Luego de la visita de Daniel González, llegó el turno de Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quien en el debate del proyecto de la ley de Presupuesto 2026 afirmó que “estamos queriendo cambiar el enfoque tributario y dejar de tener una matriz persecutoria”. Fue crítico de la gestión de la ex AFIP y destacó las medidas fiscales del actual Gobierno nacional.

Siendo la cuarta reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el tratamiento de la “ley de leyes”, el encuentro estuvo moderado por el titular Alberto Benegas Lynch, que en su segundo día a cargo del órgano parlamentario evitó confrontar con los miembros de la oposición, pero no pudo esquivar los embates contra el director de la Agencia.

Sin embargo, después de la exposición de más de 20 minutos del funcionario, los diputados nacionales de Unión por la Patria plantearon un reclamo que generó el primer momento de tensión. Luego de que el director del ARCA finalizara su intervención sobre el proyecto de ley de inocencia fiscal, Germán Martínez, en su rol de jefe de bloque, alzó la voz y remarcó: “Tiene que venir a responder sobre el Presupuesto porque el expediente de inocencia fiscal no está en consideración ahora”.

Martínez cruzó a Pazo por el expediente y empezaron las chicanas de los dos lados.

El reclamo del santafesino fue más allá: en medio del planteo por los expedientes a considerar, deslizó que “si no esto es 'tema libre la vaca' porque Juan Pazo debe hablar de la Ley de Presupuesto”, y luego ironizó: “Es como si yo me pusiera hablar de los departamentos no declarados de Juan Pazo en Florida”. De inmediato, el funcionario, sentado en el estrado junto a Benegas Lynch, le contestó: “Trabajé toda mi vida en el sector privado y tengo todas las declaraciones juradas, prueben hacerlo… deberían trabajar y no vivir el Estado”.

El segundo momento de tensión entre los vocales y el funcionario fue cuando se mencionó a la quita y posterior regreso de las retenciones al agro. Punzante, Juan Pazo se dirigió a los legisladores de la oposición y chicaneó: “Es una cuenta aritmética, pero si quieren se los explico con manzanas”. Del otro lado de la sala, el diputado formoseño Fernando Carbajal le endilgó haber cometido una falta de respeto y lo catalogó de ser "muy atrevido".

Otro momento de fricción se dio cuando la diputada nacional Julia Strada planteaba una serie de preguntas al funcionario y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda la interrumpió en más de una ocasión: "Estás monopolizando la palabra, anótate y después seguís". Luego, notoriamente acelerado agregó: "No vas a cerrar tu intervención, me vas a escuchar a mí primero a mí".

"¿Qué te pasa violento?", respondió Strada, quien siguió: "Sos un violento. ¿Qué me venís a decir que te tengo que escuchar y me tengo que callar? sos un irrespetuoso 'Bertie'". "No hagas que te corte el micrófono", advertía Benegas Lynch. Finalmente, el titular de Presupuesto y Hacienda dio lugar a que continuara con las preguntas, pero el escenario ya se había caldeado.

La exposición del titular del ARCA

Las principales críticas de Pazo estuvieron dirigidas a la gestión de Carlos Castagneto, actual diputado nacional de Unión por la Patria y extitular de la AFIP desde agosto del 2022 hasta el 9 de diciembre del 2023. “Cuando hay límites de todo tipo de acceso al ahorro y no hay acompañamiento de parte del Estado, los niveles de evasión nos llevan a los altos niveles del 2001 que fueron parecidos a los de 2023”, deslizó el funcionario del gobierno de Javier Milei.

Respecto al escenario que Pazo encontró en el organismo cuando La Libertad Avanza arribó al Poder Ejecutivo, cuestionó que “se nombraron más de 3000 ingresos en ARCA a fines del 2023”, y luego, agregó que “nos dejaron un Banco Central sin reservas y una deuda muy importante en las devoluciones adeudadas de impuestos”. “Estamos queriendo cambiar el enfoque tributario y dejar de tener una matriz persecutoria”, alertó.

En otro tramo del discurso, el director de la Agencia de Recaudación advirtió que la evasión fiscal en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) tuvo “niveles mayores al 37%, lo que marca cifras peores que en el 2001”. Asimismo, mencionó que “la informalidad laboral es de 4 sobre 10 trabajadores argentinos que son más de 4 millones de personas”.

En síntesis, Pazo agregó que “el régimen de evasión del IVA fue similar a la evasión en materia laboral”. Criticó duramente la creación de cargos jerárquicos en diciembre del 2023 -previo al cambio de gobierno-, y profundizó: “Encontramos una obsolescencia tecnológica muy grande en una organización muy importante y clave para este gobierno porque la principal ancla que tenemos es el equilibrio fiscal”.

