Fue después de que el diario lo retratara en la portada de la edición de este viernes, en referencia al inicio del juicio político a la Corte Suprema.
En silencio durante la primera jornada del juicio político impulsado por el oficialismo contra la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Tailhade habló del tema este viernes a través de su sitio en YouTube, donde con ironía le agradeció a Héctor Magnetto, al que llamó “mafioso”, por “mi segunda tapa en 20 días”.
En el video, puso un ejemplo de “cómo actúa la mafia”, comentando que prepararon el título con el que retrataron la noticia de lo sucedido en Diputados así: “Agresiones en el arranque del juicio a la Corte”.
“2) La mafia monta el circo para hacer coincidir la realidad con el título; si no lo logra, la inventa”, apuntó, para volver a emprenderla contra el diputado de Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez. “Como yo no hablé en toda la reunión, el dueño del circo mandó a un monito a que me nombre”.
En tercer lugar, dijo Tailhade, “la mafia coloca una foto sacada de contexto para hacer creer que las agresiones fueron mías. Que, reitero, no abrí la boca en toda la reunión de la comisión”.
Y resumió: “Clarín miente y genera violencia, para hacer creer que los violentos somos nosotros”.
Lo cierto es que la volvió a ligar en ese marco el diputado “Topo” Rodríguez a quien ya había mencionado Tailhade en una nota en C5N. Precisamente por eso durante la reunión de la Comisión de Juicio Político el jueves, Rodríguez le enrostró al diputado del kirchnerismo haber dicho “que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo. No. Es humildemente una opinión”.
“No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos Tailhade”, le advirtió “Topo” Rodríguez al que esta vez el diputado K no nombró, pero sí aludió como “un monito” al que mandaron a nombrarlo.
El toque “sutil” lo dio Tailhade en su video sumando al presidente del interbloque Federal con una imagen del entrañable Topo Gigio.
En el último año de su gestión, Alberto Fernández reincidió en un estilo que lejos está de beneficiarlo, pero que a esta altura debe advertirse como una modalidad elegida. Enviar decenas de iniciativas al Congreso a pesar de las dificultades que sabe tendrá para avanzar con los mismos.
Por José Angel Di Mauro
En sus dos primeros años, esta administración dejó clara su costumbre de llenar los veranos con anuncios que no se corroboran con la realidad. Pruebas al tanto: el primer año consiguió aprobar apenas poco más de la mitad de los proyectos anunciados; pero en el segundo, más del 80% de los anuncios no se concretaron.
Peor fue en el tercer año, cuando el ciento por ciento de los proyectos anunciados para el período extraordinario quedaron sin tratar. No es que no llegaron al recinto: no se trataron siquiera en comisiones.
Es una costumbre de la administración de Alberto Fernández anunciar muchas cosas que luego no se concretan. Pero en este caso nos vamos a limitar al período extraordinario, donde las muestras son claras y marcan un estilo: mandar mucho al Congreso, desatendiendo el hecho de si son temas que puedan avanzar hacia el recinto.
No es lo habitual. Todos los ejecutivos optan por mandar al período extraordinario temas que necesitan, pero que sobre todo consideran aprobables.
Es verdad que este gobierno padece la realidad de no contar con mayorías en ninguna de las dos cámaras, aunque en el Senado esa carencia se soluciona con la participación de aliados confiables. Pero en Diputados, las elecciones intermedias no hicieron más que profundizar un problema con el que ya había arrancado en 2019.
Un ejemplo digno de atender es el de Cambiemos. Cuando las elecciones consagraron a Mauricio Macri como nuevo presidente, en octubre ya habían determinado la composición que tendría en ambas cámaras. Y el resultado era poco promisorio: minoría en las dos cámaras. En el Senado, como siempre dominaba el peronismo; pero en la Cámara baja no solo no era la primera minoría, sino que esa condición le asistía al bloque Frente para la Victoria, que sumaba 97 diputados, diez más que Cambiemos.
Fue una de las razones por las que ese Poder Ejecutivo no convocó a sesionar en el mes de diciembre. A instancias del presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, que le recomendó al Gobierno no llamar a sesiones extraordinarias hasta tanto no tener certeza con los números. En el verano se produjeron desgajamientos en el bloque K y el oficialismo pasó a ser primera minoría. Así y todo, no convocó a sesiones extraordinarias, salvo en el Senado, solo para dar ingreso a algunos pliegos.
