La diputada nacional María Eugenia Vidal impulsa el Régimen Previsional Argentino (REPA), un ambicioso proyecto de ley que busca unificar los sistemas jubilatorios del país, garantizar equidad y sostenibilidad financiera, y adaptarse al envejecimiento poblacional y las transformaciones del mercado laboral.

La iniciativa, presentada junto a las diputadas del Pro María Sotolano, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas y Karina Bachey, propone un sistema de reparto solidario que cubra las contingencias de vejez, invalidez y muerte, con reglas claras para trabajadores dependientes, autónomos y cotizantes voluntarios.

Argentina enfrenta un desafío estructural en su sistema previsional, caracterizado por una fragmentación institucional que genera inequidades, ineficiencias y problemas de sostenibilidad. Según los fundamentos del proyecto, el país cuenta con más de 200 regímenes previsionales diferentes entre los ámbitos nacional, provincial y municipal, lo que resulta en disparidades significativas.

Mientras el 60% de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se jubilan bajo reglas generales y absorben el 45% del gasto previsional, el 40% restante, acogido a regímenes especiales, representa el 55% del gasto total. Esta asimetría, sumada al envejecimiento poblacional y la informalidad laboral, pone en riesgo la viabilidad del sistema.

El proyecto de ley presentado por la diputada María Eugenia Vidal busca abordar estas problemáticas mediante la creación del Régimen Previsional Argentino (REPA), un sistema de reparto de alcance nacional y carácter solidario que unifique criterios para trabajadores dependientes, autónomos y cotizantes voluntarios.

La iniciativa responde a las transformaciones demográficas y económicas globales, como la disminución de la tasa de fecundidad (de 3,2 nacidos vivos por mujer en 1950 a 1,5 en 2022) y el aumento de la esperanza de vida (de 61,3 años en 1950 a 75,8 en 2022), que incrementan la presión sobre los sistemas previsionales.

Principales características del REPA

El proyecto establece un sistema de reparto basado en aportes y contribuciones, con reglas claras para su financiamiento y la asignación de prestaciones. A continuación, se detallan sus puntos clave:

1. Ámbito de Aplicación

El REPA abarca a todas las personas mayores de 18 años, ya sean trabajadores en relación de dependencia, autónomos o cotizantes voluntarios. Incluye a empleados públicos (excepto personal militar y de seguridad), trabajadores del sector privado y autónomos que ejerzan actividades como la dirección de empresas, profesiones universitarias o actividades lucrativas. Los empleadores y trabajadores deben realizar aportes obligatorios del 11% y 16% respectivamente, sobre las remuneraciones o rentas, depositados en el Sistema Único de Seguridad Social (SUSS).

Los profesionales extranjeros contratados por un máximo de cuatro años pueden quedar exentos si están amparados por sistemas previsionales de sus países de origen, aunque pueden optar por cotizar voluntariamente. Además, el proyecto permite la adhesión de provincias y municipios al REPA mediante convenios con el Poder Ejecutivo Nacional, buscando integrar regímenes previsionales fragmentados.

2. Prestaciones

El REPA establece dos tipos de prestaciones principales.

✔️ Prestación Básica: dirigida a cubrir la contingencia de vejez o invalidez, requiere, para vejez, ser residente permanente (10 años para extranjeros), tener 65 años (hombres) o 60 años (mujeres), no percibir otros beneficios ni ingresos por actividades laborales.

✔️ Para invalidez: acreditar una incapacidad del 66% o más, ser menor de la edad mínima de jubilación y cesar en actividades laborales.

Su monto inicial equivale al Haber Mínimo Garantizado de la Ley 24.241.

✔️ Prestación Proporcional: vinculada a los aportes realizados, se calcula actualizando los aportes con un índice mixto (Índice del Nivel General de las Remuneraciones hasta 1995 y RIPTE posteriormente) y dividiendo el resultado por un factor actuarial basado en la esperanza de vida. Para invalidez, se incluyen aportes proyectados hasta la edad mínima de jubilación.

3. Incentivos y flexibilidad

El proyecto introduce mecanismos para incentivar aportes y prolongar la vida laboral.

✔️ Jubilación Postergada: quienes se jubilen después de la edad mínima recibirán un complemento del 3,5% por cada año cotizado adicional, integrable a la Prestación Proporcional o como pago único si se posterga cinco años o más.

✔️ Períodos Especiales de Cotización: se reconocen años de aportes por hijos nacidos vivos (1 año por hijo), adopciones (2 años por menor adoptado) y períodos de excedencia o desempleo, con bases de cálculo ajustadas al salario mínimo o la última remuneración.

4. Invalidez y Pensiones

La determinación de la invalidez se realiza mediante comisiones médicas integradas por cinco profesionales designados por concurso, con dictámenes revisables cada tres años.

Las pensiones por fallecimiento se otorgan a viudos, convivientes e hijos, con duraciones variables según la edad (vitalicia para mayores de 60/65 años, temporal para menores). El monto se calcula como un porcentaje de la Prestación de Referencia del causante, con un máximo del 100% distribuido entre los beneficiarios.

5. Movilidad y límites

Los haberes se ajustan por inflación (IPCN) cuando esta acumula un 5% y anualmente en marzo, combinando la variación del IPCN con el 50% del aumento del RIPTE. El haber mínimo equivale a la Prestación Básica, y el máximo es tres veces el RIPTE.

Las deducciones por deudas no pueden superar el 20% del haber mensual, y los créditos otorgados a beneficiarios tienen un costo financiero limitado al 5% por encima de la tasa del Banco Nación.

6. Integración de regímenes provinciales

El proyecto encomienda al Poder Ejecutivo negociar convenios para integrar los regímenes provinciales al REPA, con reglas de transición según la edad de los afiliados al momento de la integración. Esto busca reducir las disparidades entre sistemas nacionales y provinciales, donde los segundos suelen tener tasas de sustitución más altas (hasta 82%) y edades de jubilación más bajas, generando déficits significativos.

Fundamentos y contexto

El proyecto responde a la necesidad de adaptar el sistema previsional a las tendencias demográficas y económicas. La reducción de la tasa de fecundidad y el aumento de la esperanza de vida han elevado la relación de adultos mayores por cada 100 personas en edad activa (de 7,5 en 1950 a 20,8 en 2020, proyectada a 64,6 en 2080).

Además, el “bono demográfico” argentino se agotará hacia fines de la década de 2030, lo que incrementará la presión sobre la población activa para sostener a los jubilados.

El sistema actual, con un déficit equivalente al 2,5% del PBI en 2023 (incluyendo moratorias), enfrenta problemas de equidad: los regímenes especiales y provinciales otorgan beneficios más generosos, financiados con transferencias tributarias regresivas que afectan otras prioridades, como la inversión en educación o infraestructura.

En provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, los subsidios a regímenes previsionales representan entre el 3,5% y el 7,8% del gasto provincial, equivaliendo a millones de pesos por beneficiario al año.

Vidal propone un sistema de cuatro pilares: un pilar no contributivo (similar a la PUAM), un pilar contributivo basado en aportes acumulados, y dos pilares voluntarios (colectivo e individual) sin garantía estatal. La movilidad de los haberes debe seguir la inflación y una parte del aumento salarial, mientras que las edades de jubilación se ajustarán gradualmente según las tablas de mortalidad del INDEC, manteniendo estable el período de percepción de beneficios.

Impacto y desafíos

La reforma busca reducir inequidades, mejorar la eficiencia y garantizar la sostenibilidad frente al envejecimiento poblacional. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos.

Consenso Político: Las reformas previsionales suelen generar conflictos sociales y políticos, especialmente en un contexto de fragmentación institucional y alta litigiosidad.

Transición Gradual: El proyecto respeta los derechos adquiridos de los actuales jubilados y propone una transición progresiva para quienes están cerca de la edad de jubilación, pero su implementación requiere acuerdos con provincias y municipios.

Formalización Laboral: Con menos del 50% de la PEA cotizando al sistema previsional, la informalidad laboral sigue siendo un obstáculo para el financiamiento contributivo.

Conclusión

El proyecto de María Eugenia Vidal representa un esfuerzo ambicioso por modernizar y unificar el sistema previsional argentino, alineándolo con las realidades demográficas y económicas del siglo XXI. Al proponer un sistema de reparto solidario, con reglas claras y equitativas, el REPA busca garantizar la sostenibilidad financiera y reducir las disparidades entre regímenes.

Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de construir consensos políticos y sociales, así como de abordar los desafíos estructurales del mercado laboral argentino. La discusión parlamentaria será clave para definir el futuro de la protección social en el país.

4956-D-2025

Todos los votos valen para este miércoles de sesión, y los ojos están puestos sobre todo en aquellos bloques que pueden ser “maleables”. El radical, por caso.

En este caso, quien ya adelantó bien temprano su voto fue una diputada cordobesa cuyo mandato vencerá a fin de año. Presidenta de la Comisión de Previsión Social, y por lo tanto clave en el debate de los temas previsionales, Gabriela Brouwer de Koning anticipó su voto favorable contra el veto al aumento de las jubilaciones, y también dijo que votará a favor de la emergencia en discapacidad.

“Miles de argentinos y argentinas dependen de estas medidas para cubrir lo más básico: lo mínimo para vivir con dignidad.

Desde que se sancionaron las leyes hasta hoy, el Gobierno tuvo muchas oportunidades de actuar, de proponer alternativas, de redistribuir partidas, de tratar el presupuesto nacional o presentar la reforma previsional que siempre anuncia, pero eligió no hacerlo”, se justificó la diputada cordobesa.

Por eso, continuó, “voy a votar como lo hice siempre: con coherencia, con responsabilidad, colaborando con el equilibrio fiscal y poniendo a las personas en primer lugar”.

Voy a votar a favor del aumento de las jubilaciones y de la emergencia en discapacidad.

Miles de argentinos y argentinas dependen de estas medidas para cubrir lo más básico: lo mínimo para vivir con dignidad.
Desde que se sancionaron las leyes hasta hoy, el Gobierno tuvo muchas… pic.twitter.com/04OHiIu3G2

— Gabriela Brouwer de Koning (@GabrielaBrouwer) August 20, 2025

Oficializados los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes sobre aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, la oposición multiplicó sus críticas hacia esa decisión y anticipó que buscarán revertirla desde el Congreso.

Pero, además, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño puso la lupa sobre la forma en que las normas fueron vetadas: todas mediante un mismo decreto.

El legislador señaló que "ahora el Congreso puede insistir sobre esas leyes si logra la aprobación con 2/3 de votos en ambas Cámaras", sin embargo, "el decreto 534/2025 las devuelve al Congreso juntas, pero cada ley tiene vida propia".

"El Presidente puede vetar, pero no puede imponer cómo se vota la insistencia. La Constitución le da al Congreso la última palabra, y puede hacerlo ley por ley. Políticamente, el oficialismo, busca forzar un 'paquete' con todas las leyes juntas para que todo caiga o todo pase. Jurídicamente, el Congreso puede insistir con cada ley por separado, evitando que el veto condicione el proceso legislativo. Un decreto no puede indicarle como votar al Congreso", remarcó.

En este sentido, Agost Carreño explicó que "la Constitución es clara" y "el veto se ejerce por ley, no por 'paquete'”. "Cada proyecto vetado tiene su número y expediente propio. Reglamentos de ambas Cámaras prevén insistencia por separado", insistió.

"Forzar un bloque único de tratamiento es política, no derecho. La decisión final será política del Congreso en uso de sus atribuciones constitucionales. Conclusión: al final los que decidimos somos las ratas", concluyó el cordobés.

VETOS - LEYES

Este Gobierno vetó por decreto 3 leyes votadas por el Congreso:

1️⃣ Aumento a jubilados
2️⃣ Moratoria previsional
3️⃣ Emergencia en discapacidad

Pero ahora el Congreso puede insistir sobre esas leyes si logra la aprobación con 2/3 de votos en ambas Cámaras.

El…

— Oscar Agost Carreño (@oagost) August 4, 2025

También desde su bloque, el diputado Florencio Randazzo expresó: "Desde el Congreso vamos a tener firmeza para defender la ley de aumento a los jubilados frente al veto de Milei. Recomponer sus ingresos no es 'populismo': es sensibilidad y sentido común. Si el plan es siempre perjudicar al más débil, no es un plan. Es crueldad".

"Milei, te lo explicamos una vez más: la crueldad no tiene lugar en esta Patria", enfatizó la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien manifestó que "otra vez el presidente ataca a los que más están sufriendo su modelo de ajuste, entrega y represión. El veto al aumento a las jubilaciones y a la emergencia en discapacidad es una muestra más de su maldad (y van...)".

La bonaerense subrayó que "el Congreso Nacional puede y debe ponerle un freno a la crueldad. Es mentira que no hay plata. El presidente @JMilei y su Ministro @LuisCaputoAR hace 18 meses que aplican un plan económico en donde unos pocos pero poderosos especuladores se llevan con el Carry Trade el esfuerzo del pueblo argentino".

"El Gobierno vetó la ley de Emergencia en Discapacidad. Es absurdo, una vergüenza. Vamos a insistir con los dos tercios en Diputados y en el Senado para que se ponga en marcha. Las personas con discapacidad y sus familias están desesperadas y realmente la necesitan", fue el mensaje del diputado de UP Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad e impulsor de esa norma.

El Gobierno vetó la ley de Emergencia en Discapacidad. Es absurdo, una vergüenza.
Vamos a insistir con los dos tercios en Diputados y en el Senado para que se ponga en marcha. Las personas con discapacidad y sus familias están desesperadas y realmente la necesitan. pic.twitter.com/OdsmEys8kz

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) August 4, 2025

En tanto, el diputado de UP Martín Soria apuntó que "Milei vetó el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad con la excusa del superávit. Lo dije desde el día uno: el ajuste de la 'motosierra' es para pagar la timba de Caputo y Sturzenegger y seguir endeudándonos. El peronismo votará para rechazar este atropello".

"Un veto cruel y profundamente antidemocrático", calificó la massista Sabrina Selva, al cuestionar que "creyendo que su mandato lo habilita a llevarse puesto al Congreso de la Nación, otra vez Milei veta el aumento a los jubilados y también avanza contra la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad".

La legisladora consideró que "Milei no solo es cruel, es cínico" porque "veta el derecho de millones de argentinos a una vida más digna con la excusa de hacer grande a la Argentina cuando están achicando el país al tamaño de un excel".

"No hay equilibrio fiscal posible sin justicia social. No hay república posible si un solo hombre se arroga la facultad de anular el mandato popular del Congreso de la Nación. Y no hay libertad si el único plan es hacer sufrir a los más vulnerables para que los amigos del Presidente se sigan llenando los bolsillos", agregó Selva.

Y cerró: "Desde @Diputados_UxP vamos a insistir con las leyes que aprobamos con amplios consensos y vamos a redoblar esfuerzos para que el 7 de septiembre empecemos a ponerle un límite a tanta crueldad".

Para los ricos todo, para los que menos tienen nada.

Milei acaba de negarle el aumento a los jubilados y anuló la emergencia en discapacidad.

Cínicamente, lo hace el mismo día que recibirá del FMI 2 mil millones de dólares para mantener un modelo que se cae a pedazos. Timba,… pic.twitter.com/Tg9sEfxSuX

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2025

La vicejefa del interbloque UP en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, opinó que "para los ricos todo, para los que menos tienen nada. Milei acaba de negarle el aumento a los jubilados y anuló la emergencia en discapacidad". "Cínicamente, lo hace el mismo día que recibirá del FMI 2 mil millones de dólares para mantener un modelo que se cae a pedazos. Timba, fuga y ajuste. En octubre, hay que frenarlo en las urnas", agregó la mendocina.

Mientras que su par de bloque Daniel Bensusán dijo que "Milei será recordado por la sociedad argentina como el Presidente que desprecia a los argentinos. El veto a leyes que defienden la calidad humana no tiene nada de épica libertaria, es un acto profundamente inhumano, regresivo e inconstitucional".

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno defendió el veto a las leyes de jubilaciones y emergencia en discapacidad, que salió publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Desde Casa Rosada se señaló que el presidente Javier Milei "ha vetado los proyectos que el Congreso de la Nación aprobó recientemente de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal, y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación".

El PEN indicó que "los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional, un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos, y cerca de 17 billones de pesos para el año 2026. Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y de 1,68% del PBI estimado para el año entrante".

En el comunicado se criticó que "determinados sectores han impulsado estos proyectos en pleno ciclo electoral con el evidente objetivo de hacer campaña, disfrazando con causas nobles su notable intención de provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico que tanto nos costó conseguir a los argentinos".

"La misma clase política que, durante su gestión, impulsó medidas que multiplicaron la inflación y la pobreza, pretende hoy revertir la tendencia de reducción inflacionaria y volver a llevar al pueblo argentino a la miseria, de la mano de proyectos como los hoy vetados", se agregó.

Pero, además, en alusión a iniciativas como emergencia pediátrica y financiamiento universitario, solicitados por la oposición para ser tratados este miércoles, la Oficina del Presidente resaltó que "esta semana se tratarán nuevos proyectos en el Congreso, del mismo calibre y con la misma intención: pretender forzar al Gobierno Nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero".

"Esta administración confía en que una parte del arco político comprenda la relevancia histórica de este momento y apoye la decisión de romper con una tendencia de más de 100 años que ha sumido a millones de argentinos en la pobreza", continuó el comunicado.

Y concluyó: "A diferencia de lo que hacen los políticos de la casta, este presidente prefiere decir una verdad incómoda en lugar de repetir mentiras confortables. No hay plata, y la única forma de hacer a Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre".

Los días para conocer los vetos anunciados por el presidente Javier Milei sobre las leyes de jubilaciones y discapacidad se acortan, dado que la fecha límite es hasta el próximo 4 de agosto. Durante las dos semanas que la actividad parlamentaria se frenó por el receso invernal, el Gobierno no dejó de negociar en busca de apoyos que le permitan blindar el rechazo a esas normas, originadas todas en Diputados.

La semana en que las leyes se traten nuevamente en la Cámara baja no será un factor menor: el condicionante de algunos gobernadores sobre legisladores que les responden pesará más luego de que se cierren las alianzas a nivel nacional, el 7 de agosto, y se confirmen los acuerdos entre ciertos mandatarios y La Libertad Avanza. Algunos ya se conocen, como el caso de Mendoza.

Para el oficialismo cada voto será determinante para conformar un tercio de los presentes que le permita sostener los vetos. Con una sesión donde las ausencias y abstenciones jugarán fuerte, LLA se aseguró recientemente exhibir una demostración de fuerza con la incorporación a su interbloque de los radicales “peluca”.

Más allá del apoyo que los integrantes de La Liga del Interior ya habían adoptado desde los vetos del año pasado, en la votación original de las leyes de jubilaciones y discapacidad algunos de sus miembros estuvieron ausentes. Fueron el tucumano Mariano Campero y el misionero Martín Arjol. Su presencia esta próxima vez será determinante para que el oficialismo sume dos votos más a su favor.

En el caso de la norma que dispuso un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y un incremento del bono de 70 a 110 mil pesos, la oposición no logró los dos tercios de los presentes en esa votación. Estuvo a 10.

Entre los ausentes que pertenecen a alguno de los bloques opositores que se articularon detrás de esas leyes, hubo 9. Pero, la garantía de que todos esos lleguen a estar presentes en la votación de los vetos no es total, dado que entre ellos hay quienes cursan problemas de salud. Un ejemplo de esto es el único ausente que tuvo Encuentro Federal, el chubutense Jorge “Loma” Ávila, quien por pedido del gobernador Ignacio “Nacho” Torres -uno de los que rechazó acordar electoralmente con LLA- podría sumar para la oposición, pero no es opción asegurada.

Por su parte, uno de los que faltó por Democracia para Siempre, la bancada de radicales díscolos, fue el chaqueño Juan Carlos Polini, que responde al gobernador Leandro Zdero, quien fue en alianza con los libertarios en las elecciones locales. Tampoco se prevé que sume al poroteo de los impulsores de ratificar la ley.

Del resto de los ausentes a la hora de votar el aumento a las jubilaciones, por el lado de los aliados del oficialismo hubo 19. Dos fueron los mencionados Campero y Cervi, mientras que la propia LLA tuvo otros dos que no estuvieron; sin embargo, entre ellos una es Marcela Pagano, quien en la última sesión pedida por la oposición dio quórum y votó a favor de los emplazamientos por el Garrahan y financiamiento universitario, a contramano de su bloque.

La bancada que más ausentes tuvo en esa oportunidad fue Innovación Federal, compuesta por legisladores que responden a los gobernadores de Misiones, Salta y Río Negro. Sólo dos salteñas bajaron y votaron a favor. Una de ellas, Pamela Calletti, la presidenta del bloque, confirmó en declaraciones radiales que apoyará nuevamente las leyes.

Así como fueron varias las ausencias, también resultaron las abstenciones, entre las que hubo 9 del Pro, tres de ellas correspondientes a diputadas bonaerenses. Una es María Sotolano, que responde a Jorge Macri, pero hoy candidata a legisladora provincial por la tercera sección en la boleta del Frente Libertad Avanza, lo cual hace suponer que podría acompañar esta vez al oficialismo.

Pero los apoyos dentro de ese conjunto de macristas que se abstuvieron hacia el veto del presidente no está asegurado. De las heridas internas en el Pro por el armado electoral bonaerense -y la dura derrota en CABA- se suman las advertencias de María Eugenia Vidal respecto de la situación de los jubilados y el reclamo hacia el Gobierno sobre algún tipo de asistencia a este sector.

El grupo de abstenciones lo completaron un santacruceño y la mayoría del bloque UCR, donde se destacan los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, que responden al gobernador Alfredo Cornejo, socio de LLA para las próximas elecciones. Así, se pronostica que esas abstenciones se conviertan en votos a favor del veto.

Se verá si los tres tucumanos de Independencia, bajo las órdenes de Osvaldo Jaldo, mantienen su posición a favor de las leyes o la cambian. El gobernador tucumano está cada vez más crítico con LLA.

También deberá trabajar el oficialismo sobre el MID, bloque por el cual solo asistió Cecilia Ibáñez, que votó en contra de las leyes. Oscar Zago y Eduardo Falcone se ausentaron. Desde hace semanas reclaman que no se haya tratado su propuesta para terminar con las jubilaciones de privilegio y así financiar un aumento a los haberes previsionales más bajos. Para colmo, Milei criticó en la Sociedad Rural al Congreso por no avanzar en este sentido, pero Falcone reprochó en uno de los últimos plenarios de comisiones que José Luis Espert nunca atendió a su pedido para informar sobre el ahorro fiscal que implicaría poner fin a los regímenes especiales.

Recientemente, Zago consideró que los jubilados “se merecen tener mucho más aumento y solamente están reclamando lo que se perdió”. “¿Le vamos a solucionar la vida con el 7,2%? No, pero es mejor para arriba que para abajo siempre”, agregó y afirmó que “nunca” fue “héroe”, apodo que Milei había puesto el año pasado a quienes apoyaron sus vetos, “pero tampoco soy genocida”, manifestó, al rechazar las declaraciones del presidente sobre quienes no avalen esta vez su decisión.

En el caso del veto a la ley que busca restituir la moratoria previsional, la oposición corre con una desventaja significativa. Durante la sesión en Diputados, resultó incluso una sorpresa que el proyecto motorizado por Unión por la Patria saliera. La votación estuvo lejos de los dos tercios en ambas cámaras y la búsqueda de más voluntades positivas no se vislumbra fácil.

Además de UP, el Frente de Izquierda y un puñado de Encuentro Federal, votaron a favor de la norma el santacruceño Sergio Acevedo, el santafesino Roberto Mirabella, la mendocina Lourdes Arrieta, los tres tucumanos de Independencia, dos salteñas de Innovación y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, quien será mirada con atención. Sucede que la legisladora responde al gobernador Marcelo Orrego, de buena sintonía con Casa Rosada. El bloque Producción y Trabajo también lo integra María de los Ángeles Moreno, quien estuvo ausente esa vez. Pero ambas siempre se movieron como aliadas de LLA.

En cuanto a la ley de emergencia en discapacidad, ésta salió con el voto de los dos tercios de los presentes. Aunque el tablero marcó 148 votos positivos, hubo 150, porque el radical Rodrigo de Loredo y la camporista Paula Penacca manifestaron a viva voz su voto. Las abstenciones fueron solo tres y una de ellas correspondió al entrerriano Francisco Morchio, quien responde al gobernador Rogelio Frigerio, en conversaciones con LLA para el armado electoral. En cuanto a las dos leyes sobre jubilaciones, el legislador las votó en contra. Con lo cual la lupa estará sobre cómo se planta en este caso.

Aprobadas por el Senado el 10 de julio pasado, en el marco de una sesión marcada por la polémica a partir de haber sido autoconvocada por la oposición y rechazada como “ilegal” por el oficialismo, las leyes votadas esa jornada ya tienen número y están listas para ser promulgadas. Cosa que no sucederá, por ahora, dado que el presidente Javier Milei ya anticipó que las vetará.

La primera en ser aprobada ese día fue la que dispuso la actualización de los haberes jubilatorios. Tuvo 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, y prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos con la actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas. Es la Ley 27791.

Ley 27791

La Ley 27792 es la Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años, extendiendo la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. Al igual que en la Cámara baja, la aprobación en el Senado se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: Fueron 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

Ley 27792

En el caso de la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, se sancionó en el Senado por unanimidad (56 votos positivos). Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos. Es la Ley 27793.

Ley 27793

Las leyes de aumento de las jubilaciones, restitución de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad fueron comunicadas formalmente este lunes desde el Senado a Casa Rosada, con lo cual comienza a correr el plazo para que el presidente Javier Milei tome la decisión de vetarlas total o parcialmente, según lo anticipó.

Luego de su sanción definitiva en la sesión de la Cámara alta del pasado 10 de julio, las normas pasaron por un habitual trámite parlamentario en el cual los textos deben ser revisados por ambas cámaras y salir con la firma de sus autoridades.

De esta manera, a partir de este lunes corren los 10 días hábiles que el Poder Ejecutivo tiene para evaluar si observa las leyes sancionadas por el Congreso. Ese plazo vencerá el próximo lunes 4 de agosto, semana en la que se espera que la actividad legislativa se reanude con fuerza tras el receso invernal.

El tiempo para decidir sobre el veto corresponde a que, de acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional, “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”.

No obstante, el artículo 83 establece que, en caso de desechar el Ejecutivo una ley, ambas cámaras pueden insistir en la aprobación de ésta con dos tercios de los votos.

Las fechas de tratamiento de los eventuales vetos coincidirán con fechas clave del calendario electoral: cierre de alianzas y de listas. Sumado a ello, en la Cámara de Diputados hay una agenda pendiente con más temas incómodos para el Gobierno, como proyectos sobre emergencia en pediatría -a raíz del conflicto en el Garrahan- y financiamiento universitario, más el veto sobre la emergencia en Bahía Blanca (ya rechazado por el Senado).

También aguardan con media sanción los proyectos de los gobernadores sobre reparto de fondos, a través de los ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles. De cara a los cierres de alianzas, las órdenes de algunos de ellos serán clave en cómo puedan actuar algunos legisladores. Por lo pronto, en la sesión del Senado no bajaron quienes responden a los mandatarios Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Mientras transcurría la sesión en el Senado del 10 de julio, durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Milei confirmó que vetaría todo lo aprobado por el Congreso y que incluso si no pudiera sostener su decisión con un tercio de legisladores que lo apoyen, judicializará las leyes. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también lo ratificó en más de una oportunidad antes y después de la sanción de las normas.

Uno de los argumentos principales del Gobierno para desestimar las leyes impulsadas por la oposición es el de que tales medidas “rompen el equilibrio fiscal” y, además, no plantean fuente de financiamiento.

En este sentido, alegan el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que reza: “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Fue la normativa que citaron en el veto a la ley de emergencia en Bahía Blanca.

¿Cómo fueron las votaciones?

Bajo el número de Ley 27.791, la norma que prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario de 70 mil a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas, fue aprobada en Diputados por 146 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, cerca de los dos tercios. En el Senado superó ampliamente esa mayoría, al salir con 52 votos a favor y 4 abstenciones.

En el caso de la Ley 27.792, que restituye la moratoria previsional por dos años e introduce una serie de cambios en la PUAM, su aprobación estuvo muy lejos de dos tercios de los votos a favor en cada cámara. En Diputados obtuvo 111 votos positivos, 100 negativos y 15 abstenciones; en tanto, en el Senado cosechó 39 votos positivos, 14 negativos y 1 abstención.

Finalmente, la Ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, salió con dos tercios de los votos en ambas ocasiones. En la Cámara baja reunió 150 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones (dos tercios sobre los presentes), mientras que en el Senado salió por unanimidad con 56 votos positivos. Producto de este amplio respaldo, desde un sector del oficialismo trascendió la posibilidad de que sea vetada de manera parcial. Se verá.

Una vez confirmados los vetos, el trámite comenzará por la cámara de origen, que en todos los casos fue Diputados.

El jefe de bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto, opinó este lunes que "al Gobierno le va a resultar difícil sostener el veto" en las leyes de aumento a las jubilaciones y emergencia en discapacidad.

Más allá de la incidencia de los gobernadores, "que están más condicionados porque están gobernando", dijo, en relación a cómo pueden influir en algunos legisladores, Pichetto consideró que "va a haber insistencia, va a haber dos tercios". "Sería bueno que, en ese caso, el Gobierno lo tome como un elemento de reflexión y análisis", expresó.

En diálogo con radio Splendid, afirmó que "ha sido importante lo que ha hecho la Cámara de Diputados. El Congreso ha tenido una gran responsabilidad en las últimas semanas, abordando temas que el Gobierno no está mirando con atención y con detenimiento y que incluso hasta pueden lesionar su expectativa electoral. Son temas profundamente humanos que deben ser analizados".

Para el legislador, "la propuesta que hizo el Congreso es razonable, como el aumento a los jubilados, que vienen de una pérdida del poder adquisitivo muy significativa y que han sido la víctima principal del ajuste". En este sentido, sostuvo que "habría que buscar otras alternativas de financiamiento" para tratar "de darle una mano a un sector de casi 7 millones de personas que ha perdido fuertemente”.

“El Congreso ha sido razonable y responsable”, destacó. Consultado sobre la emergencia en discapacidad, señaló que "ahí hay una cuestión de sensibilidad humana donde ningún argentino de bien puede estar ajeno. Y también en la emergencia de las inundaciones en Bahía Blanca".

El jefe de Encuentro Federal observó que "hay que lograr un punto de equilibrio entre el orden fiscal tan defendido por algunos sectores de los economistas argentinos y empresarios, y la demanda de humanidad y un planteo de lógica y sentido común que hace falta para atender estos temas".

Además, mencionó otro tema de preocupación como “el deterioro profundo de las rutas nacionales”, sobre las cuales “no hay inversión del Estado nacional” y las provincias reclaman que se les transfieran los recursos del Impuesto a los Combustibles para hacer el mantenimiento, proyecto que deberá tratarse en Diputados.

“Es un tema que preocupa mucho también al plano de las inversiones, porque hay sectores empresarios que miran esto con mucha preocupación y que la verdad para hacer una inversión en la Patagonia, en el sur argentino o en el norte, en el litio o en la minería, es indudable que la logística y los caminos son un tema central”, resaltó.

Finalmente, Pichetto insistió que "el Congreso está trabajando sobre aspectos que el Gobierno no está teniendo en cuenta” y advirtió que “si no accede a avanzar en este tipo de temas, va a tener un costo muy complejo y obliga al Congreso a seguir reclamando".

La diputada nacional Julia Strada (UP) se refirió este viernes a las leyes sobre aumento de jubilaciones y restitución de la moratoria previsional, que el presidente Javier Milei anticipó va a vetar, y opinó que "efectivamente hay un goce en hacer sufrir a la gente".

Sobre la recomposición que prevé una de las normas, la legisladora explicó que "la inflación de diciembre de 2023 no forma parte de la discusión. El 7,2% es una partecita de enero de 2024". "Por eso, es insólito que el presidente quiera vetar algo que ni siquiera discute de verdad el daño que él hizo. Es un parche la ley; y como parche, resuelve una parte de los problemas, no la totalidad", enfatizó.

En declaraciones a Radio 10, la opositora señaló que "la situación de las jubilaciones es dramática" e incluso reveló que en diálogo con aliados del oficialismo "que le votaron todo al Gobierno", algunos le admitieron: "No podríamos volver a apoyar un veto".

"La jubilación mínima tiene el 70% actualizado por inflación y el 30% congelado desde marzo del año pasado", apuntó y consideró que esto "no tiene mucha forma de ser defendido".

Además, Strada precisó que "la moratoria cuesta 0,08% del PBI en un año" y el proyecto de jubilados un "0,32% del PBI este año". "No es una locura imposible de financiar", subrayó.

"En este modelo económico el problema que hay es la inconsistencia. Todos sabíamos que no iban a poder resolver cinco puntos de déficit fiscal sin bajar motosierra por las jubilaciones. De la misma manera que el superávit se les desdibuja si la motosierra se les da vuelta y tienen que aumentar jubilaciones", expresó.

Respecto a un informe del Centro de Economía Política Argentina, el cual dirige, la diputada afirmó que con la fórmula previsional anterior, que contemplaba "50% salarios y 50% recaudación", las jubilaciones "estarían 32% más altas". "Por eso en es momento dijimos 'la cambian justo ahora que empieza a dar bien'", agregó.

Las leyes que establecen el aumento de jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad todavía no salieron del Congreso y, por ende, no comenzó a correr el plazo para que el presidente Javier Milei pueda vetarlas, tal y como prometió.

Las normas sancionadas por el Senado en la compleja sesión realizada el jueves pasado fueron giradas por la vicepresidenta Victoria Villarruel -más enfrentada que nunca con Milei- a la Cámara de Diputados en la noche de este martes.

Según explicaron este miércoles desde el entorno del titular de la Cámara baja, Martín Menem, el proceso parlamentario de revisión puede demorar debido a que debe chequearse rigurosamente que no haya errores en los textos y no se trata solo de uno, sino tres.

De esta manera, las leyes aguardan a la firma de Menem para que el Poder Ejecutivo sea notificado formalmente y, a partir de allí, corran los 10 días hábiles que el presidente tendrá para observar parcial o totalmente las normas y publicarse eventualmente los decretos en el Boletín Oficial.

De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional, “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”. De allí el tiempo con el que cuenta el Gobierno para tomar la decisión de rechazar una ley del Congreso, tras lo cual ambas cámaras pueden insistir con dos tercios de los votos. Trámite éste que se estima ocurrirá en el caso de estas normas durante agosto, juntándose la cuestión con una fecha clave del calendario electoral: el cierre de las candidaturas a nivel nacional para las legislativas.

Asimismo, el Senado envió las medias sanciones de los proyectos impulsados por los gobernadores para el reparto de fondos a través de ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles. Hasta este miércoles todavía no habían sido girados a comisiones.

Mientras transcurría la sesión en el Senado, durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Milei ratificó que vetaría todo lo aprobado por el Congreso y que incluso si no pudiera sostener su decisión con un tercio de legisladores que lo apoyen, judicializará las leyes.

Uno de los argumentos principales del Gobierno para desechar las normas impulsadas por la oposición es el de que tales medidas “rompen el equilibrio fiscal” y, además, no plantean fuente de financiamiento.

En este sentido, alegan el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que reza: “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Fue la normativa que citaron en el veto a la ley de emergencia en Bahía Blanca que el Senado rechazó por unanimidad y ahora también será el turno de la Cámara de Diputados.

Al cruce de este fundamento salió el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, quien aseguró que “en la ley que aprobó el Congreso con amplias mayorías indicamos siete fuentes de financiamiento para afrontar el 0,6% que conlleva la recomposición de las jubilaciones”.

“El nivel de IRRESPONSABILIDAD es SUPERLATIVO. Votan leyes que no tienen fondeo y las explicaciones de cómo las financian NO CUBREN ni el 15% del costo. Así vienen manejando la Argentina los últimos 25 años: gastaron ilimitadamente y solo generaron pobreza”, cuestionó por su parte Menem el día después de la sanción de las leyes.

El jefe del bloque Encuentro Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, advirtió al Gobierno que el camino del veto al tema jubilaciones “es muy negativo desde el punto de vista electoral” y lo instó a rencausar el camino del diálogo y el consenso.

“El bloque siempre tuvo una postura criteriosa, acompañando a los gobernadores y a los sectores más débiles de la sociedad como jubilados, universidades, Garrahan son temas donde entra la cuestión humana y entra la necesidad de convocar al Gobierno en una cuota de sensibilidad para resolverlos”, planteó Pichetto y remarcó: “El camino del veto en el tema jubilatorio es muy negativo incluso desde el punto de vista electoral”.

Para el diputado, se trata de un “aumento razonable y necesario para un sector que ha soportado el impacto del ajuste en el último año y medio de una manera demoledora y también los empleados públicos. Es un tema también que hay que poner en la mesa de debate”.

“El Gobierno cuando algo no le gusta, sobreactúa y no comprende de que estamos frente a un proceso que las provincias han tenido una gran comprensión y acompañamiento, pero hay cosas muy difíciles de resolver como el deterioro de las rutas nacionales, el cobro del impuesto al combustible por parte del Gobierno que no se distribuye en las provincias. Hay cosas que el Gobierno debería entender que, si no está decidido a hacer obra pública, debe pasarle ese dinero a las provincias para que las mantenga”, explayó.

En esa línea, Pichetto sostuvo: “El Gobierno tiene que entender que muchas veces el factor del diálogo político y consensos lo puede llevar a mejores caminos que la confrontación. Más allá del veto al tema jubilaciones, el Gobierno debería encontrarle alguna propuesta y alguna mejora”, y adelantó: “Yo no estoy de acuerdo con el tema moratoria”.

Durante la entrevista en Radio Mitre, fue consultado acerca de una supuesta reunión que habría tenido con la vicepresidenta, la cual negó rotundamente: “Debería saber cuándo se trata de operaciones políticas y de operaciones que hacen para tratar de j*** la vida “.

“Yo tengo un trato correcto con todo el mundo y en la oportunidad que me junté con la vicepresidenta, lo hice públicamente en el ámbito del Senado, en oportunidad de la convocatoria de la Comisión Bicameral de Cuentas. Tengo un trato correcto, pero yo no me he reunido para nada para analizar ninguna circunstancia de carácter político”, aclaró.

