El diputado nacional Manuel Aguirre presentó un proyecto de ley por el que busca modificar el Artículo 301° bis del Código Penal. Esta iniciativa tiene como objetivo endurecer las penas para quienes exploten juegos de azar sin la debida autorización, con un enfoque especial en la protección de los menores de edad, quienes son particularmente vulnerables a los efectos nocivos del juego ilegal.

La iniciativa, que es también acompañada por el diputado Pedro Galimberti, busca no solo sancionar a los infractores, sino también prevenir la proliferación de actividades ilegales relacionadas con el juego, promoviendo un entorno más seguro y legal.

El proyecto establece que aquellos que administren o gestionen juegos de azar por medios digitales sin la autorización correspondiente enfrentarán penas de prisión que van de tres años y seis meses a seis años. En el caso de que el juego permita la participación de menores, la pena se elevará a nueve años. “Es fundamental que la ley se aplique de manera justa y que no se solapen las penas para delitos relacionados”, afirmó Aguirre en la presentación del proyecto.

La problemática del juego ilegal ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente con el auge de las plataformas digitales. Según el diputado Aguirre, “el juego ilegal está causando graves daños a la población en general y, especialmente, a los adolescentes que tienen acceso al mismo por el uso de medios digitales”. Esta situación ha llevado a la necesidad urgente de implementar medidas más estrictas que protejan a los jóvenes de los riesgos asociados con el juego clandestino.

El proyecto también contempla la creación de mecanismos de control y supervisión adecuados para garantizar la correcta aplicación de la ley. “Es fundamental que esta modificación se coordine con otras leyes y regulaciones relacionadas con el juego y la protección de menores”, destacó Aguirre, enfatizando la importancia de un enfoque integral en la lucha contra el juego ilegal.

Además de las sanciones penales, el proyecto de ley propone la implementación de campañas de concientización dirigidas a padres y educadores, con el fin de educar a los jóvenes sobre los riesgos del juego clandestino. “Los padres y educadores deben estar atentos a los signos de adicción al juego y fomentar actividades recreativas saludables”, subrayó el legislador, quien también resaltó la necesidad de un esfuerzo conjunto de la sociedad para abordar esta problemática.