La Comisión de modernización del Estado dejó en estudio proyectos orientados a profundizar la transformación digital de la Cámara alta y reducir el uso de papel en los procedimientos internos.
La Comisión de Modernización del Estado analizó iniciativas que buscan incorporar herramientas digitales a los procesos legislativos y administrativos de la Cámara, impulsadas por los senadores Carlos Curestis y Malena Galmarini, entre otros.
Uno de los expedientes fue presentado por el senador Carlos Curestis, de La Libertad Avanza, y propone incorporar la firma electrónica o digital para la presentación de proyectos legislativos. La iniciativa contempla adecuar el Reglamento Interno para reconocer la validez de estas herramientas durante las primeras instancias del trámite parlamentario.
La segunda propuesta pertenece a la senadora Malena Galmarini, de Fuerza Patria, y plantea la creación de un Sistema de Gestión Parlamentaria Electrónica, SGPE.
El objetivo es avanzar hacia un esquema en el que el expediente electrónico con firma digital se convierta en el instrumento central de la actividad legislativa y administrativa.
También quedó en estudio un proyecto de resolución impulsado por el presidente de la comisión, Juan Manuel Rico Zini, del PRO, que propone crear un Sistema Interno de Comunicaciones Electrónicas para agilizar los circuitos administrativos del Senado.
La comisión analizó además una iniciativa del senador Marcelo Leguizamón Brown, de Hechos, que propone modificar el Decreto Ley 7647/70, que regula el procedimiento administrativo provincial.
La norma apunta a simplificar trámites, avanzar en la digitalización y reducir la burocracia administrativa.
Las iniciativas quedaron en estudio y apuntan a modernizar el funcionamiento interno del Senado mediante la incorporación de herramientas digitales, con la intención de agilizar trámites y reducir la dependencia del soporte papel.
La reunión se realizó en el Salón Antonio Cafiero y estuvo encabezada por Rico Zini, acompañado por el vicepresidente Sergio Berni, de Fuerza Patria, y el secretario Diego Valenzuela, de La Libertad Avanza.
El debate por una eventual modificación de los límites a las reelecciones de intendentes volvió a instalarse en la Legislatura, la oposición en el Senado platea sus dudas.
El debate por una eventual modificación de los límites a las reelecciones de intendentes volvió a instalarse en la Legislatura, a partir de versiones sobre iniciativas del oficialismo provincial para flexibilizar o eliminar la Ley vigente.
Frente a ese escenario, el PRO ratificó su rechazo a las reelecciones indefinidas y reclamó que cualquier cambio sea discutido con una mirada institucional y sin condicionamientos electorales.
El senador por la segunda sección electoral, Juan Manuel Rico Zini, declaró que “cualquier cambio debe discutirse con perspectiva institucional y no para atender intereses coyunturales”.
El legislador pergaminense defendió así la vigencia de los límites establecidos en la legislación bonaerense y planteó que el debate no debería estar atravesado por la conveniencia de determinados dirigentes o sectores políticos.
En ese sentido, cuestionó que las reglas electorales puedan modificarse para favorecer candidaturas particulares “si las normas se ajustan para beneficiar grupos o propiciar candidaturas particulares, se sacrifica la previsibilidad que necesita el sistema político y la institucionalidad”, advirtió Rico Zini.
Por otra parte, el referente del PRO también puso el foco en la alternancia en los gobiernos municipales y rechazó el argumento de que la experiencia o el arraigo territorial de algunos intendentes justifique eliminar las restricciones “sin límites, aumenta el riesgo de perpetuación y concentración de poder en manos de estructuras que terminan por cerrarle el paso a la renovación”, sostuvo.
La postura del PRO se inscribe en el debate sobre la normativa que limita los mandatos de los intendentes bonaerenses. El régimen fue modificado durante los últimos años y tuvo como antecedente central la Ley 14.836, sancionada en 2016, que estableció límites a las reelecciones. Luego, la Ley 15.315, aprobada en 2021, introdujo cambios sobre la forma de contabilizar los mandatos y buscó cerrar mecanismos utilizados para evitar la aplicación de esas restricciones.
El senador provincial Juan Manuel Rico Zini plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo de "liberalismo pragmático", que combine la defensa de la libertad, la iniciativa privada y la seguridad con una gestión pública eficiente.