También indicó: “Estamos frente a una operación vil que, haciéndole el jueguito a otro periodista que no la ve, porque siempre está tratando de mortificarme ese sujeto. Dijo que un 50% es creíble. Eso es una pavada, una mentira y una operación infame de un portal que ni siquiera me consulta”.

De esa manera, ratificó: “No estuve reunido, no tengo nada que ver, repito, no tengo nada que ver, y creo que es un grave error, si usted me pregunta, el marco de relación que se ha planteado entre el presidente y la vicepresidenta, es el preanuncio de problemas mayores, este vínculo siempre termina de manera compleja, es un grave error el enfrenamiento porque debilita a la Argentina a nivel nacional".

Sin embargo, luego también expresó: “Hay gente que está jugando ya de operador del gobierno y hacen operaciones, y la verdad ni siquiera se vienen a agarrar el teléfono. Hay una construcción ahí, yo no tengo ninguna construcción con la vicepresidenta. Hay riesgos en el plano institucional de profundizar esta confrontación y repercute en la economía “.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó este martes cuándo vetará el presidente de la Nación las leyes de jubilaciones y discapacidad que aprobó el Congreso, y afirmó que “no se le puede pedir a un Gobierno que en un año y medio solucione los agujeros negros de la economía argentina”.

“Es muy fácil decir que vamos a aumentar las pensiones por discapacidad, las jubilaciones, que se emita dinero sin problemas, eso es muy fácil. Pero inmediatamente replica en una inflación desbocada, como pasó en la última parte del Gobierno anterior y en distintos gobiernos de la Argentina”, subrayó.

Francos adelantó que también serán vetados los proyectos de distribución a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles, aprobadas en el Senado, "si llegan a ser convertidas en ley por la Cámara de Diputados”.

“Una vez que el Gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso las va a vetar”, anticipó y sumó: “Al igual que toda iniciativa que afecte el equilibrio fiscal, que es la base sobre la cual se estructura la política económica del Gobierno”, en declaraciones a Radio Splendid.

El funcionario agregó que la sociedad argentina “está haciendo un enorme esfuerzo para salir de una situación caótica, como la que se encontraba el país cuando asumimos en diciembre del ‘23”.

Los índices de pobreza

En esa línea, Francos expresó que “el Gobierno viene llevando adelante una política que da resultados, porque además de la inflación, asumimos el Gobierno con más del 50% de pobreza y hoy la pobreza está en el 31%”.

“Más de 12 millones de personas salieron de la pobreza durante Gobierno”, aseveró y sostuvo que “si esta política seria se continúa en el tiempo y la lidera como lo está haciendo el presidente de la Nación, los resultados están a la vista”.

Tras destacar que esta disminución de la pobreza “no es un tema menor”, la atribuyó además de a la política antiinflacionaria, a “las políticas sociales que implementó el Gobierno, eliminando el gasto de la intermediación parasitaria de quienes utilizaban a los más pobres como elemento para ganar dinero”.

El jefe de Gabinete recalcó: “Hoy las ayudas a los sectores vulnerables llegan directamente a las personas carentes de recursos, como la Asignación Universal por Hijo que se ha incrementado fuertemente”.

Sin embargo, Francos advirtió que sin recursos “no se puede inventar ni se puede solucionar todo de un día para otro. Los gobernadores reclaman por infraestructura, pero el desastre de infraestructura del país no la generó este Gobierno, lleva mucho tiempo y no es lo único que está roto”. “No hay de dónde sacar hoy los fondos, salvo hacer crecer la economía, entonces esto es un proceso, y no la solución, milagrosa, de emitir dinero”.

Finalmente, Francos respondió al constitucionalista Eduardo Barcesat, quien lo calificó como “imbécil” por sus declaraciones sobre un “golpe institucional” del Senado al aprobar las leyes de jubilaciones y discapacidad, y señaló: “Los imbéciles ven a todos de su misma condición”.

La senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro) ratificó la legitimidad de la sesión del Senado y las leyes aprobadas, al tiempo que afirmó que “no se votaron en contra del Gobierno, sino porque hay que dar respuestas”.

En declaraciones a Radio Mitre, la senadora porteña apuntó contra el presidente: “El clima de odio le pudo haber servido para el agite de una elección, pero no te sirve para gobernar. Claramente ayer había senadores que responden a gobernadores que son dialoguistas que han acompañado y son racionales y ayer votaron. Pero no votaron en contra del gobierno, votaron porque hay que dar respuestas”.

“Este proyecto de aumento a las jubilaciones tiene fuente de financiamiento. El impuesto a las naftas que todos los argentinos pagamos y cuyo impuesto tiene que ir destinado a hacer rutas, que no se están haciendo, van a las provincias tampoco es un gasto nuevo. El Gobierno nacional lo está cobrando y nadie sabe a dónde va porque no hay presupuesto y está destinado a hacer obras de infraestructura vial que no se están haciendo para las provincias no es plata que se saca”, explicó.

En esa línea, explayó: “La fuente de financiamiento del aumento a jubilados son el CIO de empresas que no pagan IVA, son plata que recaudan los entes automotores que no existen más, readecuación de los fondos de la SIDE, no es el plan platita, nunca fui kirchnerista y nunca lo voy a ser esto no es contra el gobierno, es dar respuesta porque el sector que más aguanto el equilibrio fiscal es un 55% los jubilados. No es viable eso, creemos en el equilibrio fiscal, pero si hay de donde sacar para ajustarle la módica suma de 21 mil pesos a las jubilaciones y un bono de 40 mil”.

Tagliaferri señaló que “no es real que la sesión fue ilegal. Entiendo la frustración, pero hay un límite en el sistema democrático. Al presidente lo votó la gente genuinamente y democráticamente y tiene el derecho de hacer los vetos que él quiera, al Congreso también los votó la gente y eso es un sistema de democracia”, y remarcó: “Este es el mismo Congreso que acompañó sus vetos el año pasado. Los senadores nos pudimos reunir y estábamos sobrados de quórum y los proyectos fueron aprobados por amplia mayoría. No es ilegítima y la democracia no es democracia cuando me gusta y sino es tiranía, no funciona así”.

“Las leyes que salieron son legítimas, no sé qué va a pasar en Diputados, pero en el Senado siento que tenemos la posibilidad de insistir en la ley”, anticipó. “El presidente tiene todo el derecho constitucional a vetar y tiene todas las herramientas para poder dialogar, no sé lo que va a pasar en Diputados y lo que va a pasar con los gobernadores. Si abrís mecanismos de dialogo y seguro va a haber mecanismos para acompañar, pero no depende de nosotros”, sugirió.

La senadora del Pro sostuvo: “Si tenes 45 senadores en una democracia, ¿una sola persona puede silenciar a todos? 11 de 17 emitimos opinión en la comisión. Un solo senador no puede callar a todos. Además, es válida porque la presidenta del Cuerpo la inició y el proyecto de gobernadores, que lo acompañe, no importaba el dictamen de la comisión y 44 senadores votamos”.

“Entiendo la frustración del Gobierno, pero se subsana dialogando, buscando mecanismos de consenso no diciendo que es un golpe de Estado. La democracia que funciona es sana. Invitamos al gobierno a volver a conversar. Hemos acompañado en más de una oportunidad los proyectos del Gobierno”, cerró.

Sancionadas las leyes sobre jubilaciones y discapacidad en el Senado, y con la ratificación del presidente Javier Milei de que las vetará, la titular del bloque Innovación Federal en Diputados, Pamela Calletti, afirmó que en su caso acompañará sostener esas normas y observó que esta vez "la foto no es tan nítida" respecto del tercio de legisladores que el oficialismo pueda eventualmente reunir para defender los vetos del Gobierno.

"Espero que el Congreso de la Nación sea realmente un organismo de poder que establezca los límites dentro del marco constitucional", expresó este viernes y dijo: "Hoy tenemos una esperanza de que el Gobierno no logre ese número (de un tercio)".

En ese sentido, la salteña señaló que "la situación de jubilados y personas con discapacidad es absolutamente insostenible" y "hay sectores políticos que acompañaron el veto en su momento y hoy resulta imposible no verlo, hacerse el distraído".

Calletti confirmó que ella estará a favor de sostener las leyes y buscará que los pares de su bloque así lo hagan también. Sobre el antecedente de Innovación Federal en el veto de la ley de movilidad jubilatoria el año pasado, cuando se abstuvieron, recordó que en esa ocasión "ya se sabía que el Gobierno tenía los votos". "Bajar a recinto sabiendo que perdes y no lo podes tratar más por ese año el tema, me parece una locura porque no es eficaz", sostuvo.

Por otra parte, respecto de las iniciativas impulsadas por los gobernadores sobre el reparto de ATN e impuesto a los combustibles, que pasaron a la Cámara baja, la jefa del bloque que reúne a diputados que responden a los mandatarios de Salta, Misiones y Río Negro aseguró que "los proyectos de los gobernadores en Diputados van a tener los votos necesarios. Es lo que quiero y además creo que es lo que va a ocurrir. Porque es de una absoluta razonabilidad".

"Hace dos años que este Gobierno asumió, con un gran desequilibrio fiscal y logró el equilibrio a costa, básicamente, del ajuste a la clase media trabajadora, a los jubilados y a los fondos de las provincias", apuntó y cuestionó que "el Gobierno cobró" lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos "y no lo destinó a lo que está previsto legalmente, que es el arreglo de las rutas nacionales".

En declaraciones a radio Futurock, la salteña remarcó que "la plata no es de los gobernadores, los fondos son de las personas que viven en las provincias". "La situación en términos económicos se ha hecho insostenible; y los gobiernos provinciales y la gente aguantaron todo lo que podían aguantar", agregó.

Sobre el anuncio del Gobierno de que judicializará las leyes con costo fiscal, Calletti enfatizó: "El Gobierno cree que vive en una monarquía. El Estado argentino es un sistema republicano, federal y democrático. El presidente tiene que entender que existe un Congreso que tiene competencia y tiene que ejercer. La Justicia interpretara la Constitución y entenderá que el Congreso tiene facultades para determinar políticas públicas".

Mientras la oposición dura en el Senado se anotaba un rotundo triunfo en el recinto con la aprobación por unanimidad del aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria, la emergencia en discapacidad y eludir el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, el presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó que vetará todas las leyes que la Cámara alta aprobó este jueves porque “atentan contra el equilibrio fiscal”.

Así lo anunció durante una charla que brindó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: “Nada de lo que está pasando nos sorprende. Estamos preparados y sabemos que vamos a ser exitosos”.

“Están desesperados porque saben que en octubre la libertad arrasa”, expresó el mandatario y apuntó contra la titular del Senado, Victoria Villarruel quien presidió por momentos la sesión de este jueves: “Por lo tanto, aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente tengan puesto un chaleco de seguridad y no pase nada. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad”.

Al hacer referencia a los aumentos que el Senado convirtió en ley, el presidente señaló que “lo que pasó hoy ya lo sabíamos. Lo más importante es que están desesperados porque saben que en octubre La Libertad arrasa”.

“Todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar. Y si aun se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo vamos a judicializar”, remarcó y añadió que “si, en el peor de los casos, la Justicia tuviera un acto de celeridad y lo decidiera resolver en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar podría sería mínimo, el de una mancha de dos meses que vamos a revertir el 11 de diciembre”.

En ese marco, el Jefe de Estado enfatizó que “la política del superávit fiscal es permanente” y destacó que “no solo logramos estabilizar la economía y salimos en V, sino que se trata de la salida más rápida que se tenga recuerdo de los programas exitosos”.

Al destacar el trabajo de sus ministros volvió a apuntar contra la vicepresidenta a quien tildó de “traidora”: “A esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor Jefe de Gabinete de la historia que es Guillermo Francos”.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros de Economía, Luis Caputo; Defensa, Luis Petri; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; las ministras de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Capital Humano, Sandra Pettovello; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También participaron los presidentes de YPF, Horacio Marín; y de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, entre otros importantes referentes, líderes, empresarios y funcionarios.

El senador nacional Martín Lousteau (UCR) confirmó que este jueves dará quórum y apoyará el reclamo de las leyes que impulsan los gobernadores y también la recomposición para jubilados y la emergencia en discapacidad, temas éstos últimos que ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados.

“Los jubilados y las personas con discapacidad que están atravesando una situación muy difícil, merecen respuesta; después cada uno votará como quiera, pero negar el tratamiento de temas que vienen con media sanción es una barbaridad y es lo que trató de hacer el Gobierno todo el tiempo”, expresó.

En declaraciones a la prensa al ingresar al Senado, el porteño indicó que el costo fiscal del aumento a los jubilados, según la estimación de la Oficina del Presupuesto del Congreso, es de “0.6 del producto y está la fuente del financiamiento en el proyecto" mientras que "en el caso de discapacidad creo que hay soluciones mejores, pero tal como está y con los datos preliminares es de 0.3”.

“Los gobernadores piden un reparto distinto de algunos fondos, la eliminación de fondos fiduciarios para que lo que alimenta esos fondos sea repartido a las provincias y una distribución distinta de ATN y creo que hay que tratarlo”, agregó.

El Senado de la Nación se encamina a una sesión cargada de tensión este jueves a las 14, con una agenda que incluye temas que generan incomodidad en el oficialismo, varios de los cuales -si no todos- tienen destino de veto. La convocatoria no ha sido formalizada, pero si se alcanza el quórum, la sesión se hará y será válida.

La presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, abrirá y presidirá el debate de esta sesión que no convocó.

La confirmación estuvo luego de una reunión informal entre jefes de bloques y Villarruel, que no constituyó una reunión de Labor Parlamentaria. En el encuentro, representantes de Unión por la Patria y miembros de lo que fue Juntos por el Cambio ratificaron su intención de asistir a la sesión para tratar una serie de proyectos que incluyen reformas en jubilaciones, discapacidad, el veto presidencial a la emergencia en Bahía Blanca, iniciativas de gobernadores y temas vinculados a YPF.

El quórum lo garantizarán los 34 senadores del interbloque Unión por la Patria, más los radicales Martín Lousteau y Pablo Daniel Blanco, más la larretista Guadalupe Tagliaferri (Pro).

Desde la Presidencia del Senado no se emitirá una citación oficial, ya que no hubo acuerdo en Labor ni un pedido formal. Sin embargo, el reglamento establece días y horarios de sesión, por lo que si se logra el número necesario de senadores presentes, la sesión será válida.

Durante la reunión que mantuvo la titular del Senado con los jefes de bloques, Villarruel mantuvo un perfil bajo y no intervino activamente en las discusiones. Tampoco hubo intentos del oficialismo por postergar el debate, lo que refuerza la expectativa de que la sesión se concrete.

Habrá discusión por los dictámenes

Uno de los puntos de conflicto será la validez de los dictámenes de comisión. Se anticipa una discusión reglamentaria para determinar si pueden ser tratados en el recinto. Desde el oficialismo sostienen que requieren dos tercios para ser habilitados sobre tablas, mientras que otros sectores argumentan que una interpretación del reglamento puede aprobarse por mayoría simple.

El antecedente más cercano data de 2021, cuando la entonces presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, interpretó el reglamento y levantó una sesión. Desde el entorno de Villarruel, sin embargo, consideran que esa decisión debe recaer en el pleno de la Cámara.

A través de una resolución de la Secretaría Parlamentaria del Senado se desecharon este lunes los dictámenes firmados por la oposición el pasado jueves, en relación a los proyectos con media sanción sobre aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad, que habían sido suscriptos en plenarios de comisiones autoconvocados. Las autoridades de la Cámara alta señalaron que “la documentación presentada” no puede “considerarse dictamen de comisión, debido a que no se cumplió con el procedimiento reglamentario establecido”.

En la resolución se remarcó que “no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos”.

Desde la oposición, la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti expresó que la interpretación del reglamento la define la “última mayoría”, o en su defecto, el pleno de la Cámara alta en el recinto.

Fuentes consultadas por parlamentario.com manifestaron que hay una serie de sucesos que ocurrieron el jueves en el Salón Arturo Illia que serán esgrimidos para reconocer los dictámenes.

En primer lugar, desde el principal interbloque opositor sostienen que la reunión fue lícita porque estuvieron presentes 9 de los 16 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: siete de Unión por la Patria, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliafferi. Iniciada la reunión se sumó el fueguino Pablo Blanco.

La otra explicación que van a esgrimir es que, además del secretario Parlamentario Agustín Giustinian, estuvo presente en el encuentro el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tomó la palabra en reiteradas oportunidades.

Finalmente, el tercer punto que van a desarrollar desde la oposición es que, ante la ausencia de la transmisión oficial, el equipo de asesores en comunicación de Unión por la Patria transmitió en vivo todo el trámite, dejando a disposición de los legisladores la pieza audiovisual.

Las perspectivas de la reunión

De cara a la sesión, la oposición confía en lograr el quórum avalado por los 34 senadores de UP, Blanco, Lousteau y Tagliaferri.

Cuentan, además, que hay una gran adhesión de senadores alineados a gobernadores dispuestos a tratar sobre tablas el proyecto sobre impuesto a los combustibles impulsado por los 24 mandatarios de forma unánime.

La sesión de este jueves se perfila así como un nuevo capítulo de tensión institucional, con un oficialismo en minoría y una oposición decidida a avanzar con temas que podrían marcar el rumbo legislativo del segundo semestre.

A través de una resolución de la Secretaría Parlamentaria del Senado se desecharon este lunes los dictámenes firmados por la oposición el pasado jueves, en relación a los proyectos con media sanción sobre aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad, que habían sido suscriptos en plenarios de comisiones autoconvocados.

Las autoridades de la Cámara alta señalaron que "la documentación presentada" no puede "considerarse dictamen de comisión, debido a que no se cumplió con el procedimiento reglamentario establecido".

En la resolución, que lleva la firma del secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, se remarcó que "no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos".

"A pesar de haber habido una reunión informal entre algunos senadores, ésta no sustituye una reunión de comisión oficial, por no haberse garantizado la debida publicidad del acto legislativo, lo cual afecta directamente la transparencia, la participación y el control ciudadano", se agregó.

De esta manera, la documentación presentada por la oposición fue derivada nuevamente a las comisiones competentes, "que serán las encargadas de encauzar su tratamiento conforme a las normas vigentes", se informó.

"Este pronunciamiento busca resguardar el correcto funcionamiento institucional y asegurar que el tratamiento de leyes se realice con las garantías formales, procedimentales y democráticas que exige el Reglamento del Senado y la Constitución Nacional", se argumentó sobre la medida.

La resolución de la Secretaría Parlamentaria, además, fija una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para este martes 8 de julio a las 14. La misma debe ser convocada por el titular Ezequiel Atauche y aún no fue oficializada.

La postura de la oposición

Al cierre del encuentro en cuestión, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti anticipó un pedido de sesión especial para este jueves 10. Mencionó, también, que la interpretación del reglamento la define la "última mayoría", o en su defecto, el pleno de la Cámara alta en el recinto.

Así las cosas, fuentes consultadas por parlamentario.com, manifestaron que hay una serie de sucesos que ocurrieron el jueves en el Salón Arturo Illia, los cuales serán esgrimidos para reconocer los dictámenes.

En primer lugar, desde el principal interbloque opositor sostienen que la reunión fue lícita porque estuvieron presentes 9 de los 16 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: Siete de Unión por la Patria, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliafferi. Iniciada la reunión se sumó el fueguino Pablo Blanco.

La otra explicación que van a esgrimir es que, además de Giustinian, estuvo presente en el encuentro el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tomó la palabra en reiteradas oportunidades.

Finalmente, el tercer punto que van a desarrollar desde la oposición es que, ante la ausencia de la transmisión oficial, el equipo de asesores en comunicación de Unión por la Patria transmitió en vivo todo el trámite, dejando a disposición de los legisladores la pieza audiovisual.

De cara a una sesión -la cual sería pedida entre estas horas y el martes-, la oposición confía en lograr el quórum avalado por los 34 senadores de UP, Blanco, Lousteau y Tagliaferri.

Cuentan, además, que hay una gran adhesión de senadores alineados a gobernadores dispuestos a tratar sobre tablas el proyecto sobre impuesto a los combustibles impulsado por los 24 mandatarios de forma unánime. Otro tema que se podría colar es el rechazo al veto de la declaración de emergencia en Bahía Blanca.

Estos temas, principalmente la iniciativa de los gobernadores, podrían ser la llave de una sesión que, a priori, se presenta trabada.

Tras un nuevo triunfo de la oposición en la Cámara de Diputados, con la media sanción de los proyectos sobre aumento de jubilaciones y moratoria previsional, el presidente Javier Milei aseguró que vetará cualquier medida que vaya contra el déficit cero.

Así lo expresó a través de su red social X: "Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin".

En reposteos de otras cuentas ligadas al mundo libertario, Milei compartió mensajes contra Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, diputadas del Pro, que se abstuvieron en el caso de la iniciativa que plantea un incremento del 7,2% en todos los haberes previsionales -excepto los regímenes especiales- y un aumento del bono de 70 a 110 mil pesos.

En la previa de la sesión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había manifestado en dos ocasiones que el Gobierno vetaría cualquier ley que tenga un costo fiscal que a su consideración altere las cuentas. Incluso, el equipo económico se reunió con Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y estimó que los proyectos sobre jubilaciones y emergencia en discapacidad significarían un 1,8% del PBI, traducido en 12 mil millones de dólares.

Desde la oposición, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro le contestó al presidente que la iniciativa sobre suba de jubilaciones "prevé fuentes de financiamiento claras, concretas y sostenibles", y enumeró el IVA para directores de empresas, Ganancias para Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), fondos de entes cooperadores, ahorro por intereses del FMI, fondo anticíclico y gastos reservados de la SIDE".

"Ah, y también puede revisar los más de $29.000 millones que gasta su vocero presidencial y ahora legislador electo, Manuel Adorni", agregó.

Por su parte, la vicepresidenta del interbloque Unión por la Patria en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, le reclamó: "No se te vio tan preocupado por el déficit cuando le aumentaste 1500% los gastos turbios de la SIDE".

"Los senadores vamos a apoyar el aumento a los jubilados porque nuestro compromiso es con el pueblo argentino. Fin", respondió el senador de UP Mariano Recalde.

Sr. Presidente:
La media sanción NO pone en riesgo el equilibrio fiscal. Al contrario, prevé fuentes de financiamiento claras, concretas y sostenibles. Le explico punto por punto cómo se financia el 0,6% del PBI para poder recomponer los haberes jubilatorios.

1️⃣ IVA para… https://t.co/7yLAjcxGU6

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) June 5, 2025

Crueldad explícita.

Mientras hace más de 10 horas debatimos en el Congreso buscando consensos, y antes de terminar la sesión, el gobierno anuncia vetos a todo lo que consigamos esta noche.

El aumento a los jubilados no genera déficit. Se basa en una estructura de… https://t.co/HVSkH68M6E

— Mariela Coletta (@marielacoletta) June 5, 2025

Los senadores cobran 9,5 millones por mes. Si no votan la moratoria, la actualización de haberes y el bono (muy modesto), y la emergencia en discapacidad, serán repudiados por millones. Igual que Milei y toda su banda. https://t.co/Fr8TGUpPjg

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 5, 2025

La oposición logró este miércoles la media sanción de la ley que dispone un aumento en las jubilaciones del 7,2% y un incremento del bono a 110 mil pesos, entre otros puntos, por 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones en la votación en general.

Impulsores del proyecto, aportaron a los votos positivos 93 integrantes de Unión por la Patria, 13 de Encuentro Federal, 9 de Democracia para Siempre, 6 de la Coalición Cívica y 5 del Frente de Izquierda.

Además, votaron a favor Sergio Acevedo, de Por Santa Cruz; Lourdes Arrieta, de Transformación; Mario Barletta, de Unidos; Osvaldo Llancafilo, de Movimiento Popular Neuquino; y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.

Uno de los datos más llamativos fue el voto afirmativo de habituales aliados del oficialismo, como los tres tucumanos del bloque Independencia, Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina; las salteñas Pamela Caletti y Yolanda Vega, de Innovación Federal; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo.

En tanto, Héctor Baldassi volvió a desmarcarse de su bloque, el Pro; al igual que los diputados de la UCR Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura y Julio Cobos.

Por su parte, los votos en contra fueron: 36 de La Libertad Avanza, 22 del Pro, 4 de la Liga del Interior Eli, 1 del MID, 1 de CREO, 1 de Futuro y Libertad, 1 de Somos Fueguinos, y el del entrerriano Francisco Morchio, quien responde al gobernador Rogelio Frigerio, y fue el único de su bancada en votar negativo.

Dentro de las abstenciones dejaron su huella los macristas del Pro Martín Ardohain, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina, Silvia Lospennato, Ana Clara Romero, María Sotolano y María Eugenia Vidal.

Sacando cuatro votos a favor y una ausencia, toda la bancada radical se abstuvo. Se trata de Karina Banfi, Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Rodrigo de Loredo, Lisandro Nieri, Roxana Reyes, Martín Tetaz y Pamela Verasay.

También se abstuvo el santacruceño José Luis Garrido.

Por último, los ausentes fueron 28: 6 de Innovación Federal, 5 de Unión por la Patria, 3 de Democracia para Siempre, 3 Pro, 2 Liga del Interior, 2 de La Libertad Avanza, 2 del MID, 1 de Encuentro Federal, 1 UCR, 1 Republicanos Unidos, 1 Producción y Trabajo y 1 Futuro y Libertad.

Este lunes la Cámara de Diputados oficializó la sesión solicitada por la oposición para tratar, una vez más, régimen previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, pero el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el Poder Ejecutivo vetará la ley en caso de que apruebe porque “no están los recursos para afrontar esos nuevos gastos”.

“¿De dónde van a salir los recursos para sostener el incremento? No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen, el Ejecutivo la va a vetar. No es magia, si no están los recursos posibles no se pueden establecer los gastos”, expresó el funcionario.

En declaraciones a Radio Rivadavia el jefe de Gabinete consideró que, antes de hablar de jubilaciones, es necesaria una reforma laboral “para que existan más trabajadores activos, con una relación razonable es de cuatro trabajadores activos por cada jubilado según las pautas internacionales para un sistema previsional”.

Pese a ello aclaró que “una reforma laboral no va a tener impacto inmediato”, porque llegar a cuatro activos por jubilado “no va a suceder de un día para el otro”, y agregó que además será necesaria también “una reforma tributaria”.

Por otro lado, Francos afirmó que esta semana estará listo el proyecto de ley que se enviará al Congreso para permitir que los ahorristas puedan utilizar dólares no declarados para realizar compras de bienes sin que se les solicite a través de la ARCA el origen de esos fondos.

“Muchos de esos dólares son dinero blanco que se ha hecho negro al comprar dólares en el mercado paralelo para mantener el valor de los ahorros”, dijo y explicó que “la gente lo ha hecho siempre por temor al peor de los impuestos que ha tenido la Argentina que es la inflación”.

Este proyecto, añadió, “garantiza que todos aquellos que utilicen sus dólares ahorrados para comprar cualquier cosa no se les va a pedir el origen de estos fondos”, y estimó que el oficialismo va a tener el número suficiente de votos en el Congreso para aprobar esta iniciativa.

“Siempre que hemos intentado aprobar proyectos de trascendencia hemos obtenido los votos y, si no lo logramos, quienes se opongan tendrán que explicarle a la ciudadanía por qué se oponen”, subrayó.

En el plano político, Francos confirmó que de cara a las elecciones bonaerenses “hay una vocación muy fuerte y acuerdos de trabajo conjunto con el Pro”, apuntando no solo a lo electoral sino a “trabajar juntos para transformar la Argentina de una nación populista a una nación con libertad”.

Consultado sobre el conflicto en el Hospital Garrahan sostuvo: “Hay una disputa donde se han montado reclamos legítimos con reclamos que no son tan legítimos. Hay muchos ñoquis, eso es claro”, y aseveró que pese a “un intento gremial de prohibir el control facial, ese control va a ser puesto en funcionamiento".

Mientras el Gobierno nacional mantiene su postura de no afectar las cuentas ni el equilibrio fiscal alcanzado, y cuando transcurre el segundo año sin presupuesto nacional, aumenta en las calles la ola de reclamos por el ajuste en sectores como la salud, educación, discapacidad, ciencia y tecnología, y cultura.

En un dejà vu del año pasado, el próximo martes 4 de junio fue convocada una sesión por la oposición en la Cámara de Diputados para abordar la problemática de los jubilados y las personas con discapacidad. También se tratará la emergencia por inundaciones en localidades bonaerenses afectadas tras el último temporal.

Ese mismo día, hace exactamente un año atrás, la oposición había aprobado la media sanción de la ley que establecía una nueva fórmula de movilidad -tras el cambio por el DNU- y recomponía los haberes previsionales en un 8,1%. Fue la que finalmente el presidente Javier Milei vetó.

En esta oportunidad, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda, que han aceitado su articulación en el último tiempo para construir una mayoría que pone en aprietos al oficialismo, buscarán avanzar en un aumento de las jubilaciones y una respuesta para las personas con edad de jubilarse pero sin los 30 años de aportes necesarios, que quedaron en un "limbo" tras el fin de la última moratoria.

Los desafíos estarán en los consensos que se puedan alcanzar para aprobar un texto, dado que en las comisiones se firmaron 11 dictámenes sobre la cuestión previsional. A pesar de ello, basada en los ejes centrales, la Oficina de Presupuesto del Congreso fue consultada por el costo fiscal que tendrían tales medidas. Pero, de cara a la discusión en el recinto, el Gobierno determinó también sus propios números.

En una reunión que funcionarios del Ministerio de Economía mantuvieron con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, desde el Poder Ejecutivo estimaron que las propuestas de la oposición tendrían un costo fiscal de 1,8% del PBI.

Sobre las iniciativas que prevén una suba del 7,2% en todas las escalas de jubilaciones, un aumento del bono extraordinario -que varía entre pasar de 70 mil pesos a 105 o 115 mil- y su actualización por IPC, el equipo económico calculó un costo de 1,3% del PBI.

En tanto, específicamente sobre la actualización del bono, la OPC había precisado un gasto anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB), en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y de $2.567.477 millones (0,30% del PIB), si se eleva a 115 mil pesos.

En lo que respecta a la restitución del Plan de Pago de Deuda Previsional, la moratoria que se había sancionado durante el gobierno del Frente de Todos y caducó el pasado 23 de marzo, desde el Poder Ejecutivo hablan de un 0,2% del PBI.

El organismo de asistencia técnica del Congreso, por su parte, proyectó un costo del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.

El tercer punto calculado por los funcionarios de la cartera que comanda Luis Caputo concluyeron que la emergencia en discapacidad -que contempla, en el dictamen de mayoría, el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores, la actualización de los nomencladores y el presupuesto sostenido de la ANDIS- representaría un 0,3% del PBI.

Por su parte, la OPC estimó un gasto de entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo del escenario considerado, para ese proyecto.

"Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares. (1.8% PBI)", lanzó Menem este viernes a través de su cuenta de X.

El titular de la Cámara baja acusó a los bloques opositores de que "se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de INTENTAR ROMPER EL EQUILIBRIO FISCAL que tanto nos costó conseguir".

🟥 U$S 12.000 MILLONES DE DOLARES

Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000…

— Martin Menem (@MenemMartin) May 30, 2025

"Temas como la prórroga de moratoria previsional y nuevas fórmulas de cálculo, que repiten sus mágicas soluciones que han colapsado el sistema y fundido al Estado y a los jubilados; o una declaración de emergencia en discapacidad, que lejos de aportar soluciones concretas, parecen más orientadas a mejorar la situación de algunos prestadores que a sus reales destinatarios; sólo pretenden hacernos retroceder en el camino que el Gobierno Nacional ha fijado y que la gente ha revalidado en la últimas elecciones locales que se fueron desarrollando", enfatizó.

Finalmente, el riojano pidió: "No caigamos en la trampa de quienes se empeñan en que el gobierno fracase, con el único objetivo de volver al poder y sostener sus privilegios".

A diferencia de la convocatoria para el pasado 21 de mayo, que no tuvo quórum, en la oposición se esperanzan esta vez con alcanzar los 129 presentes e iniciar los debates. No fue incluida ahora la designación de auditores en la AGN, una de las cuestiones que había hecho fracasar el llamado anterior.

Aunque tampoco sumaron al temario el punto de las autoridades de la Comisión Investigadora por la Criptomoneda $LIBRA, se verá si hay un intento de buscar una resolución en ese sentido. En caso de que sí, esto provocaría fuertes discusiones reglamentarias.

Lo que sí esperan desde los bloques opositores es aprobar un emplazamiento de comisiones para tratar un nuevo proyecto de financiamiento universitario, que incluye recomposición salarial de docentes y no docentes, actualización de los gastos de funcionamiento, financiamiento de carreras estratégicas y becas, entre otros puntos.

Se trata de otro tema que el año pasado también fue ley y, posteriormente, Milei vetó. Es el destino que ya se presagia tendrán estos nuevos proyectos si son aprobados en ambas cámaras del Congreso.

Luego de que la oposición no consiguió el quórum suficiente para abrir la sesión el pasado 21 de mayo en donde tenían la intensión de debatir nuevamente el tema de la moratoria previsional, desde la Fundación Éforo remarcan que el 62% de los beneficiarios de moratorias vigentes debió regularizar más de 20 años de aportes.

Las iniciativas que se iban a tratar en el recinto iban desde actualizar el bono extraordinario de $70.000 a $115.000 hasta redefinir los criterios de acceso al sistema previsional, pasando por recomponer todos los haberes jubilatorios en torno al 7,2%, reformar la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y prorrogar por dos años de la última moratoria.

La última moratoria y su impacto fiscal

Según el informe de la Fundación Éforo los últimos datos de ANSES, de los 7.278.830 beneficios de jubilaciones y pensiones otorgados en 2024, el 59% se debe a la implementación de las moratorias. A finales de 2024, cerca del 60% de los jubilados lo hicieron a través de una moratoria.  

“En 2024, las prestaciones otorgadas a través de las moratorias previsionales sumaron $10,6 billones. Cerca del 44% del gasto previsional corresponde a beneficiarios que accedieron mediante moratorias”, remarcan y agregan: “A pesar del fuerte ajuste implementado en 2024 en el gasto previsional, las erogaciones para los beneficiarios de moratorias representaron el 2% del PBI, cifra que se eleva al 2,5% si se incluyen los bonos otorgados para compensar la pérdida de poder adquisitivo”.

El problema de fondo: la informalidad laboral

Así, alertan que “el 62% de los beneficiarios de moratorias vigentes actualmente debió regularizar más de 20 años de aportes. Sólo al 4% de los beneficiarios por moratoria les faltaba completar menos de 5 años de aportes. Más de 2,2 millones de beneficiarios por moratorias tenían menos de 10 años de aportes al momento de jubilarse y sólo 140 mil tenían más de 25 años”.

La prórroga de la moratoria previsional en números:

La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) realizó una estimación sobre el impacto fiscal y la cantidad de personas potencialmente beneficiarias que implicaría la prórroga por dos años de la última moratoria (Ley 27.705).

“Las potenciales altas por moratoria se estiman en 441.226 en caso de prorrogarse por dos años: 219.644 altas para el primer año y 221.582 para el segundo. La extensión de la moratoria implicaría un costo fiscal de 0,084% del PBI para el primer año y 0,081% para el segundo”, precisan.

En suma, estiman que “de prorrogarse por dos años la última moratoria, el costo fiscal total ascendería a 0,165% del PBI. De mantenerse el bono de $70.000, los créditos vigentes actualmente no resultan suficientes para cubrir durante el 2025, señalando un faltante de $98.551. Dicho faltante llegaría a $1.262.723 millones si se pagara un bono de $105.000 y a $1.599.511 en caso de un bono de $115.000”.

“Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la última moratoria representó un costo fiscal equivalente al 0,42% del PBI”, plantean.

Tras el fracaso con el quórum el pasado miércoles, los bloques de la oposición que impulsan una agenda de temas resistidos por el oficialismo volverán a intentar una convocatoria en el recinto de Diputados para la primera semana de junio.

Caída la reunión que había sido pedida para tratar la cuestión de la Comisión Investigadora por $LIBRA, los proyectos sobre jubilados, la designación de auditores en la AGN y la emergencia por inundaciones, los líderes de las bancadas alineadas en el último tiempo en la Cámara baja conversaron sobre la chance de llamar a una sesión para el próximo 4 de junio.

Previo a que se frustraran los planes para este pasado 21 de mayo, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica habían solicitado para el 29 de mayo a las 11 una sesión para tratar la emergencia en discapacidad. Finalmente, esta cuestión se sumaría al temario que ahora quedó sin poder tratarse y todo pasaría para dos semanas adelante.

A diferencia de la anterior convocatoria, la que se piensa para la primera semana de junio no incluiría un tema que despertó controversias a último momento: la elección del camporista Juan Ignacio Forlón y el legislador de Encuentro Federal Emilio Monzó como auditores por la Cámara de Diputados.

La incorporación de este punto al temario de la sesión fue lo que provocó que el pedido a la misma no sea acompañado por el bloque de los "lilitos", quienes no acompañan la designación de Monzó y apoyan, en cambio, al radical Mario Negri -que contaba con chances el año pasado, pero en esta oportunidad la UCR corre de atrás-.

Durante las expresiones en minoría, el diputado Nicolás Massot -tándem de Monzó- le pidió al titular del Cuerpo, Martín Menem, que convoque a los presidentes de bloques y se encuentre una solución en acuerdo político. Horas antes, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialismo impulsó el inicio de un debate sobre una nueva Ley Orgánica de la AGN, en base a un proyecto de Menem, que fue la reacción primaria desde La Libertad Avanza a la intención que tenía la oposición en la sesión.

Algunos de los impulsores de la agenda que incomoda al Gobierno admitieron que se pasaron de "golosos" en querer sumar cuestiones. "Si podés meter dos o tres goles, ¿para qué queres ganar por goleada?", graficó un diputado que participa de las negociaciones de la nueva coalición opositora.

En caso de haberse concretado, el tema que aparecía como más empantanoso tenía que ver con resolver la designación de las autoridades de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, que quedó empatada en 14 a 14. Se preveía una discusión reglamentaria extensa pero, además, fuertes reclamos porque no había sido incluida al temario por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán.

