La sesión solicitada por Unión por la Patria para debatir sobre financiamiento universitario, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y fórmula de movilidad jubilatoria fue oficializada este lunes. La convocatoria es para el miércoles, a las 11, un día después de la marcha federal a favor de las universidades públicas, que se anticipa masiva.

“Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto”, desafió a sus pares Germán Martínez, jefe de la bancada peronista/kirchnerista que cuenta con 99 miembros.

El temario de la sesión incluye proyectos presentados por el Frente de Izquierda, bloque de 5 integrantes que dará quórum. Pero además hay iniciativas de radicales y uno de Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, sobre el FONID.

Al número de 129 para lograr el quórum, habrá que mirar con especial atención qué hacen algunos diputados de los llamados bloques dialoguistas. Por lo pronto, se sabe que hay un grupo de legisladores de la UCR referenciados en Facundo Manes y un puñado de sus compañeros del sector de Martín Lousteau, claramente identificados con la causa universitaria, como Danya Tavela, que podrían sumar.

Dentro de HCF, la cordobesa Natalia De la Sota -que suele desmarcarse de sus comprovincianos-, los socialistas Mónica Fein y Estaban Paulón y la mencionada Stolbizer fueron, por ejemplo, los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto que estuvieron presentes en la jornada contra el DNU 70/23 que se realizó días atrás con abogados constitucionalistas.

Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión, por lo cual, en caso de abrirse la sesión, necesitarían dos tercios para su tratamiento sobre tablas. La estrategia sería en tal caso pujar por un emplazamiento de comisiones para que, con fecha y hora, se den esos correspondientes debates.

Como primer tema, aparecen las iniciativas referidas al financiamiento universitario, un tema que ocupará la agenda pública el día anterior con la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. El pasado miércoles, legisladores de la oposición escucharon a estudiantes en el Anexo de la Cámara baja. En la mesa principal estuvieron Blanca Osuna y Tomás Ledesma, de UP, pero también Tavela, Stolbizer y Paulón.

En el encuentro, los invitados reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.

Los proyectos contemplados para la sesión son pedidos de emergencia presupuestaria universitaria, impulsados por Romina Del Plá (FIT), Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP). También hay otro de Mónica Litza (UP) con la modificación del incremento y actulización de presupuesto para las casas de altos estudios.

A su vez, una iniciativa de Danya Tavela (UCR) sobre un régimen de financiamiento universitario; una de Pablo Carro (UP) que propone financiamiento de las universidades a partir de recaudación que surge de la promoción de la economía del conocimiento; y otra de Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.

Por otra parte, hay un conjunto de proyectos referidos a la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al cual el gobierno de Javier Milei le puso fin. Con distintos plazos de prórroga, y algunos que promueven su vigencia permanente, hay propuestas de Máximo Kirchner, Ariel Rauschenberger, Silvina Ginocchio (UP); Julio Cobos, Danya Tavela (UCR); Margarita Stolbizer (HCF) y Romina Del Plá (FIT).

El tercer bloque tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria, tema sobre el cual ya hubo dictamen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero la oposición quiere acelerar su discusión en Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, quien se ha mostrado sin intenciones de convocar para tal fin.

La semana pasada se firmaron tres dictámenes. El de UP, de mayoría (13 firmas), propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.

En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.

Finalmente, el dictamen de la izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.

La diputada nacional Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) cuestionó al Gobierno por el DNU que establece el aumento de la movilidad jubilatoria: “Recurrir de manera tan repetida a los DNU nos pone en una situación”.

En declaraciones radiales la integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social se refirió a la reunión de este jueves a la que asistieron funcionarios que expresaron su postura sobre la nueva fórmula jubilatoria y mostró su desacuerdo: “Si agregamos que es para definir cómo va a ser el cobro de las jubilaciones, los jubilados quedan sujetos a la decisión de un funcionario”.

Además, habló de las polémicas dentro del recinto cuando se presentó Alejandro Chiti, exsecretario de Seguridad Social, para “disertar en favor del gobierno, sin estar designado oficialmente ni poseer cargos actualmente”, y dijo que “no aportó ninguna cosa novedosa y sólo vino a defender el DNU, ni nos convencieron que sea algo bueno para los jubilados”.

Con respecto al aumento de tarifas expresó su conformidad, pero señaló que “debe haber información más certera, los aumentos ser progresivos y contar qué harán con quienes no puedan pagar”.

Finalmente, se refirió al tratamiento del nuevo proyecto de Ley de Bases y mostró su preocupación: “Sobre el borrador que vimos, puedo decir que salió lo más horrible de lo que era la Ley Ómnibus”, y agregó que para ella “el piso de Ganancias debería llegar a 1.8000.000 o 2.000.000. El Gobierno tiene diferencias en las conversaciones con gobernadores del Norte, del Sur y los que son de la zona núcleo. Debe encontrar una fórmula de equilibrio”.

Hasta último momento no se sabía si funcionarios del Poder Ejecutivo iban a asistir este jueves a la reunión informativa de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, cuando finalmente, entre los primeros expositores, se hizo presente el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros.

El funcionario defendió el cambio de la fórmula de movilidad por DNU y afirmó que “acá no nos estamos ahorrando nada”. En ese sentido, precisó que los aumentos estipulados para abril, mayo y junio, antes que el cálculo comience a regir plenamente en julio por IPC, rondan alrededor de los 2 billones de pesos.

Si bien varios diputados se mostraron a favor, como contemplan la mayoría de los proyectos presentados, en que la fórmula contenga el índice de inflación, el cuestionamiento pasó por el “empalme” y el porcentaje tomado para la recomposición. Mientras desde un sector de la oposición insisten con que sea de un 20,6% -número de enero-, De los Heros defendió que se haya tomado un adicional de 12,5% como “la situación inflacionaria más cercana”.

En el arranque de su exposición, el director Ejecutivo de la ANSeS mencionó que con la fórmula que se acaba de anular (votada en 2021 bajo el gobierno del Frente de Todos), el aumento para junio hubiese sido de 34,1%. “Con los adelantos que se van a dar durante este período, de abril, mayo y junio, como adelanto a la movilidad que va a entrar en pleno vigor a partir de julio, se va a estar otorgando a los jubilados un 63,1%. Este es el esfuerzo fiscal que hace el Gobierno al establecer esta nueva movilidad”, señaló.

“La urgencia del DNU es justamente mejorar la situación de nuestra clase pasiva, con un costo fiscal que llega casi al billón novecientos mil pesos durante estos tres meses”, detalló y defendió que “las decisiones políticas del Gobierno no exponen solamente una preocupación sobre la situación de nuestros jubilados, sino también la convicción de otorgarles fondos públicos que son escasos, para tratar de resolver parcialmente la situación desastrosa que dejó la ley de movilidad anterior”.

Por otra parte, De los Heros aprovechó para cuestionar las jubilaciones por moratoria. “Una cuestión que quiero también poner sobre la mesa es la cantidad de jubilaciones mínimas que tenemos; siempre hay una tendencia de ver a los jubilados como titulares de jubilaciones mínimas y en realidad no debería ser así. ¿Por qué llegamos a esto? El 87% de todas las jubilaciones otorgadas con moratoria están en la mínima. Este achatamiento no es producto de la movilidad sino de las políticas adoptadas”.

“De las jubilaciones y pensiones 100% contributivas, que fueron adquiridas por los trabajadores con 30 o más años de aporte, solamente el 6% tiene jubilaciones mínimas”, precisó y continuó: “Evidentemente este proceso de achatamiento de la pirámide, que tanto se habla, no es producto de la movilidad, es producto de ciertas políticas que se han adoptado desde 2005, otorgando moratorias que ponen en una situación de igualdad situaciones totalmente distintas”.

El funcionario cuestionó que “hemos incorporado dentro de este universo a cinco millones de personas que no cumplieron con la ley previsional que establecía los 30 años de aporte”.

Si bien indicó que en el mundo “no hay un consenso absoluto acerca de cuál es el mejor sistema previsional”, algo que sí sucede es que “los regímenes previsionales son de largo plazo, no se los puede estar interviniendo, toqueteando o modificando permanentemente . Lamentablemente Argentina esta actitud no la ha mantenido”.

Al recordar la ley de moratoria que está vigente, que permite comprar aportes no efectivamente realizados, informó que “en el caso de las mujeres el promedio de aportes efectivos es de cinco años, y en el caso de los hombres tienen nueve años de aportes efectivos”.

“De 45.000 jubilaciones promedio que otorga el ANSeS, 30.000 corresponden a trabajadores que compran sus aportes por moratoria, sólo 15.000 son trabajadores que cumplen con los 30 años de aporte y la edad requerida”, apuntó.

Finalmente, pidió “buscar un acuerdo y consenso para no caer en injusticias” ya que “la Corte ha dicho que el principio de igualdad es para situaciones iguales, y deja de ser igualdad cuando a situaciones diferentes se les da el mismo tratamiento”.

Al momento de las preguntas de los legisladores, el radical Martín Tetaz remarcó que “el año pasado hubo 210% de inflación y las jubilaciones sacaron 110%”, con lo cual perdieron 100 puntos. “Ustedes están congelando la diferencia que se generó entre la inflación y las jubilaciones hacia adelante. ¿Usted sacó la cuenta de cuánto tiene que ser la compensación para que los jubilados perciban de bolsillo la misma jubilación que percibían a principio de 2023?“, consultó.

De los Heros insistió que con la fórmula anterior, los jubilados en abril y mayo iban a percibir 135 mi pesos y en junio 170 mil. “La diferencia que ya estamos obteniendo es del 34% al 63%”, reiteró y expresó: “Acá no nos estamos ahorrando nada, sino que estamos poniendo casi dos mil millones de dólares en estos meses para mejorar la situación de los jubilados. Si dejáramos las cosas como estaban, las víctimas serían los jubilados”.

Desde Unión por la Patria, Itaí Hagman cuestionó que “la recomposición del 12,5% está muy por debajo de la pérdida de estos últimos meses”. “Lo que ustedes proponen es, en el nivel más bajo (desde 2002), congelar las jubilaciones, ponerles un piso y techo”, observó y rechazó la “filosofía de que la movilidad es para mantener”, lo que iría en contra de que los jubilados puedan en el futuro “participar de una mejora” de la economía. Además, el porteño le preguntó a De los Heros “de qué piensa que deberían vivir los 3,8 millones de personas” que se jubilaron por moratoria.

Sobre esto último, el titular de la ANSeS aseguró que “el Gobierno no tiene insensibilidad social, de hecho la movilidad social es una demostración de eso. Que haya situaciones de necesidad que generan derechos y programas de asistencia por parte del Estado, como la AUH, la PUAM y pensiones por discapacidad, están dentro de los regímenes de seguridad social, pero el sistema previsional es un subsistema de la seguridad social, no es todo lo mismo, ni está todo dedicado hacia lo mismo”.

“No se le puede cargar el financiamiento a los trabajadores que pagaron los aportes, porque ahí está la injusticia. Se lo obliga indirectamente a financiar una situación asistencial, no previsional. La injusticia está en los mecanismos utilizados. El Gobierno está comprometido en asistir a todas las necesidades, pero utilizando los medios e instrumentos correctos, sin afectar los derechos de los demás”, sostuvo.

La cordobesa Alejandra Torres consultó a De los Heros “por qué no hacemos el empalme con enero” y que explique el desdoblamiento del pago en abril. “La idea del Gobierno fue cubrir lo más cercano la situación inflacionaria”, respondió y sobre el segundo tema dijo que “el problema es las fechas en que salieron los decretos” para las correspondientes liquidaciones.

La diputada de Hacemos Coalición Federal, esposa del extitular de la ANSeS, Osvaldo Giordano, indagó además respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que “tiene una importante cantidad de recursos y lamentablemente no se utiliza para pagar juicios, jubilaciones o transferencias a las cajas previsiones provinciales”.

“El FGS fue modificado en su utilización por ley”, recordó De los Heros y señaló que “se acordaron más de un billón y medio de pesos a créditos no solamente de pasivos, sino a titulares de sistemas asistenciales y trabajadores activos del SIPA y con tasas rondando el 48%”. “Tiene que tener otra configuración, pero en eso deberían ponerse ustedes de acuerdo; tiene que estar destinado a los jubilados y pensionados”, agregó.

Consultado por diversos temas, el funcionario afirmó que “no se han afectado de ninguna manera las prestaciones de los servicios que brindan la ANSeS con los despidos que se han realizado. La ANSeS sigue funcionando como funcionaba cuando esos agentes no estaban, eran ingresos recientes”.

También aclaró que las jubilaciones otorgadas por moratoria “son derechos adquiridos y eso no se puede cambiar. El daño que se le provocó al sistema previsional ya está provocado”; al tiempo que “la reforma previsional que ustedes vayan a sacar tiene que durar 30 años”, sugirió.

 

Con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo -que hasta última hora no se sabía si concurrían-, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados realiza desde las 11.12 una reunión informativa a la que fueron convocados una treintena de especialistas, en el marco del debate de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La intención de un sector de la oposición es acelerar el debate en esta comisión para que el cálculo que se utiliza para actualizar los haberes previsionales (jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales) quede establecido por ley, más allá del DNU que emitió el Gobierno nacional.

Previamente, el pasado 21 de marzo, hubo una reunión de diputados en la que los autores explicaron sus proyectos. Hay 16 iniciativas presentadas. En esa jornada se cuestionó al libertario José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por no haber convocado a un plenario. Espert, en nombre del oficialismo, no estaba de acuerdo con anticiparse a este debate antes del envío de la nueva ley de Bases. Sin embargo, el Ejecutivo avanzó por DNU.

El decreto establece un esquema de aumentos para abril, mayo y junio, tomando el índice IPC (inflación) y distintas recomposiciones, mientras que la fórmula comenzará a regir plenamente a partir de julio. La oposición buscaba un porcentaje mayor de recomposición por la inflación de enero, que fue del 20,6%, pero el Gobierno contempló para abril un adicional de 12,5%. La medida, además, provocó que para abril el pago sea desdoblado.

La de este jueves será la única reunión informativa, y por el cronograma pautado se extenderá por alrededor de más de cinco horas.

En el arranque del encuentro, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió “llevar este tema al recinto lo más urgente posible” y que el próximo martes se dictamine. También dijo que, posteriormente, si la Comisión de Presupuesto no convoca “vayamos al recinto a emplazar a Espert”, es decir, a obligar -si se reúnen los votos- a una reunión a esa comisión con día y hora.

NOTICIA EN DESARROLLO

El presidente del bloque Unión por la Patria de la Cámara baja, Germán Martínez, adelantó que el próximo jueves 4 de abril, en la reunión convocada por la Comisión de Previsión y Seguridad Social a la que han sido invitados especialistas para avanzar en proyectos de recuperación de haberes jubilatorios, solicitarán que el martes 9 de abril se dictamine con la prohibición del pago desdoblado de jubilaciones.

Esa reunión ya está confirmada oficialmente, pues figura en la agenda parlamentaria y está prevista para las 11 de la mañana en el Anexo C, segundo piso. Sobre el encuentro, la titular de la comisión, Gabriela Brouwer de Koning dijo a parlamentario.com que la oposición insistirá con la reforma del cálculo por ley ya que “el DNU sigue manteniendo un deterioro en los haberes”.

El titular del bloque UP ya se había expresado en la noche del miércoles, ni bien se conoció la noticia del desdoblamiento de pago de haberes jubilatorios. En ese momento la emprendió contra el decreto de necesidad y urgencia 70/23, y envió un mensaje para los que “aún dudan” en rechazarlo. Dijo en su cuenta de X: “Milei despide trabajadores y vacía organismos públicos porque está vigente el Art. 1 del mega DNU. No hay margen para especular. Ni leyes espejo, ni ley ómnibus, ni nada. Urge rechazarlo”, pues es lo que está posibilitándole al Gobierno llevar adelante las cosas que él denuncia.

“No podemos permitir el pago en dos cuotas a los jubilados y jubiladas. No hay explicación fiscal que valga. No jueguen con el ingreso de las y los argentinos”, tuiteó por su parte la diputada Victoria Tolosa Paz.

En el mismo sentido se pronunció la diputada Cecilia Moreau, quien enumeró: “Despidos inhumanos. Vaciamiento de organismos públicos. Pago de jubilaciones en cuotas. Y decreto presupuestario que elimina el Fondo Compensador para el Transporte del Interior y pone en jaque los aportes a las cajas jubilatorias no transferidas. Todo en un rato. Quieren fundir a las provincias y a los argentinos”.

Despidos inhumanos.
Vaciamiento de organismos públicos.
Pago de jubilaciones en cuotas.
Y decreto presupuestario que elimina el Fondo Compensador para el Transporte del Interior y pone en jaque los aportes a las cajas jubilatorias no transferidas.
Todo en un rato.
Quieren… https://t.co/MDhUJWpFY5

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) March 28, 2024

A su vez, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti optó por la ironía, recordando el comentario de la canciller Diana Mondino en la mesa de Mirtha Legrand: “Si algo debemos destacar en los 100 días del gobierno de Milei es la aplicación irrestricta del ‘teorema de Mondino’”. Y cerró: “Más miserable no se consigue”.

Si algo debemos destacar en los 100 días del gobierno de Milei es la aplicación irrestricta del “teorema de Mondino”

Más miserable no se consigue #Jubilados #Anses https://t.co/Aue1RKauQ0 pic.twitter.com/REAhjhVPm0

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) March 28, 2024

Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau hizo un extenso posteo en el que reseñó: “El Gobierno decidió que los jubilados son la variable descartable en su modelo distributivo destinado a alcanzar la reducción del déficit fiscal en el menor tiempo posible aun costa del mayor daño humano también posible. Por esa razón diseñan una formula jubilatoria que, repleta de galimatías deliberadamente confusas, lo único que deja en pie es manotearles a los adultos mayores un 30 por ciento de sus ingresos”.

“Paralelamente, el PAMI se encamina -mediante la caída de la recaudación de los aportes a la seguridad social y el aumento descomunal del precio de los medicamentos- a la disminución y, finalmente, la eliminación de la entrega de remedios gratuitos -continuó-. El plan de exterminio se completa con el desguace de la ANSeS para poner trabas a los tramites que desembocan en el otorgamiento de diversos beneficios que van desde la jubilaciión misma hasta las pensiones por fallecimiento”.

Agregó Leopoldo Moreau que “el más crudo pensamiento libertario en esta materia ya lo expuso Diana Mondino cuando afirmó: ‘Es absurdo que tengan créditos (los jubilados) si total se van a morir’. Desde ya que la frutilla del postre Milei y Caputo se la reservan a los que en el futuro administren el régimen de capitalización privada al que nos quieren devolver”.

Moreau también la emprendió contra el vocero presidencial: “Otro que casi diariamente alimenta esta dialéctica darwiniana es Adorni, que suele afirmar: ‘Nuestra prioridad son los chicos’. Claro que le falta agregar ‘en tanto y en cuanto no se les ocurra tener un trabajo estable y de calidad y mucho menos estudiar en la universidad pública’. Así es como vamos transitando el camino de este anarcocapitalismo que, paradójicamente, destruirá el capitalismo productivo y lo único que dejará como herencia será la anarquía de la que se beneficiarán los fondos de inversión rentísticos y los que vienen a apropiarse de nuestros recursos naturales”.

Otro diputado de UP que se pronunció sobre el tema fue el diputado Pablo Todero, quien posteó un llamamiento contra el pago desdoblado a jubilados y sugirió “seguir qué hace cada bloque de diputados”, apuntando que el jueves próximo el suyo pedirá pronunciarse contra el pago desdoblado de jubilaciones.

Primero destruyen los salarios, ahora quieren pagar en dos cuotas jubilaciones y pensiones. El martes 9/4 desde @Diputados_UxP vamos a solicitar que se dictamine la prohibición del desdoblamiento. https://t.co/EzI1X8Pd6f

— Pablo Carro (@PabloCarroOk) March 28, 2024

Luego de la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria por decreto -y establecer un esquema de aumentos para abril, mayo y junio-, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Gabriela Brouwer de Koning, aseguró que la oposición insistirá con la reforma del cálculo por ley ya que “el DNU sigue manteniendo un deterioro en los haberes”. 

“La idea es mejorar el haber jubilatorio y darle mayor previsibilidad en el tiempo a los jubilados. Hay mucha predisposición (en los distintos bloques) para poder lograr puntos en común”, sostuvo la radical en diálogo con parlamentario.com y en la antesala de la reunión informativa con especialistas que se realizará luego de Semana Santa. 

La legisladora de la UCR observó como “positivo” que el Poder Ejecutivo haya contemplado el índice de inflación en la nueva fórmula de movilidad, porque “es algo que está en la mayoría de los proyectos” presentados por diferentes espacios, pero igualmente “en este tema tiene que jugar el Congreso”. 

“El Gobierno toma un 12,5% de incremento excepcional en abril, pero la inflación de enero fue del 20,6%. Nosotros queremos mejorar el tema del empalme porque consideramos que es insuficiente. Hay proyectos muy interesantes, que incorporan otras variables a analizar”, expresó. En ese sentido, ejemplificó que la iniciativa presentada por la macrista María Eugenia Vidal prevé qué salida tomar en caso que la inflación (a futuro) descienda y el IPC torne entonces nuevamente una fórmula de pérdida para los jubilados. “Vamos a analizar todas las variables, todo está en discusión”, afirmó. 

Brouwer de Koning destacó ante este medio que “hay mucha predisposición para poder lograr puntos en común”. “Creo que trabajando de la forma que lo estamos haciendo, con mucha seriedad y profesionalismo, el resultado que logremos va a tener mucha legitimidad como para que no lo traten en la Comisión de Presupuesto, y va a tener su propia fuerza también, si logramos mayorías, para una posible sesión”, amplió. 

“Hubiera sido importante haber tenido un plenario con Presupuesto”, la comisión que preside el libertario José Luis Espert, reclamó y recordó: “Nosotros nos habíamos comprometido en comenzar de manera urgente y por eso empezamos la discusión y la vamos a continuar, porque independientemente que esté el DNU, nosotros vamos a seguir trabajando y ver si encontramos puntos en común”.

Por otra parte, consultada por parlamentario.com por el anuncio del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa de eliminar las jubilaciones de privilegio de presidente y vicepresidente, la diputada señaló que “es un tema que tiene que estar en la agenda, pero las jubilaciones de privilegio del presidente y vicepresidente es ínfimo a comparación de otras jubilaciones excepcionales. Por ejemplo, en el sistema judicial hay más de 7.000”. 

“En las jubilaciones del Poder Judicial y el servicio exterior de la Nación no le vemos la razón o el motivo para que tengan tanta diferencia con las demás. Me gustaría que lo discutamos para tratar de hacer un sistema previsional más justo”, sumó. 

También opinó sobre la idea del Poder Ejecutivo de promover una reforma laboral a la par de una reforma previsional. “El sistema previsional es muy amplio, tiene muchas aristas y obviamente depende de los aportes del trabajador que está formalizado. Y es hoy una realidad que el trabajo informal en Argentina es del 40%. Hay que hacer una reforma laboral para tratar de incorporar a todos a un trabajo formal. Desde el radicalismo siempre dijimos que estamos a favor de una reforma laboral; es un tema a debatir para que verdaderamente las leyes ayuden a los trabajadores”, completó. 

Tras la decisión del Gobierno nacional de modificar la fórmula de movilidad jubilatoria por DNU, diputados de diferentes bloques se refirieron al tema, que había comenzado a discutirse la semana pasada en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja.

Uno de los mensajes en las redes sociales este lunes fue de Margarita Stolbizer (HCF), quien cuestionó el cambio por decreto y enfatizó que debe hacerse por ley. “Sin instituciones no hay Democracia. Sin Democracia ni Derechos ni Desarrollo. Los jubilados siguen perdiendo y son víctimas de nuevas mentiras. El DNU 274 de hoy establece que la actualización por inflación será recién en los haberes de julio”, escribió.

La bonaerense cuestionó que “la compensación porcentual que fija para abril los sigue dejando afuera de los índices de precios de los meses anteriores. Y los aumentos adelantados serán descontados en junio. Pura trampa”. “El Congreso debe establecer POR LEY la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones”, afirmó.

Por su parte, la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) opinó que “la reforma de la fórmula jubilatoria resulta insuficiente frente al impacto de la inflación, que erosiona mes a mes el poder adquisitivo de los jubilados”.

“Además, las bonificaciones solo benefician a quienes perciben las jubilaciones mínimas, dejando a muchos jubilados con recursos escasos”, aclaró y aseguró: “Continuaremos reclamando para que los jubilados no sean el único sector afectado por una economía que necesita mejorar su funcionamiento y adoptar medidas efectivas para resolver los problemas reales”.

El diputado Nicolás Del Caño (FIT) cuestionó que “por decreto Milei y Caputo vuelven a congelar en abril las jubilaciones mínimas que perciben 5 millones de adultos mayores. Volverán a cobrar 204.000 pesos. Ratifican el brutal ajuste a los que trabajaron toda su vida. El déficit cero es con el hambre de los jubilados”.

“El cinismo del Gobierno no tiene límites. Quieren presentar otra puñalada a 5 millones de jubilados como una buena noticia. Otra vez congelan la jubilación mínima y lo ‘venden’ como un aumento. Ya en 3 meses de Milei los haberes perdieron 20% en términos reales”, sumó.

En tanto, el diputado Esteban Paulón (PS) criticó que “los jubilados y jubiladas siguen pagando los platos rotos. Salió el DNU con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria del Gobierno nacional y se consolida la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones”.

“Se desmiente el argumento de que el Congreso le impedía al Presidente hacer algo con las jubilaciones. Pudo hacerlo por DNU antes (y evitar la licuación). Ajustan mensualmente a partir de julio en base a inflación de mayo (justo cuando el Gobierno nacional pronostica que irá a la baja)”, advirtió.

Además, el santafesino observó que “el ’empalme’ en abril de 12,5% consolida el manotazo a las jubilaciones. En un período con un estimado de 88% inflación acumulada (diciembre 23/marzo 24) ni nos vimos. Los aumentos de mayo a julio son ‘a cuenta’, por lo que tendrán efecto neutro, para que siga la licuadora”.

“Por último, ¿cómo se determinan o calculan esos aumentos ‘a cuenta’? ¿De dónde salen los datos de junio? ¿Se refiere al bono? Poca claridad en varios aspectos que deben ser aclarados con urgencia”, reclamó.

Al contrario de la oposición, el diputado Gabriel Bornoroni (LLA) consideró que “el cambio en la fórmula de las jubilaciones es una GRAN NOTICIA”. “Los haberes de los jubilados se van a actualizar por inflación. Es una reparación histórica para quienes aportaron toda su vida. El gobierno de @JMilei tiene a los jubilados como una prioridad”, expresó el oficialista.

El Poder Ejecutivo oficializó este lunes el decreto de necesidad y urgencia 274/24, por medio del cual modificó la fórmula de movilidad jubilatoria. La norma establece un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC, pero el cálculo comenzará a regir plenamente en julio.

El jueves pasado, mientras la oposición arrancaba en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados con el debate de los distintos proyectos de ley, sin la conformidad del oficialismo, que quería esperar a la nueva ley de Bases, el Gobierno decidió avanzar por decreto con el cambio.

“Esperar la cadencia habitual del trámite legislativo en el H. Congreso de la Nación, importa un perjuicio grave en el poder adquisitivo de los adultos mayores; es del caso recurrir al remedio constitucional establecido en el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional”, argumentó el Ejecutivo sobre el uso del DNU.

En los considerandos, el Gobierno señaló que “la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones como consecuencia del flagelo de la inflación y la vigencia de una fórmula de actualización de los haberes deficiente e injusta constituyen un problema ineludible y urgente que no puede ser postergado”.

“La gravedad de la crisis que enfrentan los adultos mayores hace que ellos no puedan aguardar hasta el mes de junio del corriente año para ver incrementados sus haberes”, agregó.

Con la nueva fórmula, los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el INDEC.
El DNU establece que la primera actualización “se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024”.

“A los fines de la transición, para la determinación de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha de dictado del presente”, detalla.
En tanto, en abril habrá un incremento de 12,5% “sobre los haberes prestacionales correspondientes al mes de marzo de 2024” y “un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024”.

Mientras que en mayo se otorgará “un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio” y en junio un incremento calculado conforme a la nueva fórmula.

Estos incrementos “serán a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024 conforme el índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente a la fecha del dictado del presente”, precisa el artículo 5.

Asimismo, indica que “una vez obtenido el porcentaje que surja de esta, se descontarán los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiaria hubiera percibido. En caso de que estos superen el aumento calculado según la fórmula (…), no se descontará la diferencia, la que se considerará incorporada al haber. Si fueran menores a dicho aumento, se abonará la diferencia resultante”.

Sobre la fórmula que regía desde 2021, que combinaba RIPTE y recaudación de la ANSeS, sancionada durante el gobierno anterior, el Ejecutivo aseguró que “no cubre suficiente ni razonablemente el riesgo inflacionario que afecta los beneficios de los adultos mayores, pues no tiene en cuenta la variación de los precios; presenta un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes; se basa en datos que no son de fácil acceso para el público, lo que dificulta su control por parte de la ciudadanía; y supedita el resultado de la movilidad al éxito que tenga el Estado con la recaudación impositiva, cuya volatilidad e incertidumbre atentan contra la estabilidad y la previsibilidad que se espera de una fórmula de movilidad jubilatoria”.

 

 

El diputado nacional Martín Tetaz (UCR) le reclamó al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario José Luis Espert, que convoque a una reunión conjunta con la Comisión de Previsión para tratar la fórmula jubilatoria.

La Comisión de Previsión y Seguridad Social se reunió este jueves para comenzar a discutir los diversos proyectos presentados para establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Durante el debate, Espert fue cuestionado por no haber convocado a un plenario. Sin embargo, promediando el jueves trascendió que el Gobierno nacional modificaría la fórmula por DNU disponiendo un ajuste que oscilaría entre el 12% y el 14% para compensar parte del costo de vida de enero. La actualización se aplicaría en el mes de abril, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más la compensación citada.

Al respecto, Tetaz cuestionó a través de un video que publicó en su red social “X” que “la nueva fórmula de la jubilación es una gran estafa porque hubo 70% de inflación acumulada desde que asumió (Javier) Milei”, y planteó: “No importa si es o no culpa de él, lo importante es que los jubilados perdieron como en la guerra”.

“Si solo le vamos a pagar la inflación que viene y no le vamos a reconocer la inflación que pasó, entonces en la práctica los jubilados van a ser los que paguen el ajuste. El equilibrio fiscal se va a conseguir a expensas de nuestros abuelos. No lo vamos a permitir de ninguna manera”, adelantó el radical y exigió que las jubilaciones se ajusten por UVAs desde diciembre pasado.

La Comisión de Previsión y Seguridad Social se reunió este jueves para comenzar a discutir los diversos proyectos presentados para establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La reunión arrancó bajo la presidencia de Karina Banfi, que había asumido provisoriamente, mientras se normalizaban las cuestiones administrativas para que pudiera ocupar ese lugar la también radical Gabriela Brouwer de Koning.

Así, de entrada contó Banfi que se ocuparían en esa reunión de escuchar a los diversos autores de las 16 iniciativas existentes sobre el tema, y que por cuestiones de organización no habían podido hacer un plenario con Presupuesto y Hacienda, cosa que tratarían de concretar en el futuro. De hecho, al asumir a continuación al frente de la comisión, Brouwer de Koning admitió que “nos hubiese gustado tener una reunión conjunta; por diferentes criterios no se logró, pero eso no impide que de manera urgente podamos comenzar a debatir este tema tan importante, porque los ingresos de los jubilados están tan vapuleados por la inflación”.

“Vamos a estar trabajando con todos los especialistas y equipos que ustedes sugieran”, agregó la presidenta de la comisión, que detalló a continuación el cronograma tentativo para ese debate.

Para este jueves se organizó una jornada de exposiciones de los autores de las normas. Para lo sucesivo, la diputada cordobesa habló de una gran reunión informativa para el 4 de abril, para la cual pidió a los diputados sugerir nombres para organizar ese proceso. La idea es, dijo, hacer un debate posterior la semana siguiente, la del 10 de abril. “Si logramos llegar a un acuerdo, bienvenido sea; sino, nos daremos una semana más para lograr un acuerdo”, explicó. Admitió que “el tema es urgente”, pero pidió “que no nos apremien los tiempos”.

Antes de poner a consideración los 16 proyectos existentes sobre el tema, la diputada de UP Paula Penacca reconoció el cumplimiento de parte de las autoridades de la comisión del “compromiso” de realizar una pronta reunión, tras lo cual relató el grave incidente sufrido por una militante de la agrupación HIJOS, amenazada de muerte en vísperas de un nuevo Día de la Memoria y exigió justicia y tener un debate sobre el tema en la Cámara.

Apuntó además que las personas que la agredieron le advirtieron que “no le iban a robar nada, pero sí la van a matar, y les pagan para eso”.

Sergio Palazzo pidió la palabra para plantear que no le quedaba claro cuál es el motivo por el cual el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, “se niega a hacer una reunión plenaria”. Y a continuación se refirió a una publicación periodística conocida este jueves, según la cual fuentes cercanas a Espert admitían que no estaba prevista una reunión plenaria, por cuanto Presupuesto se acoplaría a los tiempos del Poder Ejecutivo respecto a este tema, y que esperaban que esta discusión se diera en el marco de la ley de Bases.

Advirtió Palazzo entonces que “todos tenemos que esperar las negociaciones políticas que llevan adelante Posse, Francos, con los gobernadores, los bloques, para poder tratar el tema de los jubilados. Parece que Espert y el Gobierno piensan que es preferible esperar”.

“Acá estamos los que queremos trabajar. Espert parece que ahora es casta, estará muy ocupado en los canales de televisión proponiendo rebeliones fiscales, pero no está donde debe estar”, sostuvo Palazzo, para quien la hoja de ruta planteada establece que probablemente recién para el 20 de abril puedan llegar a emitir dictamen. “Vamos a terminar discutiendo recién en junio la actualización de la fórmula”, auguró, para luego reconocer que “todos tenemos responsabilidad de haber llegado a esta situación, pero estamos a tiempo de corregirla. Hasta están los recursos, porque el Estado dice que tiene superávit fiscal”.

Los autores de los proyectos

María Eugenia Vidal encabezó la nómina de diputados que presentaron iniciativas. En su caso, el correspondiente al bloque Pro atiende dos urgencias: la de los jubilados y la de un déficit fiscal y cuasifiscal que en diciembre de 2023 terminó en 15 puntos. “Y que es el origen de la crisis que estamos viviendo”, señaló.

“No hay más caminos que no sean ordenar las cuentas”, admitió, pero también reconoció la situación de urgencia que viven los jubilados, cuyos haberes perdieron 46% en los últimos meses. “La sola existencia del bono es una admisión del fracaso de la fórmula. Hubo 28 bonos para compensar a los jubilados”, detalló, advirtiendo que no solo la jubilación mínima quedó baja, sino que distorsionó toda la escala jubilatoria. “Hoy un jubilado que gana la mínima con el bono gana 157 mil pesos; si un jubilado de una escala mayor gana 150 mil, con los descuentos termina cobrando 154 mil. Los bonos distorsionaron toda la pirámide”, detalló.