A través de sus redes de comunicación el senador provincial del PRO Juan Manuel Rico Zini avanzó en una serie de definiciones políticas tras el reciente relanzamiento de su espacio político.
“En tiempos en que se interpela a la dirigencia es necesario establecer prioridades para atender demandas de una sociedad cada vez más exigente con la calidad de las políticas públicas”, dijo el legislador de Pergamino que representa a la segunda sección electoral bonaerense.
“El concepto de liberalismo pragmático puede brindar las herramientas. Tanto a nivel provincial como al interior de los municipios, necesitamos recuperar los valores de la libertad y la iniciativa privada, pero con una gestión pública responsable y un Estado que cumpla con eficacia las funciones que le corresponden”.
“Personalmente tengo una visión integradora que toma elementos del relanzamiento del PRO y una mirada liberal respetuosa de la libertad individual, la seguridad y la iniciativa privada; y convicción por una gestión municipal responsable y un Estado que cumpla con eficacia las funciones que le corresponden”, definió.
El integrante del bloque de senadores del PRO reforzó la idea de que “la provincia de Buenos Aires debe parecerse más a las ciudades que funcionan” y opinó que “en los municipios gobernados por el PRO la gente vive mejor”.
En coincidencia con las apreciaciones de su compañero de bancada, Guillermo Montenegro- que en el último encuentro partidario realizado en Mar del Plata planteó la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión que salgan de la lógica de que es el Estado el que por sí solo debe resolver los problemas para discutir otras dinámicas- Rico Zini subrayó: “todos los municipios de la provincia necesitan una gestión práctica, eficiente y cercana a los vecinos”.
“Necesitamos menos Estado ineficiente y más municipios que funcionen para la gente. Ofrecer un contrato de gobernabilidad basado en la responsabilidad, la eficiencia y el control ciudadano”, sostuvo.
“Estos principios de subsidiaridad inteligente, gerenciamiento por resultados, seguridad integral, desarrollo productivo con la consecuente generación de empleo y proyección ambiental, son políticas públicas aplicables en todos los municipios y escalables a nivel provincial en caso de que el PRO- solo o en acuerdos con otros espacios afines- asuma la Gobernación”, finalizó.
El planteo surge tras los reclamos formulados por la filial local de la Sociedad Argentina de Pediatría y la Asociación Médica de Pergamino.
El senador bonaerense del PRO, Juan Manuel Rico Zini, presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Salud provincial brinde precisiones sobre la situación de los servicios de Pediatría, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Interzonal General de Agudos “San José” de Pergamino.
Según explicó el legislador, el planteo surge tras los reclamos formulados por la filial local de la Sociedad Argentina de Pediatría y la Asociación Médica de Pergamino, que advirtieron sobre la falta de cobertura en algunas guardias pediátricas y la sobrecarga laboral de los profesionales.
“Este pedido de informes se inscribe en la defensa del hospital público”, sostuvo Rico Zini.
En ese sentido, remarcó que “no todas las cuestiones de la atención sanitaria pueden ser absorbidas por el sector privado” y que los hospitales públicos cumplen un rol esencial en la atención de alta complejidad.
El senador advirtió que la falta de personal especializado, la sobrecarga de guardias y las dificultades operativas podrían afectar la calidad de atención de los pacientes pediátricos “lo que han planteado los profesionales exhibe el riesgo que afrontan quienes requieren atención crítica cuando faltan recursos asistenciales esenciales”, señaló.
Asimismo, consideró que la situación del Hospital San José “es consecuencia de un proceso que se viene dando desde hace tiempo” y cuestionó la política sanitaria provincial “hay una inconsistencia entre el discurso del Estado presente y lo que sucede en los hospitales”.
Rico Zini sostuvo que, más allá de las dificultades económicas y de la escasez de pediatras para cubrir vacantes, “el Estado tiene la responsabilidad de garantizar una atención sanitaria de calidad”.
El legislador también señaló que la problemática no se limita a Pergamino, “lamentablemente esto no solo pasa en nuestro distrito, sino que forma parte de una situación más amplia que afecta a distintos hospitales de la provincia”, indicó.
Por último, recordó que la iniciativa se complementa con un pedido impulsado por el presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, para conocer el estado general de la red hospitalaria provincial.
En ese marco, adelantó que buscarán mantener una audiencia con autoridades del Ministerio de Salud para analizar posibles soluciones.
“Esperamos que nos reciban para conocer qué medidas se están tomando y de qué manera podemos colaborar”, concluyó.