Desde uno de los bloques que pujan con fuerza para que el tema $LIBRA no caiga, afirman que la cuestión "sigue atemorizado al Gobierno". "Nunca antes visto que no incorporen un tema que se pide al temario", reprochó un diputado opositor, que criticó que en el oficialismo creen que la victoria en las elecciones porteñas le otorgó "un cheque en blanco" para hacer lo que quieran.

Ahora, la oposición tendrá dos semanas más para terminar de fortalecer su propuesta sobre la presidencia que tendrá esa comisión -si logran efectivamente sortear una resolución en el recinto-, dado que el escenario tampoco aparecía allanado para este miércoles que pasó. Aunque en los planes aparecía la massista Sabrina Selva, desde Democracia para Siempre surgió la propuesta de que la presida el formoseño Fernando Carbajal, exjuez.

Por otra parte, en la previa de la sesión que no fue, el tema previsional, sobre el que hay 11 dictámenes, era considerado -sin embargo- como uno de los más "fáciles" a resolver, según confió a parlamentario.com uno de los diputados convocantes.

La oposición tiene posiciones cercanas a acordar un aumento del 7,2% en todas las jubilaciones y un incremento al bono dentro del dictamen de Unión por la Patria. Mientras que, no contando con los votos para extender la moratoria previsional -como quieren UP y la izquierda-, se avanzaría en un consenso sobre una prestación proporcional por años aportados en base al dictamen de Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

A poco de la estruendosa victoria oficialista del domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza derrotó al peronismo y duplicó en votos al Pro, el recinto de la Cámara baja se apresta a abrir sus puertas este miércoles con presagio de tormentas fuertes. Será a partir del mediodía y mientras la oposición más dura intentará abordar el postergado tema de la cuestión previsional, como así también resolver cuestiones pendientes como la integración de la AGN y desenrollar el ovillo en el que se ha convertido la comisión investigadora del caso $LIBRA, el oficialismo espera encontrar una solución más simple: que la sesión se caiga.

Para este último objetivo es que las autoridades del oficialismo buscaron intensamente los últimos días asegurar las ausencias necesarias para que la sesión no tenga quórum, con lo cual -en caso de suceder lo que buscan- podrán ganar tiempo y, sobre todo, evitar que la oposición consiga combinar todas las batallas que pretende emprender en una misma sesión.

La posibilidad de que el oficialismo se salga con la suya es alta, dado que todos los cálculos hablan de un “quórum justo”. Así se llega a este miércoles luego de una fuerte presión de parte del oficialismo para desactivar la reunión, aunque los impulsores de la misma mantienen las esperanzas de poder concretarla.

El temario sufrió este martes diversas alteraciones. Inicialmente los opositores que pidieron la sesión incluyeron los proyectos sobre jubilaciones.

Se trata de once dictámenes, que contemplan despachos vinculados a prorrogar la moratoria vencida el 23 de marzo pasado, idea avalada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda; y, por otra parte, el incremento de las jubilaciones y del bono para los jubilados, donde habría más chances de acercamiento. Sobre el primer eje, varios bloques dialoguistas -incluido una parte del Pro- prefieren crear una prestación proporcional por años aportados.

Otro ítem de ese temario original es la declaración de emergencia y zona de desastre para 16 localidades de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones del último temporal. Ninguno de los textos cuenta con dictamen, por lo cual requerirán dos tercios de los votos para habilitarse.

Posteriormente la oposición amplió el temario incluyendo el tratamiento de la designación de autoridades de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, cuestión por la que se espera una larga discusión reglamentaria; y la elección de auditores de la AGN, luego que Unión por la Patria y Encuentro Federal alcanzaran un acuerdo para proponer nombres para dos de las tres vacantes pendientes desde el año pasado. Se trata de Juan Ignacio Forlán -cuyo mandato venció en 2024- y el expresidente de la Cámara de Diputados y actual legislador Emilio Monzó.

El orden de tratamiento de los temas arrancaría con la comisión especial; seguiría con los jubilados, luego la elección de auditores y finalmente la emergencia por el temporal.

En efecto, la polémica arrancaría desde el vamos, pues oficialmente no se incluyó la cuestión $LIBRA en el temario: ese es el tema en el que las autoridades de la Cámara se mostrarán más firmes: no quieren saber nada de aceptar debatir este tema.

Desde el oficialismo acusan a la oposición de hacer un “enchastre” con el temario e “intentar dar un golpe político rápido al Gobierno después del triunfo electoral” en la Ciudad. Así las cosas, hablan de una “sesión inviable en términos parlamentarios”.

“Con la comisión ($LIBRA) están fuera de reglamento. Se necesita un dictamen nuevo. No se pueden votar conformaciones de comisiones por mociones”, sostienen desde el seno de la Presidencia de la Cámara respecto de lo que la oposición propondrá, anticipando una gran discusión en el tramo inicial de la sesión de este miércoles. Mientras el oficialismo insistirá en que para tratar ese tema la oposición necesita dos tercios, desde la oposición argumentan que están preparados para rebatir ese argumento.

Una fuente oficialista aseguró que “estamos tratando de que haya cordura”. Probablemente se refiriera a las conversaciones que el presidente de la Cámara mantuvo este martes con diversos sectores en la búsqueda de desactivar la sesión.

La discusión en torno a la Auditoría General de la Nación viene con un aditamento, que es el proyecto presentado por el mismísimo Martín Menem para modificar el sistema de elección de auditores. Ante la certeza de que la oposición trataría de forzar en la primera reunión que haya la elección de al menos dos miembros de la Auditoría, el presidente de la Cámara elaboró prestamente su proyecto y convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratarlo este miércoles a las 9.30.

Molesto por la jugada, un diputado opositor expresó: “Es lo que hace el oficialismo, lo acorralás con un tema y aparecen estas cosas raras. Es un proyecto que no soluciona nada”.

Quórum en veremos

Como dijimos, el oficialismo apuesta un pleno a que la sesión se caiga, y por cierto que los números están muy ajustados. Se sabe que Unión por la Patria va a contar con 93 de sus 98 miembros.

Encuentro Federal no estará en su totalidad. La lupa sobre los posibles ausentes está en los cordobeses. Recordemos que Córdoba cerró acuerdo con Nación en la Corte por las cajas previsionales. Sin embargo, la diputada Alejandra Torres tiene un dictamen sobre la cuestión previsional, así que se verá si se sienta o no en su banca temprano.

Otro de los bloques “duros”, Democracia para Siempre, tiene un ausente, y se duda sobre la presencia de Melina Giorgi (muy cercana a su gobernador Maximiliano Pullaro) y Marcela Antola (referenciada en Rogelio Frigerio).

Las ausencias podrían no limitarse a las presiones oficiales. Vilma Ripoll, del FIT, fue internada la noche del lunes.

Entre los que garantizan presencia plena hay que sumar a la Coalición Cívica, aunque no está de acuerdo en el tema AGN: siguen bancando al radical Mario Negri para ese organismo de contralor, no así a Emilio Monzó.

“A los que siempre fueron aliados (del Gobierno) no los estamos contando entre los posibles” para dar quórum, dicen los opositores. Y admiten que la presencia de algunos radicales quizás ahora tambalee por lo de AGN. Aunque no descartan “sorpresas”.

La cuestión previsional

En este contexto, la discusión por los proyectos que tienen que ver con las jubilaciones ahora se ha convertido en “lo más sencillo” de la sesión, tal es el grado de complejidad del resto de los temas.

Según trascendió, el punto de acuerdo estaría en consensuar sobre el tema aumento y bono dentro del dictamen de Unión por la Patria. Mientras que sobre prestación proporcional por años aportados se tomaría como base el dictamen de Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

La cuestión previsional figura en primer lugar del temario previsto para este miércoles intenso y lleno de interrogantes.

Transcurridas las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, se oficializó la convocatoria a una sesión especial solicitada por la oposición, que vuelve a la carga con el tema previsional sobre el cual, por el momento, hay una decena de dictámenes y desde los bloques impulsores conversan para llegar a un consenso.

Este martes, además, se amplió el temario para tratar la designación de autoridades de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, cuestión por la que se espera una larga discusión reglamentaria; y la elección de auditores de la AGN, luego que Unión por la Patria y Encuentro Federal alcanzaran un acuerdo para proponer nombres para dos de las tres vacantes pendientes desde el año pasado. Se trata de Juan Ignacio Forlán -cuyo mandato venció en 2024- y Emilio Monzó.

Exulante por los resultados en CABA, pero incómodo con los temas que presiona la oposición, el oficialismo apostará a que la sesión fracase. A su vez, sobre AGN, el propio presidente del Cuerpo, Martín Menem, presentó un proyecto para cambiar la forma de selección de los auditores y se convocó a debatir la iniciativa este miércoles, a las 9.30, en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Otro ítem del temario es la declaración de emergencia y zona de desastre para 16 localidades de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones del último temporal. Ninguno de los textos cuenta con dictamen, por lo cual requerirán dos tercios de los votos para habilitarse.

En cuanto a los temas previsionales, están contemplados los despachos vinculados a prorrogar la moratoria vencida el 23 de marzo pasado, idea avalada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda; y, por otra parte, el incremento de las jubilaciones y del bono para los jubilados, donde habría más chances de acercamiento. Sobre el primer eje, varios bloques dialoguistas -incluido una parte del Pro- prefieren crear una prestación proporcional por años aportados.

El pedido de sesión fue presentado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca y Graciela Parola, de Unión por la Patria; Nicolás Massot, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal; y Pablo Juliano, Fernando Carbajal, Carla Carrizo y Marcela Coli de Democracia para Siempre.

Como en cada pedido de cita en el recinto, la primera incógnita surge en la construcción numérica del quórum. Teniendo en cuenta a los bloques de la oposición, se da por sentado que Unión por la Patria, aportando asistencia perfecta de sus integrantes, aportaría 98 legisladores sentados en sus bancas.

En tanto, Encuentro Federal y Democracia para Siempre tienen integrantes que responden a gobernadores de relación cordial con el Gobierno nacional. Sin embargo, se espera que ambos espacios sienten a la hora prevista al 75% de sus integrantes.

Resta saber aún qué es lo que hará el Pro tras la confrontación con La Libertad Avanza por las elecciones porteñas. Se descuenta que los 12 legisladores de Patricia Bullrich no darán quórum a esta sesión. Pero hay otros 23 que responden a Mauricio Macri (dos son de Horacio Rodríguez Larreta) y existe la especulación de que, esta vez, no colaboren con los intereses del oficialismo.

Un nuevo plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados tuvo lugar este martes, con la participación de especialistas y jubilados que cada miércoles forman parte de protestas en las puertas del Congreso.

Antes y después de las exposiciones de los invitados, legisladores de distintos bloques coincidieron en acelerar el pedido a la Oficina de Presupuesto sobre el costo fiscal e impacto que tendrían las distintas propuestas.

Las principales medidas que se plantean en la veintena de iniciativas tienen que ver con la extensión de la moratoria previsional -cuyo final originó la apertura de este debate en las comisiones-, la actualización del bono extraordinario y la creación de una prestación proporcional en base a los años aportados.

En el arranque, la presidenta de la Comisión Previsión y Seguridad Social, la radical Gabriela Brouwer de Koning, recordó que la reunión del próximo 13 de mayo será para avanzar en los dictámenes e informó sobre la solicitud, por medio del titular de la Comisión de Presupuesto, el oficialista José Luis Espert, a la OPC "para poder tener algunos números en relación a algunos proyectos".

En tanto, hacia el final de la reunión, ante una consulta del radical Roberto Sánchez, Espert dijo: "En este momento la OPC está evaluando el costo fiscal sobre emergencia en discapacidad. Sobre el tema previsional tendríamos que tener algún acuerdo sobre líneas comunes de todos los espacios para que la Oficina pueda evaluarlos". "La OPC no está en condiciones de evaluar 21 proyectos", planteó.

Recogió el guante el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, quien coincidió en que era "razonable" que la OPC no puede analizar con escaso tiempo una veintena de proyectos, pero consideró que al menos sobre uno de los temas se puede conseguir un "cálculo concreto", a partir de saber "lo que se ahorra el Tesoro Nacional por la caída de la moratoria". Y, al remarcar el consenso que hay entre algunos bloques de la oposición sobre la actualización del bono, pidió que el organismo de asistencia técnica evalúe "cuál sería el costo de aumentar el bono de 70 a 105 mil pesos".

Las exposiciones

El primer orador de la jornada fue Nicolás Machuca, periodista especializado en temas previsionales, quien señaló que la crisis en el sistema jubilatorio "pasó a ser una crisis económica por muchas políticas públicas que han fallado en su momento, que se han otorgado en momentos equivocados y que no tuvieron sostenibilidad".

"Los adultos mayores se han convertido en la Argentina en la clase social más marginada", resaltó y, al referirse a la gran masa de trabajo precarizado e informal que hay en la actualidad, advirtió: "Vamos a tener más personas longevas, pero pocos jóvenes aportantes, y eso con el correr del tiempo va a ser más peligroso que lo que estamos atravesando en este momento".

Respecto al bono extraordinario, Machuca expresó que "un bono congelado hace más de un año lastima al haber" y debería "ser incorporado" al mismo. "Según estudios del CEPA, el bono debería ser de 154 mil pesos y sigue estando en 70 mil", agregó. En su exposición, también opinó que "eliminar hoy las moratorias es un error, son necesarias en este tiempo" y habría que extenderla "al menos 10 años más". "La PUAM tiene que tener también una lavada de cara, tiene que ser compatible a los aspectos laborales", sumó.

Por su parte, Renee Girardi, del Frente de Adultos Mayores en Unidos y Organizados, se quejó de que mientras se buscan los consensos, "la situación de los jubilados sigue siendo pésima; mientras tanto el tiempo corre, los perjuicios aumentan, los palos en la Plaza del Congreso se acentúan. Y todo aumenta mientras dicen que la inflación baja".

"Solicitamos un aumento de emergencia urgente, que nos devuelvan los remedios sin cargo y que la moratoria vuelva a estar vigente", pidió, además de manifestar que "el bono es una vergüenza". Y anticipó: "Mientras esto no ocurra, habrá calle".

Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma, sostuvo que "no es cierto que los trabajadores no hicieron su trabajo durante su vida laboral", sino que no cuentan con los años correspondientes a raíz de "las leyes incompletas, los no aportes o la precarización laboral, que son lo que han impedido las jubilaciones".

Tras denunciar una "intención de privatización del sistema previsional" por parte del Gobierno, se mostró a favor de "la sanción a una ley de moratoria que garantice en el tiempo jubilaciones y pensiones mientras construimos un sistema previsional digno".

A su turno, Carlos Martínez, licenciado en Economía e investigador docente, subrayó que "el no ajuste del bono implica un ajuste sobre la vida de los beneficiarios" y "un ajuste más grave para quienes menos cobran, como los de la PUAM o pensión por invalidez". Apuntó que si el bono se actualizara acorde a la inflación -desde que se congeló en abril de 2024- "estaríamos hablando de unos 115 mil pesos".

"De los 45 mil que se recibiría (por ese aumento), 30 mil sería para pagar medicamentos que antes eran gratis", explicó. Y detalló que esto tendría un costo fiscal de 0,21% del PBI en 2025, que se podría financiar sobre cambios en exenciones impositivas.

Luciano González, abogado especialista en seguridad social, indicó que "en todas las provincias, la cantidad de personas que se han jubilado por moratoria son mayor a un 60%". "Lo fundamental es que se prorrogue, se vuelva a sancionar, se mejore", dijo y planteó que sea por un plazo de diez años o "sin límite temporal, porque tiene que perdurar en el tiempo". Además, opinó que "la PUAM tendría que ser derogada y reemplazada en su totalidad por una ley de moratoria, porque la PUAM no es un derecho".

En la reunión también expusieron Alberto Atilio Meneses, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados; Alicia Aban, abogada previsionalista; y Nora Biaggio, docente jubilada y representante del Movimiento de Jubilados.

Las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, emplazadas por una votación en la sesión del día anterior, arrancaron este miércoles con el debate sobre la continuidad o no de la moratoria previsional -la última venció el 23 de marzo pasado- y la creación de una prestación proporcional para las personas en edad jubilatoria que no tengan 30 años de aportes.

De acuerdo a lo que decidió la oposición en el recinto, las próximas reuniones serán el miércoles 23 de abril a las 14 horas; el martes 29 de abril a las 13 horas; y el martes 6 de mayo a las 13 horas para emitir dictamen. Quienes hablaron durante el encuentro pidieron convocar a especialistas y también funcionarios.

El temario incluye 21 proyectos, de los cuales algunos proponen extender por dos años (hay uno que plantea hasta 10 años) el Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705); otros que hablan de implementar una prestación proporcional por retiro; y otras iniciativas para modificar regímenes especiales de privilegio.

En el comienzo de la reunión, que arrancó sin quórum, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer de Koning, señaló que “el régimen previsional presenta muchísimas dificultades, excepciones, desorden normativo, desigualdades, injusticias, y existe la necesidad de un análisis profundo para dotarlo de mayor equidad, justicia e igualdad”.

“El mundo hoy atraviesa diferentes dificultades, los empleos se transforman, hay un 40% informalidad, el envejecimiento de la población a tasas europeas, y estos factores inciden en este sistema de gran envergadura que tiene el país”, apuntó la radical, quien destacó la consecuencia de esa gran informalidad imperante, que establece que esas personas no aportan al sistema y no lo financian. Así las cosas, tampoco pueden después acceder a una jubilación digna, por no tener los aportes correspondientes. Por eso dijo que debían buscar una alternativa para atender esa situación.

En alusión a proyectos para incrementar el haber previsional, utilizando una variable que es principalmente el bono, Brouwer de Koning dijo que “esta realidad es la que hoy nos interpela” y afirmó el “compromiso” para “generar un debate sincero, responsable, para lograr alternativas y mejores soluciones que sean a largo plazo y puedan ser sostenidas en el tiempo”.

Gabriela Brouwer de Koning (Foto: HCDN)

Desde Unión por la Patria, el diputado Leopoldo Moreau destacó que "por fin este Congreso ha podido desembarcar en uno de los temas que viene preocupando mucho a un sector de nuestra sociedad". Y resaltó que los jubilados fueron "los que en este año y pico han cargado sobre sus hombros con una mayor cuota del ajuste", agravando los "problemas estructurales que viene teniendo el sistema”.

Tras definir la coyuntura del sector como “dramática”, el opositor comparó las políticas del actual programa económico con las de José Alfredo Martínez de Hoz, cuyas políticas tuvieron como “víctimas a los jóvenes”. “En esta etapa, la principal franja víctima de estas políticas son los adultos mayores, jubilados y futuros jubilados” quienes “han perdido sus ingresos en poder adquisitivo” y “además son descalificados como viejos meados”.

Aunque hubo un puñado de diputados de La Libertad Avanza, ninguno de ellos tomó la palabra. Mientras que, de los aliados, solo lo hizo Patricia Vásquez. “No hay ninguna duda que si no tenemos plata no podemos dar nada”, aseveró la legisladora del Pro, quien reprochó que en el pasado “se esfumaron 35 mil millones de dólares del FGS que debían ser destinados para lo que hoy necesitamos; se usaron, se desfinanció”.

“La moratoria se convirtió en un sistema innecesario e inequitativo”, expresó y consideró que se “necesita una reforma estructural” del sistema previsional, ya que “el 10% del PBI de la Argentina se destina a la erogación jubilatoria, cuando solo el 12% de la población argentina está por encima de 65 años; esto equivale al doble de otros países”. “Busquemos soluciones y no con demagogia”, pidió.

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño ponderó el inicio del debate gracias a la “enorme resistencia y lucha que dan los jubilados, con el acompañamiento de varios sectores todos los miércoles, y que enfrentan la brutal represión de este Gobierno”. El bonaerense observó que la moratoria resultó ser “un parche” a “un problema muy importante que es la informalidad” que “a lo largo de los años perjudica cada vez a más trabajadores”.

“Hay una gran cantidad de trabajadores que no cumplen con los 30 años de aportes porque sus empleadores no se los han aportado”, remarcó y dijo que a eso se sumaron políticas de distintos gobiernos que contribuyeron a que no hay empleo registrado.

Por Innovación Federal, el rionegrino Agustín Domingo sostuvo que “el problema evidente en nuestro sistema es que tenemos niveles de informalidad muy altos y muy pocos aportantes para un sistema que cada vez tiene más beneficiarios. No podemos seguir aplicando in eternum el parche que son las moratorias”.

Para el legislador, hay que “respetar a aquellos que hicieron aportes parciales” y “que igual puedan acceder a una jubilación proporcional respecto a los aportes que han realizado en su vida laboral”. También habló de modificar “el cálculo del haber inicial” para que “se haga sobre la totalidad de la vida laboral, no sobre los últimos 10 años”. Asimismo, su proyecto plantea “reconocerles a todas las mujeres un año por cada hijo” y que “a los autónomos y todos aquellos que aportan una suma fija, en la misma ley se establezca cómo se calcula la remuneración presunta”. Otro de los puntos es que la PUAM sea de un 80% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que representaría un 4% de incremento al monto actual.

Tras el pedido de varios diputados de pedir informes a la Oficina de Presupuesto del Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el libertario José Luis Espert, aseguró que antes de pedir la intervención del organismo debería avanzarse en algunos consensos, ya que hay 21 proyectos. “Son demasiados como para decir los ejes, que son muy amplios”, opinó.

Otra de las que habló en la reunión fue la diputada cordobesa Alejandra Torres, quien subrayó que “desde 2017 a la fecha, como consecuencia de la masiva incorporación de personas en la moratoria, los haberes de aquellos que han hecho sus aportes en regla se han visto reducido en un 50%”. Pero, al mismo tiempo, “tenemos la obligación de dar una respuesta integral que en el mundo se está tratando”.

“Hace 30 años que estamos debatiendo la reforma previsional y seguimos poniendo parches”, manifestó la legisladora de Encuentro Federal, que reclamó por dar una discusión con expertos, “sin demagogia, sin oportunismo y con profesionalidad”.

A su turno, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto coincidió en “trabajar el tema con método, profesionalismo y coherencia”. “No es verdad que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está quebrado”, aclaró y abogó por que “ojalá encontremos pronto una solución”. Solicitó convocar a especialistas, pero también funcionarios del Ministerio de Economía y la ANSeS. “Decir que no hay plata cuando no sabemos exactamente cuál es la hoja de ruta del Gobierno (por el Presupuesto) y no permitirnos tener control al Parlamento, hace mucho más difícil la tarea”, señaló.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Itaí Hagman enfatizó que “estamos frente a un tema que es de resolución urgente” porque a los jubilados “se los ha condenado a una suerte de congelamiento a futuro en sus haberes”. El porteño pidió terminar con la teoría de que “el ingreso al sistema previsional de personas que no tienen los 30 años de aporte es a costa de los que aportaron”. “La razón por la cual las jubilaciones vienen deteriorándose desde 2017 no tiene nada que ver con las personas que entraron por moratoria; de hecho, el grueso que ingresó por moratoria es previo”, dijo y, entre una de las razones, adjudicó la pérdida de empleo privado. Finalmente, pidió “no poner a unos como responsables del deterioro de otros”.

En tanto, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot propuso “darnos un debate con una cuota de pragmatismo, además de números” dado que “el oficialismo actual nos invita a un principio de vetocracia en donde las leyes del Congreso siempre necesitan una mayoría agravada”. En ese sentido, observó: “En vez de pensar en un único proyecto, no tengamos miedo, legislamos en ocho proyectos. En alguno de los temas el Gobierno pueda estar de acuerdo. En el mejor de los mundos, tener el acompañamiento del Gobierno y que evitemos un veto; y si no, que el Congreso esté en condiciones de resistir un veto”.

El diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) cuestionó la idea del Gobierno de privatizar Aerolíneas Argentinas: “Está pidiendo autorización para privatizar empresas sin tener la más remota idea de cuál es el plan que van a seguir”, y afirmó que van a insistir desde su bloque con el presupuesto a universidades y el aumento a jubilados del 8%.

“El tema del aumento del presupuesto universitario es un poco más corto y directo. Se está esperando que el presidente, tal como anunció, la vete. Eso no sabemos cuándo va a ocurrir, y tiene que ser esta semana porque se le vence el plazo, pero no sabemos y ahí obviamente la intención es insistir como se hizo con jubilados, aprovechando la ocasión del Presupuesto”, explicó Massot.

El bonaerense manifestó: “Acá se ha dicho con malicia que no había una discusión respecto de los fondos necesarios para financiar el aumento a universidades y el aumento a jubilados sin comprometer el déficit, lo cual es totalmente falso”.

“Desde diciembre, cuando la Ley Bases fue enviada por primera vez, le marcamos al presidente que había una gran inequidad en el planteo fiscal que compartíamos y es la crítica principal que le sigo haciendo. Al presidente le falta un plan distributivo que no tiene para nada que ver con un apartamiento, al menos de nuestro bloque, respecto del compromiso del déficit fiscal o del equilibrio fiscal que es totalmente firme”, planteó en diálogo por Radio Rivadavia.

En esa línea, Massot cuestionó que “la reducción prácticamente a cero del impuesto a los bienes personales, impuesto que yo no voté por una cuestión de principio y por la cuestión de conflicto de interés. Es difícil cuando tenes que encarar un plan de ajuste tan significativo y donde tenés que cuidar particularidades de la sociedad argentina, que se diferenciaron del resto de Latinoamérica siempre en términos de su fisionomía, de clases, generar un daño que no sabemos si se va a poder reparar en el futuro. Esa baja, por ejemplo, podría haber financiado sin problema universidades y jubilados”.

Al respecto, se vio optimista de contar con los votos para rechazar el veto sobre universidades: “Sí yo creo que están los votos. Para jubilados el Gobierno incorporó en la ley de Presupuesto de vuelta al tema porque nos pide que le ratifiquemos el DNU”.

“Nosotros vamos a insistir en una versión, obviamente diferente, en al menos incorporar el 8% retroactivo para jubilados indicando el financiamiento que tiene, en gran medida que ver, con lo que mi ley no hizo que fue discutir el gasto tributario y los regímenes especiales de tantos sectores. Si sumas universidades y jubilados estás hablando de 0.9 del producto el gasto tributario, llega a tres y medio”, adelantó.

Al ser consultado por el tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas, el diputado de Encuentro Federal indicó: “Privatizaciones las que hemos sancionado hace tres meses es que estamos usando una ley del 92’ que no te especifica en ningún momento qué es lo que vos vas a hacer con la empresa en cuestión, de qué manera la vas a privatizar”.

“Quedó claro cuando vino el vicejefe de Gabinete y el secretario de Transporte la semana pasada el Congreso, ellos están pidiendo autorizaciones a trocha y moche para privatizar empresas sin tener la más remota idea de cuál es el plan que van a seguir”, criticó.

“Nos lo dijeron en la cara, no tienen ni idea si es que van a vender las acciones en su totalidad, si quieren sumar socios privados de la empresa. Tampoco están seguros si lo quieren licitar, si lo quieren hacer como una compulsa de precios o si quieren hacer una venta directa”, cuestionó.

Así, sumó: “Lo que nos piden en función de la ley de los 90’ es que demos un cheque en blanco para avanzar con las privatizaciones de la manera en que queramos en cada empresa sin más controles del Congreso y sin ningún tipo de información”, y recordó: “En ocasión de la Ley Bases nosotros hicimos todo lo posible para modificar la ley del 92’. Nos fue muy costoso y lo único que pudimos incorporar fueron algunas instancias de información en una Bicameral que es crucial en este proceso y no está constituida, a pesar de que el Gobierno tiene hace más de 3 meses que tiene 9 privatizaciones autorizadas”.

“Realmente lo que nosotros vemos de parte del Gobierno es que no hay ninguna voluntad de cristalizar y de transparentar estos procesos y no hay ninguna voluntad al final de discutir pragmáticamente empresa por empresa”, apuntó Massot y explicó: “Es un proceso larguísimo y cualquier persona interesado en una compañía lo primero que te va a pedir es que la empresa está en orden y eso se llama gestión. Hay que gestionar, hay que ordenar una empresa que tiene activos que se quieren transaccionar y estamos años luz de que el gobierno lo haga”.

Por último, aseguró no haber visto el discurso que brindó el presidente de la Nación en Parque Lezama: “No vi el discurso, solo algunos recortes en Twitter que es lo que generalmente uno hace. No vi ninguna novedad”, y cerró: “Los que movilizaron todos los micros son gente que no tuvieron fiado en el resto de los partidos políticos y, en muchos casos, es lo peor de la política y eso es lo que movilizó con el presidente que dice que está en contra de la casta, pero los tuvo al lado. Yo creo que hay una serie de contradicciones que se está volviendo insoportable”.

A través de un comunicado, el bloque de diputados de Encuentro Federal manifestó que “desconocer la voluntad de los legisladores es desconocer la esencia de la democracia misma”, y cuestionó al Gobierno que “impulsa medidas que benefician a patrimonios más altos”.

El bloque de diputados de Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, desafía al oficialismo y le anticipó que van a “insistir para que la movilidad jubilatoria sea ley” ante el anuncio del presidente, Javier Milei, de que vetará por completo la norma.

A través de un comunicado, ratificaron su apoyo a la ley que “busca recomponer los ingresos de los jubilados y darles previsibilidad, que fuera aprobada por una amplia mayoría en el Congreso de la Nación y que, a pesar de ello, el presidente Javier Milei anunció que vetará en las últimas horas”.

“Estamos comprometidos con la búsqueda del equilibrio fiscal, por el que hemos militado y trabajado desde que el hoy presidente era un comentarista mediático”, aseguraron, pero sostuvieron: “Creemos que no hay un único camino para alcanzarlo. Por eso, en reiteradas ocasiones puntualizamos sobre la necesidad de que exista proporcionalidad en el sendero de baja del déficit”.

En el texto, el bloque que forma para de la oposición dialoguista criticaron que “a pesar de que ‘no hay plata’, el Gobierno impulse medidas que benefician a los patrimonios más altos, como una importante baja del Impuesto a los Bienes Personales y un blanqueo que premia a quienes no aportaron, al tiempo que define la vuelta del Impuesto a las Ganancias que afecta principalmente a la clase media. O que destina 100 millones de dólares para la SIDE y más de 650 millones de dólares para la compra de aviones F-16. Tan solo el dinero de los fondos reservados para los espías representa 463.772 jubilaciones mínimas”.

“Observamos con preocupación una distorsión en las prioridades de gestión del Gobierno. Es falso que el ajuste lo está pagando la casta. Más de un tercio de ese ajuste recae sobre los jubilados, quienes con la Ley de Movilidad sancionada por el Congreso pueden ver sus ingresos ajustarse mensualmente por inflación para no perder poder adquisitivo”, expresaron.

En esa línea, reiteraron su compromiso con la búsqueda del equilibrio fiscal, por lo que instaron al presidente a que “revise los 32 regímenes especiales que representan unos 4.7 puntos del PBI. Ahí puede encontrar fondos suficientes para compensar lo que perdieron los jubilados por el 20,6% de inflación de enero, tal como prevé la ley que vetó”.

“El Congreso tomó una decisión sobre las jubilaciones con el firme propósito de compensar la inflación y poner fin a la práctica de otorgar bonos discrecionales, una política iniciada por Alberto Fernández”, señalaron y advirtieron: “Las amplias mayorías que respaldaron esta medida enviaron un mensaje inequívoco de legitimidad que el Gobierno no debiera ignorar. Reviste aún más gravedad que el actual régimen previsional pende de la fragilidad de un DNU.

Por último, consideraron que “desconocer la voluntad de los legisladores es desconocer la esencia de la democracia misma, que no solo establece a quien comanda el poder central, sino también a quienes representan a la sociedad en el Parlamento y tienen la responsabilidad de actuar como contrapeso. La verdadera fortaleza del Estado reside en el equilibrio y la cooperación entre los poderes en beneficio de todos los ciudadanos”.

Durante su discurso en el debate sobre el proyecto de jubilaciones, el senador radical Martín Lousteau enfatizó que "para dar por DNU 100 mil millones de pesos para gastos reservados a la SIDE, sin control a la vista de todos -después está la bicameral-, pero sin publicidad, hay plata. Para los jubilados no hay plata. Eso es inmoral. Las prioridades tienen que ser exactamente las contrarias".

"El costo del aumento a los jubilados es igual o inclusive un poco menor que el costo de haber bajado el impuesto a los Bienes Personales, el impuesto que se le cobra a los más ricos", señaló sobre esa medida que se aprobó en el Paquete Fiscal. Y agregó: "No entiendo por qué uno está bien y otro está mal. En mi opinión es exactamente al revés".

También recordó que a pesar de las modificaciones propuestas en el Paquete Fiscal, "el Gobierno no quiso cobrar más por el blanqueo, hace un tasa bajísima para blanquear. "En cambio recomponerle a los jubilados está mal", insistió.

El presidente de la UCR Nacional mencionó una frase del presidente Javier Milei admitiendo que "se le fue un poco la mano con el ajuste". "Es una frase que puede sonar divertida, pero cuando se te va la mano con el ajuste detrás hay gente que no puede vivir. Más de un tercio del ajuste que se hizo, son los jubilados", aseveró.

En ese sentido, defendió el proyecto con media sanción y al manifestar su voto a favor, argumentó: "Lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que un acto de justicia mínima".

El economista apuntó que "hubo cinco cambios de la fórmula (de movilidad) en 15 años, algunos por decreto y otros por ley". "Desde el año 2017, las jubilaciones y pensiones perdieron un 45% del poder adquisitivo", remarcó y expresó que "los bonos no alcanzan para compensar esa pérdida" porque "además son arbitrarios, discrecionales, no generan ningún tipo de certidumbre".

Sobre la iniciativa, el porteño dijo que con el adicional del 8,1% "estamos compensando la última gran pérdida que tuvieron" por la inflación de enero.

Respecto del artículo que propone un incremento en marzo de cada año por 50% de variación salarial, explicó que "es un elemento de mucha equidad" ya que significa que "si a la economía argentina le va bien y los salarios le ganan a la inflación, la mitad de esa diferencia también va para una mejora de los jubilados". Además, si se contempla solamente la fórmula por IPC, sin otra alternativa, si la inflación fuera cero, las jubilaciones no crecerían.

Al reanudarse el debate del proyecto de ley de movilidad jubilatoria en comisiones del Senado, funcionarios del Poder Ejecutivo enfatizaron este miércoles sobre el impacto fiscal que tendría la ley en caso de aprobarse tal cual vino de la Cámara de Diputados. Por eso, la intención del oficialismo será introducirle modificaciones, y evitar así también un veto presidencial, ya anunciado por el presidente Javier Milei en referencia a esta iniciativa. 

La Libertad Avanza y sus aliados del Pro estarían dispuestos a sostener sólo algunos aspectos de la ley, entre ellos la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación -que ya rige por DNU-, pero buscarían un dictamen que quite puntos tales como la garantía del piso del haber mínimo (referenciado en la Canasta Básica Total) y el artículo sobre el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales. 

El radicalismo y bancadas provinciales deberán ahora decidir si acompañarán o no al oficialismo en su propuesta en la Cámara alta. En Diputados, el consenso había sido alcanzado entre los bloques dialoguistas -entre ellos la UCR- y la oposición más dura. La aprobación se alcanzó con dos tercios de los votos, mayoría que de repetirse en el Senado complicaría los planes de veto del Ejecutivo. Si bien lo podría hacer, ambas cámaras podrían tratar nuevamente el proyecto y, si obtiene los mismos números, el Gobierno estaría obligado a directamente promulgarlo, según el artículo 83 de la Constitución Nacional. 

En cambio, si el oficialismo junto a la oposición dialoguista acordaran cambios, el texto volvería a Diputados, donde desde Unión por la Patria ya desconfían en que bloques como la UCR mantengan la versión original. 

La discusión se retomará el martes próximo, con la intención de dictaminar ese mismo día o el miércoles, para llevarlo al recinto una semana después, el jueves 15 de agosto. Esto fue lo que planteó en el arranque la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la macrista Carmen Álvarez Rivero, que propuso que el próximo martes se continúe en una reunión informativa con expositores invitados, para un día después poder dictaminar. “Y el jueves siguiente (15 de agosto) poder tener la sesión y tratar el tema”, agregó. 

Al cruce salió el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, quien recordó que en la última sesión pidieron el tratamiento sobre tablas porque “la prioridad (de los jubilados) es urgente”, y consideró que el cronograma propuesto “es una forma de dilatar el tratamiento”. El formoseño acusó al Gobierno de tener como prioridad, en cambio, al “mentiroso superávit fiscal”. 

El opositor desafió entonces a “si hace falta hacer la sesión el jueves y tratarlo sobre tablas”, porque “con esta dilación nos vamos a octubre”, en referencia a cuándo la clase pasiva podría acceder a la recomposición que se propone. “No sé si están esperando que se muera una cantidad importante de jubilados para llegar al déficit cero”, lanzó e insistió: “Instamos a hacer sesión si es posible mañana mismo”. 

El presidente de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, reveló entonces las intenciones del oficialismo de introducir cambios a la media sanción. Cuando se aprestaba a enumerarlas, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio reclamó que sea después, y que se pasen directamente a las exposiciones de los funcionarios. 

Comenzó así en primer lugar Carlos Guberman, secretario de Hacienda, quien dijo que no iba a entrar en la discusión sobre la necesidad de mejora de los haberes de los jubilados, sino “en el impacto que tiene sobre las cuentas públicas” el proyecto de ley. Recordó que “un objetivo importante del Gobierno es tener equilibrio fiscal este año y hacia adelante” y actualmente “no hay ninguna forma de financiamiento disponible más que la recaudación de impuestos”. 

“El equilibrio fiscal se sustenta en una serie de medidas que tienen una mirada de cuidado sobre los sectores más vulnerables”, aclaró el funcionario, que mencionó el DNU 274/24 a través del cual se modificó la fórmula de movilidad. En comparación con la media sanción de Diputados, afirmó que veía con “agrado” que contemplara el IPC en el cálculo, al igual que el DNU. 

Sobre el adicional del 12,5% que se otorgó en abril, Guberman explicó que fue esa cifra por “dos motivos: primero, tenemos la convicción de que no podemos dejar que se sigan atrasando los haberes jubilatorios; y en segundo lugar, era el máximo esfuerzo que el Poder Ejecutivo estaba en condiciones de afrontar de manera sostenible”. 