El estilo de Alberto Fernández es bien distinto, tal vez con el fin de mostrar una gran actividad en el Parlamento, para lo cual no hace más que elaborar grandes baterías de proyectos, aunque la mayoría quedan para las ordinarias.
Se anuncian ambiciosos temarios, más extensos que lo que debiera esperarse para un tiempo en el que generalmente solo se tratan temas urgentes, de los cuales solo termina abordando un puñado. Y vamos a los números: de los once proyectos enviados por Fernández al período extraordinario 2019/20, solo fueron aprobados 6. Al año siguiente más que duplicó la apuesta, y le fue aún peor: mandó 25 proyectos y solo se aprobaron en extraordinarias 4. Y el tercer año, en 2022, mandó en el mes de enero 18 proyectos para tratar en febrero y no se tocó ni uno.
Este año mandó 27, y más allá de las dificultades que puedan generar la falta de mayoría, el problema subyacente es la decisión anunciada por la principal oposición de no tratar ningún proyecto mientras el Gobierno insista en mantener vigente el enjuiciamiento de la Corte Suprema. Así que difícilmente el porcentaje vaya a satisfacer al oficialismo.
Como corresponde a un gobierno recientemente elegido, el de Alberto Fernández arrancó con toda la fuerza el 10 de diciembre de 2019, cuando el Covid todavía no tenía nombre y solo era algo limitado a una desconocida región china. El 13 de diciembre ese Poder Ejecutivo convocó por primera vez a extraordinarias y lo hizo desde ese día hasta el 31 de diciembre.
En esa convocatoria inicial incluyó solo 3 temas, de los cuales el más ambicioso y urgente era el denominado “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la reactivación económica”. Ese proyecto al que se conoció como el de las emergencias, pues se trataba de una ley ómnibus que incluían las tres emergencias que pretendía habilitar el Gobierno: económica, social y sanitaria.
Los otros dos temas eran los habituales para esa época del año, que no incluimos en el conteo como proyectos por ser de rutina, pero que corresponden mencionar: la autorización al presidente para salir del país y la entrada y salida de tropas.
Tiempo promisorio de expectativas de consenso, el día anterior al envío del decreto el Gobierno se había reunido con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, para delinear un cronograma para el tratamiento de los proyectos. Se estableció entonces que el lunes venidero habría una convocatoria a jefes de bloques de ambas cámaras de la que podrían participar los ministros de las áreas involucradas para empezar a estudiar las iniciativas. Todo muy auspicioso por cierto.
Cinco días después del primer decreto, el Gobierno amplió el temario de extraordinarias, incluyendo la ratificación del nuevo Consenso Fiscal 2019 suscripto por el presidente con los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
Las emergencias fueron aprobadas en tiempo y forma, pero todo el resto quedó para el año siguiente -habiéndose ampliado entonces las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero-, en medio de promesas de un enero muy activo, que sin embargo no fue tal: aun sin datos de la pandemia que se venía, los primeros días del año mostraban los pasillos del Palacio Legislativo con el ritmo habitual de receso: vacíos y silenciosos, salvo por las obras en ejecución.
Se hablaba entonces de retomar la actividad a partir del 20 de enero y que dos días después podría realizarse una sesión en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del nuevo Pacto Fiscal y la autorización para el ingreso y salida de tropas, que había quedado pendiente.
Sin mayores precisiones se hablaba de incluir en el temario iniciativas vinculadas con lo ambiental y educativo, aunque sin precisiones sobre qué temas serían. Sí concretamente se anticipaba el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto para modificar el régimen de jubilaciones de privilegio que perciben jueces y diplomáticos. Y otros temas como un proyecto de ley de reforma judicial y otro para la creación del Consejo Económico y Social.
En el Senado se encontraban pendientes de tratamiento las leyes de alquileres y de góndolas, aún no incluidas en la agenda de extraordinarias.
El 12 de enero Alberto Fernández ratificaba el próximo envío del proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social y daba detalles del mismo. Ese proyecto nunca fue enviado al Congreso y el Consejo fue creado por decreto.