La propuesta apunta a generar herramientas de prevención, detección temprana y acompañamiento frente a situaciones de violencia en las relaciones afectivas adolescentes.
El senador Juan Manuel Rico Zini presentó en la Cámara alta un proyecto de ley para crear un programa provincial de prevención y concientización de noviazgos violentos, destinado a estudiantes de escuelas secundarias de gestión pública y privada de la provincia de Buenos Aires.
Según detalla el proyecto, la preocupación por el incremento de conductas de control, manipulación emocional, violencia psicológica y agresiones físicas que pueden presentarse en los primeros vínculos de pareja.
Además, remarca que estas situaciones suelen permanecer invisibilizadas y, de no ser abordadas oportunamente, pueden consolidarse como patrones de violencia que se replican en etapas posteriores de la vida.
En ese sentido, el legislador sostuvo que “la prevención y la detección temprana son fundamentales para evitar que estas conductas se naturalicen”, y remarcó que “las escuelas constituyen un ámbito estratégico para promover relaciones saludables entre los adolescentes”.
Rico Zini señaló además que el objetivo es brindar herramientas concretas “tanto a los estudiantes como a la comunidad educativa para reconocer señales de alerta y actuar ante posibles situaciones de violencia”.
Entre los ejes centrales de la propuesta se encuentran la promoción de vínculos afectivos basados en el respeto y la autonomía, la identificación de prácticas de control y aislamiento, la difusión de mecanismos de asistencia y denuncia, y la capacitación de docentes y equipos de orientación escolar.
Asimismo, incorpora una mirada sobre las nuevas formas de violencia vinculadas a los entornos digitales, como la ciberviolencia, el acoso virtual y el control de redes sociales.
Al fundamentar la iniciativa, el senador pergaminense advirtió que “las transformaciones en las formas de vinculación juvenil exigen respuestas actualizadas por parte del Estado”.
"La difusión no consentida de contenido íntimo y otras modalidades de violencia digital representan desafíos que deben ser abordados de manera específica dentro del sistema educativo”, agregó.
El proyecto prevé que la implementación quede a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación en articulación con el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense.
La comisión tendrá competencia sobre proyectos vinculados a organismos descentralizados y estructuras del Estado provincial.
El Senado bonaerense continúa con el proceso de constitución de las comisiones permanentes para el actual período ordinario y formalizó la integración de la comisión de Modernización del Estado.
En la reunión realizada en el Salón Antonio Cafiero del Palacio Legislativo, la comisión quedó presidida por el senador del PRO, Juan Manuel Rico Zini, mientras que la vicepresidencia recayó en el titular del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni.
En tanto, la secretaría será ejercida por Diego Valenzuela, quien aún no pudo reasumir su banca a la espera de una sesión en el Senado bonaerense.
Tras jurar en la Legislatura provincial y solicitar licencia, su nombre había sonado para desembarcar en el área de Migraciones o al frente de una agencia nacional, aunque finalmente el Ejecutivo nacional descartó esa posibilidad.
Además, integrarán la comisión Laura Clark, Malena Galmarini, Emmanuel González Santalla, Adrián Santarelli; por Fuerza Patria, María Florencia Arietto; por La Libertad Avanza y Carlos Kikuchi del bloque Unión y Libertad.
La comisión tendrá competencia sobre proyectos vinculados a organismos descentralizados y estructuras del Estado provincial, además de intervenir en iniciativas relacionadas con la modernización de la administración pública, la descentralización de servicios, el control interno y la gestión de recursos humanos.
Asimismo, abordará propuestas vinculadas a la incorporación de nuevas tecnologías en la administración bonaerense, como firma digital, expediente electrónico y sistemas de acceso único a trámites, además de iniciativas sobre acceso a la información pública, desburocratización y mecanismos de participación y control ciudadano.
Del encuentro constitutivo participaron de manera presencial Rico Zini, Berni, Galmarini y Clark, mientras que Kikuchi, Santarelli y Arietto lo hicieron de forma virtual.
El proyecto de ley establece que toda información en poder del Estado será considerada pública, salvo excepciones estrictamente establecidas por ley.
El senador provincial Juan Manuel Rico Zini, presentó en la Cámara Alta bonaerense un proyecto de ley orientado a garantizar el acceso pleno, simple y sin restricciones a la información pública.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento del resto del bloque de senadores PRO, que respaldó su presentación como parte de una agenda institucional centrada en la transparencia y la calidad democrática.