Al analizar el incremento adicional del 8,1% que propone el proyecto (para equiparar a la inflación más alta del año, que fue la de enero, con 20,6%), el secretario de Hacienda aseguró que “tiene un impacto bastante significativo” que este año estaría “en torno al 0,3% del PBI y el año que viene más del 0,4% del PBI”. 

Respecto de la garantía de haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total, señaló que “se está fijando un piso mucho más alto del haber mínimo del que está vigente en este momento”. Esto tendría “un impacto para el resto del año de aproximadamente 0,27% del PBI, y el año que viene del 0,77% del PBI. Todo esto se va haciendo acumulativo a lo largo del tiempo”, apuntó.  

Al hablar del artículo 10, sobre el cumplimiento de la ANSeS con deudas a provincias por las cajas previsionales no transferidas y pagos de sentencias, Guberman sostuvo que el cumplimiento de eso haría  que “el Estado no tenga superávit primario” y “tenga que salir a emitir deuda”. 

“No venimos a discutir la equidad y justicia distributiva de las medidas, sino que venimos a hablar con números concretos y exponer cuál es el impacto fiscal de todo esto”, resumió y enfatizó que de aprobarse “todo” el proyecto tal cual está, “las cuentas públicas cerrarían en un déficit sustantivo” que sería “de un punto de gasto adicional del PBI este año y el año que viene de 1,2 más de gasto”.

Carlos Guberman

Al momento de las preguntas, el radical Víctor Zimmermann le señaló que “no habló del aumento adicional anual” por RIPTE, el cual -según la Oficina de Presupuesto del Congreso- “para 2024 no tendría costo fiscal”. “Con la OPC no tenemos diferencias significativas”, respondió Guberman, quien asintió que “efectivamente para este año no tendría efecto, empezaría a aplicar el año que viene” y “no sería un tema tan importante como otros artículos”. Sin embargo, opinó que “no es una medida acertada, desde el punto de vista de la sustentabilidad del sistema, incorporar esta lógica”. 

Con varias críticas, desde Unión por la Patria el senador Mariano Recalde criticó que el Gobierno tenga al “dios equilibrio fiscal por encima de todo” y “a costa de cualquier cosa”. “Dicen que buscan el equilibrio fiscal cuidando a los más vulnerables; la verdad que no está ocurriendo eso”, expresó y afirmó que “el superávit fiscal trucho que exhiben se ha financiado recortando gastos”. “Del ajuste que hizo Milei en el gasto público, el que va en la delantera con el 29% son las jubilaciones y pensiones”, añadió. 

Por su parte, el puntano Fernando Salino cuestionó que “el equilibrio fiscal para ustedes es una obsesión” y pronosticó que “los juicios (previsionales) no los van a pagar nunca”; mientras que su par de UP Silvia Sapag reprochó que respecto a la situación de las cajas no transferidas se alegue la realización de auditorías: “Lo mismo pasó con los comedores populares. ¿Tienen pensado hacer una auditoría sobre sus jefes, que ya se patinaron 44 mil millones de dólares y nos dejaron esa deuda con el Fondo Monetario Internacional?”. 

Luego de la exposición del economista Ismael Bermúdez, habló el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, quien remarcó que “el sistema previsional argentino viene de décadas de crisis” y los jubilados “vienen perdiendo capacidad adquisitiva y derechos” hace años. “El Gobierno nacional se encontró con una situación que no generó”, defendió y señaló que hay “una situación de cierta injusticia respecto del sistema previsional contributivo” donde “la mayor parte de los jubilados que perciben la mínima son aquellos que se han jubilado comprando años de servicio a través de las diversas moratorias”. 

“El Gobierno está dispuesto a cubrir la inflación de enero, creemos que no debería ser con efectos retroactivos a abril, sino agosto”, dijo sobre el proyecto. 

Sobre los juicios previsionales, el titular de la ANSeS detalló que “de 200.000 juicios, 100.000 hay con sentencia firme; una cuestión que no es ni graciosa ni algo que uno desearía. “La litigiosidad no es un proceso cuya curva sea descendente, sino que se viene retroalimentando y la tendencia es ascendente. Tiene que ver con parches por las distintas leyes de movilidad que se han manejado y generan la industria del juicio”, aseveró. 

Y precisó que el costo fiscal de la cancelación de esas sentencias supera “los dos billones de pesos, o el 0,35% del PBI”. Luego afirmó que a los beneficiarios con juicios que llevan más años se les va a pagar primero. 

A la reunión también asistió Alejandro Chiti, extitular de la ANSeS, quien manifestó que “la movilidad no es para que los jubilados recuperen lo que perdieron, sino para mantener el poder adquisitivo. No hay que mezclar esto porque le hacemos daño al sistema previsional”.

Pasado el receso invernal, y luego de haber logrado el oficialismo en la última sesión -con ayuda de la oposición dialoguista- frenar las intenciones de Unión por la Patria de acelerar el tema, un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomará el debate sobre movilidad jubilatoria. La reunión se realizará este miércoles desde las 14, en el Salón Illia, con la participación de funcionarios del Ejecutivo y especialistas. 

Previo a la firma del Pacto de Mayo, alineados con sus gobernadores, los senadores del radicalismo ayudaron a La Libertad Avanza para que la iniciativa con media sanción de la Cámara de Diputados no se trate sobre tablas. Sin embargo, en la última sesión sí se votó -en medio de una larga discusión- que cuando se abra nuevamente el recinto se debata con dictamen de comisión. 

El proyecto que salió aprobado de la Cámara baja en junio pasado, con acuerdo de UP y los bloques dialoguistas, es rechazado por el Gobierno nacional debido al costo fiscal. Un argumento que con el correr de las horas tambalea para el oficialismo, ya que viene de otorgar por DNU unos 100 mil millones de pesos a la nueva SIDE. Otro tema que promete centralidad en la agenda parlamentaria de los próximos días. 

Por esta iniciativa, que contempla una recomposición del 8% de los haberes previsionales y un adicional del 50% por RIPTE una vez por año, el presidente Javier Milei llamó en más de una ocasión “degenerados fiscales” a los legisladores y amenazó con vetar toda ley que atente contra el equilibrio fiscal. 

Pero los dos tercios alcanzados en Diputados pusieron en alerta al oficialismo del Senado -en extrema minoría-, dado que una mayoría similar en la Cámara alta complicaría los planes de veto del Ejecutivo. Si bien lo podría hacer, ambas cámaras podrían tratar nuevamente el proyecto y, de repetirse los números, el Gobierno estaría obligado a directamente promulgarlo, según el artículo 83 de la Constitución Nacional. 

Por lo pronto, el oficialismo consiguió patear los tiempos. Ahora, la intención sería introducir modificaciones al proyecto y que vuelva a Diputados. En el medio, Martín Lousteau (UCR), Edgardo Kueider (Unidad Federal) y Edith Terenzi (Cambio Federal) presentaron sus propias iniciativas. Desde el Poder Ejecutivo también van a plantear su propia versión.

Del lado de UP desconfían en que la oposición dialoguista mantenga el acuerdo de la media sanción y estiman que le harán cambios al proyecto, que luego se avalarán si el texto vuelve a Diputados. 

La media sanción aprobada a comienzos de junio establece una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU 274/24 del Ejecutivo-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE).

A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendría como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total.

La recomposición del 8,1% se definió por consenso, luego de considerar los opositores que el incremento adicional de 12,5% otorgado para abril por el DNU del Gobierno era insuficiente. De esta manera, se alcanzaría a compensar por la inflación más alta del año, que fue la de enero, con 20,6%.

Por otro lado, la iniciativa instruye a la ANSeS a cancelar con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más. 

La Cámara de Diputados giró al Senado el proyecto con media sanción sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, consensuado entre la oposición dialoguista y Unión por la Patria, y aprobado la semana pasada en el recinto por dos tercios de los presentes con 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones.

Aunque en la Cámara alta también se prevé que tendrá un holgado número a favor, y pese a lo que indica el artículo 83 de la Constitución Nacional respecto de las mayorías que pueden insistir con una ley si el Gobierno la observa, el presidente Javier Milei anticipó que vetará la norma en caso que el Congreso la sancione.

La iniciativa establece que los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo al índice de inflación y que "en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario".

Además, estipula un aumento adicional en marzo de cada año del 50% de la variación salarial (RIPTE) por sobre la variación del IPC.

También una recomposición en los haberes del 8,1% para alcanzar a la inflación de enero, la más alta del año, que fue del 20,6%. A través del DNU 274/24, el Gobierno había previsto en abril un incremento de 12,5%.

En el caso de quienes perciban un solo beneficio, la ANSeS deberá garantizar el pago de un suplemento dinerario que tendrá carácter alimentario al efecto de que estos ingresos totales no resulten inferiores al último valor disponible de la Canasta Básica Total, multiplicado por 1,09, indica uno de los artículos.

Por otro lado, se instruye a la ANSeS a cancelar, con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuenten con sentencia firme, en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la ley, que podrán ser prorrogados por seis meses más.

 

 

El diputado nacional Martín Tetaz (UCR) destacó la media sanción que obtuvo en la Cámara baja el proyecto de modificación de la fórmula jubilatoria y le aconsejó al presidente de la Nación, Javier Milei, que “no vetaría una ley aprobada con dos tercios de los votos del Congreso”.

“Dos tercios del Congreso votó la reforma jubilatoria que implica que le devolvamos a los jubilados el 8% que el decreto 274/24 de Milei misteriosamente no reconoció de la inflación de enero, porque dispuso que a partir del mes de abril los jubilados debían recibir la devolución de la inflación de enero, febrero y marzo, pero era solo 12,5% de la inflación de enero, o sea, le estamos recomponiendo lo que la licuadora les quitó durante el mes de enero, ese es el punto más importante”, explicó Tetaz en diálogo en Radio Rivadavia.

Tras advertir que el sector pasivo "perdió en 2023 con el gobierno anterior, donde hubo 211% de inflación, solo tuvieron 110% de aumento y perdieron más de 100 puntos”, precisó que la iniciativa “establece que una vez por año, si los salarios se recuperan, una parte se traslade a mejoras jubilaciones y una jubilación mínima equivalente a la canasta básica”.

Al respecto, Tetaz precisó que “eso tiene un costo fiscal del 0,45 punto del PBI la mitad de la baja de ganancias que votó el presidente el año pasado con el kirchnerismo, ese es el costo total del proyecto”.

“El proyecto salió con 2/3 de los votos que son suficientes para insistir contra el veto del presidente”, planteó.

El radical le aconsejó a Milei: “Si yo fuera el presidente, no vetaría una ley aprobada con dos tercios de los votos del Congreso, porque la Constitución es muy clara y el Congreso puede insistir en la formulación original del proyecto con una mayoría especial de dos tercios. Vetar una ley que tiene dos tercios no tiene mucho sentido”, y agregó: “El presidente puede hacer lo que quiere porque está en su derecho que la Constitución le confiere”.

El diputado nacional consideró que "ayer se le sacó la pila a la licuadora, que, según el Presidente, era el 10% del ajuste”.

“Si el cambio era que el ajuste fiscal lo paguen los jubilados, es lo mismo que venía haciendo el kirchnerismo hasta ahora, eso no fue lo que votó la sociedad y no es lo que dijo Milei en campaña y es insólito que el argumento ahora sea que por culpa de que los jubilados van a cobrar lo mismo que cuando llegó él, no puede conseguir el equilibrio fiscal, es insostenible. Esto es medio punto del PBI todo el costo fiscal del proyecto es 0,45% es el proyecto más responsable desde lo fiscal”, planteó el economista y cerró: “Se queda sin pila la licuadora y ahora tiene que empezar a producir otro tipo de ajuste en otras variables, si es que quiere continuar ajustando”.

Fue oficializada la sesión especial para este martes 4 de junio a las 11 que había sido convocada por el bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, quienes hicieron el pedido formal ante el titular del Cuerpo, Martín Menem, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria.

El temario incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un despacho. Los dictámenes son de UP; la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.

Sin embargo, salvo la diferencia respecto del FGS (Fondo de Garantías de Sustentabilidad) ambos sectores de la oposición-la más férrea y los dialoguistas- no quedarían lejos de un acuerdo, ya que los dictámenes son muy similares respecto a la fórmula y la recomposición.

Por su parte, el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

Cabe recordar que el dictamen de mayoría es de la bancada que preside Germán Martínez con 33 firmas y es el primero que se somete a votación en el recinto. Es por esto, que los dialoguistas, quienes llevan el segundo despacho en cantidad de firmas, 19 firmas, no ven con malos ojos unificar dictámenes con el kirchnerismo.

Desde la sesión trunca del 13 de marzo, la cual fue pedida por la Coalición Cívica cuando aun formaba parte de HCF. En esa ocasión, solo acompañaron UP, el FIT y menos de la mitad de la UCR por lo que el quórum no se logró. Allí comenzó el tratamiento en comisiones.

A los pocos días, el Gobierno de Javier Milei publicó el DNU 274/2024 que modificaba la movilidad previsional para que desde abril se actualicen los haberes por la inflación de dos meses atrás. Así, en abril además de la inflación de febrero (13,24 por ciento) se iba a otorgar un 12,50 por ciento por la inflación de enero, que fue 20,61 por ciento.

Ante esto, la oposición no logró unificar los dictámenes, aunque no estarían lejos. Por lo pronto, UP había anunciado que iba a pedir una sesión para el mismo 4 de junio para tratar financiamiento universitario y la recomposición del FONID asi que no sería descabellado que pidan ampliar el temario.

Tras un largo debate, que arrancó a fines de marzo, las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados concluyeron este miércoles con los dictámenes en relación a la fórmula de movilidad jubilatoria. Aunque Unión por la Patria junto a la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y bloques federales intentaron arribar a un consenso para lograr un despacho en común, no hubo acuerdo. 

De esta manera, se firmaron un total de cinco dictámenes, siendo el de UP el de mayoría, con 33 firmas. En segundo lugar, el de la UCR, CC, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, con 19 firmas. El tercer despacho, en cantidad de firmas, fue el del oficialismo, con 12 -dos en disidencia de los aliados del MID-. Finalmente, el dictamen del Pro reunió 8 rúbricas y el del Frente de Izquierda, 2. 

Luego del plenario, los radicales, cívicos y federales pidieron formalmente una sesión para debatir el tema en el recinto el próximo 4 de junio. 

Unión por la Patria y este otro sector de la oposición acercaron posiciones respecto de la fórmula de movilidad y la recomposición de los haberes previsionales, pero el acuerdo se trabó en torno al uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El kirchnerismo no quiere tocarlo, mientras que el otro conjunto de bloques propone que con esos fondos se paguen las deudas con las provincias por las cajas no transferidas y los juicios de reajuste con sentencia firme. 

Sobre el cálculo para ajustar los haberes, ambos contemplan el índice IPC y la posibilidad de tomar el RIPTE si es más favorable; también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar -con la ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que hubo en enero; y buscan que ningún jubilado gane menos que lo representa una Canasta Básica Total, aunque UP sube ese piso mínimo un poco más. 

Por su parte, el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”. Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

Durante la reunión, la diputada Romina Del Plá (FIT) defendió que el proyecto de su espacio es que el que otorgaría un “verdadero aumento jubilatorio”. “El FMI acaba de felicitar al Gobierno argentino por el sobrecumplimrnto del ajuste y las metas”, señaló, las cuales opinó se alcanzaron mediante "la brutal licuación de las jubilaciones". 

Por su parte, la cordobesa Alejandra Torres (HCF) defendió el proyecto de la UCR, la CC y los bloques federales: “Respeta en todo momento el resguardo del equilibrio fiscal”. “Es un dictamen sólido y ético”, sostuvo, al tiempo que advirtió que “el ensamble de la fórmula vieja con la actual es indispensable que sea totalmente coherente”. 

A su turno, el diputado Juan Manuel López (CC) enfatizó: “Todos coincidimos en que hay plata, porque hay sobrecumplimiento de las metas del FMI”. En ese sentido, desafió al Gobierno diciendo que podría recaudar más sobre impuestos que hoy no se cobran y terminar con ciertas exenciones impositivas. Además, “de las privatizaciones (que plantea la ley de Bases) va a salir más plata”, dijo y agregó que “va a ir habiendo plata si tomamos más decisiones políticas para los jubilados”. 

“Lo que estamos proponiendo es razonable, posible y el financiamiento está”, insistió el legislador “lilito”, que completó: “Ojalá que el presidente, asesorado por el ministro (Luis) Caputo, no lo vete, porque va a tener el dinero para pagarlo”. 

Desde La Libertad Avanza, el salteño Julio Moreno Ovalle indicó que “hay más de 5,7 millones de jubilados, el 64%, que accedió a jubilación a través de moratorias” producto de “toda esta economía informal que venimos padeciendo en los últimos años”. “El deterioro de la jubilación empieza muy fuerte en 2017”, expresó y cargó nuevamente contra las moratorias, al decir que “llevaron a que este sistema de previsión se desfinancie”. “Debemos ratificar el decreto 274. Este Gobierno está cambiando muchísimo el país, le tenemos que dar tiempo”, sostuvo. 

Hacia el cierre, el jefe del principal bloque opositor, Germán Martínez (UP), celebró que “hay una enorme mayoría en este plenario de comisiones que quiere avanzar en una mejora de los haberes de los jubilados” porque “hay un reconocimiento que en estos meses ha habido un grave retroceso”. 

El santafesino recordó que en la ley ómnibus original “existía un claro objetivo de prácticamente hacer desaparecer al FGS” por parte del Gobierno, para exponer luego las diferencias dentro de la oposición. “Donde está habiendo las diferencias es en el financiamiento de las cajas no transferidas y qué pasa con aquellas sentencias que ya están firmes en los que son los juicios por ajuste. Qué se hace con el stock de deuda que tiene la Nación con las provincias”, explicó. 

“Estos dos temas, que no son el núcleo conceptual, que tiene que ver con la recuperación de los salarios de los jubilados, son los puntos de diferencia que nos impiden acordar una posición mayoritaria”, resumió. 

En la misma línea, el diputado Itaí Hagman (UP) manifestó: “Estuvimos muy cerca y por un aspecto al que no le quito importancia, pero que no hace al centro de las preocupaciones que motivaron este plenario, que era cómo recomponer los haberes jubilatorios, terminamos teniendo dictámenes separados”. 

El porteño valoró que desde su espacio cedieron en varios puntos. “Este dictamen no es nuestro proyecto de ley original, que era mucho más ambicioso. No puede ser que por una diferencia que tenemos sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o sobre cuál es la mejor manera de resolver las deudas del Tesoro Nacional con las provincias, o las sentencias, que por ese aspecto no podamos dar una respuesta efectiva e inmediata”, observó. En el final, llamó a “que podamos trabajar de acá a una próxima sesión para poder sancionar una ley” y buscar el consenso con el otro sector. 

Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de Previsión y Seguridad Social 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatió este miércoles sobre los proyectos de fórmula de movilidad jubilatoria, pero la firma final de los dictámenes se retrasó una semana más. A pesar de que los despachos ya habían sido suscriptos en Previsión y Seguridad Social, se decidió que el próximo 15 de mayo a las 14 se hará un plenario de ambas comisiones y se terminará de completar el trámite. 

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión, José Luis Espert, detalló el costo fiscal de los cuatro dictámenes que salieron de Previsión y Seguridad Social, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, a la que además le pedirá un nuevo estudio sobre una propuesta del Pro. El oficialista señaló que el costo fiscal de las medidas tomadas por el DNU en relación a la fórmula de movilidad es de 7,14 puntos del PBI. “Ya el DNU tiene un costo fiscal del 0,31%. Si hay más gasto fiscal, respecto de la Ley 27.609, ya hay mejora de las jubilaciones”, dijo. 

En tanto, precisó que el costo fiscal del dictamen de Unión por la Patria se estima en 9 puntos del producto; el de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica en 7,57 puntos del PBI; el de La Libertad Avanza, “que lo que hace es poner en letra de ley el DNU”, un 0,31 puntos del producto; y para el dictamen del Frente de Izquierda se estima un costo fiscal de 21,5 puntos del producto. 

“Para el oficialismo el déficit cero no es un capricho, sino un tema central para terminar con el peor impuesto” que es la inflación, aseveró el legislador de La Libertad Avanza, al defender los cambios realizados por el Poder Ejecutivo. 

A continuación, la diputada del Pro María Eugenia Vidal dijo: “Nosotros creemos que el DNU va en el camino correcto”. Al reconocer los reclamos que había por el empalme con la inflación de enero (20,6%) y la recomposición otorgada en abril por el Gobierno en el DNU (8,5%), explicó que “el 8% pendiente del mes de enero lo incorporamos como recomposición, pero entendiendo los problemas fiscales que enfrenta el Gobierno y la necesidad de lograr el déficit cero, le damos la posibilidad al Gobierno de que pueda pagarlo en un plazo de hasta 12 cuotas”, expresó, lo que provocó el murmullo. 

Desde Hacemos Coalición Federal, el diputado Nicolás Massot entendió la necesidad de “plantear estos debates con correspondencia fiscal” y consideró que “no debería ser más una cuestión ideológica que empecemos a legislar con la conciencia acabada de los gastos”. 

“Tenemos una porción significativa del PBI en regímenes de alícuota diferenciada. Dicho de otra manera, si todo el mundo pagara las mismas alícuotas de impuesto, la Argentina hoy tendría 2,5 puntos de superávit fiscal, sin ajuste a los jubilados, sin pisar gastos y nada”, resaltó y propuso que se analice el gasto tributario argentino. 

Al tomar la palabra, la libertaria Juliana Santillán defendió que el DNU “vino a dar una rápida y urgente respuesta a la pérdida del poder adquisitivo” de los jubilados, porque “la fórmula anterior sumergió a los jubilados en las penumbras de la pobreza”. “Nuestro Gobierno ha recibido la peor herencia de la que se tenga memoria”, enfatizó y reprochó que “ estamos con las maniobras de las moratorias desde 2005”. 

“Llevaron a la emergencia al sistema previsional argentino. En 2022 el déficit previsional de la ANSeS presentó 2,8 del PBI”, apuntó y habló de que el sistema presenta “deficiencias de tres áreas claves: sostenibilidad financiera, cobertura y nivel de prestaciones”. “Por eso nos debemos un debate integral de régimen previsional en Argentina, que seguro va a ocurrir en los próximos meses y lo vamos a dar cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto, en el cual ya se está trabajando”, anunció la oficialista.  

Presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la radical Gabriela Brouwer de Koning, señaló que “el sistema previsional necesita correcciones para dotarlo de previsibilidad, pero esas correcciones no deben influir en la capacidad del poder de compra de los haberes jubilatorios. Una movilidad no es igual a la recomposición de los haberes, con lo cual hay que dotar de herramientas para reparar lo que los haberes jubilatorios se deterioraron en todos estos años”. 

Al defender el dictamen de la UCR, HCF y CC, aseguró: “Es un dictamen muy serio, que debe ser tenido en cuenta, totalmente atendible, y si no lo quieren tomar como ese ahorro que se ha hecho el Estado, pueden tomar otras variables como exenciones impositivas o ingresos que pierde el Estado por tratamientos impositivos diferenciales con lo que se podría pagar lo que estamos incrementando a los haberes jubilatorios. Estamos hablando de prioridades. ¿Qué prioriza el Gobierno? ¿A los jubilados y pensionados o a algunas personas físicas para que no paguen impuestos como todos los ciudadanos?”. 

“Es un proyecto que no es descabellado, no tiene demagogia, sino que es totalmente pagable, y podemos mejorar el deterioro que han tenido los haberes en los últimos tiempos y darles un poquito mejor de calidad de vida” a los jubilados, completó la cordobesa. 

A su turno, el diputado de Unión por la Patria Carlos Heller aclaró: “Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos es enemigos del ajuste como mecanismo para resolverlo. Nosotros no creemos que el déficit fiscal se resuelve con licuadora y motosierra”. Y mencionó la contradicción de la situación de los jubilados con aspectos que plantea la ley de Bases como el blanqueo de capitales o “la fuerte reducción en Bienes Personales beneficiando a las categorías más altas”. 

Durante la reunión, la jefa del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, subrayó que “el FMI viene pidiendo desde hace tiempo que el porcentaje que las jubilaciones representan en el PBI baje y que se termine con la moratoria”. Y reclamó que en este tiempo “pasaron cosas”, al referirse a la media sanción de la ley de Bases, la cual -aseveró- “destruye y desfinancia el sistema jubilatorio”.

En el cierre, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió a la importancia de contar con un Presupuesto actualizado: “Necesitamos recuperar las potestades presupuestarias que tiene el Congreso de la Nación”. Y opinó que se debería estar discutiendo una ley de ampliación presupuestaria ante la prórroga del Presupuesto 2023. 

El santafesino cuestionó que el Gobierno “cuando tiene que ajustar no le pide nada a este Congreso, decide solo; y cuando tiene más recursos, como con el impuesto PAIS, también decide solo”. “Nosotros veníamos a dictaminar, basta de jugar con los tiempos, los ingresos de los jubilados no son un chicle”, reclamó. 

 

Luego de reclamos constantes por parte de la oposición, y sin que se haya logrado un emplazamiento votado dentro del recinto, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatirá este miércoles, desde las 16, los proyectos que buscan implementar por ley una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

El pasado 25 de marzo, a través del DNU 274/24, el Gobierno nacional modificó el cálculo para la actualización de los haberes previsionales. Allí, estableció un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC (inflación), pero la fórmula comenzará a regir plenamente en julio.

Después de esta decisión, la oposición aceleró el debate en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, conducida por la radical Gabriela Brouwer de Koning, sin embargo el oficialista José Luis Espert no convocó a Presupuesto, la cual preside. Finalmente, pasado el objetivo que tenía La Libertad Avanza sobre la ley de Bases y el paquete fiscal, la comisión tratará el tema.

Mientras el oficialismo y su aliado Pro avalan lo dispuesto por el decreto del Ejecutivo, la oposición presentó sus distintas propuestas, sin consenso, pues hubo tres dictámenes distintos.

El despacho de mayoría (13 firmas) en Previsión y Seguridad Social fue el de Unión por la Patria, que propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.

En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.

El dictamen del Frente de Izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.

 

 

La sesión solicitada por Unión por la Patria para debatir sobre financiamiento universitario, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y fórmula de movilidad jubilatoria fue oficializada este lunes. La convocatoria es para el miércoles, a las 11, un día después de la marcha federal a favor de las universidades públicas, que se anticipa masiva.

"Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto", desafió a sus pares Germán Martínez, jefe de la bancada peronista/kirchnerista que cuenta con 99 miembros.

El temario de la sesión incluye proyectos presentados por el Frente de Izquierda, bloque de 5 integrantes que dará quórum. Pero además hay iniciativas de radicales y uno de Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, sobre el FONID.

Al número de 129 para lograr el quórum, habrá que mirar con especial atención qué hacen algunos diputados de los llamados bloques dialoguistas. Por lo pronto, se sabe que hay un grupo de legisladores de la UCR referenciados en Facundo Manes y un puñado de sus compañeros del sector de Martín Lousteau, claramente identificados con la causa universitaria, como Danya Tavela, que podrían sumar.

Dentro de HCF, la cordobesa Natalia De la Sota -que suele desmarcarse de sus comprovincianos-, los socialistas Mónica Fein y Estaban Paulón y la mencionada Stolbizer fueron, por ejemplo, los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto que estuvieron presentes en la jornada contra el DNU 70/23 que se realizó días atrás con abogados constitucionalistas.

Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión, por lo cual, en caso de abrirse la sesión, necesitarían dos tercios para su tratamiento sobre tablas. La estrategia sería en tal caso pujar por un emplazamiento de comisiones para que, con fecha y hora, se den esos correspondientes debates.

Como primer tema, aparecen las iniciativas referidas al financiamiento universitario, un tema que ocupará la agenda pública el día anterior con la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. El pasado miércoles, legisladores de la oposición escucharon a estudiantes en el Anexo de la Cámara baja. En la mesa principal estuvieron Blanca Osuna y Tomás Ledesma, de UP, pero también Tavela, Stolbizer y Paulón.

En el encuentro, los invitados reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.

Los proyectos contemplados para la sesión son pedidos de emergencia presupuestaria universitaria, impulsados por Romina Del Plá (FIT), Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP). También hay otro de Mónica Litza (UP) con la modificación del incremento y actulización de presupuesto para las casas de altos estudios.

A su vez, una iniciativa de Danya Tavela (UCR) sobre un régimen de financiamiento universitario; una de Pablo Carro (UP) que propone financiamiento de las universidades a partir de recaudación que surge de la promoción de la economía del conocimiento; y otra de Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.

Por otra parte, hay un conjunto de proyectos referidos a la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al cual el gobierno de Javier Milei le puso fin. Con distintos plazos de prórroga, y algunos que promueven su vigencia permanente, hay propuestas de Máximo Kirchner, Ariel Rauschenberger, Silvina Ginocchio (UP); Julio Cobos, Danya Tavela (UCR); Margarita Stolbizer (HCF) y Romina Del Plá (FIT).

El tercer bloque tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria, tema sobre el cual ya hubo dictamen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero la oposición quiere acelerar su discusión en Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, quien se ha mostrado sin intenciones de convocar para tal fin.

La semana pasada se firmaron tres dictámenes. El de UP, de mayoría (13 firmas), propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.

En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.

Finalmente, el dictamen de la izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.

La diputada nacional Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) cuestionó al Gobierno por el DNU que establece el aumento de la movilidad jubilatoria: “Recurrir de manera tan repetida a los DNU nos pone en una situación”.

En declaraciones radiales la integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social se refirió a la reunión de este jueves a la que asistieron funcionarios que expresaron su postura sobre la nueva fórmula jubilatoria y mostró su desacuerdo: “Si agregamos que es para definir cómo va a ser el cobro de las jubilaciones, los jubilados quedan sujetos a la decisión de un funcionario”.

Además, habló de las polémicas dentro del recinto cuando se presentó Alejandro Chiti, exsecretario de Seguridad Social, para “disertar en favor del gobierno, sin estar designado oficialmente ni poseer cargos actualmente”, y dijo que “no aportó ninguna cosa novedosa y sólo vino a defender el DNU, ni nos convencieron que sea algo bueno para los jubilados”.

Con respecto al aumento de tarifas expresó su conformidad, pero señaló que “debe haber información más certera, los aumentos ser progresivos y contar qué harán con quienes no puedan pagar”.

Finalmente, se refirió al tratamiento del nuevo proyecto de Ley de Bases y mostró su preocupación: “Sobre el borrador que vimos, puedo decir que salió lo más horrible de lo que era la Ley Ómnibus”, y agregó que para ella “el piso de Ganancias debería llegar a 1.8000.000 o 2.000.000. El Gobierno tiene diferencias en las conversaciones con gobernadores del Norte, del Sur y los que son de la zona núcleo. Debe encontrar una fórmula de equilibrio”.

Hasta último momento no se sabía si funcionarios del Poder Ejecutivo iban a asistir este jueves a la reunión informativa de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, cuando finalmente, entre los primeros expositores, se hizo presente el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros.

El funcionario defendió el cambio de la fórmula de movilidad por DNU y afirmó que "acá no nos estamos ahorrando nada". En ese sentido, precisó que los aumentos estipulados para abril, mayo y junio, antes que el cálculo comience a regir plenamente en julio por IPC, rondan alrededor de los 2 billones de pesos.

Si bien varios diputados se mostraron a favor, como contemplan la mayoría de los proyectos presentados, en que la fórmula contenga el índice de inflación, el cuestionamiento pasó por el "empalme" y el porcentaje tomado para la recomposición. Mientras desde un sector de la oposición insisten con que sea de un 20,6% -número de enero-, De los Heros defendió que se haya tomado un adicional de 12,5% como "la situación inflacionaria más cercana".

En el arranque de su exposición, el director Ejecutivo de la ANSeS mencionó que con la fórmula que se acaba de anular (votada en 2021 bajo el gobierno del Frente de Todos), el aumento para junio hubiese sido de 34,1%. "Con los adelantos que se van a dar durante este período, de abril, mayo y junio, como adelanto a la movilidad que va a entrar en pleno vigor a partir de julio, se va a estar otorgando a los jubilados un 63,1%. Este es el esfuerzo fiscal que hace el Gobierno al establecer esta nueva movilidad", señaló.

"La urgencia del DNU es justamente mejorar la situación de nuestra clase pasiva, con un costo fiscal que llega casi al billón novecientos mil pesos durante estos tres meses", detalló y defendió que "las decisiones políticas del Gobierno no exponen solamente una preocupación sobre la situación de nuestros jubilados, sino también la convicción de otorgarles fondos públicos que son escasos, para tratar de resolver parcialmente la situación desastrosa que dejó la ley de movilidad anterior".

Por otra parte, De los Heros aprovechó para cuestionar las jubilaciones por moratoria. "Una cuestión que quiero también poner sobre la mesa es la cantidad de jubilaciones mínimas que tenemos; siempre hay una tendencia de ver a los jubilados como titulares de jubilaciones mínimas y en realidad no debería ser así. ¿Por qué llegamos a esto? El 87% de todas las jubilaciones otorgadas con moratoria están en la mínima. Este achatamiento no es producto de la movilidad sino de las políticas adoptadas”.

"De las jubilaciones y pensiones 100% contributivas, que fueron adquiridas por los trabajadores con 30 o más años de aporte, solamente el 6% tiene jubilaciones mínimas", precisó y continuó: "Evidentemente este proceso de achatamiento de la pirámide, que tanto se habla, no es producto de la movilidad, es producto de ciertas políticas que se han adoptado desde 2005, otorgando moratorias que ponen en una situación de igualdad situaciones totalmente distintas".

El funcionario cuestionó que "hemos incorporado dentro de este universo a cinco millones de personas que no cumplieron con la ley previsional que establecía los 30 años de aporte".

Si bien indicó que en el mundo "no hay un consenso absoluto acerca de cuál es el mejor sistema previsional", algo que sí sucede es que "los regímenes previsionales son de largo plazo, no se los puede estar interviniendo, toqueteando o modificando permanentemente . Lamentablemente Argentina esta actitud no la ha mantenido".

Al recordar la ley de moratoria que está vigente, que permite comprar aportes no efectivamente realizados, informó que "en el caso de las mujeres el promedio de aportes efectivos es de cinco años, y en el caso de los hombres tienen nueve años de aportes efectivos".

"De 45.000 jubilaciones promedio que otorga el ANSeS, 30.000 corresponden a trabajadores que compran sus aportes por moratoria, sólo 15.000 son trabajadores que cumplen con los 30 años de aporte y la edad requerida", apuntó.

Finalmente, pidió "buscar un acuerdo y consenso para no caer en injusticias" ya que "la Corte ha dicho que el principio de igualdad es para situaciones iguales, y deja de ser igualdad cuando a situaciones diferentes se les da el mismo tratamiento".

Al momento de las preguntas de los legisladores, el radical Martín Tetaz remarcó que "el año pasado hubo 210% de inflación y las jubilaciones sacaron 110%", con lo cual perdieron 100 puntos. "Ustedes están congelando la diferencia que se generó entre la inflación y las jubilaciones hacia adelante. ¿Usted sacó la cuenta de cuánto tiene que ser la compensación para que los jubilados perciban de bolsillo la misma jubilación que percibían a principio de 2023?", consultó.

De los Heros insistió que con la fórmula anterior, los jubilados en abril y mayo iban a percibir 135 mi pesos y en junio 170 mil. "La diferencia que ya estamos obteniendo es del 34% al 63%", reiteró y expresó: "Acá no nos estamos ahorrando nada, sino que estamos poniendo casi dos mil millones de dólares en estos meses para mejorar la situación de los jubilados. Si dejáramos las cosas como estaban, las víctimas serían los jubilados".

Desde Unión por la Patria, Itaí Hagman cuestionó que "la recomposición del 12,5% está muy por debajo de la pérdida de estos últimos meses". "Lo que ustedes proponen es, en el nivel más bajo (desde 2002), congelar las jubilaciones, ponerles un piso y techo", observó y rechazó la "filosofía de que la movilidad es para mantener", lo que iría en contra de que los jubilados puedan en el futuro "participar de una mejora" de la economía. Además, el porteño le preguntó a De los Heros "de qué piensa que deberían vivir los 3,8 millones de personas" que se jubilaron por moratoria.

Sobre esto último, el titular de la ANSeS aseguró que "el Gobierno no tiene insensibilidad social, de hecho la movilidad social es una demostración de eso. Que haya situaciones de necesidad que generan derechos y programas de asistencia por parte del Estado, como la AUH, la PUAM y pensiones por discapacidad, están dentro de los regímenes de seguridad social, pero el sistema previsional es un subsistema de la seguridad social, no es todo lo mismo, ni está todo dedicado hacia lo mismo".

"No se le puede cargar el financiamiento a los trabajadores que pagaron los aportes, porque ahí está la injusticia. Se lo obliga indirectamente a financiar una situación asistencial, no previsional. La injusticia está en los mecanismos utilizados. El Gobierno está comprometido en asistir a todas las necesidades, pero utilizando los medios e instrumentos correctos, sin afectar los derechos de los demás", sostuvo.

La cordobesa Alejandra Torres consultó a De los Heros "por qué no hacemos el empalme con enero" y que explique el desdoblamiento del pago en abril. "La idea del Gobierno fue cubrir lo más cercano la situación inflacionaria", respondió y sobre el segundo tema dijo que "el problema es las fechas en que salieron los decretos" para las correspondientes liquidaciones.

La diputada de Hacemos Coalición Federal, esposa del extitular de la ANSeS, Osvaldo Giordano, indagó además respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que "tiene una importante cantidad de recursos y lamentablemente no se utiliza para pagar juicios, jubilaciones o transferencias a las cajas previsiones provinciales".

"El FGS fue modificado en su utilización por ley", recordó De los Heros y señaló que "se acordaron más de un billón y medio de pesos a créditos no solamente de pasivos, sino a titulares de sistemas asistenciales y trabajadores activos del SIPA y con tasas rondando el 48%". "Tiene que tener otra configuración, pero en eso deberían ponerse ustedes de acuerdo; tiene que estar destinado a los jubilados y pensionados", agregó.

Consultado por diversos temas, el funcionario afirmó que "no se han afectado de ninguna manera las prestaciones de los servicios que brindan la ANSeS con los despidos que se han realizado. La ANSeS sigue funcionando como funcionaba cuando esos agentes no estaban, eran ingresos recientes".