Al retomar el cambio de paradigma que propone la gestión libertaria, reiteró que la Agencia está puesta “al servicio de los ciudadanos y no para perseguirlos”. “No podemos soslayar que debemos mejorar las barreras del cumplimiento de los contribuyentes, pero buscamos facilitarle la vida al contribuyente y el agro es un aliado de este Gobierno y no utilizaremos mecanismos de persecución con el campo”, definió Juan Pazo.

El cierre de la exposición de Pazo fue para añadir que “el principal incentivo de la regularización de los patrimonios es el acceso al crédito privado que creció del 3% al 9% del PBI”. Luego, definió que los tres puntos principales de la gestión son “la simplificación, la desburocratización y la aplicación de tecnología”. “No estamos desmantelando un organismo, nuestro desafío es fomentar consumo e inversión”, concluyó.

Tal como suele suceder cada vez que un funcionario del Poder Ejecutivo viene al Congreso, Juan Pazo evitó profundizar más allá del la exposición. Cada vez que tomaba la palabra para contestar los bloques de preguntas, los legisladores de las bancadas de la oposición advertían -fuera de micrófono- que el funcionario no respondía sobre los temas consultados.

En última instancia, el diputado libertario Santiago Santurio cruzó a Vilma Ripoll por haber insultado al funcionario fuera de micrófono, y le recordó el abrupto final de la reunión que tuvo como invitado a Carlos Guberman. Tras este contrapunto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch, dio por terminada la reunión.

Luego de presentar un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de resolución para interpelar a Luis Caputo, ministro de Economía; a Pablo Quirno, secretario de Finanzas; Juan Pazo, director general del ARCA por lo ocurrido con la quita de retenciones y la posterior vuelta atrás sucedida durante la semana pasada.

“¿Qué mensaje se envía al interior productivo del país cuando se toman decisiones de esta magnitud a espaldas de la gran mayoría de los productores agropecuarios? Ni siquiera convocaron a la Sociedad Rural Argentina, a la Confederación Ruralistas de Argentina, a Coninagro o a la Federación Agraria, por mencionar algunas”, cuestionó el legislador de Unión por la Patria.

Según el propio Valdés, el contenido de esta iniciativa nace a raíz de la nota publicada este domingo por el periodista Jorge Fernández Blanco de La Nación en la que relató sobre una presunta reunión entre el ministro de Economía Luis Caputo, el secretario de Finanzas y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto al titular de la Cámara de la Industria Aceitera y la Cámara de Exportadoras de Cereales, Gustavo Idígoras, el 21 de Septiembre, un día antes de la promulgación del DNU 682/2025.

En esa línea, cargó: “Ese DNU eliminó de manera abrupta las retenciones a exportaciones de granos y derivados por un cupo de USD 7.000 millones, que fue consumido en apenas 48 horas por un grupo reducido de grandes exportadoras, con un costo fiscal estimado de USD 1.500 millones para el Estado argentino”.

Por otro lado, Valdés, añadió que “más allá del perjuicio fiscal y de la falta de transparencia de la medida, lo que aquí corresponde subrayar es el sesgo político y sectorial de la negociación. En esa mesa virtual, de la cual surgió una de las decisiones económicas más trascendentes del año, se sentaron funcionarios del Gobierno y representantes exclusivos de CIARA-CEC, mientras que las demás entidades del agro fueron marginadas del debate”.

“Lejos de un proceso abierto, plural y transparente, lo que surge de la nota es la imagen de un acuerdo reservado entre el Gobierno y un grupo concentrado de intereses, donde los grandes exportadores capturaron beneficios extraordinarios sin que los productores, ni la sociedad en su conjunto, tuvieran siquiera voz”, criticó el diputado nacional de Unión por la Patria.

Por último, Eduardo Valdés señaló que “los funcionarios citados deben comparecer ante esta Cámara y explicar por qué el Gobierno eligió a un solo interlocutor, dejando afuera al resto del sector agropecuario y comprometiendo recursos públicos”.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución con el objetivo de interpelar al titular de ARCA, Juan Pazo, a los fines de explicar la medida tomada a través de las resoluciones 184 y 185 del 2025, respecto a las autorizaciones a través de DDJJ con retenciones del 0% y sus consecuencias en los productores agrarios.

“Esta inusitada medida pone en jaque el déficit cero que el gobierno pretende sostener e incluso afecta al Presupuesto 2026 presentado por el mismo hace unos días atrás -y también apalancado en un discurso también de tono electoral realizado a través de cadena nacional- para ser debatido por el Congreso de la Nación”, señaló el legislador santafesino en los fundamentos del proyecto de resolución.