Cinco días más tarde el presidente anticipó el envío para ser tratado en extraordinarias de otro proyecto que aún hoy sigue en veremos: la ley de hidrocarburos. Ante representantes del sector petrolero que lo visitaron en Casa Rosada, habló del proyecto para promover inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales. En el texto, que aclaró que no estaba terminado, trabajaban el ministro Matías Kulfas y los entonces funcionarios Guillermo Nielsen, titular de YPF, y Sergio Lanziani, secretario de Energía.
El 21 de enero, antes de partir rumbo a Israel, Fernández firmó una nueva ampliación del temario para extraordinarias, incluyendo el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, cuyo envío al Congreso acababa de anunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. El decreto citaba el Consenso Fiscal que ya contaba con media sanción del Senado y la suspensión de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y diplomáticos.
El proyecto que pedía al Congreso amplias facultades para reestructurar la deuda externa, autorizando al Palacio de Hacienda a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate, ingresó el 21 de enero. Seis días más tarde, el presidente confirmaba cuáles eran los temas que esperaba que el Congreso diera “un tratamiento rápido” en extraordinarias: la ley que permitía la renegociación de títulos emitidos con prórroga de la jurisdicción; las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y diplomáticos; la ley de reforma de la justicia federal y la ley de góndolas, que ya tenía media sanción de Diputados.
El 29 de enero se publicó en el Boletín Oficial una ampliación del temario para las sesiones que incluía precisamente el proyecto de ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia. Relación entre Proveedores y Supermercados, más popularmente conocido como ley de góndolas, y la designación de la defensora y los defensores adjuntos de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
El punto 8 del decreto suscripto por el presidente antes de emprender viaje hacia Europa correspondía a la modificación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, la ley que debía entrar en vigencia el 1° de enero anterior y fue suspendida a través de un decreto que originó una ola de críticas de la oposición. Otro de los proyectos incluidos en el temario era el de Capitales Alternas, una iniciativa anunciada en tiempos de campaña por el Frente de Todos consistente en constituir el Gobierno una vez por mes en diversas ciudades del interior del país. Ese proyecto entró al Congreso el 12 de febrero, pero recién fue aprobado en noviembre de 2020.
El decreto incluía el tratamiento de los acuerdos para la designación de embajadores y, paralelamente, el retiro de pliegos como los correspondientes a funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público enviados oportunamente por el Gobierno de Mauricio Macri. Hablamos de la designación propuesta para la Procuración General de la Nación de Inés Weinberg de Roca, por ejemplo, y pliegos de jueces y fiscales.
Asimismo se retiraban los mensajes para designación de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia y funcionarios para el Servicio Exterior de la Nación y personal superior de las Fuerzas Armadas.
El texto del proyecto que modificaba el régimen previsional de jueces y diplomáticos ingresó al Congreso el 14 de febrero, y fue aprobado en la Cámara baja el 27, en medio de un escándalo por el quórum, que el oficialismo recién alcanzó gracias a la presencia de Daniel Scioli, quien ya había sido avalado como embajador en Brasil. La oposición se retiró de la sesión en esas circunstancias.
Si bien la había anunciado a lo largo de todo el verano, la reforma judicial no alcanzó a ser enviada para su tratamiento en extraordinarias. El penúltimo día de febrero Alberto Fernández anunció que la semana siguiente enviarían el proyecto al Congreso, pero recién lo presentó el 9 de julio venidero. Y nunca alcanzó a ser debatido.
En una sesión realizada el 28 de febrero, la Cámara alta sancionó la Ley de Góndolas y ese mismo día saldó una deuda de 15 años al designar a Marisa Graham como Defensora del Niño.
El 30 de noviembre, día en que culminó el período legislativo 2020, el presidente firmó el decreto donde prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero. Incluyó entonces nada menos que 25 proyectos de ley.
Sin embargo, dado que ese cronograma imposibilitaba la firma del dictamen sobre la legalización del aborto, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos y resolvió que la prórroga del período ordinario fuera hasta el 3 de enero, y las extraordinarias, desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese mismo decreto, incorporó dos nuevos temas para su tratamiento.
