En el mismo momento que se anunciaba el histórico fallo de la Corte Suprema de la Nación contra Cristina Kirchner y la ratificación de su condena a seis años, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunía este martes, sin alcanzar una vez más consenso para designar sus autoridades. No obstante, sí funcionaron esta vez como comisión y los miembros de la oposición pidieron citar al presidente Javier Milei, a Karina Milei y a Hayden Davis, entre otros nombres.

La reunión estuvo marcada por los cruces que se dieron entre el flanco opositor y el flanco del oficialismo con sus aliados. Luego de no llegar a un acuerdo y acusar a La Libertad Avanza de querer “obstaculizar" el funcionamiento de la comisión, el diputado formoseño Fernando Carbajal de Democracia para Siempre anunció su adhesión al pedido de juicio político contra el presidente de la Nación. Mónica Frade, de la Coalición Cívica, también confirmó su apoyo en avanzar con la investigación por medio del proceso político.

El segundo encuentro de la comisión creada para investigar en profundidad qué ocurrió el 14 de febrero cuando Javier Milei difundió la criptomoneda $LIBRA que luego perdió su valor y mantiene procesos judiciales a nivel nacional e internacional, se dio mientras se conocía la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner por parte del máximo tribunal de justicia. Fue la diputada bullrichista Silvana Giudici quien a los pocos segundos del fallo deslizó con una sonrisa plena: “La justicia llega, así pasen 16 años y 17 jueces”.

Minutos antes de la cita en el Anexo del Palacio Legislativo, hubo dudas respecto de la presencia de los seis integrantes de Unión por la Patria, quienes estaban presentes en la sede del PJ Nacional, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Finalmente, asistieron e insistieron con la moción para que Sabrina Selva quedara a cargo de la comisión, lo que resultó, nuevamente, en empate contra la propuesta del oficialismo para que sea Gabriel Bornoroni.

Ante la falta de acuerdos por la designación de las autoridades, la reunión fue coordinada por el secretario parlamentario Adrián Pagán, quien, tras el empate en 14 votos, dio el lugar para que se tratara la moción de Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal para que los miembros del oficialismo y los aliados elijan al presidente dentro del flanco opositor, argumentando que “debía ser autoridad alguien que estuvo de acuerdo en la creación de esta comisión”.

Esta propuesta fue avalada por Germán Martínez, jefe de bancada de Unión por la Patria, quien no integra la comisión, pero remarcó que la misma “debe ser presidida por un diputado que tenga clara conciencia de investigar y no de obstaculizar”. Luego, reafirmó la moción por Selva (que no prosperó) y afirmó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Kirchner “es un papelón”.

Ya con el empate consumado y la negativa del oficialismo de avanzar con la moción de Agost Carreño, Carbajal se cruzó con su excompañera de bloque, la radical Soledad Carrizo, y llamó al flanco de La Libertad Avanza y los aliados de ser “el bloque de la impunidad”. Molesto por no avanzar con la presidencia de la comisión, afirmó que “vamos a promover e impulsar el juicio político porque evidentemente es el único ámbito constitucional donde vamos a poder lograr el objetivo de investigar y que los corruptos no queden impunes”. Esto, también, fue avalado por la Coalición Cívica.

Cabe recordar que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sigue sin tener resueltas sus autoridades (como la Investigadora de $LIBRA), tras lo ocurrido en abril de 2024 cuando se desactivó la reunión constitutiva que iba a fijar en el cargo la diputada oficialista Marcela Pagano. La propia legisladora viene alzando la voz con ese reclamo y se prevé que la oposición podría acompañarla si se pusiera a consideración en el recinto.

En el final de esta segunda reunión, el Frente de Izquierda pidió citar a Javier Milei y a Hayden Davis; Unión por la Patria a Karina Milei; la Coalición Cívica pidió a Mauricio Novelli; y Democracia para Siempre solicitó convocar a Alejandro Melik de la Oficina Anticorrupción, a María Florencia Zicavo de la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia y a Gerardo Pisarello Prados diputado español.

