificar la vida social, los conflictos, cuando permanentemente vemos violencia, ironía, descalificación, aun en esta Cámara”.

“¿Cómo podemos pacificar una sociedad cuando hay diputados de la Nación, alguno sentado quizás aquí, que livianamente en sus redes sociales pide pena de muerte?”, se preguntó en referencia al diputado neuquino Francisco Sánchez (Pro), al que no mencionó puntualmente. Se quejó porque no había escuchado a ningún diputado o diputada de la oposición repudiando esas palabras. “Porque las palabras tienen consecuencias, no se pueden emitir porque sí, tienen consecuencias, porque las escuchan muchísimas personas, y cuando somos representantes, tenemos una función política. Esa palabras pueden tener consecuencias”.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade se manifestó a favor del proyecto, pero hizo ciertas observaciones, objetando “lo que hoy se va a votar, en el contexto en que se va a votar”.

“Todo lo que han planteado es teórico, y ni siquiera han distinguido las armas que el Estado tiene y la entrega voluntaria de armas, se habla como si fuera todo lo mismo y no es todo lo  mismo. Cuando uno empieza a recabar información se encuentra que hay muy poca”, se quejó, advirtiendo que “como está funcionando el programa, quizá sea más inofensivo que Don José tenga un arma guardada en un placard y no que la entregue al Estado y no sepamos qué sucede después”.

Así las cosas, y basándose en un informe enviado al ANMAC que no la convenció en absoluto, planteó sus dudas respecto del destino de las armas entregadas, reclamó que se haga presente la titular del organismo ante la Comisión de Seguridad Interior, e hizo una moción para que el proyecto volviera a comisión, adonde deberían concurrir las autoridades para responder las dudas planteadas.

La moción fue rechazada.

A su turno, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) coincidió con su colega Mónica Frade en cuanto a que la ANMAC no había brindado la suficiente información reclamada y por eso él y la legisladora de la CC habían expresado sus disidencias en la comisión. “Estamos votando a ciegas”, reconoció López Murphy, quien consideró también “inadecuado” el sistema de incentivo, y llamó la atención a sus colegas por “haber subestimado el pedido de la diputada Mónica Frade”.

Más allá de compartir el objetivo de la norma, coincidió con la diputada de la Coalición Cívica en la necesidad de que el proyecto volviera a comisión.

Cerró el debate la radical Ximena García que sostuvo que “tenemos que abordar la seguridad como una política de Estado que no dependa de una u otra administración”.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, y el diputado nacional Juan Martín (UCR) anunciarán su propuesta de modificación de la Ley N°26.879, de Registro Nacional de Datos Genéticos, con el objetivo de que “sea útil para todas las investigaciones criminales”.

La presentación se realizará este jueves, a las 11.30, en el Salón Auditorio del Anexo del Senado.

La Ley 26.879, sancionada en julio de 2013, creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, estableciendo que se almacenaría solamente la información genética obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual. “Esta última característica dificultó que el actual registro cumpliera con su fin primigenio al estar limitado solamente a aquellas personas con condena firme, reduciendo el margen de acción del registro”, explicaron.

A pesar de haber sido sancionada en 2013 esta ley fue recién reglamentada en 2017 por el decreto 522/17. “Hoy, casi 6 años después de su reglamentación, el registro nacional con las características que tiene actualmente solo guarda aproximadamente 400 perfiles genéticos volviendo poco útil a sus fines al mencionado registro”, señalaron los legisladores radicales.

El proyecto de modificación está principalmente inspirado en la Ley 8.916 de la provincia de Mendoza, sobre el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, sancionada en 2016. “La experiencia provincial ha sido positiva para la investigación de diferentes delitos y marca la importancia de la construcción de bases de datos amplios que sirvan para resolver investigaciones penales”, sostuvieron.

Actualmente el registro mendocino cuenta con 65 mil muestras extraídas. Este registro es la base de datos más amplia de Latinoamérica. El registro ha realizado ya 472 impactos identificatorios positivos. De estos impactos identificatorios, 157 correspondieron a investigaciones sobre delitos de abuso sexual, 127 a robo agravado, 86 a homicidios, 24 a robos simples, 3 a delitos de lesiones, 7 a hurtos y 19 a otros delitos.

“Con el presente proyecto de modificación planteamos discutir una reforma a la ley que haga útil este registro para todas las investigaciones criminales y ampliando la base del registro para que sea útil en estas investigaciones”, afirmaron Cornejo y Martín.

En la elaboración de la iniciativa aportaron el doctor Miguel Marino, director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de Mendoza, y las asociaciones de la sociedad civil que luchan incansablemente por los derechos de las víctimas, en las personas de Isabel Yaconis, de la Asociación Madres del Dolor, y Guillermo Bargna, de Usina de Justicia.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Juan Martín (UCR Santa Fe), presentaron un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal de la Nación y proveer de una herramienta concreta para reintegrar de manera inmediata propiedades ocupadas ilegalmente y poner límite a usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles privados y públicos.

La iniciativa prevé la restitución del terreno o inmueble “en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de procesamiento o de remisión a juicio, con la salvedad de que el derecho invocado por el damnificado fuere verosímil”.

“Proponemos herramientas concretas que coadyuven en el proceso judicial, pero también interpelamos a todos los niveles del Estado a trabajar para que esta situación no se siga replicando: Nación, provincia y sobre todo los municipios deben tener como eje evitar usurpaciones”, destacó Juan Martín, autor del proyecto.

Agregó: “Este accionar constante y deliberado contra la propiedad privada individual requiere la elaboración de instrumentos procesales ágiles, que piensen en garantizar una justicia temprana que repare el accionar de los usurpadores con el restablecimiento inmediato del derecho de posesión y tenencia del bien apropiado, desalentando de esta forma las tomas ilegales”.

“El déficit habitacional real y objetivo que nos interpela, no puede ser resuelto a expensas de los derechos de otros habitantes, como el de propiedad privada, también garantizado constitucionalmente, siendo su solución competencia de otras áreas y organismos del Estado. En última instancia, la ausencia o ineficacia de políticas públicas para resolver el déficit habitacional, no habilita a los particulares a que tomen por vías de hecho la propiedad inmueble estatal o de terceros”, advirtió el diputado santafesino.

“Resulta paradójico que titulares registrales de inmuebles deban emprender un litigio de desalojo contra los ocupantes ilegales y someterse a acciones dilatorias y a tiempos de un juicio ordinario para recuperar algo que le es propio y cuya titularidad surge de manera evidente de la  documentación que acredita su propiedad”, señaló Juan Martín.

Indicó que “el número de denuncias por ocupación de inmuebles en todo el país creció particularmente en los últimos años y no hay respuestas eficientes por parte de las autoridades, que por momentos consienten y apañan ésta actitud delictiva”.

El legislador resaltó que “nada justifica que se usurpen terrenos ni inmuebles, se trate de terrenos privados o propiedad del Estado. La forma de exigir el cumplimiento del ejercicio del derecho a la vivienda no puede ser por mano propia sino de una política gubernamental que la reglamente equitativamente, considerando todos las prerrogativas e intereses en juego”.

Acompañan esta iniciativa los diputados de JxC Mario Negri, Miguel Bazze, Fabio Quetglas, Mario Barletta, Manuel Aguirre, Lidia Ascárate, Gerardo Milman, Pablo Torello, Gabriela Lena, Pamela Verasay, Soledad Carrizo, Gerardo Cipollini, Francisco Monti, Roberto Sánchez, Aníbal Tortoriello, Carlos Zapata, Hugo Romero, Ximena García, Lisandro Nieri, Gustavo Bohuid, Marcela Coli, Juan Carlos Polini, Jorge Vara, Jorge Rizzotti, Marcos Carasso, Miguel Nanni, Karina Bachey, Carolina Castets y Alberto Asseff.

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El diputado de Juntos por el Cambio Juan Martín reclamó la conformación de la Comisión de Seguridad Interior tras advertir que diversos proyectos presentados vinculados a la ola de inseguridad que vive Santa Fe se encuentran sin tratamiento. 

El legislador presentó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara por la demora en la conformación de esta comisión, y diversas otras. 

Respecto a la situación que atraviesa su provincia, Martín consideró que “la realidad es que no hay un plan. La inseguridad se agravó en la provincia de Santa Fe. La promesa de enviar efectivos federales se incumplió, y ahora tenemos un nuevo anuncio de 300 efectivos federales que vendría a llegar el próximo mes, pero no sabemos cuándo ni dónde ni para qué”, y sostuvo que “no hay lugar para jugar con la angustia y el dolor de los vecinos”. 