También aclaró que las jubilaciones otorgadas por moratoria "son derechos adquiridos y eso no se puede cambiar. El daño que se le provocó al sistema previsional ya está provocado"; al tiempo que "la reforma previsional que ustedes vayan a sacar tiene que durar 30 años", sugirió.

 

Con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo -que hasta última hora no se sabía si concurrían-, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados realiza desde las 11.12 una reunión informativa a la que fueron convocados una treintena de especialistas, en el marco del debate de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La intención de un sector de la oposición es acelerar el debate en esta comisión para que el cálculo que se utiliza para actualizar los haberes previsionales (jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales) quede establecido por ley, más allá del DNU que emitió el Gobierno nacional.

Previamente, el pasado 21 de marzo, hubo una reunión de diputados en la que los autores explicaron sus proyectos. Hay 16 iniciativas presentadas. En esa jornada se cuestionó al libertario José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por no haber convocado a un plenario. Espert, en nombre del oficialismo, no estaba de acuerdo con anticiparse a este debate antes del envío de la nueva ley de Bases. Sin embargo, el Ejecutivo avanzó por DNU.

El decreto establece un esquema de aumentos para abril, mayo y junio, tomando el índice IPC (inflación) y distintas recomposiciones, mientras que la fórmula comenzará a regir plenamente a partir de julio. La oposición buscaba un porcentaje mayor de recomposición por la inflación de enero, que fue del 20,6%, pero el Gobierno contempló para abril un adicional de 12,5%. La medida, además, provocó que para abril el pago sea desdoblado.

La de este jueves será la única reunión informativa, y por el cronograma pautado se extenderá por alrededor de más de cinco horas.

En el arranque del encuentro, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió "llevar este tema al recinto lo más urgente posible" y que el próximo martes se dictamine. También dijo que, posteriormente, si la Comisión de Presupuesto no convoca "vayamos al recinto a emplazar a Espert", es decir, a obligar -si se reúnen los votos- a una reunión a esa comisión con día y hora.

NOTICIA EN DESARROLLO

El presidente del bloque Unión por la Patria de la Cámara baja, Germán Martínez, adelantó que el próximo jueves 4 de abril, en la reunión convocada por la Comisión de Previsión y Seguridad Social a la que han sido invitados especialistas para avanzar en proyectos de recuperación de haberes jubilatorios, solicitarán que el martes 9 de abril se dictamine con la prohibición del pago desdoblado de jubilaciones.

Esa reunión ya está confirmada oficialmente, pues figura en la agenda parlamentaria y está prevista para las 11 de la mañana en el Anexo C, segundo piso. Sobre el encuentro, la titular de la comisión, Gabriela Brouwer de Koning dijo a parlamentario.com que la oposición insistirá con la reforma del cálculo por ley ya que “el DNU sigue manteniendo un deterioro en los haberes”.

El titular del bloque UP ya se había expresado en la noche del miércoles, ni bien se conoció la noticia del desdoblamiento de pago de haberes jubilatorios. En ese momento la emprendió contra el decreto de necesidad y urgencia 70/23, y envió un mensaje para los que “aún dudan” en rechazarlo. Dijo en su cuenta de X: “Milei despide trabajadores y vacía organismos públicos porque está vigente el Art. 1 del mega DNU. No hay margen para especular. Ni leyes espejo, ni ley ómnibus, ni nada. Urge rechazarlo”, pues es lo que está posibilitándole al Gobierno llevar adelante las cosas que él denuncia.

“No podemos permitir el pago en dos cuotas a los jubilados y jubiladas. No hay explicación fiscal que valga. No jueguen con el ingreso de las y los argentinos”, tuiteó por su parte la diputada Victoria Tolosa Paz.

En el mismo sentido se pronunció la diputada Cecilia Moreau, quien enumeró: “Despidos inhumanos. Vaciamiento de organismos públicos. Pago de jubilaciones en cuotas. Y decreto presupuestario que elimina el Fondo Compensador para el Transporte del Interior y pone en jaque los aportes a las cajas jubilatorias no transferidas. Todo en un rato. Quieren fundir a las provincias y a los argentinos”.

Despidos inhumanos.
Vaciamiento de organismos públicos.
Pago de jubilaciones en cuotas.
Y decreto presupuestario que elimina el Fondo Compensador para el Transporte del Interior y pone en jaque los aportes a las cajas jubilatorias no transferidas.
Todo en un rato.
Quieren… https://t.co/MDhUJWpFY5

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) March 28, 2024

A su vez, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti optó por la ironía, recordando el comentario de la canciller Diana Mondino en la mesa de Mirtha Legrand: “Si algo debemos destacar en los 100 días del gobierno de Milei es la aplicación irrestricta del ‘teorema de Mondino’”. Y cerró: “Más miserable no se consigue”.

Si algo debemos destacar en los 100 días del gobierno de Milei es la aplicación irrestricta del “teorema de Mondino”

Más miserable no se consigue #Jubilados #Anses https://t.co/Aue1RKauQ0 pic.twitter.com/REAhjhVPm0

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) March 28, 2024

Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau hizo un extenso posteo en el que reseñó: “El Gobierno decidió que los jubilados son la variable descartable en su modelo distributivo destinado a alcanzar la reducción del déficit fiscal en el menor tiempo posible aun costa del mayor daño humano también posible. Por esa razón diseñan una formula jubilatoria que, repleta de galimatías deliberadamente confusas, lo único que deja en pie es manotearles a los adultos mayores un 30 por ciento de sus ingresos”.

“Paralelamente, el PAMI se encamina -mediante la caída de la recaudación de los aportes a la seguridad social y el aumento descomunal del precio de los medicamentos- a la disminución y, finalmente, la eliminación de la entrega de remedios gratuitos -continuó-. El plan de exterminio se completa con el desguace de la ANSeS para poner trabas a los tramites que desembocan en el otorgamiento de diversos beneficios que van desde la jubilaciión misma hasta las pensiones por fallecimiento”.

Agregó Leopoldo Moreau que “el más crudo pensamiento libertario en esta materia ya lo expuso Diana Mondino cuando afirmó: ‘Es absurdo que tengan créditos (los jubilados) si total se van a morir’. Desde ya que la frutilla del postre Milei y Caputo se la reservan a los que en el futuro administren el régimen de capitalización privada al que nos quieren devolver”.

Moreau también la emprendió contra el vocero presidencial: “Otro que casi diariamente alimenta esta dialéctica darwiniana es Adorni, que suele afirmar: ‘Nuestra prioridad son los chicos’. Claro que le falta agregar ‘en tanto y en cuanto no se les ocurra tener un trabajo estable y de calidad y mucho menos estudiar en la universidad pública’. Así es como vamos transitando el camino de este anarcocapitalismo que, paradójicamente, destruirá el capitalismo productivo y lo único que dejará como herencia será la anarquía de la que se beneficiarán los fondos de inversión rentísticos y los que vienen a apropiarse de nuestros recursos naturales”.

Otro diputado de UP que se pronunció sobre el tema fue el diputado Pablo Todero, quien posteó un llamamiento contra el pago desdoblado a jubilados y sugirió “seguir qué hace cada bloque de diputados”, apuntando que el jueves próximo el suyo pedirá pronunciarse contra el pago desdoblado de jubilaciones.

Primero destruyen los salarios, ahora quieren pagar en dos cuotas jubilaciones y pensiones. El martes 9/4 desde @Diputados_UxP vamos a solicitar que se dictamine la prohibición del desdoblamiento. https://t.co/EzI1X8Pd6f

— Pablo Carro (@PabloCarroOk) March 28, 2024

Luego de la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria por decreto -y establecer un esquema de aumentos para abril, mayo y junio-, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Gabriela Brouwer de Koning, aseguró que la oposición insistirá con la reforma del cálculo por ley ya que “el DNU sigue manteniendo un deterioro en los haberes”. 

“La idea es mejorar el haber jubilatorio y darle mayor previsibilidad en el tiempo a los jubilados. Hay mucha predisposición (en los distintos bloques) para poder lograr puntos en común”, sostuvo la radical en diálogo con parlamentario.com y en la antesala de la reunión informativa con especialistas que se realizará luego de Semana Santa. 

La legisladora de la UCR observó como “positivo” que el Poder Ejecutivo haya contemplado el índice de inflación en la nueva fórmula de movilidad, porque “es algo que está en la mayoría de los proyectos” presentados por diferentes espacios, pero igualmente “en este tema tiene que jugar el Congreso”. 

“El Gobierno toma un 12,5% de incremento excepcional en abril, pero la inflación de enero fue del 20,6%. Nosotros queremos mejorar el tema del empalme porque consideramos que es insuficiente. Hay proyectos muy interesantes, que incorporan otras variables a analizar”, expresó. En ese sentido, ejemplificó que la iniciativa presentada por la macrista María Eugenia Vidal prevé qué salida tomar en caso que la inflación (a futuro) descienda y el IPC torne entonces nuevamente una fórmula de pérdida para los jubilados. “Vamos a analizar todas las variables, todo está en discusión”, afirmó. 

Brouwer de Koning destacó ante este medio que “hay mucha predisposición para poder lograr puntos en común”. “Creo que trabajando de la forma que lo estamos haciendo, con mucha seriedad y profesionalismo, el resultado que logremos va a tener mucha legitimidad como para que no lo traten en la Comisión de Presupuesto, y va a tener su propia fuerza también, si logramos mayorías, para una posible sesión”, amplió. 

“Hubiera sido importante haber tenido un plenario con Presupuesto”, la comisión que preside el libertario José Luis Espert, reclamó y recordó: “Nosotros nos habíamos comprometido en comenzar de manera urgente y por eso empezamos la discusión y la vamos a continuar, porque independientemente que esté el DNU, nosotros vamos a seguir trabajando y ver si encontramos puntos en común”.

Por otra parte, consultada por parlamentario.com por el anuncio del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa de eliminar las jubilaciones de privilegio de presidente y vicepresidente, la diputada señaló que “es un tema que tiene que estar en la agenda, pero las jubilaciones de privilegio del presidente y vicepresidente es ínfimo a comparación de otras jubilaciones excepcionales. Por ejemplo, en el sistema judicial hay más de 7.000”. 

“En las jubilaciones del Poder Judicial y el servicio exterior de la Nación no le vemos la razón o el motivo para que tengan tanta diferencia con las demás. Me gustaría que lo discutamos para tratar de hacer un sistema previsional más justo”, sumó. 

También opinó sobre la idea del Poder Ejecutivo de promover una reforma laboral a la par de una reforma previsional. “El sistema previsional es muy amplio, tiene muchas aristas y obviamente depende de los aportes del trabajador que está formalizado. Y es hoy una realidad que el trabajo informal en Argentina es del 40%. Hay que hacer una reforma laboral para tratar de incorporar a todos a un trabajo formal. Desde el radicalismo siempre dijimos que estamos a favor de una reforma laboral; es un tema a debatir para que verdaderamente las leyes ayuden a los trabajadores”, completó. 

Tras la decisión del Gobierno nacional de modificar la fórmula de movilidad jubilatoria por DNU, diputados de diferentes bloques se refirieron al tema, que había comenzado a discutirse la semana pasada en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja.

Uno de los mensajes en las redes sociales este lunes fue de Margarita Stolbizer (HCF), quien cuestionó el cambio por decreto y enfatizó que debe hacerse por ley. "Sin instituciones no hay Democracia. Sin Democracia ni Derechos ni Desarrollo. Los jubilados siguen perdiendo y son víctimas de nuevas mentiras. El DNU 274 de hoy establece que la actualización por inflación será recién en los haberes de julio", escribió.

La bonaerense cuestionó que "la compensación porcentual que fija para abril los sigue dejando afuera de los índices de precios de los meses anteriores. Y los aumentos adelantados serán descontados en junio. Pura trampa". "El Congreso debe establecer POR LEY la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones", afirmó.

Por su parte, la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) opinó que "la reforma de la fórmula jubilatoria resulta insuficiente frente al impacto de la inflación, que erosiona mes a mes el poder adquisitivo de los jubilados".

"Además, las bonificaciones solo benefician a quienes perciben las jubilaciones mínimas, dejando a muchos jubilados con recursos escasos", aclaró y aseguró: "Continuaremos reclamando para que los jubilados no sean el único sector afectado por una economía que necesita mejorar su funcionamiento y adoptar medidas efectivas para resolver los problemas reales".

El diputado Nicolás Del Caño (FIT) cuestionó que "por decreto Milei y Caputo vuelven a congelar en abril las jubilaciones mínimas que perciben 5 millones de adultos mayores. Volverán a cobrar 204.000 pesos. Ratifican el brutal ajuste a los que trabajaron toda su vida. El déficit cero es con el hambre de los jubilados".

"El cinismo del Gobierno no tiene límites. Quieren presentar otra puñalada a 5 millones de jubilados como una buena noticia. Otra vez congelan la jubilación mínima y lo 'venden' como un aumento. Ya en 3 meses de Milei los haberes perdieron 20% en términos reales", sumó.

En tanto, el diputado Esteban Paulón (PS) criticó que "los jubilados y jubiladas siguen pagando los platos rotos. Salió el DNU con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria del Gobierno nacional y se consolida la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones".

"Se desmiente el argumento de que el Congreso le impedía al Presidente hacer algo con las jubilaciones. Pudo hacerlo por DNU antes (y evitar la licuación). Ajustan mensualmente a partir de julio en base a inflación de mayo (justo cuando el Gobierno nacional pronostica que irá a la baja)", advirtió.

Además, el santafesino observó que "el 'empalme' en abril de 12,5% consolida el manotazo a las jubilaciones. En un período con un estimado de 88% inflación acumulada (diciembre 23/marzo 24) ni nos vimos. Los aumentos de mayo a julio son 'a cuenta', por lo que tendrán efecto neutro, para que siga la licuadora".

"Por último, ¿cómo se determinan o calculan esos aumentos 'a cuenta'? ¿De dónde salen los datos de junio? ¿Se refiere al bono? Poca claridad en varios aspectos que deben ser aclarados con urgencia", reclamó.

Al contrario de la oposición, el diputado Gabriel Bornoroni (LLA) consideró que "el cambio en la fórmula de las jubilaciones es una GRAN NOTICIA". "Los haberes de los jubilados se van a actualizar por inflación. Es una reparación histórica para quienes aportaron toda su vida. El gobierno de @JMilei tiene a los jubilados como una prioridad", expresó el oficialista.

El Poder Ejecutivo oficializó este lunes el decreto de necesidad y urgencia 274/24, por medio del cual modificó la fórmula de movilidad jubilatoria. La norma establece un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC, pero el cálculo comenzará a regir plenamente en julio.

El jueves pasado, mientras la oposición arrancaba en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados con el debate de los distintos proyectos de ley, sin la conformidad del oficialismo, que quería esperar a la nueva ley de Bases, el Gobierno decidió avanzar por decreto con el cambio.

"Esperar la cadencia habitual del trámite legislativo en el H. Congreso de la Nación, importa un perjuicio grave en el poder adquisitivo de los adultos mayores; es del caso recurrir al remedio constitucional establecido en el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional", argumentó el Ejecutivo sobre el uso del DNU.

En los considerandos, el Gobierno señaló que "la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones como consecuencia del flagelo de la inflación y la vigencia de una fórmula de actualización de los haberes deficiente e injusta constituyen un problema ineludible y urgente que no puede ser postergado".

"La gravedad de la crisis que enfrentan los adultos mayores hace que ellos no puedan aguardar hasta el mes de junio del corriente año para ver incrementados sus haberes", agregó.

Con la nueva fórmula, los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el INDEC.
El DNU establece que la primera actualización "se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024".

"A los fines de la transición, para la determinación de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha de dictado del presente", detalla.
En tanto, en abril habrá un incremento de 12,5% "sobre los haberes prestacionales correspondientes al mes de marzo de 2024" y "un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024".

Mientras que en mayo se otorgará "un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio" y en junio un incremento calculado conforme a la nueva fórmula.

Estos incrementos "serán a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024 conforme el índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente a la fecha del dictado del presente", precisa el artículo 5.

Asimismo, indica que "una vez obtenido el porcentaje que surja de esta, se descontarán los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiaria hubiera percibido. En caso de que estos superen el aumento calculado según la fórmula (...), no se descontará la diferencia, la que se considerará incorporada al haber. Si fueran menores a dicho aumento, se abonará la diferencia resultante".

Sobre la fórmula que regía desde 2021, que combinaba RIPTE y recaudación de la ANSeS, sancionada durante el gobierno anterior, el Ejecutivo aseguró que "no cubre suficiente ni razonablemente el riesgo inflacionario que afecta los beneficios de los adultos mayores, pues no tiene en cuenta la variación de los precios; presenta un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes; se basa en datos que no son de fácil acceso para el público, lo que dificulta su control por parte de la ciudadanía; y supedita el resultado de la movilidad al éxito que tenga el Estado con la recaudación impositiva, cuya volatilidad e incertidumbre atentan contra la estabilidad y la previsibilidad que se espera de una fórmula de movilidad jubilatoria".

 

 

El diputado nacional Martín Tetaz (UCR) le reclamó al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario José Luis Espert, que convoque a una reunión conjunta con la Comisión de Previsión para tratar la fórmula jubilatoria.

La Comisión de Previsión y Seguridad Social se reunió este jueves para comenzar a discutir los diversos proyectos presentados para establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Durante el debate, Espert fue cuestionado por no haber convocado a un plenario. Sin embargo, promediando el jueves trascendió que el Gobierno nacional modificaría la fórmula por DNU disponiendo un ajuste que oscilaría entre el 12% y el 14% para compensar parte del costo de vida de enero. La actualización se aplicaría en el mes de abril, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más la compensación citada.

Al respecto, Tetaz cuestionó a través de un video que publicó en su red social "X" que "la nueva fórmula de la jubilación es una gran estafa porque hubo 70% de inflación acumulada desde que asumió (Javier) Milei”, y planteó: “No importa si es o no culpa de él, lo importante es que los jubilados perdieron como en la guerra”.

“Si solo le vamos a pagar la inflación que viene y no le vamos a reconocer la inflación que pasó, entonces en la práctica los jubilados van a ser los que paguen el ajuste. El equilibrio fiscal se va a conseguir a expensas de nuestros abuelos. No lo vamos a permitir de ninguna manera”, adelantó el radical y exigió que las jubilaciones se ajusten por UVAs desde diciembre pasado.

La Comisión de Previsión y Seguridad Social se reunió este jueves para comenzar a discutir los diversos proyectos presentados para establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La reunión arrancó bajo la presidencia de Karina Banfi, que había asumido provisoriamente, mientras se normalizaban las cuestiones administrativas para que pudiera ocupar ese lugar la también radical Gabriela Brouwer de Koning.

Así, de entrada contó Banfi que se ocuparían en esa reunión de escuchar a los diversos autores de las 16 iniciativas existentes sobre el tema, y que por cuestiones de organización no habían podido hacer un plenario con Presupuesto y Hacienda, cosa que tratarían de concretar en el futuro. De hecho, al asumir a continuación al frente de la comisión, Brouwer de Koning admitió que “nos hubiese gustado tener una reunión conjunta; por diferentes criterios no se logró, pero eso no impide que de manera urgente podamos comenzar a debatir este tema tan importante, porque los ingresos de los jubilados están tan vapuleados por la inflación”.

“Vamos a estar trabajando con todos los especialistas y equipos que ustedes sugieran”, agregó la presidenta de la comisión, que detalló a continuación el cronograma tentativo para ese debate.

Para este jueves se organizó una jornada de exposiciones de los autores de las normas. Para lo sucesivo, la diputada cordobesa habló de una gran reunión informativa para el 4 de abril, para la cual pidió a los diputados sugerir nombres para organizar ese proceso. La idea es, dijo, hacer un debate posterior la semana siguiente, la del 10 de abril. “Si logramos llegar a un acuerdo, bienvenido sea; sino, nos daremos una semana más para lograr un acuerdo”, explicó. Admitió que “el tema es urgente”, pero pidió “que no nos apremien los tiempos”.

Antes de poner a consideración los 16 proyectos existentes sobre el tema, la diputada de UP Paula Penacca reconoció el cumplimiento de parte de las autoridades de la comisión del “compromiso” de realizar una pronta reunión, tras lo cual relató el grave incidente sufrido por una militante de la agrupación HIJOS, amenazada de muerte en vísperas de un nuevo Día de la Memoria y exigió justicia y tener un debate sobre el tema en la Cámara.

Apuntó además que las personas que la agredieron le advirtieron que “no le iban a robar nada, pero sí la van a matar, y les pagan para eso”.

Sergio Palazzo pidió la palabra para plantear que no le quedaba claro cuál es el motivo por el cual el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, “se niega a hacer una reunión plenaria”. Y a continuación se refirió a una publicación periodística conocida este jueves, según la cual fuentes cercanas a Espert admitían que no estaba prevista una reunión plenaria, por cuanto Presupuesto se acoplaría a los tiempos del Poder Ejecutivo respecto a este tema, y que esperaban que esta discusión se diera en el marco de la ley de Bases.

Advirtió Palazzo entonces que “todos tenemos que esperar las negociaciones políticas que llevan adelante Posse, Francos, con los gobernadores, los bloques, para poder tratar el tema de los jubilados. Parece que Espert y el Gobierno piensan que es preferible esperar”.

“Acá estamos los que queremos trabajar. Espert parece que ahora es casta, estará muy ocupado en los canales de televisión proponiendo rebeliones fiscales, pero no está donde debe estar”, sostuvo Palazzo, para quien la hoja de ruta planteada establece que probablemente recién para el 20 de abril puedan llegar a emitir dictamen. “Vamos a terminar discutiendo recién en junio la actualización de la fórmula”, auguró, para luego reconocer que “todos tenemos responsabilidad de haber llegado a esta situación, pero estamos a tiempo de corregirla. Hasta están los recursos, porque el Estado dice que tiene superávit fiscal”.

Los autores de los proyectos

María Eugenia Vidal encabezó la nómina de diputados que presentaron iniciativas. En su caso, el correspondiente al bloque Pro atiende dos urgencias: la de los jubilados y la de un déficit fiscal y cuasifiscal que en diciembre de 2023 terminó en 15 puntos. “Y que es el origen de la crisis que estamos viviendo”, señaló.

“No hay más caminos que no sean ordenar las cuentas”, admitió, pero también reconoció la situación de urgencia que viven los jubilados, cuyos haberes perdieron 46% en los últimos meses. “La sola existencia del bono es una admisión del fracaso de la fórmula. Hubo 28 bonos para compensar a los jubilados”, detalló, advirtiendo que no solo la jubilación mínima quedó baja, sino que distorsionó toda la escala jubilatoria. “Hoy un jubilado que gana la mínima con el bono gana 157 mil pesos; si un jubilado de una escala mayor gana 150 mil, con los descuentos termina cobrando 154 mil. Los bonos distorsionaron toda la pirámide”, detalló.

La propuesta de su sector es que la actualización sea por el IPC. Hoy es trimestral el ajuste, proponen que sea mensual, para que no quede tan rezagado. Además, proponen un adicional anual en marzo de 30% entre la variación entre el RIPTE y el IPC. Porque si hay una deflación y hay crecimiento, les permite no quedar atrás. En cuanto al empalme, proponen poner como referencia el último mes en que se haya aplicado la fórmula actual.

A continuación, Maximiliano Ferraro planteó la propuesta de la Coalición Cívica, cuyo pedido de tratamiento del tema en el recinto disparó el presente debate. Pero antes cuestionó “la  negativa que tiene el presidente de la Comisión de Presupuesto” a reunirse en plenario. “Fuimos muy precisos tanto en la sesión que logró convocar a más de 120 diputados, que veníamos a emplazar no solo a esta comisión, sino también a la de Presupuesto”, dijo, y recordó que les habían dicho que se conseguiría hacer un plenario.

“No podemos pasar por alto que hoy los jubilados son los más perjudicados por el proceso de devaluación que vive la Argentina”, reconoció y advirtió que “hoy con bono o sin bono hoy el haber jubilatorio está entre un 10 y 20% por debajo de la línea de pobreza”.

“Nosotros venimos a proponer un cambio de la fórmula jubilatoria”, señaló finalmente. La misma consiste en que las jubilaciones se actualicen según el IPC, pero que contemple una compensación de 20,6% para recuperar los jubilados la pérdida que tuvieron. Y que en ningún caso la aplicación de la futura fórmula de movilidad puede ir en baja de los ingresos que perciben los jubilados.

El radical Pedro Galimberti consideró “razonable” una fórmula que contemple el incremento inflacionario, por lo menos para los próximos años. Al detallar la iniciativa de su espacio contó que al plantear el incremento del haber jubilatorio “hablamos a mes vencido”, y aunque desde algunos sectores dicen que eso no sería posible en términos técnicos, él creía que sí. “Si el Estado quiere, puede instrumentarlo entre varios organismos del Estado; puntualmente hablamos del INDEC y ANSeS”, dijo. Agregó respecto del enlace que están pensando en que los jubilados no pierdan tanto y puedan llegar a la misma situación que tenían en diciembre de 2023 al menos. Para eso, se debería corregir la fórmula actual desde diciembre 2023 a marzo 2024.

Romina del Plá sostuvo que “acá el problema es que estamos con jubilaciones de indigencia; hay que generar un salto en el haber inicial, porque el problema es que desde esos niveles de subsuelo no alcanza siquiera el incremento por IPC. Entonces, el proyecto que he presentado tiene como primer punto que el haber mínimo tiene que ser igual que la canasta básica establecida por la Defensoría de la Tercera Edad, que ha sido recalculado en 685.041 pesos”. A partir de ahí, la actualización por IPC o RIPTE.

Y para los haberes que superan la mínima, esos haberes respondan al 82% móvil del haber del trabajador en actividad o se actualicen por inflación o RIPTE según de dónde sea más beneficioso.

Por el bloque radical, Danya Tavela coincidió con los diputados preopinantes de una actualización mensual sobre la base de diciembre y, a partir de ahí, que las actualizaciones serán por el IPC. También planteó que ante el aumento de tarifas es “indispensable discutir también algún tipo de compensación en función de los atrasos sufridos”.

Tavela comentó que agregaron al proyecto un capítulo sobre transparencia y explicó: “Es necesario que conozcamos todos y cada uno de los regímenes especiales que tiene el país que no son privilegios, pero seguramente reciben aportes para su sustentabilidad en el tiempo”. Solicitó la presencia de ministros y que la Oficina de Presupuesto del Congreso haga los cálculos de cada proyecto presentado.

Desde el bloque Unión por la Patria, defendió su iniciativa la diputada Gisela Marziotta quien recordó que se legisló sobre fórmula jubilatoria en el gobierno kirchnerista y explicó que es la misma que propone en el proyecto: “Una fórmula de salario y recaudación que en su momento dio un buen resultado que con la inflación no se recuperaba el poder adquisitivo necesario y por eso presenté una cláusula gatillo porque no lograba recuperarse el salario en función de la inflación del momento”.

Marziotta alertó que si no se toman medidas se está en camino a “una caída estrepitosa que nos puede llevar a tener jubilaciones de la crisis del 2001. Estamos camino a eso si no tomamos una decisión”. Con gráficos de muestra, aclaró que la propuesta es sumar una cláusula gatillo a la actual fórmula y preguntó: “No entiendo por qué quieren sacar la fórmula de recaudación más salarios y que solo sea por inflación. Sería una combinación virtuosa de las dos situaciones”.

La cordobesa Alejandra Torres (Hacemos Coalición Federal) alertó que la situación del sistema previsional del país es “caótica, crítica y es urgente atenderlo” y señaló que “amerita una puesta en común de todas las problemáticas para lograr un sistema dé respuestas efectivas, eficientes y con equilibrio fiscal a los beneficiarios. La revisión del sistema y buscar una solución definitiva, más racional”.

Así, contó que el proyecto fue propuesto junto al rionegrino Agustín Domingo, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer para que “marque un puente o transición ante un problema sumamente grave para llegar a una solución más profunda y definitiva y no estar siempre discutiendo parches que tiene el sistema previsional”. En esa línea, precisó que cuenta con seis puntos como cambios de la movilidad por IPC, pero aclaró que la “diferencia está en el ensamble de un mes a otro significa licuación y haberes y litigo judicial, tiene que ser de enero 2024 porque la fórmula vigente tiene dos módulos complicados en su aplicación”.

Además, contempla el bono de 70 mil pesos para los haberes por debajo 204 mil pesos, pero establece un bono del 20% de haberes para jubilados y pensionados que accedieron al beneficio sin compra de aportes. También contempla la cancelación de las deudas y con las cajas previsionales no transferidas; prevé que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea el que haga cargo del financiamiento del sistema previsional y se le prohíbe a ANSeS que pida plata al Tesoro para hacer frente a su déficit.

Por último, comentó que proponen un régimen de privilegio: “Hay que eliminar las jubilaciones de privilegio de presidente y vice, pero hay que corregir una desviación de que los haberes de los pasivos son más altos que los activos y que la recomposición se haga sobre el salario bruto y no el neto”.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, habilitó la sesión que había sido pedida por el bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Pichetto, con el objetivo de discutir en torno a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La convocatoria, formalizada este lunes con la firma del secretario Parlamentario, Tomás Ise Figueroa, es para este miércoles a las 13.

El único proyecto que figura en el temario es el impulsado por los legisladores de la Coalición Cívica -dentro de HCF-, que proponen un cálculo de actualización en los haberes previsionales de manera mensual contemplando el índice de inflación.

Además, frente a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses, en general, y del primer trimestre de este año, en particular, prevén que "la primera actualización que tenga lugar deberá ser complementada con un aumento generalizado de las prestaciones del 20,60%”, en referencia al número de inflación de enero. Además, dispone que “la primera actualización sobre la base de la movilidad se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”.

Cabe resaltar que el proyecto no cuenta con dictamen de comisión, por lo cual se requieren dos tercios de los votos para habilitarlo dentro del recinto. No obstante, lo que sí podría aprobarse por mayoría simple es un emplazamiento a las comisiones, como ha sucedido con otros temas en años anteriores (Ley de Alquileres, boleta única de papel y humedales).

La primera prueba a sortear será la de alcanzar quórum, con 129 presentes. El bloque de Pichetto cuenta solamente con 23 miembros, a lo que se sumarían diputados de Innovación Federal, un bloque de nueve que responden a ciertos gobernadores.

LOS JUBILADOS NO PUEDEN SEGUIR ESPERANDO

En la sesión especial de este miércoles 13 tenemos la oportunidad de trabajar todos los proyectos y encontrar la mejor forma de comenzar a saldar la injusticia que viven los los jubilados.

Desde la Coalición Cívica proponemos:

Una… pic.twitter.com/V8UKQdRRpM

— maxi ferraro (@maxiferraro) March 11, 2024

En las primeras conversaciones entre HCF y Unión por la Patria, con 99 miembros, se barajó la posibilidad de que el bloque opositor más numeroso aporte al quórum a cambio de sumar otros temas para mandar a comisiones, tales como los proyectos relacionados a la prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente y subsidios al transporte.

Desde el entorno de la presidencia del bloque radical consideraron que "el camino óptimo quizás no sea hacer esta semana una sesión especial, sino establecer un compromiso para dictaminar sobre el tema, una vez constituidas las comisiones". Pero eso no asegura que un puñado de díscolos de la UCR quiera bajar al recinto si considera que el tema lo amerita.

La intención de un sector de la oposición, en el arranque de las ordinarias, es marcar la cancha al oficialismo y adelantarse a la discusión, cuando todavía no se sabe de qué manera el Poder Ejecutivo reflotará la ley ómnibus.

En el verano, durante el tratamiento del proyecto oficialista, que proponía suspender la actual fórmula sancionada durante el gobierno del Frente de Todos, el tema quedó afuera al retirarse el capítulo fiscal. La Coalición Cívica ya había advertido que buscaría dar la discusión durante la votación en particular, pero finalmente la ley fracasó.

Este lunes, durante una entrevista en el canal LN+, el presidente Javier Milei sostuvo que “está claro que la reforma del sistema previsional no es independiente de la reforma del mercado laboral” y afirmó que se necesita "una fórmula que no violente el déficit cero".

Si bien no ofreció alternativas por el tema de los haberes jubilatorios, Javier Milei se refirió puntualmente a esa cuestión aceptando que la fórmula vigente “requiere ser modificada de manera urgente”. Y en el punto 8 de lo que propone sea conocido como el Pacto de Mayo, postuló “una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten y permita a quienes prefieran suscribirse un sistema privado de jubilación”.

Sobre el tema fue consultado este sábado el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, José Luis Espert, quien fue más allá al advertir sobre la necesidad de aumentar la edad jubilatoria. “Sin duda que hay que aumentarla, es una cosa de sentido común”, señaló el legislador aliado del Gobierno a través de Radio Mitre. “¿Por qué hay que aumentarla? -continuó-. Porque si la esperanza de vida aumenta, quiere decir que uno vive cada vez más, entonces, ¿cómo hacemos para hacer sustentable un sistema previsional donde la gente vive cada vez más? Tiene que aportar un poco más y por lo tanto se jubila más tarde”.

Si bien aclaró más tarde a través de Radio Rivadavia que no tenía datos de cómo sería una reforma del sistema previsional, insistió en que el mismo está “quebrado” y atribuyó esa situación a “los dementes de Néstor y Cristina Kirchner, que jubilaron a 4 millones de personas sin todos los aportes".

Precisamente Milei en su discurso del viernes habló de “un sector previsional privado, que cuesta cada día menos ingresos en proporción a sus gastos. Y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron su responsabilidad”.

Espert habló de la necesidad de contar con “un solo régimen para todos”, en lugar de “decenas de cajas donde cada cual se jubila cuando quiere”. Recordó que en algunas actividades está reglado que haya sistemas previsionales especiales según los cuales se establece una edad mínima de retiro anticipada, exigiéndose en consecuencia “una menor cantidad de años de aportes”, mientras que los haberes son más altos.

“La libertad, la libertad. OK, está todo bien, pero después no nos quejemos si los jubilados cobran miserias. Acá la prioridad es que los jubilados no cobren miserias”, resumió Espert.

El presidente del partido de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, aseguró que su espacio insistirá con el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria cuando arranque el período ordinario. Días atrás, desde el bloque presentaron un proyecto de ley. 

Los legisladores que responden a Elisa Carrió planeaban plantear el tema durante la votación en particular de la ley ómnibus, pero finalmente se cayó. Originalmente la ley de bases proponía suspender la fórmula vigente (desde diciembre de 2020), pero no estipulaba un nuevo cálculo. Luego el tema se retiró junto al capítulo fiscal. 

En su perfil de la red social X, Ferraro advirtió que “cuando el ajuste de un plan económico usa de variable a uno de los sectores más vulnerables, como los jubilados, a lo injusto se suma lo inmoral”. 

“El tremendo ajuste lo están pagando nuestros jubilados, por eso seguiremos insistiendo con tratar un nueva fórmula de movilidad jubilatoria, para terminar con la fórmula del kirchnerismo que los empobreció”, señaló. 

Y, ante la finalización del período de sesiones extraordinarias, el legislador resaltó que “durante el mes de marzo el Congreso puede y debe resolver esta situación”.

 

Cuando el ajuste de un plan económico usa de variable a uno de los sectores más vulnerables, como los jubilados, a lo injusto se suma lo inmoral.

El tremendo ajuste lo están pagando nuestros jubilados, por eso seguiremos insistiendo con tratar un nueva fórmula de movilidad… pic.twitter.com/hzZB7rtx5R

— maxi ferraro (@maxiferraro) February 15, 2024

 

Desde los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, presididos por Miguel Ángel Pichetto y Pamela Calletti respectivamente, emitieron un comunicado en el que anticiparon qué medidas no acompañarán de la ley ómnibus de cara a su tratamiento en el recinto.

“Tenemos el compromiso de otorgar gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis”, afirmaron, pero remarcaron que “no estamos dispuestos a hacerlo sin marcar diferencias y defender nuestras convicciones, ya que también nuestros votantes nos han otorgado un mandato que vamos a respetar”.

En ese sentido, plantearon: “No vamos a acompañar aquellas medidas que consideramos perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino. Y defenderemos a la cultura y a nuestros recursos naturales”.

“Creemos en un país federal, por eso tampoco podemos convalidar que se perjudique a las provincias y a sus economías para terminar sosteniendo al Estado nacional con el esfuerzo del interior”, agregaron.

Así, adelantaron que “con ese espíritu llegaremos al debate en el recinto, que por otra parte pretendemos que sea de cara a la gente, con total honestidad y transparencia, para que no se terminen votando de madrugada y a escondidas de la sociedad cuestiones centrales para el futuro de la Argentina”.

Cabe recordar que del bloque HCF firmaron el dictamen de mayoría cuatro de sus miembros y de IF 3.

La vicepresidenta del bloque UCR de Diputados, Karina Banfi, se refirió a los cambios que el Ejecutivo envió sobre la redacción del proyecto de ley ómnibus y cuestionó el tema de la movilidad jubilatoria: “El presidente debe entender que los jubilados no pueden hacer el ajuste”.

La radical planteó que “el Gobierno pide sostener la fórmula actual de ajuste jubilatorio que creó (Martín) Guzmán hasta abril y hacer un cambio en abril de ajuste por IPC, que era lo que nosotros estábamos sosteniendo”.

Así, remarcó que “el problema que tenemos es un tema de empalme, donde decimos que tiene que ser para atrás. Esto tiene que estar ajustado retroactivamente para que los jubilados no pierdan. Hay un concepto claro: los jubilados no pueden hacer el ajuste. Lo van a tener que hacer aquellos que más pueden, aquellos que pertenecemos a la política y principalmente, esto lo deberá tener muy claro el presidente: los jubilados no pueden hacer el ajuste”.

“El Gobierno cedió en economías regionales, lo que pasa que arman un listado en un anexo que todavía no está, pero si es el anexo que nos mostraron el día jueves, en él no están comprendidas todas las economías regionales”, manifestó.

Por otor lado, Banfi indicó que “hay algunos tipos de industrias que todavía entendemos que no se han comprendido dentro de esta excepción, que hoy no tienen ningún tipo de retención y que si vos le pones 15% de retención las matás. O sea, me estoy refiriendo que no existen más, no pueden competir, va a haber gente en la calle, digo, quiero ser drástica porque es necesario entender qué es lo que estamos pidiendo”.