Desde el otro lado, el Pro pidió convocar a Alejandro Fargosi, y La Libertad Avanza presentará a sus invitados por escrito antes de las 20 de este martes. Tal como se resolvió en el recinto la semana pasada, la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA se volverá a reunir el próximo miércoles 25 de junio en carácter informativo.

Más allá de la previsible repercusión legislativa que tuvo en su momento la causa $LIBRA, sigue dilatándose la investigación parlamentaria del caso. En efecto, el pasado 8 de abril la Cámara baja aprobó la creación de la comisión que debía investigar todo lo inherente a la creación de la criptomoneda $LIBRA. Fue en una votación que arrojó este resultado: 128 votos a favor en contra y 7 abstenciones, y la Cámara recibió entonces el mandato de abrir una investigación cuyo fin sería “determinar el grado de participación y la responsabilidad política” del presidente Javier Milei, su hermana Karina, Manuel Adorni, Luis Caputo, y todos los ministros y funcionarios públicos involucrados en el caso.

También se dispuso avanzar con interpelaciones, pero de todos los convocados el único que se prestó a ese trámite fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Y en cuanto a la comisión investigadora, la misma quedó trabada a partir de que la designación de sus autoridades -sin la cual no puede comenzar a funcionar- está frenada porque hay un empate en 14 que neutraliza la puesta en funciones de la comisión.

La oposición quería destrabar el tema en el recinto, pero ya fracasó ese debate cuando se cayó la sesión el pasado 21 de mayo en la que iban a intentar tratar el tema. Y tan bloqueada está la situación, que para la sesión pedida por la oposición para este miércoles ya esa cuestión no fue incluida en el temario.

Así las cosas, el diputado Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) planteó este lunes, como coautor de la iniciativa de la comisión investigadora, avanzar de otro modo con el tema. ¿De qué manera? Con el juicio político.

El formoseño se preguntó: “¿Ante el bloqueo del Gobierno, tiene sentido insistir con conformarla o hay que avanzar con pedido de juicio político?”. Es que a su juicio “el bloqueo oficialista es una confesión de culpa”.

Pedidos de juicio político

Cabe consignar que en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza fueron presentados seis pedidos de juicio político contra el presidente Javier Milei.

Los mismos arrancaron a partir del escándalo generado por la criptomoneda $LIBRA y el primero lo presentó el 17 de febrero el diputado socialista Esteban Paulón. Ese mismo día Vanina Biasi presentó el primero de los tres pedidos de juicio político que presentó durante esta gestión: otro contra Milei el 6 de marzo y uno más contra Patricia Bullrich el 17 de marzo pasado.

Hay además pedidos de juicio político contra Milei de los diputados de Unión por la Patria Aldo Leiva (el 8 de abril) y Agustina Propato (el 21 de abril).

De esta gestión también hay pedidos de juicio político contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentados por Mónica Macha y Mónica Frade, y otro contra la excanciller Diana Mondino, de Eduardo Toniolli el 16 de octubre del año pasado.

La diputada opositora Florencia Retamoso anunció este martes la presentación ante la secretaria permanente de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados, una denuncia formal para que este organismo evalué la posibilidad de iniciar el juicio político a la polémica magistrada.

La presentación comprende una denuncia formal contra la jueza Julieta Makintach por su posible mal desempeño en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

“Es nuestro deber como legisladores garantizar que la Justicia actúe con responsabilidad, transparencia y sin privilegios”, dijo Retamoso y recordó que “nadie está por encima de la ley”.

La legisladora estuvo acompañada en el acto formal ante la secretaría, que ahora seguirá con la instrucción correspondiente y que podría terminar con el juicio político a la magistrada, por el presidente de la bancada diputados Agustín Romo y su par Fernando Compagnoni.