Por otro lado, señaló además que hay pedidos de interpelación a ministros “que no han venido todavía al Congreso. Tienen que rendir cuentas, porque vivimos en una República. No se pueden enojar, enojados tienen que estar los vecinos de mi provincia que ven cómo el Estado nacional sistemáticamente les suelta la mano en materia de inseguridad. En medio de una nueva crisis, el Estado nacional no hace ningún esfuerzo adicional”. 

Tras denunciar públicamente el diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) que la Nación le retaceó al menos 700 millones de pesos a la seguridad de la provincia de Santa Fe, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, admitió que no está en los planes de la Casa Rosada sumar refuerzos ni recursos. “Veníamos advirtiendo esto que ahora el ministro confirma. Por eso decimos basta de reuniones y de fotos, basta de promesas, basta de excusas: pongan a la seguridad de los santafesinos y santafesinas como prioridad, háganse cargo y cumplan”, afirmó el legislador radical.

Días atrás, el diputado nacional Juan Martín hizo público que, tras analizar la ejecución del presupuesto nacional de 2021, se observa que a la provincia de Santa Fe se le restaron al menos 700 millones de pesos, mientras que en otros jurisdicciones, sin crisis en la materia de la misma magnitud, hubo sobreejecuciones de hasta 600% por sobre lo presupuestado. Al ser consultado al respecto, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández dijo que su cartera “no envía refuerzos”  y que él “no tiene nada que ver con los presupuestos provinciales”.

Para el diputado radical, esta declaración del ministro es “la confirmación de que el Gobierno nacional le soltó la mano en materia de seguridad a Santa Fe”, en momentos en que se vive una crisis de enorme magnitud, con el narco en avance, asesinatos, asaltos, entraderas y todo tipo de delitos al orden del día. “Resulta inaudito e indignante que el ministro de Seguridad de la Nación diga que no envía refuerzos de seguridad a nadie cuando él mismo el 28 de septiembre pasado, en medio de la campaña, había manifestado en una conferencia de prensa que la situación que se vive en Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en toda la provincia, además de ser un problema local, era un problema donde la Nación también tenía que hacer su aporte”, recordó el legislador.

“Y allí -agregó- anunciaron la llegada de 1.575 efectivos federales que deberían ya estar presentes en la provincia. Se puso como plazo el mes de marzo y eso no sucedió y los efectivos federales hoy no están. Y el ministro lo dice sin ponerse colorado y con mucha liviandad”, remarcó Juan Martín.

El legislador señaló además que  “Aníbal Fernández dice que a él no le compete hacer un refuerzo en la provincia de Santa Fe. Entonces, lo que nos preguntamos los santafesinos es, ¿el kirchnerismo cree que puede hacer este tipo de anuncios, jugando con la angustia, la preocupación, y el miedo de los santafesinos y santafesinas, incumplirlos y pasar desapercibidos?”.

Las cifras

La semana pasada, el legislador nacional explicó que la Nación realizó en 2021 una sobreejecución promedio del presupuesto de seguridad en todo el país del 130%, es decir un 30% más de lo proyectado. En principio, esa sobreejecución se debe a que el presupuesto 2021, calculado en 2020, se hizo con proyección de inflación de 29% cuando en realidad fue de 50%. Por lo tanto, hubo que adicionar recursos. Pero al analizar distrito por distrito cuántos fondos nacionales efectivamente llegaron, se ven desigualdades alarmantes. Mientras que a Santa Fe se envió poco más del 100% de lo proyectado, La Rioja recibió recursos en un 659% más de lo originariamente previsto, San Luis 626%, Catamarca 458%, por mencionar sólo algunos casos. Para Tucumán, otro caso paradigmático, se sobreejecutó un 300% el presupuesto y así llegó a un total de 5.000 millones de pesos, cuando el total para Santa Fe fueron 3.200 millones.

“Si tan solo se hubiese mantenido el promedio de sobreejecución nacional, a Santa Fe le hubiesen correspondido $3.900 millones. ¿Y para que hubiesen alcanzado esos 700 millones extra? Por ejemplo, para que en los últimos 3 meses del año 2021 lleguen 2000 efectivos federales aproximadamente. Lamentablemente eso no pasó, y ni siquiera se pudo cumplir con el envío de los 1.575 que prometió Aníbal Fernández en campaña”, planteó el diputado.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe, encabezados por Juan Martín, solicitaron que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, detalle sobre el refuerzo de 1.575 efectivos federales para la seguridad de la provincia, “prometido por el Gobierno nacional”. “Ese personal de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía Aeroportuaria debía completar su despliegue este mes de marzo”, apuntaron.

En el pedido se solicita conocer si el número de efectivos federales prometidos se asignó, en qué ciudades y departamentos están; los resultados de los operativos que hayan realizado, si eso sucedió; y cómo se coordina el trabajo con la Policía provincial. “Queremos saber con exactitud cuál es el esfuerzo adicional que se está haciendo desde Nación en un momento tan delicado en materia de seguridad en la provincia”, señaló Martín.

“Este incumplimiento de la palabra empeñada en medio de la campaña ya no parece una simple omisión. Recordemos que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el mensaje del 1ro. de marzo en el Congreso, ni siquiera hizo mención de la situación que viven los santafesinos, ni cómo va a trabajar junto con la provincia para enfrentar el narcotráfico y el delito organizado. Esto es lisa y llanamente una decisión: dejar a Santa Fe librada a su suerte y con las calles ganadas por el delito”, añadió el radical.

Finalmente, el legislador alertó que “la preocupación de los santafesinos por los hechos de inseguridad debe ocupar un lugar central en la agenda política. No podemos seguir con medidas espasmódicas y cortoplacistas”.

La iniciativa fue acompañada por Gabriel Chumpitaz, Mario Barletta, Federico Angelini, José Núñez, Victoria Tejeda, Germana Figueroa Casas, Ximena García y Carolina Castets.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Juan Martín (UCR-Santa Fe), solicitaron que el Poder Ejecutivo Nacional que sume nuevas preguntas al Censo Nacional para determinar un diagnóstico integral sobre la educación, tanto de asistencia como de calidad de aprendizajes.

“Son datos con los que no contamos. Nos permitirán dar respuestas urgentes a la enorme deuda originada por la deficiente gestión de la educación durante la pandemia”, señaló Martín.

Las preguntas van desde conocer a qué escuela van los niños en cada hogar censado; si la misma es pública o privada; si tiene conectividad el establecimiento y si cuenta con profesionales que acompañen las trayectorias educativas. Para quienes permanecieron en el sistema educativo, preguntar si asistieron a clases presenciales y con qué frecuencia; si fueron virtuales, mediante qué herramienta o dispositivo fue el vínculo; si se aprobó el año; y si en 2022 asistirá a clases.

“La sola reapertura de las escuelas no alcanza, debemos pensarla como espacios que otorguen oportunidades y desde allí reconstruir el desarrollo social, la salud mental, física y nutricional de nuestros niños, no pueden esperar. Es fundamental contar con información educativa real y precisa para tomar decisiones”, remarcó el legislador radical.

Por su parte, la diputada Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) señaló: “La educación es un tema neurálgico en Argentina, no importa quien gobierne, no se puede avanzar en iniciativas legislativas si no hay acuerdo entre todos. Debemos unir esfuerzos para que ningún niño quede excluido del sistema educativo, hay que buscar a quién abandonó la escuela y garantizar la educación sin brechas y presencial”.

“Necesitamos recuperar estudiantes y recomponer aspectos socioemocionales de la comunidad educativa. Hay 3,1 millones de estudiantes en riesgo. No podemos seguir estancados sin datos y sin acciones concretas, por eso este pedido para incorporar al Censo 2022 preguntas que ayuden a ir solucionando la problemática educativa”, concluyó la santacruceña.