La iniciativa acompañada, también, por Mónica Fein busca que el funcionario explique cuáles fueron las medidas tomadas por el área de su dependencia para garantizar que la producción declarada exista al momento de la presentación de las DDJJ respectivas, ello de acuerdo a la Ley Martínez Raymonda; y Cómo se garantiza que los efectos positivos de la retención del 0% alcancen a los productores de nuestro país en base a ser los generadores de la riqueza a través del aprovechamiento del suelo nacional.

Respecto a la medida del Gobierno nacional, cuestionó que “duró 72 horas y no estaba dirigida a los productores, sino que fue un preacuerdo entre quienes concentran el negocio del sector; unos pocos amigos del gobierno de Javier Milei”. Luego, detalló que la fugaz eliminación fue un anuncio “que permitió que las grandes cerealeras presentaran DDJJ de compromisos de exportación y obteniendo una ganancia extraordinaria de $1.600 millones de dólares”.

Criticó, además, que la medida equivalente al 0.23% del PBI pondera “un valor superior al necesario para financiar la Ley de Emergencia en Discapacidad, salud o el sistema universitario”, y aseguró que los únicos dólares que ingresaron al país fueron los $7.000 millones de las agroexportadoras, usados para “calmar la corrida cambiaria” y darle aire al ministro de Economía, Luis Caputo, para “seguir timbeando”.

Finalmente, Paulón aclaró que está a favor de eliminar las retenciones, pero explicó que "esto debe hacerse en el marco de una reforma tributaria integral que posibilite previsibilidad en el sector, contemplando a pequeños y medianos productores".

El Gobierno nacional informó este jueves los principales puntos del proyecto de ley de principio de inocencia fiscal vinculados a la formalización de los "dólares del colchón". La sorpresa fue que quien anunció el contenido del texto fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, junto al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

Ante la atenta mirada del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el diputado y el funcionario anunciaron que “vamos a abandonar el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex AFIP presuponían que todos éramos culpables y pasaremos a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes, salvo que ARCA demuestre lo contrario”. De ese modo, presentaron al nuevo proyecto de ley como “un cambio de régimen en materia tributaria”.

Tras una introducción de Espert, en tono de campaña electoral, el titular del ARCA planteó que el nuevo régimen se define en dos esquemas: “Uno referido en el cambio de paradigma del régimen general y el otro al blindaje del nuevo régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias”. “Les damos la posibilidad a los ciudadanos de que normalicen su situación fiscal sin tener un problema penal”, remarcó Pazo.

Sobre el primer punto, Pazo explicó: “Vamos a modificar los umbrales por los que el Estado podía perseguirte por evasión, ya que podían investigarte como evasor simple por diferencias de $1.500.000”. “A partir de ahora estos límites aumentan significativamente”, completó. Según fuentes de Casa Rosada ese monto estaría cerca de los $100.000.000.

La mirada atenta de Luis Caputo ante la exposición de Pazo y Espert.

Además, Juan Pazo mencionó que “de alrededor 7.000 causas abiertas hoy, en el fuero penal tributario, únicamente quedarán en curso aproximadamente 200 que son las que realmente implican una evasión real y significante”.

También, relató que “se modifica el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, el cual se disminuye de cinco a tres años, siempre que los ciudadanos o las empresas hayan presentado su declaración jurada en tiempo y forma”. “Quien incumpla y sea notificado podrá resolverlo pagando lo que debe”, añadió.

Como segundo esquema del proyecto, el titular del organismo de control fiscal explicó: “Estaremos blindando para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al ya anunciado régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias”, y añadió: “La gente que adhiera podrá normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por la facturación, independientemente de su validación patrimonial”.

“La gente que adhiera al nuevo régimen, ARCA le calculará el monto a pagar de Ganancias, solo por lo facturado durante ese período sin importar lo que haya aumentado su patrimonio y su consumo personal”, remarcó Pazo, y ejemplificó: “Si durante ese ejercicio fiscal, una persona compra cinco departamentos ARCA solo le cobrará Ganancias por lo que haya facturado menos los consumos deducibles”.

Y siguió: “Con esta ley estamos garantizando que ningún gobierno del futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada, ninguna administración de otro signo político que busque continuar con su adicción a la persecución podrá volver a tratar a todos los ‘argentinos de bien’ como delincuentes”.

En el final de la explicación leída, Pazo sintetizó: “Esto significa que los argentinos que durante años han salvado su plata de las manos de los políticos, adhiriendo a este régimen podrán usarla para lo que quieran sin tener que explicarle nada a nadie”. “Te adherís, pagas y te despreocupas”, resumió Pazo.

