Los tiempos electorales ya se viven de lleno en todos los ámbitos de la política, y muy especialmente en el Congreso de la Nación. Al punto tal de afectar una comisión que venía trabajando con regularidad, como la de Juicio Político de la Cámara baja.

En rigor, esa periodicidad no ha sido plena, sobre todo en las últimas semanas, pero ahora su continuidad corre el riesgo que imponen los tiempos de la campaña electoral. Lo cierto es que la última reunión se realizó el 15 de junio, oportunidad en la que establecieron un esquema de trabajo para el siguiente tema a abordar en el marco del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema, el de la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo establecía que para esta semana comenzara el desfile de testigos, arrancando con el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y gobernadores peronistas.

Eso no sucederá, al menos esta semana, según confiaron a parlamentario.com fuentes consultadas, que precisaron que el próximo encuentro de la comisión será el jueves 6 de julio, fecha para la que ha sido citado el juez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda, para comparecer ante esa comisión a fin de responder sobre las irregularidades detectadas en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial. Según se estableció en la reunión del 15 de junio pasado por el voto mayoritario de los miembros del FdT en la comisión, podrá hacerlo de manera presencial o bien por escrito.

También, se había estimado en la última reunión de la comisión que preside Carolina Gaillard que el martes 4 de julio serían convocados Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, para dar testimonio sobre los chats entre ambos, relacionados con el fallo que emitió el Tribunal Superior beneficiando a CABA. Recordemos que Robles es asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y D’Alessandro exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. En principio, no habrá una reunión el martes 4 de julio; habrá que ver si esa convocatoria se produce para el jueves 6.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT – CABA) se refirió al tratamiento de los pedidos de Juicio Político a cuatro miembros de la Corte Suprema, y afirmó que “el jueves que viene va a haber tres dictámenes, uno del Frente de Todos, otro de la Coalición Cívica – ARI sola, y un tercero del resto de JXC negando los cargos que nosotros sustentamos”.

Además, expresó que el accionar de los miembros de la Corte es “una tomadura de pelo” ya que “un 16 de diciembre, cuando el Congreso está en receso, sacan una resolución que dice que dan 120 días al parlamento para tratar una Ley”, y agregó: “La Corte no puede darle un plazo legislativo al parlamento. Ellos la durmieron seis años y medio y nos quieren dar 120 días. Es un abuso de poder y lo estamos demostrando”.

Entrevistado en C5N, el diputado oficialista afirmó que “está probado el asalto al Consejo de la Magistratura por parte de (Horacio) Rosatti -presidente de la Corte-”. Del mismo modo, aseveró: “En ningún caso correspondía que Rosatti y (Carlos) Rosenkrantz fueran presidentes de la Corte Suprema de Justicia”.

En tal sentido recordó cuando la líder la CC – ARI, Elisa Carrió, había pedido juicio político al expresidente de la Corte, Julio Nazareno y a Moliné O’Connor -exministro de la Corte- por haberse autovotado en 2002. “Es exactamente lo mismo que hicieron Rosatti y Rosenkranz. En aquel dictamen, Carrió pidió el juicio político por mal desempeño. Nosotros ahora acusamos a Rosatti por no haberse excusado en los mismos términos que ella planteó”, señaló Valdés.

“Rosatti debería haberse excusado de votarse a presidente de la Corte, y después de resucitar una ley derogada por el Congreso de la nación”, enfatizó. Además, Valdés evaluó positivamente el avance del trabajo en la Comisión de Juicio Político en Diputados, y destacó el rol de los bloques opositores: “Todos los denunciantes ratificaron la denuncia y los hechos. Los 14 autores de proyectos de juicio político, de todo el espectro político, ratificaron. Hubo gran respeto entre oficialismo y oposición, podemos construir una mayoría”. “Esto lo hacemos entre todos. valoro a la diputada (Paula) Oliveto, que inició y ratificó las denuncias que había comenzado Elisa Carrió a Lorenzetti”, indicó.

A su vez, el diputado del FdT aseguró que “la gente va a ir entendiendo lo que sucedió, estamos juzgando a los ministros de la corte, que resuelven las cautelares donde los servicios públicos aumentan, así como la tarifa de internet o las prepagas”, y advirtió: “Si nosotros permitimos que el presidente de la Corte con toda arbitrariedad se haga del lugar donde seleccionan y promueven a los jueces, los jueces pierden independencia”.

Respecto de la marcha del tratamiento de los pedidos de juicio político en el parlamento, Valdés consideró que valora mucho el trabajo de la oposición en la Comisión de Juicio Político. “Esperemos que puedan a acceder a sesionar y a tratar también otros temas que son de su interés”, manifestó.

Para finalizar, Valdés se refirió a la represión en el camino a Lago Escondido: “No hay que dejar pasar estas cosas. Le pido a las fuerzas de seguridad y a su conducción que liberen el camino a Lago Escondido, y garanticen el libre acceso de la población”. “Los que deberían estar detenidos son los que reprimieron y los que los mandaron”, planteó.

La diputada nacional María Rosa Martínez (FdT – Buenos Aires) se manifestó este martes en contra de la oposición por anunciar que no asistirán a las sesiones extraordinarias. “Dicen ser los defensores de la República, pero después bloquean al Congreso”.

Asimismo, la diputada se refirió al enjuiciamiento contra la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que “es un procedimiento reconocido y avalado por la Constitución Nacional”.