La iniciativa fue acompañada por los diputados de JxC Maximiliano Ferraro; Roxana Reyes; Danya Tavela; Sabrina Ajmechet; Victoria Morales Gorleri; Lidia Ascárate; Gerardo Milman; Claudio Poggi; Federico Angelini; Germana Figueroa Casas; María Sotolano; Tito Steffani; Lisandro Nieri; Carolina Castets; Matías Tacceta; Mercedes Joury; Roberto Sánchez; Karina Bachey; Susana Laciar; Alberto Asseff; Pablo Cervi; María Luján Rey; Sebastián García De Luca; Aníbal Tortoriello; Gabriela Lena; Gustavo Santos; Ana Clara Romero; Sebastián Salvador; Pedro Galimberti; Martín Berhongaray; Martín Arjol; Marcela Coli y Victoria Cornejo.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Juan Martín, solicitaron que se interpele al ministro de Educación, Jaime Perczyk, ante el crítico escenario educativo generado durante la pandemia.

Además, quieren saber cuántos estudiantes dejaron las aulas y cómo se recuperarán contenidos. “Queremos un inicio de ciclo lectivo en 2022 con todos nuestros niños, niñas y jóvenes en las aulas. Por eso solicitamos que el Gobierno detalle qué está haciendo para que eso ocurra. Hoy no hay ningún dato oficial certero”, alertó el legislador.

Ante la ausencia de información oficial respecto de la situación educativa en el país tras dos años de pandemia, con cierres totales o parciales de las escuelas que han afectado críticamente los procesos de aprendizaje, es que los diputados reclaman la presencia del ministro Perczyk en el Congreso.

“Faltan cifras oficiales para que las políticas de revinculación sean realmente eficaces, queremos que el ministro informe cuántos son, qué se hizo y que se hará para que todos esos alumnos vuelvan a las aulas. La ausencia de información nos vuelve a sumergir en un debate que muestra a la educación como objeto de la puja política, sin evidencias, sin experiencias comparadas y sin estadísticas serias necesarias para transformar esta pugna en un debate sensato”, indicó el santafesino.

Asimismo, en el proyecto de resolución reclamaron conocer “cómo se van a recuperar los aprendizajes perdidos en estos dos años de improvisaciones y resistencias a volver a las aulas”. En tanto, opinaron que hay que “poner en marcha un apoyo integral centrado en los niños marginados de cada comunidad, que incluya clases de recuperación, apoyo en salud mental, nutrición y protección, entre otros”.

“Hace falta un monitoreo serio y eficiente de las estrategias desplegadas por el Estado Nacional y nuevas herramientas que permitan abordar la situación crítica que significan casi dos años de desvinculación para cientos de miles de estudiantes del sistema educativo”, agregaron los firmantes.

El proyecto fue acompañado por Facundo Manes, Mario Barletta, Maximiliano Ferraro, Federico Angelini, Victoria Tejeda, Ximena García, Gabriela Lena, Fabio Quetglas, Carolina Castets, Lidia Ascárate, Roberto Sánchez, Fernando Carbajal, Pedro Galimberti, Dina Rezinovsky, Camila Crescimbeni, Jorge Vara, Federico Frigerio, Sebastián Salvador, Germana Figueroa Casas, Gerardo Cipollini, Gabriel Chumpitaz y José Núñez.

A pocos días del inicio del ciclo escolar, diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Juan Martín (Santa Fe), pidieron que el Poder Ejecutivo Nacional informe la cantidad de alumnos que se desvincularon del sistema educativo en la pandemia y que detalle qué se está haciendo para que vuelvan a clases. “Para que no sea demasiado tarde, no basta con indignarse. Por eso el ciclo lectivo 2022 tiene que empezar con todos los niños y niñas en las aulas”, exigió el diputado santafecino.

Desde el interbloque solicitan estadísticas para saber cuántos niños quedaron fuera del sistema en cada uno de los niveles desde el año 2020, desagregando modalidades y niveles de enseñanza, jurisdicción educativa y sector de gestión. También que se consigne el estado de situación de las acciones y programas implementados para la revinculación de quienes perdieron el vínculo escolar durante la pandemia.

En ese sentido, aclararon que “los programas a los que se hace referencia son el Sistema Integral de Información Digital Educativa; Acompañar. Puentes de Igualdad y Volvé a la Escuela”. Además, piden conocer qué nuevas estrategias se están diseñando desde el Ministerio de Educación para continuar con la revinculación y equiparación curricular con aquellos que permanecieron en el sistema.

En tanto, los legisladores recordaron las “advertencias que se plantearon para evitar el cierre sin planificación de las escuelas, entre ellas las formuladas por las fundaciones de JxC, Pensar, Alem y Hannah Arendt, en el documento ‘Por el Regreso a las aulas’, donde se anticipaba que mantener las escuelas cerradas implicaría perder el potencial de toda una generación”.

“Hoy vemos con claridad lo que advertimos oportunamente: la política educativa de la pandemia fracasó, si es que entendemos por política colocarse delante de los acontecimientos, planificar, atender las diversidades del contexto, mirar lo que pasa en el mundo, articular y generar consensos”, cuestionó el diputado Martín.

Y subrayó que “esta verdadera tragedia educativa se detiene con hechos, no con indignación y mientras más tiempo pasan los chicos alejados de la escuela, más chances hay de que no vuelvan. Por eso exigimos que el ciclo lectivo 2022 empiece con todos los chicos en las aulas. Hay estimaciones que ubican en 1,5 millones los chicos que han dejado las escuelas. Pero faltan cifras oficiales para que las políticas de revinculación sean realmente eficaces”.

A su vez, advirtió que “la tarea no se termina con conocer los datos requeridos”, sino que “se debe resolver cómo se van a recuperar los aprendizajes perdidos en estos 2 años de improvisaciones y resistencias a volver a las aulas. Para eso hace falta un monitoreo serio y eficiente de las estrategias desplegadas por el Estado Nacional para que los niños vuelvan a las aulas”.

Acompañan esta iniciativa los diputados de JxC Roberto Sánchez, Fernando Carbajal, Miguel Bazze, Sebastián Salvador, Roxana Reyes, Maximiliano Ferraro, Gerardo Cipollini, Lidia Ascárate, Pedro Galimberti, Alejandro Cacace, Gabriela Lena, Fabio Quetglas, Ximena García, Dina Rezinovsky, Federico Frigerio, Francisco Monti, Florencia Klipauka, Camila Crescimbeni y Álvaro Martínez.

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Juan Martín (UCR – Santa Fe), presentaron un proyecto por el cual piden que el Gobierno, a través del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, informe sobre “la distribución de las fuerzas federales que fueron enviadas a la provincia, sobre los resultados revelados en cada intervención, quiénes son los responsables de los operativos y si existe un programa orientado a mejorar las capacidades operativas de la policía”.

En primer lugar, el proyecto solicita que se informe sobre el anuncio de envío de fuerzas federales a la provincia que realizó el ministro de seguridad para saber “en qué localidades se encuentran actualmente distribuidas las Fuerzas de Seguridad Federales, ya que la ciudad de Santa Fe no puede quedar relegada de esta medida”.

También, exigen que el Municipio santafesino realice “gestiones para que los agentes federales puedan abordar la situación crítica en materia de inseguridad en la ciudad y que vuelvan a realizar tareas en los barrios de la capital provincial”.

Sin embargo, el diputado radical y autor del proyecto destacó: “Aunque se perdió mucho tiempo, celebramos la decisión de reforzar la presencia de efectivos federales en la provincia”, pero advirtió que “la inseguridad no sólo es un problema de Rosario”.

Además, resaltó: “Tenemos que articular con el Estado provincial y Nacional para vivir más seguros, creemos que el municipio también debe alzar la voz para que las fuerzas federales vuelvan a desempeñar tareas en nuestras calles”.

El proyecto solicita: “Conocer resultados relevados al momento de la actual intervención; también por qué se redujo la cantidad de fuerzas federales asignadas en la provincia y quiénes son los responsables del operativo anunciado en la provincia”.

Asimismo, “que funciones y área de responsabilidad operacional tendrá a cargo la unidad 7, con asiento permanente en la provincia; si está previsto volver a implementar el Programa Barrios Seguros en la Ciudad de Santa Fe y si se evalúa extenderlo porque permitió desbaratar el narcotráfico en el barrio de Alto Verde, donde se inició, disminuyendo además los índices de violencia, y la gestión de Sabina Frederic desarticuló el programa en los hechos”.

Finalmente, manifiesta saber “si existe en el marco del Ministerio de Seguridad de la Nación un programa orientado a mejorar las capacidades operativas de la policía de la provincia de Santa Fe, ya que resulta imprescindible trabajar articuladamente con las fuerzas locales, de manera tal que la única opción a futuro no sea solicitar el refuerzo de efectivos federales en territorio provincial”.

