Un paso de calidad institucional 

Por Juan Pablo Cosso, diputado provincial por Entre Ríos. El autor destaca la reciente promulgación por parte del gobernador Gustavo Bordet que modifica al Consejo de la Magistratura.

La reciente promulgación por parte del gobernador Gustavo Bordet de la ley 11.003 que modifica al Consejo de la Magistratura constituye, sin lugar a dudas, un paso hacia adelante en la consolidación de la calidad institucional de la provincia de Entre Ríos, situación que nuestro mandatario provincial ha refrendado con hechos concretos en el trayecto de sus dos gestiones de Gobierno y que le han valido ni más ni menos que estar entre los más altos calificativos de transparencia entre las administraciones de todo el territorio nacional. 

Esta reforma, impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, por las y los integrantes del Bloque de Diputadas y Diputados del Frente Creer Entre Ríos con aportes de la Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y por asesores de la Vicegobernadora, Laura Stratta, trae aparejadas sustanciales mejoras en el proceso de selección de nuestra Magistratura, siendo dable decir que coincido con las públicas manifestaciones que se han hecho en relación al buen desempeño en general de nuestro actual Consejo, pero que ello no lo transforma en un órgano intangible y no obsta que, luego de más de diez años y dos leyes modificatorias, pueda ser pasible de modificaciones y ordenarse en un texto único sujeto a las nuevas perspectivas de los tiempos que corren. 

Antes de comentar los aspectos relevantes de esta nueva ley quiero destacar el trabajo que llevamos a cabo en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se extendió por dos meses y en el que se priorizó la pluralidad de voces. Iniciamos el tratamiento con una amplia reunión pública de cuatro horas, transmitida en vivo y en directo por los medios de comunicación, dando voz y escuchando a todos los estamentos. Esa escucha activa se tradujo en esenciales modificaciones al texto original presentado por nuestro Bloque. 

No es menor decir que participaron activamente, con aportes de redacción, sugerencias, opiniones a favor y en contra de distintos aspectos del proyecto: el Superior Tribunal de Justicia, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de Concepción del Uruguay, la Universidad Católica Argentina, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Asociación de Empleados del Poder Judicial, el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia, Asociaciones y actores de la sociedad civil que actualmente integran el Consejo de la Magistratura. Cabe destacar que inclusive con algunos de los citados estamentos, como el caso del Colegio de la Abogacía y la Asociación de la Magistratura, se mantuvieron más de un encuentro personal con sus presidentes, siendo ambos quienes más aportes hicieron al texto de la actual ley (más de veinte puntos aportados por ellos fueron tenidos en cuenta en el texto sancionado). 

Esta reforma, que modifica al órgano asesor en la designación de nuestra Magistratura -vaya paradoja- trae consigo dos grandes actos de Justicia: la incorporación de las leyes de paridad integral y la incorporación de nuestras Universidades entrerrianas. 

El nuevo articulado incluye las modificaciones de las leyes de paridad integral en todas las instancias de evaluación, valora la formación en géneros de los postulantes y las tareas de cuidado, asegurando la igualdad real de oportunidades que consagra nuestra Constitución Provincial en su artículo 17°. 

En segundo término, es sumamente necesario que entrerrianas y entrerrianos sepan que la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos estaban totalmente invisibilizadas en la representación del estamento académico de nuestro Consejo. 

Tanto UNER como UADER, con cientos de docentes de materias con conocimiento jurídico, que generan conocimientos, proyectos de extensión, con todos abogados concursados, en concursos ordinarios transparentes y carreras acreditadas ante la CONEAU y reglamentadas por la Ley de Educación Superior. 

Y me permito extenderme más sobre UADER, Universidad Publica Entrerriana, con reconocimiento constitucional, quien mejores que los docentes que se desempeñan en Entre Ríos para merituar sobre la praxis del derecho procesal, constitucional y municipal entrerriano. 

Por otro lado, es necesario reconocer además que el derecho no es un compartimiento estanco, como tampoco lo es el Poder Judicial. Necesariamente nuevos campos del saber lo atraviesan y sin lugar a dudas las miradas que le puedan imprimir nuestras y nuestros docentes de Entre Ríos enriquecerán la labor de los consejeros, más no, como he escuchado y leído livianamente decirse que esta incorporación trae aparejada la desprofesionalización de nuestros futuros magistrados.  