A fines de enero llegó un tercer decreto, donde se sumaron otros siete temas, y finalmente el Ejecutivo firmó un cuarto y último decreto para agregar el proyecto sobre Ganancias. Fueron, en total, cuatro decretos con 35 temas a tratar, entre proyectos de ley y pedidos de acuerdo para jueces y diplomáticos. Diez de esos temas fueron tratados en la extensión de ordinarias.
El último día hábil de 2020, el presidente de la Cámara baja anunció que el 20 de enero habría una sesión para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles, tal cual había acordado con los presidentes de bloques. Un día antes se trataría en las comisiones para emitir dictamen, llevándolo al recinto al día siguiente. Esa sesión no sucedió y pasarían muchos meses para que hubiera una nueva ley sobre ese tema que, provisoriamente, fue prorrogado por decreto.
Lo cierto es que enero fue, como marca la tradición, tiempo de receso. Si bien se especuló con que la Cámara de Diputados sesionara a fines de ese mes, la primera convocatoria del año se concretó recién el 11 de febrero. Más activo, el Senado sí sesionó el 4 y el 24 de febrero.
Nobleza obliga, la prórroga de ordinarias fue muy movida y se aprobaron numerosos proyectos, como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y por supuesto la despenalización y legalización del aborto, junto con el Programa de los Mil Días.
Otras de las leyes que vieron la luz en diciembre fueron el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -también llamado “impuesto a la riqueza”-; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y la transferencia de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal, que implicó un recorte en la coparticipación porteña. Pero reiteramos: no eran extraordinarias.
Ya en febrero, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorizara los acuerdos con el FMI y la emisión extraordinaria de deuda. Finalmente, fueron avaladas las leyes de incentivo a la construcción privada; el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología; y la compensación económica para familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Varios temas importantes, pero quedó pendiente nada menos que una veintena de proyectos del temario ampliado.
Entre ellos ni más ni menos que la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos temas que mantenían en alerta a la principal bancada de la oposición. Ambas iniciativas contaban con aprobación del Senado, pero nunca lograron pasar el filtro de la Cámara baja. Pasó lo mismo con el Consenso Fiscal 2020 y las modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y el etiquetado frontal de alimentos también quedaron en carpeta.
Dentro del listado elaborado por el Ejecutivo también figuraban incentivos para la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; y un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios y agroquímicos.
No fueron tratados en extraordinarias el nuevo Régimen Jurídico para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte; la suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos por la pandemia; la suspensión de la inscripción de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas); modificaciones en el monotributo; y una ley de educación ambiental.
También iniciativas sobre reactivación de la obra pública para vivienda; la suspensión de una rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el cupo laboral travesti/trans; un acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea; y ni más ni menos que la propuesta para suspender las PASO.
Continuaron cajoneadas la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que pese a las promesas de tratamiento el Ejecutivo no habilitó ese verano.
El tercer año de la gestión del Frente de Todos vino absolutamente mal barajado. Fue ese año electoral el que el Gobierno retrasó de manera extrema la presentación del Presupuesto 2022, que el ministro de Economía Martín Guzmán recién fue a defender a la Cámara baja el 13 de diciembre. Con la intención ambiciosa de conseguir la aprobación de esa ley de leyes en una semana.
El período ordinario había sido extendido hasta fines de diciembre y se sabe cómo terminó eso: el debate del Presupuesto arrancó el 16 de diciembre y terminó de manera intempestiva y con rechazo en la mañana del día siguiente.
Previamente el oficialismo había sufrido una primera derrota, al imponer la oposición una moción para tratar Bienes Personales el martes venidero. Sin embargo el oficialismo terminó revirtiendo al menos esa derrota y aprobó un texto deseado por el oficialismo.
Fiel a su estilo, el Gobierno se pasó el mes de enero de 2022 anunciando que convocarían a extraordinarias para el primer mes del año. Hablaban del tratamiento de un Plan Plurianual que nunca se plasmó en realidad y ponían el 24 de enero como fecha probable, pero finalmente lo postergaron hasta el 1 de febrero. Y la convocatoria se hizo el 25 de enero, con un temario de 18 proyectos que incluían el Consenso Fiscal, el Consejo de la Magistratura y la Ley de Compre Argentino.