Como se sabe la denuncia de un magistrado ante la secretaria de enjuiciamiento es el primer paso formal para que el sistema de enjuiciamiento de magistrado evalúe la posibilidad de proseguir con un juicio político a un Juez de la provincia.

Así el objetivo de la presentación es interponer “formal denuncia contra la Dra. Julieta Makintach, Jueza del Tribunal Criminal N°2 del Departamento Judicial San Isidro, para determinar si sus conductas frente al tribunal que debate las responsabilidades de médicos y trabajadores de la salud respecto a la muerte del Sr. Diego Armando Maradona, encuadran hechos que ameritan la acción de remoción por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.

En particular, se solicita la comprobación de las faltas “previstas en los incisos d), e), f), i), m), q) del artículo 21 de la Ley 13.661, a fin de que se ordene su destitución”.

Los incisos invocados hacen referencia falta tales como incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones; el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo; la realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone; la comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido; ejercer el comercio o industria y toda otra acción u omisión que implique defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó ante la Cámara de Diputados un pedido formal de juicio político contra el presidente Javier Milei, por mal desempeño en sus funciones y por la presunta comisión de delitos de acción pública, en virtud de sus declaraciones del pasado 2 de abril, pronunciadas en el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.

“Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros, por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo", fueron las declaraciones de Milei que despertaron una ola de críticas.

Desde el CECIM enfatizaron que "esta frase no es un error. Es una renuncia. Una renuncia al mandato constitucional. Una renuncia a nuestra memoria colectiva. Una renuncia a la soberanía nacional".

"Lo que hizo el presidente Milei es convalidar, de manera implícita, el principio de autodeterminación de los isleños, mecanismo que el Reino Unido ha utilizado durante décadas para perpetuar el colonialismo en el Atlántico Sur. Esta posición contradice frontalmente la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, el derecho internacional, y las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía que debe resolverse mediante el diálogo bilateral", explicaron.

La organización de excombatientes apuntaron además que "el presidente no representa una opinión más" ya que "es el custodio de la integridad territorial de la Nación. No puede abdicar de ese deber". "Por eso, y con la autoridad que nos otorgan más de 40 años de lucha y compromiso con la causa Malvinas, solicitamos el inicio del procedimiento de juicio político previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional", reclamaron.

"El Congreso tiene la obligación de actuar. Las Malvinas son argentinas y la Patria no se vende", agregaron. La solicitud fue presentada por Rodolfo Carrizo, presidente del CECIM; Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos de dicha entidad; y el abogado del centro, Jerónimo Guerrero Iraola.

En el pedido consideran que "Milei incurrió en dos causales de juicio político: mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, por acciones y omisiones que comprometen la política de Estado en torno a Malvinas y menoscaban el principio de integridad territorial; y la presunta comisión de delitos en el ejercicio de la función pública, en particular la posible violación del artículo 248 del Código Penal, al dictar actos y emitir declaraciones contrarias a la Constitución Nacional.

Por una pelea dentro del propio oficialismo, todavía sin resolver, la Comisión de Juicio Político se encuentra inactiva desde la asunción del Gobierno de Milei. La diputada Marcela Pagano afirma que fue elegida presidenta -acta de por medio, firmada por miembros de la oposición-, pero la Presidencia de la Cámara baja lo desconoce. El tema volvió a ponerse sobre la mesa en las dos últimas sesiones que hubo, con un intento fracasado de Unión por la Patria de emplazar la comisión para que se ratifiquen a las autoridades.

Después de difundiera en sus redes sociales una polémica criptomoneda, el legislador del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Gabriel Solano impulsó una iniciativa en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la cual le pedirá al Congreso de la Nación que en ejercicio de las atribuciones que tiene esa H. Cámara, lleve adelante un juicio político contra el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, “por mal desempeño y los delitos cometidos en ejercicio de sus funciones”, tal lo dispuesto por el Artículo 53 de la Constitución Nacional de la República Argentina.

