A raíz del fallo de la jueza norteamericana Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF como parte del pago de la sentencia dictada en 2023, en el marco de la causa judicial por el proceso de expropiación, se multiplicaron en el Congreso los proyectos que buscan proteger a la empresa petrolera.

El jefe del bloque Encuentro Federal en Diputados, Miguel Pichetto, junto a los integrantes de su bancada y legisladores de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución que plantea ratificar el artículo 10 de la Ley 26.741.

El mismo reza: "A efectos de la instrumentación de la presente y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del H. Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros".

En ese sentido, la iniciativa de Pichetto indica que "toda medida o acción tendiente a ceder, enajenar, transferir, comprometer o disponer directa o indirectamente de acciones de YPF S.A. pertenecientes al Estado Nacional deberá ser votada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara del Congreso".

A su vez, expresa que "toda medida o acción tendiente a esto que se tome sin la autorización prevista en la Ley 26.741 será nula de nulidad absoluta y carecerá de validez legal". Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional "deberá abstenerse de realizar actos jurídicos que impliquen, directa o indirectamente, el desapoderamiento de acciones de YPF S.A., y/o que resulten en la pérdida, total o parcial, del control del Estado Nacional sobre acciones de YPF S.A. de su titularidad, sin la expresa aprobación del Congreso".

Por su parte, los senadores de Unión por la Patria presentaron en la Cámara alta un proyecto de resolución donde rechazan "categóricamente" el fallo de Preska y le exigen al Poder Ejecutivo que "agote todas las instancias legales y diplomáticas para defender la soberanía nacional".

Los legisladores consideraron que el fallo "es nulo de pleno derecho" por "violar los artículos 17 y 31 de la Constitución Nacional; desconocer la Ley 26.741 que declaró de utilidad pública la recuperación de YPF; e ignorar el derecho a la autodeterminación de los pueblos (Carta ONU, art. 1.2)".

Además, los senadores de UP le solicitan al PEN que "apele inmediatamente" ante la justicia norteamericana y "restituya el equipo legal especializado en litigios internacionales que fuera desmantelado en 2024, con asignación de recursos suficientes". También, que "rinda cuentas periódicas al Congreso sobre el estado del proceso judicial".

En cuanto a Cancillería, le exigen que "denuncie este fallo ante organismos internacionales como un ataque a la autodeterminación de los pueblos" y "gestione apoyo diplomático de países aliados contra el abuso de fondos buitre".

En tanto, el senador radical Maximiliano Abad, acompañado por su par Pablo Blanco, presentó un proyecto de declaración que manifiesta: "Ante el Honorable Senado de la Nación, de carácter urgente, la ratificación del artículo 10 de la Ley 26.741, a los efectos de clarificar su alcance, naturaleza jurídica y aplicabilidad, a fin de fortalecer la defensa del Estado argentino en el marco del proceso judicial que se tramita ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (Causa Petersen/YPF S.A.) reafirmando que la norma no permite una obligación exigible en términos de cumplimiento, de no ser aprobada por las dos terceras partes de sus miembros, por lo que el cumplimiento de la sentencia implica un avasallamiento al principio de inmunidad soberana y de injerencia en los asuntos internos de nuestro Estado".

“El interés argentino y la autonomía del país se defienden con apego a la ley, respeto a la Constitución y con una verdadera política de Estado", enfatizó Abad y remarcó que “ninguna Corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes. La transferencia de las acciones de YPF requiere la aprobación del Congreso Nacional por una mayoría calificada, lo que demuestra que el fallo es jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable”.

El bonaerense sostuvo que "la causa YPF no es solo un litigio judicial" sino "es un capítulo más en la historia de lucha por la soberanía de nuestros recursos. YPF nació para garantizar el dominio argentino sobre el petróleo y sigue siendo una pieza clave de nuestra soberanía económica. El fallo de la jueza Preska busca condicionar esa potestad, beneficiando a intereses especulativos”.

El proyecto de declaración subraya también los riesgos económicos del cumplimiento del fallo: afectación a las reservas, debilitamiento del mercado financiero local, pérdida de confianza en los inversores y tensiones institucionales internas.

“La defensa de YPF es la defensa del federalismo, de la autonomía legislativa y del futuro de nuestros recursos estratégicos”, concluyó el radical.

También desde la UCR, en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de declaración encabezado por el mendocino Lisandro Nieri, que expresa la "profunda preocupación por la sentencia dictada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, que ordena al Estado argentino la entrega del 51% de las acciones de YPF S.A. como parte de pago de una condena por 16 mil millones de dólares, medida que compromete seriamente la soberanía nacional y el patrimonio público".

Asimismo, manifiesta "su rechazo a esta decisión judicial extranjera que no respeta el principio de soberanía jurisdiccional e inmunidad soberana vulnerando Tratados Internacionales en los que ambos países son parte. Asimismo, desconoce la legislación interna argentina, especialmente la Ley N° 26.741 que declara de interés público la expropiación de acciones de YPF y establece expresamente la necesidad de autorización del Congreso Nacional para su eventual disposición".