Pero pasaron cosas. El último día de enero renunció nada menos que el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Máximo Kirchner, y todo el mes de febrero estuvo signado por el tratamiento o no del acuerdo con el Fondo Monetario, que de hecho había generado la renuncia del hijo de los Kirchner.
Lo cierto es que por primera vez desde 2009, el verano culminó sin que se hubiera realizado alguna sesión extraordinaria en el Congreso. El fracaso de esas extraordinarias debió atribuirse a: 1) las idas y vueltas del Poder Ejecutivo en la convocatoria; 2) el anuncio del acuerdo con el FMI, cuestión no incluida en el temario; 3) la renuncia de Máximo Kirchner; 4) la falta de acuerdos entre el oficialismo y la principal oposición por la conformación de las comisiones, encargadas del análisis y dictamen de los proyectos.
Para este verano 2023 se anunciaron hasta ahora 27 proyectos. Que en realidad son 34, pues uno de ellos corresponde a la creación de universidades, y cada una de ellas (8) tiene su propio proyecto. A fines de febrero se hará el balance correspondiente.
| EXTRAORDINARIAS 2020 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Ley ómnibus de emergencias | x | |
| Consenso Fiscal | x | |
| Jubilaciones de jueces y diplomáticos | x | |
| Reforma Judicial | x | |
| Consejo Económico y Social | x | |
| Ley de Hidrocarburos | x | |
| Sostenibilidad de la deuda | x | |
| Ley de Góndolas | x | |
| Designación de la defensora del Niño | x | |
| Economía del Conocimiento | x | |
| Capitales alternas | x |
| EXTRAORDINARIAS 2021 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Régimen de Inclusión fiscal para pequeños contribuyentes | x | |
| Presupuestos mínimos para la educación ambiental | x | |
| Biocombustibles | x | |
| Sostenibilidad de la deuda pública | x | |
| Incentivo a la construcción privada | x | |
| Aumento del presupuesto en Ciencia y Tecnología | x | |
| Compensación para familiares de tripulantes del ARA San Juan | x | |
| Reforma judicial | x | |
| Ministerio Público | x | |
| Consenso Fiscal 2020 | x | |
| Modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia | x | |
| Suba del mínimo no imponible de Ganancias | x | |
| Etiquetado frontal de alimentos | x | |
| Incentivos para la inversión en instrumentos financieros en pesos | x | |
| Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario | x | |
| Marco legal para productos fitosanitarios y agroquímicos | x | |
| Régimen para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte | x | |
| Suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos | x | |
| Suspensión de la inscripción de las SAS | x | |
| Reactivación de la obra pública para vivienda | x | |
| Rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas | x | |
| Código Procesal Penal Federal | x | |
| Cupo laboral travesti/trans | x | |
| Acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea | x | |
| Suspensión de las PASO | x |
| EXTRAORDINARIAS 2022 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Consenso Fiscal | x | |
| Consejo de la Magistratura | x | |
| Parque y Reserva Nacional Ansenuza | x | |
| Parque y Reserva Nacional Islote Lobos | x | |
| Respuesta integral al VIH | x | |
| Marco regulatorio del cannabis | x | |
| Promoción de la Electromovilidad | x | |
| Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz | x | |
| Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal | x | |
| Compre Argentino | x | |
| Régimen de Incentivo a la Construcción y Acceso a la Vivienda | x | |
| Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería | x | |
| Tratamiento de acuerdos | x | |
| Transferencias de inmuebles | x | |
| Creación de la Universidad Nacional del Delta | x | |
| Creación de la Universidad Nacional de Pilar. | x | |
| Prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana | x | |
| Creación del Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” | x |
| EXTRAORDINARIAS 2023 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Alcohol Cero | ||
| Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud | ||
| Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 | ||
| Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica | ||
| Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad | ||
| Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios | ||
| Designación del Procurador General de la Nación | ||
| Tratamiento de otros acuerdos requeridos al Senado de la Nación | ||
| Modificaciones en la prevención y represión del Lavado de Activos | ||
| Ampliación de la Corte Suprema de Justicia | ||
| Consejo de la Magistratura | ||
| Creación del Parque Nacional y de la Reserva Laguna El Palmar | ||
| Creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” | ||
| Régimen Previsional Diferencial para combatientes de incendios forestales | ||
| Plan de Pago de Deuda Previsional | ||
| Creación de 8 universidades nacionales | ||
| Desarrollo Agroindustrial Federal | ||
| Modificación de la Ley N° 22.990 de Sangre Humana | ||
| Contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down | ||
| Informatización y Digitalización de Historias Clínicas | ||
| Modificación de la Ley de Presupuesto General de Gastos | ||
| Proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino. | ||
| Promoción de nuevas energías | ||
| Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia | ||
| Permiso para el Presidente para ausentarse del país | ||
| Proyecto de ley para modificar el Sistema Estadístico Nacional | ||
| Monotributo Tech |
Nada positivo para una economía con tres dígitos de inflación augura una pelea política sin cuartel de carácter institucional. Para eso el presidente ha tomado en sus manos el bastón de mariscal que su vice recomendó a la dirigencia peronista, con objetivos de difícil cumplimiento.