En un contexto donde crece la demanda social por mayor control sobre el uso de los recursos públicos, el proyecto propone un cambio estructural en la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Según la norma, toda información en poder del Estado será considerada pública, salvo excepciones estrictamente establecidas por ley.
La iniciativa establece que cualquier persona podrá solicitar información sin necesidad de justificar su pedido, y que la misma deberá ser entregada en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Asimismo, incorpora el principio de “silencio negativo”, por el cual, ante la falta de respuesta estatal, se entiende denegada la información, habilitando de manera directa la vía judicial.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es su amplio alcance, la obligación de brindar información no se limita a los tres poderes del Estado, se incluye a empresas con participación estatal, concesionarios de servicios públicos, organizaciones que reciban fondos públicos e incluso entidades privadas que administren recursos del Estado.
“Donde hay plata pública, tiene que haber transparencia”, sostuvo el autor del proyecto.
Además, la iniciativa incorpora el principio de transparencia activa, obligando a los organismos públicos a publicar de manera permanente y accesible información clave: sueldos, estructura del personal, presupuesto, contrataciones, transferencias de fondos, y actos administrativos.
Desde una perspectiva política e institucional, el proyecto busca dar respuesta a una de las principales demandas sociales: conocer cómo se administra el Estado.
“No alcanza con que el Estado sea legal. Tiene que ser creíble. Y la credibilidad empieza por mostrar qué hace, cómo lo hace y en qué gasta cada peso”, afirmó el senador.
La propuesta también contempla sanciones para aquellos funcionarios que nieguen información de manera injustificada o la entreguen de forma incompleta, fortaleciendo así los mecanismos de control y responsabilidad pública.
La ley tiene como objetivo garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y fortalecer la transparencia de la gestión estatal.
En este sentido, establece “acceso universal”; es decir que toda persona puede solicitar información en igualdad de condiciones, sin discriminación y sin necesidad de expresar motivos.
También se prevé “máxima premura”; que la información debe ser suministrada con la mayor celeridad posible y en plazos razonables; y la “gratuidad”: del acceso es gratuito, salvo los costos de reproducción, que estarán a cargo del solicitante.
El acceso a la información pública constituye un derecho fundamental con sustento constitucional.
“Este no es un proyecto contra nadie. Es un proyecto a favor de todos. Porque en democracia, lo que no se muestra, inevitablemente se vuelve sospechoso”, concluyó Rico Zini.
Con esta iniciativa, el bloque de senadores PRO impulsa un modelo de Estado más abierto, controlable y cercano, donde el acceso a la información deje de ser una excepción y pase a ser una regla.
El Senado bonaerense terminó de designar su representación en el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona a los postulantes a jueces e integrantes del Ministerio Público.
Los senadores provinciales, en su última sesión terminaron de definir quiénes son los seis representantes que integran el Consejo de la Magistratura provincial, que como se sabe, corresponde a cada una de las Cámaras del Poder Legislativo designar a 3 Consejeros titulares y 3 suplentes.
La legislatura había avanzado, no sin chisporroteos, en la designación de los tres consejeros titular y suplentes de la Cámara baja, cayendo la responsabilidad en el diputado y presidente de la bancada oficialista Facundo Tignanelli, que a su vez es el vicepresidente del organismo que preside un ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense; completan la delegación de diputados los titulares Germán Di Césare, también de UP, y Martín Endere del Pro.
En tanto que por parte del Senado estaban designado, como titulares, por el bloque de UP, el senador Gustavo Soos y la senadora Gabriela Demaría; en tanto que por la UCR lo hace el senador Ariel Bordaisco.
Los consejeros suplentes, por la Cámara baja, los oficialistas Avelino Zurro y Ricardo Lissalde y el radical Valentín Miranda. En tanto que por el Senado estaban designado los oficialistas Sofía Vannelli y Walter Torchio.
Por lo tanto, faltaba dar el último paso que era la designación de un senador más para completar los tres suplentes, y para ese lugar fue designado el senador de Pergamino del Pro Juan Rico Zini.
Por último, cabe recordar que los consejeros suplentes pasan a reemplazar automáticamente a los titulares cuando estos terminan sus mandatos, hasta que se produzcan las designaciones nuevas por la Cámara correspondiente.