Según explicó el trotskista en los fundamentos del texto, “con el anuncio de la recomendación presidencial $LIBRA pasó en el lapso de una hora de U$S 0.01 por unidad a un pico U$S 5.54, un incremento del 1.700% y en segundos se derrumbó hasta alcanzar U$S 1.05 llegando este sábado 15 de febrero a cotizar U$S 0.17, la mitad de su valor original”.

“La operatoria contó con la acción de bots activados en el mismo instante en que el presidente difundió el nuevo token creado minutos antes lo que anticipa que es encontrado in fraganti en un accionar delictivo armado previamente. Un token desconocido con transacciones de millones de dólares operadas por bots en el instante en que el presidente le da publicidad”, continuó y precisó que “según un informe del analista financiero Kobbeissi Letter (una firma estadounidense que se encarga de hacer análisis financieros), durante las primeras tres horas desde la constitución de la moneda, los inversores iniciales del proyecto comenzaron a retirar dinero, sacando unos 87,4 millones de dólares”.

Además, señaló que “para los analistas se trató de un Rug Pull, un tipo de estafa que consiste en inflar un activo prometiendo un tipo de retorno o beneficio, para luego desaparecer cuando entraron suficientes personas. Una estafa piramidal en tiempo récord” y remarcó que “mientras Milei borraba su twitt y posteaba no tener nada que ver con la estafa, el desplome hizo que todo el mercado de criptomonedas en circulación perdiese unos 4,4 mil millones de dólares, si se contabilizan lo que valían todos los $Libra disponibles en su pico”.

“Por eso el Congreso de la Nación debería avanzar con un juicio político contra un presidente que está usando su lugar en el Estado para promocionar negociados privados, sabiendo que lo primordial pasa por enfrentar a Milei en las calles con un plan de lucha nacional hasta derrotar su plan motosierra de brutal ajuste, sometimiento y entrega”, sentenció.

El bloque de diputados de Unión por la Patria formalizó este jueves el pedido de juicio político al presidente Javier Milei.

Los diputados impulsan el procedimiento constitucional de juicio político previsto en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional contra el presidente de la Nación, Javier Milei, debido a “graves hechos que configuran causales de responsabilidad política por mal desempeño y/o eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.

Los legisladores entienden que el juicio político es la herramienta constitucional que procede cuando existe una causa de responsabilidad contra el presidente de la Nación. En ese sentido, expresan que es fundamental que se lleve a cabo una investigación en el marco de la Comisión de Juicio Político, que es el órgano facultado para investigar y dictaminar, en el ámbito de la Cámara de Diputados una vez que se hayan reunido los elementos de prueba suficientes.

El escrito considera que “el juicio político es un procedimiento en el que se juzgan culpas políticas a tenor del impacto que en la comunidad produce la inconducta del enjuiciado.

“No es un juicio penal, porque más que un instrumento de justicia se lo sostiene como herramienta que garantiza el control de la actividad de gobierno”, señalan los legisladores del bloque que encabeza Germán Martínez.

Expresan en el documento que “el juicio político es el mecanismo constitucional previsto para estos casos, y su implementación es crucial para restaurar la confianza en las instituciones democráticas. La ciudadanía argentina merece respuestas claras y acciones concretas para evitar que funcionarios públicos utilicen su investidura para favorecer intereses privados en perjuicio del interés general”.

Además, la presentación determina que “las responsabilidades de quien detenta la jefatura del Estado conllevan el cumplimiento de los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia.

“Cualquier conducta que desvíe el ejercicio de sus funciones hacia fines ajenos a la gestión pública constituye un quebrantamiento de los deberes inherentes a su cargo y, en consecuencia, un fundamento válido para su enjuiciamiento político”, sostienen.

Los hechos

La presentación se fundamenta en los hechos que se iniciaron el día 14 de febrero del 2025 cuando el presidente Javier Milei promocionó la compra de la criptomoneda $LIBRA, que presentó como una iniciativa privada para financiar el desarrollo económico de Argentina y en realidad era, a juicio de los diputados de UP, “una estafa premeditada”.