Por José Angel Di Mauro
Un gobierno parcelado. Eso ha sido la experiencia del Frente de Todos a lo largo de toda su gestión. Y en el inicio de su último año, lo expone de manera más clara y concreta. Un gobierno en el que cada cual atiende su juego.
Cuyo presidente de la Nación se ha desentendido del manejo de la economía, encomendada a quien pidió hacerse cargo de ella. Si le va bien, se probará el traje de candidato; si le va mal, el presidente se habrá desecho de un competidor. Por más increíble que pueda sonar. El subconsciente funciona de maneras imprevisibles.
Solo así puede entenderse semejante embestida de parte de Alberto Fernández contra el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Con las previsibles consecuencias en la economía: con una inflación por las nubes, una feroz deuda, carencia de dólares y desajustes macroeconómicos de todo tipo, nada más desaconsejable que el “ruido político” que genera una medida de tal envergadura encabezada nada menos que por el Poder Ejecutivo.
Desde el primer día del año en el que el presidente se despachó con semejante anuncio, se han abierto todo tipo de especulaciones respecto de las razones por las que tomó tal determinación. La mayor parte de las mismas apuntan a la búsqueda de un protagonismo presidencial que lo mantenga en carrera para aspirar a la reelección. Que su nombre figure cuando se cierren las listas, en el mes de junio. Y conseguir con esta sobreactuación no ser vetado al menos por el Instituto Patria.
El objetivo de esta estrategia no es que el juicio prospere. Eso lo tienen claro todos, habida cuenta de que en ninguna de las dos cámaras el oficialismo -tampoco la oposición- tiene los 2/3. Estamos hablando del 66,6%, imposible cuando en Diputados el Frente de Todos tiene el 45.9% y Juntos por el Cambio el 45%. En el Senado, donde el oficialismo sí puede alcanzar la mayoría, cuenta con el 48,6%, mientras que JxC tiene el 45,8%.
La finalidad de esta movida es simplemente habilitar el dictamen acusatorio en el seno de la Comisión de Juicio Político. Ahí sí el FdT tiene mayoría. Ajustada, pero mayoría al fin: 16 miembros sobre 31 integrantes en una comisión donde JxC tiene 14 y el restante es el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, que rechaza la medida oficial. Con ese número le alcanza al oficialismo para arrancar “la investigación”, que se extenderá como mínimo dos meses. La clave está en las prerrogativas reglamentarias que tiene dicha comisión, tales como impulsar inspecciones; registro y secuestro de elementos; intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas; interrogatorio de personas.
No es que la comisión se pueda “cortar sola” para llevar adelante tales medidas. En el caso de que haya motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas relacionadas con la investigación, la comisión solicitará al juez federal que corresponda el registro del domicilio y el secuestro de aquellas que puedan servir como medios de prueba. Lo mismo pasa con la intercepción de comunicaciones.
En caso de que los elementos de prueba a procurarse tengan vinculación con un hecho ilícito que haya dado origen a una investigación judicial, la solicitud de registro y secuestro deberá ser realizada al juez que entienda en la causa.
Esas cosas entusiasman a dos integrantes de esa comisión como Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, mastines de la vicepresidenta de la Nación que suelen avanzar con medidas de ese tipo en la Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. Pero en ese caso, lo que se hace en esa comisión es secreto. No así con la sustanciación de un juicio político y eso es lo que los entusiasma.