La propuesta de su sector es que la actualización sea por el IPC. Hoy es trimestral el ajuste, proponen que sea mensual, para que no quede tan rezagado. Además, proponen un adicional anual en marzo de 30% entre la variación entre el RIPTE y el IPC. Porque si hay una deflación y hay crecimiento, les permite no quedar atrás. En cuanto al empalme, proponen poner como referencia el último mes en que se haya aplicado la fórmula actual.

A continuación, Maximiliano Ferraro planteó la propuesta de la Coalición Cívica, cuyo pedido de tratamiento del tema en el recinto disparó el presente debate. Pero antes cuestionó “la  negativa que tiene el presidente de la Comisión de Presupuesto” a reunirse en plenario. “Fuimos muy precisos tanto en la sesión que logró convocar a más de 120 diputados, que veníamos a emplazar no solo a esta comisión, sino también a la de Presupuesto”, dijo, y recordó que les habían dicho que se conseguiría hacer un plenario.

“No podemos pasar por alto que hoy los jubilados son los más perjudicados por el proceso de devaluación que vive la Argentina”, reconoció y advirtió que “hoy con bono o sin bono hoy el haber jubilatorio está entre un 10 y 20% por debajo de la línea de pobreza”.

“Nosotros venimos a proponer un cambio de la fórmula jubilatoria”, señaló finalmente. La misma consiste en que las jubilaciones se actualicen según el IPC, pero que contemple una compensación de 20,6% para recuperar los jubilados la pérdida que tuvieron. Y que en ningún caso la aplicación de la futura fórmula de movilidad puede ir en baja de los ingresos que perciben los jubilados.

El radical Pedro Galimberti consideró “razonable” una fórmula que contemple el incremento inflacionario, por lo menos para los próximos años. Al detallar la iniciativa de su espacio contó que al plantear el incremento del haber jubilatorio “hablamos a mes vencido”, y aunque desde algunos sectores dicen que eso no sería posible en términos técnicos, él creía que sí. “Si el Estado quiere, puede instrumentarlo entre varios organismos del Estado; puntualmente hablamos del INDEC y ANSeS”, dijo. Agregó respecto del enlace que están pensando en que los jubilados no pierdan tanto y puedan llegar a la misma situación que tenían en diciembre de 2023 al menos. Para eso, se debería corregir la fórmula actual desde diciembre 2023 a marzo 2024.

Romina del Plá sostuvo que “acá el problema es que estamos con jubilaciones de indigencia; hay que generar un salto en el haber inicial, porque el problema es que desde esos niveles de subsuelo no alcanza siquiera el incremento por IPC. Entonces, el proyecto que he presentado tiene como primer punto que el haber mínimo tiene que ser igual que la canasta básica establecida por la Defensoría de la Tercera Edad, que ha sido recalculado en 685.041 pesos”. A partir de ahí, la actualización por IPC o RIPTE.

Y para los haberes que superan la mínima, esos haberes respondan al 82% móvil del haber del trabajador en actividad o se actualicen por inflación o RIPTE según de dónde sea más beneficioso.

Por el bloque radical, Danya Tavela coincidió con los diputados preopinantes de una actualización mensual sobre la base de diciembre y, a partir de ahí, que las actualizaciones serán por el IPC. También planteó que ante el aumento de tarifas es “indispensable discutir también algún tipo de compensación en función de los atrasos sufridos”.

Tavela comentó que agregaron al proyecto un capítulo sobre transparencia y explicó: “Es necesario que conozcamos todos y cada uno de los regímenes especiales que tiene el país que no son privilegios, pero seguramente reciben aportes para su sustentabilidad en el tiempo”. Solicitó la presencia de ministros y que la Oficina de Presupuesto del Congreso haga los cálculos de cada proyecto presentado.

Desde el bloque Unión por la Patria, defendió su iniciativa la diputada Gisela Marziotta quien recordó que se legisló sobre fórmula jubilatoria en el gobierno kirchnerista y explicó que es la misma que propone en el proyecto: “Una fórmula de salario y recaudación que en su momento dio un buen resultado que con la inflación no se recuperaba el poder adquisitivo necesario y por eso presenté una cláusula gatillo porque no lograba recuperarse el salario en función de la inflación del momento”.

Marziotta alertó que si no se toman medidas se está en camino a “una caída estrepitosa que nos puede llevar a tener jubilaciones de la crisis del 2001. Estamos camino a eso si no tomamos una decisión”. Con gráficos de muestra, aclaró que la propuesta es sumar una cláusula gatillo a la actual fórmula y preguntó: “No entiendo por qué quieren sacar la fórmula de recaudación más salarios y que solo sea por inflación. Sería una combinación virtuosa de las dos situaciones”.

La cordobesa Alejandra Torres (Hacemos Coalición Federal) alertó que la situación del sistema previsional del país es “caótica, crítica y es urgente atenderlo” y señaló que “amerita una puesta en común de todas las problemáticas para lograr un sistema dé respuestas efectivas, eficientes y con equilibrio fiscal a los beneficiarios. La revisión del sistema y buscar una solución definitiva, más racional”.

Así, contó que el proyecto fue propuesto junto al rionegrino Agustín Domingo, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer para que “marque un puente o transición ante un problema sumamente grave para llegar a una solución más profunda y definitiva y no estar siempre discutiendo parches que tiene el sistema previsional”. En esa línea, precisó que cuenta con seis puntos como cambios de la movilidad por IPC, pero aclaró que la “diferencia está en el ensamble de un mes a otro significa licuación y haberes y litigo judicial, tiene que ser de enero 2024 porque la fórmula vigente tiene dos módulos complicados en su aplicación”.

Además, contempla el bono de 70 mil pesos para los haberes por debajo 204 mil pesos, pero establece un bono del 20% de haberes para jubilados y pensionados que accedieron al beneficio sin compra de aportes. También contempla la cancelación de las deudas y con las cajas previsionales no transferidas; prevé que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea el que haga cargo del financiamiento del sistema previsional y se le prohíbe a ANSeS que pida plata al Tesoro para hacer frente a su déficit.

Por último, comentó que proponen un régimen de privilegio: “Hay que eliminar las jubilaciones de privilegio de presidente y vice, pero hay que corregir una desviación de que los haberes de los pasivos son más altos que los activos y que la recomposición se haga sobre el salario bruto y no el neto”.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, habilitó la sesión que había sido pedida por el bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Pichetto, con el objetivo de discutir en torno a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La convocatoria, formalizada este lunes con la firma del secretario Parlamentario, Tomás Ise Figueroa, es para este miércoles a las 13.

El único proyecto que figura en el temario es el impulsado por los legisladores de la Coalición Cívica -dentro de HCF-, que proponen un cálculo de actualización en los haberes previsionales de manera mensual contemplando el índice de inflación.

Además, frente a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses, en general, y del primer trimestre de este año, en particular, prevén que “la primera actualización que tenga lugar deberá ser complementada con un aumento generalizado de las prestaciones del 20,60%”, en referencia al número de inflación de enero. Además, dispone que “la primera actualización sobre la base de la movilidad se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”.

Cabe resaltar que el proyecto no cuenta con dictamen de comisión, por lo cual se requieren dos tercios de los votos para habilitarlo dentro del recinto. No obstante, lo que sí podría aprobarse por mayoría simple es un emplazamiento a las comisiones, como ha sucedido con otros temas en años anteriores (Ley de Alquileres, boleta única de papel y humedales).

La primera prueba a sortear será la de alcanzar quórum, con 129 presentes. El bloque de Pichetto cuenta solamente con 23 miembros, a lo que se sumarían diputados de Innovación Federal, un bloque de nueve que responden a ciertos gobernadores.

LOS JUBILADOS NO PUEDEN SEGUIR ESPERANDO

En la sesión especial de este miércoles 13 tenemos la oportunidad de trabajar todos los proyectos y encontrar la mejor forma de comenzar a saldar la injusticia que viven los los jubilados.

Desde la Coalición Cívica proponemos:

Una… pic.twitter.com/V8UKQdRRpM

— maxi ferraro (@maxiferraro) March 11, 2024

En las primeras conversaciones entre HCF y Unión por la Patria, con 99 miembros, se barajó la posibilidad de que el bloque opositor más numeroso aporte al quórum a cambio de sumar otros temas para mandar a comisiones, tales como los proyectos relacionados a la prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente y subsidios al transporte.

Desde el entorno de la presidencia del bloque radical consideraron que “el camino óptimo quizás no sea hacer esta semana una sesión especial, sino establecer un compromiso para dictaminar sobre el tema, una vez constituidas las comisiones”. Pero eso no asegura que un puñado de díscolos de la UCR quiera bajar al recinto si considera que el tema lo amerita.

La intención de un sector de la oposición, en el arranque de las ordinarias, es marcar la cancha al oficialismo y adelantarse a la discusión, cuando todavía no se sabe de qué manera el Poder Ejecutivo reflotará la ley ómnibus.

En el verano, durante el tratamiento del proyecto oficialista, que proponía suspender la actual fórmula sancionada durante el gobierno del Frente de Todos, el tema quedó afuera al retirarse el capítulo fiscal. La Coalición Cívica ya había advertido que buscaría dar la discusión durante la votación en particular, pero finalmente la ley fracasó.

Este lunes, durante una entrevista en el canal LN+, el presidente Javier Milei sostuvo que “está claro que la reforma del sistema previsional no es independiente de la reforma del mercado laboral” y afirmó que se necesita “una fórmula que no violente el déficit cero”.

Si bien no ofreció alternativas por el tema de los haberes jubilatorios, Javier Milei se refirió puntualmente a esa cuestión aceptando que la fórmula vigente “requiere ser modificada de manera urgente”. Y en el punto 8 de lo que propone sea conocido como el Pacto de Mayo, postuló “una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten y permita a quienes prefieran suscribirse un sistema privado de jubilación”.

Sobre el tema fue consultado este sábado el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, José Luis Espert, quien fue más allá al advertir sobre la necesidad de aumentar la edad jubilatoria. “Sin duda que hay que aumentarla, es una cosa de sentido común”, señaló el legislador aliado del Gobierno a través de Radio Mitre. “¿Por qué hay que aumentarla? -continuó-. Porque si la esperanza de vida aumenta, quiere decir que uno vive cada vez más, entonces, ¿cómo hacemos para hacer sustentable un sistema previsional donde la gente vive cada vez más? Tiene que aportar un poco más y por lo tanto se jubila más tarde”.

Si bien aclaró más tarde a través de Radio Rivadavia que no tenía datos de cómo sería una reforma del sistema previsional, insistió en que el mismo está “quebrado” y atribuyó esa situación a “los dementes de Néstor y Cristina Kirchner, que jubilaron a 4 millones de personas sin todos los aportes”.

Precisamente Milei en su discurso del viernes habló de “un sector previsional privado, que cuesta cada día menos ingresos en proporción a sus gastos. Y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron su responsabilidad”.

Espert habló de la necesidad de contar con “un solo régimen para todos”, en lugar de “decenas de cajas donde cada cual se jubila cuando quiere”. Recordó que en algunas actividades está reglado que haya sistemas previsionales especiales según los cuales se establece una edad mínima de retiro anticipada, exigiéndose en consecuencia “una menor cantidad de años de aportes”, mientras que los haberes son más altos.

“La libertad, la libertad. OK, está todo bien, pero después no nos quejemos si los jubilados cobran miserias. Acá la prioridad es que los jubilados no cobren miserias”, resumió Espert.

El presidente del partido de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, aseguró que su espacio insistirá con el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria cuando arranque el período ordinario. Días atrás, desde el bloque presentaron un proyecto de ley. 

Los legisladores que responden a Elisa Carrió planeaban plantear el tema durante la votación en particular de la ley ómnibus, pero finalmente se cayó. Originalmente la ley de bases proponía suspender la fórmula vigente (desde diciembre de 2020), pero no estipulaba un nuevo cálculo. Luego el tema se retiró junto al capítulo fiscal. 

En su perfil de la red social X, Ferraro advirtió que “cuando el ajuste de un plan económico usa de variable a uno de los sectores más vulnerables, como los jubilados, a lo injusto se suma lo inmoral”. 

“El tremendo ajuste lo están pagando nuestros jubilados, por eso seguiremos insistiendo con tratar un nueva fórmula de movilidad jubilatoria, para terminar con la fórmula del kirchnerismo que los empobreció”, señaló. 

Y, ante la finalización del período de sesiones extraordinarias, el legislador resaltó que “durante el mes de marzo el Congreso puede y debe resolver esta situación”.

 

Cuando el ajuste de un plan económico usa de variable a uno de los sectores más vulnerables, como los jubilados, a lo injusto se suma lo inmoral.

El tremendo ajuste lo están pagando nuestros jubilados, por eso seguiremos insistiendo con tratar un nueva fórmula de movilidad… pic.twitter.com/hzZB7rtx5R

— maxi ferraro (@maxiferraro) February 15, 2024

 

Desde los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, presididos por Miguel Ángel Pichetto y Pamela Calletti respectivamente, emitieron un comunicado en el que anticiparon qué medidas no acompañarán de la ley ómnibus de cara a su tratamiento en el recinto.

“Tenemos el compromiso de otorgar gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis”, afirmaron, pero remarcaron que “no estamos dispuestos a hacerlo sin marcar diferencias y defender nuestras convicciones, ya que también nuestros votantes nos han otorgado un mandato que vamos a respetar”.

En ese sentido, plantearon: “No vamos a acompañar aquellas medidas que consideramos perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino. Y defenderemos a la cultura y a nuestros recursos naturales”.

“Creemos en un país federal, por eso tampoco podemos convalidar que se perjudique a las provincias y a sus economías para terminar sosteniendo al Estado nacional con el esfuerzo del interior”, agregaron.

Así, adelantaron que “con ese espíritu llegaremos al debate en el recinto, que por otra parte pretendemos que sea de cara a la gente, con total honestidad y transparencia, para que no se terminen votando de madrugada y a escondidas de la sociedad cuestiones centrales para el futuro de la Argentina”.

Cabe recordar que del bloque HCF firmaron el dictamen de mayoría cuatro de sus miembros y de IF 3.

La vicepresidenta del bloque UCR de Diputados, Karina Banfi, se refirió a los cambios que el Ejecutivo envió sobre la redacción del proyecto de ley ómnibus y cuestionó el tema de la movilidad jubilatoria: “El presidente debe entender que los jubilados no pueden hacer el ajuste”.

La radical planteó que “el Gobierno pide sostener la fórmula actual de ajuste jubilatorio que creó (Martín) Guzmán hasta abril y hacer un cambio en abril de ajuste por IPC, que era lo que nosotros estábamos sosteniendo”.

Así, remarcó que “el problema que tenemos es un tema de empalme, donde decimos que tiene que ser para atrás. Esto tiene que estar ajustado retroactivamente para que los jubilados no pierdan. Hay un concepto claro: los jubilados no pueden hacer el ajuste. Lo van a tener que hacer aquellos que más pueden, aquellos que pertenecemos a la política y principalmente, esto lo deberá tener muy claro el presidente: los jubilados no pueden hacer el ajuste”.

“El Gobierno cedió en economías regionales, lo que pasa que arman un listado en un anexo que todavía no está, pero si es el anexo que nos mostraron el día jueves, en él no están comprendidas todas las economías regionales”, manifestó.

Por otor lado, Banfi indicó que “hay algunos tipos de industrias que todavía entendemos que no se han comprendido dentro de esta excepción, que hoy no tienen ningún tipo de retención y que si vos le pones 15% de retención las matás. O sea, me estoy refiriendo que no existen más, no pueden competir, va a haber gente en la calle, digo, quiero ser drástica porque es necesario entender qué es lo que estamos pidiendo”.

“Entonces, vamos a tener que volver a revisar el tema de las retenciones sobre las economías industriales y el listado de lo que refieren ellos como aquellas economías regionales que efectivamente están exentas y que creemos que hay algunas como la pesca o como la malta que deberían quedar exentas también”, adelantó.

Pocos minutos después de que se conociera el texto con los cambios finales en la redacción del proyecto de ley ómnibus, las repercusiones en redes sociales no se hicieron esperar. Legisladores de distintos bloques hicieron hincapié en el tema de la movilidad jubilatoria y las jubilaciones de privilegios.

La oficialista Carolina Píparo destacó: “Párrafo textual del proyecto Bases, modificado hoy por el poder ejecutivo: ‘Es sano exponer los privilegios de unos pocos y mover el marco normativo. También es sano escuchar, corregir, aprender’”, y resaltó: “Es por acá”.

El diputado Diego Santilli (Pro) celebró que “se eliminan las jubilaciones de privilegio”, y adelantó que apoya la medida del Gobierno de eliminar las jubilaciones de privilegio de presidente y vice, millonarias y vitalicias. “La política debe estar a la altura y es la que primero debe hacer el ajuste”, expresó.

Su par de bancada María Eugenia Vidal recordó que propuso “la eliminación de jubilaciones de privilegio de presidente y vice, tal como hice en la Provincia cuando fui gobernadora. El Gobierno escuchó e incluyó la reforma en la Ley de Bases”.

“Celebro que se valore la experiencia y gestión del Pro. La política está obligada a ser ejemplo y reducir sus costos para sacar el país adelante”, manifestó.

Por el contrario, la diputada de izquierda Myriam Bregman alertó que “la ley ómnibus sigue siendo tren fantasma para los jubilados. Si la idea es cambiar la movilidad jubilatoria desde abril como dicen, es para robarle más a los jubilados que ya vienen perdiendo. Les roban un trimestre con alta inflación, arriba de 50%. Y si sacan los bonos, un 35%más”.

“En el proyecto que circula como nueva versión de Ley Ómnibus, se reduce el plazo de la delegación de facultades legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso. Es para que hagan el daño más rápido, mientras dure el apoyo inicial”, añadió respecto de otro punto.

Su compañero de bloque Nicolás del Caño apuntó: “Milei congeló las jubilaciones en su primer mes de gobierno con un 25% de inflación. La nueva redacción del proyecto plantea continuar con la fórmula actual hasta marzo, es decir una rebaja mayor de las jubilaciones. Plantear la actualización x IPC a partir de abril, es un robo”.

También se mostró de forma crítica la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto Lago: “El ajuste no puede pasar por los jubilados. Si se mantiene esta fórmula espantosa del kirchnerismo hasta marzo, para después ajustar por inflación, es condenarlos a más pobreza y deterioro. Se debe hacer a partir de diciembre en atención a la escalada de precios en los alimentos y medicamentos. Los jubilados no dan más”.

La exministra de Desarrollo Social y diputada de UP Victoria Tolosa Paz adelantó: “Vamos a seguir defendiendo una Argentina con trabajo y producción. El gobierno tiene un proyecto que concentra, extranjeriza y primariza nuestra economía, el cual es un riesgo para la generación de empleo y desarrollo de los trabajadores y la clase media”.

En tanto, el santafecino Roberto Mirabella cuestionó: “Milei cree que el equilibrio fiscal se encuentra recortando las jubilaciones y pensiones. ¿Y si en lugar de eso empezamos a debatir los beneficios fiscales de los importadores que están en Tierra Del Fuego o las personas eximidas de pagar impuesto a las ganancias?”.

“Con la inflación anualizada rozando el 110 por ciento no hay fórmula de movilidad jubilatoria que alcance para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados”, advirtió el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical), quien presentó un proyecto de ley de “defensa de las jubilaciones”, el cual estipula que los haberes se fijen en UVAs y de ese modo se actualicen mensualmente sin depender de una fórmula especial.

Para el economista, “necesitamos proteger las jubilaciones para que no sufran nunca más ningún ajuste por culpa de la inflación. De esta manera contribuimos a la creación de una sociedad más justa y equitativa, mantenemos el poder adquisitivo de los haberes y motivamos a los tomadores de decisiones a que den prioridad en sus actos a mantener el valor de la moneda”.

La iniciativa del radical establece que todas las jubilaciones y pensiones sean transformadas en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) al momento de promulgarse la ley, tomando como base el valor de las UVA del último día del mes anterior al mes de promulgada la norma. Además, al momento de liquidar los haberes al valor de UVA para transformarlos en moneda de curso legal, se deberá tomar el valor UVA del último día del mes anterior.

“Para salir adelante necesitamos estabilidad monetaria. Este proyecto apunta a contrarrestar el daño de la inflación y a dejar bien en claro que la estabilidad de nuestra moneda debe ser la prioridad número uno en la Argentina”, concluyó Tetaz.

El proyecto contó con la firma de sus pares de Juntos por el Cambio Luciano Laspina, Pablo Cervi, Laura Castets, Fabio Quetglas, Rodrigo De Loredo, Manuel Aguirre, Graciela Ocaña, Ricardo López Murphy, Carlos Zapata y Fernando Iglesias. También lo suscribió el diputado de Identidad Bonaerense, dentro del interbloque Federal, Florencio Randazzo.

Con varios diputados presentamos un proyecto de Ley de defensa de las jubilaciones, para que se fijen en UVAs y no sufran nunca más ningún ajuste por culpa de la inflación. pic.twitter.com/FDT2bbvKph

— Las fuerzas de la Constitución (@martintetaz) June 1, 2023

Mediante el decreto 132/23, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.705 de Plan de Pago de Deuda Previsional, que permite beneficiar alrededor de 800 mil personas que no cuentan con los aportes suficientes para poder acceder a una jubilación.

El proyecto había recibido media sanción en el Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. Mientras que, después de varios meses de retraso, en la Cámara de Diputados se sancionó finalmente el pasado 28 de febrero, con 134 votos a favor y 107 en contra.

La ley establece que las personas en edad jubilatoria, pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la norma contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realizará teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS.

El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, intervino de manera crítica en el debate sobre la moratoria previsional. En su mensaje señaló que “los sistemas de reparto tienen un grave problema que derivan de la transición demográfica”.

Graficó: “Si uno ordenara a la población por edades, donde pone en la base a los más jóvenes y a los adultos mayores en lo más alto, lo que va a ver es que ese sistema arranca con una pirámide y termina convirtiéndose en un tuvo. Y en esa situación lo que pasa es que la relación de dependencia en la economía se vuelve más alta; es decir, cada vez son más los trabajadores que se van retirando y que tienen que ser sostenidos por una menor cantidad de personas que trabajan. Es decir que ya desde el punto de vista poblacional los sistemas de reparto tienen un problema”.

Agregó a su panorama, la convicción de que “Argentina tiene otro problema más: una economía que no crece”. Y detalló: “El PBI está todavía 1% debajo del que teníamos en 2011. Es decir que Argentina tiene un PBI per cápita 13% inferior al que teníamos entonces”.

“No solo eso, esto se manifiesta en baja productividad, bajos salarios, que sumados a las brutales regulaciones que tenemos en el mercado laboral, hace que el mercado argentino sea muy chico, y mientras que la cantidad de empleo asalariado en el sector formal sigue clavado en torno a los 6 millones de personas, hoy el mercado informal está cerca de los 8 millones. Hay más gente fuera del mercado que dentro. Eso también afecta negativamente a la lógica de los ingresos en el sistema”.

Milei agregó que “el Fondo de Garantías de Sustentabilidad se usa como una forma de financiar al fisco y por lo tanto está repleto de títulos de un deudor quebrado. Porque Argentina es un deudor quebrado; porque para poder pagar la deuda se necesita tener un superávit fiscal positivo y acá seguimos dibujando con uno que es negativo. Además, tiene todos sus títulos en un pagador que es un defaulteador serial”.

Milei agregó a ese panorama que denominó “descalabro” la existencia de “jubilados sin aportes”, el sistema “va a seguir generando déficit fiscal, que de alguna manera se va a pagar. Es decir, con deuda, pero la deuda es castigar a generaciones futuras, que son niños o ni siquiera han nacido”.

Otra alternativa para pagar el déficit es, dijo, “seguir aumentando la presión fiscal, o emisión monetaria, y seguir rompiéndonos la cabeza con inflación”.

“Este tipo de cosas constituyen un verdadero desastre, no solo porque es una estafa a los jubilados de hoy, sino también a las generaciones futuras”, continuó. Y cerró: “Si seguimos así, lo único que vamos a hacer es que cada día Argentina sea más miserable”.

Una fuerte crítica contra las moratorias previsionales fue la que hizo en su discurso el diputado del Pro Luciano Laspina. Las calificó como “la prueba del fracaso del sistema que tenemos en la Argentina desde hace muchos años”.

“Son más la consecuencia que la causa de los problemas previsionales, del déficit de nuestro sistema previsional, y que ha llevado a la licuación sistemática de las jubilaciones a lo largo de los últimos años. En particular de los que tuvieron contribuciones en tiempo y forma”, sostuvo el diputado santafesino.

Para Laspina, lo que se puso en debate “es el reflejo de que al menos el 25, 40% de los trabajadores está en alguna forma de informalidad laboral”.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda habló de “leyes laborales vetustas que protegen a los que pudieron entrar a ese sistema y desprotege al resto de los argentinos, y además somete a los que están dentro del sistema a sistemáticas reducciones salariales, producto de cuando hay menos demanda de empleo, hay menos salarios reales en una economía. Y eso es el fracaso de la regulación laboral”.

Para Laspina, “el segundo fracaso de diseño es la arbitrariedad de los 30 años de aporte. No puede ser que un argentino que aportó 29 años no obtenga su jubilación, o tenga que ir incluso a una prestación individual para el adulto mayor, que es un beneficio que se creó para quienes no tenían ningún tipo de aporte en el año 2016 en tiempos de Mauricio Macri”.

“Las moratorias buscaban compensar la falta de algunos años de aporte; no esto que estamos haciendo, que es regalarle la jubilación a alguien que no aportó”, aseguró.

Laspina consideró que el proyecto debatido “es una gran injusticia para los que aportaron 40 años. Es un pasivo enorme que se carga sobre el sistema previsional sin haber tenido la contribución previa”. Y lo atribuyó a un “mecanismo electoral”, porque a su juicio “es tan clara la intencionalidad política de esto, que por eso se hace este año y no el año pasado, de regalar plata que ya no tenemos”.

Puesto a ofrecer alternativas, Laspina dijo que “tenemos desafíos del sistema previsional, generar incentivos para que la gente trabaje más tiempo en blanco, porque en un sistema de reparto, la forma de pagar buenas jubilaciones es que haya mucha más gente trabajando por más tiempo en el sistema formal”.

Llamó a “eliminar las discontinuidades, generar incentivos porque el que quiera trabajar más, tenga una prestación jubilatoria mayor; y el que quiera retirarse antes, tenga una prestación jubilatoria menor”. También agregó algo que consideró obvio: “Eliminar los privilegios; tenemos un sistema lleno de privilegios”, y en ese sentido citó como ejemplo a “una expresidenta que cobra su jubilación y la de su esposo, sin ningún tipo de necesidad económica que justifique”.

Laspina concluyó advirtiendo que “hoy estamos bajando las jubilaciones a los futuros jubilados de la Argentina. Esto es lo que estamos sancionando hoy: la baja futura de las jubilaciones, porque estamos dando beneficios sin recursos”.

Y cerró con una feroz crítica al kirchnerismo: “Se van tirando del mantel; el fin del populismo va a ser a toda orquesta; se van tirando del mantel, dejándonos un problema fiscal y previsional enorme a todos los argentinos en el futuro. Es increíble el cinismo de este gobierno, la irresponsabilidad fiscal y el populismo terminal con el cual se están yendo de este gobierno”.

El ministro de economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, anunciaron este viernes el primero de los cuatro incrementos por movilidad y refuerzo para jubilaciones y pensiones que otorgarán en 2023.

“A partir de marzo, ninguna jubilación quedará por debajo de los $73.000”, destacó Raverta. El nuevo aumento por movilidad será del 17,04% para más de 17 millones de titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones y se comenzará a pagar en el mes de marzo.

Se implementará un refuerzo mensual para titulares de jubilaciones y pensiones que cobren hasta dos haberes mínimos que se pagará durante los meses de marzo, abril y mayo, hasta el próximo aumento por movilidad.

El refuerzo será de $15.000 por mes para titulares de jubilaciones y pensiones que reciban hasta 1 haber mínimo e irá decreciendo progresivamente hasta los $5.000 para quienes cobren hasta 2 haberes mínimos. Con estas medidas, la jubilación mínima pasará de $60.124 a $73.665.

“Venimos transitando un camino de recuperación y con estos aumentos en marzo las jubilaciones tendrán 11 puntos de recuperación del ingreso, algo clave para potenciar el mercado interno y sobre todo, mejorar la calidad de vida de nuestros jubilados y jubiladas”, ponderó Massa.

En oficinas de la ANSeS de esta ciudad aparecieron estos días afiches escrachando a diputados nacionales de CABA de la oposición, atribuyéndoles la responsabilidad de que la gente no pueda jubilarse.

“Son diputados y diputadas de tu ciudad y no quieren que te jubiles”, decía el afiche, con las caras de los diputados opositores escrachados.

Miren lo que ponen en las oficinas de ANSES… muy democrático. pic.twitter.com/4Sk5SQqmll

— Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) February 3, 2023

Tomó el guante uno de los que aparece en los afiches, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, quien publicó una serie de tuits sobre la cuestión de la moratoria previsional.

“Aprovechemos este afiche fascista y mentiroso para hablar de jubilaciones”, arrancó el economista, que agregó: “Argentina necesita reformar su sistema de pensiones con una perspectiva sustentable y equilibrada basada en calculo actuarial”.

Tetaz aclaró que “no podemos dejar sin jubilación al que aportó, 15, 20 o 25 años, porque eso sería una estafa, pero tampoco podemos bajar las jubilaciones de los que aportaron para incorporar más gente que no aportó, porque esto también sería otra estafa”.

Así las cosas consideró que “necesitamos un sistema con 2 componentes; una prestación básica universal fija, que el Estado le reconozca a todos los adultos mayores (similar PUAM) que se financia de rentas generales, más un componente variable en función de años aportados y edad de retiro”.

“Este segundo componente puede a su vez tener una parte de reparto y otra de capitalización (que no necesita ser privada, aunque debería permitirse la competencia), en sintonía con el modelo de Noruega. Este tema es un debate central, pero diferente al de edad y años aportados”, agregó Martín Tetaz.

A su juicio, “en este esquema hay que terminar con los requisitos de edad y aporte para jubilarse; que cada uno se jubile cuando quiera. La ANSeS debería publicar una calculadora basada en un cálculo actuarial que muestre la jubilación correspondiente a cada combinación de edad y aportes”, sugirió el legislador, y ejemplificó: “¿Querés jubilarte a los 60? ¿A los 65? ¿A los 70? ¿Querés jubilarte con menos aportes? Ningún problema. Obviamente cuanto más tarde te jubiles y más años tengas aportados, más alto será el componente variable de tu jubilación. Basta de demagogia y de cagar al que aportó”.

“Obviamente, el componente fijo de la prestación básica universal se cobra recién a una determinada edad que hay que discutir, pero que podría ser variable en función de la expectativa de vida (Expectativa- 15/20 años)”, continuó, para concluir: “Por último quiero contarle a los que hicieron el afiche que todavía no fuimos convocados a ninguna sesión para tratar el tema, porque evidentemente lo único que le interesa al Gobierno es manipular la justicia. Así que dejen de mentirle a la gente”.

La directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, pidió a los diputados de la oposición que permitan el tratamiento de la nueva ley de Pago de Deuda Previsional ya que, si no lo hacen, aproximadamente 800 mil personas no podrán acceder a su jubilación.

“La ley de Pago de Deuda Previsional estaba para tratarse en diciembre para que justamente no tengamos este bache y los diputados de Juntos por el Cambio y de la oposición decidieron no ir a trabajar, no sentarse en el recinto y nos quedamos sin ley”, cuestionó Raverta tras inaugurar junto a la directora del PAMI, Luana Volnovich, el nuevo edificio de la obra social de los jubilados y pensionados en Mar del Plata.

“Desde el 2004 y después en 2014 contábamos con una ley que permitía jubilarse aquellos hombres y mujeres a los que les faltaban algunos años de aporte pagando su deuda y esa ley venció a principios de año”, explicó en declaraciones a la señal A24.

“Las argentinas y argentinos merecen que los diputados bajen a sesionar y que nos den esta herramienta que no es para el gobierno ni es para ANSeS, sino para la enorme cantidad de 800 mil argentinas y argentinos que durante este año cumplen la edad de jubilarse y necesitan saldar la deuda de esos años de aportes”, indicó.

Por esta razón, destacó: “Desde ANSeS esperamos que en estas sesiones extraordinarias los diputados de la oposición nos den esta oportunidad de discutir esta ley para poder contar con la herramienta que permita a las argentinas y argentinos acceder a una jubilación”.

Otro de los nombres que pasaron este miércoles por la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo de Carlos Heller (FdT), fue la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, quien detalló los objetivos centrales del organismo y resaltó que “este presupuesto prevé que para las jubilaciones y pensiones haya un 74% más de la proyección de cierre del 2022”. A su vez, comparó que en la gestión anterior “las jubilaciones y pensiones perdieron un 19.5 y hoy recuperamos un 4.7”.

En su presentación, Raverta recordó que “cuando llegamos a la gestión nos hicimos cargo del organismo en un contexto muy difícil atravesando la primera ola, la curva de contagios por las nubes, pandemia, crisis humanitaria mundial, nos propusimos dos grandes objetivos además de la urgencia de la pandemia, creíamos que teníamos que cumplir con objetivos estructurales porque para eso nos habían votado, para resolver los problemas reales y buscar soluciones definitivitas”.

“Los dos objetivos fueron recuperar tiempo perdido en relación al alcance a la cobertura de nuestras prestaciones, de los derechos que cada argentino recibe por parte del organismo mes a mes y, por el otro lado, recuperar tiempo perdido en relación al poder adquisitivo a la capacidad de compra, al valor de esas asignaciones”, precisó.

En esa línea, indicó que “volver a construir un organismo empático e inteligente nos puso a trabajar con mucho compromiso y muchas horas para asistir los 7,5 millones de jubilados y pensionados, los 8,7 millones de niños y adolescentes de los que 4,4 son de AUH y 4,3 millones de AAFF de chicos cuyos padres no tienen trabajo; 1 millón de personas con otro tipo de prestaciones”.

En ese sentido, sostuvo que “instrumentar la capacidad diaria del organismo puso como objetivo estar a la altura de un tiempo de emergencia”, y detalló: “Asistimos a 9 millones de personas con el IFE aquellas personas que tenían sus ingresos informalizados, también nos ocupamos de trabajadores en relación de dependencia achicando un aporte al sector privado y a las empresas en donde allí trabajaban pagando la mitad del salario a más de 1,8 millones de personas; REPRO II”.

Y siguió: “Bonos de Salud; había que acompañar a los trabajadores de la salud que ponían el cuerpo como todos, pero de manera especial porque era un tiempo en donde quienes trabajan en salud se sacrificaban y se exponían; el Bono de Cultura de 50 mil, porque es una Argentina que atiende a todos porque los trabajadores de la cultura no pudieron trabajar durante la pandemia se instrumentó una política de asistencia económica; bonos a jubilados y pensionados: en nueve oportunidades salimos a poner más dinero en el bolsillo, además de la instrumentación de los aumentos de la fórmula que fue votada en este Cuerpo;  el Refuerzo de Ingresos a trabajadores informales más de 7,5 millones de personas alcanzadas”.