Acompañan esta iniciativa los diputados nacionales por Santa Fe de Juntos por el Cambio Gisela Scaglia, Albor Cantard, José Carlos Nuñez, Lucila Lehmann, Luciano Laspina, Ximena García.

Diputados nacionales, encabezados por Juan Martín (UCR-Santa Fe) pidieron que el Gobierno nacional, en el marco de la declaración de la ONU del 2021 como Año Internacional de las Frutas y Verduras, realice campañas que alienten ese consumo.

Destacaron, además de las ventajas para la salud, los beneficios para las economías regionales. “Es imperioso hacerlo porque ya más del 40% de niños, niñas y adolescentes presentan problemas de exceso de peso”, advirtieron.

En Argentina el 41,1% de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años presenta exceso de peso, mientras que esta problemática afecta al 67,9% de las personas mayores de 18 años, estos y otra serie de datos grafican la gravedad de la situación alimenticia en el país.

“El objetivo es crear conciencia, sensibilizar respecto a la necesidad de adoptar políticas públicas que potencien los beneficios nutricionales para la salud del consumo de más frutas y verduras como parte de una alimentación y un estilo de vida diversificados, equilibrados y saludables”, señaló Juan Martin, autor del proyecto.

La iniciativa señala que en 2016 el Ministerio de Salud de la Nación elaboró las Guías Alimentarias para la Población Argentina, GAPA, que recomiendan un consumo diario de 5 porciones de frutas y verduras variadas en tipo y color. La ingesta actual se encuentra muy por debajo. También indica que en Diputados se encuentra en tratamiento el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, con el que se busca disminuir el consumo productos con exceso de grasas, calorías, azúcares o sodio.

Además, Martín plantea que “hace falta incentivar alimentos más nutritivos como son las frutas y verduras, y desalentar los alimentos que en exceso pueden producir daños a la salud. La ley de etiquetado frontal es un paso muy importante que hay que dar, pero no se puede agotar allí”.

En Argentina, el consumo diario de alimentos saludables es significativamente menor en los grupos de niveles educativos bajos y en los de menores ingresos. También es alarmante lo que se observa al comparar poblaciones según su edad: el patrón alimentario de niños, niñas y adolescentes es significativamente menos saludable que el de los adultos. Los datos indican que es muy baja la proporción de estudiantes que reciben la provisión diaria, por parte de las escuelas, de alimentos recomendados como frutas y lácteos.

La iniciativa destaca que “la defensa de los productos frescos está en consonancia con el objetivo de reforzar el papel de los pequeños productores y los agricultores familiares y fomenta opciones comerciales más amplias para millones de familias rurales”.

“La amplia variedad de ecosistemas hacen de Argentina un país capaz de producir distintos tipos de frutas y hortalizas frescas para abastecer tanto los mercados internos como internacionales, representando esta iniciativa una herramienta más para potenciar y atender las economías regionales”, remarcó Juan Martín.

Acompañan esta iniciativa los diputados del interbloque Juntos por el Cambio Claudia Najul, Dina Rezinovsky, Hernán Berisso, Albor Cantard, Diego Mestre, Leonor Martinez Villada, Lidia Ascarate, Gisela Scaglia, Josefina Mendoza, Fabio Quetglas, Lorena Matzen y Gabriela Lena, y del Frente de Todos Esteban Bogdanich y German Martínez.

Diputados del interbloque Juntos por el Cambio, encabezados por Juan Martín (UCR-Santa Fe) pidieron informes al Poder Ejecutivo Nacional para saber el criterio por el cual miles de instituciones deportivas del país quedaron fuera del Programa Clubes en Obra.

“La selección se basó en pilares de evaluación no considerados de antemano. Exigimos explicaciones e información detallada porque nos preocupa que se puedan destinar fondos de manera focalizada, orientados por parámetros arbitrarios, rompiendo además el debido equilibrio federal en la ejecución presupuestaria”, consideró el autor del proyecto.

El pedido de informes argumenta que miles de instituciones de todo el país han quedado fuera de esta asistencia, pese a que cumplimentaron los requisitos solicitados para el programa. Dichas  entidades recibieron por correo electrónico una nota de la Subsecretaría de Deportes de la Nación, que informaba que la solicitud presentada por su institución no había resultado adjudicataria del beneficio y, para los diputados de la oposición, “los argumentos que se exponen no habían sido fijados en el aplicativo para la asistencia”.  

Juan Martín recordó  el rol fundamental que cumplen los clubes deportivos, principalmente en un momento de crisis económica y social como la actual. El legislador santafesino consideró al deporte “un motor de inclusión en la comunidad, promoviendo valores como la solidaridad, el esfuerzo y el compañerismo entre niños, niñas y jóvenes, particularmente en los sectores más vulnerables”.

El escrito solicita, entre otros datos, que se informe en lo relativo a las adjudicaciones realizadas, cuáles fueron los criterios objetivos en cuanto a la localización de los clubes beneficiarios, la distribución equitativa y federal del presupuesto, las líneas de acción abarcadas, montos e impacto social de los proyectos financiados.

Además, exige al ministro de Deportes Matías Lammens que detalle cuántas instituciones deportivas se inscribieron, individualizadas por barrio, pueblo, comuna o municipios y provincias, y la cantidad de proyectos que fueron “pre aprobados” por la unidad técnica de evaluación del programa y cuáles fueron los criterios de selección aplicados. Además, se solicita conocer cuántos proyectos fueron “desaprobados”, individualizados por jurisdicción y motivos de su rechazo.

También pide la nómina de instituciones deportivas adjudicatarias del beneficio previsto en el Programa, indicando nombre de la institución, línea de acción del proyecto, monto del beneficio, municipio y provincia. Asimismo requiere detalles de apoyos económicos otorgados a autoridades provinciales, municipales o comunales para infraestructura deportiva, individualizando administración beneficiaria, línea de acción y monto. 

Por último, solicita estadísticas de cupos de distribución territorial fijados en el Programa que aseguran el carácter federal de las políticas del Estado Nacional; presupuesto total asignado para el Programa Clubes en Obra a instituciones deportivas, desagregado en porcentajes de participación por jurisdicciones provinciales y locales; el impacto socio-económico de la adjudicación presupuestaria, por obra y jurisdicción; y finalmente el detalle de fecha, hora y medio empleado para realizar las notificaciones “oficiales” y recepción de información a las respectivas secretarías provinciales de Deporte.

Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Héctor Baldassi, Albor Cantard, Claudia Najul, Gabriela Lena, Jorge Lacoste, Mario Arce, Gonzalo Del Cerro, Josefina Mendoza, Virginia Cornejo y Lidia Ascarate.

El Programa Clubes en Obra es “una inversión histórica para que los clubes de barrio puedan mejorar su infraestructura y realizar proyectos de refacción, ampliación y mantenimiento de sus instalaciones”.

Los diputados Juan Martín, Lucila Lehmann y Albor Cantard (JxC-Santa Fe) solicitaron que el Poder Ejecutivo Nacional explique el proceso licitatorio y la labor del Consejo Federal creado para gestionar la hidrovía Paraguay-Paraná, vital para la provincia y la región. Además, manifestaron su preocupación por la situación del puerto de la ciudad de Santa Fe “ante la falta de liderazgo local” para ponerlo entre las prioridades de esta iniciativa, y remarcaron la necesidad de que sea en general un pliego “dinámico”, pensado no solo para la coyuntura actual sino en función de proyecciones de expansión productiva.  

La hidrovía Paraguay-Paraná es decisiva para el desarollo de Santa Fe.

Por eso, con @LucilaLehmann y @NikyCantard solicitamos informe detallado del próximo llamado a licitación y exigimos una consideración equitativa para las necesidades de todo el territorio santafesino. pic.twitter.com/0VuUr8128S

— Juan Martín (@juanmartinmusac) March 22, 2021

También pidieron conocer “el estado de elaboración de pliegos, si contemplan necesidades del centro norte santafesino y cuál es el cronograma previsto para su concreción y el llamado a licitación”, si “la licitación prevé continuar con el régimen de concesión de obra pública por peaje a riesgo empresarial, sin aval del Estado” y “si la futura concesión abarca los servicios de dragado, redragado, balizamiento y señalización”.