“Entonces, vamos a tener que volver a revisar el tema de las retenciones sobre las economías industriales y el listado de lo que refieren ellos como aquellas economías regionales que efectivamente están exentas y que creemos que hay algunas como la pesca o como la malta que deberían quedar exentas también”, adelantó.

Pocos minutos después de que se conociera el texto con los cambios finales en la redacción del proyecto de ley ómnibus, las repercusiones en redes sociales no se hicieron esperar. Legisladores de distintos bloques hicieron hincapié en el tema de la movilidad jubilatoria y las jubilaciones de privilegios.

La oficialista Carolina Píparo destacó: “Párrafo textual del proyecto Bases, modificado hoy por el poder ejecutivo: ‘Es sano exponer los privilegios de unos pocos y mover el marco normativo. También es sano escuchar, corregir, aprender’”, y resaltó: “Es por acá”.

El diputado Diego Santilli (Pro) celebró que “se eliminan las jubilaciones de privilegio”, y adelantó que apoya la medida del Gobierno de eliminar las jubilaciones de privilegio de presidente y vice, millonarias y vitalicias. “La política debe estar a la altura y es la que primero debe hacer el ajuste”, expresó.

Su par de bancada María Eugenia Vidal recordó que propuso “la eliminación de jubilaciones de privilegio de presidente y vice, tal como hice en la Provincia cuando fui gobernadora. El Gobierno escuchó e incluyó la reforma en la Ley de Bases”.

“Celebro que se valore la experiencia y gestión del Pro. La política está obligada a ser ejemplo y reducir sus costos para sacar el país adelante”, manifestó.

Por el contrario, la diputada de izquierda Myriam Bregman alertó que “la ley ómnibus sigue siendo tren fantasma para los jubilados. Si la idea es cambiar la movilidad jubilatoria desde abril como dicen, es para robarle más a los jubilados que ya vienen perdiendo. Les roban un trimestre con alta inflación, arriba de 50%. Y si sacan los bonos, un 35%más”.

“En el proyecto que circula como nueva versión de Ley Ómnibus, se reduce el plazo de la delegación de facultades legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso. Es para que hagan el daño más rápido, mientras dure el apoyo inicial”, añadió respecto de otro punto.

Su compañero de bloque Nicolás del Caño apuntó: “Milei congeló las jubilaciones en su primer mes de gobierno con un 25% de inflación. La nueva redacción del proyecto plantea continuar con la fórmula actual hasta marzo, es decir una rebaja mayor de las jubilaciones. Plantear la actualización x IPC a partir de abril, es un robo”.

También se mostró de forma crítica la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto Lago: “El ajuste no puede pasar por los jubilados. Si se mantiene esta fórmula espantosa del kirchnerismo hasta marzo, para después ajustar por inflación, es condenarlos a más pobreza y deterioro. Se debe hacer a partir de diciembre en atención a la escalada de precios en los alimentos y medicamentos. Los jubilados no dan más”.

La exministra de Desarrollo Social y diputada de UP Victoria Tolosa Paz adelantó: “Vamos a seguir defendiendo una Argentina con trabajo y producción. El gobierno tiene un proyecto que concentra, extranjeriza y primariza nuestra economía, el cual es un riesgo para la generación de empleo y desarrollo de los trabajadores y la clase media”.

En tanto, el santafecino Roberto Mirabella cuestionó: “Milei cree que el equilibrio fiscal se encuentra recortando las jubilaciones y pensiones. ¿Y si en lugar de eso empezamos a debatir los beneficios fiscales de los importadores que están en Tierra Del Fuego o las personas eximidas de pagar impuesto a las ganancias?”.

"Con la inflación anualizada rozando el 110 por ciento no hay fórmula de movilidad jubilatoria que alcance para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados", advirtió el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical), quien presentó un proyecto de ley de "defensa de las jubilaciones", el cual estipula que los haberes se fijen en UVAs y de ese modo se actualicen mensualmente sin depender de una fórmula especial.

Para el economista, "necesitamos proteger las jubilaciones para que no sufran nunca más ningún ajuste por culpa de la inflación. De esta manera contribuimos a la creación de una sociedad más justa y equitativa, mantenemos el poder adquisitivo de los haberes y motivamos a los tomadores de decisiones a que den prioridad en sus actos a mantener el valor de la moneda”.

La iniciativa del radical establece que todas las jubilaciones y pensiones sean transformadas en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) al momento de promulgarse la ley, tomando como base el valor de las UVA del último día del mes anterior al mes de promulgada la norma. Además, al momento de liquidar los haberes al valor de UVA para transformarlos en moneda de curso legal, se deberá tomar el valor UVA del último día del mes anterior.

“Para salir adelante necesitamos estabilidad monetaria. Este proyecto apunta a contrarrestar el daño de la inflación y a dejar bien en claro que la estabilidad de nuestra moneda debe ser la prioridad número uno en la Argentina”, concluyó Tetaz.

El proyecto contó con la firma de sus pares de Juntos por el Cambio Luciano Laspina, Pablo Cervi, Laura Castets, Fabio Quetglas, Rodrigo De Loredo, Manuel Aguirre, Graciela Ocaña, Ricardo López Murphy, Carlos Zapata y Fernando Iglesias. También lo suscribió el diputado de Identidad Bonaerense, dentro del interbloque Federal, Florencio Randazzo.

Con varios diputados presentamos un proyecto de Ley de defensa de las jubilaciones, para que se fijen en UVAs y no sufran nunca más ningún ajuste por culpa de la inflación. pic.twitter.com/FDT2bbvKph

— Martin Tetaz (@martintetaz) June 1, 2023

Mediante el decreto 132/23, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.705 de Plan de Pago de Deuda Previsional, que permite beneficiar alrededor de 800 mil personas que no cuentan con los aportes suficientes para poder acceder a una jubilación.

El proyecto había recibido media sanción en el Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. Mientras que, después de varios meses de retraso, en la Cámara de Diputados se sancionó finalmente el pasado 28 de febrero, con 134 votos a favor y 107 en contra.

La ley establece que las personas en edad jubilatoria, pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la norma contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realizará teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS.

El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, intervino de manera crítica en el debate sobre la moratoria previsional. En su mensaje señaló que “los sistemas de reparto tienen un grave problema que derivan de la transición demográfica”.

Graficó: “Si uno ordenara a la población por edades, donde pone en la base a los más jóvenes y a los adultos mayores en lo más alto, lo que va a ver es que ese sistema arranca con una pirámide y termina convirtiéndose en un tuvo. Y en esa situación lo que pasa es que la relación de dependencia en la economía se vuelve más alta; es decir, cada vez son más los trabajadores que se van retirando y que tienen que ser sostenidos por una menor cantidad de personas que trabajan. Es decir que ya desde el punto de vista poblacional los sistemas de reparto tienen un problema”.

Agregó a su panorama, la convicción de que “Argentina tiene otro problema más: una economía que no crece”. Y detalló: “El PBI está todavía 1% debajo del que teníamos en 2011. Es decir que Argentina tiene un PBI per cápita 13% inferior al que teníamos entonces”.

“No solo eso, esto se manifiesta en baja productividad, bajos salarios, que sumados a las brutales regulaciones que tenemos en el mercado laboral, hace que el mercado argentino sea muy chico, y mientras que la cantidad de empleo asalariado en el sector formal sigue clavado en torno a los 6 millones de personas, hoy el mercado informal está cerca de los 8 millones. Hay más gente fuera del mercado que dentro. Eso también afecta negativamente a la lógica de los ingresos en el sistema”.

Milei agregó que “el Fondo de Garantías de Sustentabilidad se usa como una forma de financiar al fisco y por lo tanto está repleto de títulos de un deudor quebrado. Porque Argentina es un deudor quebrado; porque para poder pagar la deuda se necesita tener un superávit fiscal positivo y acá seguimos dibujando con uno que es negativo. Además, tiene todos sus títulos en un pagador que es un defaulteador serial”.

Milei agregó a ese panorama que denominó “descalabro” la existencia de “jubilados sin aportes”, el sistema “va a seguir generando déficit fiscal, que de alguna manera se va a pagar. Es decir, con deuda, pero la deuda es castigar a generaciones futuras, que son niños o ni siquiera han nacido”.

Otra alternativa para pagar el déficit es, dijo, “seguir aumentando la presión fiscal, o emisión monetaria, y seguir rompiéndonos la cabeza con inflación”.

“Este tipo de cosas constituyen un verdadero desastre, no solo porque es una estafa a los jubilados de hoy, sino también a las generaciones futuras”, continuó. Y cerró: “Si seguimos así, lo único que vamos a hacer es que cada día Argentina sea más miserable”.

Una fuerte crítica contra las moratorias previsionales fue la que hizo en su discurso el diputado del Pro Luciano Laspina. Las calificó como “la prueba del fracaso del sistema que tenemos en la Argentina desde hace muchos años”.

“Son más la consecuencia que la causa de los problemas previsionales, del déficit de nuestro sistema previsional, y que ha llevado a la licuación sistemática de las jubilaciones a lo largo de los últimos años. En particular de los que tuvieron contribuciones en tiempo y forma”, sostuvo el diputado santafesino.

Para Laspina, lo que se puso en debate “es el reflejo de que al menos el 25, 40% de los trabajadores está en alguna forma de informalidad laboral”.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda habló de “leyes laborales vetustas que protegen a los que pudieron entrar a ese sistema y desprotege al resto de los argentinos, y además somete a los que están dentro del sistema a sistemáticas reducciones salariales, producto de cuando hay menos demanda de empleo, hay menos salarios reales en una economía. Y eso es el fracaso de la regulación laboral”.

Para Laspina, “el segundo fracaso de diseño es la arbitrariedad de los 30 años de aporte. No puede ser que un argentino que aportó 29 años no obtenga su jubilación, o tenga que ir incluso a una prestación individual para el adulto mayor, que es un beneficio que se creó para quienes no tenían ningún tipo de aporte en el año 2016 en tiempos de Mauricio Macri”.

“Las moratorias buscaban compensar la falta de algunos años de aporte; no esto que estamos haciendo, que es regalarle la jubilación a alguien que no aportó”, aseguró.

Laspina consideró que el proyecto debatido “es una gran injusticia para los que aportaron 40 años. Es un pasivo enorme que se carga sobre el sistema previsional sin haber tenido la contribución previa”. Y lo atribuyó a un “mecanismo electoral”, porque a su juicio “es tan clara la intencionalidad política de esto, que por eso se hace este año y no el año pasado, de regalar plata que ya no tenemos”.

Puesto a ofrecer alternativas, Laspina dijo que “tenemos desafíos del sistema previsional, generar incentivos para que la gente trabaje más tiempo en blanco, porque en un sistema de reparto, la forma de pagar buenas jubilaciones es que haya mucha más gente trabajando por más tiempo en el sistema formal”.

Llamó a “eliminar las discontinuidades, generar incentivos porque el que quiera trabajar más, tenga una prestación jubilatoria mayor; y el que quiera retirarse antes, tenga una prestación jubilatoria menor”. También agregó algo que consideró obvio: “Eliminar los privilegios; tenemos un sistema lleno de privilegios”, y en ese sentido citó como ejemplo a “una expresidenta que cobra su jubilación y la de su esposo, sin ningún tipo de necesidad económica que justifique”.

Laspina concluyó advirtiendo que “hoy estamos bajando las jubilaciones a los futuros jubilados de la Argentina. Esto es lo que estamos sancionando hoy: la baja futura de las jubilaciones, porque estamos dando beneficios sin recursos”.

Y cerró con una feroz crítica al kirchnerismo: “Se van tirando del mantel; el fin del populismo va a ser a toda orquesta; se van tirando del mantel, dejándonos un problema fiscal y previsional enorme a todos los argentinos en el futuro. Es increíble el cinismo de este gobierno, la irresponsabilidad fiscal y el populismo terminal con el cual se están yendo de este gobierno”.

El ministro de economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, anunciaron este viernes el primero de los cuatro incrementos por movilidad y refuerzo para jubilaciones y pensiones que otorgarán en 2023.

“A partir de marzo, ninguna jubilación quedará por debajo de los $73.000”, destacó Raverta. El nuevo aumento por movilidad será del 17,04% para más de 17 millones de titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones y se comenzará a pagar en el mes de marzo.

Se implementará un refuerzo mensual para titulares de jubilaciones y pensiones que cobren hasta dos haberes mínimos que se pagará durante los meses de marzo, abril y mayo, hasta el próximo aumento por movilidad.

El refuerzo será de $15.000 por mes para titulares de jubilaciones y pensiones que reciban hasta 1 haber mínimo e irá decreciendo progresivamente hasta los $5.000 para quienes cobren hasta 2 haberes mínimos. Con estas medidas, la jubilación mínima pasará de $60.124 a $73.665.

“Venimos transitando un camino de recuperación y con estos aumentos en marzo las jubilaciones tendrán 11 puntos de recuperación del ingreso, algo clave para potenciar el mercado interno y sobre todo, mejorar la calidad de vida de nuestros jubilados y jubiladas”, ponderó Massa.

En oficinas de la ANSeS de esta ciudad aparecieron estos días afiches escrachando a diputados nacionales de CABA de la oposición, atribuyéndoles la responsabilidad de que la gente no pueda jubilarse.

“Son diputados y diputadas de tu ciudad y no quieren que te jubiles”, decía el afiche, con las caras de los diputados opositores escrachados.

Miren lo que ponen en las oficinas de ANSES... muy democrático. pic.twitter.com/4Sk5SQqmll

— Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) February 3, 2023

Tomó el guante uno de los que aparece en los afiches, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, quien publicó una serie de tuits sobre la cuestión de la moratoria previsional.

“Aprovechemos este afiche fascista y mentiroso para hablar de jubilaciones”, arrancó el economista, que agregó: “Argentina necesita reformar su sistema de pensiones con una perspectiva sustentable y equilibrada basada en calculo actuarial”.

Tetaz aclaró que “no podemos dejar sin jubilación al que aportó, 15, 20 o 25 años, porque eso sería una estafa, pero tampoco podemos bajar las jubilaciones de los que aportaron para incorporar más gente que no aportó, porque esto también sería otra estafa”.

Así las cosas consideró que “necesitamos un sistema con 2 componentes; una prestación básica universal fija, que el Estado le reconozca a todos los adultos mayores (similar PUAM) que se financia de rentas generales, más un componente variable en función de años aportados y edad de retiro”.

“Este segundo componente puede a su vez tener una parte de reparto y otra de capitalización (que no necesita ser privada, aunque debería permitirse la competencia), en sintonía con el modelo de Noruega. Este tema es un debate central, pero diferente al de edad y años aportados”, agregó Martín Tetaz.

A su juicio, “en este esquema hay que terminar con los requisitos de edad y aporte para jubilarse; que cada uno se jubile cuando quiera. La ANSeS debería publicar una calculadora basada en un cálculo actuarial que muestre la jubilación correspondiente a cada combinación de edad y aportes”, sugirió el legislador, y ejemplificó: “¿Querés jubilarte a los 60? ¿A los 65? ¿A los 70? ¿Querés jubilarte con menos aportes? Ningún problema. Obviamente cuanto más tarde te jubiles y más años tengas aportados, más alto será el componente variable de tu jubilación. Basta de demagogia y de cagar al que aportó”.

“Obviamente, el componente fijo de la prestación básica universal se cobra recién a una determinada edad que hay que discutir, pero que podría ser variable en función de la expectativa de vida (Expectativa- 15/20 años)”, continuó, para concluir: “Por último quiero contarle a los que hicieron el afiche que todavía no fuimos convocados a ninguna sesión para tratar el tema, porque evidentemente lo único que le interesa al Gobierno es manipular la justicia. Así que dejen de mentirle a la gente”.

La directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, pidió a los diputados de la oposición que permitan el tratamiento de la nueva ley de Pago de Deuda Previsional ya que, si no lo hacen, aproximadamente 800 mil personas no podrán acceder a su jubilación.

“La ley de Pago de Deuda Previsional estaba para tratarse en diciembre para que justamente no tengamos este bache y los diputados de Juntos por el Cambio y de la oposición decidieron no ir a trabajar, no sentarse en el recinto y nos quedamos sin ley”, cuestionó Raverta tras inaugurar junto a la directora del PAMI, Luana Volnovich, el nuevo edificio de la obra social de los jubilados y pensionados en Mar del Plata.

“Desde el 2004 y después en 2014 contábamos con una ley que permitía jubilarse aquellos hombres y mujeres a los que les faltaban algunos años de aporte pagando su deuda y esa ley venció a principios de año", explicó en declaraciones a la señal A24.

“Las argentinas y argentinos merecen que los diputados bajen a sesionar y que nos den esta herramienta que no es para el gobierno ni es para ANSeS, sino para la enorme cantidad de 800 mil argentinas y argentinos que durante este año cumplen la edad de jubilarse y necesitan saldar la deuda de esos años de aportes”, indicó.

Por esta razón, destacó: “Desde ANSeS esperamos que en estas sesiones extraordinarias los diputados de la oposición nos den esta oportunidad de discutir esta ley para poder contar con la herramienta que permita a las argentinas y argentinos acceder a una jubilación”.

Otro de los nombres que pasaron este miércoles por la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo de Carlos Heller (FdT), fue la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, quien detalló los objetivos centrales del organismo y resaltó que “este presupuesto prevé que para las jubilaciones y pensiones haya un 74% más de la proyección de cierre del 2022”. A su vez, comparó que en la gestión anterior “las jubilaciones y pensiones perdieron un 19.5 y hoy recuperamos un 4.7”.

En su presentación, Raverta recordó que “cuando llegamos a la gestión nos hicimos cargo del organismo en un contexto muy difícil atravesando la primera ola, la curva de contagios por las nubes, pandemia, crisis humanitaria mundial, nos propusimos dos grandes objetivos además de la urgencia de la pandemia, creíamos que teníamos que cumplir con objetivos estructurales porque para eso nos habían votado, para resolver los problemas reales y buscar soluciones definitivitas”.

“Los dos objetivos fueron recuperar tiempo perdido en relación al alcance a la cobertura de nuestras prestaciones, de los derechos que cada argentino recibe por parte del organismo mes a mes y, por el otro lado, recuperar tiempo perdido en relación al poder adquisitivo a la capacidad de compra, al valor de esas asignaciones”, precisó.

En esa línea, indicó que “volver a construir un organismo empático e inteligente nos puso a trabajar con mucho compromiso y muchas horas para asistir los 7,5 millones de jubilados y pensionados, los 8,7 millones de niños y adolescentes de los que 4,4 son de AUH y 4,3 millones de AAFF de chicos cuyos padres no tienen trabajo; 1 millón de personas con otro tipo de prestaciones”.

En ese sentido, sostuvo que “instrumentar la capacidad diaria del organismo puso como objetivo estar a la altura de un tiempo de emergencia”, y detalló: “Asistimos a 9 millones de personas con el IFE aquellas personas que tenían sus ingresos informalizados, también nos ocupamos de trabajadores en relación de dependencia achicando un aporte al sector privado y a las empresas en donde allí trabajaban pagando la mitad del salario a más de 1,8 millones de personas; REPRO II”.

Y siguió: “Bonos de Salud; había que acompañar a los trabajadores de la salud que ponían el cuerpo como todos, pero de manera especial porque era un tiempo en donde quienes trabajan en salud se sacrificaban y se exponían; el Bono de Cultura de 50 mil, porque es una Argentina que atiende a todos porque los trabajadores de la cultura no pudieron trabajar durante la pandemia se instrumentó una política de asistencia económica; bonos a jubilados y pensionados: en nueve oportunidades salimos a poner más dinero en el bolsillo, además de la instrumentación de los aumentos de la fórmula que fue votada en este Cuerpo;  el Refuerzo de Ingresos a trabajadores informales más de 7,5 millones de personas alcanzadas”.

“Estas medidas son medidas excepcionales, hubo que tomarlas en función de garantizar la cotidianeidad de un organismo que asiste, que dialoga prestacionalmente con 17 millones de personas esto sobrecarga nuestra capacidad, pero hemos podido estar a la altura de ese tiempo haciendo lo que había que hacer”, destacó Raverta.

A su vez, señaló que para garantizar esa afluencia diaria “son muchos los millones de ciudadanos que todos los días asistimos, estamos hablando de 90 mil personas por día que asistimos en las oficinas, realizamos 110 trámites por día, es decir, 2 millones de personas por mes y 2.3 millones de trámites mensuales”.

“Además de las más de 200 oficinas que teníamos, construimos 50 oficinas nuevas. Cuando nosotros llegamos en ANSeS eran 13.761 trabajadores, en 2022 estamos trabajando con 13.580 personas (-1,3%). Esto es algo que tenemos que atender porque tenemos más oficinas, más trabajo, más personas por atender, pero con menos empleados”, precisó la funcionaria.

Por otro lado, resaltó que “ANSeS llega a las familias argentinas dos grandes universos: a los chicos adolescentes, niños y niñas y a las personas mayores”. Sobre las personas mayores describió que “el alcance del sistema previsional argentino nos tiene que poner sumamente orgullosos como tenemos a una población en condiciones de obtener una jubilación asistida. El 95% de las personas que están en edad de estar jubiladas reciben una jubilación o pensión mensual”.

“Personas mayores de 60 años ¿qué hubiera sucedido si en pandemia no tenían la posibilidad de contar con una jubilación en ese contexto? Es la posibilidad de que hombres y mujeres en edad de riesgo que no son población económicamente activa, el sistema previsional garantiza que esas personas mayores tengan un plato de comida”, destacó Raverta.

En ese sentido, precisó: “Actualmente hay 8,8 millones de beneficiarios previsionales de los cuales más de 7 millones contributivos y 1,8 millones no contributivos. Este nivel de cobertura y de alcance es producto de dos decisiones políticas homologadas en este Cuerpo la Ley del año 2005 y otra el 2014 en donde los argentinos tuvieron la posibilidad de pagar su deuda con el Estado a través de una moratoria para poder tener la jubilación que otros con 30 años aportados tenían esa posibilidad”.

“Las jubilaciones de quienes tienen una moratoria son más bajas y las jubilaciones de quienes no tiene una moratoria y han tenido 30 años aportados tienen una jubilación más alta. El sistema previsional sigue garantizando ser un sistema solidario”, agregó.

Otro de los objetivos que se propusieron fue que “había que seguir garantizando el alcance para que todas las mujeres que tuvieran más de 60 años pudieran alcanzar una jubilación  y el tiempo que está vigente para pagar esa moratoria es muy chiquito para que se puedan poner al día , por lo tanto instrumentamos una política que tiene que ver con reconocer los años de aporte por las tareas de cuidado, es decir un año de aporte por cada hijo porque el Estado reconoce que ese tiempo invertido en la familia es tiempo que dedicaron a construir una Argentina mejor”, y resaltó: “Esa política permite que más de 207.000 mujeres accedan a una jubilación”.

“También nos teníamos que hacer cargo de hombres y mujeres que tenían los años aportados y no le debían nada al Estado, pero les faltaba edad y conseguir trabajo cuando sos más grande es más difícil. Con un decreto el 674/2021 se logró instrumentar una política que tenía un antecedente en el 2005 que es la jubilación anticipada para personas que a cierta fecha que se encontraran desocupados y de esta manera poder acceder a una jubilación. Son 20 mil jubilaciones anticipadas, iniciadas 16500 en el bolsillo”, explayó la titular de ANSES.

En suma, destacó que “todos los meses estamos mejorando nuestro funcionamiento, el rendimiento jubilando más gente”, y precisó que de los últimos 6 años en el mes de septiembre fue el mes donde más jubilaciones se tramitaron que fueron “556.992 nuevos beneficios previsionales en los primeros 9 meses del año”.

 “Cuando venimos a discutir un presupuesto, venimos a contarles para qué necesitamos el presupuesto y por qué necesitamos que aumente. Podemos mostrar que nuestro ejercicio cotidiano es mejorar la calidad de vida de los argentinos”, manifestó la funcionaria y retomó lo planteado al comienzo sobre “recuperar el tiempo perdido” explicando que apuntan a “mejorar el sistema previsional”.

Y cuestionó: “Arrancamos la gestión con una jubilación que había perdido 19.5 en los últimos dos años del gobierno anterior, hoy ya llevamos recuperado 4.7”, pero reconoció que “no es suficiente”, anquen señaló que “estamos en el camino correcto con una fórmula de movilidad que se votó en este Congreso para poder seguir recuperando capacidad de compra. No es fácil porque no arrancamos de cero, arrancamos de -19.5 por eso celebramos cada aumento trimestral porque nos permite seguir construyendo ese horizonte de mayor capacidad de compra con las prestaciones, con las jubilaciones y pensiones”.

“Este presupuesto prevé que para las jubilaciones y pensiones haya un 74% más de la proyección de cierre del 2022. Cuando crece el salario de los trabajadores, y la economía argentina, crece el bolsillo de los jubilados porque el presupuesto prevé que se mejore en un 79% la recaudación y un 63% los salarios y por eso necesitamos esa proyección, ese aumento”, explicó Raverta.

En otro tramo de su exposición se refirió a la seguridad social para las niñas y adolescentes que “también tenía que recuperar el alcance de la cobertura”, y enumeró la Ley 1mil días, el Programa Alimentar, el Complemento Mensual al Salario Familiar, el Refuerzo en las Asignaciones Familiares, la ampliación del PROGESAR. Son 8.7 millones de nenes a los que les llega todos los meses una asistencia que permite hace 13 años que los hijos de trabajadores tienen un plato de comida y de quienes no tienen trabajo”.

“La Asignación Universal es un esfuerzo enorme en términos presupuestarios para llegar a los hijos de los trabajadores del pueblo, desocupados, informalizados, pero también el salario familiar es un esfuerzo muy grande en términos presupuestarios”, resaltó la funcionaria.

Sobre la Ley 1000 días precisó que “teníamos 6 meses de asignación por embarazo ahora son 9, eso habla de equiparar a las embarazadas que tiene trabajo con las que no lo tienen. Son 80 mil mujeres”.

Otro de los Programas que explicó es el Alimentar, sostuvo que “son 9 mil pesos además de las AUH para los chicos menores de 14 años, $13.500 para las familias que tienen dos nenes de esa edad, y $18.000 para quienes tienen más de tres chicos. Es una erogación presupuestaria importante que es trascendente en momentos económicos complejos, prever el estimado presupuesto 2023 en $342.066 millones nos preocupa que los chicos del país puedan tener el alimento que necesitan. Además, vamos a invertir lo que sea necesaria para que ese alimento este”.

“La AUH más el Programa Alimentar garantizan un piso de ingresos para las familias más pobres de la Argentina. Recuperamos un 54.5 ese ingreso”, subrayó Raverta y remarcó que “la AUH es una política indispensable que nos pone en el mejor de los mundos en el país donde los hijos de todos tienen la misma oportunidad de ser alimentados. De esa manera construimos un lugar mejor. Va a aumentar en un 71% respecto del crédito vigente lo que representa $684.360 millones”.

Al hablar del Complemento Mensual al Salario Familiar, señaló que en octubre de 2021 duplicaron el valor de las asignaciones de Rango I y II para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas categorías A, B, C Y D; y prestación por desempleo. “Esto alcanza a 2 millones de chicos”, detalló.

“Hace un mes decidimos aumentar a $20.000 las AAFF para el tramo 1 aumentos para los trabajadores con menos aumentos salariales. El presupuesto tiene que apuntar hacia ese lugar”, contó y comparó: “Cuando llegamos era del 83% y ahora es del 101%”.

Y cerró pidiendo que voten el Presupuesto 2023 porque “tenemos que seguir en este contexto ayudando a las familias de quienes son tiene trabajo registrado y a las familias de los trabajadores y reconocer el esfuerzo que hacen los trabajadores para llevar el país adelante”.

Con el apoyo de aliados, el Frente de Todos en el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que propone una moratoria previsional para personas en edad jubilatoria que no cuentan con los aportes suficientes, y un plan especial para quienes estén a diez años de retirarse y estiman que no alcanzarán los años de servicio correspondientes.

La votación resultó con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Al oficialismo lo acompañaron, como es habitual, la riojana Clara Vega, la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck. En tanto, también apoyó el proyecto la cordobesa Alejandra Vigo. Le faltó al oficialismo el puntano Adolfo Rodríguez Saá, enfermo de Covid.

Las abstenciones correspondieron a Juntos por el Cambio, espacio dentro del cual hubo un puñado de senadores del Pro que votaron negativamente: Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli, María Victoria Huala, Luis Juez, Humberto Schiavoni y José Torello.

La iniciativa del oficialismo fue presentada a principios de mayo y solo se trató en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, uno de los aspectos que fue motivo de reclamo por parte de la oposición.

Además, desde Juntos por el Cambio pidieron por la opinión del Ministerio de Economía sobre el costo fiscal y el impacto que tendría en el marco del acuerdo con el FMI. Pero el Frente de Todos aclaró y ratificó que la propuesta no fue consultada con la cartera que conduce Martín Guzmán.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realizará teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS.

El debate

La primera oradora de la tarde fue la jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien explicó en detalle el proyecto e indicó que “este año tiene el 0,02% de costo fiscal y el año que viene tiene un 0,3%". "La verdad que es insignificante”, consideró, ante lo que busca ser “un plan para mejorarle la vida a 1.650.000 personas”.

“Yo la verdad que no le pregunté al ministro (Martín Guzmán), le pregunté al organismo competente, que es la ANSeS y creo que los autores hicieron lo mismo”, respondió sobre las críticas por la falta de opinión de la cartera económica, y agregó: “Las iniciativas legislativas, en general, no se las preguntamos a los ministros”.

Desde la oposición, el radical Víctor Zimmermann preguntó: “¿Por qué este proyecto no pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Para que, de alguna manera, poder tener un costo presupuestario del impacto que pueda tener". "Porque creo que de la suma y resta, más allá de que uno es de aporte y otro de pasivo hacia adelante, va a tener un costo presupuestario importante", consideró.

También consultó al oficialismo sobre si la iniciativa “no impacta en contra del compromiso con el FMI" ya que Argentina "se comprometió a hacer un estudio del sistema previsional hacia adelante para ver cómo puede impactar en el déficit”. Así, contradijo a Di Tullio: "Es necesario e importante convocar a los miembros del equipo económico, a los encargados del sistema previsional, para ver qué impacto podría tener y si no significa una contrariedad en el contexto de la Argentina”.

El chaqueño sostuvo que "no podemos estar satisfechos con lo que ha pasado en el sistema previsional en Argentina porque hay muchos jubilados que les cuesta llegar a fin de mes hoy". Y pidió que el proyecto vuelva a comisión y se trate en Presupuesto.

Por su parte, la macrista Guadalupe Tagliaferri resaltó que "todos sabemos que el sistema previsional argentino está a punto de colapsar. Sabemos que es enorme el déficit fiscal y es, en parte, producto de la falta de crecimiento, de generación de puestos de trabajo, de la inflación, que no son otra cosa que la angustia que viven a diario los ciudadanos”.

En esa línea, la porteña aseguró que “nos debemos un debate serio, sano, genuino, con todos los actores sentados, diputados, senadores, cámaras empresariales, sindicatos, absolutamente todos. No podemos seguir generando parches”.

Sobre el proyecto, la senadora cuestionó que “no sirve, no es real” y explicó que "esta moratoria es para los que tienen 10 años de aportes, por lo cual tampoco van a llegar a los 30 años; y si cada 4 años vamos a tener que hacer una nueva, es porque necesitamos revisar en serio y conjuntamente con seriedad el sistema previsional argentino". "No es sostenible, no soluciona el problema de fondo, no es previsible y perjudica al que aporta porque se lo queda el Estado”, completó.

De la vereda de enfrente, el misionero Maurice Closs subrayó que se trata de beneficiar a muchas personas que "no llegan a completar los requisitos de edad y aportes" porque "tenemos una economía que lo largo de los años viene con desórdenes y problemas de pérdida del trabajo formal”.

“Esto busca incluir a esas personas que no cumplen el doble requisito, dentro del sistema con una medida que no es la primera vez que se hace”, manifestó el oficialista, que aportó datos sobre la situación en su provincia: “En Misiones hay 80 mil jubilados por moratoria y solo 18.800 que se jubilaron con la cantidad de aportes y edad necesaria, ¿imaginen si no hubiesen existido esos planes?”.

Aunque reconoció que esta iniciativa no resolverá los problemas estructurales, el legislador señaló que "si no damos una solución vamos a ver mucha gente sin condiciones de jubilarse, esa es la verdad y nos interpela a tomar una decisión. Es una solución coyuntural, sustentable y en la expresión de un país que no resuelve problemas como la inflación y la informalidad”.

Una de las autoras del proyecto, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, remarcó que de no aprobarse este proyecto "solamente van a poder jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones" en edad jubilatoria. Por eso, pidió asumir "la gravedad de la situación" y "la urgencia que tenemos en el tratamiento del proyecto de ley".

La mendocina respondió entonces a los que "piden que volvamos a comisión, o dicen que ponemos parches al sistema previsional, o que nos merecemos un debate profundo acerca del sistema previsional. ¡Siempre ponen excusas cuando no quieren acompañar algo que beneficia a la gente!".

En defensa de la iniciativa, la camporista sostuvo que esta moratoria "es superadora de las anteriores moratorias", porque tiene una "vista al corto plazo y al mediano plazo". También expresó que se busca "crear una conciencia previsional en todos los argentinos y argentinas" y este plan "se inscribe en el espíritu" de "las políticas de inclusión previsional" del kirchnerismo.

En contra de la gestión de Cambiemos, la legisladora recordó que al entregar el gobierno Cristina Kirchner, en diciembre de 2015, había "un 98% de cobertura del sistema previsional" y "el haber mínimo más alto de Latinoamérica". En tanto, durante el gobierno anterior, mediante la Ley de Reparación Histórica, que calificó como "un caballo de Troya", se aprobó un "blanqueo a los familiares de Mauricio Macri y otros funcionarios" y "la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)", entre otras cuestiones.

"Ahí empezó el cambio de paradigma del sistema previsional solidario e inclusivo", dijo y denunció que "devaluó los activos del FGS, modificó sus funciones y lo descapitalizó totalmente". Además, precisó que el FGS tenía en diciembre de 2015 unos 66 mil millones de dólares y a fines de 2019 se entregó con 33 mil millones de dólares; hoy cuenta con 51 mil millones de dólares, por lo que destacó la recuperación de 18 mil millones.

En el tramo final, la senadora de Córdoba Federal Alejandra Vigo opinó que “no es un buen proyecto porque, más allá de la intención, no resuelve ni se aboca al tema crucial que es el sistema previsional actual y los jubilados". Sobre la situación crítica del sistema, detalló que "según datos de la ANSeS, el SIPA contaba con el 48% de la población activa, un 29% trabaja en la informalidad y un restante 6% que se encuentra desocupado. No se produce ingreso en concepto de aportes”.

Sin embargo, la cordobesa adelantó su voto positivo porque “es necesario ir resolviendo de manera parcial los aspectos que no pueden esperar”. Pero cuestionó "la idea de pensar en que esto son soluciones o parches para una enfermedad grave como es el sistema jubilatorio”.

A su turno, el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, afirmó que "no estamos solucionando los problemas estructurales" y, por eso, "no hay que ofenderse cuando uno lo tilda a esto de parche". El proyecto "claramente aumenta la vulnerabilidad del sistema, porque incorpora beneficiarios que no han tenido aportes", observó.

El misionero expresó que "todos estamos de acuerdo que hay situaciones de injusticia y grupos que están en estado de vulnerabilidad", pero "también tenemos que saber cuáles son los límites que enfrentamos como sociedad, y en esto hay una responsabilidad compartida de toda la dirigencia", aseveró y pronosticó que "este proyecto implica más déficit fiscal".

“Lo que hoy estamos debatiendo acá es cómo corregimos los defectos de una ley que el año que viene va a cumplir 30 años. Estamos debatiendo cómo corregir algo que lleva tres décadas de problemas. Esa ley es la 24.241. El problema que tiene es que pide un doble requisito para acceder al beneficio jubilatorio”, analizó en su discurso el senador Martín Lousteau.

En ese sentido, el radical apuntó que mucha gente afronta el problema del doble requisito en medio de "un mercado laboral inestable y en una economía muy inestable en la Argentina". Tras definir como "parche" a la iniciativa, cuestionó que "seguimos alimentando un sistema deficitario, desordenado, e impredecible para quienes aportan o se quieren jubilar". "Hay reglas distintas para distintos grupos todo el tiempo; es la fuente de mayor inequidad que podemos tener en el principal gasto social que tiene cualquier Estado”, añadió.

Penúltimo orador, el otro autor del proyecto, el senador camporista Mariano Recalde, sostuvo que hay "una necesidad y urgencia" porque a partir del próximo 23 de julio, "una enorme cantidad de argentinos no van a poder acceder a la jubilación". "Si no hacemos algo, que algunos definen como un parche, quedan librados a caer en esa especie de migaja, limosna poco digna, jubilación de segunda, una pensión con menos derechos que es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)", advirtió y criticó que esta pensión -creada en el gobierno anterior- "es una suma equivalente al 80% de la mínima" que "no da derechos hereditarios a los familiares" y además "exige a las mujeres llegar a la edad de 65 años".

El porteño defendió que "cuando hay una necesidad nosotros creemos que hay un derecho, pero además no se puede caer un derecho, no se puede perder". Y subrayó que se trata de beneficiar a "gente que sí trabajó; no son parásitos", sino trabajadores que no tuvieron los aportes suficientes por ser "víctimas de las circunstancias políticas y económicas de nuestro país" o porque no tuvieron empleo o los tuvieron sus empleados en la informalidad. "No son responsables de no tener las contribuciones", insistió.

Recalde manifestó también que el sistema previsional "se hace sustentable generando más empleo, combatiendo la informalidad, aumentando el poder adquisitivo de los salarios y no impulsando reducciones de los aportes patronales o reformas laborales con contratos basura".

Finalmente, el presidente del interbloque oficialista, José Mayans, consideró que el proyecto es "profundamente cristiano y humanista". "Hay personas que van a cumplir 65 años, la moratoria vence el 23 de julio y ahí está la urgencia. Porque también la tiene que votar la Cámara de Diputados", argumentó.

"Es un proyecto excelente", resaltó el formoseño, que opinó que no acompañarlo es "no tener corazón, que les importa tres pitos de todo el mundo". "No votar esto es lo mismo que hicieron cuando creamos el SIPA. Están votando nuevamente a favor de las AFJP y en contra de las personas", fustigó a la oposición.