Luego, concluyó: “No te va a buscar nadie por los ahorros que te ganaste, nunca mas un argentino de bien será perseguido por los burócratas de turno”. “Gracias a esta ley, las amenazas del ‘partido del Estado’ van a quedar en el pasado”, cerró.

El mensaje de Espert al Congreso y a Kicillof

Dirigido a las cámaras del Congreso de la Nación, José Luis Espert aclaró que este proyecto de ley “queda en manos de los diputados y senadores elegir entre dos opciones: o acompañan y permiten que sean libres y normalicen su situación patrimonial de una buena vez, o se oponen y condenan a los argentinos a esconder sus ahorros bien habidos condenándolos a la informalidad y a la evasión”.

“Queda en ustedes, diputados y senadores de la Nación, elegir si quieren devolverles la libertad a los ciudadanos de sus provincias o si quieren persistir con este sistema perverso que tanto daño le ha causado al país”, aseveró el titular de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja, quien señaló: “O están con la gente, o conspiran para seguir arruinándole la vida, no hay intermedio”.

Mirando a cámara y en tono electoral, Espert volvió a criticar al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En tono electoral, pues Espert debe renovar mandato en estas elecciones legislativas, apuntó contra ejecutivos provinciales: “Este mensaje también va para los gobernadores que aun no adhirieron al régimen, va para el soviético de Axel Kicillof que ha arruinado a la provincia de Buenos Aires, y para La Pampa, para Formosa, para Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero y Santa Fe (sin dar los nombres)”.

En el cierre de su discurso leído, Espert, favorito de Javier Milei para encabezar la boleta en PBA por la alianza LLA – Pro, enfatizó: “Del gobernador de la provincia de Buenos Aires no esperamos prácticamente nada porque ha dedicado su vida entera a arruinarle la vida a los argentinos, cuando fue ministro de Economía, y ahora a los bonaerenses en su segundo mandato, luego de un desastroso primer mandato”.

“Todos estos (gobernadores y legisladores de la oposición) son los culpables del problema, es entendible que no puedan ser parte de la solución”, concluyó José Luis Espert sobre la presentación del proyecto de ley de principio de inocencia fiscal.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (UP) denunció al nuevo titular de la AFIP, Juan Pazo, por “delitos contra la administración pública, falsificación de declaraciones juradas y ocultamiento de bienes”.

En la acusación, el diputado de UP pide que se investigue una serie de hechos cometidos por el actual funcionario público nacional, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) que podrían configurar delitos de acción pública que reprime con prisión de hasta 6 años al funcionario público “que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.

Tailhade describió a Pazo como “empresario argentino, vinculado estrechamente como ejecutivo desde hace muchos años al grupo económico que comanda Francisco De Nárvaez, habiendo sido presidente del holding de empresas textiles del grupo, y presidente de numerosas sociedades subsidiarias constituidas en su gran mayoría en guaridas fiscales, es decir aquellos países o jurisdicciones que no cumplen con los mínimos estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”.

En abril conté que el nuevo titular de la AFIP, Juan Pazo, integraba 12 sociedades en el exterior y tenía un departamento en Miami, todo sin declarar. Como ni renunció, ni ningún fiscal actuó de oficio, lo denuncié penalmente. Y le encontré otra propiedad sin declarar. Va hilo 👇 pic.twitter.com/eIHkIToEeC

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) December 13, 2024

Así, denunció que en 2010 Pazo junto a su esposa constituyeron la sociedad Harbour House 1533 Corp, con sede en la unidad 1533 del complejo ubicado en el 10275 de Collins Avenue, Miami, Florida. “Esta sociedad continúa siendo propiedad de Pazo y su esposa, y, según veremos, nunca fue incorporada a las declaraciones juradas presentadas por Pazo en su condición de funcionario público durante los períodos mencionados”, señaló.

“En una primera etapa Pazo fue funcionario público entre marzo de 2016 y noviembre de 2019, y en función de las previsiones de la Ley de Ética Pública tuvo que presentar anualmente las declaraciones juradas patrimoniales. En ninguna de las presentaciones que hizo durante aquel período informó que era socio de una sociedad constituida en Miami ni mucho menos que era dueño de un inmueble en aquella ciudad”, ratificó.

Tailhade indicó que “en este período debió haber denunciado que eran propietarios de la unidad ya que lo compraron en 2013 y lo vendieron en 2021, es decir estuvo en su patrimonio durante toda la primera etapa de su trabajo en la gestión pública, y sin embargo lo omitió, lo ocultó, evidentemente de manera deliberada. O sea, una clara falsedad maliciosa de su declaración jurada”.