Sobre el Puerto de Santa Fe preguntaron “si se encuentra contemplado el incremento en la profundidad de dragado a 33 pies hasta el Puerto de Santa Fe”. Y en ese mismo sentido, “si está prevista la incorporación en el próximo contrato del dragado, la señalización y balizamiento del Canal de Acceso a dicho puerto”.

Los legisladores señalaron ante la Mesa de Entidades Productivas de la ciudad de Santa Fe la necesidad de que el Puerto sea incluído en el plan de obras y recordaron que “la ciudad se encuentra en un punto estratégico del desarrollo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, y en el cruce con el corredor Bioceánico Central Porto Alegre-Coquimbo. El conglomerado del Gran Santa Fe y su región necesitan un puerto activo al servicio de las Pymes, que les permita mejorar su competitividad e insertarse a costos razonables en el mercado global”.

Preguntaron, además, “si se encuentra prevista la extensión de la concesión hasta Confluencia (en el kilómetro 1.238 de la hidrovía), “para garantizar un desarrollo federal e integrado de la Hidrovía, ampliando las oportunidades de desarrollo productivo de una vasta región al norte de la provincia de Santa Fe y las de Chaco y Corrientes”.

Los legisladores destacaron la relevancia de la actividad pecuaria en el norte santafesino, principalmente bovina, dado que la hidrovía configura un escenario cercano de oportunidad para el sector. Una planificación en perspectiva debe considerar estas variables.

Por otra parte, pidieron saber “si se encuentra prevista la constitución de una tarifa plana, con el fin de sostener un sistema virtuoso, favorecedor del desarrollo agropecuario del interior del país” y “si se cuenta con estudios detallados sobre el impacto económico, social y ambiental de la hidrovía”.

Por último, indagaron sobre “cómo se garantizará la navegación de la hidrovía durante el tiempo comprendido entre la extinción del contrato vigente -el 30 de abril próximo-, y el inicio de la explotación de la nueva concesión”, y “cómo se realizará el mantenimiento de la hidrovía durante dicho período”.

El diputado nacional Juan Martín (UCR) elevó un pedido de Acceso a Información Pública, dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, en particular el Ministerio de Salud que conduce Carla Vizzotti, para que la funcionaria brinde en detalle todo lo vinculado al escándalo de los vacunados “VIP” contra el coronavirus.

El legislador pidió que la ministra de Salud “no se limite a brindar datos parciales, sino que dé cuenta de todas las personas, principalmente las políticamente expuestas, que han recibido la Sputnik V contra el coronavirus de manera discrecional. Y que indique quién permitió tal modalidad y bajo qué justificación”.

El santafesino enfatizó que “la información difundida por el Gobierno nacional resulta parcial, ya que por ejemplo en lo relacionado al vacunatorio del Hospital Posadas, solo se informó de quienes se inmunizaron en ese lugar el día 18 de febrero”. “Lo informado por Vizzotti es insuficiente, necesitamos transparencia en serio”, afirmó.

A través de la nómina se solicitó “la nómina de personas que recibieron la vacunación Covid-19 y que figuren encuadradas como ‘Personal Estratégico’ a nivel nacional y/o en las 24 jurisdicciones y que no correspondan a las Fuerzas de Seguridad y Armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos y/o personal del Servicio Penitenciario”.

“Exigimos sobre todo que se identifique a aquellas personas ‘políticamente expuestas’ que hayan recibido la vacuna respectiva, su encuadre en función de las etapas y públicos objetivos que avalan tal aplicación”, indicó el radical en su pedido.

Martín señaló: “Queremos saber los motivos por los cuales se autorizaron esas aplicaciones, así como la o las personas responsables de las decisiones en cada caso”.

“Consideramos que es información que tiene que estar registrada en el Ministerio de Salud que ahora encabeza Vizzotti y debe hacerse pública porque la sociedad demanda transparencia y un plan de vacunación confiable y eficiente”, concluyó.

El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) envió una nota dirigida a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para que informe la situación de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe. Lo hizo tras las afirmaciones formuladas por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, quien en declaraciones periodísticas afirmó que en la provincia se encuentran prestando funciones 2.240 agentes contra los más de 3.600 que se habían estipulado por convenio en 2016 entre Nación y Provincia, durante la gestión nacional de Cambiemos.

“Es alarmante que Nación haya reducido en un tercio la presencia de fuerzas federales en Santa Fe”, advirtió el legislador, quien reiteró “la necesidad de conocer cuáles son las acciones que despliega el Ministerio de Seguridad de la Nación en el territorio de nuestra Provincia”. “Es indispensable conocer con qué medios se está interviniendo y con qué cantidad, cuál es la operatividad de las Fuerzas Federales al día de hoy y saber con exactitud en qué consistirá el esfuerzo adicional que anunció el presidente de 3.000 millones de pesos, como así también, qué se hará en el futuro próximo, particularmente teniendo en cuenta la previsión presupuestaria que se destina en 2021 para la provincia de Santa Fe y que significa un fuerte recorte respecto al último presupuesto aprobado”, indicó el diputado radical.

Juan Martín elevó la nota a la ministra Frederic tras las afirmaciones que formuló el ministro de Seguridad en declaraciones periodísticas, diciendo que a la fecha hay sólo 2.240 efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad cumpliendo funciones en el territorio provincial. “Es decir, hoy contamos con 1.360 efectivos menos que los desplegados en el marco del convenio de cooperación entre el Estado Nacional y Provincial a partir de 2016”, alertó el legislador santafesino.

Cabe recordar que en septiembre de ese año, durante el gobierno nacional de Cambiemos y la gestión de Patricia Bullrich, se suscribió el acuerdo que posibilitó el desembarco en el territorio santafesino de más de 3.600 efectivos pertenecientes a las fuerzas de seguridad federales. Y sobre ese punto, Juan Martín recordó el informe brindado por la Jefatura de Gabinete de Ministros en el año 2018, “a partir de la cual se desglosó el despliegue de fuerzas federales en el territorio de la provincia de Santa Fe de la siguiente manera: 2078 efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, 403 efectivos de la Policía Federal, 958 de efectivos de la Prefectura Naval y 188 agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Un total de 3627 agentes federales se encontraban prestando servicios a esa fecha en Santa Fe”.

“Se obtuvieron buenos resultados en el control de la violencia, disminución de la cantidad de homicidios y la detención de miembros de importantes organizaciones criminales. Claramente no resulta suficiente y en materia de seguridad no se puede ni se debe cantar victoria, pero los avances fueron notorios”, recalcó Juan Martín.

Juan Martín puso de relieve que la disminución de efectivos admitida se da en un contexto de crecimiento de los asesinatos en la provincia. Han ocurrido a lo largo de 2020, más de 270 homicidios en toda la bota santafesina. Más de 200 de ellos en Rosario y el departamento La Capital.

Además, el diputado vincula la detracción de efectivos, con la anunciada reducción de fondos para la provincia en materia de seguridad para 2021. “Si proyectamos la inversión 2019 y la actualizamos por inflación el monto en presupuesto solo para igualarlo debería ser de 7.300 millones para la provincia de Santa Fe y no los apenas 4.800 millones que expone el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández”, recordó Juan Martín.

El diputado nacional Juan Martín (UCR) cuestionó a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, por la prohibición del uso de armas Taser y otras disposiciones del gobierno de Cambiemos. “Las consecuencias están a la vista y son episodios como el ocurrido en Buenos Aires, donde un policía y su agresor terminan muertos, ante la imposibilidad de utilizar herramientas disuasivas”, señaló.

Tras la muerte de un efectivo de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires y su agresor, en un violento suceso ocurrido en la vía pública, el legislador cargó contra la funcionaria.

El radical cuestionó la política de seguridad de Frederic, “quien ni bien asumió, derogó los protocolos de uso de las armas Taser y de armas de fuego para las fuerzas de seguridad, dejando a los efectivos sin herramientas siquiera para disuadir en situaciones como la acontecida el lunes”. Además, recordó que en enero pasado junto a su par Alfredo Cornejo, presentó un proyecto de resolución “para que las medidas de Frederic sean revisadas y no se eliminen éstas herramientas útiles, avances claros en materia de seguridad”.

“A comienzos de 2020 y frente a la determinación de Frederic de dejar sin efecto no solamente la resolución vinculada a las Taser, sino además, el protocolo de uso de armas de fuego, y nada menos que la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, presentamos junto a Alfredo Cornejo, presidente del radicalismo, un proyecto para que la funcionaria explique por qué se tomaba esa determinación anulando herramientas que claramente servían para dar respuestas en materia de seguridad”, expresó.