Además, y para mayor abundamiento, la experticia en el ámbito del campo jurídico ya está garantizada por los jurados técnicos que examinan en la oposición y por los miembros de la Asociación de la Magistratura y por el Colegio de la Abogacía, aportándole otra mirada a los miembros de la academia, que es en definitiva lo que marca nuestra Constitución que en su artículo 181 no estipula ningún tipo de relación del miembro de la comunidad académica o científica con el ejercicio del derecho. 

El nuevo Consejo tendrá también una mirada hacia el interior provincial, ya que se incorporó la obligatoriedad de que uno de los dos miembros representantes de la Magistratura y la Función Judicial como del Colegio de la Abogacía sean de una ciudad distinta a la Capital, como también se insta a la apertura de la incorporación de nuevas ONGs cuyo objeto social tendrá un mecanismo de contralor en consonancia con lo que estipula nuestra Carta Magna. La actual composición cuenta con diez miembros de la Capital de un total once, por lo que esta nueva mirada federal del interior entrerriano será sumamente enriquecedora. 

El nuevo articulado amplía las causales de excusación y recusación de los miembros del Consejo y del Jurado, atendiendo a que la redacción anterior solo tenía una generalidad de enemistad manifiesta o amistad íntima, por lo que la especificidad de nuevas causales que a la luz de la realidad se pueden llegar a suscitar, aportan transparencia e igualdad a todos los concursantes. Asimismo, y en este mismo sentido se le incorporó al texto de la ley la publicidad y el libre acceso al público a los expedientes a través de la página web del Consejo. 

En lo concerniente al procedimiento de selección, se incorporó un piso de puntaje de treinta puntos para que se pueda continuar el proceso concursal y avanzar a la entrevista personal, por lo que esta instancia jerarquiza y obliga al concursante a dar el máximo de sus esfuerzos en la etapa anterior. 

Otro aporte de calidad que fue traído por la Asociación de Empleados Judiciales (AJER), es la realización de una evaluación psicodiagnóstica, la que se efectuará por un cuerpo especial común. Sin dudas, esta innovadora incorporación deja de lado la simple presentación de una certificación médica, ya que consideramos sumamente importante merituar la aptitud psicológica de quienes detentarán funciones en la justicia, como asimismo la participación de un cuerpo común evitará cualquier tacha de arbitrariedad en las evaluaciones. 

La experticia es un tema al que se le ha dado un lugar preponderante en el articulado, trasladado ello en una norma clara. Así, se han extendido la cantidad de años de experiencia que deben poseer los jurados en su especialidad, ampliándose de 5 años a 10 de antigüedad, lo que sin dudas jerarquiza la labor del juzgador. 

Una innovadora propuesta, y que ha tenido buena recepción por las instituciones, que se ha incorporado, en lo referente al desarrollo de la prueba de oposición, es lo referente al Banco de Casos, el cual viene a reemplazar al existente sistema de examen anónimo que debe llevar el jurado a cada evaluación, iniciativa que ha sido bien receptada porque trae transparencia, evita demoras, o que el caso planteado por el jurado tenga errores, quitándole ese peso al jurado y bajo la coordinación del Secretario del Consejo de la Magistratura. 

Este banco público, que fue tomado del derecho comparado, estará integrado -como mínimo- por un piso de cien casos, teniéndose en cuenta el cargo, materia y especialidad a concursar, estando facultado el Consejo a recurrir a distintas fuentes de casos y facultándose específicamente a las Asociaciones integrantes, al STJ y a los titulares de los Ministerios Públicos y a las Universidades a la elaboración de los mismos. Este Banco de casos, tendrá una etapa de transición con el sistema actual hasta el 31 de diciembre del corriente año. 

Tal como sucede en la totalidad de los Consejos de las provincias, y ni más ni menos que en el Consejo de la Magistratura Nacional que es presidido por el presidente de la Corte Suprema, la nueva normativa le otorga participación al Superior Tribunal de Justicia, pero no como miembro sino en instancias que permitirán aportar excelencia, transparencia, igualdad de oportunidades y celeridad en los procesos concursales. 