“Estas medidas son medidas excepcionales, hubo que tomarlas en función de garantizar la cotidianeidad de un organismo que asiste, que dialoga prestacionalmente con 17 millones de personas esto sobrecarga nuestra capacidad, pero hemos podido estar a la altura de ese tiempo haciendo lo que había que hacer”, destacó Raverta.

A su vez, señaló que para garantizar esa afluencia diaria “son muchos los millones de ciudadanos que todos los días asistimos, estamos hablando de 90 mil personas por día que asistimos en las oficinas, realizamos 110 trámites por día, es decir, 2 millones de personas por mes y 2.3 millones de trámites mensuales”.

“Además de las más de 200 oficinas que teníamos, construimos 50 oficinas nuevas. Cuando nosotros llegamos en ANSeS eran 13.761 trabajadores, en 2022 estamos trabajando con 13.580 personas (-1,3%). Esto es algo que tenemos que atender porque tenemos más oficinas, más trabajo, más personas por atender, pero con menos empleados”, precisó la funcionaria.

Por otro lado, resaltó que “ANSeS llega a las familias argentinas dos grandes universos: a los chicos adolescentes, niños y niñas y a las personas mayores”. Sobre las personas mayores describió que “el alcance del sistema previsional argentino nos tiene que poner sumamente orgullosos como tenemos a una población en condiciones de obtener una jubilación asistida. El 95% de las personas que están en edad de estar jubiladas reciben una jubilación o pensión mensual”.

“Personas mayores de 60 años ¿qué hubiera sucedido si en pandemia no tenían la posibilidad de contar con una jubilación en ese contexto? Es la posibilidad de que hombres y mujeres en edad de riesgo que no son población económicamente activa, el sistema previsional garantiza que esas personas mayores tengan un plato de comida”, destacó Raverta.

En ese sentido, precisó: “Actualmente hay 8,8 millones de beneficiarios previsionales de los cuales más de 7 millones contributivos y 1,8 millones no contributivos. Este nivel de cobertura y de alcance es producto de dos decisiones políticas homologadas en este Cuerpo la Ley del año 2005 y otra el 2014 en donde los argentinos tuvieron la posibilidad de pagar su deuda con el Estado a través de una moratoria para poder tener la jubilación que otros con 30 años aportados tenían esa posibilidad”.

“Las jubilaciones de quienes tienen una moratoria son más bajas y las jubilaciones de quienes no tiene una moratoria y han tenido 30 años aportados tienen una jubilación más alta. El sistema previsional sigue garantizando ser un sistema solidario”, agregó.

Otro de los objetivos que se propusieron fue que “había que seguir garantizando el alcance para que todas las mujeres que tuvieran más de 60 años pudieran alcanzar una jubilación  y el tiempo que está vigente para pagar esa moratoria es muy chiquito para que se puedan poner al día , por lo tanto instrumentamos una política que tiene que ver con reconocer los años de aporte por las tareas de cuidado, es decir un año de aporte por cada hijo porque el Estado reconoce que ese tiempo invertido en la familia es tiempo que dedicaron a construir una Argentina mejor”, y resaltó: “Esa política permite que más de 207.000 mujeres accedan a una jubilación”.

“También nos teníamos que hacer cargo de hombres y mujeres que tenían los años aportados y no le debían nada al Estado, pero les faltaba edad y conseguir trabajo cuando sos más grande es más difícil. Con un decreto el 674/2021 se logró instrumentar una política que tenía un antecedente en el 2005 que es la jubilación anticipada para personas que a cierta fecha que se encontraran desocupados y de esta manera poder acceder a una jubilación. Son 20 mil jubilaciones anticipadas, iniciadas 16500 en el bolsillo”, explayó la titular de ANSES.

En suma, destacó que “todos los meses estamos mejorando nuestro funcionamiento, el rendimiento jubilando más gente”, y precisó que de los últimos 6 años en el mes de septiembre fue el mes donde más jubilaciones se tramitaron que fueron “556.992 nuevos beneficios previsionales en los primeros 9 meses del año”.

 “Cuando venimos a discutir un presupuesto, venimos a contarles para qué necesitamos el presupuesto y por qué necesitamos que aumente. Podemos mostrar que nuestro ejercicio cotidiano es mejorar la calidad de vida de los argentinos”, manifestó la funcionaria y retomó lo planteado al comienzo sobre “recuperar el tiempo perdido” explicando que apuntan a “mejorar el sistema previsional”.

Y cuestionó: “Arrancamos la gestión con una jubilación que había perdido 19.5 en los últimos dos años del gobierno anterior, hoy ya llevamos recuperado 4.7”, pero reconoció que “no es suficiente”, anquen señaló que “estamos en el camino correcto con una fórmula de movilidad que se votó en este Congreso para poder seguir recuperando capacidad de compra. No es fácil porque no arrancamos de cero, arrancamos de -19.5 por eso celebramos cada aumento trimestral porque nos permite seguir construyendo ese horizonte de mayor capacidad de compra con las prestaciones, con las jubilaciones y pensiones”.

“Este presupuesto prevé que para las jubilaciones y pensiones haya un 74% más de la proyección de cierre del 2022. Cuando crece el salario de los trabajadores, y la economía argentina, crece el bolsillo de los jubilados porque el presupuesto prevé que se mejore en un 79% la recaudación y un 63% los salarios y por eso necesitamos esa proyección, ese aumento”, explicó Raverta.

En otro tramo de su exposición se refirió a la seguridad social para las niñas y adolescentes que “también tenía que recuperar el alcance de la cobertura”, y enumeró la Ley 1mil días, el Programa Alimentar, el Complemento Mensual al Salario Familiar, el Refuerzo en las Asignaciones Familiares, la ampliación del PROGESAR. Son 8.7 millones de nenes a los que les llega todos los meses una asistencia que permite hace 13 años que los hijos de trabajadores tienen un plato de comida y de quienes no tienen trabajo”.

“La Asignación Universal es un esfuerzo enorme en términos presupuestarios para llegar a los hijos de los trabajadores del pueblo, desocupados, informalizados, pero también el salario familiar es un esfuerzo muy grande en términos presupuestarios”, resaltó la funcionaria.

Sobre la Ley 1000 días precisó que “teníamos 6 meses de asignación por embarazo ahora son 9, eso habla de equiparar a las embarazadas que tiene trabajo con las que no lo tienen. Son 80 mil mujeres”.

Otro de los Programas que explicó es el Alimentar, sostuvo que “son 9 mil pesos además de las AUH para los chicos menores de 14 años, $13.500 para las familias que tienen dos nenes de esa edad, y $18.000 para quienes tienen más de tres chicos. Es una erogación presupuestaria importante que es trascendente en momentos económicos complejos, prever el estimado presupuesto 2023 en $342.066 millones nos preocupa que los chicos del país puedan tener el alimento que necesitan. Además, vamos a invertir lo que sea necesaria para que ese alimento este”.

“La AUH más el Programa Alimentar garantizan un piso de ingresos para las familias más pobres de la Argentina. Recuperamos un 54.5 ese ingreso”, subrayó Raverta y remarcó que “la AUH es una política indispensable que nos pone en el mejor de los mundos en el país donde los hijos de todos tienen la misma oportunidad de ser alimentados. De esa manera construimos un lugar mejor. Va a aumentar en un 71% respecto del crédito vigente lo que representa $684.360 millones”.

Al hablar del Complemento Mensual al Salario Familiar, señaló que en octubre de 2021 duplicaron el valor de las asignaciones de Rango I y II para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas categorías A, B, C Y D; y prestación por desempleo. “Esto alcanza a 2 millones de chicos”, detalló.

“Hace un mes decidimos aumentar a $20.000 las AAFF para el tramo 1 aumentos para los trabajadores con menos aumentos salariales. El presupuesto tiene que apuntar hacia ese lugar”, contó y comparó: “Cuando llegamos era del 83% y ahora es del 101%”.

Y cerró pidiendo que voten el Presupuesto 2023 porque “tenemos que seguir en este contexto ayudando a las familias de quienes son tiene trabajo registrado y a las familias de los trabajadores y reconocer el esfuerzo que hacen los trabajadores para llevar el país adelante”.

Con el apoyo de aliados, el Frente de Todos en el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que propone una moratoria previsional para personas en edad jubilatoria que no cuentan con los aportes suficientes, y un plan especial para quienes estén a diez años de retirarse y estiman que no alcanzarán los años de servicio correspondientes.

La votación resultó con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Al oficialismo lo acompañaron, como es habitual, la riojana Clara Vega, la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck. En tanto, también apoyó el proyecto la cordobesa Alejandra Vigo. Le faltó al oficialismo el puntano Adolfo Rodríguez Saá, enfermo de Covid.

Las abstenciones correspondieron a Juntos por el Cambio, espacio dentro del cual hubo un puñado de senadores del Pro que votaron negativamente: Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli, María Victoria Huala, Luis Juez, Humberto Schiavoni y José Torello.

La iniciativa del oficialismo fue presentada a principios de mayo y solo se trató en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, uno de los aspectos que fue motivo de reclamo por parte de la oposición.

Además, desde Juntos por el Cambio pidieron por la opinión del Ministerio de Economía sobre el costo fiscal y el impacto que tendría en el marco del acuerdo con el FMI. Pero el Frente de Todos aclaró y ratificó que la propuesta no fue consultada con la cartera que conduce Martín Guzmán.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realizará teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS.

El debate

La primera oradora de la tarde fue la jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien explicó en detalle el proyecto e indicó que “este año tiene el 0,02% de costo fiscal y el año que viene tiene un 0,3%”. “La verdad que es insignificante”, consideró, ante lo que busca ser “un plan para mejorarle la vida a 1.650.000 personas”.

“Yo la verdad que no le pregunté al ministro (Martín Guzmán), le pregunté al organismo competente, que es la ANSeS y creo que los autores hicieron lo mismo”, respondió sobre las críticas por la falta de opinión de la cartera económica, y agregó: “Las iniciativas legislativas, en general, no se las preguntamos a los ministros”.

Desde la oposición, el radical Víctor Zimmermann preguntó: “¿Por qué este proyecto no pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Para que, de alguna manera, poder tener un costo presupuestario del impacto que pueda tener”. “Porque creo que de la suma y resta, más allá de que uno es de aporte y otro de pasivo hacia adelante, va a tener un costo presupuestario importante”, consideró.

También consultó al oficialismo sobre si la iniciativa “no impacta en contra del compromiso con el FMI” ya que Argentina “se comprometió a hacer un estudio del sistema previsional hacia adelante para ver cómo puede impactar en el déficit”. Así, contradijo a Di Tullio: “Es necesario e importante convocar a los miembros del equipo económico, a los encargados del sistema previsional, para ver qué impacto podría tener y si no significa una contrariedad en el contexto de la Argentina”.

El chaqueño sostuvo que “no podemos estar satisfechos con lo que ha pasado en el sistema previsional en Argentina porque hay muchos jubilados que les cuesta llegar a fin de mes hoy”. Y pidió que el proyecto vuelva a comisión y se trate en Presupuesto.

Por su parte, la macrista Guadalupe Tagliaferri resaltó que “todos sabemos que el sistema previsional argentino está a punto de colapsar. Sabemos que es enorme el déficit fiscal y es, en parte, producto de la falta de crecimiento, de generación de puestos de trabajo, de la inflación, que no son otra cosa que la angustia que viven a diario los ciudadanos”.

En esa línea, la porteña aseguró que “nos debemos un debate serio, sano, genuino, con todos los actores sentados, diputados, senadores, cámaras empresariales, sindicatos, absolutamente todos. No podemos seguir generando parches”.

Sobre el proyecto, la senadora cuestionó que “no sirve, no es real” y explicó que “esta moratoria es para los que tienen 10 años de aportes, por lo cual tampoco van a llegar a los 30 años; y si cada 4 años vamos a tener que hacer una nueva, es porque necesitamos revisar en serio y conjuntamente con seriedad el sistema previsional argentino”. “No es sostenible, no soluciona el problema de fondo, no es previsible y perjudica al que aporta porque se lo queda el Estado”, completó.

De la vereda de enfrente, el misionero Maurice Closs subrayó que se trata de beneficiar a muchas personas que “no llegan a completar los requisitos de edad y aportes” porque “tenemos una economía que lo largo de los años viene con desórdenes y problemas de pérdida del trabajo formal”.

“Esto busca incluir a esas personas que no cumplen el doble requisito, dentro del sistema con una medida que no es la primera vez que se hace”, manifestó el oficialista, que aportó datos sobre la situación en su provincia: “En Misiones hay 80 mil jubilados por moratoria y solo 18.800 que se jubilaron con la cantidad de aportes y edad necesaria, ¿imaginen si no hubiesen existido esos planes?”.

Aunque reconoció que esta iniciativa no resolverá los problemas estructurales, el legislador señaló que “si no damos una solución vamos a ver mucha gente sin condiciones de jubilarse, esa es la verdad y nos interpela a tomar una decisión. Es una solución coyuntural, sustentable y en la expresión de un país que no resuelve problemas como la inflación y la informalidad”.

Una de las autoras del proyecto, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, remarcó que de no aprobarse este proyecto “solamente van a poder jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones” en edad jubilatoria. Por eso, pidió asumir “la gravedad de la situación” y “la urgencia que tenemos en el tratamiento del proyecto de ley”.

La mendocina respondió entonces a los que “piden que volvamos a comisión, o dicen que ponemos parches al sistema previsional, o que nos merecemos un debate profundo acerca del sistema previsional. ¡Siempre ponen excusas cuando no quieren acompañar algo que beneficia a la gente!“.

En defensa de la iniciativa, la camporista sostuvo que esta moratoria “es superadora de las anteriores moratorias”, porque tiene una “vista al corto plazo y al mediano plazo”. También expresó que se busca “crear una conciencia previsional en todos los argentinos y argentinas” y este plan “se inscribe en el espíritu” de “las políticas de inclusión previsional” del kirchnerismo.

En contra de la gestión de Cambiemos, la legisladora recordó que al entregar el gobierno Cristina Kirchner, en diciembre de 2015, había “un 98% de cobertura del sistema previsional” y “el haber mínimo más alto de Latinoamérica”. En tanto, durante el gobierno anterior, mediante la Ley de Reparación Histórica, que calificó como “un caballo de Troya”, se aprobó un “blanqueo a los familiares de Mauricio Macri y otros funcionarios” y “la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)”, entre otras cuestiones.

“Ahí empezó el cambio de paradigma del sistema previsional solidario e inclusivo”, dijo y denunció que “devaluó los activos del FGS, modificó sus funciones y lo descapitalizó totalmente”. Además, precisó que el FGS tenía en diciembre de 2015 unos 66 mil millones de dólares y a fines de 2019 se entregó con 33 mil millones de dólares; hoy cuenta con 51 mil millones de dólares, por lo que destacó la recuperación de 18 mil millones.

En el tramo final, la senadora de Córdoba Federal Alejandra Vigo opinó que “no es un buen proyecto porque, más allá de la intención, no resuelve ni se aboca al tema crucial que es el sistema previsional actual y los jubilados”. Sobre la situación crítica del sistema, detalló que “según datos de la ANSeS, el SIPA contaba con el 48% de la población activa, un 29% trabaja en la informalidad y un restante 6% que se encuentra desocupado. No se produce ingreso en concepto de aportes”.

Sin embargo, la cordobesa adelantó su voto positivo porque “es necesario ir resolviendo de manera parcial los aspectos que no pueden esperar”. Pero cuestionó “la idea de pensar en que esto son soluciones o parches para una enfermedad grave como es el sistema jubilatorio”.

A su turno, el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, afirmó que “no estamos solucionando los problemas estructurales” y, por eso, “no hay que ofenderse cuando uno lo tilda a esto de parche”. El proyecto “claramente aumenta la vulnerabilidad del sistema, porque incorpora beneficiarios que no han tenido aportes”, observó.

El misionero expresó que “todos estamos de acuerdo que hay situaciones de injusticia y grupos que están en estado de vulnerabilidad”, pero “también tenemos que saber cuáles son los límites que enfrentamos como sociedad, y en esto hay una responsabilidad compartida de toda la dirigencia”, aseveró y pronosticó que “este proyecto implica más déficit fiscal”.

“Lo que hoy estamos debatiendo acá es cómo corregimos los defectos de una ley que el año que viene va a cumplir 30 años. Estamos debatiendo cómo corregir algo que lleva tres décadas de problemas. Esa ley es la 24.241. El problema que tiene es que pide un doble requisito para acceder al beneficio jubilatorio”, analizó en su discurso el senador Martín Lousteau.

En ese sentido, el radical apuntó que mucha gente afronta el problema del doble requisito en medio de “un mercado laboral inestable y en una economía muy inestable en la Argentina”. Tras definir como “parche” a la iniciativa, cuestionó que “seguimos alimentando un sistema deficitario, desordenado, e impredecible para quienes aportan o se quieren jubilar”. “Hay reglas distintas para distintos grupos todo el tiempo; es la fuente de mayor inequidad que podemos tener en el principal gasto social que tiene cualquier Estado”, añadió.

Penúltimo orador, el otro autor del proyecto, el senador camporista Mariano Recalde, sostuvo que hay “una necesidad y urgencia” porque a partir del próximo 23 de julio, “una enorme cantidad de argentinos no van a poder acceder a la jubilación”. “Si no hacemos algo, que algunos definen como un parche, quedan librados a caer en esa especie de migaja, limosna poco digna, jubilación de segunda, una pensión con menos derechos que es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)”, advirtió y criticó que esta pensión -creada en el gobierno anterior- “es una suma equivalente al 80% de la mínima” que “no da derechos hereditarios a los familiares” y además “exige a las mujeres llegar a la edad de 65 años”.

El porteño defendió que “cuando hay una necesidad nosotros creemos que hay un derecho, pero además no se puede caer un derecho, no se puede perder”. Y subrayó que se trata de beneficiar a “gente que sí trabajó; no son parásitos”, sino trabajadores que no tuvieron los aportes suficientes por ser “víctimas de las circunstancias políticas y económicas de nuestro país” o porque no tuvieron empleo o los tuvieron sus empleados en la informalidad. “No son responsables de no tener las contribuciones”, insistió.

Recalde manifestó también que el sistema previsional “se hace sustentable generando más empleo, combatiendo la informalidad, aumentando el poder adquisitivo de los salarios y no impulsando reducciones de los aportes patronales o reformas laborales con contratos basura”.

Finalmente, el presidente del interbloque oficialista, José Mayans, consideró que el proyecto es “profundamente cristiano y humanista”. “Hay personas que van a cumplir 65 años, la moratoria vence el 23 de julio y ahí está la urgencia. Porque también la tiene que votar la Cámara de Diputados”, argumentó.

“Es un proyecto excelente”, resaltó el formoseño, que opinó que no acompañarlo es “no tener corazón, que les importa tres pitos de todo el mundo”. “No votar esto es lo mismo que hicieron cuando creamos el SIPA. Están votando nuevamente a favor de las AFJP y en contra de las personas”, fustigó a la oposición.

Y reiteró que la iniciativa “tiene en primer lugar a la justicia social y a la solidaridad” al “ponerse del lado de los que no se van a poder jubilar”.

Con críticas a la Ciudad de Buenos Aires, que también tuvieron algunos de sus pares, Mayans señaló que “la CABA es la ciudad más beneficiada por la ANSeS, el 30% de su población está beneficiada por la ANSeS”. “Tanto que hablan de los planeros…”, chicaneó.

En el Congreso se impulsa una nueva prórroga de las moratorias previsionales y un régimen especial de retiro para personas con determinadas enfermedades. Mientras este tipo de normas siga teniendo alto consenso político, no tiene sentido discutir cuál es el mejor régimen monetario para lograr la estabilidad, señala el informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

La crisis económica y política parece sin salida. Esto aumenta las expectativas sobre el próximo gobierno. Hay muchos candidatos que aspiran al poder y pocas propuestas. La excepción es el debate en torno al régimen monetario. Dolarización, convertibilidad, metas de inflación, régimen bi-monetario aparecen, según el candidato, como “el” instrumento para lograr la estabilidad. Se trata de una discusión necesaria pero que pasa por alto que, cualquiera sea el régimen monetario que se adopte, el resultado será un nuevo fracaso si no se aborda un ordenamiento integral del Estado. Por eso es clave explicitar y asumir que el desorden actual es el resultado de la acumulación de malas políticas públicas sostenidas durante décadas por gobiernos de todos los colores políticos.

Dos ejemplos concretos se vieron esta semana, observa IDESA. El Congreso dio media sanción, con casi unanimidad, a la creación (superpuesta con beneficios ya existentes que cubren estas contingencias) de un régimen de pensiones no contributivas para personas de bajos ingresos afectadas con HIV, hepatitis B o C y tuberculosis, y para las que son de ingresos medios y altos se les permitirá jubilarse, sin aportes, a los 50 años. La otra iniciativa fue presentada en el Senado y propone extender las moratorias previsionales.

IDESA observa que dar jubilaciones sin aportes sin evaluar los costos concita alta “transversalidad” política. En este sentido, según datos del Ministerio de Economía para el año 2021 se observa que:

Hay 3,5 millones de jubilaciones otorgadas con las moratorias, de las cuales 800 mil están duplicadas con una pensión por sobrevivencia.

Estas jubilaciones con moratorias generan un gasto público de 2,4% del PBI.

El déficit primario del Sector Público Nacional ascendió a 3,0% del PBI.

Estos datos muestran que las moratorias tienen un costo fiscal equivalente al 80% del déficit fiscal primario. Así las cosas, el informe elaborado por IDESA advierte que seguir dando jubilaciones contributivas sin aportes agrava de manera estructural la insolvencia fiscal. Con esta dinámica en las finanzas públicas, no hay posibilidad de lograr la estabilidad. El desorden del Estado lleva a desequilibrios fiscales altos y permanentes que impiden, cualquiera sea el régimen monetario, tener una economía estable. Por eso, el ordenamiento previsional, junto con el ordenamiento tributario y funcional del Estado, son desafíos mucho más importantes y difíciles que definir cuál es el régimen monetario más apropiado.

Para IDESA, el desorden previsional tiene origen en una larga acumulación de normas impulsadas de manera improvisada y oportunista. El ejemplo más ilustrativo y que más daño ha hecho son las moratorias. Se trata de un mecanismo –sin antecedentes en otras partes del mundo– que permite a una persona simular haber trabajado como autónomo “en negro” para reconocerle aportes no realizados y acceder a una jubilación en idénticas condiciones que una persona que efectivamente trabajó e hizo los aportes correspondientes. La primera moratoria data del gobierno de Néstor Kirchner, pero luego contaron con un amplio y transversal consenso político, como lo prueba el hecho de que fueron sucesivamente prorrogadas, incluso durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el resto del mundo, para contemplar la situación de personas mayores sin aportes se utilizan las pensiones no contributivas. Este instrumento permite moderar los costos financieros y evitar dar la señal de que aportar al sistema previsional no genera beneficios. Pero el punto más importante es que las moratorias generan la duplicación de beneficios cuando fallece el titular de la jubilación o su cónyuge dado que, por ser un beneficio contributivo, puede generar también una pensión. Por esto, las moratorias son el principal factor que explica el alto y creciente fenómeno de duplicación de beneficios.

El consenso que sostiene las malas políticas previsionales queda demostrado con la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La PUAM tiene un diseño más apropiado que las moratorias porque no es un beneficio contributivo. Esto permite diferenciarla de la jubilación a la que acceden las personas que hicieron aportes regularmente y, lo más importante, no genera derecho a pensión por fallecimiento evitando los múltiples beneficios. Pero como cuando se creó la PUAM no se eliminaron las moratorias ni las pensiones por sobrevivencia se dejó pasar la oportunidad para que se sigan dando y duplicando jubilaciones contributivas sin aportes, en lugar de trabajar para perfeccionar la PUAM.

Senadores del interbloque Frente de Todos presentaron este viernes un proyecto de ley para que las personas en edad de jubilarse, pero que no cuentan con los aportes suficientes, puedan cubrir esos años haciendo los pagos correspondientes.

Durante una conferencia de prensa, que se realizó en el Salón Illia de la Cámara alta, los legisladores oficialistas aseguraron que la iniciativa representa un 0,02% de costo fiscal y que, además, contribuiría a “fortalecer el sistema previsional”, a través de una moratoria especial que también habrá para mujeres y varones que estén a 10 años de cumplir los 60 y 65 años, respectivamente.

En el arranque de la conferencia, el jefe de la bancada, José Mayans, recordó el fin de las AFJP en 2008, cuando “la mínima era de 700 pesos” y “300 era lo que las AFJP le daban a los jubilados y el Estado tenía que poner más de 400 pesos para alcanzar la mínima”. Sobre las distintas moratorias que se impulsaron durante los años del gobierno kirchnerista, destacó que se incorporaron a “casi 3.600.000 argentinos que estaban fueran del sistema”.

“Estamos convencidos que a este país o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”, sostuvo y enfatizó que “a mayor justicia social, mayor paz social”, por eso “el Estado no se puede hacer el distraído”.

Atajándose a consultas sobre si el proyecto fue consultado con el Gobierno o el ministro de Economía, Martín Guzmán, el formoseño remarcó que con la propuesta “no hay intención de confrontar con nadie, ni de arruinarle la vida a nadie”, sino que se trata de “tener gestos solidarios y políticas que realmente busquen la dignidad humana”. “Por supuesto es perfectible, acá nadie es dueño de la verdad y se puede mejorar”, añadió.

Luego, la vicejefa del interbloque, Anabel Fernández Sagasti, indicó que las personas que este año y el año que viene cumplirán 60 o 65 años “han atravesado bastas crisis socioeconómicas y de mercado laboral”, también “la última dictadura cívico militar; la hiperinflación del ’89; y los picos de desocupación de los ’90 y 2001”, con lo cual “se hace muy dificultoso que puedan cumplir con el requisito de los 30 años de aportes para poder jubilarse”.

La mendocina explicó que a partir de julio, cuando venza la moratoria dispuesta por la Ley 26.970 de 2014, solamente “podrían jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones”.

Al reivindicar a los gobiernos K, la camporista recordó que entre 2003 y 2015 “llegamos al 95% de la cobertura en materia previsional” y en 2015, antes de entregar el gobierno, “la jubilación mínima era, en términos reales, la más alta de América Latina”.

“Estamos a las puertas de tomar nuevamente una decisión muy importante para que puedan jubilarse los argentinos y las argentinas que cumplen 65 y 60 años en los próximos dos años”, sumó y, en ese sentido, dijo que el proyecto “tiene que ver con una preocupación urgente que son estas 500 mil personas que este año no van a poder jubilarse”.

Al ser consultada sobre si el proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía, la senadora respondió: “La inclusión previsional es un compromiso que tomó este Gobierno, es parte de la agenda del Gobierno y del interbloque del Frente de Todos. Presentamos este proyecto en el Senado para que lo discutamos entre todos y todas”.

“Claramente que los números los hemos consultado con la ANSeS, pero es una iniciativa del interbloque del Frente de Todos”, aclaró. Y, sobre el impacto fiscal, señaló que “casi tiene un mínimo costo fiscal, es del 0,02%; es casi nulo”.

A su turno, el senador Mariano Recalde, que explicó los detalles técnicos del proyecto, destacó que se trata de “permitirle a los trabajadores y trabajadoras poder regularizar su situación” y “poder ponerse al día con esos aportes que no pudieron cumplir, muchas veces por trabajar en la informalidad, muchas veces por tener períodos donde no pudieron trabajar”.

“Este proyecto no tiene impacto en los jubilados que hoy están percibiendo su haber”, afirmó el porteño y explicó que “el sistema previsional se robustece y mejora, y tiene más posibilidades de atender las jubilaciones si hay un país, un contexto con pleno empleo, con salarios con buen poder adquisitivo y con una tasa de empleo no registrado baja”.

En esa línea, defendió que “esos son tres factores económicos que nuestro proyecto político desde el primer día apuntala y trata de fortalecer” pero “en el medio aparecen dificultades, como pandemias, guerras y deudas externas, problemas que condicionan el objetivo político que tiene nuestro Gobierno”.

De acuerdo a la propuesta, las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Los senadores señalaron que, en la actualidad, solamente 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones estarán llegando a la edad de jubilarse con los 30 años de aportes. El resto se ve obligado a recurrir a la PUAM, una prestación sancionada en el gobierno anterior y que otorga apenas un 80% del haber mínimo.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes. Estos trabajadores y trabajadoras podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realiza teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS, se explicó.

Según los registros de la Seguridad Social, en lo que resta de 2022, aproximadamente 500 mil personas con la edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional que propone el proyecto de ley. Además, aproximadamente otras 300 mil personas estarían en condiciones de adherir en el año 2023. “Es importante destacar que muchas de estas personas no han podido adherir a las moratorias anteriores por las restricciones y barreras que las mismas han acumulado a partir de 2016”, indicaron en un comunicado.

Los senadores del Frente de Todos consideraron que “es una medida que recupera el valor de solidaridad intergeneracional y de previsión del sistema jubilatorio generando oportunidades para que, de manera anticipada, las personas tomen un rol activo para poder torcer positivamente un destino que, de otro modo, las deja en riesgo de atravesar situaciones de mayor vulnerabilidad en la vejez. Este proyecto, además de resolver la situación jubilatoria de una enorme cantidad de trabajadores, fortalecerá la solvencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA)”.

Proy.-Ley-Plan-de-Pago-de-Deuda-Previsional.-Rev.-06-05-2022

A través del DNU 475/21, el Gobierno nacional estableció que las mujeres podrán sumar de uno a tres años de servicios computables para su jubilación por cada hijo, tal como lo anunció días atrás el presidente Alberto Fernández, junto a la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

La norma, publicada en el Boletín Oficial este lunes, modifica la Ley 24.241 -que rige el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones- de modo que “al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la Prestación Básica Universal (PBU), las mujeres y/o personas gestantes podrán computar un año de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida”.

Asimismo, el decreto dispone que “en caso de adopción de personas menores de edad, la mujer adoptante computará dos años de servicios por cada hijo y/o hija adoptado y/o adoptada”.

Además, se reconocerá “un año de servicio adicional por cada hijo y/o hija con discapacidad, que haya nacido con vida o haya sido adoptado y/o adoptada que sea menor de edad”.

La norma extiende el beneficio a “aquellas personas que hayan accedido a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social por el período de, al menos, doce meses continuos o discontinuos”, quienes “podrán computar, además, otros dos años adicionales de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida o haya sido adoptado y/o adoptada que sea menor de edad, en la medida en que por este se haya computado el tiempo previsto en el presente apartado”.

En otro artículo, que se suma a la ley de jubilaciones, se incluye el período de licencia por maternidad para el cómputo de “las prestaciones de retiro transitorio por invalidez o de la pensión por fallecimiento del afiliado o de la afiliada en actividad”.

En el DNU se aclara que los beneficios regirán “sólo para las prestaciones que se soliciten a partir de la vigencia del mismo”.

Desde ANSeS se informó que los turnos estarán disponibles a partir del 1ro. de agosto y que la atención será únicamente con turno previo, DNI y las partidas de nacimiento de las hijas y/o hijos, consignó la agencia Télam.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que “el reconocimiento de años de aporte por hijo y/o hija genera un efecto inmediato en las mujeres que siguen sufriendo las consecuencias de una sociedad pasada, en la que la brecha de género era aún más pronunciada que en la actualidad y que, en tal sentido, se trata de una medida del presente que puede reparar parte de las inequidades acumuladas a lo largo de 30 años”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió este martes dictamen favorable sobre un proyecto de jubilación anticipada para los obreros y empleados de la actividad vitivinícola, con el fin de que puedan acceder al beneficio a los 57 años, con 25 de aportes.

El cuerpo legislativo que preside Carlos Heller (Frente de Todos) completó así el aval que el lunes le dieron a la iniciativa las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo, que presiden los diputados del Frente de Todos Marcelo Casaretto y Vanesa Siley.

El proyecto de jubilación anticipada beneficia a 25 mil trabajadores del sector vitivinícola e iguala condiciones con el régimen de trabajadores y trabajadoras rurales.

La iniciativa sancionada originalmente por el Senado fue impulsada por la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), pero deberá volver a la Cámara alta, ya que Diputados le hará algunos cambios “que están consensuados con el Poder Ejecutivo”, informó Casaretto.

El legislador, por haber participado en la reunión del lunes, explicó ante sus pares de Presupuesto y Hacienda los aspectos del proyecto: “En el artículo 1 se especificará que habrá un régimen previsional para los trabajadores vitícolas, en cuanto desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro”.

Destacó que “siempre es bueno que el Congreso de la Nación consagre más derechos para los trabajadores”.

Por Juntos por el Cambio, los diputados Luciano Laspina (JxC) y Javier Campos (JxC), se refirieron a la posibilidad de que otros sectores reclamen el mismo derecho con “los problemas fiscales que ello traería aparejado”, por lo que anticiparon su rechazo al dictamen.

Así, ambos diputados dejaron expuestas las posiciones de todos los integrantes de esas dos bancadas que integran la comisión, a excepción del tucumano Domingo Amaya (JxC), que acompañó el texto.

Desde el radicalismo, en cambio, el mendocino Alfredo Cornejo dio su respaldo al proyecto; y sus correligionarios Luis Pastori y Atilio Benedetti se abstuvieron.

La postura del titular de la UCR nacional fue fundamentada en la reunión anterior por el puntano Alejandro Cacace, quien señaló que hay una necesidad de otorgar equidad como trabajadores, ya que estamos frente a un trabajo que merece una protección especial”.

Y explicó que “el sentido general de los regímenes diferenciales es el de atender a las condiciones de trabajo distintas que ciertos sectores tienen y por ende otorgar la protección previsional”.

El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo también avaló el dictamen con la firma del misionero Diego Sartori, quien reafirmó los argumentos que dio el lunes el titular de su espacio legislativo, José Luis Ramón.

El mendocino afirmó que “este proyecto se relaciona con la matriz productiva de la provincia y va en el sentido correcto, porque mejora la calidad de vida de toda la vitivinicultura. Hay que defender este sector, ya que está amenazado por la megaminería contaminante”.

El proyecto de ley en revisión por el cual se crea un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas logró avanzar este lunes en Diputados al obtener dictamen de mayoría en la reunión conjunta por videoconferencia de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

El proyecto 115-S-2020, que ya tiene media sanción de la Cámara alta, fue tratado por los diputados nacionales que expresaron su voluntad de aprobar dicha iniciativa desde los distintos sectores políticos.

Sin embargo, el proyecto obtuvo dictamen con modificaciones por lo cual deberá tratarse en el recinto y volverá a la Cámara alta para su aprobación.

Luego de lograr dictamen de ambas comisiones por unanimidad, se espera que la comisión de Presupuesto y Hacienda emita despacho este martes y así el tema llegaría al recinto en la próxima sesión de Diputados.