Otro de los proyectos fue presentado por la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, quien a través de una declaración dejó sentado su "más enérgico repudio, por ser altamente agraviante a los principios del Derecho Internacional Público y afectar la soberanía, a la decisión adoptada por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska".

"Este Honorable Senado insta al Poder Ejecutivo a reafirmar la plena soberanía argentina, promoviendo el reconocimiento de su independencia y la potestad del Estado argentino de ejercer su autoridad sobre su territorio y sobre sí mismo, rechazando cualquier exigencia contraria a nuestro marco legal", agregó.

Desde el Pro, el diputado bullrichista Gerardo Milman presentó un proyecto de declaración en el que rechaza el fallo "porque impone una carga financiera desproporcionada y lesiva para la soberanía nacional”. “Además, constituye una grave intromisión en los asuntos internos de la República Argentina, violando principios fundamentales del derecho internacional como el International Comity y la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos, que impiden que tribunales extranjeros interfieran en decisiones soberanas de otros países", apuntó.

Pero también criticó que "esta sentencia es consecuencia directa de una gestión imprudente y opaca encabezada por la entonces presidenta Cristina Fernández, y asesorada por el exviceministro de Economía Axel Kicillof, quienes impulsaron la expropiación de YPF en 2012 sin respetar el estatuto de la empresa ni realizar una oferta pública de adquisición, como correspondía”.

En medio del conflicto por la estatización de YPF, y cuando la Argentina debería pagar 16 mil millones de dólares por un mal procedimiento realizado durante el kirchnerismo, los diputados nacionales de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto enviaron una nota al titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Alejandro Melik, en la que le solicitan que se le requiera al subprocurador del Tesoro de la Nación, Andrés de la Cruz, que se abstenga de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra nuestro país llevado adelante por Burford Capital, ya que, según ha trascendido públicamente, habría sido abogado de la familia Eskenazi, quienes podría ser beneficiarios del resultado de aquel juicio.

Además, ambos legisladores pusieron en tema al nuevo presidente YPF, Horacio Marín, para que pueda adoptar las medidas “adecuadas que sean respetuosas de las necesidades de la empresa a su cargo y del Estado Argentino en su conjunto”.

De la Cruz fue designado por la gestión de Javier Milei el pasado 26 de diciembre a través del decreto 80/2023, firmado por el presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El abogado es el número dos de la Procuración del Tesoro, que asume la representación y la defensa del gobierno nacional en juicios como el de YPF y que está a cargo de Rodolfo Barra.

“De la Cruz habría sido abogado de la familia Eskenazi por lo que advertimos la existencia de un conflicto de intereses que perjudicaría notoriamente la defensa de nuestro país”, alertaron e insistieron: “Uno de los funcionarios a cargo de la defensa del Estado argentino mantendría una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que tendrían un notorio interés en el litigio que llevan adelante contra la Argentina”.

“Cabe recordar que la defensa del Estado argentino en el mencionado juicio es llevada a cabo por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo subprocurador es Andrés De la Cruz, quien estaría a cargo de los litigios internacionales”, explican los legisladores de la CC en el texto de la carta enviada a la OA.

Asimismo, se anclaron en la ley de Ética Pública y le remarcaron a Melik que “es importante que el subprocurador se abstenga de intervenir en el mencionado juicio puesto que, habida cuenta del notorio conflicto de intereses existente, podría privilegiar su interés particular por sobre el interés público. Si se abstuviera de intervenir se evitarían opacidades o sospechas que podrían mellar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas o, cuanto menos, en la transparencia en los controles del Estado”.

Los diputados nacionales advirtieron que, de no ocurrir el corrimiento, “se estaría atentando contra el ejercicio de una buena defensa por parte de nuestro país —evidenciando un hecho de extrema gravedad institucional— e, insistimos, podría acarrear la confirmación de una condena multimillonaria. Es nuestro deseo que el Estado argentino esté bien representado, puesto que está en juego el presupuesto público; es decir, dinero que le pertenece a todos los habitantes”.

En la nota, explicaron que el Estado argentino enfrenta una causa judicial en la que el fondo Burford Capital¨ que compró los derechos de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de propiedad de Eskenazi, le reclama una multimillonaria indemnización por la estatización de YPF ocurrida en el año 2012.

El pasado mes de septiembre, la jueza de distrito 2 de Manhattan, Loretta Preska, que ya había determinado que Argentina había incumplido el contrato de YPF, consideró adecuado el esquema de compensación propuesto por el fondo Burford Capital, que pide unos 16.000 millones de dólares de indemnización.

“Conforme surge de información publicada en diversos medios periodísticos, el fondo Burford Capital habría efectuado un acuerdo con la familia Eskenazi en el que estos últimos se beneficiarían con el 30% del monto del litigio, si es que obtuvieran alguna indemnización al respecto. Por lo tanto, hay severas y fundadas sospechas que detrás del fondo Burford estarían los Eskenazi”, argumentaron.

Por último, recordaron que “la defensa del Estado argentino en el mencionado juicio es llevada a cabo por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo subprocurador es Andrés De la Cruz, quien estaría a cargo de los litigios internacionales. He aquí, entonces, donde radica el fundamento de nuestra presentación”.