Vale decir que la participación del Máximo Tribunal entrerriano se circunscribe a la propuesta de integración de jurados a las listas ya existentes, es decir se busca la excelencia de los evaluadores. Se incorpora un pedido de informes para conocer los antecedentes de los concursantes que integran o integraron el poder judicial y se instaura una vía recursiva judicial directa que acota los plazos de impugnación para no tener concursos paralizados por años, con un plazo perentorio de resolución para el Superior Tribunal, máxime si se tiene en cuenta que en definitiva la última instancia de revisión será siempre nuestro más alto Tribunal. 

Entiendo que esta ley recientemente promulgada, enriquece, transparenta e imprime celeridad al trámite de los concursos como, asimismo, varios artículos ponen en pie de igualdad, en todas las instancias a los concursantes, inclusive se refrenda lo atinente a la terna vinculante a elevar, que conforme al art. 182 Inc. c) de la Constitución, se trata de una terna horizontal, porque como la etimología de la palabra lo dice, la terna es de tres miembros, todos con igualdad de oportunidades para ser elegidos por el gobernador, en pleno uso de la facultad que le otorga la Constitución Provincial, 175 Inc. 16). 

Como legislador me ha tocado participar, debatir y votar trascendentes iniciativas de todo tipo para nuestra provincia. Sin dudas, como joven, como abogado en ejercicio de la profesión y por sobre todo ciudadano entrerriano, la presente no ha sido la excepción. 

Del fruto de enriquecedores aportes comenzará a partir de esta ley un nuevo derrotero para el Consejo de la Magistratura entrerriano, con una nueva integración y nuevos desafíos por llevar a cabo que mejorarán sustancialmente la calidad en la selección de nuestra Magistratura, situación que indudablemente traerá aparejado un mejor servicio de Justicia. El Pueblo así lo exige. 

Entre Ríos: diputados buscan fortalecer la planificación de la política científica

Los legisladores provinciales Stefanía Cora y Juan Pablo Cosso participaron de la primera reunión del Consejo Consultivo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Los diputados entrerrianos Stefanía Cora y Juan Pablo Cosso participaron, en representación de la Cámara baja provincial, de la primera reunión del Consejo Consultivo de Ciencia, Tecnología e Innovación. La instancia institucional convocó además a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, representantes de Universidades públicas y privadas, del sector productivo, y de los trabajadores del INTI, INTA y CONICET. 

Mediante videoconferencia, distintos actores del sistema científico tecnológico y del sector productivo se reunieron para constituir el Consejo Consultivo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Entre Ríos y fortalecer de ese modo la planificación de la política tecnológica desde una perspectiva participativa. 

Con la presencia de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Producción, junto con la subsecretaría de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, y a través de una amplia convocatoria de carácter público-privado, se trabajó sobre “un proyecto de país y de provincia productivos en los que ciencia y tecnología agreguen valor, generen empleo registrado y se lleven adelante bajo rigurosos controles de impacto ambiental”, destacó la diputada Stefanía Cora en referencia al encuentro en el que participó representando a la Cámara junto a su par Juan Pablo Cosso.

“Entendemos que estas herramientas fortalecerán las políticas de arraigo, incentivando de este modo, que nuestra juventud pueda desarrollarse en Entre Ríos”, manifestó Cora, quien preside la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. “El objetivo es que podamos trabajar con todas las articulaciones y de ese modo construir las mejores herramientas para el desarrollo del sector”, resaltó la diputada.  

Por su parte, el secretario de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos, Jorge Gerard, presentó el plan provincial de desarrollo en la materia, al tiempo que afirmó que “conforme se venía trabajando, la decisión del gobernador y el ministro de Producción de impulsar la creación del Consejo Consultivo tiene por objeto ubicar a la ciencia y la tecnología en un ámbito de políticas de estado, pensadas en el largo plazo”. 

“Hay una gran disposición institucional para trabajar en forma coordinada y articulada, cuestión fundamental porque los planes de desarrollo científico-técnico requieren continuidad en el tiempo”, finalizó el secretario.

El bloque Justicialista de Entre Ríos repudió la “campaña de difamación” contra el diputado Cosso

Manifestaron su “más absoluto repudio” por los agravios que sufrió el legislador Juan Pablo Cosso y su familia “a través de mensajes cargados de odio, violencia y mentiras”.

Diputados del bloque Justicialista Frente Creer de Entre Ríos expresaron su “más absoluto repudio” por los agravios que sufrió el legislador Juan Pablo Cosso y su familia “a través de mensajes cargados de odio, violencia y mentiras”. 