Juntos por el Vino

Al inicio del debate, la presidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo, Vanesa Siley, señaló que “este proyecto busca la igualdad entre los trabajadores viñateros con el régimen de seguridad social, buscando diferencial al sector, establecido ya en la Ley 26.727. Es la ley del peón rural que existe hoy en la Argentina”, argumentó.

Luego, el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casareto, sostuvo: “Lo que vamos a proponer es un texto en el cual el altículo 1 referiría a establecer un régimen previsional preferencial para los trabajadores vitícolas, en cuanto desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro”.

El vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Alejandro Cacace (JxC) adelantó el acompañamiento del bloque Juntos por el Cambio y remarcó que “es claramente un tema de gran importancia para las provincias productoras vitivinícolas”.

Asimismo, el vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Albor Cantar (JxC), sostuvo que “es muy oportuno tratar este tema que busca romper ciertos desequilibros en grupos de trabajadores muy similares porque los vitivinícolas sufren la falta de equidad que tenían con los trabajadores rurales”.

Por su parte, la diputada mendocina Marisa Uceda (FdT) destacó que “este proyecto es el resultado del camino de una lucha muy fuerte, cualquier mendocino y mendocina sabe que reconocer la jubilación anticipada de los trabajadores y trabajadoras de las viñas es otorgar igualdad, equidad y justicia social”.

A su turno, el legislador mendocino Federico Zamarbide (JxC) afirmó que “la actividad vitivinícola genera un arraigo fuerte en el territorio, una de las características que tiene, es que sigue siendo una tarea manual, aun con los últimos avances tecnológicos en cuanto a riego y a cosecha mecanizada por ejemplo”.

También el diputado mendocino José Luis Ramón manifestó que “estos proyectos van en el sentido correcto, porque pone el acento en aquel esfuerzo que debe hacer el Estado para mejorar la calidad de vida de un sector central para toda la economía de las Provincias donde hay vitivinicultura”.

A su turno, el diputado Alberto Asseff consideró que esta iniciativa “viene a establecer equidad y una justicia. No puede ser que un trabajador rural no esté equiparado a un trabajador de las viñas, o que estos tengan diferencias con los otros, cuando están haciendo un trabajo parecido”, aseveró.

Asimismo, el diputado mendocino Omar de Marchi (JxC) graficó a la actividad laboral de los viñeteros al señalar que “lo mejor para la uva y para el vino, es muy malo para el trabajo en la viña y hace muy complicada una actividad que en su mayoría de los casos es artesanal”.

La voz de los gremios

De la reunión conjunta también participaron el secretario gremial de Foeva (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines), Juan Carlos Aguirre, quien señaló que “estos obreros empiezan a edad temprana a trabajar y tienen una larga vida laboral a intemperie, soportando la helada y el sol. El trabajador de viña sufre mucho y jubilarse a los 57 sería un acto de justicia porque así estaríamos igualados al resto de los trabajadores rurales”.

En tanto, María Belén Anchi Villareal, secretaria general del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (SOEVA) Valle de Uco, aseguró que el trabajo en la vid “es una actividad muy sufrida que hace que el cuerpo de los trabajadores de viña sufra mucho y el desgaste es innegable porque se trabaja con altas temperaturas y con bajo cero”.

“Nos parecer discriminatoria que no haya una normativa que equipare al sistema previsional de los trabajadores de viña con los rurales”, sentenció Anchi Villareal, quien agregó: “Es una conquista de los derechos para nuestros trabajadores, pero todavía queda por hacer”.

De qué se trata el proyecto

La iniciativa impulsada por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti establece un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas, que podrán jubilarse a los 57 años, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicio con aportes.

De esta manera, la iniciativa equipara a estos empleados con los peones rurales, que también tienen un régimen diferenciado debido al tipo de trabajo que realizan.

Respecto del cómputo de los años de servicios, el proyecto aprobado establece que cuando el viñatero haya alternado con tareas de otro tipo “se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”.

Asimismo, se indica que la contribución patronal será la que rija en el régimen común (Sistema Integrado Previsional Argentino) incrementada en un 2% a partir de la vigencia de la ley.

Cabe aclarar que la media sanción también abarca viñas que posean olivares y frutales, siempre y cuando la actividad vitícola sea la principal.

Con un encendido discurso, que terminó entre aplausos de sus pares, el jefe del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner, defendió la nueva fórmula de movilidad y dijo: “Lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con lo que dijimos en la campaña electoral, que creíamos que esta fórmula era la mejor para que jubilados y jubiladas paulatinamente pudieran recuperar los ingresos que perdieron con el cambio de fórmula que hizo Mauricio Macri, y no sólo por el cambio de fórmula sino con la política macro”.

“En el 2017, el jefe de Gabinete del macrismo, Marcos Peña, durante el proceso electoral, le aseguró a todos y a todas que no iba a haber una reforma previsional en la Argentina. Meses después, nos encontrábamos con la instalación de esta fórmula que hoy venimos a cambiar”, recordó.

En otro tramo, el hijo de la vicepresidenta señaló que su madre vetó el 82% vital y móvil para jubilados, algo que critica la oposición. Entonces, preguntó: “¿Por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Uno no puede proponer cosas para joder al otro, uno tiene que ser racional. Tuvieron cuatro años para aprobar esa ley vetada por Cristina”.

“ANSES morigeró en esta pandemia de manera inteligente, sensible y humana el pago de intereses por el que jubilados y jubiladas se habían endeudado durante el gobierno de Macri, incluso para pagar los servicios públicos, la luz y el gas”, destacó.

Y levantó la tensión en el recinto cuando mostró en sus manos balas de gomas, para hacer mención a la votación de hace tres años atrás. “Como sabía que iban a traer una piedra, porque se han vuelto muy previsibles y su electorado no les pide más que eso, les traje las balas de goma. Estas son las balas de goma que ustedes usaron. Y las muestro solamente porque trajeron las piedras”, expresó.

“Acá están las balas que tiraron sobre la gente, que son los verdaderos resistentes. Ustedes no son resistentes, ustedes son el poder. Pueden haber perdido una elección, pero son el poder de la Argentina. Resistir, resistieron los compañeros y compañeras en la plaza afuera”, agregó.

Más adelante les pidió a los opositores que “reflexionen también por qué perdieron. ¿Por qué perdieron si tenían un Fondo Monetario que les daba 44 mil millones de dólares? ¿Por qué perdieron si los dos diarios más grandes de la Argentina decían que era la gestión más exitosa de la Argentina y que en la gobernación de la provincia había una leona? 20 puntos de diferencia le sacamos a ‘la leona’. Eso es la falta de gestión, la falta de sensibilidad, no entender lo que le pasa a la gente”.

“Griten todo lo que quieran, insulten todo lo que quieran, porque es la mayor certeza de que la próxima elección se las vamos a volver a ganar. Carecen de argumentos, les sobran insultos”, disparó y reiteró que “esta fórmula va a recuperar paulatinamente la calidad de vida de los jubilados y jubiladas”.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri, afirmó que con la nueva ley de fórmula de movilidad “lo único seguro es que los jubilados van a ir para atrás”, al dar su discurso de cierre y expresando el rechazo de su interbloque.

“Esta piedra que tengo acá no es un acto chovinista. Me acompaña porque en mi vida me convencí que la democracia no es la violencia, les guste o no. Acá queda apoyada en esta banca, no agravio a nadie. Es un signo de madurez que hoy no haya violencia”, arrancó, en alusión a la votación polémica de tres años atrás, con incidentes en las afueras del Congreso.

Y continuó: “Tengo muchos años en el Parlamento, no generalizo. Digo que en la política uno tiene que poner pasión, equivocarse, rectificar. Pero el cinismo es la degradación de la política. Negar la violencia, hacerse aplaudir como justo, es un acto de cinismo”.

“Vemos que hoy decidieron nuevamente actualizar las jubilaciones teniendo en cuenta la recaudación impositiva y la evolución de los salarios. No decimos por capricho que no a la recaudación. Es muy sencillo: en 60 años hemos tenido 14 recesiones. Es impredecible la economía argentina y si, además le ponen un tope a la recaudación estableciendo que es sólo la de la Anses, lo que tenemos es la seguridad de que los jubilados van para atrás el año que viene, lo saben ustedes y lo sabemos nosotros”, señaló.

El cordobés remarcó que “en 2020 ya están los números, no hay un problema ideológico. Los de la mínima perdieron mil pesos por mes”. “Hay que poner los pies sobre la tierra, asuman que se ahorraron 100 mil millones de pesos ajustando sobre los jubilados durante este año”, le enrostró al oficialismo.

Negri recordó además cuando “Alberto Fernández decía en campaña que entre los bancos y los jubilados se quedaba con los jubilados. Decía que ‘el macrismo se robó la Argentina y nos llenó de Leliqs’. Resulta que ahora hay doble de Leliqs que durante el gobierno anterior”.

“Hay que cuidar mucho la palabra y buscar acuerdos de fondo. El presidente deberá recordar que se abrazó a los bancos, no se abrazó a los jubilados. En vez de votar hoy 29 de diciembre esta ley contra los jubilados la hubieran votado ayer 28, que era el día de los inocentes”, finalizó.

Por Melisa Jofré

Tras un debate de más 10 horas, marcado por algunos momentos picantes, el oficialismo consiguió durante la última sesión del año en la Cámara de Diputados la sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, impulsada por el Gobierno nacional. La norma cosechó 132 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención.

Para la aprobación de la iniciativa, el Frente de Todos logró el apoyo de distintos bloques provinciales. Uno de ellos fue la bancada de Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti, con cuatro legisladores. Por el Interbloque Federal también acompañaron su titular, Eduardo “Bali” Bucca, y Andrés Zottos, ambos del bloque Justicialista.

El oficialismo contó, también, con el respaldo de los seis miembros del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, comandado por el mendocino José Luis Ramón; de los dos diputados de Acción Federal, y de la neuquina Alma Sapag.

Una vez más, el Interbloque Federal se dividió a la hora de la votación, ya que lo hicieron negativamente los tres diputados de Consenso Federal -Alejandro “Topo” Rodríguez, Jorge Sarghini y Graciela Camaño-; y los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez, cada uno con su propio monobloque. Los únicos a favor fueron, como se mencionó, los cordobeses, Bucca y Zottos.

Con un enfático reclamo por la ausencia de una cláusula de garantía sobre la inflación, y haciendo referencia a palabras como “ajuste” y “robo”, rechazaron rotundamente la ley los diputados del interbloque Juntos por el Cambio y los dos legisladores de la izquierda -Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano-. Otro voto en contra fue el de la tucumana Beatriz Ávila.

Durante el debate hubo varios reclamos de diputados por el tratamiento de la ley en paralelo con la discusión del proyecto de legalización del aborto en el Senado, situación que algunos definieron como “cortina de humo”.

A pocos días de haber asumido Alberto Fernández hace un año atrás, mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se suspendió la fórmula de movilidad implementada desde diciembre de 2017, cuando fue votada con incidentes en las calles bajo la gestión de Mauricio Macri.

A lo largo del 2020, los haberes de jubilados y beneficiarios de distintas asignaciones sociales se actualizaron mediante decretos del Poder Ejecutivo, y en la recta final del año se envió al Congreso el proyecto de la nueva fórmula, previo trabajo de una comisión mixta especial, que contó todo el año con la participación de especialistas, pero la oposición denunció que no hubo consenso a la hora del dictamen final.

La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017 -durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y el comienzo del gobierno de Cambiemos-, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

A partir de la nueva norma, y mediante una modificación que se introdujo durante el debate en el Senado, las actualizaciones en los haberes no serán semestrales sino trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año. Otro punto es que el aumento del 5% otorgado en diciembre -por decreto- no será a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021.

Debate con reproches cruzados

El arranque del debate estuvo a cargo del entrerriano Marcelo Casaretto (FdT), titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, quien sostuvo que “el objetivo de este Gobierno es que crezcan la Argentina y los beneficios del crecimiento lleguen a los trabajadores y los jubilados. Por eso vinculamos dos variables esenciales: salarios de trabajadores en actividad y la mejora en la recaudación”.

El miembro informante del oficialismo comparó las dos fórmulas que tuvieron vigencia en las últimas dos décadas: “La de 2008, que les permitió a los jubilados mantener el poder adquisitivo y mejorar un 26% el poder adquisitivo; y la de 2017, que hizo que dos años después los jubilados perdieran un 19% frente al poder adquisitivo, si lo medimos en términos de inflación”. “Esta es una muy buena ley para los jubilados y los argentinos, y el tiempo nos dará la razón”, defendió.

"No me den la razón, denme tiempo, y el tiempo me dará la razón". El presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social sostuvo que los jubilados se beneficiarán porque las paritarias le van a ganar a la inflación y crecerá la recaudación impositiva pic.twitter.com/riyicM6OSy

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) December 29, 2020

Luego le siguió el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), quien reforzó que “tenemos una fórmula que se compone de dos partes: salarios e impuestos. Ambos indefectiblemente tendrán que aumentar porque las políticas públicas llevarán a eso. ¿Alguien imagina paritarias por debajo de la inflación? Las paritarias se van a cerrar todas por arriba de la inflación”.

“El piso de esta nueva fórmula está en la garantía de las políticas públicas, en que los salarios se van a incrementar, que la recaudación va a subir y eso va a dar una fórmula virtuosa”, aseguró el porteño.

De la vereda opuesta, el puntano Alejandro Cacace (UCR) afirmó que “el concepto” de la nueva fórmula de movilidad “es el ajuste” y “el único motivo por el cual se impulsa este proyecto es ahorrar recursos”. Con críticas hacia el presidente por sus promesas de campaña sobre los jubilados, el radical señaló que la suspensión de la fórmula de 2017 “resultó en una pérdida para todos los jubilados”.

“Bajo la ley de movilidad suspendida, todos los jubilados debieran haber recibido en este 2020 un aumento del 42% en sus haberes”, resaltó. Sin embargo, el legislador agregó que “ningún jubilado recibió lo que le correspondía por ley”, sino que el incremento fue de “un 35% para la mínima, y hasta un 24% para aquellos que cobran el haber máximo del régimen general”.

En el mismo sentido, la porteña Paula Oliveto (CC-ARI) enfatizó: “Llámenlo como quieran, en mi barrio esto se llama ajuste”. “Me resisto como clase dirigente, como clase política, a argumentar quién jorobó más a los jubilados, si ustedes u otros; a los jubilados hace años los viene jorobando la clase política y esto nos tiene que interpelar a todos. ¿Qué tienen para festejar esta tarde?“, reflexionó.

Además, la opositora cuestionó argumentos del oficialismo al preguntarse “¿qué dicen que los jubilados están mejor? El 60% gana 19 mil pesos, una pieza en un barrio popular no baja de 15 mil, un kilo de carne no baja de 500 pesos, ¿qué dicen que están bien? ¿En qué país viven?”.

El Interbloque Juntos por el Cambio se opone rotundamente al robo a los jubilados que el kirchnerismo quiere aprobar hoy a escondidas. #NoAlRoboALosJubilados pic.twitter.com/omPq5zgHrZ

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 29, 2020

En defensa de su propio dictamen de minoría, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) dijo que “una vez más estamos asistiendo a un ajuste a millones de jubilados y jubiladas”. “Acá no hay grieta, todos los gobiernos le meten la mano en los bolsillos a los jubilados”, denunció.

Para el legislador de la izquierda, “está clara la voluntad política del Gobierno de que si los salarios y la recaudación van por debajo de la inflación, claramente los jubilados van a perder, esa es la decisión política de este Gobierno con esta ley”.

A favor del proyecto, el pampeano Ariel Rauschenberger (FdT) remarcó que el gobierno de Alberto Fernández vino “a recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de nuestros jubilados y de nuestro sistema jubilatorio”.

“Suspendimos la fórmula que le había quitado un 20% de ingreso a los jubilados en el 2018 y 2019”, destacó y sumó que “ante una ANSeS devastada, fuimos por la recuperación y el fortalecimiento del FGS”.

El oficialista consideró que la nueva fórmula se inscribe bajo los “conceptos de solidaridad y redistribución”, al tiempo que “pretende dar sustentabilidad al sistema”. Para el diputado, el nuevo cálculo debe observarse en relación con el “proyecto de país”, y comparó que en la gestión macrista éste era “atado a la inflación, a la timba financiera y a la especulación”, mientras que “nosotros queremos un país atado al crecimiento, al desarrollo y a la inversión”.

A su turno, el santafesino Luciano Laspina (Pro) opinó que “lo que tenemos que garantizar” es “un piso ajustado obviamente por inflación, que les garantice a los jubilados que no van a perder en el tiempo”. “Si después se les quiere dar más, tiene que haber una discusión política, bienvenida sea, y si les quieren dar más, pues empiecen por cumplir la fórmula de 2017 que les daba entre 5 y 18% más de lo que les dieron este año”, siguió.

“Para qué prometer que en el futuro, cuando la economía salga del estancamiento kirchnerista estanflacionario que lleva más de 10 años, ahí sí quizás les mejoremos las jubilaciones”, lanzó el macrista y añadió que “el año que viene la inflación se va a acelerar, porque este año va a terminar alrededor del 35, 40%, con una caída de 12 puntos del PBI, congelamientos tarifarios, precios cuidados que están por explotar, ¿cómo podemos decir que la inflación el año que viene no va a aumentar?”.

Por su parte, el bonaerense Jorge Sarghini (Consenso Federal) advirtió que “el sistema previsional está quebrado” y “hay que financiarlo con el Tesoro”, por lo cual “no hay forma que pueda dar sustentabilidad”.

“No se abordan las cuestiones de fondo”, se quejó, y amplió: “El sistema previsional argentino es insustentable, porque el 50% de los trabajadores privados están en negro. Tenemos que buscar como resolver eso”. “El talón de Aquiles es el grado de informalidad de Argentina”, insistió el legislador.

A favor de la propuesta del oficialismo, el titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, valoró que “aun no siendo la mejor fórmula que se puede establecer, es una fórmula que mira en positivo. Y mirar en positivo es mirar una vida que se pueda proyectar, no una medida de caos”.

“La fórmula que se va a resolver en la votación es la que rigió durante ocho, nueve años, en un país que permitió que el haber de los jubilados se favoreciera en un 26%. Y la verdad que yo tengo el deseo de que la Argentina, rebote, porque esta Argentina se paralizó fruto de la pandemia… y en ese rebote tengo la visión de que los ingresos de las cajas de jubilación van a mejorar”, argumentó para anunciar su apoyo.

El mendocino manifestó que “fuere como fuere, la fórmula es una que da previsibilidad hacia adelante” y confesó su “satisfacción” por el debate, no obstante, reclamó que “lo estemos haciendo a escondidas, cuando se está discutiendo la interrupción del embarazo en el Senado”.

“Es una calamidad estar con dirigentes políticos que son cortoplacistas y que por ganar una elección son capaces, como Alberto Fernández, de prometerles 20% de aumento y luego, prácticamente, congelarles sus haberes jubilatorios”, cargó el mendocino Alfredo Cornejo (UCR).

Para el presidente de la UCR Nacional, ésta “no es cualquier fórmula, es una que está atada a la macroeconomía y a reducir el déficit fiscal”. En esa línea, fustigó que en el Gobierno “ni siquiera son capaces de decir la verdad, porque si aclararan que tenemos un problema de déficit fiscal y queremos congraciarnos con el FMI para ganar credibilidad” el debate “sería más honesto, más profundo y probablemente alcanzaríamos consensos”, señaló.

También recordando la promesa de campaña de Fernández, el porteño Fernando Iglesias (Pro) mencionó que el aumento a las jubilaciones “lo iban a pagar con los intereses de las Leliqs”, sin embargo, “el stock de las Leliqs -este año- más que se duplicó, está llegando a triplicarse. Va a andar por el billón y medio, duplicándose el año que viene”. “Entre los bancos y los jubilados, ¿a quién eligió nuestro presidente, que no decepcionó en nada?”, disparó.

La intervención del macrista levantó uno de los momentos más polémicos en la discusión, a raíz de que se preguntó “¿a quién eligen cuando liquidan los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en dólares? Nadie vende dólares. El príncipe Massimino Dolcefarniente (en alusión a Máximo Kirchner), que no lo veo por acá, no vende sus activos en dólares; la reina Cleopatra (en alusión a Cristina Kirchner) no vende sus activos en dólares”. Y completó diciendo que “a los activos de los jubilados los están rematando para calmar el contado con liquidación”.

Avanzando el debate, la diputada Fernanda Vallejos (FdT) aseguró que la mejora de salarios, la actividad y el empleo “van a garantizar la mejora en la calidad de vida de nuestros jubilados y jubiladas, así como del conjunto de los argentinos y las argentinas”.

“Es ese sendero de recuperación, el que transitamos hasta 2015, el que queremos restaurar junto con esta fórmula, para que los salarios de los trabajadores activos y las jubilaciones de los trabajadores pasivos recuperen su rol vital en la economía y para que con ellos, vuelva a imperar la justicia social en nuestra Patria”, expresó la oficialista.

En su discurso, además, le recordó a Juntos por el Cambio que en 2015, cuando asumió el gobierno de Macri, la jubilación de Argentina “era la más alta de América Latina” en 436 dólares. Pero durante la gestión anterior “las jubilaciones retrocedieron desde los 436 dólares de 2015, a 224 dólares en diciembre de 2019”, indicó. “Es decir, medida en dólares -continuó-, la jubilación perdió la mitad de su valor, durante esos cuatro años. Y en el ranking regional, de ser los primeros, caímos al puesto once”.

Anunciando el voto a favor de su bloque, el titular de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, rememoró que en la votación de diciembre de 2017 los diputados de su espacio votaron a favor porque “lo hicieron pensando en la gobernabilidad, un concepto que no he escuchado en este debate”. “Por eso se votó entonces y por eso vamos a votar hoy”, ratificó y justificó: “Apostamos a la gobernabilidad”.

“¿Si esta ley fuera tan buena la estaríamos tratando hoy, entre verdes y celestes y dándoles un futuro negro a los jubilados?”, planteó el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien recordó -al igual que lo hicieron varios de sus pares- la diferencia de contexto con el que se sancionó la fórmula de movilidad durante el gobierno de Macri.

El porteño subrayó que “este año no hay ningún trabajador que haya ganado contra la inflación”, al tiempo que reprochó al Gobierno que, a los jubilados, “en vez de darles lo que le prometieron, le sacaron lo que tenían”. “Que me muestren un solo dato que no sea un relato; hoy saben que les están mintiendo, y que van a tener que poner la cara con nuestros viejos para decirles lo que hicieron”, agregó.

En el tramo de los cierres, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, exhibió en su mano una piedra -más temprano lo había hecho su par Javier Campos- y empezó: “En mi vida me he convencido que la democracia no es la violencia”. “Me parece un signo de madurez que se haya dado un salto en ese sentido”, dijo, en referencia a la votación de hace tres años atrás.

“Decidieron nuevamente actualizar sobre la recaudación impositiva y la evolución salarial”, apuntó el cordobés y aseveró que no estar a favor de la recaudación “no es un capricho”, sino que en Argentina “en 60 años hemos tenido 14 períodos de recesión” y “es impredecible” esa variable. “El año que viene van para atrás los jubilados, no van a para adelante”, exclamó el radical y habló de “incertidumbre previsional” porque “ignorar la inflación es tener una miopía sobre el grado de la crisis de la economía argentina”.

Finalmente, y con un discurso recargado, el presidente del Frente de Todos, Máximo Kirchner, enfatizó que “lo que estamos haciendo es cumplir con lo que dijimos en la campaña electoral”, para que los jubilados “puedan recuperar paulatinamente lo que hizo que perdieran la fórmula de Macri, y no solo con la fórmula sino con la política macro que se aplicó”.

Al mostrar en sus manos las “balas de gomas que ustedes usaron, y las muestro únicamente porque trajeron las piedras”, el diputado oficialista levantó la tensión en el recinto, y denunció también que en esa jornada de 2017, Cambiemos desplegó una “descarnada represión” y realizó “espionaje previo” sobre los grupos que se movilizaron al Congreso.

“No nos quieren escuchar a nosotros como no quisieron escuchar a la gente, ¿y saben por qué perdieron? Por ese tipo de situaciones. Viven agrediendo, están llenos de odio, y ojalá algún día reflexionen si quieren volver a ser gobierno en Argentina”, le disparó a los diputados de Juntos por el Cambio.

El diputado nacional Jorge Sarghini, del bloque Consenso Federal, advirtió este martes que “el sistema previsional está quebrado” porque la mitad de los trabajadores privados “están en negro”, por eso criticó que no se aborden las “cuestiones de fondo”.

El legislador observó como desde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio “se echan las culpas unos a otros del castigo a los jubilados”. “Qué capacidad que tienen para forzar los números y demostrarle al otro que lo que hicieron fue mejor”, señaló, para remarcar que, sin embargo, los jubilados ven que “hoy sus mínimas no alcanzan a cubrir la canasta básica”.

En ese sentido, pidió a sus pares “un poco de autocrítica, un poco de reflexión de lo que cada uno ha hecho y piensa hacer”.

“El sistema previsional está quebrado, hay que financiarlo con el Tesoro”, enfatizó, por lo cual manifestó que “no hay forma que pueda dar sustentabilidad”. “Lo único que tenemos respecto del futuro es incertidumbre”, dijo.

En contra de la fórmula de la gestión macrista, el bonaerense resaltó que la misma “era de injusticia social” y “solo puede triunfar cuando la economía fracasa”.

Pero en referencia al nuevo cálculo propuesto por el Gobierno, Sarghini defendió el reclamo para que se incorpore una “cláusula de garantía” porque “el proyecto está pensado para una economía sana” y “no creemos que las previsiones del oficialismo sean las que dicen que van a ser, y van a terminar pagando el pato los jubilados”, alertó.

El diputado acusó al oficialismo de no hacer esa incorporación porque “le gustó confrontar con los otros”, en alusión a Juntos por el Cambio, y también criticó que “no se animan a ser cámara revisora de lo que el Senado determina”.

En otro tramo, el legislador observó que “si se cumplen las proyecciones del Presupuesto, los argentinos en el año 2023, después de tres períodos de gobierno, vamos a ser un 15% más pobres por habitante”. “Lo único que hay es una caída real de las jubilaciones y perspectiva de mayo caída”, continuó.

“No se abordan las cuestiones de fondo”, se quejó, y amplió: “El sistema previsional argentino es insustentable, porque el 50% de los trabajadores privados están en negro. Tenemos que buscar como resolver eso”. “El talón de Aquiles es el grado de informalidad de Argentina”, insistió.

Finalmente, consideró que “o seguimos por los atajos, por la política chiquita, por seguir manejándonos por las encuestas, o ajustando nuestras acciones de gobierno solo pensando en la elección que viene; o de una vez por todas nos ponemos de acuerdo y buscamos un serio diagnóstico de los problemas estructurales”.

El diputado nacional Nicolás Del Caño afirmó este martes, durante el debate de la nueva fórmula de movilidad, que “una vez más estamos asistiendo a un ajuste a millones de jubilados y jubiladas”. “Acá no hay grieta, todos los gobiernos le meten la mano en los bolsillos a los jubilados”, denunció.

El legislador del Frente de Izquierda cuestionó, más allá de su apoyo a la ley del aborto legal, que la discusión se dé en paralelo con un debate tan transcendente en el Senado. “Están queriendo que pase desapercibido un ajuste que va a perjudicar sobre todo a las mujeres jubiladas y también a las más humildes, que reciben la Asignación Universal por Hijo”, señaló.

Durante su discurso, Del Caño reclamó que el Frente de Todos no haya aceptado incorporar una “cláusula de garantía de inflación” para que los haberes “no pierdan si esta fórmula da por debajo de la inflación”.

También criticó argumentos del oficialismo sobre que “son los salarios y las jubilaciones las que generan inflación”. “¿Por qué no desindexan a los grandes fondos de inversión?”, se preguntó y fustigó que “les dieron bonos en dólares atados a la inflación”.

“Está clara la voluntad política del Gobierno de que si los salarios y la recaudación van por debajo de la inflación, claramente los jubilados van a perder, esa es la decisión política de este Gobierno con esta ley”, subrayó.

Asimismo, dijo que “no es casual que (la fórmula) haya sido anunciada unas horas antes que llegara el Fondo Monetario Internacional”, porque es “parte de la hoja de ruta de ajuste para pagar la deuda fraudulenta”, consideró.

El diputado del FIT remarcó que “con la suspensión de la movilidad, el Gobierno se ahorró alrededor de 100 mil millones de pesos” y reprochó: “Ni siquiera el hecho de que llegara la pandemia y los adultos mayores fueran el principal grupo de riesgo los hizo cambiar de esa idea”.

En su alocución también disparó que “muchos de los que denunciaban el ajuste macrista hoy están aplicando ese ajuste”. “Otros son coherentes, estaban con (Mauricio) Macri, como los diputados de (Juan) Schiaretti, y hoy también dieron quórum”, lanzó contra el bloque Córdoba Federal.

Pero mencionó también a integrantes de la bancada oficialista: “La diputada Rosana Bertone que ahora nos habla fantástico de esta ley, pero fue la que apoyó junto con los gobernadores del peronismo la fórmula de Macri”.

Del Caño precisó que “en el 2011, la jubilación mínima cubría el 60% de la canasta básica; en el 2015, el 50%; y ahora un poco más de un tercio”. “El haber no es suficiente, está muy por detrás”, expresó y opinó que además de “recuperar lo perdido bajo el gobierno de Macri y este año bajo el gobierno de Fernández”, hay que “llegar al 82% móvil” a partir de restituir “los aportes patronales al 33%”, el blanqueo laboral e “impuestos progresivos a los grandes grupos económicos y el no pago de la deuda”.

La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto aseguró que con la aprobación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, “estamos estamos legitimando un nuevo ajuste a los jubilados de espalda, con vergüenza”.

En ese sentido, la legisladora criticó al Frente de Todos “porque no tuvieron la cara para hacerlo en un horario y un día de cara a los representados a los que hoy van a arruinar”, en alusión a que, en paralelo, el Senado tratará el aborto legal con movilizaciones afuera del Parlamento.

Para la opositora, desde la llegada del Gobierno “empezaron a terminar con la movilidad jubilatoria, a darles aumentos por decreto, a achatar las pirámides”.

“Volvemos a una fórmula que se maneja en parámetros absolutamente variables”, cuestionó Oliveto y, en referencia a la variación salarial, resaltó que “los sueldos están perdiendo contra la inflación”; mientras que, en cuanto a la recaudación, está “constantemente a la baja porque estamos en crisis”.

En ese sentido, la porteña enfatizó: “Llámenlo como quieran, en mi barrio esto se llama ajuste”. “Me resisto como clase dirigente, como clase política a argumentar quién jorobó más a los jubilados, si ustedes u otros; a los jubilados hace años los viene jorobando la clase política y esto nos tiene que interpelar a todos. ¿Qué tienen para festejar esta tarde?“, sostuvo.

Para la diputada de Juntos por el Cambio, “deberíamos estar todos tristes porque estamos incumpliendo lo que le prometimos a los abuelos y los votantes que es dejar la vida por la patria”.

Y disparó contra los argumentos del oficialismo: “¿Qué dicen que los jubilados están mejor? El 60% gana 19 mil pesos, una pieza en un barrio popular no baja de 15 mil, un kilo de carne no baja de 500 pesos, ¿qué dicen que están bien? ¿En qué país viven?”.

“Los jubilados no quieren subsidios, no quieren la dádiva del Estado, son de la generación del cuerpo cansado, se la pasaron laburando. Quieren pagar las cuentas, quieren vivir bien, les da vergüenza pedirles a sus hijos que los asistan todos los meses”, consideró.

En el cierre, la legisladora expresó que “hoy se vota una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una nueva estafa que será aplaudida como tantas otras estafas en este recinto, con la complicidad de muchos, el silencio de algunos y con la tragedia de siempre”.

Miembro informante del dictamen de minoría propuesto por Juntos por el Cambio, el diputado radical Alejandro Cacace sostuvo este martes que “el concepto” de la nueva fórmula de movilidad “es el ajuste” y que “el único motivo por el cual se impulsa este proyecto es ahorrar recursos”, además de los “100 mil millones de pesos de ahorro” que hubo este año por la suspensión de la fórmula votada durante la gestión de Cambiemos.

El puntano recordó que el presidente Alberto Fernández “criticaba fuertemente la ley de movilidad jubilatoria diciendo que Macri perjudicaba a los jubilados” y “diciendo que cuando él asumiera le iba a dar un aumento a todos los jubilados del 20%”, además de prometer que “iba a usar todo el dinero que se pagaba en intereses de las Leliqs para dárselo a los jubilados”.

Sin embargo, “cuando asumió se olvidó de lo que había dicho” y “la primera medida que tomó y expuso ante este Congreso fue la suspensión de la ley de movilidad, que resultó en una pérdida para todos los jubilados”, señaló.

El legislador detalló que “bajo la ley de movilidad suspendida, todos los jubilados debieran haber recibido en este 2020 un aumento del 42% en sus haberes”. Sin embargo, “ningún jubilado recibió lo que le correspondía por ley”, sino que el incremento fue de “un 35% para la mínima, y hasta un 24% para aquellos que cobran el haber máximo del régimen general”.

El vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social mencionó que la jubilación mínima hoy es de 19.035 pesos, pero “si se aplicara la ley de Macri, aquella que tanto critican, cobrarían 19.925, casi mil pesos más por mes”.

Cacace enfatizó que “no se los ve acá a los jubilados festejando, están los funcionarios de la ANSeS que han venido a festejar el ajuste”.

Sobre la nueva fórmula, el radical criticó que “proponen incluir la recaudación, que casi en ninguna parte del mundo se utiliza para ajustar los haberes”, al tiempo que “proponen una recaudación que ha estado a la baja este año”. “Pero que, además, si los salarios crecen más que la recaudación, la ponen como límite; ahora, si la recaudación cae, ahí lo hacen a los jubilados socios en las pérdidas de la AFIP”, continuó.

Reclamó también la ausencia de la variable de la inflación, cuando se estima que “para 2021 que va a ser del 50%”. “¿Cómo no vamos a mirar que los haberes no pierdan en términos reales?”, se preguntó y pronosticó que “la caída de las jubilaciones en 2021 no va a tener piso y puede llegar a ser de 20 puntos”. “Si la inflación es alta, los jubilados van a perder y van a perder mucho”, agregó.

Además, el diputado cuestionó que en la nueva fórmula “no descontaron diciembre, pero lo que hicieron fue descontar del cálculo todo el tercer trimestre de 2020, por eso decimos que se robaron un trimestre”.

“Los jubilados están mirando y los jubilados le van a hacer rendir cuentas de esta acción y por eso nuestro voto es negativo”, cerró.

En paralelo al debate sobre el aborto legal en el Senado, la Cámara de Diputados sesionará para tratar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que el oficialismo espera convertir en ley con ayuda de bloques de la oposición y sin el apoyo de Juntos por el Cambio.

La sesión iniciará a las 11 y, según los cálculos que surgieron en la reunión de Labor Parlamentaria, podría terminar cerca de las tres de la madrugada dada la gran cantidad de oradores, y la votación podría coincidir así con la del proyecto de legalización del aborto.