Y continuó: “La derogación de los protocolos de armas de fuego y Taser es una política que precisamente va en contra de cualquier medida de seguridad. Con esto, la ministra no hizo más que traernos más inseguridad a los argentinos y hoy efectivamente vemos las consecuencias”.

“No se trata de consideraciones de ningún ilustrado o iluminado que puede ver que los protocolos dejados sin efecto eran herramientas útiles. Al contrario: son de mínimo sentido común y razonabilidad. Pero hay una ceguera ideologizada que al parecer al kirchnerismo lo hace sentirse superior moralmente. Esto es lo que nos preocupa profundamente de la visión que tiene el Estado Nacional en materia de seguridad”, subrayó Martín.

El diputado de Juntos por el Cambio sostuvo: “Hoy tenemos que decir con mucho pesar que hay dos vidas menos. Si el problema que puede tener el uso de las Taser es el exceso de violencia o un ejercicio desproporcionado del monopolio de la fuerza del Estado y, particularmente de las fuerzas de seguridad, hoy nos encontramos en el peor de los universos. Hay dos vidas que lamentar, la del inspector Juan Roldán que estaba encargado de cuidar la convivencia en el espacio público y la de una persona que tuvo un brote psicótico y sacó un cuchillo frente a un montón de vecinos. Esa situación exigía que la fuerza de seguridad actúe”.

“Una pistola Taser en este contexto podría haber ayudado para que ninguno de los transeúntes sufra daño y además para que no tengamos que lamentar la vida de nadie”, aseguró el santafesino. “La muerte del policía -advirtió- en definitiva también significará para sus pares un punto de inflexión, porque ahora se van a preguntar, ¿por qué involucrarse a fondo en una situación similar si está en juego su vida y no tienen elementos para poder disuadirlas que no sea recurrir al extremo del arma de fuego?”.

Para el radical, “nadie puede cantar victoria en materia de seguridad, pero las cosas que funcionan bien y tienen sentido común, deben tener continuidad, más allá de la fuerza política que gobierne. Al protocolo anterior lo implementó la exministra Patricia Bullrich, porque tenía que ver con el sentido común”.

Finalmente, el legislador atribuyó otras consecuencias “preocupantes a la inconsistente política de seguridad del kirchnerismo: no es casualidad lo que vivió la provincia de Buenos Aires hace algunas semanas, también tiene que ver con esta falta de claridad conceptual que brindan las autoridades a cargo del área y las permanentes contradicciones de una fuerza política como el Frente de Todos, cuyos funcionarios se la pasan en los medios polemizando entre sí, pero sin brindar respuestas”.

Diputados de Juntos por el Cambio salieron al cruce de las expresiones del secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Diego Hurtado, quien dijo que el modelo agroexportador “no necesita ciencia y tecnología porque la demanda de conocimiento la produce la industria”. Juan Martín y Lucila Lehmann destacaron que el sector agropecuario es el más innovador y competitivo del país, y enumeraron desarrollos locales, desde vacunas hasta avances en nanotecnología.

Tras las declaraciones de un funcionario nacional kirchnerista contra el sector agropecuario nacional, los diputados de Juntos por el Cambio manifestaron su repudio y exigieron que “el Estado y en particular los funcionarios con responsabilidades de gestión, en vez de formular este tipo de declaraciones, ayuden, colaboren y establezcan puentes para aprovechar todo el potencial del campo y desplegarlo en la senda del desarrollo estratégico en nuestro país”.

El cuestionamiento de los legisladores santafesinos fue expresado mediante un proyecto de declaración como réplica a los dichos del secretario  de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Diego Hurtado, quien manifestó en una disertación que el modelo agroexportador “no necesita ciencia y tecnología porque la demanda de conocimiento la produce la industria”.

Para Juan Martín y Lucila Lehmann estas declaraciones “no representan la realidad de nuestro país, que integra su desarrollo económico mediante la participación sinérgica de los sectores agropecuario, industrial y de servicios, y en el que interactúan la economía del conocimiento o la bioeconomía, la agroindustria, etc”. “Se trata de un sector que pese a las sucesivas trabas e impedimentos que le coloca el sector público de forma sistemática, va a la vanguardia en materia de innovación y desarrollo tecnológico a nivel mundial”, enfatizan.

En ese sentido, recuerdan que “el sector agropecuario argentino ha mostrado en los últimos años un gran dinamismo y una alta capacidad para la innovación y adopción de nuevas tecnologías. Sabemos que invertir en ciencia, tecnología e innovación (CTI) es fundamental para el desarrollo económico y el progreso social, y así lo viene haciendo el sector agropecuario con inversiones públicas y privadas en I+D (Investigación y Desarrollo)”. 

El rol del INTA y el futuro

El diputado radical y su par de la Coalición Cívica destacan que “la promoción del cambio tecnológico y la inversión en investigación agropecuaria pública es principalmente desarrollada en Argentina a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) mediante una amplia red de actividades de extensión, información y comunicación”. “El INTA en particular y todo el sistema en general han desarrollado múltiples programas y actividades con el objetivo de promover la adopción de tecnologías y mejorar la productividad y eficiencia del sector agropecuario. Podemos citar entre los casos relevantes el desarrollo de la vacuna anti – aftosa, la mejora genética del trigo, el desarrollo de cultivos resistentes a herbicidas, vacunas y prevención de enfermedades, nuevas técnicas de manejo agronómico, tecnologías de mapeo de suelos, agricultura de precisión, silobolsas, agrobótica y nanotecnología”. 

Además, y profundizando en esa argumentación, Juan Martín y Lucila Lehmann ponen acento en que “en semillas se invierte el 4% del total la inversión privada en I+D; las asociaciones técnicas privadas CREA y Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa forman redes de creación y difusión de conocimientos con fondos totalmente privados y en colaboración con INTA; hay una fuerte la inversión en hardware y software de compañías privadas y desarrollos de soluciones para el agro en maquinarias agrícolas o ingeniería genética”.

A diferencia de lo expresado por Hurtado, Juan Martín y Lucila Lehmann proyectan que “el futuro de nuestra economía estará en focalizar nuestros esfuerzos en agregarle el mayor valor posible a nuestra soja y maíz, y exportar cada año más productos avícolas, carne bovina, carne de cerdo y productos lácteos; y para ello serán esenciales las nuevas tecnologías aplicadas sobre la base de la investigación científica para elevar la productividad sin dejar de mantener e incluso mejorar la sostenibilidad de los recursos naturales y el medio ambiente”.

Finalmente, los diputados aprovecharon la ocasión para reiterar el pedido-si es que el oficialismo efectivamente quiere apoyar a las empresas de base tecnológica- para que el Senado que preside Cristina Kirchner avance con el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero que está cajoneado en la Cámara alta.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio de Santa Fe, encabezados por el radical Juan Martín, elevaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo planteando que la provincia de Santa Fe, pese a duplicar al país y la provincia de Buenos Aires en índices de homicidios, no fue incluida en el programa anunciado por Nación de 38.000 millones de pesos que tienen como único destino el conurbano bonaerense.

“No se puede tolerar y es irrazonable y discriminatorio no asistir desde el gobierno federal a Santa Fe”, afirmó el legislador. Exige una inversión en los mismos términos para el territorio santafesino y, entre otros puntos, que se detalle cuántos efectivos federales hay destinados actualmente.

Tras el anuncio del viernes último, por parte de Alberto Fernández, del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad, que asigna 38.000 millones solo a la provincia de Buenos Aires y la gestión de Axel Kicillof, el diputado Juan Martin denunció que Santa Fe ha sido nuevamente discriminada por el kirchnerismo y exigió medidas urgentes para atender este mal de características casi epidémicas en su provincia.

“Si tenemos en cuenta los datos publicados en el Informe de Estadísticas Criminales de la República Argentina de 2019, vemos que la Tasa de Homicidios de la Provincia de Santa Fe es de 9.7 cada 100.000 habitantes por año, mientras que la tasa de Provincia de Buenos Aires es de 5.29 y la nacional de 5.1. Y la de Córdoba, una provincia de similares características que Santa Fe, 3.3”, indicó el diputado. “Con estas cifras en la mano -agregó- el Gobierno Nacional debería disponer una inversión proporcional a la bonaerense para Santa Fe, como mínimo”.