A través de un comunicado, denunciaron una “cruel campaña de acoso y difamación” contra el diputado, que “no hace más que dejar al descubierto la esencia de quienes la impulsan, como así también de quienes la comparten haciéndose eco de publicaciones cobardes que no solo afectan la integridad de Juan Pablo y su familia sino también de toda una sociedad”. 

En este sentido, exigen que la Justicia investigue estos “aberrantes actos”, y que “encuentre a las y los responsables de los mismos para que cumplan con una condena que corresponda con la gravedad de los hechos”. 

Cosso denunció ante la Justicia una campaña de “acoso y difamación” hacia su familia, respecto a mensajes en los que se endilgaba delitos de corrupción de menores por parte de su padre. 

“Como bloque, además manifestamos nuestro enérgico repudio a cualquier tipo de violencia, maltrato o abuso de niños, niñas y adolescentes”, concluye el comunicado del bloque. 

Cosso propone crear el Gabinete Joven

El diputado del Frente Justicialista CREER Entre Ríos presentó en la Legislatura de esa provincia un proyecto de ley que apunta al fortalecimiento de la inclusión de las juventudes en la elaboración de las políticas públicas de la provincia.

Un proyecto de ley presentado por el diputado Juan Pablo Cosso, con la coautoría de las diputadas Carina Ramos y Stefanía Cora y del diputado Juan Manuel Huss, establece crear el Gabinete Joven, cuyo fin sería promover un abordaje transversal e integral de las políticas públicas desde una perspectiva joven.

El Gabinete Joven, integrado por dos representantes de cada Ministerio Provincial menores de 35 años y conformado al menos en un 50% por mujeres, dependería de la Subsecretaría de la Juventud de Entre Ríos, y tendría como funciones:

– Incorporar la perspectiva joven de manera transversal en todo el proceso de política pública generado desde el Estado Provincial.

– Establecer un conjunto de lineamientos de carácter interministerial en materia de promoción de las personas jóvenes como sujetos plenos de derecho y como actores estratégicos para el desarrollo.

– Impulsar el Programa de Fomento a Ideas Jóvenes.

– Promover la participación de las áreas de juventud de los Municipios y Comunas de la Provincia, así también como de las organizaciones no gubernamentales, en la planificación de políticas con perspectiva joven.

– Desarrollar acciones que tengan como objetivo el fortalecimiento del tejido asociativo juvenil como vehículo de transmisión de los valores de tolerancia, solidaridad y respeto a la diversidad.

– Formular programas que promuevan la integración y participación de las juventudes en los organismos del Estado Provincial.

– Promover la equidad de género en el diseño de políticas públicas destinadas a las juventudes de la Provincia.

El proyecto de Cosso determina la creación del Programa de Fomento a Ideas Jóvenes, con el objetivo de promover proyectos asociativos entre jóvenes que apunten a contribuir al desarrollo sostenible con impacto local. El legislador sostiene que “el fomento al emprendimiento actúa como un motor crucial del mejoramiento de las condiciones de vida de las juventudes”.

El programa, destinado a personas de 18 a 35 años que residan en la provincia, promovería proyectos orientados a la innovación tecnológica e institucional, la sustentabilidad medioambiental, la reducción de las brechas de género en todos los ámbitos, la inclusión de grupos vulnerables en términos socioeconómicos y al reconocimiento de la multiculturalidad.

El diputado Cosso considera a las juventudes como sujetos plenos de derecho y como actores estratégicos para el desarrollo. “Este proyecto de Ley propone la creación de una instancia institucional orientada a promover la participación e integración de las juventudes en las políticas públicas, que cuente con capacidad de articulación con el conjunto de la gestión de gobierno”, afirma.

En el texto del proyecto se explica que “nuestros jóvenes no constituyen un grupo social homogéneo. Más bien, expresan una multiplicidad de trayectorias y condiciones sociales, culturales y económicas que muchas veces se cristalizan en desiguales oportunidades de acceso a distintos espacios”, como así también con respecto a otros grupos etarios.

Así también se expresa que, frente a una sociedad cuyas transformaciones se desenvuelven a un ritmo veloz, las juventudes cuentan con las posibilidades de adaptarse a los cambios de forma dinámica y creativa, y que desde el Estado se debe estimular su participación y organización.