Con cierta resistencia por parte de Juntos por el Cambio, los jefes de bloque acordaron pasar las cuestiones de privilegio para el final de la sesión, y en el caso de los apartamientos de reglamento, se votarán a mano alzada y no a través del sistema virtual, para evitar demoras.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado en el Senado establece una fórmula de actualización de las jubilaciones que combinará recaudación tributaria de la ANSES y variación salarial, medida por el INDEC o el índice RIPTE, el que resulte más alto.

La ley comenzará a regir en enero, con aumentos trimestrales que de esta forma dejarán de estar a merced de decretos del Ejecutivo, como sucedió desde la suspensión de la fórmula anterior, en diciembre pasado.

El Frente de Todos, que cuenta con 117 votos propios, lograría aprobar la iniciativa por un margen ajustado, gracias al apoyo del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón, los cuatro diputados de Córdoba Federal y aliados como Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino).

En ese sentido, el dictamen de comisiones fue acompañado por el propio Ramón, el cordobés Paulo Cassinerio y Diego Sartori, del Frente de la Concordia misionero.

Juntos por el Cambio encabeza el rechazo con 115 diputados, y se suman Consenso Federal; los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Partido Socialista); y los dos del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.

Por otra parte, en la sesión se votarán -sin debate- la autorización al presidente Alberto Fernández para ausentarse del país en 2021, y un acuerdo con Qatar para evitar la doble imposición.

La diputada del Frente de Todos y referente en temas previsionales Mirta Tundis defendió el proyecto de movilidad jubilatoria que el oficialismo buscará aprobar en la sesión de este martes y advirtió que Juntos por el cambio, cuando fue gobierno, no se preocupó por mejorar el haber mínimo.

“Si Juntos por el Cambio no está de acuerdo, entendemos que ellos tienen un proyecto de país diferente al que nosotros queremos. Ellos gobernaron para un sector más acomodado, aumentaron las jubilaciones de quienes cobraban un poco más, que no está mal, pero no trataron de resolver el problema de los haberes mínimos”, señaló Tundis.

Y agregó: “Cuando uno escucha a los diputados que hoy son oposición preguntar a qué jubilado le alcanzan 19.000 pesos, que es un problema que ganen tan poco, yo me pregunto ‘¿y ellos qué hicieron?’”.

“Cuando hicieron la Reparación Histórica, ¿por qué no modificaron la situación de los jubilados con el haber mínimo? Hay cuatro millones de jubilados cobrando haberes mínimos. ¿Nos preguntamos por qué cobran haberes mínimos? ¿Alguien se ocupó de ver por qué han tantas personas que se jubilan y cobran un haber mínimo?”, se preguntó la legisladora.

En diálogo con Diputados TV, aseveró: “Fui muy defensora de esta fórmula de movilidad donde se tomaba recaudación y variación del salario. Es cierto que en nueve años, entre 2008 y 2017, hubo un año que dio un poco más bajo, pero en ocho años dio alto, fue una fórmula beneficiosa, superaba los aumentos de los salarios: mientras un trabajador recibía un 27%, 28% de aumento, la fórmula daba un 30%, un 31%, hasta llegó a dar un 33% anual acumulado”.

Por eso, consideró que “la experiencia y la historia previsional han demostrado que siempre que se han tomado los salarios, o este mix de recaudación y salarios, la movilidad ha sido efectiva, no ha sido negativa”.

De todos modos, realizó dos planteos sobre el proyecto venido en revisión del Senado: en primer lugar pidió que el ajuste sea mensual en lugar de trimestral “para que no se genere diferencia entre el que se jubila hoy y el que se jubila dentro de dos o tres meses, porque teniendo los mismos años y los mismos aportes, uno va a cobrar más y otro menos, y sé que esto va a generar juicios”.

También sugirió un agregado respecto del tope que se pone en el último trimestre, estableciendo que “con un tercio del excedente se forme un fondo fiduciario para tenerlo en cuenta por si en algún momento la fórmula no es positiva, o por si a fin de año hay que dar algún bono, o para dar créditos a menor tasa”.

“Del otro lado del mostrador”

En otro pasaje de la entrevista, en alusión a su pasado como columnista televisiva, Tundis confesó: “Es más gratificante estar del otro lado del mostrador, porque todo lo que hacés acá es criticable según el espacio en el que estés. La gente te califica de acuerdo al espacio en el que estés trabajando, no por lo que hacés, por lo que promovés o lo que presentás, sino por el espacio al que representás”.

“Lamentablemente los argentinos seguimos peleando esa diferencia, esa grieta que el presidente manifestó que quería eliminar, pero hay quienes están abocados a buscar siempre, como se dice vulgarmente, el pelo al huevo: si vino la vacuna rusa, por qué no compramos primero la de Pfizer, o por qué demoraron, o que cuando salió el avión de Ezeiza era un tema político… duele que los argentinos seamos de esa manera y que cuestionemos todo”, lamentó.

Por otra parte, recordó que el Frente Renovador acompañó la Reparación Histórica a pesar de que ella “no estaba de acuerdo con que era una Reparación Histórica”. “Lo dije formalmente, a pesar de que acompañamos, porque fue una forma de acompañar la decisión de un gobierno para salir adelante”, aclaró.

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados se alzó con el dictamen de mayoría del proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El despacho reunió un total de 42 firmas que, además de la adhesión de los legisladores oficialistas, contó con el aval de tres opositores.

Se trata de Paulo Cassinerio, del bloque Córdoba Federal, y de Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero. Ambos suscribieron por ser parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En tanto, el mendocino José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, acompañó el proyecto como miembro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

De esta manera, se prevé que el Frente de Todos contará con los votos necesarios para lograr la sanción de la ley el próximo martes 29, que es rechazada enfáticamente por Juntos por el Cambio, la izquierda y una parte del Interbloque Federal que conduce Eduardo “Bali” Bucca.

Por su parte, 36 diputados del Pro, la UCR y la CC-ARI firmaron un dictamen de rechazo en minoría. También lo hizo, en soledad, el diputado del FIT Nicolás Del Caño.

La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Debate caliente

Arrancó como primer orador el vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Alejandro Cacace (UCR), quien defendió el dictamen de Juntos por el Cambio. Al recordar la “promesa” de campaña del presidente Alberto Fernández de que “iba a aumentarle a los jubilados” e “iba a utilizar las Leliqs” para beneficiarlos, criticó que “la primera medida” que tomó al llegar al Gobierno fue “la suspensión de la movilidad jubilatoria”.

Esto resultó “una pérdida para todos los jubilados”, señaló el radical y apuntó que este año “todos los jubilados en Argentina han recibido menos” de lo que les hubiera correspondido. En esa línea, habló de un “42% de incremento en los haberes” que “ningún jubilado ha logrado”.

“Los que cobraban 20 mil pesos en febrero de 2020 han tenido un aumento 11 puntos inferior a lo que marcaba la ley de movilidad, 31 contra 42. Por mes están perdiendo 2.000 pesos por beneficio. Los que cobraban 40 mil pesos a febrero de 2020 están cobrando 6.000 pesos menos por beneficio. Los que cobraban 80 mil pesos a febrero de 2020 están cobrando 13.800 pesos menos por beneficio. Estos son los datos”, detalló.

El legislador puntano aseguró que “la única razón” para suspender la fórmula fue “ahorrar recursos”, los cuales se estiman fueron por “100 mil millones de pesos”. “¿Dónde quedó lo del 20% de aumento, dónde quedó usar las Leliqs?”, se preguntó e insistió que fue “una año de pérdida” para el “grupo más vulnerable, el grupo de riesgo principal” durante la pandemia.

“Lo que más nos preocupa de la fórmula es que quitan la inflación como variable”, explicó, al argumentar que “es por definición, por concepto, la medida para preservar el poder adquisitivo”. “Lo que hacen es que la caída de las jubilaciones no tenga piso”, continuó y cuestionó que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijera que “de ninguna manera iba a haber ninguna garantía, ninguna cláusula gatillo”.

En otro tramo, Cacace subrayó que “primero anunciaron que el 5% de aumento que había para diciembre ya no iba a ser un aumento, sino en realidad un pago a cuenta, que cuando se pagara lo de marzo, lo iban a descontar. Después, el proyecto que salió de la comisión bicameral le agregó esa disposición transitoria al Ejecutivo que no había sido nunca discutida”.

Pero en la media sanción del Senado, “resulta que no dieron marcha atrás”, aclaró el diputado, sino que “cambiaron la fórmula de cálculo para marzo: antes marzo era todo un pago del segundo semestre de 2020, y ahora se calcula solo sobre el cuarto trimestre. Entonces, claramente, se roban un trimestre”.

Por su parte, el pampeano Ariel Rauschenberger (FdT) defendió que el proyecto “no es del Poder Ejecutivo ni del Senado, sino del Frente de Todos” y fue “trabajado en conjunto” dentro del oficialismo. Haciendo referencia al “pasado”, el legislador recordó que el Gobierno anterior dejó “un déficit previsional de 250 mil millones de pesos” y un Fondo de Garantía de Sustentabilidad “totalmente devastado”.

También, el diputado le enrostró a la oposición que en la gestión de Cambiemos se registró “la inflación más alta de los últimos 27 años” y, en esa línea, afirmó que la fórmula aplicada desde diciembre de 2017 hizo que “los jubilados, los beneficiarios de la AUH y los veteranos de Malvinas” se vieran “perjudicados”. “Demostró, los datos son concretos, que hubo una pérdida del poder adquisitivo en un orden del 19,5%”, añadió.

Rauschenberger justificó que era necesaria “una fórmula que realmente los contemple, mejore sus haberes, y a la vez haga sustentable el sistema”. En alusión a la participación de expertos en la comisión bicameral mixta de movilidad, el oficialista remarcó que “lo que dijo la Corte fue muy claro, que la movilidad no implica ajuste por inflación”, sino que los haberes de jubilados deben “seguir la lógica evolución de los salarios”.

“Cuando hay aumento de la recaudación en un contexto inflacionario, la inflación tiene un componente ahí”, dijo, y abundó que “las convenciones colectivas de trabajo” se discuten en base a una cuestión fundamental como es “el costo de vida”.

Por eso, concluyó que “implícitamente la inflación está contenida tanto en la recaudación como en el RIPTE y en el índice salarial del INDEC”. “Decir que hay falta de transparencia en estos indicadores es querer confundir”, reprochó y mencionó que el RIPTE estaba en una de las variables de la fórmula de Cambiemos.

A su turno, la chaqueña Alicia Terada (CC-ARI) enfatizó: “No vamos a consentir un nuevo despojo para nuestros jubilados”. Y reclamó que “no se llegó a ningún consenso” y “no fue conclusión de la comisión bicameral este proyecto”. Asimismo, la opositora rechazó el “trámite exprés e inconsulto” de la iniciativa “y en una fecha totalmente inesperada”. “Mire qué regalito de Navidad le estamos dando a nuestros jubilados”, ironizó.

A continuación, el bonaerense Jorge Sarghini (Consenso Federal) observó que lo que se “está postergando” es “el debate de fondo” que consiste en que “el sistema está quebrado”. “Lo único que reina es la incertidumbre y nadie sabe lo que va a pasar con las variables económicas”, sumó y señaló “qué paradoja que Juntos por el Cambio defiende una fórmula que se ajuste por inflación”.

Sobre eso, ahondó que una fórmula con componente inflacionario “se vuelve exitosa cuando la que fracasa es la economía”, porque “una economía sana se supone que crece y crece por estabilidad”. Entonces, tener una fórmula con inflación es “dejar afuera de los beneficios del crecimiento a los jubilados”.

Pero, además, el legislador expresó que “la otra preocupación” es que “no hemos visto a lo largo del año ninguna de las dos señales (por parte del oficialismo) que, a nuestro criterio, son absolutamente necesarias e indispensables”. Una de ellas es “la búsqueda de los consensos necesarios para encontrar un diagnostico común”, sostuvo, y la otra “ciertas medidas de política económica que dieran por entender” que una vez “despejada” la situación por la pandemia “iniciemos un camino de recuperación por la vía correcta”.

En contra del proyecto, el diputado Nicolás Del Caño resaltó que a los jubilados “se les recortaron 98 mil millones de pesos”, al suspender la fórmula del gobierno macrista que, recordó, hubo legisladores del peronismo que votaron en diciembre de 2017. También criticó que el nuevo cálculo se conociera “unas horas antes de la llegada de la misión del FMI” por un comunicado de prensa, y consideró que este año lo “fundamental” era “recomponer el haber” de “los 19 puntos que perdieron con Macri”.

En alusión a la votación de la fórmula de movilidad en diciembre de 2017, el santafesino Luciano Laspina (Pro) rememoró que esa ley salió en “un clima de violencia tanto dentro como fuera de este Parlamento”. “Era la barbarie, la imposición de una oposición por la fuerza, eso es lo que se intentó”, fustigó y aseguró que esa fórmula, enfáticamente rechazada por el kirchnerismo en ese momento, “hoy a la luz de la experiencia vemos que se comportó mejor de la que hoy propone el oficialismo”.

Para el macrista, se está discutiendo una nueva fórmula porque la anterior, que se suspendió, este año “le devolvía a los jubilados entre un 5% y 15% en términos reales, más de lo que le dio papá Noel Alberto Fernández por decreto cada tres meses”. “Lo demás es puro cuento, es verso, lo demás es toda retorica”, lanzó.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda explicó que “cuánto mayor rezago tiene la fórmula, más prorrogado en el tiempo es la recuperación de las jubilaciones” y “esta fórmula aumenta el rezago promedio respecto a la de 2017”. Además, opinó que se trata de una fórmula “inentendible” que “no garantiza sustentabilidad” y la calificó como “un engendro que no existe en ninguna parte del mundo”.

“Esto es una pieza más del engranaje de la reinstauración populista que quiere imponer Cristina Kirchner. Repetir todo como si la historia fuera la misma”, exclamó, y pronosticó: “En septiembre del año que viene, justo antes de las elecciones, ahí es muy probable que el aumento sea muy significativo. Te van a devolver una parte de lo que te robaron este año, una parte de lo que te van a robar el año que viene, para seguirte robando después de las elecciones. Es un recurso típico de los populismos”.

A la extensa intervención de Laspina le siguió el discurso de Leopoldo Moreau (FdT), que dijo sentirse aludido, y se abrió el momento de más tensión durante el encuentro. Hacia al final del uso de la palabra, los integrantes de la bancada opositora comenzaron a los gritos, entre ellos se la vio vehemente a la macrista Silvia Lospennato.

Moreau consideró que Laspina hizo una exposición “dictada por el resentimiento, el revanchismo” y en la que incurrió en “enormes confusiones”, además de “mezclar cosas insólitas”. “Dice que se viene una reinstauración populista impuesta por la vicepresidenta y a la vez sostiene que esta fórmula es una fórmula de ajuste… En general, el populismo no se caracteriza por esa naturaleza, por promover fórmulas de ajuste”, manifestó.

“El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se descapitalizó del 2015 al 2019 de 68 mil millones de dólares a 28 mil millones de dólares”, subrayó el kirchnerista y puntualizó que “el déficit de la ANSeS fue de 250 mil millones de pesos”. “¡Vaciaron el sistema previsional de Argentina, lo llevaron al colapso!”, disparó y enfatizó que las modificaciones al proyecto se dan porque “se escuchó”.

Entonces, completó: “Si ustedes hubieran escuchado en el 2017 no hubieran tenido que poner ni gendarmes ni prefectos a reprimir a la sociedad argentina en la puerta del Congreso, no hubiera habido cientos de detenidos y heridos, no hubieran perdido la vista por balas de goma ocho chicos. ¡Ustedes no escuchaban nada más que a los grupos concentrados y por eso desplegaron la represión ese día!”.

Le salió al cruce el diputado Fernando Iglesias (Pro), que señaló que esta vez “no hay nadie reventando una plaza, pagado con dinero público” y “no está ni el gordo mortero, que pertenecía al partido de un diputado que hoy estaba muy tranquilito, parece que había tomado un rivotril (en referencia a Nicolás Del Caño)”.

El macrista diferenció que hoy hay “una oposición que no es golpismo” y reclamó que el oficialismo actual, otrora oposición, intentó “durante 11 veces levantar una sesión que era regular. Eso son ustedes, el club del helicóptero. Nosotros somos una oposición”.

“Al decir que esta fórmula de movilidad implica un ajuste para los jubilados, siento que están tratando de construir una posverdad”, sostuvo el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), que consideró que uno de los “objetivos” es “tratar de desacreditar las acciones positivas de este Gobierno”.

Y el otro “es tratar de ocultar que la anterior fórmula sí evidenció un verdadero ajuste a los jubilados. Primero, porque les eliminó un trimestre. Y, además, porque el desfasaje de seis meses, con las enormes cifras de inflación que generó la gestión de Mauricio Macri, pegó muy duro en el poder de compra de los jubilados, jubiladas, beneficiarios de la AUH y otros”, remarcó.

El oficialista argumentó que “no es que no se quiere poner la inflación porque no se le quiere dar una garantía a los jubilados”, sino que “la Argentina necesita salir de dos trampas en las que está metida hace mucho tiempo, que son la indexación y dolarización”. Sin embargo, afirmó que la política del Gobierno “va a generar salarios que le van a ganar a la inflación y aumento de la recaudación impositiva”.

“No va a haber trimestres perdidos como acá se dijo, es mentira”, subrayó y añadió que “no hay opacidad, no hay secreto, no hay ocultamientos” en las variables, solo que “todavía no están todos los datos del mes de octubre”. “No construyan falacias de cosas que no son ciertas”, pidió.

Las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomaron este martes el debate de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que combina recaudación de la ANSeS y variación salarial, en partes iguales.

Tras la exposición de funcionarios, los legisladores avanzaron con la discusión, durante la que volvió a surgir el reclamo por parte de la oposición sobre el componente de la inflación, ausente en el nuevo cálculo para la actualización de los haberes previsionales.

La reunión para dictaminar se realizará este miércoles, a partir de las 10, en el recinto de la Cámara baja.

Reclamo por el tiempo del debate

Al comienzo, el radical Alejandro Cacace adelantó que varios de sus pares se expresarían este miércoles, cuando está prevista la firma del dictamen y el Frente de Todos tiene la intención circular la iniciativa para la firma al mediodía. Por ese motivo, el puntano solicitó que se garantice “que esté el tiempo para que todos los oradores puedan hacer uso de la palabra sin limitación de horario”.

En el mismo sentido, la macrista Silvia Lospennato recordó que el nuevo protocolo dejó “establecida la regla de la presencialidad”. “No nos oponemos a que se pueda adelantar el debate”, dijo, pero anunció que “muchos” de los legisladores de su bloque iban a hacer uso de la palabra “presencialmente”.

Entonces, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, en consonancia con su par Germán Martínez, afirmó que se había decidido pasar a la firma el dictamen a las 12 para no ser impedimento a quienes “quieren regresar mañana por la tarde (a sus provincias) en función de las fiestas”. “Desde luego no hay ningún problema que podamos seguir escuchando opiniones”, añadió.

Pero la discusión se reabrió hacia el final, cuando la catamarqueña Lucía Corpacci expresó su “preocupación” por que “mañana la oposición no quiera extender este debate más allá del mediodía, impidiéndonos tener dictamen y, por sobre todas las cosas, que muchos diputados vuelvan a sus lugares de residencia” para “pasar la Navidad con su familia”.

La legisladora del Frente de Todos cuestionó entonces que no hayan hecho uso de la palabra este martes y mañana puedan “llegar a decir que no les permitieron expresarse y terminar en un problema”.

La intervención de la oficialista levantó la temperatura sobre el final. Una de las que salió al cruce fue la macrista Carmen Polledo, que le enrostró al oficialismo: Ustedes decidieron la agenda, nosotros no. Hay que hacerse cargo de las cosas”.

“Lamento en el alma que no hayan pensado y no hayan sido solidarios con todos los diputados que tienen que viajar”, siguió y advirtió que “no corresponde limitar” las expresiones, porque no es propio de “un espíritu democrático”.

Otra de las voces desde Juntos por el Cambio fue la del macrista Luciano Laspina, que opinó que “el debate más intenso, más real, más fructífero va a hacer en el día de mañana”. “Lo de mañana no creemos que sea correcto hacer un trámite, juntarnos 15 minutos, y hacer venir del interior a un montón de gente para simplemente vernos la cara 10 minutos y pasar a la firma”, dijo.

Finalmente, y tras varias quejas, el titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto, garantizó: “Les aseguro que todos los diputados mañana van a poder hablar”. Y sentenció que la reunión durará las horas que tenga que durar, “y estaremos hasta que las velas no ardan”.

La inflación, en el eje de la discusión

Al igual que sucedió este lunes, la oposición reclamó por la variable de la inflación, ausente en la nueva fórmula. Y el tema lo sacó nada más y nada menos que una oficialista, la salteña Alcira Figueroa. La legisladora calificó a la iniciativa como “muy acertada” teniendo “en cuenta este tremendo año de pandemia que prácticamente paralizó a toda la economía de nuestro país y del mundo entero”.

“El proyecto es acertado, atinado, coherente con la situación que estamos pasando hoy por hoy”, abundó, pero alertó sobre su “preocupación” por el tema inflación. “Si no hay un control de la inflación, si no podemos lograr el control sobre los fijadores de precios, nos va a llevar puestos a todos”, observó. “La gran preocupación y el tema que deberíamos trabajar en el dictamen es la inflación”, ratificó.

A su turno, el radical Luis Pastori manifestó la “disconformidad con la forma en que finalmente se presentó este proyecto” porque “este no es el proyecto de la comisión”, en referencia a la bicameral mixta de movilidad, que realizó a lo largo del año varias reuniones informativas con especialistas para elaborar un anteproyecto.

“Nos hemos enterado del proyecto a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Trabajo, un día antes que llegue la misión del FMI”, se quejó y agregó que “ni siquiera es el proyecto del Poder Ejecutivo; este es el proyecto del Senado, esta es la verdad”.

Además, el misionero dijo que “no ha sido satisfactoria la presencia de los funcionarios” este lunes, que “no han respondido en gran medida varias preguntas que se formularon por parte de los legisladores”.

“El oficialismo no tiene la intención de que los haberes no pierdan con la inflación”, aseveró y se preguntó: “¿Por qué la obstinación de no querer colocar una cláusula? O ni siquiera una cláusula, yo propuse una palabra”.

Finalmente, Pastori advirtió que “esta fórmula es muy opaca, tiene falta de transparencia grave, porque el único que la va a poder elaborar es el Gobierno, específicamente la ANSeS”. “¿Quién va a poder controlar, tener la capacidad y contar con todos los datos?”, consultó, en alusión a los números de la recaudación.

“Esta fórmula ha sido hartamente discutida, está más que clara, mejora totalmente lo anterior”, enfatizó el oficialista José Luis Gioja, que remarcó que “los números son contundentes, cuando esta fórmula estuvo aplicándose hubo incremento en las jubilaciones. Cuando se cambió, fuimos para atrás”.

Para el sanjuanino, “no hay posibilidad que el salario del jubilado crezca si esto se actualiza solamente por la inflación”. También se expresó a favor de las modificaciones incorporadas en el Senado, que “mejoró” el proyecto, e indicó que “si hay algo transparente en cualquier gobierno son los números de la recaudación, no se pueden esconder, no se puede hacer magia”.

“Esto de la opacidad tiene que ver con tener cola de paja y no querer entender que esta fórmula tiene que ver con un país que va a empezar a crecer”, lanzó, para definir a la fórmula como “la más justa” y “absolutamente racional”.

Desde el Interbloque Federal, el santafesino Luis Contigiani pidió que se incorpore a la discusión un nuevo proyecto presentado por él y sus pares de Consenso Federal, además de su comprovinciano Enrique Estévez. La iniciativa tiene como objetivo “que patrimonialmente los jubilados no pierdan valor adquisitivo”, aseguró.

En ese sentido, el legislador detalló que contempla “recaudación, salarios y costo de vida, en forma casi similar”. En referencia a la inflación, consideró que tiene que haber “una cláusula de garantías, yo creo que el oficialismo la tiene que incorporar”.

Sobre la variable del costo de vida, Contigiani sostuvo que “se puede discutir que esté o no en la fórmula de movilidad”, pero “no se puede discutir que estamos en una Argentina en crisis y el costo de vida debe estar presente”, insistió y ratificó que votará en contra del proyecto si no hay cambios en esta línea.

En coincidencia con Pastori, el diputado señaló que “la variable recaudación es una variable que tiene una cuota de imprevisión muy grande, porque la caja de la ANSeS se nutre de muchas cajitas”, lo que le brinda una “alta discrecionalidad a la hora de determinar cuál es la recaudación final”.

Recogió el guante desde el Frente de Todos el diputado Itaí Hagman, quien explicó que “atar un precio a la inflación es básicamente congelar ese precio”, porque se trata de “sostenerlo en términos reales, ponerle un techo a una determinada variable”.

“Si uno congela, le pone un techo a las jubilaciones, claramente está perjudicando a los jubilados”, argumentó y defendió que “todos los datos muestran que entre 2008 y 2017 las jubilaciones aumentaron, los jubilados ganaron poder adquisitivo”.

Para el oficialista, introducir la inflación como variable “es decirles ‘listo, ustedes más que esto no pueden ganar'”. Además, afirmó que “los datos sobre los cuales se calcula son públicos, y además están los organismos de control”, y agregó que “la opacidad” se da “cuando tus jubilaciones están administradas por fondos de inversión”.

Durante el encuentro también habló el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño, quien valoró el proyecto de su espacio que “apunta a lograr el 82% móvil del mejor salario de los últimos años que han tenido los trabajadores activos”.

Para el legislador, “el debate de fondo pasa por que el sistema previsional fue desfinanciado durante décadas” y “han metido mano en la ANSeS para pagar deuda”.

Del Caño precisó que en 2011 una jubilación mínima “cubría el 60% de la canasta básica”; en 2015, el 50%; y este año “alrededor del 36%”. “La discusión debería ser sobre la suficiencia del haber”, consideró y se preguntó: “Si el Gobierno confía que esta fórmula va a ser beneficiosa, ¿cuál es el motivo para no poner una cláusula (de inflación)?”.

Diputados de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda exigieron este lunes que el proyecto de movilidad jubilatoria incluya una cláusula para que los aumentos no queden por debajo de la inflación, aunque el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, defendió la propuesta oficial.

Fue en el marco del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda donde comenzó a debatirse, con la presencia de funcionarios, la iniciativa que establece un nuevo cálculo de actualización de los haberes.

“Ahora estamos discutiendo si se incorpora o no inflación. Y partiendo de la base de que el presupuesto plantea una inflación del 29% y que todos los consultores hablan de una inflación superior al 50%, quisiera saber cómo van a hacer para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo”, preguntó Negri.

El legislador habló de “las contradicciones del relato kirchnerista” al señalar que en el acto del último viernes, la propia vicepresidenta Cristina Kirchner pidió “alinear inflación y jubilaciones, pero hoy debatimos en Diputados una ley para desenganchar jubilaciones del índice de precios”.

En el mismo sentido, los radicales Alejandro Cacace y Luis Pastori lamentaron que “está claro que no se quiere agregar ninguna cláusula que al menos garantice que no van a perder con la inflación”.

Para subsanar ese aspecto, Pastori pidió modificar el artículo primero del proyecto estableciendo que “en ningún caso” la aplicación del índice podrá significar la disminución del haber “real” (y no nominal) que percibe el beneficiario.

#Jubilaciones El Gobierno se niega a garantizar que los haberes jubolatorios no pierdan contra la inflación.

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) December 21, 2020

Por su parte, Nicolás Del Caño alertó que el proyecto “está pensado desde un criterio fiscalista, no desde la suficiencia del haber”.

“Si el Gobierno plantea que quiere cuidar el poder adquisitivo de las jubilaciones, ¿cuál es el problema de establecer una cláusula para que, si los aumentos que se dieron durante un año quedan por debajo de la inflación, no puedan ser compensados de manera automática?”, cuestionó el representante del PTS.

Al momento de las respuestas, Moroni llamó a “desindexar la economía”, ya que con este fenómeno “se termina generando mayor nominalidad y terminan afectados los sectores de ingresos fijos, que es a los que decimos que queremos proteger”.

“Lo que corresponde es que los jubilados sigan la situación de los (trabajadores) activos, que va a mejorar, porque ese es nuestro proyecto”, insistió el ministro de Trabajo.

La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, sostuvo este lunes que la fórmula de movilidad propuesta por el Poder Ejecutivo da “certeza, tranquilidad y previsibilidad a los jubilados”, y aseguró que “no hay que hacer muchos pronósticos para ver que ha funcionado”.

Raverta participó del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que debate el proyecto. La funcionaria se conectó desde Río Grande, Tierra del Fuego, donde viajó para acompañar al presidente Alberto Fernández con motivo de una reunión del Gabinete en esa provincia.

“Venimos de un año donde hemos hecho un gran esfuerzo desde el Poder Ejecutivo”, dijo Raverta, y añadió: “Hemos logrado que los jubilados puedan tener, en sus aumentos trimestrales por decreto, la garantía de no perder en el año de la pandemia”.

En ese sentido, recordó que el aumento anual, a partir de los distintos aumentos trimestrales, fue del 35,3%.

“Esta es una fórmula que puede otorgar certeza, tranquilidad y previsibilidad a los jubilados, y ofrece una estrategia virtuosa porque ya ha actualizado los haberes entre 2008 y 2017”, enfatizó la titular de la ANSES, y agregó: “No hay que hacer muchos pronósticos para ver que ha funcionado”.

Desde la sede de la ANSES, el secretario general, Santiago Fraschina, puntualizó que con la fórmula aplicada en el kirchnerismo la recomposición de los haberes previsionales en términos reales fue de casi el 26%, mientras que con la fórmula del macrismo -que combinaba en un 70% el IPC y en un 30% la variación salarial- hubo una caída del 19,5%.

“Si la fórmula de 2017 se hubiese aplicado en el período 2009-2017, los jubilados hubieran perdido poder de compra”, analizó.

Asimismo, destacó que la fórmula propuesta por este gobierno está vinculada a los recursos de la seguridad social, mientras que con la implementada durante la gestión de Cambiemos “se alcanzó un déficit récord de 250.000 millones de pesos”.

Fraschina coincidió con Raverta en que a pesar de la pandemia, gracias a los cuatro aumentos por decreto -en marzo, junio, septiembre y diciembre- y los tres bonos otorgados, termina el año con un “35,3%” de aumento en el haber mínimo, y “el 70% de los jubilados mantienen su poder de compra”.

Además de eso, el funcionario ponderó los ingresos indirectos, como la suspensión del cobro de las cuotas de los créditos ANSES, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la provisión de medicamentos gratuitos a afiliados del PAMI.

El secretario general de la ANSES informó que la fórmula impactará en 16,8 millones de beneficiarios, incluyendo 4,4 millones de personas que reciben la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo; 4,4 millones que reciben asignaciones familiares por hijo; 7,2 millones de jubilados y pensionados, y 0,8% receptores de asignaciones por cónyuge.

Las jubilaciones y el FMI

Al responder preguntas de los diputados, Fraschina se refirió a la supuesta incidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el nuevo cálculo de los haberes.

“Si analizan los distintos comunicados del FMI, siempre criticó la fórmula de 2008 porque justamente implicaba un aumento de la jubilación real. La crítica del FMI a la fórmula de 2008, que es la que estamos promoviendo, era porque querían un criterio mucho más fiscalista”, aclaró el secretario general de la ANSES.

Y amplió: “Justamente el FMI es el que siempre insiste en que las jubilaciones se tienen que aumentar por inflación, porque el objetivo del FMI es que la jubilación no aumente en términos reales, sino que, como mucho, la empate, y tratar de congelar la situación que heredamos”.

“Si le haríamos caso al FMI, estaríamos congelando la situación de caída del 19,5% en los haberes de los jubilados”, dijo Fraschina, en alusión al resultado que dejó la fórmula macrista.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, destacó este lunes que la fórmula de movilidad jubilatoria propuesta por el Gobierno “demostró que los haberes crecieron” durante su aplicación, entre 2008 y 2017, y por otra parte defendió que el nuevo cálculo no contemple la variable inflacionaria.

El funcionario formuló esos conceptos al participar, desde el Anexo A de la Cámara de Diputados, del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, que analizará el proyecto y emitirá dictamen este miércoles.

“Prácticamente volvemos a la fórmula de 2008 porque fue la que demostró, a lo largo de su vigencia, que los haberes crecieron”, sostuvo Moroni ante los diputados, conectados en su mayoría de modo virtual.

El ministro recordó que la propuesta combina el RIPTE (el índice de remuneraciones promedio de los trabajadores formales) o el índice de variación salarial del INDEC (el que resulte más alto), y la recaudación tributaria de la ANSES.

“Este esquema permitió durante su vigencia que los haberes crecieran en términos reales más de 25 puntos”, repasó.

Además, explicó que “ninguna fórmula funciona en el vacío, ninguna fórmula es una abstracción que por sí sola explica que va a funcionar”, sino que “funciona en el marco de un proyecto político y económico”.

“El proyecto político y económico de este gobierno es de desarrollo, y en un proyecto de desarrollo los salarios en términos reales crecen”, puntualizó el funcionario.

En ese sentido, resaltó que “vamos a terminar el peor año de la historia económica del país con un promedio del 37% de incremento nominal en las remuneraciones”, y agregó que esto se debió, en parte, a que “en plena crisis se mantuvieron las negociaciones paritarias”.

“Si los salarios crecen, el modo de que los haberes previsionales crezcan es que acompañen la suerte de los salarios”, señaló, y concluyó que “el jubilado no tiene por qué quedar desenganchado ni del crecimiento de la economía ni del crecimiento del salario real”.

La cuestión de la inflación

Ante los cuestionamientos de la oposición respecto de la ausencia del componente inflacionario en el proyecto del Ejecutivo, Moroni descartó la necesidad de incorporar esa variable y sostuvo que “tenemos que desindexar la economía”.

“Lo ha planteado hasta el hartazgo el ministro (Martín) Guzmán, lo ha planteado el presidente: el modo para que la economía crezca es desindexar la economía. Si volvemos a meter la inflación, conceptualmente volvemos a incorporar la idea de que algo se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor”, advirtió Moroni.

Según Moroni, con la indexación de la economía “se termina generando mayor nominalidad y terminan afectados los sectores de ingresos fijos, que es a los que decimos que queremos proteger”.

“Lo que corresponde es que los jubilados sigan la situación de los (trabajadores) activos, que va a mejorar, porque ese es nuestro proyecto”, insistió el ministro de Trabajo.

En esa línea, subrayó que “salvo algún período histórico de políticas equivocadas, los salarios y la recaudación superan a la inflación rápidamente”.

“Creemos que es una fórmula sustentable, empíricamente lo ha demostrado, funcionó muy bien y se enmarca dentro de un proyecto económico y político”, sintetizó.

Comenzará la semana próxima en Diputados el debate sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que ya cuenta con aprobación del Senado y es resistida por el grueso de la oposición en la Cámara baja.