En diálogo con AM 530, Martínez desarrolló los causales del pedido de juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, miembros de la Corte Suprema de Justicia: “El mal desempeño y la tendencia a favorecer a la oposición son la base de todo esto”.

En tal sentido, recordó el conflicto entre la Corte y el oficialismo por el Consejo de la Magistratura. “Derogaron una ley para poner en vigencia una ley derogada hace años. Lleva seis meses sin funcionar el Consejo y Rosatti se toma atribuciones del Poder Legislativo”.

Luego, habló sobre los chats que se difundieron entre Silvio Robles, asesor de la Corte, y Marcelo D’Alessandro, ministro porteño de Justicia y Seguridad, y amplió: “El fallo de la coparticipación se inclinó en favor de la Ciudad de Buenos Aires, luego de estas conversaciones, sin considerar la Ley de Presupuesto”.

Además, agregó: “El fallo del dos por uno que propuso Rosatti en 2017, que no se llevó a cabo por el repudio popular, es la tercera causa de este juicio político”, en alusión a que la Corte buscó otorgar reducción de condenas a genocidas de la última dictadura militar.

En esa línea, adjudicó al “mal” funcionamiento de la obra social del Poder judicial como la cuarta causa del enjuiciamiento: “Lo presentamos en función del derecho de los trabajadores, por el mal desempeño e irregularidades”. A su vez, mencionó: “No hubo designaciones de directores. El juez Maqueda era el responsable, pero nunca tuvo un cargo administrativo y, además, hubo denuncias de abuso de autoridad y uso indebido de tecnología”.

Por otro lado, María Rosa Martínez remarcó que la Corte “funciona en el sentido de la oposición y avala la actitud de no presentarse a sesionar bloqueando el Congreso”.

En el final, demostró su deseo de que los proyectos sean tratados y advirtió: “Creemos en la inteligencia de todos. Hay un proyecto sobre una jubilación especial para trabajadores de incendios, que ocurren cada vez más frecuentemente”. “Sé que hay muchos bloques chicos que quieren discutir estos temas”, cerró.

El diputado nacional Francisco Monti (UCR – Catamarca) opinó este viernes acerca del juicio político que el oficialismo lleva contra la Corte Suprema de Justicia. “La meta del kirchnerismo es consumar un plan de impunidad”, señaló.

Además, el integrante de la Comisión de Juicio Político sostuvo que el Frente de Todos “empieza a blanquear su afán de hacer un montaje basado en el espionaje ilegal para consumar su estrategia de demolición institucional”, y agregó: “La supuesta ‘prueba’ basada en espionaje clandestino y todas sus derivaciones son nulas en cualquier proceso”.

A través de su perfil en Twitter, Monti afirmó que el oficialismo “ante la imposibilidad de concretar el objetivo de obtener impunidad, ahora pretenden quitar legitimidad al Poder Judicial”.

“No deja de sorprender que el grupito de gobernadores que alardeaban con el juicio político finalmente escondió la mano después de tirar la piedra contra instituciones de la República y mandaron a firmar la presentación a los diputados”, aseveró.

Por su parte, el diputado radical Manuel Aguirre (Corrientes) sostuvo: “El pedido de Juicio Político a la Corte demuestra que el kirchnerismo sigue pensando en impunidad, dejando a un costado los temas que afectan directamente a la sociedad como la incontrolable impunidad. El ‘Pecado’ de la Justicia es fallar contra la Corrupción”.

Tal cual venía especulándose durante la semana, la segunda quincena de enero es la elegida para iniciar el período de sesiones extraordinarias, según anticipó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, este jueves en conferencia de prensa.

En ese marco, la funcionaria informó que “la semana que viene saldrá la convocatoria” a extraordinarias, y las mismas deberán concretarse durante “la segunda quincena de enero”.

¿Sobre qué proyectos? “Los temas son obviamente el juicio político y otros temas son económicos y se están terminando de definir”, planteó la vocera.

Respecto del pedido de juicio político promovido por el presidente y un puñado de gobernadores, Cerruti señaló que se busca que “los tiempos sean lo más breves posibles”.

En su exposición, Cerruti señaló que “el presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica que es pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando donde la Corte interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la Constitución”.

La vocera explicó que el juicio político impulsado por esta administración “se basa en que la Corte intervino en un caso del poder Legislativo con respecto al caso del Consejo de la Magistratura, poniendo en vigencia una ley que estaba derogada, y en la cuestión de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en donde claramente violó la división de poderes”.

Consultada sobre las firmas de gobernadores que figuraron en el comunicado oficial y después se supo que no apoyaban, señaló que en el caso puntual del entrerriano Gustavo Bordet “no firmó el comunicado ni va a acompañar la petición contra los miembros de la Corte”, en tanto que el gobernador de Chubut Mariano Arcioni, que se encuentra de licencia hasta el 8 de enero. En ese último caso, Cerruti dijo que Arcioni “está afuera del país, por lo tanto quien participó del zoom y acompañó el proyecto fue el vicegobernador por instrucción suya. El gobernador Bordet adelantó que iba a apoyar el proyecto, participó de la reunión y en ningún momento durante toda la reunión mostró otra postura, por eso fue incluido en el comunicado. Pero luego se arrepintió y cambió de opinión, cada uno es libre de hacer lo que quiera”.