El plato fuerte son los interrogatorios: si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar “los alcances de tal ilicitud”. Eso dice el reglamento de la comisión, que precisa además que “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”.
Los denunciados en este caso son los cuatro miembros de la Corte, que se negarán seguramente a declarar de manera presencial y difícilmente lo hagan por escrito. Como sea, el objetivo para entonces estará cumplido.
La oposición analiza por estas horas qué actitud tomar cuando llegue la convocatoria a comenzar las reuniones. Algunos especularon con la posibilidad de no asistir, para “no prestarnos al show”, tales las palabras de un miembro de JxC, aunque otro encumbrado diputado del Pro, que integra esa comisión, aclaró que todavía no había habido reuniones del bloque para analizar qué hacer, sino solo intercambios entre los miembros de esa comisión, pero relativizó la posibilidad de ausentarse. En diálogo con este medio, admitió que eso sería “dejarles todos los micrófonos a ellos”.
“Además, no es que convalidemos con nuestra presencia un proceso fuera de reglamento”, por cuanto la convocatoria a esa comisión es totalmente válida.
Está en debate en el seno de la oposición si llevan a la comisión también los pedidos de juicio político que ellos promovieron contra esta administración. No son pocos: Alberto Fernández acumula una docena; Cristina Kirchner 3; y el resto es contra los ministros Aníbal Fernández (6), Santiago Cafiero (3); Sabrina Frederic (3); y Wado De Pedro, Martín Soria, Ginés González y Nicolás Trotta (1). Se verá, pues en ese caso el FdT cuenta con los votos para abortar ese debate.
Saben en JxC que el oficialismo también incluirá en el proceso los pedidos que inició oportunamente la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti. Cuestión de incomodar a la principal oposición y generar divisiones en su seno. Todo suma.
Probablemente el martes los jefes de Juntos por el Cambio se reúnan para definir cuál será la estrategia a seguir. Lo que sí está confirmado es que ese día el Frente de Todos mantendrá una reunión de bloque para informar a sus miembros sobre lo que viene para extraordinarias.
El Gobierno ya anunció que convocará a sesiones extraordinarias a partir de la segunda quincena de enero. Se verá con qué temario, pero los prioritarios para Sergio Massa son el blanqueo para cuentas en el exterior; el proyecto que modifica la normativa sobre lavado de activos; y el tan postergado proyecto de agrobioindustria, el primero que el ministro de Economía pidió se aprobara al asumir.
Empero, en este contexto se hace casi imposible que cualquier ley pueda llegar a salir. No le será fácil al oficialismo sesionar, atento a los antecedentes del final del año pasado en la Cámara baja, donde todos los puentes se rompieron. Y cualquier recomposición estalló por los aires a partir de la decidida intención oficial de avanzar con el juicio político a la Corte Suprema.
Ese es el motivo de preocupación de Sergio Massa, que ve a un Congreso paralizado y leyes que necesita que, en estas circunstancias, no pueden salir. Y con el clima político espeso que hay, menos.
En ese clima incide el camino elegido por el Hobierno para avanzar con su embestida. Si bien en el proceso contra los cortesanos harán hincapié en un supuesto “mal desempeño” basado en el accionar del Tribunal Supremo respecto de los fallos sobre la coparticipación y el Consejo de la Magistratura, argumentando que avanzó sobre otro poder de la Nación, quieren utilizar los supuestos chats tomados de manera ilegal del teléfono de Marcelo D’Alessandro. Una vía de tan baja probabilidad de éxito como la obtención de los 2/3. Pero vale también para complicar a la oposición. No por nada voces oficialistas salieron a dar por sentado que la “filtración” se vincula con la interna entre los principales aspirantes presidenciales del Pro.
Desde ese mismo espacio descartan tal posibilidad y sugieren que semejante tarea solo puede ser atribuible a elementos con los que solo cuenta el Estado. En tren de hipótesis, circula la versión de que la búsqueda originalmente estaba destinada a vincular a la oposición con el magnicidio, hasta que se toparon con otros elementos y se reorientó la operación. Versiones de todo tipo, en tiempos de grieta infinita.