El proyecto será tratado el próximo lunes -en horario a confirmar- en las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, que conducen, respectivamente, Marcelo Casaretto y Carlos Heller.

Según supo parlamentario.com, ese día asistirían al plenario el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de ANSES, Fernanda Raverta, quienes ya se presentaron en el Senado.

La intención del oficialismo es sancionar la ley el próximo martes 29, pero lo cierto es que está obligado a negociar con bloques minoritarios de la oposición, ante el rechazo de Juntos por el Cambio y de parte del Interbloque Federal.

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Diputados del interbloque Juntos por el Cambio que integran las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda analizaron este martes la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el Senado y volvieron a rechazar el proyecto, que se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara baja.

Fue en una videoconferencia de la que participaron, entre otros, los radicales Alfredo Cornejo, Alejandro Cacace, Miguel Bazze, Luis Pastori, Carla Carrizo, Atilio Benedetti, Albor Cantard y Víctor Hugo Romero; Graciela Ocaña, Luciano Laspina y Carmen Polledo por el Pro; y Alicia Terada por la Coalición Cívica.

Según expresaron los diputados en un comunicado posterior a la reunión virtual, “la eliminación de la variable de inflación (IPC) de la fórmula quita la garantía a los jubilados de preservar el poder adquisitivo de sus haberes”.

“Esta variable es la más utilizada en el mundo para preservar el valor de los haberes, especialmente en los momentos donde la economía está en recesión, y en un país como el nuestro con altas tasas de inflación”, consideraron los diputados.

En efecto, la nueva fórmula propuesta por el Poder Ejecutivo e impulsada por el oficialismo se compone en un 50% de la recaudación de la ANSeS y en otro 50% de la variación salarial más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE), excluyendo el componente inflacionario.

Los representantes de Juntos por el Cambio analizaron que “ya el año 2020 ha resultado en un profundo ajuste a los jubilados, que perdieron entre 1.000 y 18.000 pesos por los aumentos otorgados por decreto y frente a la suspensión de la ley de movilidad, que hubiera otorgado un aumento de 42% para todos los jubilados”.

Más aún, alertaron que “hay jubilados que han llegado a dejar de percibir hasta 140.000 pesos en el año como resultado de las medidas del presidente Alberto Fernández”, y agregaron que “100.000 millones de pesos ha sido el ahorro para el Gobierno, motivo único por el que tomó la decisión”. 

“Esta pérdida continuará hacia 2021 con la fórmula propuesta. Con el presupuesto ya aprobado para el año próximo, y bajo la inflación estimada por el propio Gobierno, la Oficina de Presupuesto del Congreso confirmó que habrá una caída en términos reales de las jubilaciones. Si la inflación fuera más alta, del orden del 50% como marca el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, la caída de las jubilaciones podría llegar a 20 puntos en un sólo año”, proyectaron.

Los diputados, finalmente, lamentaron: “Los jubilados siguen siendo la variable de ajuste de este gobierno, han perdido poder adquisitivo sus haberes en el peor momento, durante la pandemia y con una fuerte recesión, y no vamos a acompañar ni consentir que sigan perdiendo hacia adelante”.

Paralelamente, Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez, del bloque Consenso Federal, sumados a Enrique Estévez, del Partido Socialista, y Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social, emitieron otro comunicado donde también rechazaron el proyecto con media sanción del Senado.

Los diputados nacionales de Consenso Federal, sumados a los santafesinos Enrique Estévez y Luis Contigiani, anunciaron este martes que no apoyarán la nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en el Senado porque “sigue perjudicando a los jubilados y pensionados”.

“No vamos a acompañar la fórmula de movilidad jubilatoria que aprobó el Senado de la Nación porque sigue perjudicando a los jubilados y pensionados”, informaron Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez en un comunicado, al que también adhirieron Estévez, del Partido Socialista, y Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social.

Los legisladores advirtieron que los jubilados “no pueden seguir siendo la variable de ajuste de los errores en que incurren los sucesivos gobiernos”.

“Mauricio Macri y Cambiemos los perjudicaron seriamente al cambiarles el sistema, con una fórmula de movilidad jubilatoria sólo defendible en una economía que fracasa: se estanca o decrece con alta inflación. También fueron perjudicados por la dolarización de las tarifas y su duro impacto en el costo de vida. Ahora, la propuesta del Frente de Todos y de Alberto Fernández no resuelve el problema del achatamiento y de la pérdida de poder adquisitivo”, argumentaron.

Según los diputados que integran el Interbloque Federal, “una vez más, sigue soslayándose el problema de fondo, que no se soluciona con una fórmula de actualización: el sistema previsional argentino está quebrado y es indispensable aumentar la cantidad de aportantes, lo que se puede lograr incorporando al 50% de los trabajadores privados que hoy están en la informalidad y creando trabajo. Ese es el gran mandato social que debe cumplir el gobierno”.

Además, señalaron que defenderán su propia propuesta, “una fórmula más justa, con garantía de que no se perderán ingresos reales sobre la base de considerar parámetros como el costo de vida, la recaudación, los precios y los salarios”.

“Pero no alcanza con discutir proyectos aislados. Argentina requiere, principalmente en este tema, una salida sostenida en consensos sociales amplios, profundos y permanentes”, concluyeron.

El proyecto de movilidad jubilatoria fue aprobado en el Senado el 10 de diciembre con 41 votos a favor y 26 en contra, y en la Cámara de Diputados todavía no tiene fecha oficializada de tratamiento, pero se especula con que sea el próximo 29 de diciembre.

La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Por Melisa Jofré

En el día en que se cumple un año de la asunción de Alberto Fernández, y en medio de un debate histórico en la Cámara de Diputados por el aborto legal, el Senado dio media sanción este jueves a otro tema clave: la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Luego de un debate de cuatro horas, el proyecto impulsado por el Gobierno recibió 41 votos a favor y 26 en contra. Al Frente de Todos lo acompañaron los aliados Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

Los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal rechazaron la iniciativa. Un dato saliente fue la ausencia de los radicales jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo, que responden al gobernador Gerardo Morales, tal como pasara durante la votación del aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas.

La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

A instancias del Frente de Todos, y con el aval de Casa Rosada, se introdujo una modificación al proyecto por la cual el aumento del 5% otorgado en diciembre -por decreto- no será a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021. Además, las actualizaciones en los haberes no serán semestrales sino trimestrales.

En diciembre pasado, mediante la Ley de Solidaridad Social, el oficialismo suspendió la fórmula que regía desde 2017, la cual contemplaba la inflación dentro de sus componentes. A lo largo del 2020, los haberes se actualizaron mediante decretos del Poder Ejecutivo.

Cruces entre oficialismo y oposición

Arrancó el debate el pampeano Daniel Lovera (Frente de Todos), quien cuestionó que el sistema previsional “fue destruido sistemáticamente por el gobierno anterior”, y defendió que la gestión de Alberto Fernández suspendió la fórmula para “reconstruir el sistema de seguridad social reforzando la dimensión solidaria, universal, inclusiva”.

“Durante este año, el Gobierno garantizó trimestralmente el ingreso de los haberes”, destacó el miembro informante del oficialismo y aseguró que “el 80% de las jubiladas y jubilados tuvo este año un aumento superior a la inflación en plena pandemia”.

Con críticas a Cambiemos, el titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social señaló que “han dejado al Estado con la capacidad financiera agotada” y “con la inflación más alta de los últimos años”, pero “hoy quieren dar discusiones como si acá no hubiera pasado nada”.

Lovera dijo que la fórmula votada en 2017 “contribuyó a que los haberes perdieran casi un 20% de capacidad de compra”, al tiempo que “lograron que nuestro sistema previsional tuviera un déficit de más de 250 mil millones de pesos”.

En su discurso, el oficialista resaltó que “varios” expositores que se presentaron en comisión ponderaron “la fórmula impulsada en el 2008 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner” como “un ejemplo y que debería ser el norte que teníamos que seguir”.

En nombre de Juntos por el Cambio, la santacruceña María Belén Tapia (UCR) criticó que tras meses de trabajo en la comisión mixta de movilidad, con la participación de especialistas incluida, “a principios de noviembre nos enteramos por los medios que ya existía la nueva fórmula previsional” que “no nació en el seno de la comisión y no fue fruto del consenso”, sino que “fue elaborada unilateralmente por el Ejecutivo”.

Por eso, la vicepresidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social consideró que esa bicameral “fue una escenografía montada para dilatar tiempos” que “pone al descubierto el ahorro que significó para el Estado la suspensión de la fórmula jubilatoria”.

En ese sentido, la radical apuntó que con la fórmula anterior este año “a los jubilados de la mínima les hubiera correspondido un 9,88%” de aumento, frente “al contraste de 7,5%” que se otorgó por decreto.

Por último, Tapia se quejó que mientras “se consuma en forma de ley el saqueo a nuestros adultos mayores”, en la Cámara de Diputados se discute el aborto legal y acusó: “La coincidencia de los debates seguramente fue fríamente calculada para evitarse las toneladas de piedras”.

“Si algo quedó claro es que posiblemente ninguna fórmula sea perfecta, acá estamos hablando de elegir la fórmula más sensata”, sostuvo el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos).
También disparando contra la gestión de Cambiemos, el cordobés enfatizó: “No solamente ahora tenemos que tratar de pagarle a los jubilados, tratar de hacer una fórmula mejor, sino también de ver cómo hacemos para levantar una ANSeS fundida que dejó el gobierno anterior”.

El oficialista ponderó que la fórmula vigente de 2008 a 2017 “acumuló un 25,8% de ganancias en términos reales” para los jubilados, mientras que la aplicada a partir de diciembre de 2017 representó “una pérdida de 19,5%”. Y esto fue a causa, argumentó, de que en los años de gobierno K “Argentina aumentó el PBI, los salarios, la recaudación”, mientras que en los últimos dos años de Macri “cayó el PBI, cayeron los salarios y la recaudación”.

Desde la oposición, el riojano Julio Martínez (UCR) reconoció que la fórmula de movilidad de 2008 “fue un paso adelante”, pero la de 2017 “se ataba a la inflación y claramente, lo dicen los números, las matemáticas, los economistas, menos el oficialismo, que durante los dos años actuó mejor de lo que hubiera actuado la fórmula anterior”.

Al calificarla como “la fórmula de las piedras” por el escenario en el que se sancionó hace tres años atrás, con jornadas calientes en las calles, el radical precisó que “si hubiera estado vigente este año hubiera actualizado el haber jubilatorio en promedio un 42%” y no “un 34, 35%”.

El opositor advirtió sobre las críticas del oficialismo al 13% de recorte a los jubilados que hizo en su momento Fernando de la Rúa, y opinó que la suspensión de la fórmula de 2017 “costó mucho más que el 13%; y lo que van a hacer de ahora en adelante va a ser mucho peor que el 13% si el país sigue el derrotero que viene teniendo hace 10 años”. “Fueron 98 mil millones de pesos que ahorraron de la plata del bolsillo de los jubilados este año”, subrayó.

Durante el debate, el chubutense Mario Pais (Frente de Todos) afirmó que “volvemos a un sistema virtuoso” que “funcionó y funcionó muy bien”, ya que de 2008 a 2017 “los haberes de los jubilados crecieron más de un 26%”. “Existió una mejora sustancial y además apreciable de todos los jubilados”, elogió sobre el cálculo impulsado durante el mandato de Cristina Kirchner.

“Queremos un sistema sustentable pero que además mejore los ingresos de nuestro mayores”, continuó y expresó que está proyectado para el próximo año “un crecimiento del PBI” y “del empleo”, además de “una mejora de todos los salarios”. “Aspiramos a que este índice nazca aún mejor que en 2009”, completó.

En contra de argumentos del oficialismo, el senador Esteban Bullrich (Pro) manifestó que “lo que destrozó la economía en Argentina no fue la pandemia, fue la cuarentena”. El bonaerense disparó contra la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, porque “no respondió y después nos mintió” sobre lo que hubieran ganado los jubilados este año si se aplicaba la fórmula. Y fue más allá, en referencia a la falta de cálculos actuariales, al decir que la funcionaria “combina ignorancia y arrogancia”.

“Varios senadores que criticaron la fórmula supuestamente de Macri la votaron a favor: senadora Mirkin, senador Montenegro, senador Mayans, senador Caserio, senador Durango, senadora Teresa González, senador Lovera y senador Mera. Todos la votaron a favor. No era tan mala entonces. Tres años. Memoria. Sí, tengamos memoria, seamos conscientes de lo que hacemos con este relato”, enrostró el macrista a los legisladores del Frente de Todos.

Hoy, junto al @SenadoArgentina, dimos un gran paso para devolverles a las jubiladas y jubilados la tranquilidad de contar con una nueva fórmula de movilidad que aumente sus haberes cada tres meses. pic.twitter.com/MtFrn2yhFf

— Fernanda Raverta (@FerRaverta) December 11, 2020

En el tramo de los cierres, el rionegrino Alberto Weretilneck señaló que “el problema no es la fórmula”, sino “lo más importante del bienestar de jubiladas y jubilados es una política de crecimiento”. “Si hay crecimiento, si hay empleo formal y decente, si hay baja de desempleo, seguramente estas discusiones y estos cambios van a disminuir”, explicó.

En tanto, el salteño Juan Carlos Romero sentenció que el proyecto “es pésimo” y “tiene fallas técnicas”. Para el jefe del interbloque Parlamentario Federal, con esta iniciativa “va a haber mayor volatilidad en las jubilaciones”, además de que “no se garantiza el poder adquisitivo, porque el índice de precios está ausente”.

Muy duro contra el Gobierno, y en referencia al primer año del Frente de Todos, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, exclamó: “No tienen cómo disimular que el ajuste pasó por los jubilados”.

El formoseño pronosticó que el próximo año habrá “ajuste” sin el IFE y el ATP, además de que “van a perder los jubilados frente a la inflación”. “Ustedes fueron por todo. Desde el Ejecutivo se decide ir por todo pero sin plan”, enfatizó.

Y entonces criticó que el Gobierno “asumió sin plan, sin hoja de ruta, estaban a la espera de la reestructuración de la deuda”. “El Poder Ejecutivo en el trascurso del año no ha hecho ningún abordaje serio de ningún tema. Todo fue improvisación”, cargó.

Por último, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, disparó con críticas al gobierno de Mauricio Macri: “Estamos tratando de resucitar a un muerto como nos dejaron a nosotros, y encima en el medio de la pandemia”. En ese contexto, destacó que “la recaudación en los últimos meses comenzó a superar levemente a la inflación” que -resaltó- “Macri nos dejó en un 55%”.

“Esta es una fórmula que está probada“, defendió y dijo que cuando se aplicó “recuperó en un 26%” los haberes, pasando las jubilaciones “de 100 a 400 dólares”. En cambio, aseguró que en la gestión anterior “le afanaron a los jubilados, les robaron” a través de créditos, que tomaban “porque no podían comprarse medicamentos, pagar los servicios”.

El formoseño fustigó: “Dicen que debemos hacer una fórmula mejor, ¿no vieron ustedes cómo dejaron el quebrado el Estado?”. “Vamos a trabajar para que crezca la economía del país”, prometió e insistió que “ya se demostró que es una fórmula exitosa y que trabajó en beneficio de los jubilados y pensionados”.

Por Melisa Jofré

Luego de casi tres horas de debate, el bloque Frente de Todos en el Senado pasó a la firma el dictamen del proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, en el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Tras las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y de la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, el oficialismo avanzó con el despacho para poder tratarlo en el recinto la semana próxima. El interbloque Juntos por el Cambio ratificó su oposición a la propuesta.

La nueva fórmula presenta un esquema similar a la aplicada durante los años 2008-2017, al combinar en partes iguales la recaudación de la ANSeS y la variación salarial, teniendo en cuenta el aumento salarial más alto que haya otorgado un gremio o sector.

A instancias del Frente de Todos, y tras reuniones con la Casa Rosada, se introdujo una modificación por la cual el aumento del 5% otorgado recientemente no será a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021. Además, las actualizaciones en los haberes no serán semestrales sino trimestrales.

Las exposiciones de los funcionarios

En primer término, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, recordó que la fórmula de movilidad sancionada durante la gestión de Cambiemos se suspendió en diciembre pasado en “una situación de emergencia”.

Luego, con la llegada de la pandemia, el funcionario habló del 2020 como “el peor año de la historia económica argentina”. “No tengamos duda, esto fue peor que 2002”, agregó, y dijo que en ese momento los jubilados “perdieron más de 20 puntos”.

Sin embargo, ante este contexto “hemos conseguido que el 75% de los haberes previsionales van a terminar el año levemente arriba o empatando con la inflación, cosa que no sucedía hace muchos años”. En ese sentido, Moroni destacó que los haberes mínimos tuvieron “un 34,9% de incremento, sin contar lo que dimos como bonos fijos”, que representó “un 8% más de incremento”.

“No puede considerarse esto un fracaso, al contrario es un gran éxito”, resaltó el titular de la cartera laboral, al tiempo que aseguró que la nueva fórmula debe verse “acorde con nuestro proyecto económico, político y social” de “una Argentina en crecimiento”, por eso justificó las variables de variación salarial y recaudación.

En su exposición también defendió que a partir de 2008, cuando empezó a regir la fórmula impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, se dio “el período de mayor incremento de los haberes previsionales”. A continuación, el ministro valoró que se volverá a este esquema y que además “el período de ajuste en vez de ser semestral va a pasar a ser trimestral”.

“Esta fórmula, en un proyecto de país creciente, es lo que debe ser. Hay que atar los ingresos de los queridos pasivos a los ingresos de los trabajadores activos. Es el mejor modo de garantizarles un crecimiento real. No podemos seguir pensando que solo hay que mantener el nivel adquisitivo, tenemos que lograr el crecimiento del salario, y logrando ese crecimiento vamos a lograr el crecimiento de los haberes previsionales. Ese es el proyecto de país y eso es lo que vamos a hacer”, completó.

Luego fue el turno de la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, quien mencionó que “en la historia argentina hubo solo dos leyes que implementaron fórmulas de movilidad” y ambas “han tenido características muy distintas”.

Con diapositivas en pantalla, la funcionaria comparó que el esquema utilizado entre 2008 y 2017 “logró que los jubilados y jubiladas crecieran en su valor adquisitivo y capacidad de compra un 25,8%”, mientras que el cálculo impulsado por el gobierno macrista hizo que “los jubilados perdieran en un 19,5%, casi 20 su capacidad de compra”.

Al referirse a la pandemia, la directora del organismo mostró los números de “un año que puso de manifiesto una crisis mundial, global y sanitaria”. Entre ellos, apuntó que se registró un 4,4% de caída del PBI mundial; un 8,1% de caída del PBI en América del Sur; y un 12,1% de caída del PBI de Argentina.

A pesar de ese escenario, Raverta defendió que la decisión del Gobierno fue “no dejar sin cuidado, sin protección a una enorme cantidad de argentinos”. Por ello, se realizó “un esfuerzo presupuestario en términos de acompañamiento”, con medidas que alcanzaron el 6,7% del PBI, y específicamente en las relacionadas con la ANSeS representaron más de dos puntos del PBI -IFE, ATP, bonos de salud y bonos Sostener Cultura-.

“Durante este año el Estado nacional estuvo a la altura de acompañar a cada argentino y argentina”, enfatizó y habló de la “preocupación” por los jubilados: “Los aumentos que se dieron por decreto durante 2020 lograron que los jubilados crecieran en su haber un 35,3%, mayor al de cualquier actividad de trabajadores”.

La titular de la ANSeS afirmó que se logró “que más del 70% de los jubilados le ganara a la inflación”, sumado a “medidas de ingreso indirecto” para el sector pasivo como la reducción de la tasa de interés de los créditos del organismo, la suspensión de la capitalización de los intereses en los meses que no pagaron, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la provisión de medicamentos sin cargo a los afiliados de PAMI.

“Los decretos fueron decisiones a favor de los jubilados”, ponderó y sobre la nueva fórmula, que restituye la de los años de los mandatos de Cristina Kirchner, consideró que “trae certeza y seguridad” y es “una ecuación que les da previsibilidad” a los jubilados.

La funcionaria diferenció: “El círculo virtuoso de la producción, la industria, el trabajo, el salario y el consumo hace que las dos fórmulas sean bien distintas, antagónicas. En una obviamente aumentó el PBI, aumentaron los salarios, aumentó la recaudación, por el modelo económico instrumentado en 2008, y obviamente aumentaron los haberes. Y en la otra obviamente cayó el PBI, los salarios, la recaudación y los haberes de las jubilaciones”.

Raverta manifestó tener “orgullo” por el “día histórico” de presentar una fórmula que “le permite a los argentinos y argentinas crecer” y “dejará a los jubilados por encima de la inflación”. “Se proyecta una recuperación de los salarios y, obviamente, que aumente la recaudación en términos reales”, pronosticó y añadió: “Estos aumentos van a ser superiores a la fórmula que fue suspendida”.

Intercambio con los senadores

Durante la extensa reunión, Raverta contestó varias preguntas de los senadores, incluyendo en algunos tramos las quejas de senadores de Juntos por el Cambio por las “no respuestas” de la funcionaria, o incluso la “tergiversación” de los dichos, como le reprochó Martín Lousteau (UCR). Por momentos, el encuentro se vio envuelto con gritos por interrupciones en los discursos, protagonizados por Lousteau y también Esteban Bullrich (Pro).

Tras hacer un repaso de la historia del sistema previsional argentino desde el ’94 hasta la actualidad, Lousteau planteó la necesidad de contar con “cálculos, análisis de sustentabilidad y evolución de los beneficios reales”, y pidió a los funcionarios que si los tenían “por favor nos lo den, porque es la manera más responsable que tenemos de votar”.

“Para poder discutir esto en profundidad necesitamos poder estar tranquilos que lo que se vota hoy no tiene un problema mañana”, reiteró. Al momento de las respuestas, el secretario general de la ANSeS, Santiago Fraschina, aseguró que durante la gestión de Cambiemos “no se hizo ningún estudio actuarial” y que “el último se había hecho en 2015”. “Este año lo hicimos y lo vamos a mandar”, afirmó.

A su turno, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) consultó, entre otras cuestiones: “¿En qué plazo se estima que se va a dar la recuperación de los haberes jubilatorios de nuestros jubilados a partir de la aplicación de esta fórmula?”.

“Nosotros estamos partiendo la recuperación de los haberes de los jubilados y jubiladas no en cero, no en menos diez, sino en menos veinte. Por lo tanto, la temporalidad para poder recuperar los haberes no la podemos precisar”, sostuvo Raverta, que hizo énfasis entonces en la “recuperación del 35% de los haberes mínimos” este año.

Y remarcó: “Con la fórmula anterior, la que estuvo vigente entre 2017 y 2019, que contemplaba la inflación, los jubilados y jubiladas perdieron ante la inflación”.

A favor de la iniciativa, el chubutense Mario Pais (FdT) opinó que la nueva fórmula “implica una absoluta mejora”. Además, recordó que cuando se votó la fórmula en diciembre de 2017 “no se requirió ningún cálculo actuarial y se votó”.

Para el oficialista, “las paritarias hacen prever que el año que viene va a haber una recuperación de salario”. “Esta movilidad es realmente positiva y me remito a los antecedentes”, expresó y agregó que “estamos reinstalando un mecanismo que cumple el artículo 14 bis de la Constitución”.

“¿Los jubilados con la suspensión de la fórmula en 2020 ganaron más o ganaron menos?”, preguntó el macrista Esteban Bullrich, que argumentó que la fórmula impulsada por Cambiemos “tenía virtuosismo en el largo plazo”, y por eso lamentó que se suspendiera.

“Los jubilados tienen más ingreso de lo que hubieran tenido con la fórmula de Macri”, respondió la titular de la ANSeS. Pero más tarde Bullrich reclamó que no le había contestado, al igual que sus pares los radicales Julio Cobos, María Belén Tapia y Julio Martínez, que consultaron la misma duda.

Al final de su exposición, Raverta informó: “Entre los aumentos por decreto y los bonos, los jubilados de la mínima en Argentina ganaron 7.000 pesos más que lo que hubieran ganado con la fórmula macrista”.

En el cierre, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, cuestionó que durante la gestión anterior los jubilados “sufrieron” y “vieron cómo día a día iba cayendo el valor de las asignaciones que tenían”. También, recordó que cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno en 2015 “no había déficit del sistema previsional”.

“Ahora volvemos a la fórmula que les dio garantía de crecimiento. Está en las pruebas”, manifestó y advirtió que la caída de la economía, producto de la pandemia, “no está para nada superada, por supuesto”, pero “la visión es recuperar los ingresos de los jubilados”. “No venimos a improvisar, venimos con una fórmula que ya demostramos que funciona, por eso Macri la cortó”, añadió.

El presidente Alberto Fernández respaldó este jueves las modificaciones al proyecto de fórmula de movilidad jubilatoria, impulsados por el bloque Frente de Todos en el Senado.

“Había que empalmar el viejo régimen con el nuevo, algo que también le ocurrió a (Mauricio) Macri en su momento, y lo que terminó haciendo Macri fue hacerle perder a los jubilados el primer trimestre de actualización que les correspondía”, señaló.

El mandatario reveló que durante una reunión este miércoles en Casa Rosada, “se nos ocurrió que la mejor solución era volver a la fórmula original de Cristina (Fernández de Kirchner) en su integridad, la combinación entre los ingresos fiscales más el promedio de los salarios formales o el índice salarial de trabajo informal según sea el más alto”.

Entonces, destacó que “quedó exactamente la misma fórmula que durante ocho años rigió y le permitió a los jubilados un aumento real de las jubilaciones”, en referencia al esquema adoptado entre 2008 y 2017, aunque esta nueva fórmula incluye el factor “inflación” como alternativa con la recaudación.

En declaraciones a radio El Destape, el presidente expresó que los senadores “plantearon una preocupación que era que en marzo, de acuerdo a este sistema, debería actualizarse el valor de la jubilaciones teniendo en cuenta el período septiembre 2020-marzo 2021 y en ese caso había tres meses desde los últimos tres meses de este año que se superponen al aumento que nosotros ya dimos que es 5%”.

Y consideró que el cambio es “una buena idea, porque resuelve el problema del empalme, no deja a los jubilados desamparados un solo día y además permite que los jubilados vean recomponer su ingreso cada tres meses y no cada seis como era antes”.

“Yo estoy satisfecho con lo que hicimos el primer año porque no solo le ganamos a la inflación, sino que cuando uno revisa las paritarias, el 85% de los jubilados terminó estando entre las dos paritarias más altas de la Argentina”, agregó.

Fernández sostuvo que “definitivamente los jubilados necesitan mejorar sus ingresos. Tenemos que ir corrigiendo y tender a una mejora de las jubilaciones”.

Un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, presididas por los oficialistas Daniel Lovera y Carlos Caserio, respectivamente, iniciará este jueves el debate de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Al encuentro, previsto originalmente para este miércoles a las 14, se pasó por razones de agenda para este miércoles a las 11, y asistirán a defender el proyecto el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

El nuevo cálculo prevé una combinación entre la evolución salarial (índice RIPTE) y la recaudación de la ANSeS -recursos de la seguridad social-, por partes iguales, es decir 50% y 50%. La fórmula es similar a la aplicada desde 2008 a 2017, con una diferencia en los porcentajes de ambos componentes.

Poco después de asumir, en diciembre del año pasado, el Gobierno nacional a través de la Ley de Solidaridad Social suspendió la fórmula establecida en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y a lo largo de este año todas las actualizaciones se realizaron por decreto trimestralmente.

De acuerdo con el proyecto, el nuevo esquema comenzará a ser aplicado a partir del 1ro. de marzo de 2021, por lo cual la actualización correspondiente a esa fecha estará dada por la diferencia entre el incremento que resulte de la aplicación de la nueva fórmula en el mes de marzo de 2021 y el incremento dispuesto por el Poder Ejecutivo para el mensual diciembre de 2020, “la que en ningún caso producirá la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria”.

Resolver definitivamente el conflicto de las jubilaciones en Argentina implica mucho más que establecer una mera fórmula que contemple precios, salarios recaudación o inflación. Esa meta requiere de aquello que ningún gobierno se propuso hasta ahora: reestructurar todo el sistema de producción y de trabajo en el país, y reformular íntegramente el Sistema Previsional. 

Todos los gobiernos nacionales han hecho hincapié en la formulita de la movilidad social, desvalorizada en extremo e imposible de alcanzar robustez por vía de las herramientas económicas. Las resoluciones que se toman responden al cortoplacismo de los mandatos presidenciales, chocan ideológicamente con la realidad, prometen políticas perversas que nunca se cumplen. Los malabarismos de los especialistas en cada turno electoral sólo dejan soluciones aparentes, cada vez más complejas y mucho menos eficientes que las anteriores. 

El perjuicio es exclusivo de los jubilados, siempre. Pierden el valor de sus haberes con cada gobierno. Nada va a cambiar hasta que le estructura productiva y laboral se modifique y el número de trabajadores en blanco sea muy superior a los informales, que es donde está el meollo de la cuestión de la cual no quieren hacerse cargo los gobiernos ni los sindicatos. Le esquivan al bulto y distraen con los numeros que, irremediablemente, dan resultados negativos para los jubilados. Los usan en cada campaña electoral como caballito de batalla para traicionarlos después como a la costurerita que dio el mal paso.  

La población argentina en 2020 es de 45.376.763 personas, diseminadas en 2,78 millones de km², donde pueden vivir un poquito más de 16 personas por kilómetro cuadrado. Un país amplio y generoso con gobernantes mezquinos. Tenemos baja densidad poblacional, muy concentrada en el aglomerado Gran Buenos Aires (38,9%), con un 92% de urbanizados (al año 2011). Una gran potencia mira cariñosamente el territorio donde crece de todo sin que se haga casi nada. 

La población activa argentina (que produce y tiene sueldos en blanco) es de tan solo 12.079.103 de trabajadores que hacen aportes jubilatorios. Los trabajadores informales son 8.500.000 (al 17 de abril de 2020). De estos, 3.500.000 son cuentapropistas que no aportan a las cajas jubilatorias y son, o no, monotributistas; los restantes 5.078.000 son asalariados “en negro” que tampoco aportan para su futura jubilación. Ningún sistema previsional en el mundo puede sobrevivir con esta ecuación. Hay que cambiarla. 

Los trabajadores informales generalmente tienen empleos de mala calidad, salarios bajos, largas jornadas de trabajo, falta de acceso a oportunidades de capacitación, dificultades para acceder al sistema judicial y al sistema de protección social, incluyendo la seguridad y la salud en el trabajo. Los sindicatos nunca quisieron asociarlos a sus obras sociales con la excusa de que ellos mismos, los laburantes “en negro”, deberían ser los que “denuncien la ilegalidad en la que trabajan”. Los dirigentes sindicales ya no salen de sus escritorios para verificar el cumplimiento de las normas laborales, a menos que en una empresa aparezca algún rebelde. En las décadas del 60 y el 70 se metían en todas las fábricas y comercios para crear el cuerpo de delegados. Se olvidaron de lo que era ser dirigentes sindicales. 

Los gobiernos nacionales, por comodidad o ineficacia en sus funciones, dejaron crecer la enorme masa informal que ahora se encuentra librada a la suerte de las empresas, casi todas Pymes no registradas para no pagar impuestos laborales y sociales que les desmadran el sostenimiento de la fuente de trabajo. Los trabajadores, sin otra alternativa, aceptan las condiciones pues creen que en el futuro no habrá sistema jubilatorio cuando cumplan 60 o 65 años y se retiren. Los jóvenes, mayoritariamente, se niegan a hacer los aportes. Consideran que es una pérdida de dinero.  

La tasa de desocupación fue en 2020 del 13,1%, el registro más alto desde 2004 y refleja el impacto de la cuarentena sobre el mercado laboral. La falta de un empleo afecta a 2.300.000 argentinos, al 23 de setiembre de 2020. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) reveló que en el segundo trimestre del año la tasa de actividad fue de apenas 38,4%, y la tasa de empleo 33,4%. No hay país que aguante con estos números.  

La Argentina tiene una población avejentada, como tantos otros países del mundo. Son 3.800.000 quienes tienen entre 60 y 69 años, y 3.500.000 ya superan los 70. Son más de 7.000.000 los adultos mayores, es decir el 20% de la población total. En las dos últimas décadas esta franja etaria decidió seguir trabajando porque con la jubilación no les alcanzaba. Ese acto de desesperación humana construyó un contrapeso: los jóvenes no pueden ocupar esos lugares. Pero, existe una alternativa peor: a los más viejos no se les permite trabajar aunque puedan porque se prioriza a los más jóvenes que son los que no aportan a las cajas previsionales.  

El Sistema Previsional argentino debe aspirar a ser autosustentable, las leyes deberían defender esa independencia económica de las cajas de jubilaciones, y los fondos recaudados deberían destinarse solo a mejorar los haberes jubilatorios, no a cubrir otras necesidades sociales ni a servir a la especulación financiera del Estado con representantes en empresas privadas donde con plata de los jubilados compran acciones sin informarles de las maniobras. Los aportes jubilatorios deben ser para bancar las jubilaciones, nada más. 

Los fracasos económicos y las pésimas administraciones estatales hicieron que los argentinos se quedaran sin fuentes de trabajo, sin puestos laborales, sin futuro. No hay inversiones, se gasta más de lo que entra a las arcas del Estado, la corrupción de la clase política ayuda notablemente a esa debacle. Y el populismo agrega más problemas a los ya existentes generando decisiones demagógicas que atentan contra los sistemas previsionales: conceden falsas “moratorias” para que quienes nunca aportaron puedan cobrar una jubilación mínima. Una miseria de 19 mil pesos que en el próximo diciembre tendrá un aumento de 900 pesos. La titular de ANSES Fernanda Raverta dijo sonriente: “tenemos una buena noticia para los jubilados: el 5% de aumento”. Para llorar. 

La estructura de más de 160 cajas previsionales voló por los aires alrededor del 2010 gracias a la dadivosidad de la entonces presidenta Cristina Fernández que quedó muy bien con más de tres millones de personas manoteando plata ajena. La estrategia apuntaba a estimular el consumismo, como regla de recuperación económica fomentada por las potencias capitalistas. La diferencia está en que Argentina no tiene status de potencia ni el gobierno que adhirió al consumismo adora al capitalismo. 

El uso del poder político, lo sabemos, exige generosidad para con los menos provistos de oportunidades y respaldos económicos, pero también inteligencia y responsabilidad en quien adopta medidas sin tomar en cuenta las consecuencias. La política existe para transformar la realidad, siempre y cuando se favorezca a todos por igual, con métodos y soluciones novedosos que signifiquen progreso y acumulación de recursos para repartir. Especular con el favoritismo es propio de mentes estrechas. Utilizar los dólares de los fondos del ANSES para disimular el fracaso monetario de un gobierno, como ocurrió hace semanas atrás, es por lo menos un asalto a los bolsillos de los jubilados.  