En su proyecto requiere al gobierno nacional que informe la cantidad de efectivos federales que están prestando funciones actualmente en la Provincia de Santa Fe y bajo qué criterios y con qué coordinación llevan adelante sus tareas.

Acompañan esta iniciativa los diputados Albor Cantard, Federico Angelini, José Núñez, Gonzalo Del Cerro, Carolina Castets, Lucila Lehmann, Ximena García y Gisela Scaglia.

Epidemia de inseguridad

El programa anunciado para la provincia de Buenos Aires supuestamente servirá para la compra de patrulleros, cámaras de seguridad, botones antipánico y tecnología aplicada, además del envío de unos 4.000 agentes de diferentes fuerzas federales.

“Observamos con mucha preocupación que la totalidad de estos anuncios se destinan de forma exclusiva al área que conforma el conurbano bonaerense. Entendemos que en esa zona en particular los índices de conflictividad son altos y requieren un abordaje intensivo. Pero a su vez no se puede dejar de tener en cuenta lo que sucede en los núcleos urbanos más importantes de la Provincia de Santa Fe, los cuales presentan tasas de homicidios considerados como “epidemia” por la Organización Mundial de la Salud”, que establece esa consideración cuando se alcanza el límite de 10 por cada 100.000 habitantes”, recuerda el proyecto.

Juan Martín recordó además que ya desde el año pasado, José Corral en la propuesta de Juntos por el Cambio para la provincia, promueve una mayor colaboración del gobierno central con la provincia en seguridad, sumando efectivos federales y capacitación, y que los costos correspondientes se deduzcan de la deuda que el Estado nacional tiene con Santa Fe.

“Hoy no sólo no se hace lugar a esa alternativa, si no que se destinan los recursos federales sin contraprestación alguna por parte de la Provincia de Buenos Aires al conurbano bonaerense. Es realmente una discriminación inadmisible”, cuestionó el legislador radical.

Montos a invertir

Teniendo en cuenta lo que Nación destinará solamente a provincia de Buenos Aires, el diputado Juan Martín estimó: “Si computamos los valores que arroja la Tasa de Homicidios para la Provincia de Santa Fe, la inversión en la provincia debería rondar los 70.000 millones de pesos, es decir casi duplicar la prevista en el Conurbano en razón de la gravedad de la situación que queda claramente reflejada en los valores que arroja dicho índice”.

El legislador radical deja abierta otra posibilidad: “Una postura menos representativa de la crisis en seguridad por la que estamos atravesando es considerar la cantidad de homicidios en términos nominales y la población de ambas provincias. Bajo este criterio el Gobierno Nacional debería destinar a la Provincia de Santa Fe una inversión de 14.000 millones de pesos, destacando nuevamente que este criterio no representa plenamente la gravedad de la situación en la provincia en relación al resto de los distritos”.

“Los criterios de asignación de recursos pueden ser opinables y discutibles. Lo que no se puede tolerar y resulta completamente irrazonable y discriminatorio es que se deje directamente fuera de la implementación prioritaria del programa a la Provincia de Santa Fe”, concluyó el diputado.

Los diputados nacionales Juan Martín (UCR-Santa Fe) y Josefina Mendoza (UCR-Buenos Aires) presentaron un proyecto por el que reclamaron que “se lleven adelante de forma proactiva y conjunta con las autoridades provinciales y locales, los protocolos para la habilitación de establecimientos de prácticas y entrenamientos deportivos amateur, con las recomendaciones e instrucciones pertinentes”. Además, exigen “un marco de previsibilidad al sector en la reapertura de aquellas actividades que a la fecha siguen prohibidas”.

Los legisladores de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Deportes fueron más lejos al solicitar la presencia del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, en el Congreso, para que informe, si existe, cuál es “el plan proyectado por el Gobierno nacional para la reapertura de los establecimientos de prácticas y entrenamientos deportivos públicos y privados, para contar con un horizonte concreto para que estas actividades puedan abrir sus puertas y volver a funcionar”.

Firman el pedido Juan Martín, Héctor Baldassi, Claudia Najul, Natalia Villa, Jorge Lacoste, Gonzalo Del Cerro, Mario Arce y Julio Sahad.

Martín y Mendoza explicaron que “el deporte ha ingresado en un estado de parálisis desde que comenzó la cuarentena, y se han visto afectados no sólo clubes, sino también los emprendimientos privados como canchas de césped natural y sintético en lugares cerrados y abiertos, gimnasios, natatorios, entre otros”. Y hacen especial mención de la situación de los propietarios, trabajadores y trabajadoras de este sector, que “todavía continúan, en su mayor parte, sin respuestas ni horizontes de posible vuelta a la actividad”.

Recordaron que “en varias jurisdicciones se habilitaron bares, restaurantes y reuniones familiares, y hasta el entrenamiento profesional de disciplinas deportivas” pero, de manera inexplicable “las solicitudes para la apertura de los espacios deportivos privados todavía continúan en su mayoría sin respuestas ni horizontes de posible vuelta a la actividad”.

Cuestionaron además declaraciones del ministro de Salud Ginés González García, quien afirmó que no se habilitan las actividades deportivas porque desde los deportes individuales no lo pidieron. “No sólo resultan inexactas estas declaraciones ya que en la gran mayoría de las provincias fueron presentadas a las autoridades hace meses los pedidos de autorización -rebatieron-, sino que también resultan desafortunadas y contrarias a las recomendaciones y alertas emitidas por los organismos internacionales de salud, quienes pregonan que la población mantenga hábitos saludables y realice un mínimo de actividad física y por tanto debería ser de interés de las autoridades sanitarias que se lleve adelante cuanto antes”.

Los diputados alertaron sobre el riesgo para la salud pública que el cierre de estos establecimientos acarrea: “Estos emprendimientos son claves para nuestra salud, dado que contribuyen al bienestar psíquico, físico y emocional de las personas, clave en este momento porque fortalece el sistema inmunológico”, indicaron y remarcaron que “cada vez menos gente realiza el mínimo de actividad física recomendado para mantener un hábito saludable”, debido al cierre de los establecimientos deportivos.

Entre las medidas que el protocolo propuesto establece se encuentran la obligatoriedad del uso de tapabocas antes y después de cada actividad; ventilación de ambientes, demarcación clara de aislamiento en áreas de espera; declaración jurada de los usuarios de no tener síntomas de Covid-19; una metodología de ingreso, permanencia y egreso a los establecimientos tanto de usuarios como trabajadores y trabajadoras; actuación ante un caso positivo de Covid-19; entre otras disposiciones.

Acompañan con sus firmas la iniciativa de Juan Martín y Josefina Mendoza, los diputados Claudia Najul, Julio Sahad, Mario Arce, Héctor Baldassi, Natalia Villa, Jorge Lacoste, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Gustavo Menna, Dina Rezinovsky, Alicia Terada, José Luis Patiño, Martín Grande, Diego Mestre, Gabriela Lena, Alberto Assef, Luis Pastori, Héctor Stefani, Facundo Suárez Lastra y Jorge Enríquez.

El diputado nacional radical Juan Martín pidió al Ejecutivo nacional que informe las medidas que están tomando para evitar recurrentes episodios de vandalismo que incluyen destrucción de silobolsas, robo de ganado e incendios que significan grandes pérdidas. “El Estado no sólo les pone la pata encima a los productores limitando acceso al crédito, sino que parece dejarlos librados a su suerte frente a estos ataques arteros”, advirtió.

Destacó que “las denuncias de ataques en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, no sólo denotan una actitud agresiva sistemática hacia el sector, sino que ponen en riesgo el abastecimiento de alimentos en el marco de la pandemia y ni hablar la potencialidad de un vector de desarrollo estratégico para el país en los próximos años”.

“Estos hechos que se expresan con violencia parecen estar vinculados a manifestaciones de odio hacia el campo. De los múltiples casos ocurridos, ninguno fue esclarecido o identificados y detenidos sus responsables”, señaló Martín y agregó que “muestran fuerzas de seguridad y justicia paralizadas, incapaces de proporcionar una respuesta acorde ante fenómenos que se acrecientan y lo seguirán haciendo en la medida que no reciban las consecuencias que la ley y la Constitución nacional imponen”.

Por eso solicitó que el Gobierno informe si existe un programa de seguridad rural, destinado a proteger a los habitantes, productores y trabajadores de las zonas rurales, y si hay una estrategia para prevenir y perseguir el abigeato y los atentados a la producción.