Y reiteró que la iniciativa "tiene en primer lugar a la justicia social y a la solidaridad" al "ponerse del lado de los que no se van a poder jubilar".

Con críticas a la Ciudad de Buenos Aires, que también tuvieron algunos de sus pares, Mayans señaló que "la CABA es la ciudad más beneficiada por la ANSeS, el 30% de su población está beneficiada por la ANSeS". "Tanto que hablan de los planeros…", chicaneó.

En el Congreso se impulsa una nueva prórroga de las moratorias previsionales y un régimen especial de retiro para personas con determinadas enfermedades. Mientras este tipo de normas siga teniendo alto consenso político, no tiene sentido discutir cuál es el mejor régimen monetario para lograr la estabilidad, señala el informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

La crisis económica y política parece sin salida. Esto aumenta las expectativas sobre el próximo gobierno. Hay muchos candidatos que aspiran al poder y pocas propuestas. La excepción es el debate en torno al régimen monetario. Dolarización, convertibilidad, metas de inflación, régimen bi-monetario aparecen, según el candidato, como “el” instrumento para lograr la estabilidad. Se trata de una discusión necesaria pero que pasa por alto que, cualquiera sea el régimen monetario que se adopte, el resultado será un nuevo fracaso si no se aborda un ordenamiento integral del Estado. Por eso es clave explicitar y asumir que el desorden actual es el resultado de la acumulación de malas políticas públicas sostenidas durante décadas por gobiernos de todos los colores políticos.

Dos ejemplos concretos se vieron esta semana, observa IDESA. El Congreso dio media sanción, con casi unanimidad, a la creación (superpuesta con beneficios ya existentes que cubren estas contingencias) de un régimen de pensiones no contributivas para personas de bajos ingresos afectadas con HIV, hepatitis B o C y tuberculosis, y para las que son de ingresos medios y altos se les permitirá jubilarse, sin aportes, a los 50 años. La otra iniciativa fue presentada en el Senado y propone extender las moratorias previsionales.

IDESA observa que dar jubilaciones sin aportes sin evaluar los costos concita alta “transversalidad” política. En este sentido, según datos del Ministerio de Economía para el año 2021 se observa que:

Hay 3,5 millones de jubilaciones otorgadas con las moratorias, de las cuales 800 mil están duplicadas con una pensión por sobrevivencia.

Estas jubilaciones con moratorias generan un gasto público de 2,4% del PBI.

El déficit primario del Sector Público Nacional ascendió a 3,0% del PBI.

Estos datos muestran que las moratorias tienen un costo fiscal equivalente al 80% del déficit fiscal primario. Así las cosas, el informe elaborado por IDESA advierte que seguir dando jubilaciones contributivas sin aportes agrava de manera estructural la insolvencia fiscal. Con esta dinámica en las finanzas públicas, no hay posibilidad de lograr la estabilidad. El desorden del Estado lleva a desequilibrios fiscales altos y permanentes que impiden, cualquiera sea el régimen monetario, tener una economía estable. Por eso, el ordenamiento previsional, junto con el ordenamiento tributario y funcional del Estado, son desafíos mucho más importantes y difíciles que definir cuál es el régimen monetario más apropiado.

Para IDESA, el desorden previsional tiene origen en una larga acumulación de normas impulsadas de manera improvisada y oportunista. El ejemplo más ilustrativo y que más daño ha hecho son las moratorias. Se trata de un mecanismo –sin antecedentes en otras partes del mundo– que permite a una persona simular haber trabajado como autónomo “en negro” para reconocerle aportes no realizados y acceder a una jubilación en idénticas condiciones que una persona que efectivamente trabajó e hizo los aportes correspondientes. La primera moratoria data del gobierno de Néstor Kirchner, pero luego contaron con un amplio y transversal consenso político, como lo prueba el hecho de que fueron sucesivamente prorrogadas, incluso durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el resto del mundo, para contemplar la situación de personas mayores sin aportes se utilizan las pensiones no contributivas. Este instrumento permite moderar los costos financieros y evitar dar la señal de que aportar al sistema previsional no genera beneficios. Pero el punto más importante es que las moratorias generan la duplicación de beneficios cuando fallece el titular de la jubilación o su cónyuge dado que, por ser un beneficio contributivo, puede generar también una pensión. Por esto, las moratorias son el principal factor que explica el alto y creciente fenómeno de duplicación de beneficios.

El consenso que sostiene las malas políticas previsionales queda demostrado con la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La PUAM tiene un diseño más apropiado que las moratorias porque no es un beneficio contributivo. Esto permite diferenciarla de la jubilación a la que acceden las personas que hicieron aportes regularmente y, lo más importante, no genera derecho a pensión por fallecimiento evitando los múltiples beneficios. Pero como cuando se creó la PUAM no se eliminaron las moratorias ni las pensiones por sobrevivencia se dejó pasar la oportunidad para que se sigan dando y duplicando jubilaciones contributivas sin aportes, en lugar de trabajar para perfeccionar la PUAM.

Senadores del interbloque Frente de Todos presentaron este viernes un proyecto de ley para que las personas en edad de jubilarse, pero que no cuentan con los aportes suficientes, puedan cubrir esos años haciendo los pagos correspondientes.

Durante una conferencia de prensa, que se realizó en el Salón Illia de la Cámara alta, los legisladores oficialistas aseguraron que la iniciativa representa un 0,02% de costo fiscal y que, además, contribuiría a "fortalecer el sistema previsional", a través de una moratoria especial que también habrá para mujeres y varones que estén a 10 años de cumplir los 60 y 65 años, respectivamente.

En el arranque de la conferencia, el jefe de la bancada, José Mayans, recordó el fin de las AFJP en 2008, cuando "la mínima era de 700 pesos" y "300 era lo que las AFJP le daban a los jubilados y el Estado tenía que poner más de 400 pesos para alcanzar la mínima". Sobre las distintas moratorias que se impulsaron durante los años del gobierno kirchnerista, destacó que se incorporaron a "casi 3.600.000 argentinos que estaban fueran del sistema".

"Estamos convencidos que a este país o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie", sostuvo y enfatizó que "a mayor justicia social, mayor paz social", por eso "el Estado no se puede hacer el distraído".

Atajándose a consultas sobre si el proyecto fue consultado con el Gobierno o el ministro de Economía, Martín Guzmán, el formoseño remarcó que con la propuesta "no hay intención de confrontar con nadie, ni de arruinarle la vida a nadie", sino que se trata de "tener gestos solidarios y políticas que realmente busquen la dignidad humana". "Por supuesto es perfectible, acá nadie es dueño de la verdad y se puede mejorar", añadió.

Luego, la vicejefa del interbloque, Anabel Fernández Sagasti, indicó que las personas que este año y el año que viene cumplirán 60 o 65 años "han atravesado bastas crisis socioeconómicas y de mercado laboral", también "la última dictadura cívico militar; la hiperinflación del '89; y los picos de desocupación de los '90 y 2001", con lo cual "se hace muy dificultoso que puedan cumplir con el requisito de los 30 años de aportes para poder jubilarse".

La mendocina explicó que a partir de julio, cuando venza la moratoria dispuesta por la Ley 26.970 de 2014, solamente "podrían jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones".

Al reivindicar a los gobiernos K, la camporista recordó que entre 2003 y 2015 "llegamos al 95% de la cobertura en materia previsional" y en 2015, antes de entregar el gobierno, "la jubilación mínima era, en términos reales, la más alta de América Latina".

"Estamos a las puertas de tomar nuevamente una decisión muy importante para que puedan jubilarse los argentinos y las argentinas que cumplen 65 y 60 años en los próximos dos años", sumó y, en ese sentido, dijo que el proyecto "tiene que ver con una preocupación urgente que son estas 500 mil personas que este año no van a poder jubilarse".

Al ser consultada sobre si el proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía, la senadora respondió: "La inclusión previsional es un compromiso que tomó este Gobierno, es parte de la agenda del Gobierno y del interbloque del Frente de Todos. Presentamos este proyecto en el Senado para que lo discutamos entre todos y todas".

"Claramente que los números los hemos consultado con la ANSeS, pero es una iniciativa del interbloque del Frente de Todos", aclaró. Y, sobre el impacto fiscal, señaló que "casi tiene un mínimo costo fiscal, es del 0,02%; es casi nulo".

A su turno, el senador Mariano Recalde, que explicó los detalles técnicos del proyecto, destacó que se trata de "permitirle a los trabajadores y trabajadoras poder regularizar su situación" y "poder ponerse al día con esos aportes que no pudieron cumplir, muchas veces por trabajar en la informalidad, muchas veces por tener períodos donde no pudieron trabajar".

"Este proyecto no tiene impacto en los jubilados que hoy están percibiendo su haber", afirmó el porteño y explicó que "el sistema previsional se robustece y mejora, y tiene más posibilidades de atender las jubilaciones si hay un país, un contexto con pleno empleo, con salarios con buen poder adquisitivo y con una tasa de empleo no registrado baja".

En esa línea, defendió que "esos son tres factores económicos que nuestro proyecto político desde el primer día apuntala y trata de fortalecer" pero "en el medio aparecen dificultades, como pandemias, guerras y deudas externas, problemas que condicionan el objetivo político que tiene nuestro Gobierno".

De acuerdo a la propuesta, las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Los senadores señalaron que, en la actualidad, solamente 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones estarán llegando a la edad de jubilarse con los 30 años de aportes. El resto se ve obligado a recurrir a la PUAM, una prestación sancionada en el gobierno anterior y que otorga apenas un 80% del haber mínimo.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes. Estos trabajadores y trabajadoras podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realiza teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS, se explicó.

Según los registros de la Seguridad Social, en lo que resta de 2022, aproximadamente 500 mil personas con la edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional que propone el proyecto de ley. Además, aproximadamente otras 300 mil personas estarían en condiciones de adherir en el año 2023. "Es importante destacar que muchas de estas personas no han podido adherir a las moratorias anteriores por las restricciones y barreras que las mismas han acumulado a partir de 2016", indicaron en un comunicado.

Los senadores del Frente de Todos consideraron que "es una medida que recupera el valor de solidaridad intergeneracional y de previsión del sistema jubilatorio generando oportunidades para que, de manera anticipada, las personas tomen un rol activo para poder torcer positivamente un destino que, de otro modo, las deja en riesgo de atravesar situaciones de mayor vulnerabilidad en la vejez. Este proyecto, además de resolver la situación jubilatoria de una enorme cantidad de trabajadores, fortalecerá la solvencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA)".

Proy.-Ley-Plan-de-Pago-de-Deuda-Previsional.-Rev.-06-05-2022

A través del DNU 475/21, el Gobierno nacional estableció que las mujeres podrán sumar de uno a tres años de servicios computables para su jubilación por cada hijo, tal como lo anunció días atrás el presidente Alberto Fernández, junto a la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

La norma, publicada en el Boletín Oficial este lunes, modifica la Ley 24.241 -que rige el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones- de modo que “al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la Prestación Básica Universal (PBU), las mujeres y/o personas gestantes podrán computar un año de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida”.

Asimismo, el decreto dispone que “en caso de adopción de personas menores de edad, la mujer adoptante computará dos años de servicios por cada hijo y/o hija adoptado y/o adoptada”.

Además, se reconocerá "un año de servicio adicional por cada hijo y/o hija con discapacidad, que haya nacido con vida o haya sido adoptado y/o adoptada que sea menor de edad”.

La norma extiende el beneficio a “aquellas personas que hayan accedido a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social por el período de, al menos, doce meses continuos o discontinuos”, quienes “podrán computar, además, otros dos años adicionales de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida o haya sido adoptado y/o adoptada que sea menor de edad, en la medida en que por este se haya computado el tiempo previsto en el presente apartado”.

En otro artículo, que se suma a la ley de jubilaciones, se incluye el período de licencia por maternidad para el cómputo de “las prestaciones de retiro transitorio por invalidez o de la pensión por fallecimiento del afiliado o de la afiliada en actividad".

En el DNU se aclara que los beneficios regirán “sólo para las prestaciones que se soliciten a partir de la vigencia del mismo”.

Desde ANSeS se informó que los turnos estarán disponibles a partir del 1ro. de agosto y que la atención será únicamente con turno previo, DNI y las partidas de nacimiento de las hijas y/o hijos, consignó la agencia Télam.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que "el reconocimiento de años de aporte por hijo y/o hija genera un efecto inmediato en las mujeres que siguen sufriendo las consecuencias de una sociedad pasada, en la que la brecha de género era aún más pronunciada que en la actualidad y que, en tal sentido, se trata de una medida del presente que puede reparar parte de las inequidades acumuladas a lo largo de 30 años".

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió este martes dictamen favorable sobre un proyecto de jubilación anticipada para los obreros y empleados de la actividad vitivinícola, con el fin de que puedan acceder al beneficio a los 57 años, con 25 de aportes.

El cuerpo legislativo que preside Carlos Heller (Frente de Todos) completó así el aval que el lunes le dieron a la iniciativa las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo, que presiden los diputados del Frente de Todos Marcelo Casaretto y Vanesa Siley.

El proyecto de jubilación anticipada beneficia a 25 mil trabajadores del sector vitivinícola e iguala condiciones con el régimen de trabajadores y trabajadoras rurales.

La iniciativa sancionada originalmente por el Senado fue impulsada por la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), pero deberá volver a la Cámara alta, ya que Diputados le hará algunos cambios "que están consensuados con el Poder Ejecutivo", informó Casaretto.

El legislador, por haber participado en la reunión del lunes, explicó ante sus pares de Presupuesto y Hacienda los aspectos del proyecto: "En el artículo 1 se especificará que habrá un régimen previsional para los trabajadores vitícolas, en cuanto desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro".

Destacó que "siempre es bueno que el Congreso de la Nación consagre más derechos para los trabajadores".

Por Juntos por el Cambio, los diputados Luciano Laspina (JxC) y Javier Campos (JxC), se refirieron a la posibilidad de que otros sectores reclamen el mismo derecho con "los problemas fiscales que ello traería aparejado", por lo que anticiparon su rechazo al dictamen.

Así, ambos diputados dejaron expuestas las posiciones de todos los integrantes de esas dos bancadas que integran la comisión, a excepción del tucumano Domingo Amaya (JxC), que acompañó el texto.

Desde el radicalismo, en cambio, el mendocino Alfredo Cornejo dio su respaldo al proyecto; y sus correligionarios Luis Pastori y Atilio Benedetti se abstuvieron.

La postura del titular de la UCR nacional fue fundamentada en la reunión anterior por el puntano Alejandro Cacace, quien señaló que hay una necesidad de otorgar equidad como trabajadores, ya que estamos frente a un trabajo que merece una protección especial".

Y explicó que "el sentido general de los regímenes diferenciales es el de atender a las condiciones de trabajo distintas que ciertos sectores tienen y por ende otorgar la protección previsional".

El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo también avaló el dictamen con la firma del misionero Diego Sartori, quien reafirmó los argumentos que dio el lunes el titular de su espacio legislativo, José Luis Ramón.

El mendocino afirmó que "este proyecto se relaciona con la matriz productiva de la provincia y va en el sentido correcto, porque mejora la calidad de vida de toda la vitivinicultura. Hay que defender este sector, ya que está amenazado por la megaminería contaminante".

El proyecto de ley en revisión por el cual se crea un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas logró avanzar este lunes en Diputados al obtener dictamen de mayoría en la reunión conjunta por videoconferencia de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

El proyecto 115-S-2020, que ya tiene media sanción de la Cámara alta, fue tratado por los diputados nacionales que expresaron su voluntad de aprobar dicha iniciativa desde los distintos sectores políticos.

Sin embargo, el proyecto obtuvo dictamen con modificaciones por lo cual deberá tratarse en el recinto y volverá a la Cámara alta para su aprobación.

Luego de lograr dictamen de ambas comisiones por unanimidad, se espera que la comisión de Presupuesto y Hacienda emita despacho este martes y así el tema llegaría al recinto en la próxima sesión de Diputados.

Juntos por el Vino

Al inicio del debate, la presidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo, Vanesa Siley, señaló que “este proyecto busca la igualdad entre los trabajadores viñateros con el régimen de seguridad social, buscando diferencial al sector, establecido ya en la Ley 26.727. Es la ley del peón rural que existe hoy en la Argentina”, argumentó.

Luego, el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casareto, sostuvo: "Lo que vamos a proponer es un texto en el cual el altículo 1 referiría a establecer un régimen previsional preferencial para los trabajadores vitícolas, en cuanto desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro".

El vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Alejandro Cacace (JxC) adelantó el acompañamiento del bloque Juntos por el Cambio y remarcó que “es claramente un tema de gran importancia para las provincias productoras vitivinícolas”.

Asimismo, el vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Albor Cantar (JxC), sostuvo que “es muy oportuno tratar este tema que busca romper ciertos desequilibros en grupos de trabajadores muy similares porque los vitivinícolas sufren la falta de equidad que tenían con los trabajadores rurales”.

Por su parte, la diputada mendocina Marisa Uceda (FdT) destacó que "este proyecto es el resultado del camino de una lucha muy fuerte, cualquier mendocino y mendocina sabe que reconocer la jubilación anticipada de los trabajadores y trabajadoras de las viñas es otorgar igualdad, equidad y justicia social".

A su turno, el legislador mendocino Federico Zamarbide (JxC) afirmó que “la actividad vitivinícola genera un arraigo fuerte en el territorio, una de las características que tiene, es que sigue siendo una tarea manual, aun con los últimos avances tecnológicos en cuanto a riego y a cosecha mecanizada por ejemplo”.

También el diputado mendocino José Luis Ramón manifestó que “estos proyectos van en el sentido correcto, porque pone el acento en aquel esfuerzo que debe hacer el Estado para mejorar la calidad de vida de un sector central para toda la economía de las Provincias donde hay vitivinicultura”.

A su turno, el diputado Alberto Asseff consideró que esta iniciativa “viene a establecer equidad y una justicia. No puede ser que un trabajador rural no esté equiparado a un trabajador de las viñas, o que estos tengan diferencias con los otros, cuando están haciendo un trabajo parecido”, aseveró.

Asimismo, el diputado mendocino Omar de Marchi (JxC) graficó a la actividad laboral de los viñeteros al señalar que "lo mejor para la uva y para el vino, es muy malo para el trabajo en la viña y hace muy complicada una actividad que en su mayoría de los casos es artesanal".

La voz de los gremios

De la reunión conjunta también participaron el secretario gremial de Foeva (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines), Juan Carlos Aguirre, quien señaló que “estos obreros empiezan a edad temprana a trabajar y tienen una larga vida laboral a intemperie, soportando la helada y el sol. El trabajador de viña sufre mucho y jubilarse a los 57 sería un acto de justicia porque así estaríamos igualados al resto de los trabajadores rurales”.

En tanto, María Belén Anchi Villareal, secretaria general del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (SOEVA) Valle de Uco, aseguró que el trabajo en la vid “es una actividad muy sufrida que hace que el cuerpo de los trabajadores de viña sufra mucho y el desgaste es innegable porque se trabaja con altas temperaturas y con bajo cero”.

“Nos parecer discriminatoria que no haya una normativa que equipare al sistema previsional de los trabajadores de viña con los rurales”, sentenció Anchi Villareal, quien agregó: “Es una conquista de los derechos para nuestros trabajadores, pero todavía queda por hacer”.

De qué se trata el proyecto

La iniciativa impulsada por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti establece un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas, que podrán jubilarse a los 57 años, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicio con aportes.

De esta manera, la iniciativa equipara a estos empleados con los peones rurales, que también tienen un régimen diferenciado debido al tipo de trabajo que realizan.

Respecto del cómputo de los años de servicios, el proyecto aprobado establece que cuando el viñatero haya alternado con tareas de otro tipo “se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”.

Asimismo, se indica que la contribución patronal será la que rija en el régimen común (Sistema Integrado Previsional Argentino) incrementada en un 2% a partir de la vigencia de la ley.

Cabe aclarar que la media sanción también abarca viñas que posean olivares y frutales, siempre y cuando la actividad vitícola sea la principal.

Con un encendido discurso, que terminó entre aplausos de sus pares, el jefe del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner, defendió la nueva fórmula de movilidad y dijo: “Lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con lo que dijimos en la campaña electoral, que creíamos que esta fórmula era la mejor para que jubilados y jubiladas paulatinamente pudieran recuperar los ingresos que perdieron con el cambio de fórmula que hizo Mauricio Macri, y no sólo por el cambio de fórmula sino con la política macro”.

"En el 2017, el jefe de Gabinete del macrismo, Marcos Peña, durante el proceso electoral, le aseguró a todos y a todas que no iba a haber una reforma previsional en la Argentina. Meses después, nos encontrábamos con la instalación de esta fórmula que hoy venimos a cambiar”, recordó.

En otro tramo, el hijo de la vicepresidenta señaló que su madre vetó el 82% vital y móvil para jubilados, algo que critica la oposición. Entonces, preguntó: "¿Por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Uno no puede proponer cosas para joder al otro, uno tiene que ser racional. Tuvieron cuatro años para aprobar esa ley vetada por Cristina”.

“ANSES morigeró en esta pandemia de manera inteligente, sensible y humana el pago de intereses por el que jubilados y jubiladas se habían endeudado durante el gobierno de Macri, incluso para pagar los servicios públicos, la luz y el gas”, destacó.

Y levantó la tensión en el recinto cuando mostró en sus manos balas de gomas, para hacer mención a la votación de hace tres años atrás. “Como sabía que iban a traer una piedra, porque se han vuelto muy previsibles y su electorado no les pide más que eso, les traje las balas de goma. Estas son las balas de goma que ustedes usaron. Y las muestro solamente porque trajeron las piedras", expresó.

"Acá están las balas que tiraron sobre la gente, que son los verdaderos resistentes. Ustedes no son resistentes, ustedes son el poder. Pueden haber perdido una elección, pero son el poder de la Argentina. Resistir, resistieron los compañeros y compañeras en la plaza afuera”, agregó.

Más adelante les pidió a los opositores que "reflexionen también por qué perdieron. ¿Por qué perdieron si tenían un Fondo Monetario que les daba 44 mil millones de dólares? ¿Por qué perdieron si los dos diarios más grandes de la Argentina decían que era la gestión más exitosa de la Argentina y que en la gobernación de la provincia había una leona? 20 puntos de diferencia le sacamos a 'la leona'. Eso es la falta de gestión, la falta de sensibilidad, no entender lo que le pasa a la gente”.

“Griten todo lo que quieran, insulten todo lo que quieran, porque es la mayor certeza de que la próxima elección se las vamos a volver a ganar. Carecen de argumentos, les sobran insultos”, disparó y reiteró que "esta fórmula va a recuperar paulatinamente la calidad de vida de los jubilados y jubiladas”.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri, afirmó que con la nueva ley de fórmula de movilidad "lo único seguro es que los jubilados van a ir para atrás", al dar su discurso de cierre y expresando el rechazo de su interbloque.

“Esta piedra que tengo acá no es un acto chovinista. Me acompaña porque en mi vida me convencí que la democracia no es la violencia, les guste o no. Acá queda apoyada en esta banca, no agravio a nadie. Es un signo de madurez que hoy no haya violencia", arrancó, en alusión a la votación polémica de tres años atrás, con incidentes en las afueras del Congreso.

Y continuó: "Tengo muchos años en el Parlamento, no generalizo. Digo que en la política uno tiene que poner pasión, equivocarse, rectificar. Pero el cinismo es la degradación de la política. Negar la violencia, hacerse aplaudir como justo, es un acto de cinismo”.

“Vemos que hoy decidieron nuevamente actualizar las jubilaciones teniendo en cuenta la recaudación impositiva y la evolución de los salarios. No decimos por capricho que no a la recaudación. Es muy sencillo: en 60 años hemos tenido 14 recesiones. Es impredecible la economía argentina y si, además le ponen un tope a la recaudación estableciendo que es sólo la de la Anses, lo que tenemos es la seguridad de que los jubilados van para atrás el año que viene, lo saben ustedes y lo sabemos nosotros”, señaló.

El cordobés remarcó que "en 2020 ya están los números, no hay un problema ideológico. Los de la mínima perdieron mil pesos por mes". "Hay que poner los pies sobre la tierra, asuman que se ahorraron 100 mil millones de pesos ajustando sobre los jubilados durante este año”, le enrostró al oficialismo.

Negri recordó además cuando "Alberto Fernández decía en campaña que entre los bancos y los jubilados se quedaba con los jubilados. Decía que 'el macrismo se robó la Argentina y nos llenó de Leliqs'. Resulta que ahora hay doble de Leliqs que durante el gobierno anterior".

"Hay que cuidar mucho la palabra y buscar acuerdos de fondo. El presidente deberá recordar que se abrazó a los bancos, no se abrazó a los jubilados. En vez de votar hoy 29 de diciembre esta ley contra los jubilados la hubieran votado ayer 28, que era el día de los inocentes”, finalizó.

Por Melisa Jofré

Tras un debate de más 10 horas, marcado por algunos momentos picantes, el oficialismo consiguió durante la última sesión del año en la Cámara de Diputados la sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, impulsada por el Gobierno nacional. La norma cosechó 132 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención.

Para la aprobación de la iniciativa, el Frente de Todos logró el apoyo de distintos bloques provinciales. Uno de ellos fue la bancada de Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti, con cuatro legisladores. Por el Interbloque Federal también acompañaron su titular, Eduardo "Bali" Bucca, y Andrés Zottos, ambos del bloque Justicialista.

El oficialismo contó, también, con el respaldo de los seis miembros del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, comandado por el mendocino José Luis Ramón; de los dos diputados de Acción Federal, y de la neuquina Alma Sapag.

Una vez más, el Interbloque Federal se dividió a la hora de la votación, ya que lo hicieron negativamente los tres diputados de Consenso Federal -Alejandro "Topo" Rodríguez, Jorge Sarghini y Graciela Camaño-; y los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez, cada uno con su propio monobloque. Los únicos a favor fueron, como se mencionó, los cordobeses, Bucca y Zottos.

Con un enfático reclamo por la ausencia de una cláusula de garantía sobre la inflación, y haciendo referencia a palabras como "ajuste" y "robo", rechazaron rotundamente la ley los diputados del interbloque Juntos por el Cambio y los dos legisladores de la izquierda -Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano-. Otro voto en contra fue el de la tucumana Beatriz Ávila.

Durante el debate hubo varios reclamos de diputados por el tratamiento de la ley en paralelo con la discusión del proyecto de legalización del aborto en el Senado, situación que algunos definieron como "cortina de humo".

A pocos días de haber asumido Alberto Fernández hace un año atrás, mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se suspendió la fórmula de movilidad implementada desde diciembre de 2017, cuando fue votada con incidentes en las calles bajo la gestión de Mauricio Macri.

A lo largo del 2020, los haberes de jubilados y beneficiarios de distintas asignaciones sociales se actualizaron mediante decretos del Poder Ejecutivo, y en la recta final del año se envió al Congreso el proyecto de la nueva fórmula, previo trabajo de una comisión mixta especial, que contó todo el año con la participación de especialistas, pero la oposición denunció que no hubo consenso a la hora del dictamen final.

La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017 -durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y el comienzo del gobierno de Cambiemos-, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

A partir de la nueva norma, y mediante una modificación que se introdujo durante el debate en el Senado, las actualizaciones en los haberes no serán semestrales sino trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año. Otro punto es que el aumento del 5% otorgado en diciembre -por decreto- no será a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021.

Debate con reproches cruzados

El arranque del debate estuvo a cargo del entrerriano Marcelo Casaretto (FdT), titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, quien sostuvo que "el objetivo de este Gobierno es que crezcan la Argentina y los beneficios del crecimiento lleguen a los trabajadores y los jubilados. Por eso vinculamos dos variables esenciales: salarios de trabajadores en actividad y la mejora en la recaudación".

El miembro informante del oficialismo comparó las dos fórmulas que tuvieron vigencia en las últimas dos décadas: "La de 2008, que les permitió a los jubilados mantener el poder adquisitivo y mejorar un 26% el poder adquisitivo; y la de 2017, que hizo que dos años después los jubilados perdieran un 19% frente al poder adquisitivo, si lo medimos en términos de inflación”. "Esta es una muy buena ley para los jubilados y los argentinos, y el tiempo nos dará la razón", defendió.

"No me den la razón, denme tiempo, y el tiempo me dará la razón". El presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social sostuvo que los jubilados se beneficiarán porque las paritarias le van a ganar a la inflación y crecerá la recaudación impositiva pic.twitter.com/riyicM6OSy

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) December 29, 2020

Luego le siguió el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), quien reforzó que "tenemos una fórmula que se compone de dos partes: salarios e impuestos. Ambos indefectiblemente tendrán que aumentar porque las políticas públicas llevarán a eso. ¿Alguien imagina paritarias por debajo de la inflación? Las paritarias se van a cerrar todas por arriba de la inflación”.

"El piso de esta nueva fórmula está en la garantía de las políticas públicas, en que los salarios se van a incrementar, que la recaudación va a subir y eso va a dar una fórmula virtuosa”, aseguró el porteño.

De la vereda opuesta, el puntano Alejandro Cacace (UCR) afirmó que “el concepto” de la nueva fórmula de movilidad “es el ajuste” y “el único motivo por el cual se impulsa este proyecto es ahorrar recursos”. Con críticas hacia el presidente por sus promesas de campaña sobre los jubilados, el radical señaló que la suspensión de la fórmula de 2017 "resultó en una pérdida para todos los jubilados”.

"Bajo la ley de movilidad suspendida, todos los jubilados debieran haber recibido en este 2020 un aumento del 42% en sus haberes”, resaltó. Sin embargo, el legislador agregó que “ningún jubilado recibió lo que le correspondía por ley”, sino que el incremento fue de “un 35% para la mínima, y hasta un 24% para aquellos que cobran el haber máximo del régimen general”.

En el mismo sentido, la porteña Paula Oliveto (CC-ARI) enfatizó: “Llámenlo como quieran, en mi barrio esto se llama ajuste”. “Me resisto como clase dirigente, como clase política, a argumentar quién jorobó más a los jubilados, si ustedes u otros; a los jubilados hace años los viene jorobando la clase política y esto nos tiene que interpelar a todos. ¿Qué tienen para festejar esta tarde?", reflexionó.

Además, la opositora cuestionó argumentos del oficialismo al preguntarse "¿qué dicen que los jubilados están mejor? El 60% gana 19 mil pesos, una pieza en un barrio popular no baja de 15 mil, un kilo de carne no baja de 500 pesos, ¿qué dicen que están bien? ¿En qué país viven?”.

El Interbloque Juntos por el Cambio se opone rotundamente al robo a los jubilados que el kirchnerismo quiere aprobar hoy a escondidas. #NoAlRoboALosJubilados pic.twitter.com/omPq5zgHrZ

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 29, 2020

En defensa de su propio dictamen de minoría, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) dijo que “una vez más estamos asistiendo a un ajuste a millones de jubilados y jubiladas”. “Acá no hay grieta, todos los gobiernos le meten la mano en los bolsillos a los jubilados”, denunció.

Para el legislador de la izquierda, “está clara la voluntad política del Gobierno de que si los salarios y la recaudación van por debajo de la inflación, claramente los jubilados van a perder, esa es la decisión política de este Gobierno con esta ley”.

A favor del proyecto, el pampeano Ariel Rauschenberger (FdT) remarcó que el gobierno de Alberto Fernández vino "a recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de nuestros jubilados y de nuestro sistema jubilatorio".

"Suspendimos la fórmula que le había quitado un 20% de ingreso a los jubilados en el 2018 y 2019", destacó y sumó que "ante una ANSeS devastada, fuimos por la recuperación y el fortalecimiento del FGS".

El oficialista consideró que la nueva fórmula se inscribe bajo los "conceptos de solidaridad y redistribución", al tiempo que "pretende dar sustentabilidad al sistema". Para el diputado, el nuevo cálculo debe observarse en relación con el "proyecto de país", y comparó que en la gestión macrista éste era "atado a la inflación, a la timba financiera y a la especulación", mientras que "nosotros queremos un país atado al crecimiento, al desarrollo y a la inversión".

A su turno, el santafesino Luciano Laspina (Pro) opinó que "lo que tenemos que garantizar" es "un piso ajustado obviamente por inflación, que les garantice a los jubilados que no van a perder en el tiempo". "Si después se les quiere dar más, tiene que haber una discusión política, bienvenida sea, y si les quieren dar más, pues empiecen por cumplir la fórmula de 2017 que les daba entre 5 y 18% más de lo que les dieron este año", siguió.

"Para qué prometer que en el futuro, cuando la economía salga del estancamiento kirchnerista estanflacionario que lleva más de 10 años, ahí sí quizás les mejoremos las jubilaciones", lanzó el macrista y añadió que "el año que viene la inflación se va a acelerar, porque este año va a terminar alrededor del 35, 40%, con una caída de 12 puntos del PBI, congelamientos tarifarios, precios cuidados que están por explotar, ¿cómo podemos decir que la inflación el año que viene no va a aumentar?".

Por su parte, el bonaerense Jorge Sarghini (Consenso Federal) advirtió que “el sistema previsional está quebrado” y "hay que financiarlo con el Tesoro", por lo cual “no hay forma que pueda dar sustentabilidad”.

"No se abordan las cuestiones de fondo”, se quejó, y amplió: “El sistema previsional argentino es insustentable, porque el 50% de los trabajadores privados están en negro. Tenemos que buscar como resolver eso”. “El talón de Aquiles es el grado de informalidad de Argentina”, insistió el legislador.

A favor de la propuesta del oficialismo, el titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, valoró que “aun no siendo la mejor fórmula que se puede establecer, es una fórmula que mira en positivo. Y mirar en positivo es mirar una vida que se pueda proyectar, no una medida de caos”.

"La fórmula que se va a resolver en la votación es la que rigió durante ocho, nueve años, en un país que permitió que el haber de los jubilados se favoreciera en un 26%. Y la verdad que yo tengo el deseo de que la Argentina, rebote, porque esta Argentina se paralizó fruto de la pandemia… y en ese rebote tengo la visión de que los ingresos de las cajas de jubilación van a mejorar", argumentó para anunciar su apoyo.

El mendocino manifestó que "fuere como fuere, la fórmula es una que da previsibilidad hacia adelante" y confesó su "satisfacción" por el debate, no obstante, reclamó que "lo estemos haciendo a escondidas, cuando se está discutiendo la interrupción del embarazo en el Senado”.

"Es una calamidad estar con dirigentes políticos que son cortoplacistas y que por ganar una elección son capaces, como Alberto Fernández, de prometerles 20% de aumento y luego, prácticamente, congelarles sus haberes jubilatorios", cargó el mendocino Alfredo Cornejo (UCR).

Para el presidente de la UCR Nacional, ésta "no es cualquier fórmula, es una que está atada a la macroeconomía y a reducir el déficit fiscal". En esa línea, fustigó que en el Gobierno "ni siquiera son capaces de decir la verdad, porque si aclararan que tenemos un problema de déficit fiscal y queremos congraciarnos con el FMI para ganar credibilidad" el debate "sería más honesto, más profundo y probablemente alcanzaríamos consensos", señaló.

También recordando la promesa de campaña de Fernández, el porteño Fernando Iglesias (Pro) mencionó que el aumento a las jubilaciones "lo iban a pagar con los intereses de las Leliqs", sin embargo, "el stock de las Leliqs -este año- más que se duplicó, está llegando a triplicarse. Va a andar por el billón y medio, duplicándose el año que viene". "Entre los bancos y los jubilados, ¿a quién eligió nuestro presidente, que no decepcionó en nada?", disparó.

La intervención del macrista levantó uno de los momentos más polémicos en la discusión, a raíz de que se preguntó "¿a quién eligen cuando liquidan los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en dólares? Nadie vende dólares. El príncipe Massimino Dolcefarniente (en alusión a Máximo Kirchner), que no lo veo por acá, no vende sus activos en dólares; la reina Cleopatra (en alusión a Cristina Kirchner) no vende sus activos en dólares". Y completó diciendo que "a los activos de los jubilados los están rematando para calmar el contado con liquidación".

Avanzando el debate, la diputada Fernanda Vallejos (FdT) aseguró que la mejora de salarios, la actividad y el empleo “van a garantizar la mejora en la calidad de vida de nuestros jubilados y jubiladas, así como del conjunto de los argentinos y las argentinas”.

“Es ese sendero de recuperación, el que transitamos hasta 2015, el que queremos restaurar junto con esta fórmula, para que los salarios de los trabajadores activos y las jubilaciones de los trabajadores pasivos recuperen su rol vital en la economía y para que con ellos, vuelva a imperar la justicia social en nuestra Patria”, expresó la oficialista.

En su discurso, además, le recordó a Juntos por el Cambio que en 2015, cuando asumió el gobierno de Macri, la jubilación de Argentina "era la más alta de América Latina" en 436 dólares. Pero durante la gestión anterior “las jubilaciones retrocedieron desde los 436 dólares de 2015, a 224 dólares en diciembre de 2019”, indicó. “Es decir, medida en dólares -continuó-, la jubilación perdió la mitad de su valor, durante esos cuatro años. Y en el ranking regional, de ser los primeros, caímos al puesto once”.

Anunciando el voto a favor de su bloque, el titular de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, rememoró que en la votación de diciembre de 2017 los diputados de su espacio votaron a favor porque "lo hicieron pensando en la gobernabilidad, un concepto que no he escuchado en este debate". "Por eso se votó entonces y por eso vamos a votar hoy", ratificó y justificó: "Apostamos a la gobernabilidad".

"¿Si esta ley fuera tan buena la estaríamos tratando hoy, entre verdes y celestes y dándoles un futuro negro a los jubilados?", planteó el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien recordó -al igual que lo hicieron varios de sus pares- la diferencia de contexto con el que se sancionó la fórmula de movilidad durante el gobierno de Macri.

El porteño subrayó que "este año no hay ningún trabajador que haya ganado contra la inflación", al tiempo que reprochó al Gobierno que, a los jubilados, "en vez de darles lo que le prometieron, le sacaron lo que tenían". "Que me muestren un solo dato que no sea un relato; hoy saben que les están mintiendo, y que van a tener que poner la cara con nuestros viejos para decirles lo que hicieron", agregó.