Quedó desde el primer y segundo gobierno de Juan Perón, cuando se generalizaron las jubilaciones para todos los sectores de la producción y los servicios, la idea de que los trabajadores debían formar parte de la pirámide de la Movilidad Social Ascendente, concepto referido a un premio al esfuerzo realizado en el cumplimiento del trabajo y el deber. Caracterizaba al anhelo de crecer económicamente, permitir que los hijos se educaran y tuvieran la posibilidad de concurrir a una universidad, ser profesionales. Finalmente, acceder a un puesto de trabajo desde el cual mejorar cada día, contar con capacidad de ahorro e invertir en el crecimiento del clan familiar, para poder jubilarse y ver hacia atrás con satisfacción un camino de realización. 

Actualmente la razón de existir de la movilidad es la inflación, y lo seguirá siendo si continúa la tendencia kirchnerista a ignorarla, como lo hizo en los tres mandatos anteriores. Cuando los índices comiencen a molestar el INDEC dejará de darlos para evitar “estigmatizaciones”. La cuestión de la inflación está en el corazón de las reestructuraciones señaladas para resolver la problemática de las jubilaciones. 

Tras el anuncio de un nuevo aumento por decreto de las jubilaciones en diciembre, que será de un 5%, el diputado radical Alejandro Cacace sostuvo que “los jubilados cerrarán el año con haberes significativamente menores respecto de lo que les hubiera correspondido por la suspendida fórmula de movilidad” en diciembre pasado.

El puntano explicó que “si bien el último incremento comunicado por el Poder Ejecutivo se equipara a lo que hubiera correspondido por ley (4,48%), todos los jubilados terminarán perdiendo, ya que los cobraban la mínima solo habrán recibido un incremento de 35,3%, y los que cobraban la máxima un 24,3%, respecto de un 42% al que se hubieran actualizado las jubilaciones según la ley. Es decir, los jubilados cobrarán entre 7% y 18% menos”.

“Un jubilado que percibía la mínima habrá perdido cerca de 5.000 pesos en 2020, mientras que los beneficiarios del haber máximo dejarán de cobrar 138.000 pesos al finalizar el año, con un haber 18.000 pesos menor a lo que les correspondería”, indicó el vicepresidente primero de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

De esta forma, “con el cuarto aumento discrecional del año, se termina de consolidar el ajuste que comenzó a partir de la suspensión del índice de movilidad, que le ahorrará al Estado miles de millones de pesos a expensas de los que más lo necesitan”, resaltó Cacace.

El legislador expresó que “allí radica el verdadero motivo para suspender la fórmula de movilidad establecida en la ley, y no, como declamó el Gobierno a pocos días de asumir en 2019, en mejorar los haberes de los jubilados, en especial a los que cobran la mínima”.

“Hoy, todos salen perdiendo”, afirmó el radical y completó: “Mientras tanto, las consecuencias del confinamiento y la pandemia siguen sintiéndose, con desempleo récord, pero en 2021 no habrá IFE, no habrá ATP, y los jubilados cobrarán menos”.

El titular de la bicameral mixta de movilidad, Marcelo Casaretto, defendió este martes el nuevo cálculo que el Gobierno propone para la actualización de los haberes jubilatorios.

“El objetivo es sancionar una ley de movilidad previsional con una actualización automática para los jubilados en forma semestral, en los meses de marzo y septiembre de cada año”, señaló en diálogo con AM750.

El legislador del Frente de Todos recordó la fórmula que se sancionó en 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la cual consideró “dio previsibilidad y permitió que los jubilados ganaran ante la inflación”.

Y criticó: “En 2017 eso cambió e hizo que perdieran un 19% frente a la inflación”. Ahora, se volverá “a aquella fórmula de 2008, con ligeros cambios, vinculando los aumentos a los jubilados a los salarios de los trabajadores en actividad y a la recaudación del sistema”, apuntó.

El entrerriano dijo que en el oficialismo estiman que “a la salida de la pandemia, los salarios y la recaudación van a tener una evolución favorable y eso va a significar el sostenimiento y el mejoramiento de los ingresos de los jubilados para el año que viene y los años siguientes”.

En ese sentido, Casaretto remarcó que las “negociaciones de paritarias libres” y “el crecimiento de la recaudación en septiembre y octubre, que aumentó por encima de la inflación” representan una “mejora de la actividad económica que queremos que llegue a los trabajadores y a los jubilados”.

Diputados del interbloque Juntos por el Cambio rechazaron este martes la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Poder Ejecutivo enviará para su aprobación en el Congreso.

El nuevo cálculo, en base a salarios y recaudación, fue confirmado este lunes tras una reunión que referentes parlamentarios del Frente de Todos mantuvieron con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

A través de su Twitter, el jefe de la bancada opositora, el radical Mario Negri, hizo alusión a la fórmula que se votó en diciembre de 2017 -y se suspendió en diciembre pasado mediante la Ley de Solidaridad Social- con jornadas violentas en las calles.

“Tiraron toneladas de piedras cuando Cambiemos incorporó la inflación al cálculo de la movilidad jubilatoria. Como era favorable a los jubilados, suspendieron la fórmula en diciembre. Ahora directamente sacan a la inflación y ponen la recaudación. ¡Ajustan con los jubilados!”, enfatizó.

En tanto, el macrista Waldo Wolff habló de “ajuste sin diálogo” al indicar que “vuelve la fórmula previsional que no contempla inflación. Solo salarios y recaudación. De esta manera licúan el haber jubilatorio perdiendo frente a la inflación”. “Si cuidaran a los jubilados con el mismo amor que a los proveedores de fideos seríamos Suecia”, agregó.

“Los jubilados con esta decisión van a recibir un ajuste brutal de sus haberes, no contemplarán la inflación y se actualizará cada seis meses, pero sin un Congreso tomado, sin piedras, ni plazas destruido”, escribió el radical Luis Petri.

Además, el mendocino acusó a la oposición de aquel entonces por lo ocurrido cuando se votó la ley impulsada por Cambiemos: “Lo de diciembre del 17 fue armado por el peronismo”.

La diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, se preguntó: “Qué recaudación va a aumentar si el país está en medio de una crisis? Los sindicalistas cierran aumentos de salarios muy por debajo de la inflación y están calladitos”. “Se viene un gran ajuste a los jubilados con discurso progresista de aquellos que tiraron piedras y lloraban por TV”, anticipó.

El oficialismo destacó que la nueva fórmula guarda similitud con la aplicada entre los años 2009-2017, pero si bien las variables son las mismas, los porcentajes no. Mientras el antiguo cálculo, puesto en marcha bajo la gestión de Cristina Kirchner, estaba compuesto en un 70% por la variación de los salarios (RIPTE) y en un 30% por la recaudación de la ANSeS, ésta nueva será en partes iguales, es decir un 50% y 50%. Además, volverán las actualizaciones de haberes cada seis meses.

Tiraron toneladas de piedras cuando Cambiemos incorporó la inflación al cálculo de la movilidad jubilatoria.

Como era favorable a los jubilados, suspendieron la fórmula en diciembre.

Ahora directamente sacan a la inflación y ponen la recaudación.
¡Ajustan con los jubilados! pic.twitter.com/lxsQ40z171

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 10, 2020

Ajuste sin diálogo.
Vuelve la fórmula previsional que no contempla inflación. Solo salarios y recaudación.
De esta manera licúan el haber jubilatorio perdiendo frente a la inflación.
Si cuidaran a los jubilados con el mismo amor que a los proveedores de fideos seriamos Suecia.

— Waldo Wolff (@WolffWaldo) November 10, 2020

Los Jubilados con esta decisión van a recibir un ajuste brutal de sus haberes, no contemplarán la inflación y se actualizará cada 6 meses, pero sin un congreso tomado, sin piedras, ni plazas destruido. Lo de diciembre del 17 fue armado por el peronismo https://t.co/riyI8o5fCG

— Luis Petri (@luispetri) November 10, 2020

Que recaudación va a aumentar si el país está en medio de una crisis?. Los sindicalista cierran aumentos de salarios muy x debajo de la inflación y están calladitos. Se viene un gran ajuste a los jubilados con discurso progresista de aquellos que tiraron piedras y lloraban x TV

— Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) November 10, 2020

La fórmula presentada abandona la variable de #inflación, que tiende a preservar el poder adquisitivo de los jubilados, y al removerla se quita esa garantía.
Por otro lado, la inclusión de la recaudación como variable de movilidad no es acertada. #AjustanJubilados

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) November 10, 2020

También se manifestó sobre el misionero Luis Pastori, quien subrayó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “está prácticamente en la mayoría de los países, porque es el que puede asegurar la preservación del poder adquisitivo de los haberes previsionales”. “Sacar eso es una regresión injustificada que no estamos dispuestos a acompañar”, anticipó.

Asimismo, el radical lamentó “que la comisión especial no haya discutido en su seno la propuesta, y quienes la integramos por parte de la oposición nos enteramos por vía de un comunicado del oficialismo cuál será la fórmula que impulsarán, que es prácticamente la misma que existía durante el gobierno kirchnerista”.

Por su parte, el puntano Alejandro Cacace explicó que “la inclusión de la recaudación como variable de movilidad no es acertada. Primero, no es necesario para asegurar la sustentabilidad del sistema. Un tema que fue largamente debatido en la Comisión Bicameral, es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) asista al Tesoro con el pago de haberes cuando sea necesario. De hecho, se aprobó recientemente una ley que explicita esta circunstancia, que ya estaba prevista en la normativa que regula al FGS”.

“En segundo lugar, la recaudación es una variable procíclica, lo cual implica que cuando la economía vaya bien, los haberes van a crecer, pero cuando la economía esté en recesión, los haberes van a disminuir, ajustando sobre los jubilados en el peor momento, como ha sucedido durante todo este año. Esto, además, es malo para la economía, porque profundiza los ciclos económicos”, remarcó el vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

Para el radical, “los haberes debieran actualizarse utilizando la variable de la inflación, que permite mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones ya sea en ciclos positivos o negativos de la economía. En los casos que sea necesario asistir al Tesoro en el pago de las jubilaciones, como ha sucedido este año, el FGS debería intervenir, ya que ese fue uno de los fines para los cuales fue creado”.

La promesa de @alferdez sobre las jubilaciones queda sepultada mediante una cínica e hipócrita falsedad. Dicen que aumentan y lo único hace es dejar sin actualizar los haberes. Pensar que hace nada apedrearon el Congreso para impedir verdaderos aumentos y no cotillón electoral.

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 10, 2020

Cuando incorporamos la inflación al cálculo de la movilidad jubilatoria desataron una tormenta de piedras sobre el Congreso. Apenas llegaron la suspendieron y ahora pretenden aumentar solo por la recaudación. No es más que un descarado ajuste contra los jubilados.

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) November 10, 2020

Por su parte, el santafesino Juan Martín ironizó: ” ‘La fórmula de movilidad permitirá reducir el actual déficit previsional’, dice el parte de prensa del Gobierno sobre la propuesta de fórmula de movilidad jubilatoria. ¿En qué parte entraría lo del 20% de aumento a los jubilados que fue promesa de campaña del Frente De Todos?”.

“Tras casi un año con la ley de Movilidad Jubilatoria suspendida y aumentos por decreto y discrecionales, por debajo de los que hubiesen sido por ley, el Ejecutivo propone una nueva fórmula jubilatoria. La nueva fórmula propuesta es similar a la del 2008, abandonando la variable inflación; variable que preserva el poder adquisitivo”, publicó Dolores Martínez.

La legisladora recordó que “desde 1985 al 2020 se reformó nueve veces el Sistema Previsional argentino, seis de estas reformas se sucedieron entre 2002 y 2020”. “Este patrón sigue vigente en el 2020. Seguimos lejos de discutir una reforma equitativa y sustentable, en la que no sean nuestros Adultos Mayores los que paguen los ajustes de la política”, completó.

La bicameral encargada de la redacción del proyecto de ley sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria avanzaría este mes con la presentación de la iniciativa, que deberá ser aprobada antes de diciembre, según lo estimado por el Poder Ejecutivo.

Según transcendió, el nuevo esquema para el ajuste de los haberes del régimen general y otros beneficios, como la Asignación Universal por Hijo, estaría compuesto en un 70% por la variación de los salarios (RIPTE) y en un 30% por la recaudación de los recursos de la seguridad social.

De esta manera, la nueva fórmula será similar a la utilizada entre 2009 y 2017. Sin embargo, los aumentos serán trimestrales y, además, la ANSeS podrá otorgar un bono extraordinario en caso que la inflación supere la variación de la Recaudación Total (RT) del organismo.

La bicameral, que finalizó hace semanas atrás las reuniones informativas con especialistas, se conformó por legisladores del oficialismo y la oposición y funcionarios del Ejecutivo, según lo dispuesto por la Ley de Solidaridad Social.

De acuerdo a esa norma sancionada en el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, se suspendió la fórmula establecida en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y a lo largo de este año todas las actualizaciones se realizaron por decreto.

La intención es que el nuevo índice comience a regir desde enero, aunque el primer aumento se aplicaría en marzo del año próximo.

Días atrás, en declaraciones a la agencia Télam, la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, había hablado de “una fórmula que tenga en cuenta la evolución de los salarios y los ingresos totales de la ANSeS y la recaudación tributaria”.

“Nuestro objetivo es que los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas tengan un haber justo, y que su fórmula de ajuste sea fruto del aporte y discusión de los distintos bloques políticos, sindicatos, especialistas y organizaciones que defienden los intereses de los jubilados. Eso es lo que estamos haciendo en el Congreso”, agregó.

El diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto adelantó este lunes que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que comenzará a aplicarse el año próximo, se basaría en una combinación entre los índices de evolución salarial, inflación y recaudación.

El legislador anticipó que esas serán las variables que se tomarán para el cálculo, e informó que la comisión bicameral mixta que preside buscará cerrar el proyecto de ley en el transcurso de este mes, para tratarlo en ambas Cámaras antes de fin de año.

“La fórmula futura tendría básicamente tres componentes: por un lado, la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad; por otro lado, las actualizaciones de precios derivadas de la inflación; y por otro, la vinculación con la recaudación del sistema previsional”, explicó.

Casaretto sostuvo que “de la combinación de esas tres variables va a salir la fórmula propuesta, que estaría más cerca de la fórmula de 2008 que de la fórmula de 2017”.

En diálogo con Radio Nacional Córdoba, el oficialista destacó que la comisión realizó 16 reuniones con la participación de especialistas nacionales e internacionales, funcionarios y sindicalistas.

“Nuestro objetivo es cerrar el trabajo de la comisión en el transcurso de este mes y cerrar el proyecto para elevarlo al presidente de la Nación y a los presidentes de ambas Cámaras, y que pueda ser tratado antes de fin de año” para comenzar a regir “a partir de enero del año que viene”, indicó.

El diputado explicó que “en la época de la convertibilidad, a partir del ’91, había movilidad a partir de lo que se autorizaba en las leyes de Presupuesto, lo que fue prácticamente un congelamiento”, y luego de esa etapa “empezaron a darse aumentos por decreto”.

Así fue hasta 2008, cuando “se sancionó una fórmula en la cual las jubilaciones le ganaron a la inflación prácticamente todos los años, excepto en 2014”, especificó Casaretto, y finalmente a fines de 2017 la gestión de Mauricio Macri “cambió la fórmula y los jubilados perdieron un 19% en su poder adquisitivo”.

Casaretto apuntó que luego de suspender esa fórmula, el Gobierno otorgó aumentos por decreto en los meses de marzo, julio y septiembre, además de aumentos de sumas fijas, y así “los jubilados que ganan la mínima y un poco más -alrededor del 94% de los jubilados- están recibiendo aumentos por encima de la inflación”.

Además, precisó que actualmente “la mitad de los recursos del sistema” se financia con aportes y contribuciones de los trabajadores en actividad, y la otra mitad se financia con impuestos.

“En este momento de pandemia, con la caída de la recaudación y los aumentos jubilatorios que se dieron, los recursos propios representan el 26%. El 74% restante de los recursos para pagarle a los jubilados proviene de impuestos”, dijo.

Autoridades de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo de asesoramiento técnico de los legisladores, participaron este lunes de la quinceava reunión informativa de la comisión bicameral mixta que trabaja en una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Marcos Makon, director general de la OPC, y María Eugenia David Du Mutel Pierrepont, directora de Análisis, Estudios y Evaluación, informaron a los integrantes de la comisión que preside el diputado Marcelo Casaretto sobre la composición del universo de beneficiarios del sistema previsional.

Para el próximo encuentro, en tanto, fueron convocados el secretario general de la CGT Héctor Daer, y Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy por la CTA y la CTA Autónoma.

En la viceoconferencia de este lunes, los directores de la OPC detallaron que, según datos al mes de marzo, existen 9,7 millones de activos aportantes -lo que representa el 30,5% de la población mayor de 18 años y el 81% de los trabajadores registrados- y 5,7 millones de pasivos beneficiarios.

Dentro de los activos, casi el 93% aporta en el marco de la Ley 24.241 y solo el 7,1% a regímenes especiales, y en cuanto a los pasivos, el 96% de los beneficios se otorgaron en el marco del régimen general y 3,9% mediante regímenes especiales.

Del total de aportantes, el 75% se desempeña en actividades en relación de dependencia, mientras que en las actividades independientes, el régimen de monotributo es el que concentra la mayor cantidad de aportantes, y finalmente los regímenes especiales contienen más de 612.000 aportantes.

Además, los especialistas especificaron que dentro del régimen general figuran 51 regímenes diferenciales –aquellos que requieren menor edad o menos años de aportes-, con más de 763.000 aportantes.

En cuanto a la distribución de aportantes y beneficios por edad y sexo, Makon y David Du Mutel Pierrepont indicaron que el promedio de edad es de 41 años, mientras que en los pasivos, las edades promedio rondan los 74 años.

La mayor cantidad de aportantes se encuentra en el rango etario entre los 26 y 45 años, tanto para mujeres como para hombres, señalaron desde la OPC.

Asimismo, la mayor cantidad de beneficios los concentran personas entre los 68 y 73 años, en el caso de los varones, mientras que en las mujeres el rango con mayor cantidad de beneficios es entre 63 y 71 años. La mayor cantidad de beneficios jubilatorios se concentra entre los 65 y 69 años, en ambos sexos.

Por otra parte, la remuneración media a partir de la cual se realizan los aportes y contribuciones fue de 54.086 pesos, mientras que el beneficio previsional medio fue de 24.430 pesos.

Los directores de la OPC informaron que en el régimen general, el 86,1% de los beneficios es igual o menor a dos jubilaciones mínimas.

El 40,6% de los aportantes son mujeres y 59,4% son varones, lo que los expertos consideraron “un indicio de que una gran parte de la fuerza laboral femenina se encuentra fuera del mercado formal”.

Por otro lado, los regímenes especiales con mayores haberes promedio fueron los del Servicio Exterior y del Poder Judicial: en el primer caso, el haber medio de jubilación fue de 386.463 pesos, y en el segundo, el haber medio jubilatorio fue de 290.868 pesos.

El informe de la OPC

Informe-Caracterización-Población-Sistema-Previsional

La diputada nacional por Río Negro del Frente de Todos Ayelén Spósito presentó un proyecto de ley para que los trabajadores vinculados a las áreas de urgencias y terapia intensiva se jubilen a los cincuenta y cinco años de edad o treinta años de servicio en ese sector.

“Tendrán derecho a la jubilación ordinaria con cincuenta y cinco años de edad y treinta de servicio el personal de salud que se desempeñe en forma autónoma  o en relación de dependencia que preste servicios directa y habitualmente como personal de ejecución en el sector de urgencia y/o de terapia intensiva”, señala el texto presentado.

La iniciativa legislativa comprende a todo profesional que acredite horas de servicio en guardias o en la terapia intensiva hospitalaria. Se entiende por personal de ejecución en el sector al designado para cumplir funciones exclusivamente asistenciales en un servicio de urgencias, entendiendo por éste a aquel que presta servicios de atención de la salud en forma continua, regular y permanente, durante las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año.

Por su parte, el proyecto de ley  explica que aquellas personas que no alcancen el requisito de temporalidad, y se hayan desempañado alternadamente en otras actividades, a los fines de los requisitos para el otorgamiento de la jubilación ordinaria se efectuarán un prorrateo en función de los límites de edad de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades.

En cuanto a la contribución patronal, en el proyecto se expone que será la vigente en el régimen común, incrementada en un punto porcentual durante el primer año, desde la vigencia de la presente ley, de dos puntos porcentuales en el segundo año contado desde la misma fecha y de tres puntos porcentuales a partir del tercer año.

En el caso de las trabajadoras y los trabajadores que alcancen la edad requerida y se encuentren en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, podrán continuar en la actividad hasta que cumplan 65 años, propone la iniciativa propuesta por Spósito.

Cabe destacar que acompañan a este proyecto de ley las diputadas Verónica Caliva, María Jimena López y el diputado Leonardo Grosso.

La comisión bicameral mixta que debe proponer antes de fin de año una nueva fórmula de movilidad jubilatoria realizó este lunes una nueva reunión por videoconferencia, presidida por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos), con la participación del exdiputado nacional Juan Carlos Díaz Roig y del exsecretario de Seguridad Social Juan Carlos Paulucci.

Díaz Roig, quien también fue presidente de la Caja de Previsión Social de Formosa y de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, criticó duramente la Ley de Reparación Histórica y propuso volver a la fórmula sancionada en 2008, y mejorarla “incorporándole una cláusula gatillo para que la inflación sea definitivamente el piso para los jubilados, y no el techo”.

Además, opinó que la fórmula podría segmentarse: “Lo ideal sería establecer un parámetro, que podría ser cinco veces la distancia entre el haber mínimo y el máximo, y un aumento de la movilidad parejo para todos”.

El especialista aclaró que la comisión debe abocarse a la movilidad y no al cálculo del haber, aunque consideró que “bueno sería que a corto plazo se revisara la determinación del haber inicial”, a la vez que enfatizó que “no puede haber una reforma jubilatoria que disminuya los derechos del jubilado”.

Asimismo, Díaz Roig sostuvo que con la fórmula del kirchnerismo, el haber le ganó “un 4%” a la inflación, pero con el cálculo aprobado en 2017 con la gestión de Mauricio Macri, “perdió el 42%”.

Al explicar cómo funciona el sistema previsional argentino, indicó que el 50% de su financiación corresponde a impuestos, un 25% a contribuciones patronales, y el restante 25%, a los aportes de los trabajadores.

El exlegislador cuestionó la fórmula de la Ley de Reparación Histórica, que combinada el índice de inflación (70%) con el RIPTE (30%), y argumentó que “el RIPTE mide los convenios que no tienen cláusula gatillo, es decir, que siempre están por debajo de la inflación”.

“Era matemáticamente imposible que la ´fórmula Pichetto´ permitiera ganar por encima de la inflación”, ironizó Díaz Roig, en alusión al aporte que hizo el exsenador para modificar el proyecto original que había enviado entonces el Poder Ejecutivo.

Por su parte, Paulucci consideró que “como ha sido generalmente”, la fórmula “tiene que ser una combinación entre el aumento de salarios, el índice de costo de vida y la recaudación”.

“Lo que tenemos que buscar es que el régimen sea sustentable. Y mientras tanto hacer un consenso general con respecto al régimen previsional”, señaló.

Y agregó: “La movilidad tiene que tener un sustento serio y tangible, y creo que lo hay. Ocurre que hay muchas excepciones: no solamente está el trabajo informal, que es un número alarmante, sino que también están las sumas no contributivas que tienen muchos convenios colectivos de trabajo, y que no pagan aportes y contribuciones”.

También mencionó otros factores, como la evasión, “que afecta no solamente a las jubilaciones y pensiones, sino también a la economía en general”.

La comisión bicameral mixta encargada de proponer antes de fin de año una nueva fórmula de movilidad jubilatoria realizó este lunes una nueva reunión informativa con la participación de dos especialistas.

La bicameral, integrada por legisladores y funcionarios de los ministerios de Trabajo, Economía y ANSES, escuchó a Elsa Rodríguez Romero, directora de la Comisión de Previsión de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA) y Guillermo Jáuregui, director de la Revista Jubilaciones y Pensiones.

Jáuregui realizó un repaso histórico de las diferentes leyes de movilidad en el país que puedan tener o no sustentabilidad actuarial, movilidad sustentable y movilidad segmentada. “La fórmula en la Argentina tiene mucho que ver con la sustentabilidad de cada sistema y está atada intrínsecamente a la inflación”, analizó.

Además, el abogado recordó y defendió la fórmula establecida en la Ley 26.417, a la que consideró “una fórmula más conservadora y prudente de ajuste semestral pero que le pone un tope al importante flujo de beneficios y evita que se caiga el sistema”.

“Primero se debe construir un mecanismo de movilidad que proteja a las prestaciones contra la desvalorización monetaria y que sea sustentable del sistema, y luego dicha movilidad puede segmentarse para mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben menores ingresos”, reflexionó Jáuregui. 

En tanto, Rodríguez Romero se refirió a los distintos índices de movilidad que fueron implementados en nuestro país y “han fracasado por discrecionalidades y por movilidades automáticas que han sido derogadas cuando se tenían que otorgar sumas importantes”.

“El régimen debe tener el atributo de la sustentabilidad y no de la movilidad del haber, y también la perspectiva desde el afiliado y el beneficiario. Es la única manera de sostener la seguridad social”, señaló.

De igual modo, la abogada previsional dijo que los problemas de litigiosidad son una constante de los últimos 40 años y concluyó que “es imprescindible la elaboración de un índice salarial que refleje fielmente la evolución de las remuneraciones percibidas por los activos que deber ser automática y de mantenimiento del nivel de vida”. 

Dos especialistas expusieron este lunes en una nueva reunión virtual de la comisión bicameral mixta encargada de proponer antes de fin de año una nueva fórmula de movilidad previsional, tras la suspensión del cálculo anterior.

Del encuentro, encabezado por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) participaron el abogado previsional y docente Miguel Ángel Fernández Pastor; y Gabriel De Vedia, fiscal federal de la Seguridad Social y fiscal subrogante de Primera Instancia en el Fuero del Trabajo.

Fernández Pastor, quien trabajó en distintos organismos nacionales e internacionales de seguridad social, se refirió al financiamiento del sistema y explicó que “del ‘93 para acá ocurrió la baja de contribuciones patronales, una decisión política tomada por (Carlos) Menem y (Domingo) Cavallo y nunca reemplazada”.

“Esa disminución implica la pérdida de ingresos para la ANSES de 2,99 puntos del PBI, es decir, con eso solo alcanzaría para que el sistema no fuera deficitario. A eso habría que agregarle que la devolución del IVA por la coparticipación a las provincias implica otro punto y medio. Es decir, si todos los recursos originarios estuvieran a disposición de la ANSES, sería un sistema superavitario, que podría dar mejores prestaciones”, explicó.

Además, sostuvo que la “Ley de Reparación Histórica” sancionada en la gestión anterior “alteró muchísimo el sistema” porque “se le dio otro uso” a los recursos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad).

El especialista advirtió que “la fórmula no será la que vote el Parlamento sino lo que la Justicia interprete que esa fórmula dice”. “La definición final va a ser siempre judicial”, insistió, y puso como ejemplo el fallo Badaro, que fue “a contrapelo de todas las decisiones legales”, ocasionando una pérdida de “15.000 millones de dólares”.

Por esa razón, propuso “una fórmula sencilla y simple que permita la menor cantidad posible de interpretaciones” y “que no motive la intervención judicial”. Además, consideró que el cálculo “debería ser igual para todos”.

En ese sentido, opinó que la fórmula sancionada en 2008, basada en recaudación y salarios, “dio buen resultado”. “Es una buena fórmula porque no pone en riesgo las arcas del Estado”, destacó, aunque aclaró que “habría que agregarle un fondo anticíclico” para “pagar la diferencia cuando los beneficiarios ganan menos que la inflación, y que cuando haya crecimiento económico, una parte del excedente arriba de la inflación sea devuelto por los jubilados para recapitalizar el FGS o ese fondo anticíclico para cuando haya crisis económica, y así sucesivamente”.

Por su parte, De Vedia resaltó que “la sociedad argentina está expectante” en torno a este tema y recordó que en el artículo 55 de la Ley de Solidaridad Social se estableció que la nueva fórmula debe garantizar “una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución”, con especial atención en los sectores más bajos.

“La seguridad social se enmarca en los derechos humanos”, afirmó y citó los artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales referidos a la temática. En ese marco, pidió respetar los principios de universalidad, solidaridad, redistribución del ingreso y sustitutividad, entre otros.

“No sería inconstitucional pensar que por un tiempo pueda haber una fórmula diferenciada para los sectores más bajos, pero siempre que no sea en detrimento de las jubilaciones más altas”, señaló De Vedia, y añadió: “Si queremos dar una movilidad diferenciada, el pato no lo tiene que pagar ningún jubilado. Hay que buscar los recursos en otro lado”.

Por último, propuso a los legisladores “ganar tiempo” y realizar un “test de razonabilidad” sobre la fórmula propuesta para verificar si es constitucional y “evitar la litigiosidad”.

La comisión bicameral mixta encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad previsional realizó este lunes su décima reunión virtual con la participación de tres especialistas y avanza en el debate de cara al anteproyecto de ley que deberá proponer al Congreso antes de fin de año.

El encuentro fue presidido por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y a la comisión -integrada por legisladores de las dos principales fuerzas y representantes del Poder Ejecutivo- se incorporaron los senadores Roberto Mirabella (Frente de Todos) y Silvia Elías de Pérez (UCR), en calidad de autoridades de la Comisión de Economía Nacional e Inversión de la Cámara alta.

El primero en exponer fue el economista Marcelo Capello, máster en Economía de la Georgetown University, docente y titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad de Argentina y Latinoamérica (IERAL).

“Para una nueva fórmula de movilidad hay que tener en cuenta que Argentina, durante varias décadas, ha mostrado un bajo crecimiento, una alta volatilidad en ese crecimiento y mucha inflación”, arrancó Capello.

El economista explicó que las variables que suelen utilizarse para las fórmulas jubilatorias son la inflación, los salarios, la recaudación y algunas restricciones para mantener sustentabilidad del sistema o el poder adquisitivo.

Capello sostuvo que se debe tener en cuenta un mecanismo que “maximice la tendencia de las jubilaciones reales a largo plazo, minimice volatilidad y evite caídas muy profundas de los haberes en crisis”.

El especialista analizó las fórmulas de movilidad utilizadas en países de la OCDE y América Latina y concluyó que en 15 países se utiliza el IPC (inflación); en tres se utilizan salarios; en cinco una combinación entre IPC y salarios; y en tres ponen algún tipo de restricciones de sustentabilidad.

“Cuando hay crecimiento, la recaudación previsional crece más que los salarios, y los salarios crecen más que la inflación; en cambio, cuando hay una recesión, esto se da vuelta y lo que más aumenta es la inflación, más que los salarios y la recaudación”, razonó.

En ese marco, consideró que “resulta conveniente una movilidad que mejore (o no empeore) el resultado financiero sin deteriorar los haberes jubilatorios en términos reales”.

“Si la economía argentina crece a futuro, la movilidad por IPC asegurará un poder adquisitivo constante en los haberes y permitirá bajar el déficit financiero genuino del sistema”, opinó, y agregó que “si Argentina continúa con una economía muy volátil en el futuro, la movilidad por IPC minimiza la volatilidad de los haberes reales y evita caídas profundas en las grandes crisis”.

También expusieron Claudia Danani (politóloga, doctora en Ciencias Sociales e investigadora docente de la UBA y la Universidad Nacional de General Sarmiento) y Sergio Rottenschweiler (economista, doctorando de la UCEMA, investigador y docente universitario).

Los especialistas hicieron una comparación entre las fórmulas aprobadas en las leyes 26.417 (2008) y 27.416 (2017), y evaluaron que la movilidad acumulada en 2019 hubiese sido del 34,5% con la fórmula de 2008, y del 51,1% con la posterior.

En cuanto a los aspectos comunes entre ambas fórmulas, mencionaron la utilización de índices salariales y la presencia de la inflación (primero de forma implícita, y luego explícita), y como diferencia marcaron el tope anual dispuesto en 2008, y los ajustes primero semestrales y luego trimestrales.

Para los expertos, “la utilización de la inflación puede ser negativa desde el punto de vista fiscal si existe inflación con recesión, como en el caso de 2019”, y por otra parte “el ajuste trimestral provoca que los aumentos sean en cuotas”.

Consideraron entonces que los salarios, “por cuestiones históricas, sociales y legales tienen que estar representados en la fórmula”, así como también “variables asociadas a los recursos”.

Finalmente, propusieron “constituir un tope anual para la movilidad que garantice ajuste de los haberes pero sin comprometer la sustentabilidad”, además de fijar un “tope mínimo para garantizar cierta movilidad previsional”.

El economista Oscar Centrángolo y el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, expusieron este lunes en una nueva reunión de la comisión bicameral mixta que debe proponer antes de fin de año una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que reemplace a la anterior, que se encuentra suspendida por un DNU.

La comisión que preside el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) se reunió por octava vez, de forma telemática, para escuchar a los invitados, que disertaron sobre movilidad previsional y regímenes especiales. 

En nombre del Poder Ejecutivo, estuvieron presentes Luis Bulit Goñi y Miguel Baelo del Ministerio de Trabajo; Roberto Arias del Ministerio de Economía; la jefa de Asesores de la ANSES; y la secretaria técnica de la comisión, Adriana Micale.

Por el Frente de Todos participaron los diputados Casaretto, Hilda Aguirre y Carlos Heller, y el senador Daniel Lovera; y por Juntos por el Cambio estuvieron los senadores María Belén Tapia (vicepresidenta) y Esteban Bullrich, y los diputados Alejandro Cacace y Luis Pastori.

En la próxima reunión, prevista para el lunes 13, expondrán Leonardo Eric Calcagno -doctor en Economía, y sobrino de quien fuera legislador y embajador, Eric Calcagno- y el economista Eduardo Levy Yeyati.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff denunció al procurador del Tesoro, Carlos Zanini, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia a la autoridad y administración fraudulenta”. 

Asseff argumentó que la Oficina Anticorrupción “se constituyó en querellante en la causa que involucra al exvicepresidente de la Nación Amado Boudou en la posible comisión de delitos de acción pública”, de tal manera que la ANSES resolvió el 20 de noviembre del 2018, no otorgar la asignación mensual vitalicia que le corresponderían por haber ocupado la vicepresidencia de la Nación entre los años 2011 y 2015. 

Para dicha decisión el organismo se basó en dos dictámenes de la Oficina Anticorrupción y uno de la Procuración del Tesoro de la Nación. 

El presidente del partido UNIR sostuvo que los beneficios de la ley de Jubilaciones y Pensiones de Legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo y Poder Judicial “no alcanzan a quienes haya cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado Nacional”. 

De tal modo que -argumentó- “no se le puede otorgar dicho beneficio al exvicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner”. 

La procuración del Tesoro, a cargo actualmente de Carlos Zanini, calificó de “nulidad absoluta” a las resoluciones de la ANSES y de la Oficina Anticorrupción, resolviendo que se le otorgue el pago de una pensión vitalicia a Amado Boudou, pese los dictámenes referidos. 

“Con este irregular cambio de criterio el expresidente Amado Boudou recibirá un monto similar a las dos terceras partes del salario de un juez de la Corte Suprema”, señaló Asseff. 