“La pandemia del coronavirus abrirá una oportunidad para que nuestro país pueda exportar al mundo. La aprovecharemos siempre y cuando nuestros productores cuenten por parte del estado nacional y de los estados provinciales con garantías para que toda su inversión y esfuerzo no haya sido en vano”, concluyó Martín.

Acompañan esta iniciativa los diputados Estela Regidor, Luis Pastori, Lidia Ascárate, Facundo Suárez Lastra, Gustavo Menna, Julio Sahad, Pablo Torello, Jorge Enriquez, Fede Zamarbide, Ximena García, Carolina Castro, Laura Castets, Gonzalo del Cerro, Mario Arce y Alberto Assef.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Juan Martín (UCR – Santa Fe)  pidió al Gobierno que informe los “motivos y fundamentos objetivos” que llevaron a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a dictar la resolución que extiende hasta el 1° de setiembre la prohibición de realizar operaciones a las empresas de vuelos.

También exige que se detalle “el criterio técnico sanitario utilizado para fijar el día 1° de septiembre de 2020 como fecha a partir de la cual las líneas aéreas podrían reprogramar sus operaciones regulares o solicitar autorización para operaciones no regulares, teniendo en cuenta que hasta el momento el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio se extiende únicamente hasta el 24 de Mayo”.

Además de afectar a todo el sector aéreo “agrava la crisis de las pymes del turismo, que ya arrastraban los efectos negativos del Impuesto País creado por el actual gobierno en diciembre, a lo que se suman ahora las consecuencias del aislamiento por la pandemia de coronavirus”, afirmó el diputado.

También solicita conocer “qué alternativas se están evaluando de habilitación progresiva, que atiendan la realidad de la gran cantidad de provincias que no cuentan con circulación viral y los cientos de argentinos que aún se encuentran varados dentro del territorio nacional y que no han podido retornar a sus hogares”.

Por otra parte, pide que el Gobierno indique “qué medidas de apoyo se han dispuesto y/o se dispondrán desde a favor del sector afectado por esta resolución, en especial las agencias de viaje y PyMEs de turismo y el sector del transporte aéreo”.

Acompañan esta iniciativa los diputados Ximena García; Claudia Najul; Julio Sahad; Diego Mestre; Gonzalo Del Cerro; Estela Regidor; Dina Rezinovsky; Soledad Carrizo; Lucila Lehmann; Pablo Torello; Hernán Berisso; Carolina Castets; Gustavo Menna; Héctor Stefani; Luis Pastori; Alfredo Schiavoni; Lidia Ascárate; Ignacio Torres y Carmen Polledo.

El 18 de marzo último, antes de que se ordenara la cuarentena, mediante un proyecto de resolución, los legisladores radicales Juan Martín, Albor Cantard y Ximena García, solicitaron al Banco Central que estipule medidas sanitarias que eviten escenas como las que se vieron este viernes. La iniciativa, vía nota, fue elevada también al titular del organismo, Miguel Ángel Pesce, la cual nunca obtuvo respuesta del funcionario.

“Solicitamos al gobierno que de manera urgente articule con el Banco Central un método y cronograma de pago a nuestros adultos mayores para la integralidad del sistema financiero. Tenemos que evitar exponer a quienes corren más riesgos en la emergencia”, había advertido en aquel momento el diputado Juan Martín.

El proyecto de resolución le planteaba al BCRA que “instrumente urgentemente un cronograma de pago para el sector pasivo nacional, provincial y municipal de las prestaciones de la Seguridad Social, que contemple las medidas sanitarias respectivas para proteger a esta población vulnerable de los efectos del virus COVID 19, exceptuando durante la vigencia de la emergencia la presentación del certificado de supervivencia”.

“Las entidades financieras deberán propender en todo momento a la utilización de las plataformas digitales, evitando de ser posible la concurrencia de los beneficiarios a las sedes. No obstante, en los casos en que los beneficiarios se acerquen a las sedes para su atención, las entidades deberán tomar las medidas de distanciamiento social adecuadas y realizar los refuerzos necesarios en el personal para cumplir debidamente con los pagos correspondientes”, indica la iniciativa.

El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) presentó un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo para que quienes hayan arribado o arriben al país e infrinjan el aislamiento, paguen los costos de los daños que produzcan por su inconducta. Para ello exigen que además de demandas penales, el Estado Nacional realice demandas civiles para obtener un resarcimiento por los daños causados. 

Asimismo, se invita a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios a adoptar medidas similares según sus respectivos códigos procesales.

El proyecto fue firmado, además, por los diputados Estela Regidor, José Luis Riccardo, Ximena García, Niky Cantard y Lidia Ascarate.

Específicamente, se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que ejerza “acciones civiles para el resguardo y recupero de los daños y perjuicios ocasionados al Estado Nacional, que deriven del incumplimiento al aislamiento” por parte de “quienes hayan arribado o arriben al país desde que se dictó la obligatoriedad de permanecer 14 días en cuarentena”.

Los diputados solicitan que “el Procurador General de la Nación instruya a fiscales a la interposición de las medidas cautelares y/o acciones pertinentes para resguardar el cobro de las responsabilidades pecuniarias que surgieren por incumplimiento del aislamiento” de las personas que debían cumplir el aislamiento tras haber arribado o que arriben al país.

Finalmente el diputado expresó que más allá de este proyecto, hay un punto neurálgico en este momento de la pandemia “que no debe perderse de vista porque es central y así lo exigió el interbloque de Juntos por el Cambio: lo importante es testear masivamente y el gobierno, al menos hasta el momento, no lo está haciendo”.

El diputado radical Juan Martín se reunió con productores del departamento Caseros, en la zona núcleo santafesina, para analizar alternativas ante el impacto que tendrá la suba de retenciones. Además, en continuidad con el trabajo desarrollado junto a otros diputados del bloque de la UCR, hubo encuentros con agencias turísticas pymes, afectadas por el impuesto PAIS.

“Estamos acompañando al campo en esta situación difícil. Junto al exintendente santafesino José Corral, nos reunimos en Chabás con productores agropecuarios. El cambio de reglas que decidió el gobierno con más retenciones ya son demasiado para nuestra producción”. Así se refirió el diputado Juan Martín al encuentro mantenido en el departamento Caseros, zona núcleo de la producción santafesina, con productores que ven amenazada su continuidad ante el impacto adverso que acarreará el aumento de retenciones.

“A esta situación se suma la prepotencia de los dirigentes kirchneristas como Juan Grabois y Oscar Parrilli, que con sus declaraciones se está llevando a una situación de prepotencia y destrato que nuestros productores no toleran más”, advirtió el legislador.

El diputado nacional Juan Martín (UCR-Santa Fe) presentó un proyecto de resolución mediante el cual se piden informes al Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Sabina Frederic, para que clarifique la situación actual de las fuerzas federales en Santa Fe.

Frente a la escalada de violencia en las principales ciudades de la provincia, el legislador considera indispensable que las autoridades nacionales señalen si hay continuidad o no del trabajo coordinado que se propició durante la gestión de Patricia Bullrich.

El legislador radical pide que se indique la cantidad de efectivos de fuerzas de seguridad federales desplegadas en territorio santafesino. También, que informe sobre las ciudades y lugares en que se encuentran cumpliendo funciones y en qué número, especificando según cada fuerza: Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Asimismo, se informe sobre la operatividad desplegada y sobre la coordinación llevada adelante con el Ministerio de Seguridad santafesino. Por último, se solicita saber quién representa a la Nación en la mesa de coordinación con la Provincia.

En el escrito, el diputado nacional por Santa Fe recordó que el 12 de septiembre de 2016 se celebró un Convenio de Cooperación entre la entonces ministra Bullrich y el gobierno provincial. En ese marco la intervención de las fuerzas de seguridad federales desplegadas en el territorio de la provincia de Santa Fe llegó a ser de 3.600 miembros abocados a trabajar en la provincia, lo que permitió controlar mejor la violencia y disminuir la cantidad de homicidios. Además posibilitó la detención de miembros de importantes bandas criminales organizadas.

El legislador nacional se refirió a que en aquel momento también se definió llevar adelante el Programa Barrios Seguros, en el distrito capitalino de Alto Verde. Este programa se focalizó en el patrullaje y en las capacidades de intervención en aquellos “puntos calientes” identificados por los sistemas de información. Esa política sistemática condujo a una drástica reducción de los homicidios.