En el tramo de los cierres, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, exhibió en su mano una piedra -más temprano lo había hecho su par Javier Campos- y empezó: "En mi vida me he convencido que la democracia no es la violencia". "Me parece un signo de madurez que se haya dado un salto en ese sentido", dijo, en referencia a la votación de hace tres años atrás.

"Decidieron nuevamente actualizar sobre la recaudación impositiva y la evolución salarial", apuntó el cordobés y aseveró que no estar a favor de la recaudación "no es un capricho", sino que en Argentina "en 60 años hemos tenido 14 períodos de recesión" y "es impredecible" esa variable. "El año que viene van para atrás los jubilados, no van a para adelante", exclamó el radical y habló de "incertidumbre previsional" porque "ignorar la inflación es tener una miopía sobre el grado de la crisis de la economía argentina".

Finalmente, y con un discurso recargado, el presidente del Frente de Todos, Máximo Kirchner, enfatizó que "lo que estamos haciendo es cumplir con lo que dijimos en la campaña electoral", para que los jubilados "puedan recuperar paulatinamente lo que hizo que perdieran la fórmula de Macri, y no solo con la fórmula sino con la política macro que se aplicó".

Al mostrar en sus manos las "balas de gomas que ustedes usaron, y las muestro únicamente porque trajeron las piedras", el diputado oficialista levantó la tensión en el recinto, y denunció también que en esa jornada de 2017, Cambiemos desplegó una "descarnada represión" y realizó "espionaje previo" sobre los grupos que se movilizaron al Congreso.

"No nos quieren escuchar a nosotros como no quisieron escuchar a la gente, ¿y saben por qué perdieron? Por ese tipo de situaciones. Viven agrediendo, están llenos de odio, y ojalá algún día reflexionen si quieren volver a ser gobierno en Argentina", le disparó a los diputados de Juntos por el Cambio.

El diputado nacional Jorge Sarghini, del bloque Consenso Federal, advirtió este martes que "el sistema previsional está quebrado" porque la mitad de los trabajadores privados "están en negro", por eso criticó que no se aborden las "cuestiones de fondo".

El legislador observó como desde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio "se echan las culpas unos a otros del castigo a los jubilados". "Qué capacidad que tienen para forzar los números y demostrarle al otro que lo que hicieron fue mejor", señaló, para remarcar que, sin embargo, los jubilados ven que "hoy sus mínimas no alcanzan a cubrir la canasta básica".

En ese sentido, pidió a sus pares "un poco de autocrítica, un poco de reflexión de lo que cada uno ha hecho y piensa hacer".

"El sistema previsional está quebrado, hay que financiarlo con el Tesoro", enfatizó, por lo cual manifestó que "no hay forma que pueda dar sustentabilidad". "Lo único que tenemos respecto del futuro es incertidumbre", dijo.

En contra de la fórmula de la gestión macrista, el bonaerense resaltó que la misma "era de injusticia social" y "solo puede triunfar cuando la economía fracasa".

Pero en referencia al nuevo cálculo propuesto por el Gobierno, Sarghini defendió el reclamo para que se incorpore una "cláusula de garantía" porque "el proyecto está pensado para una economía sana" y "no creemos que las previsiones del oficialismo sean las que dicen que van a ser, y van a terminar pagando el pato los jubilados", alertó.

El diputado acusó al oficialismo de no hacer esa incorporación porque "le gustó confrontar con los otros", en alusión a Juntos por el Cambio, y también criticó que "no se animan a ser cámara revisora de lo que el Senado determina".

En otro tramo, el legislador observó que "si se cumplen las proyecciones del Presupuesto, los argentinos en el año 2023, después de tres períodos de gobierno, vamos a ser un 15% más pobres por habitante". "Lo único que hay es una caída real de las jubilaciones y perspectiva de mayo caída", continuó.

"No se abordan las cuestiones de fondo", se quejó, y amplió: "El sistema previsional argentino es insustentable, porque el 50% de los trabajadores privados están en negro. Tenemos que buscar como resolver eso". "El talón de Aquiles es el grado de informalidad de Argentina", insistió.

Finalmente, consideró que "o seguimos por los atajos, por la política chiquita, por seguir manejándonos por las encuestas, o ajustando nuestras acciones de gobierno solo pensando en la elección que viene; o de una vez por todas nos ponemos de acuerdo y buscamos un serio diagnóstico de los problemas estructurales".

El diputado nacional Nicolás Del Caño afirmó este martes, durante el debate de la nueva fórmula de movilidad, que "una vez más estamos asistiendo a un ajuste a millones de jubilados y jubiladas". "Acá no hay grieta, todos los gobiernos le meten la mano en los bolsillos a los jubilados", denunció.

El legislador del Frente de Izquierda cuestionó, más allá de su apoyo a la ley del aborto legal, que la discusión se dé en paralelo con un debate tan transcendente en el Senado. "Están queriendo que pase desapercibido un ajuste que va a perjudicar sobre todo a las mujeres jubiladas y también a las más humildes, que reciben la Asignación Universal por Hijo", señaló.

Durante su discurso, Del Caño reclamó que el Frente de Todos no haya aceptado incorporar una "cláusula de garantía de inflación" para que los haberes "no pierdan si esta fórmula da por debajo de la inflación".

También criticó argumentos del oficialismo sobre que "son los salarios y las jubilaciones las que generan inflación". "¿Por qué no desindexan a los grandes fondos de inversión?", se preguntó y fustigó que "les dieron bonos en dólares atados a la inflación".

"Está clara la voluntad política del Gobierno de que si los salarios y la recaudación van por debajo de la inflación, claramente los jubilados van a perder, esa es la decisión política de este Gobierno con esta ley", subrayó.

Asimismo, dijo que "no es casual que (la fórmula) haya sido anunciada unas horas antes que llegara el Fondo Monetario Internacional", porque es "parte de la hoja de ruta de ajuste para pagar la deuda fraudulenta", consideró.

El diputado del FIT remarcó que "con la suspensión de la movilidad, el Gobierno se ahorró alrededor de 100 mil millones de pesos" y reprochó: "Ni siquiera el hecho de que llegara la pandemia y los adultos mayores fueran el principal grupo de riesgo los hizo cambiar de esa idea".

En su alocución también disparó que "muchos de los que denunciaban el ajuste macrista hoy están aplicando ese ajuste". "Otros son coherentes, estaban con (Mauricio) Macri, como los diputados de (Juan) Schiaretti, y hoy también dieron quórum", lanzó contra el bloque Córdoba Federal.

Pero mencionó también a integrantes de la bancada oficialista: "La diputada Rosana Bertone que ahora nos habla fantástico de esta ley, pero fue la que apoyó junto con los gobernadores del peronismo la fórmula de Macri".

Del Caño precisó que "en el 2011, la jubilación mínima cubría el 60% de la canasta básica; en el 2015, el 50%; y ahora un poco más de un tercio". "El haber no es suficiente, está muy por detrás", expresó y opinó que además de "recuperar lo perdido bajo el gobierno de Macri y este año bajo el gobierno de Fernández", hay que "llegar al 82% móvil" a partir de restituir "los aportes patronales al 33%", el blanqueo laboral e "impuestos progresivos a los grandes grupos económicos y el no pago de la deuda".

La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto aseguró que con la aprobación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, "estamos estamos legitimando un nuevo ajuste a los jubilados de espalda, con vergüenza".

En ese sentido, la legisladora criticó al Frente de Todos "porque no tuvieron la cara para hacerlo en un horario y un día de cara a los representados a los que hoy van a arruinar", en alusión a que, en paralelo, el Senado tratará el aborto legal con movilizaciones afuera del Parlamento.

Para la opositora, desde la llegada del Gobierno "empezaron a terminar con la movilidad jubilatoria, a darles aumentos por decreto, a achatar las pirámides".

"Volvemos a una fórmula que se maneja en parámetros absolutamente variables", cuestionó Oliveto y, en referencia a la variación salarial, resaltó que "los sueldos están perdiendo contra la inflación"; mientras que, en cuanto a la recaudación, está "constantemente a la baja porque estamos en crisis".

En ese sentido, la porteña enfatizó: "Llámenlo como quieran, en mi barrio esto se llama ajuste". "Me resisto como clase dirigente, como clase política a argumentar quién jorobó más a los jubilados, si ustedes u otros; a los jubilados hace años los viene jorobando la clase política y esto nos tiene que interpelar a todos. ¿Qué tienen para festejar esta tarde?", sostuvo.

Para la diputada de Juntos por el Cambio, "deberíamos estar todos tristes porque estamos incumpliendo lo que le prometimos a los abuelos y los votantes que es dejar la vida por la patria".

Y disparó contra los argumentos del oficialismo: "¿Qué dicen que los jubilados están mejor? El 60% gana 19 mil pesos, una pieza en un barrio popular no baja de 15 mil, un kilo de carne no baja de 500 pesos, ¿qué dicen que están bien? ¿En qué país viven?".

"Los jubilados no quieren subsidios, no quieren la dádiva del Estado, son de la generación del cuerpo cansado, se la pasaron laburando. Quieren pagar las cuentas, quieren vivir bien, les da vergüenza pedirles a sus hijos que los asistan todos los meses", consideró.

En el cierre, la legisladora expresó que "hoy se vota una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una nueva estafa que será aplaudida como tantas otras estafas en este recinto, con la complicidad de muchos, el silencio de algunos y con la tragedia de siempre".

Miembro informante del dictamen de minoría propuesto por Juntos por el Cambio, el diputado radical Alejandro Cacace sostuvo este martes que "el concepto" de la nueva fórmula de movilidad "es el ajuste" y que "el único motivo por el cual se impulsa este proyecto es ahorrar recursos", además de los "100 mil millones de pesos de ahorro" que hubo este año por la suspensión de la fórmula votada durante la gestión de Cambiemos.

El puntano recordó que el presidente Alberto Fernández "criticaba fuertemente la ley de movilidad jubilatoria diciendo que Macri perjudicaba a los jubilados" y "diciendo que cuando él asumiera le iba a dar un aumento a todos los jubilados del 20%", además de prometer que "iba a usar todo el dinero que se pagaba en intereses de las Leliqs para dárselo a los jubilados".

Sin embargo, "cuando asumió se olvidó de lo que había dicho" y "la primera medida que tomó y expuso ante este Congreso fue la suspensión de la ley de movilidad, que resultó en una pérdida para todos los jubilados", señaló.

El legislador detalló que "bajo la ley de movilidad suspendida, todos los jubilados debieran haber recibido en este 2020 un aumento del 42% en sus haberes". Sin embargo, "ningún jubilado recibió lo que le correspondía por ley", sino que el incremento fue de "un 35% para la mínima, y hasta un 24% para aquellos que cobran el haber máximo del régimen general".

El vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social mencionó que la jubilación mínima hoy es de 19.035 pesos, pero "si se aplicara la ley de Macri, aquella que tanto critican, cobrarían 19.925, casi mil pesos más por mes".

Cacace enfatizó que "no se los ve acá a los jubilados festejando, están los funcionarios de la ANSeS que han venido a festejar el ajuste".

Sobre la nueva fórmula, el radical criticó que "proponen incluir la recaudación, que casi en ninguna parte del mundo se utiliza para ajustar los haberes", al tiempo que "proponen una recaudación que ha estado a la baja este año". "Pero que, además, si los salarios crecen más que la recaudación, la ponen como límite; ahora, si la recaudación cae, ahí lo hacen a los jubilados socios en las pérdidas de la AFIP", continuó.

Reclamó también la ausencia de la variable de la inflación, cuando se estima que "para 2021 que va a ser del 50%". "¿Cómo no vamos a mirar que los haberes no pierdan en términos reales?", se preguntó y pronosticó que "la caída de las jubilaciones en 2021 no va a tener piso y puede llegar a ser de 20 puntos". "Si la inflación es alta, los jubilados van a perder y van a perder mucho", agregó.

Además, el diputado cuestionó que en la nueva fórmula "no descontaron diciembre, pero lo que hicieron fue descontar del cálculo todo el tercer trimestre de 2020, por eso decimos que se robaron un trimestre".

"Los jubilados están mirando y los jubilados le van a hacer rendir cuentas de esta acción y por eso nuestro voto es negativo", cerró.

En paralelo al debate sobre el aborto legal en el Senado, la Cámara de Diputados sesionará para tratar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que el oficialismo espera convertir en ley con ayuda de bloques de la oposición y sin el apoyo de Juntos por el Cambio.

La sesión iniciará a las 11 y, según los cálculos que surgieron en la reunión de Labor Parlamentaria, podría terminar cerca de las tres de la madrugada dada la gran cantidad de oradores, y la votación podría coincidir así con la del proyecto de legalización del aborto.

Con cierta resistencia por parte de Juntos por el Cambio, los jefes de bloque acordaron pasar las cuestiones de privilegio para el final de la sesión, y en el caso de los apartamientos de reglamento, se votarán a mano alzada y no a través del sistema virtual, para evitar demoras.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado en el Senado establece una fórmula de actualización de las jubilaciones que combinará recaudación tributaria de la ANSES y variación salarial, medida por el INDEC o el índice RIPTE, el que resulte más alto.

La ley comenzará a regir en enero, con aumentos trimestrales que de esta forma dejarán de estar a merced de decretos del Ejecutivo, como sucedió desde la suspensión de la fórmula anterior, en diciembre pasado.

El Frente de Todos, que cuenta con 117 votos propios, lograría aprobar la iniciativa por un margen ajustado, gracias al apoyo del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón, los cuatro diputados de Córdoba Federal y aliados como Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino).

En ese sentido, el dictamen de comisiones fue acompañado por el propio Ramón, el cordobés Paulo Cassinerio y Diego Sartori, del Frente de la Concordia misionero.

Juntos por el Cambio encabeza el rechazo con 115 diputados, y se suman Consenso Federal; los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Partido Socialista); y los dos del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.

Por otra parte, en la sesión se votarán -sin debate- la autorización al presidente Alberto Fernández para ausentarse del país en 2021, y un acuerdo con Qatar para evitar la doble imposición.

La diputada del Frente de Todos y referente en temas previsionales Mirta Tundis defendió el proyecto de movilidad jubilatoria que el oficialismo buscará aprobar en la sesión de este martes y advirtió que Juntos por el cambio, cuando fue gobierno, no se preocupó por mejorar el haber mínimo.

“Si Juntos por el Cambio no está de acuerdo, entendemos que ellos tienen un proyecto de país diferente al que nosotros queremos. Ellos gobernaron para un sector más acomodado, aumentaron las jubilaciones de quienes cobraban un poco más, que no está mal, pero no trataron de resolver el problema de los haberes mínimos”, señaló Tundis.

Y agregó: “Cuando uno escucha a los diputados que hoy son oposición preguntar a qué jubilado le alcanzan 19.000 pesos, que es un problema que ganen tan poco, yo me pregunto ‘¿y ellos qué hicieron?’”.

“Cuando hicieron la Reparación Histórica, ¿por qué no modificaron la situación de los jubilados con el haber mínimo? Hay cuatro millones de jubilados cobrando haberes mínimos. ¿Nos preguntamos por qué cobran haberes mínimos? ¿Alguien se ocupó de ver por qué han tantas personas que se jubilan y cobran un haber mínimo?”, se preguntó la legisladora.

En diálogo con Diputados TV, aseveró: “Fui muy defensora de esta fórmula de movilidad donde se tomaba recaudación y variación del salario. Es cierto que en nueve años, entre 2008 y 2017, hubo un año que dio un poco más bajo, pero en ocho años dio alto, fue una fórmula beneficiosa, superaba los aumentos de los salarios: mientras un trabajador recibía un 27%, 28% de aumento, la fórmula daba un 30%, un 31%, hasta llegó a dar un 33% anual acumulado”.

Por eso, consideró que “la experiencia y la historia previsional han demostrado que siempre que se han tomado los salarios, o este mix de recaudación y salarios, la movilidad ha sido efectiva, no ha sido negativa”.

De todos modos, realizó dos planteos sobre el proyecto venido en revisión del Senado: en primer lugar pidió que el ajuste sea mensual en lugar de trimestral “para que no se genere diferencia entre el que se jubila hoy y el que se jubila dentro de dos o tres meses, porque teniendo los mismos años y los mismos aportes, uno va a cobrar más y otro menos, y sé que esto va a generar juicios”.

También sugirió un agregado respecto del tope que se pone en el último trimestre, estableciendo que “con un tercio del excedente se forme un fondo fiduciario para tenerlo en cuenta por si en algún momento la fórmula no es positiva, o por si a fin de año hay que dar algún bono, o para dar créditos a menor tasa”.

“Del otro lado del mostrador”

En otro pasaje de la entrevista, en alusión a su pasado como columnista televisiva, Tundis confesó: “Es más gratificante estar del otro lado del mostrador, porque todo lo que hacés acá es criticable según el espacio en el que estés. La gente te califica de acuerdo al espacio en el que estés trabajando, no por lo que hacés, por lo que promovés o lo que presentás, sino por el espacio al que representás”.

“Lamentablemente los argentinos seguimos peleando esa diferencia, esa grieta que el presidente manifestó que quería eliminar, pero hay quienes están abocados a buscar siempre, como se dice vulgarmente, el pelo al huevo: si vino la vacuna rusa, por qué no compramos primero la de Pfizer, o por qué demoraron, o que cuando salió el avión de Ezeiza era un tema político… duele que los argentinos seamos de esa manera y que cuestionemos todo”, lamentó.

Por otra parte, recordó que el Frente Renovador acompañó la Reparación Histórica a pesar de que ella “no estaba de acuerdo con que era una Reparación Histórica”. “Lo dije formalmente, a pesar de que acompañamos, porque fue una forma de acompañar la decisión de un gobierno para salir adelante”, aclaró.

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados se alzó con el dictamen de mayoría del proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El despacho reunió un total de 42 firmas que, además de la adhesión de los legisladores oficialistas, contó con el aval de tres opositores.

Se trata de Paulo Cassinerio, del bloque Córdoba Federal, y de Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero. Ambos suscribieron por ser parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En tanto, el mendocino José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, acompañó el proyecto como miembro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

De esta manera, se prevé que el Frente de Todos contará con los votos necesarios para lograr la sanción de la ley el próximo martes 29, que es rechazada enfáticamente por Juntos por el Cambio, la izquierda y una parte del Interbloque Federal que conduce Eduardo "Bali" Bucca.

Por su parte, 36 diputados del Pro, la UCR y la CC-ARI firmaron un dictamen de rechazo en minoría. También lo hizo, en soledad, el diputado del FIT Nicolás Del Caño.

La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Debate caliente

Arrancó como primer orador el vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Alejandro Cacace (UCR), quien defendió el dictamen de Juntos por el Cambio. Al recordar la "promesa" de campaña del presidente Alberto Fernández de que "iba a aumentarle a los jubilados" e "iba a utilizar las Leliqs" para beneficiarlos, criticó que "la primera medida" que tomó al llegar al Gobierno fue "la suspensión de la movilidad jubilatoria".

Esto resultó "una pérdida para todos los jubilados", señaló el radical y apuntó que este año "todos los jubilados en Argentina han recibido menos" de lo que les hubiera correspondido. En esa línea, habló de un "42% de incremento en los haberes" que "ningún jubilado ha logrado".

"Los que cobraban 20 mil pesos en febrero de 2020 han tenido un aumento 11 puntos inferior a lo que marcaba la ley de movilidad, 31 contra 42. Por mes están perdiendo 2.000 pesos por beneficio. Los que cobraban 40 mil pesos a febrero de 2020 están cobrando 6.000 pesos menos por beneficio. Los que cobraban 80 mil pesos a febrero de 2020 están cobrando 13.800 pesos menos por beneficio. Estos son los datos", detalló.

El legislador puntano aseguró que "la única razón" para suspender la fórmula fue "ahorrar recursos", los cuales se estiman fueron por "100 mil millones de pesos". "¿Dónde quedó lo del 20% de aumento, dónde quedó usar las Leliqs?", se preguntó e insistió que fue "una año de pérdida" para el "grupo más vulnerable, el grupo de riesgo principal" durante la pandemia.

"Lo que más nos preocupa de la fórmula es que quitan la inflación como variable", explicó, al argumentar que "es por definición, por concepto, la medida para preservar el poder adquisitivo". "Lo que hacen es que la caída de las jubilaciones no tenga piso", continuó y cuestionó que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijera que "de ninguna manera iba a haber ninguna garantía, ninguna cláusula gatillo".

En otro tramo, Cacace subrayó que "primero anunciaron que el 5% de aumento que había para diciembre ya no iba a ser un aumento, sino en realidad un pago a cuenta, que cuando se pagara lo de marzo, lo iban a descontar. Después, el proyecto que salió de la comisión bicameral le agregó esa disposición transitoria al Ejecutivo que no había sido nunca discutida".

Pero en la media sanción del Senado, "resulta que no dieron marcha atrás", aclaró el diputado, sino que "cambiaron la fórmula de cálculo para marzo: antes marzo era todo un pago del segundo semestre de 2020, y ahora se calcula solo sobre el cuarto trimestre. Entonces, claramente, se roban un trimestre".

Por su parte, el pampeano Ariel Rauschenberger (FdT) defendió que el proyecto "no es del Poder Ejecutivo ni del Senado, sino del Frente de Todos" y fue "trabajado en conjunto" dentro del oficialismo. Haciendo referencia al "pasado", el legislador recordó que el Gobierno anterior dejó "un déficit previsional de 250 mil millones de pesos" y un Fondo de Garantía de Sustentabilidad "totalmente devastado".

También, el diputado le enrostró a la oposición que en la gestión de Cambiemos se registró "la inflación más alta de los últimos 27 años" y, en esa línea, afirmó que la fórmula aplicada desde diciembre de 2017 hizo que "los jubilados, los beneficiarios de la AUH y los veteranos de Malvinas" se vieran "perjudicados". "Demostró, los datos son concretos, que hubo una pérdida del poder adquisitivo en un orden del 19,5%", añadió.

Rauschenberger justificó que era necesaria "una fórmula que realmente los contemple, mejore sus haberes, y a la vez haga sustentable el sistema". En alusión a la participación de expertos en la comisión bicameral mixta de movilidad, el oficialista remarcó que "lo que dijo la Corte fue muy claro, que la movilidad no implica ajuste por inflación", sino que los haberes de jubilados deben "seguir la lógica evolución de los salarios".

"Cuando hay aumento de la recaudación en un contexto inflacionario, la inflación tiene un componente ahí", dijo, y abundó que "las convenciones colectivas de trabajo" se discuten en base a una cuestión fundamental como es "el costo de vida".

Por eso, concluyó que "implícitamente la inflación está contenida tanto en la recaudación como en el RIPTE y en el índice salarial del INDEC". "Decir que hay falta de transparencia en estos indicadores es querer confundir", reprochó y mencionó que el RIPTE estaba en una de las variables de la fórmula de Cambiemos.

A su turno, la chaqueña Alicia Terada (CC-ARI) enfatizó: "No vamos a consentir un nuevo despojo para nuestros jubilados". Y reclamó que "no se llegó a ningún consenso" y "no fue conclusión de la comisión bicameral este proyecto". Asimismo, la opositora rechazó el "trámite exprés e inconsulto" de la iniciativa "y en una fecha totalmente inesperada". "Mire qué regalito de Navidad le estamos dando a nuestros jubilados", ironizó.

A continuación, el bonaerense Jorge Sarghini (Consenso Federal) observó que lo que se "está postergando" es "el debate de fondo" que consiste en que "el sistema está quebrado". "Lo único que reina es la incertidumbre y nadie sabe lo que va a pasar con las variables económicas", sumó y señaló "qué paradoja que Juntos por el Cambio defiende una fórmula que se ajuste por inflación".

Sobre eso, ahondó que una fórmula con componente inflacionario "se vuelve exitosa cuando la que fracasa es la economía", porque "una economía sana se supone que crece y crece por estabilidad". Entonces, tener una fórmula con inflación es "dejar afuera de los beneficios del crecimiento a los jubilados".

Pero, además, el legislador expresó que "la otra preocupación" es que "no hemos visto a lo largo del año ninguna de las dos señales (por parte del oficialismo) que, a nuestro criterio, son absolutamente necesarias e indispensables". Una de ellas es "la búsqueda de los consensos necesarios para encontrar un diagnostico común", sostuvo, y la otra "ciertas medidas de política económica que dieran por entender" que una vez "despejada" la situación por la pandemia "iniciemos un camino de recuperación por la vía correcta".

En contra del proyecto, el diputado Nicolás Del Caño resaltó que a los jubilados "se les recortaron 98 mil millones de pesos", al suspender la fórmula del gobierno macrista que, recordó, hubo legisladores del peronismo que votaron en diciembre de 2017. También criticó que el nuevo cálculo se conociera "unas horas antes de la llegada de la misión del FMI" por un comunicado de prensa, y consideró que este año lo "fundamental" era "recomponer el haber" de "los 19 puntos que perdieron con Macri".

En alusión a la votación de la fórmula de movilidad en diciembre de 2017, el santafesino Luciano Laspina (Pro) rememoró que esa ley salió en "un clima de violencia tanto dentro como fuera de este Parlamento". "Era la barbarie, la imposición de una oposición por la fuerza, eso es lo que se intentó", fustigó y aseguró que esa fórmula, enfáticamente rechazada por el kirchnerismo en ese momento, "hoy a la luz de la experiencia vemos que se comportó mejor de la que hoy propone el oficialismo".

Para el macrista, se está discutiendo una nueva fórmula porque la anterior, que se suspendió, este año "le devolvía a los jubilados entre un 5% y 15% en términos reales, más de lo que le dio papá Noel Alberto Fernández por decreto cada tres meses". "Lo demás es puro cuento, es verso, lo demás es toda retorica", lanzó.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda explicó que "cuánto mayor rezago tiene la fórmula, más prorrogado en el tiempo es la recuperación de las jubilaciones" y "esta fórmula aumenta el rezago promedio respecto a la de 2017". Además, opinó que se trata de una fórmula "inentendible" que "no garantiza sustentabilidad" y la calificó como "un engendro que no existe en ninguna parte del mundo".

"Esto es una pieza más del engranaje de la reinstauración populista que quiere imponer Cristina Kirchner. Repetir todo como si la historia fuera la misma", exclamó, y pronosticó: "En septiembre del año que viene, justo antes de las elecciones, ahí es muy probable que el aumento sea muy significativo. Te van a devolver una parte de lo que te robaron este año, una parte de lo que te van a robar el año que viene, para seguirte robando después de las elecciones. Es un recurso típico de los populismos".

A la extensa intervención de Laspina le siguió el discurso de Leopoldo Moreau (FdT), que dijo sentirse aludido, y se abrió el momento de más tensión durante el encuentro. Hacia al final del uso de la palabra, los integrantes de la bancada opositora comenzaron a los gritos, entre ellos se la vio vehemente a la macrista Silvia Lospennato.

Moreau consideró que Laspina hizo una exposición "dictada por el resentimiento, el revanchismo" y en la que incurrió en "enormes confusiones", además de "mezclar cosas insólitas". "Dice que se viene una reinstauración populista impuesta por la vicepresidenta y a la vez sostiene que esta fórmula es una fórmula de ajuste… En general, el populismo no se caracteriza por esa naturaleza, por promover fórmulas de ajuste", manifestó.

"El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se descapitalizó del 2015 al 2019 de 68 mil millones de dólares a 28 mil millones de dólares", subrayó el kirchnerista y puntualizó que "el déficit de la ANSeS fue de 250 mil millones de pesos". "¡Vaciaron el sistema previsional de Argentina, lo llevaron al colapso!", disparó y enfatizó que las modificaciones al proyecto se dan porque "se escuchó".

Entonces, completó: "Si ustedes hubieran escuchado en el 2017 no hubieran tenido que poner ni gendarmes ni prefectos a reprimir a la sociedad argentina en la puerta del Congreso, no hubiera habido cientos de detenidos y heridos, no hubieran perdido la vista por balas de goma ocho chicos. ¡Ustedes no escuchaban nada más que a los grupos concentrados y por eso desplegaron la represión ese día!".

Le salió al cruce el diputado Fernando Iglesias (Pro), que señaló que esta vez "no hay nadie reventando una plaza, pagado con dinero público" y "no está ni el gordo mortero, que pertenecía al partido de un diputado que hoy estaba muy tranquilito, parece que había tomado un rivotril (en referencia a Nicolás Del Caño)".

El macrista diferenció que hoy hay "una oposición que no es golpismo" y reclamó que el oficialismo actual, otrora oposición, intentó "durante 11 veces levantar una sesión que era regular. Eso son ustedes, el club del helicóptero. Nosotros somos una oposición".

"Al decir que esta fórmula de movilidad implica un ajuste para los jubilados, siento que están tratando de construir una posverdad", sostuvo el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), que consideró que uno de los "objetivos" es "tratar de desacreditar las acciones positivas de este Gobierno".

Y el otro "es tratar de ocultar que la anterior fórmula sí evidenció un verdadero ajuste a los jubilados. Primero, porque les eliminó un trimestre. Y, además, porque el desfasaje de seis meses, con las enormes cifras de inflación que generó la gestión de Mauricio Macri, pegó muy duro en el poder de compra de los jubilados, jubiladas, beneficiarios de la AUH y otros", remarcó.

El oficialista argumentó que "no es que no se quiere poner la inflación porque no se le quiere dar una garantía a los jubilados", sino que "la Argentina necesita salir de dos trampas en las que está metida hace mucho tiempo, que son la indexación y dolarización". Sin embargo, afirmó que la política del Gobierno "va a generar salarios que le van a ganar a la inflación y aumento de la recaudación impositiva".

"No va a haber trimestres perdidos como acá se dijo, es mentira", subrayó y añadió que "no hay opacidad, no hay secreto, no hay ocultamientos" en las variables, solo que "todavía no están todos los datos del mes de octubre". "No construyan falacias de cosas que no son ciertas", pidió.

Las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomaron este martes el debate de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que combina recaudación de la ANSeS y variación salarial, en partes iguales.

Tras la exposición de funcionarios, los legisladores avanzaron con la discusión, durante la que volvió a surgir el reclamo por parte de la oposición sobre el componente de la inflación, ausente en el nuevo cálculo para la actualización de los haberes previsionales.

La reunión para dictaminar se realizará este miércoles, a partir de las 10, en el recinto de la Cámara baja.

Reclamo por el tiempo del debate

Al comienzo, el radical Alejandro Cacace adelantó que varios de sus pares se expresarían este miércoles, cuando está prevista la firma del dictamen y el Frente de Todos tiene la intención circular la iniciativa para la firma al mediodía. Por ese motivo, el puntano solicitó que se garantice "que esté el tiempo para que todos los oradores puedan hacer uso de la palabra sin limitación de horario".

En el mismo sentido, la macrista Silvia Lospennato recordó que el nuevo protocolo dejó "establecida la regla de la presencialidad". "No nos oponemos a que se pueda adelantar el debate", dijo, pero anunció que "muchos" de los legisladores de su bloque iban a hacer uso de la palabra "presencialmente".

Entonces, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, en consonancia con su par Germán Martínez, afirmó que se había decidido pasar a la firma el dictamen a las 12 para no ser impedimento a quienes "quieren regresar mañana por la tarde (a sus provincias) en función de las fiestas". "Desde luego no hay ningún problema que podamos seguir escuchando opiniones", añadió.

Pero la discusión se reabrió hacia el final, cuando la catamarqueña Lucía Corpacci expresó su "preocupación" por que "mañana la oposición no quiera extender este debate más allá del mediodía, impidiéndonos tener dictamen y, por sobre todas las cosas, que muchos diputados vuelvan a sus lugares de residencia" para "pasar la Navidad con su familia".

La legisladora del Frente de Todos cuestionó entonces que no hayan hecho uso de la palabra este martes y mañana puedan "llegar a decir que no les permitieron expresarse y terminar en un problema".

La intervención de la oficialista levantó la temperatura sobre el final. Una de las que salió al cruce fue la macrista Carmen Polledo, que le enrostró al oficialismo: Ustedes decidieron la agenda, nosotros no. Hay que hacerse cargo de las cosas".

"Lamento en el alma que no hayan pensado y no hayan sido solidarios con todos los diputados que tienen que viajar", siguió y advirtió que "no corresponde limitar" las expresiones, porque no es propio de "un espíritu democrático".

Otra de las voces desde Juntos por el Cambio fue la del macrista Luciano Laspina, que opinó que "el debate más intenso, más real, más fructífero va a hacer en el día de mañana". "Lo de mañana no creemos que sea correcto hacer un trámite, juntarnos 15 minutos, y hacer venir del interior a un montón de gente para simplemente vernos la cara 10 minutos y pasar a la firma", dijo.

Finalmente, y tras varias quejas, el titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto, garantizó: "Les aseguro que todos los diputados mañana van a poder hablar". Y sentenció que la reunión durará las horas que tenga que durar, "y estaremos hasta que las velas no ardan".

La inflación, en el eje de la discusión

Al igual que sucedió este lunes, la oposición reclamó por la variable de la inflación, ausente en la nueva fórmula. Y el tema lo sacó nada más y nada menos que una oficialista, la salteña Alcira Figueroa. La legisladora calificó a la iniciativa como "muy acertada" teniendo "en cuenta este tremendo año de pandemia que prácticamente paralizó a toda la economía de nuestro país y del mundo entero".

"El proyecto es acertado, atinado, coherente con la situación que estamos pasando hoy por hoy", abundó, pero alertó sobre su "preocupación" por el tema inflación. "Si no hay un control de la inflación, si no podemos lograr el control sobre los fijadores de precios, nos va a llevar puestos a todos", observó. "La gran preocupación y el tema que deberíamos trabajar en el dictamen es la inflación", ratificó.

A su turno, el radical Luis Pastori manifestó la "disconformidad con la forma en que finalmente se presentó este proyecto" porque "este no es el proyecto de la comisión", en referencia a la bicameral mixta de movilidad, que realizó a lo largo del año varias reuniones informativas con especialistas para elaborar un anteproyecto.

"Nos hemos enterado del proyecto a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Trabajo, un día antes que llegue la misión del FMI", se quejó y agregó que "ni siquiera es el proyecto del Poder Ejecutivo; este es el proyecto del Senado, esta es la verdad".

Además, el misionero dijo que "no ha sido satisfactoria la presencia de los funcionarios" este lunes, que "no han respondido en gran medida varias preguntas que se formularon por parte de los legisladores".

"El oficialismo no tiene la intención de que los haberes no pierdan con la inflación", aseveró y se preguntó: "¿Por qué la obstinación de no querer colocar una cláusula? O ni siquiera una cláusula, yo propuse una palabra".

Finalmente, Pastori advirtió que "esta fórmula es muy opaca, tiene falta de transparencia grave, porque el único que la va a poder elaborar es el Gobierno, específicamente la ANSeS". "¿Quién va a poder controlar, tener la capacidad y contar con todos los datos?", consultó, en alusión a los números de la recaudación.

"Esta fórmula ha sido hartamente discutida, está más que clara, mejora totalmente lo anterior", enfatizó el oficialista José Luis Gioja, que remarcó que "los números son contundentes, cuando esta fórmula estuvo aplicándose hubo incremento en las jubilaciones. Cuando se cambió, fuimos para atrás".

Para el sanjuanino, "no hay posibilidad que el salario del jubilado crezca si esto se actualiza solamente por la inflación". También se expresó a favor de las modificaciones incorporadas en el Senado, que "mejoró" el proyecto, e indicó que "si hay algo transparente en cualquier gobierno son los números de la recaudación, no se pueden esconder, no se puede hacer magia".

"Esto de la opacidad tiene que ver con tener cola de paja y no querer entender que esta fórmula tiene que ver con un país que va a empezar a crecer", lanzó, para definir a la fórmula como "la más justa" y "absolutamente racional".

Desde el Interbloque Federal, el santafesino Luis Contigiani pidió que se incorpore a la discusión un nuevo proyecto presentado por él y sus pares de Consenso Federal, además de su comprovinciano Enrique Estévez. La iniciativa tiene como objetivo "que patrimonialmente los jubilados no pierdan valor adquisitivo", aseguró.

En ese sentido, el legislador detalló que contempla "recaudación, salarios y costo de vida, en forma casi similar". En referencia a la inflación, consideró que tiene que haber "una cláusula de garantías, yo creo que el oficialismo la tiene que incorporar".

Sobre la variable del costo de vida, Contigiani sostuvo que "se puede discutir que esté o no en la fórmula de movilidad", pero "no se puede discutir que estamos en una Argentina en crisis y el costo de vida debe estar presente", insistió y ratificó que votará en contra del proyecto si no hay cambios en esta línea.

En coincidencia con Pastori, el diputado señaló que "la variable recaudación es una variable que tiene una cuota de imprevisión muy grande, porque la caja de la ANSeS se nutre de muchas cajitas", lo que le brinda una "alta discrecionalidad a la hora de determinar cuál es la recaudación final".

Recogió el guante desde el Frente de Todos el diputado Itaí Hagman, quien explicó que "atar un precio a la inflación es básicamente congelar ese precio", porque se trata de "sostenerlo en términos reales, ponerle un techo a una determinada variable".

"Si uno congela, le pone un techo a las jubilaciones, claramente está perjudicando a los jubilados", argumentó y defendió que "todos los datos muestran que entre 2008 y 2017 las jubilaciones aumentaron, los jubilados ganaron poder adquisitivo".

Para el oficialista, introducir la inflación como variable "es decirles 'listo, ustedes más que esto no pueden ganar'". Además, afirmó que "los datos sobre los cuales se calcula son públicos, y además están los organismos de control", y agregó que "la opacidad" se da "cuando tus jubilaciones están administradas por fondos de inversión".

Durante el encuentro también habló el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño, quien valoró el proyecto de su espacio que "apunta a lograr el 82% móvil del mejor salario de los últimos años que han tenido los trabajadores activos".

Para el legislador, "el debate de fondo pasa por que el sistema previsional fue desfinanciado durante décadas" y "han metido mano en la ANSeS para pagar deuda".

Del Caño precisó que en 2011 una jubilación mínima "cubría el 60% de la canasta básica"; en 2015, el 50%; y este año "alrededor del 36%". "La discusión debería ser sobre la suficiencia del haber", consideró y se preguntó: "Si el Gobierno confía que esta fórmula va a ser beneficiosa, ¿cuál es el motivo para no poner una cláusula (de inflación)?".