Se trata de un sueldo equivalente a cuatrocientos mil pesos, con carácter de renta vitalicia, sumados a los pagos atrasados de los últimos cuatro años, calculados en veinte millones de pesos. 

“Esto ha producido un sentimiento de rechazo y ha provocado que la credibilidad de la ciudadanía argentina sea escasa”, pues “se puede fácilmente llegar a conclusión, que la resolución que habilita a un condenado por corrupción a cobrar una millonaria jubilación vitalicia no es una acción aislada, sino una estrategia de las más altas autoridades del Gobierno, de crear un precedente, ante la proximidad de futuros fallos condenatorios”, concluyó el legislador.

La comisión bicameral mixta encargada de elaborar una nueva fórmula previsional realizó este lunes una nueva reunión informativa, de carácter virtual, con la participación del economista Fabio Bertranou, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la comisión, el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos), y estuvieron presentes legisladores del oficialismo y la oposición, así como funcionarios del Poder Ejecutivo.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 542/20, el Ejecutivo prorrogó hasta diciembre la suspensión de la movilidad jubilatoria, extendiendo a su vez el plazo para que la comisión elabore una nueva fórmula que reemplace a la anterior.

De esta forma, los aumentos jubilatorios continuarán siendo otorgados de forma discrecional, lo que despertó críticas de legisladores de la oposición, que ya presentaron proyectos para derogar el DNU.

En la jornada de este lunes, Bertranou expuso sobre las normas principales de la OIT en materia de pensiones, como el Convenio 102, de 1952, que estableció criterios mínimos para los regímenes de seguridad social; el Convenio 128, de 1967, sobre las prestaciones por invalidez, vejez y sobrevivientes; y la Recomendación 202 sobre los “pisos de protección social”.

También detalló el marco normativo de la OIT sobre la movilidad de las prestaciones y los regímenes especiales.

Bertranou precisó que, según se expuso en la Conferencia Nro. 89 de la OIT, en 2001, “no existe un modelo idóneo único de seguridad social” sino que “cada sociedad debe elegir cuál es la mejor forma de garantizar la seguridad de ingresos”.

“La función prioritaria del Estado es facilitar, promover y extender la cobertura de la seguridad social. Todos los sistemas deberían ajustarse a ciertos principios básicos. En especial, las prestaciones deberían ser seguras y no discriminatorias; y los regímenes deberían administrarse de forma sana y transparente, con costos administrativos tan bajos como sea factible y una fuerte participación de los interlocutores sociales”, se indicó en las conclusiones de aquella conferencia.

El especialista formuló entonces una serie de propuestas, como “lograr un consenso suficiente acerca de las reformas con el objeto de asegurar su permanencia en el tiempo”; y “evitar soluciones de emergencia con beneficios de corto plazo y costos de largo plazo difíciles de sostener”.

Bertranou también sugirió “considerar una variedad de instrumentos para tratar los diversos objetivos del sistema de protección social para la población adulta mayor”, y “consolidar una prestación universal sin requisitos para su obtención que ofrezca beneficios suficientes a la población que no acceda a los beneficios contributivos”.

De la reunión participaron, por parte del Poder Ejecutivo, Luis Bulit Goñi y Miguel Baelo del Ministerio de Trabajo; Roberto Arias del Ministerio de Economía; la jefa de asesores de la ANSES; y la secretaria técnica de la comisión, Adriana Micale.

Por el Frente de Todos estuvieron el diputado Casaretto y los senadores Daniel Lovera y Carlos Caserio, mientras que por Juntos por el Cambio participaron la senadora Belén Tapia y los diputados Alejandro Cacace, Luciano Laspina y Luis Pastori.

La próxima reunión será el lunes 29 a las 16 y contará con la exposición de Andras Huthoff, consultor de Eurosocial y doctor en Economía de la Universidad California Berkeley.

El diputado nacional Jorge Enriquez (Pro) presentó un proyecto para que los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público jubilados conserven su estado judicial y puedan ser llamados a ocupar transitoriamente el cargo en casos de vacancia.

El legislador pretende volver a la redacción original de la Ley 24.018, que fue modificada cuando se aprobó el nuevo régimen jubilatorio de jueces, vedando la posibilidad de que los magistrados jubilados puedan ser convocados para cubrir vacantes.

“El kirchnerismo eliminó esa posibilidad con la finalidad de cubrir las vacancias con personas afines, que no acreditaron por los mecanismos previstos por la Constitución las condiciones de idoneidad e independencia necesarias”, sostuvo Enriquez.

Para el diputado, “es necesario restablecer el estado judicial a los magistrados jubilados, aunque sin la posibilidad de cobrar una remuneración adicional en caso de convocatoria, como establecía el texto original de la Ley 24.018”. 

“La supresión de ese estado judicial de los jueces retirados no tuvo en su oportunidad, debido al fárrago de normas que la envolvía, la repercusión pública que merecía, pero fue una de las tantas maniobras oficialistas para copar el Poder Judicial y gobernar sin controles efectivos”, denunció Enriquez.

Al responder preguntas de la oposición ante el Senado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó que “la jubilación mínima en el primer trimestre de 2020 creció un 19% y la inflación fue del 14%”, y reiteró que el objetivo del Gobierno es “empezar por los más humildes para llegar a todos”.

Así se expresó Cafiero ante un planteo del senador Julio Martínez (UCR), quien cuestionó el DNU publicado este jueves en el Boletín Oficial por el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre la suspensión de la movilidad jubilatoria, lo que implica que el Poder Ejecutivo continuará otorgando aumentos de forma discrecional.

“La suspensión de la fórmula jubilatoria ha venido con un ajuste, y hoy ya con dos actualizaciones vemos que todos perdieron: las mínimas y las del promedio para arriba”, advirtió el legislador riojano.

La fórmula del gobierno para los jubilados tiene al menos tres componentes: decreto + ajuste + ajuste.
No escuchamos una sola explicación/idea del Jefe de Gabinete en su informe al @SenadoArgentina para cambiar el resultado negativo que vienen teniendo millones de jubilados

— JULIO MARTINEZ (@JulioMartinezLR) June 18, 2020

Cafiero respondió que “con la formula anterior, los jubilados perdieron un 20% del poder adquisitivo entre 2017 y 2019”, mientras que “la jubilación mínima en el primer trimestre de 2020 creció un 19% y la inflación fue del 14%”.

Además, el funcionario destacó la “entrega de medicamentos gratuitos” por parte del PAMI. “Una política que ustedes liquidaron”, le contestó a Martínez.

En ese contexto, explicó que el “sentido ético” que se impuso el Gobierno fue el de “empezar por los más humildes para llegar a todos”.

Resaltó en ese sentido que “en diciembre y enero se otorgaron dos bonos a jubilados de la mínima, de 5.000 pesos cada uno, y en marzo otro de 3.000 pesos”. “Prácticamente el 90% de los jubilados de la mínima tuvieron un aumento de un haber más”, concluyó.

La comisión bicameral mixta encargada de elaborar una nueva fórmula jubilatoria que reemplace a la anterior, que se encuentra suspendida, se reunió por quinta vez este martes para escuchar a dos especialistas en la materia.

Del encuentro virtual, presidido por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) participaron el abogado y docente universitario Jorge García Rapp, y el titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Marcos Makon.

Rapp brindó una exposición sobre la evolución histórica de la movilidad jubilatoria a nivel legislativo y jurisprudencial, mientras que Makon se refirió a la situación actual de los regímenes previsionales especiales.

Estuvieron presentes, por parte del Poder Ejecutivo, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Miguel Baelo; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Por el Frente de Todos participaron los diputados Casaretto, Carlos Heller e Hilda Aguirre, y el senador Daniel Lovera, mientras que por Juntos por el Cambio estuvieron los senadores María Belén Tapia y Esteban Bullrich, y los diputados Alejandro Cacace, Luciano Laspina y Luis Pastori.

También participaron legisladores que no integran la comisión, como los oficialistas Eduardo Fernández y Florencia Lampreabe; Alicia Terada, Graciela Ocaña, Virginia Cornejo y Gisela Scaglia y Pablo Blanco por Juntos por el Cambio; y Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda).

En las próximas reuniones expondrán Fabio Bertranou, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Cono Sur; y Andras Uthoff, consultor de Eurosocial.

Cabe recordar que, el pasado 4 de junio, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre el plazo de la comisión para elaborar una nueva fórmula jubilatoria.

Hasta ese momento, el Poder Ejecutivo otorgará los aumentos por decreto, tal como lo viene haciendo en el marco de la Ley de Emergencia Pública sancionada en diciembre, que suspendió la fórmula previsional aprobada en la anterior gestión.

La diputada nacional del FdT por Río Negro Ayelén Spósito presentó un proyecto de ley para que los trabajadores vinculados a las plantas procesadoras y elaboradoras de los productos de mar se jubilen a los cincuenta y cinco, o con treinta años de servicio en relación de dependencia en ese sector.

El proyecto argumenta que los operarios de las plantas procesadoras y elaboradoras de productos marítimos tienen condiciones laborales que son “más parecidas a las del siglo XX”, y que dichas labores “son insalubres y atentan contra la salud de los trabajadores”.

“Tendrán derecho a la jubilación ordinaria con 55 años de edad y 30 de actividad los trabajadores que habitualmente desempeñen en forma autónoma o presten servicios en la industria de la pesca o pulpeo artesanal”, precisa la iniciativa. En ese sentido, el proyecto de ley presentado por la diputada Spósito propone un régimen jubilatorio previsto en la presente ley, los trabajadores que acrediten el 55% de sus años de servicios a algunas de las actividades laborales.

En el caso de los trabajadores que no alcancen el porcentaje mencionado, y se hayan desempañado alternadamente en otras actividades, para el otorgamiento de la jubilación ordinaria se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades.

Por su parte, la iniciativa explica que “la contribución patronal correspondiente de la presente ley será la vigente en el régimen común, incrementada en un punto porcentual durante el primer año, desde la vigencia de la presente ley, de dos puntos porcentuales durante el segundo año contado desde la misma fecha y de tres puntos porcentuales a partir del tercer año”.

La iniciativa propone que, en el caso de los trabajadores incluidos en el proyecto de ley, que alcancen la edad requerida y se encuentren en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, podrán continuar en la actividad hasta que cumplan 60 años de edad.

Cabe destacar que acompañan a este proyecto de ley las dIputadas Graciela Landriscini, Patricia Munier, Estela Hernádez, Mirta Tundis, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovik, Mabel Luisa Caparros, Mónica Macha, Nancy Sand, Laura Ruso, Verónica Caliva, Carolina Gaillard, Jimena López y el legislador Juan Carlos Alderete.

Este jueves ingresó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados de la Nación que prorroga, hasta el 31 de diciembre, la suspensión de la movilidad jubilatoria que estableció el Congreso de la Nación en el año 2017, mediante la reforma al artículo 32 de la Ley 24.241.

En ese marco, varios legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para derogar el congelamiento de las jubilaciones. La iniciativa pretende derogar el artículo 55 de la Ley 27.541, que establece la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley 24.241, modificado por la Ley 27.426.

“Mantener y prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria es, a la luz de los aumentos otorgados por decreto, consentir y convalidar un ultraje al bolsillo de nuestros jubilados, que nada tiene de redistributivo y solidario. Es un ajuste fiscal, liso y llano, que recae e impacta sobre sus haberes”, sostuvo el legislador mendocino Luis Petri, autor del proyecto.

Petri aseguró que “siguen metiéndole la mano en el bolsillo a los jubilados. Antes de asumir les prometieron un aumento del 20% en campaña, asumieron y enviaron un proyecto congelando las jubilaciones. Ahora, prorrogan nuevamente la suspensión de la movilidad jubilatoria”.

Además, el proyecto señala que “como destacamos  en el fugaz tratamiento de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la misma no obtuvo su debida evaluación en la Oficina de Presupuesto para que haga las estimaciones respecto del costo presupuestario de la norma, el cual creemos que hubiese revelado que la misma se trataba de un formidable ajuste fiscal y que tenía una clara finalidad recaudatoria”.

Por último, el legislador mendocino reclamó que “los aumentos por decreto de Alberto Fernández le han causado un grave perjuicio a los jubilados. Si la fórmula de movilidad no hubiese estado suspendida, en junio les hubiera correspondido un incremento de 10,9%, casi el doble del 6,12% que se fijó”.

Además del diputado Petri, suscriben el proyecto sus pares Alejando Cacace, Gustavo Menna, José Cano, Silvia Lospennato, Sofía Bambrilla, Fabio Quetlas, Hernán Berisso, Federico Angelini, Mario Arce, Claudia Najul, Federico Zamarbide, José Luis Patiño, Jimena La Torre, Mario Arce, Ximena Garcia, Tito Stefani, Brenda Austin, Lorena Matzen, Albor Cantard, Ingrid Jetter, Martín Maquieira, Omar de Marchi, Roxana Reyes, Virginia Cornejo, Estela Regidor, Victoria Morales Gorleri, Sebastián Salvador.

El Poder Ejecutivo envió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre el plazo de la comisión mixta para elaborar una nueva fórmula jubilatoria y establece que, en ese lapso, el Poder Ejecutivo seguirá otorgando los aumentos por decreto.

La comisión, integrada por legisladores del oficialismo y la oposición y representantes del Poder Ejecutivo, tenía plazo hasta junio para proponer una nueva fórmula previsional, que luego debía ser debatida en el Congreso.

Sin embargo, ante el retraso de la comisión y las dificultades para elaborar una fórmula por el fenómeno de la pandemia -que alteró todas las variables económicas-, se recomendó al Ejecutivo que ampliara el plazo hasta fin de año, algo a lo que Juntos por el Cambio se opuso.

El proyecto ingresado en la Cámara baja lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y consta de cuatro artículos.

En el primero, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 “la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley 24.241, sus modificatorias y complementarias, establecida en el artículo 55 de la Ley 27.541”.

“Durante este período, el Poder Ejecutivo Nacional determinará el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la Ley 24.241 con el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y a las beneficiarias de menores ingresos”, agrega a continuación.

Asimismo, se prorroga también hasta fin de año “la labor de la comisión mencionada en el tercer párrafo del artículo 55 y en el artículo 56 de la Ley 27.541”.

Dicha comisión, que preside el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) cuenta con mayoría del oficialismo y esta semana resolvió convocar a especialistas y requerir informes a organismos públicos para avanzar en la nueva fórmula y revisar los regímenes especiales.

Los representantes de Juntos por el Cambio, en tanto, rechazaron que el Poder Ejecutivo siga otorgando aumentos de manera discrecional y advirtieron que con la fórmula suspendida, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, los jubilados hubieran recibido un incremento mayor.

La comisión está integrada por los diputados Marcelo Casaretto (presidente), Carlos Heller, Hilda Aguirre, Luciano Laspina, Alejandro Cacace y Luis Pastori; y los senadores Belén Tapia, Carlos Caserio, Daniel Lovera y Esteban Bullrich.

En nombre del Poder Ejecutivo, figuran el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; los secretarios de Políticas Tributarias, Roberto Arias, y de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Miguel Baelo.

La comisión mixta que debe elaborar una nueva fórmula previsional se reunió este lunes y acordó requerir  informes a organismos públicos y convocar a especialistas, luego de haber prorrogado la semana pasada el plazo original para proponer el nuevo cálculo de las jubilaciones.

En la reunión, realizada de manera virtual, se aprobó por unanimidad el reglamento de la comisión y una metodología de trabajo para que, previo a cada encuentro, los temas sean abordados por los asesores técnicos de los integrantes.

Participaron los diputados Marcelo Casaretto (presidente), Carlos Heller, Hilda Aguirre, Luciano Laspina, Alejandro Cacace y Luis Pastori; los senadores Belén Tapia, Carlos Caserio, Daniel Lovera y Esteban Bullrich; los secretarios de Políticas Tributarias, Roberto Arias, y de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Miguel Baelo.

En la reunión pasada, el oficialismo impuso su mayoría y, por ocho votos contra cuatro de Juntos por el Cambio, se aprobó un dictamen para solicitar la prórroga, hasta el 31 de diciembre, del plazo para elaborar la nueva fórmula previsional.

La decisión se tomó “en atención a la situación de crisis que diera lugar a la sanción de la Ley 27.541, que se ha visto agravada por la pandemia del Covid-19,  y en tanto ello torna imposible contar con elementos, índices o indicadores técnicos adecuados para llevar adelante el cometido”.

Juntos por el Cambio insistió en rechazar esta medida. “Debe recobrar vigencia la ley de movilidad hasta tanto se sancione una nueva, pero no es esta la voluntad del oficialismo, que ha solicitado el PEN y al Congreso que se continúe con la suspensión de la movilidad por seis meses más”, advirtió Cacace.

“En los próximos días seguramente veremos el envío de un proyecto de ley al Congreso para prorrogar la emergencia por 180 días o el dictado del DNU en el mismo sentido, todo esto antes del 20 de junio que es la fecha en que expira el plazo de trabajo para la comisión”, agregó el radical.

A pesar de las críticas, el oficialismo avaló este lunes el acta de la última reunión y convalidó así el dictamen.

Por otra parte, se incorporó a la comisión la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y se acordó requerir informes al organismo sobre la situación de los distintos regímenes especiales, para poder evaluar su sustentabilidad financiera.

Asimismo, Cacace y Laspina propusieron convocar a representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), CIPPEC, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Bulit Goñi expresó el apoyo del Poder Ejecutivo y finalmente se acordó elaborar un listado de invitados propuestos por oficialismo y oposición, para comenzar con la ronda de exposiciones.

Por Carolina Ramos

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó este lunes a legisladores del oficialismo y la oposición la intención del Poder Ejecutivo de prorrogar la facultad que hoy tiene por ley para otorgar los próximos aumentos jubilatorios por la vía de decretos, hasta tanto se acuerde una nueva fórmula previsional.

La cuestión se discutió durante la reunión constitutiva de la comisión mixta que debe proponer al Congreso una fórmula jubilatoria que reemplace a la anterior, que fue suspendida en marzo con la Ley de Emergencia Pública por un lapso que vence a fines de junio.

En el encuentro, que fue de carácter virtual, Moroni informó sobre el plan para prorrogar la vigencia de los artículos 55 y 56 de la norma, que le cedieron al Ejecutivo la facultad de decretar los aumentos trimestralmente hasta que se sancione una nueva fórmula.

De esta manera, en los próximos días, el Gobierno evaluará la vía legal -ya sea a través de un proyecto de ley o de un DNU- para extender la vigencia de esa medida.

El primer aumento por decreto se  otorgó en el mes de marzo -fue del 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos- y habrá un nuevo incremento en junio, que será del 6,12% para todos los jubilados, según informó Moroni, también este lunes, en una conferencia de prensa junto a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.

Los jubilados vuelven a perder porque el Gobierno usa la discrecionalidad de un decreto para aumentar sus haberes.

El anuncio del 6% contrasta con el 10,89% que daba la ley votada por el Congreso hace dos años y medio.
Pedimos que vuelva a regir la ley. #Jubilaciones pic.twitter.com/ykVwUV8FsG

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 18, 2020

Si bien Juntos por el Cambio se opuso a que los aumentos se sigan dictando por decreto, los representantes del oficialismo plantearon en la reunión las dificultades para elaborar una nueva fórmula en un contexto donde todas las variables económicas sufrieron un desajuste como producto de la pandemia del Covid-19.

Además de Moroni, participaron del encuentro los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y de Política Tributaria, Roberto Arias.

En representación de la Cámara de Diputados, tomaron parte los diputados Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro) por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Alejandro Cacace (UCR) por la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Se sumó el titular de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, Luis Pastori (UCR).

Por el Senado, integraron la comisión los presidentes de las comisiones de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos), y de Trabajo y Previsión, Daniel Lovera (Frente de Todos); y los vicepresidentes Esteban Bullrich (Pro) y María Belén Tapia (UCR).

Por la vieja fórmula

Al cabo de la reunión de comisión, diputados y senadores de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado donde señalaron que, si continuara vigente la fórmula aprobada en 2017 y ahora suspendida, “en junio correspondería un aumento de 10,89% a todas las jubilaciones”, y no del 6,12%.

“La movilidad jubilatoria es un derecho constitucional, establecido en el histórico artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Nuestra ley suprema establece que los derechos constitucionales son reglamentados por ley. Sin embargo, el oficialismo dispuso mediante la Ley de Emergencia 27.541 la suspensión de la fórmula de movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley 24.241 y ordenó que los aumentos a las jubilaciones se realizaran discrecionalmente por decreto del Poder Ejecutivo”, repasaron los legisladores.

En ese sentido, consideraron que “esto va a contramano de la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha establecido que debe haber un índice de movilidad fijado por el Congreso”.

Desde Juntos por el Cambio explicaron que “la fórmula de movilidad que se ha suspendido no ha sido derogada y actualmente no hay ningún otra pauta de movilidad fijada por ley para garantizar el derecho establecido en el artículo 14 bis. Por ello, el vencimiento de los 180 días de suspensión implica que la fórmula de movilidad sancionada en 2017 debe recobrar vigencia al transcurrir ese plazo, y hasta que se sancione una nueva ley de movilidad”.

“Más grave es aún que con el aumento dado por decreto en marzo, todos los jubilados que cobraban por arriba de 16.200 pesos vieron disminuido el aumento que les hubiera correspondido por ley. En junio correspondería un aumento de 10,89% a todas las jubilaciones, pero el Gobierno discrecionalmente y en perjuicio de los jubilados ya ha anunciado un aumento del 6%”, lamentaron.

Por último, concluyeron: “Estamos dispuestos a una discusión que realmente garantice el derecho a la movilidad de los haberes de los jubilados y que sea fijada por el Congreso, por eso hoy concurrimos a la constitución de la comisión especial creada por la ley 27.541, pese a haber sido convocada con cinco meses de retraso y cuando el plazo para la evaluación y confección de una nueva fórmula está por vencerse.  Hasta tanto el Congreso sancione una nueva fórmula, sostenemos que debe regir la fórmula vigente votada en 2017”.

El senador nacional Martín Lousteau (UCR) advirtió este jueves que el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar los regímenes previsionales de jueces y diplomáticos “no es para eliminar privilegios” y propuso que las jubilaciones de estos dos sectores se calculen “como la de cualquier hijo de vecino”.

Lousteau fue el encargado de defender el dictamen alternativo presentado en las últimas horas por Juntos por el Cambio, donde se propone que los jueces y el Servicio Exterior pasen a formar parte del régimen previsional general, “si es que realmente queremos ser solidarios y atacar el problema de sustentabilidad que tiene el sistema”.

Además, el legislador sugirió que a ambas poblaciones se les aplique “la misma movilidad que al resto de los jubilados” hasta que se expida la comisión que debe elaborar una nueva fórmula, ya que la anterior fue suspendida por seis meses.

Otra de las propuestas que formuló Lousteau fue que las personas que ya están jubiladas por estos regímenes especiales realicen una “contribución solidaria mínima” para ayudar a resolver el déficit del sistema, “con el mismo criterio de la Ley de Solidaridad”.

El economista precisó que los beneficiarios de todos los regímenes especiales representan “el 3,5% del total” pero “se llevan el 10% de los recursos y les pagamos tres veces más que al resto de los jubilados”.

Reconoció que “algunos regímenes especiales pueden estar justificados y otros tienen que ver con incentivos”, pero consideró que “en virtud de la enorme diferencia que hay en el tratamiento con respecto a los jubilados de a pie, vale la pena evaluar lo que pasa en nuestro sistema”.

Por eso, Lousteau consideró que el proyecto en debate “no es para eliminar privilegios, sino para esconder la barbaridad que se hizo en Diputados de tratar de preservar” a jueces y diplomáticos de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria.

Calificó la iniciativa como “improvisada” y “apurada”, y criticó entre otras cosas que con esta ley no se pueda convocar a jueces jubilados para cubrir vacantes, además de la falta de una cláusula transitoria que les asegure la jubilación bajo el régimen actual a quienes ya cumplieron los requisitos.

Casi una semana después de que el Gobierno anunciara el aumento que tendrán las jubilaciones, diputados nacionales del Pro presentaron un proyecto que propone que en los recibos de cobro figure cuál sería el monto que correspondería cobrar con la fórmula de movilidad anterior.

La iniciativa es encabezada por la porteña Carmen Polledo y sugiere que en los recibos de las prestaciones se haga constar, “a título informativo”, cuál sería la remuneración a percibir de acuerdo con la fórmula que fue suspendida por la Ley de Emergencia Pública.

“De esta manera cada beneficiario podrá conocer fehacientemente el impacto real sobre sus haberes, quedando zanjadas, de manera definitiva, las especulaciones en torno al tema”, argumentó Polledo.

El pasado viernes, el presidente Alberto Fernández informó sobre la actualización de los haberes previsionales en un 2,3% más un importe fijo de 1.500 pesos sobre el haber devengado en el mes de febrero 2020.

“El Gobierno niega enfáticamente que se trate de un ajuste, pero una consultora calculó que la aplicación del decreto, que reemplaza a la suspendida ley de movilidad jubilatoria impulsada en el año 2017 por el gobierno del presidente Mauricio Macri, significará un ahorro para el Estado de más de 5.000 millones de pesos mensuales”, advirtió Polledo en su proyecto.

Y agregó que “por el estado de confusión generado por la falta de relación entre los números y los discursos, hemos asistido estos últimos días a diversas disputas que involucraron a especialistas, profesionales del sector, consultoras, organizaciones sociales y hasta al mismo presidente de la República, quien denunció que se estaba desinformando y reclamó que no se engañe a los jubilados”.

El proyecto fue acompañado por los diputados Fernando Iglesias, Gisela Scaglia, José Núñez, Virginia Cornejo, Ignacio Torres, Pablo Torello, Alicia Fregonese, Jorge Enriquez, David Schlereth, Waldo Wolff, Alejandro García, Dina Rezinovsky y Victoria Morales Gorleri, todos del Pro, además de Gonzalo del Cerro (UCR).

Por Carolina Ramos

El Frente de Todos busca apurar en Diputados el debate sobre la ley que modifica el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos. Si bien Juntos por el Cambio insiste en rechazar un trámite exprés, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, trabaja para convocar a una sesión el próximo jueves 27, tres días antes del inicio del período ordinario.

En una jornada de llamados y conversaciones cruzadas, Massa le comunicó al jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, su intención de debatir el proyecto en un plenario el miércoles, tras los feriados de Carnaval. El giro a comisiones todavía no fue formalizado, pero fuentes parlamentarias aseguran que serán las de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda.

Ante la posibilidad de que el oficialismo promueva la firma del dictamen y convoque a sesión especial para el día siguiente, la “mesa chica” de Juntos por el Cambio mantuvo una reunión este miércoles y ratificó que no habilitará un tratamiento exprés, por lo que el Frente de Todos dependerá de otros bloques para alcanzar el quórum.

Pero la primera prueba de fuego será el miércoles durante el plenario. En las próximas horas, Negri presentará un pedido formal para citar al plenario a los ministros Marcela Losardo (Justicia), Claudio Moroni (Trabajo); el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y representantes de la Asociación de Magistrados, de la Asociación de Fiscales y de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), el gremio que conduce Julio Piumato.

Además, el interbloque pedirá que en las comisiones se informe cuál es el diagnóstico actual, es decir, un detalle de la cantidad de jueces, fiscales y defensores oficiales que están en condiciones de jubilarse y de quedar alcanzados por la propuesta de ley, que entre otras cosas lleva a 65 años la edad jubilatoria; establece el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años; y aumenta en un 7% los aportes adicionales.

En una postura similar se plantó el jefe de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, autor de un proyecto en tándem con Piumato para incorporar a los trabajadores judiciales al régimen especial de jueces, con el fin de ampliar la base de aportantes, llevando ese aporte al 15% para todas las categorías.

Consultado por parlamentario.com, Ramón no descartó que su interbloque aporte al quórum si se convoca a sesionar el jueves. “Tenemos que hacer un análisis de la viabilidad del sistema. Nuestro bloque quiere saber cómo se ve afectado el derecho de los trabajadores del Poder Judicial, que son el 80% del sistema”, dijo.

Si bien consideró que “esto inhabilita un tratamiento rápido sin escuchar a los involucrados”, deslizó: “En la medida que se escuche nuestra propuesta, lo vamos a evaluar”. La bancada tiene ocho integrantes y desde que asumió la nueva gestión, siempre garantizó presencia en las sesiones.

Hay otro proyecto sobre la mesa, presentado días atrás por el radical Alejandro Cacace, acompañado por una decena de diputados de la UCR y el Pro. Esta iniciativa -que también tiene giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales- es más agresiva que la del Poder Ejecutivo, pues propone terminar con los regímenes de privilegio y que todos sus beneficiarios -incluyendo al presidente, el vice y jueces de la Corte Suprema de Justicia- pasen a integrar el régimen general.

Lo cierto es que al oficialismo no le será fácil avanzar con el proyecto del Ejecutivo sin conceder cambios, y tampoco podrá sesionar el jueves sin la ayuda de la oposición. Si Juntos por el Cambio resuelve no dar quórum, el Frente de Todos -con 118 propios- debería recurrir a los interbloques de Ramón o Eduardo “Bali” Bucca para asegurar el número. Y, por supuesto, tener asistencia perfecta.

En medio del debate sobre las jubilaciones de privilegio, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, presentará en las próximas horas su propio proyecto de ley, en el que propone incorporar a los trabajadores judiciales al régimen especial de jueces, con el fin de “ampliar la base de aportantes en cuatro veces la actual”.

En los fundamentos de la iniciativa, el mendocino Ramón sostiene que “la columna vertebral del Poder Judicial se centra en el personal que lo integra”, ya que “los empleados judiciales conforman más del 80% del personal que reviste funciones en ese poder del Estado”.

“La inclusión de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público al régimen de la Ley 24.018 permitirá el ingreso de una importante cantidad de aportes adicionales al sistema, de modo tal de contribuir al financiamiento de las jubilaciones que se pagan en la actualidad, en virtud del mayor aporte que deberán efectuar los empleados”, interpreta el legislador.

Según Ramón, de acuerdo a cifras oficiales, “en la actualidad, en todo el país, prestan servicio un total aproximado de 30.150 agentes dentro de la Justicia Nacional y Federal”, lo que configura el 80% del sistema, mientras que el 20% restante corresponde a magistrados, secretarios y prosecretarios.

“Nuestra propuesta es incorporar el 80% restante, que representa al universo de empleados, a fin de ampliar la base de aportantes en cuatro veces la actual y así poder sanear el déficit actual y darle sostenibilidad en el tiempo al régimen especial”, explica Ramón.

El proyecto además propone llevar de 60 a 65 años la edad jubilatoria; y elevar el porcentual del aporte del 11% al 15% para todas las categorías, “para darle mayor sustentabilidad al sistema en el tiempo”.

Por Carolina Ramos

El diputado del Pro Pablo Tonelli, quien además integra el Consejo de la Magistratura y presidió durante la gestión de Cambiemos la Comisión de Asuntos Constitucionales, consideró que el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el régimen previsional de jueces es “contradictorio”.

“Hay una contradicción que hay que resolver: o se les mantiene el modo de calcular el haber jubilatorio y la movilidad; o se bajan los aportes y se les pone un tope”, explicó Tonelli en diálogo con parlamentario.com, y sostuvo que de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia “claramente el proyecto sería inconstitucional”, tal como advirtió la Asociación de Magistrados.

-¿Cuál es su opinión sobre el proyecto del Poder Ejecutivo?

-El proyecto que mandó el Ejecutivo es contradictorio, porque por un lado eleva el aporte a una cifra muy alta, como es el 18%, y mantiene la falta de tope para aplicar ese aporte; pero al mismo tiempo reduce el haber jubilatorio a una retribución que es el promedio de los últimos diez años, es decir, igual que en el régimen general; y además le quitan la movilidad en relación con los sueldos del Poder Judicial y aplican la movilidad general de todo el sistema jubilatorio. Lo cual es contradictorio, porque ese aporte tan alto y la falta de tope se corresponden con un régimen jubilatorio especial, pero lo otro es propio del régimen general. Ahí hay una contradicción que hay que resolver: o se les mantiene el modo de calcular el haber jubilatorio y la movilidad; o se bajan los aportes y se les pone un tope. El proyecto en sus fundamentos reconoce que se trata de un régimen jubilatorio especial por las características especiales que tiene la actividad de los judiciales. Sin embargo, a la hora de resolver de manera concreta los detalles del régimen, en estos aspectos lo equipara al régimen general.

-¿Usted también sostiene, como la Asociación de Magistrados, que el proyecto es inconstitucional?

-Si uno se atiene a lo que la Corte ha dicho en algunos casos respecto de la jubilación de los jueces, la Corte ha dicho que el haber jubilatorio integra también esa garantía de intangibilidad en la remuneración que tienen los jueces, y que tiene que ser adecuadamente proporcional con el sueldo que se percibe en actividad. De acuerdo con esa doctrina de la Corte, sí, claramente el proyecto sería inconstitucional.

-¿Estaría dispuesto a votar a favor?

-Yo no lo votaría así como viene, promovería cambios. Sí estoy de acuerdo con aumentar la edad jubilatoria a 65 años, algo que me parece razonable. Pero los demás puntos no los acompañaría.

Los diputados de Juntos por el Cambio no permitirán un debate exprés sobre el proyecto de ley que modifica el régimen jubilatorio de jueces y del servicio exterior. Así lo resolvió la “mesa chica” del interbloque luego de mantener contactos con representantes del sector judicial, que cuestionan la iniciativa oficial.

Los jefes del bloque UCR, Mario Negri; del Pro, Cristian Ritondo; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, encabezaron un encuentro del que participaron también Álvaro González, Silvia Lospennato (Pro), Miguel Bazze (UCR) y Juan Manuel López (CC).

Tras conversar con el camarista Ricardo Recondo -vocero del ala judicial en este tema-, y miembros de la Asociación de Magistrados, el interbloque encendió luces de alerta ante la posibilidad de que el Frente de Todos impulse un tratamiento veloz en la Cámara baja, con votación en el recinto la semana próxima.

La Asociación de Magistrados, que preside Marcelo Gallo Tagle, sostiene que la iniciativa es inconstitucional porque avanza sobre la intangibilidad de la remuneración de los jueces. En un comunicado, la entidad se mostró dispuesta a dar el debate pero pidió participación de los actores involucrados.

En ese marco es que Juntos por el Cambio activó la convocatoria a especialistas en temas previsionales, para elaborar propuestas de modificaciones al proyecto, que ingresó el viernes a última hora. Fuentes del interbloque aseguran que “es difícil que voten en contra” de la iniciativa, pero intentarán forzar cambios.

Lo cierto es que el proyecto todavía no recibió formalmente giro de comisiones, la mayoría de las cuales deberán primero constituirse. Por si fuera poco, la semana que viene será corta por los feriados de Carnaval, con lo cual el tiempo que queda antes de la apertura del período ordinario es escaso.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo eleva gradualmente la edad jubilatoria de jueces hasta llegar a los 65 años en 2025; establece el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años -y no sobre el último haber-; y aumenta en un 7% los aportes adicionales, pasando del 11% al 18%.