Destacan los y las diputados que “sin el apoyo inicial de Javier Milei, $LIBRA jamás habría alcanzado la popularidad necesaria para consolidar posteriormente la estafa. Tiene por tanto una responsabilidad central e ineludible. Su publicación promocionando la cripto $LIBRA fue necesaria para atraer inversiones reales que apreciaron rápidamente el valor del activo digital, los cuales, previo a su posteo, no tenían ningún valor”.

Advierten los legisladores que “la promoción surgió de la cuenta (de X) del presidente de la Nación, quien además es economista, y se ha jactado en reiteradas oportunidades sobre su ascendencia en la conversación pública que se desarrolla en la red social X”.

Para estos diputados, “el presidente Javier Milei jugó un rol central en la legitimación pública de $LIBRA. A través de sus redes sociales, promovió la inversión en esta criptomoneda, generando confianza en el proyecto y alentando a sus seguidores a invertir”.

Además, el escrito hace referencia a las vinculaciones de los creadores de la criptomoneda con el entorno presidencial y la necesidad de una investigación seria que aborde las distintas implicancias que van surgiendo.

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP) se expresó en torno al escándalo de estafa que tiene en el centro al presidente Javier Milei y por el cual su bloque presentó un pedido de juicio político en el Congreso: "Están saliendo los hechos a la luz. Lo que vimos ya es demasiado fuerte, pero parece que aún no vimos lo más importante”.

Luego, agregó: "Las dos palabras más usadas en redes en las expresiones sobre este acontecimiento fueron ‘estafa’ y ‘juicio político’. Hay tiempos radicales, hay tiempos oficialistas y hay tiempos peronistas. Nosotros estamos en nuestro tiempo y los radicales en los suyos. Vamos a ver dónde termina el tiempo radical".

En diálogo por la FM 107.3, el diputado del bloque Unión por la Patria se refirió también al reportaje que dio Milei a Jonathan Viale y a la interrupción de su asesor político Santiago Caputo: “El reportaje que dio Milei agrava más su situación. Cada día se suman nuevos elementos”.

En tanto, Valdés señaló que "hoy es un día muy importante porque funcionan las oficinas en EE. UU y puede haber denuncias allí, en tanto la empresa madre de esta estafa tiene domicilio estadounidense" y que "todo esto va a ir evolucionando".

Valdés detalló los pormenores del pedido de juicio político: "Es la herramienta que le da la Constitución Nacional al Parlamento. La Cámara de Diputados es la que investiga y si hay motivos, acusa. Para eso se requiere una mayoría especial que se construye en la medida en que la investigación va dando razones para acusar. Nos parece que la situación es lo suficientemente grave para iniciar esa investigación. Luego el Senado debe evaluar la acusación y resolver”.

“A su vez presentamos junto a la diputada Tolosa Paz y otros diputados un proyecto para quitarle las facultades delegadas al presidente. Hay otros bloques que van a apoyar esa iniciativa", informó.

Luego, agregó: "Vamos a acompañar todas las situaciones que ayuden a esclarecer este hecho. Estamos por el juicio político y también por la comisión bicameral investigadora".

En cuanto a la apertura de sesiones que se realizará el 1 de marzo como indica la Constitución y en la que el presidente debe presentarse ante la Asamblea legislativa, Valdés expresó: “Esperamos que sea una apertura de sesiones más importante. En la primera habló de espaldas al Congreso y en la segunda se hizo una puesta en escena vergonzosa. El horno no está para más puestas en escena”.

Finalmente, Valdés fue consultado por el tratamiento del proyecto de ficha limpia impulsado por el Pro y La Libertad Avanza en el Congreso: "El Gobierno no está en condiciones de dar el debate de ficha limpia. No hay ficha limpia con justicia sucia. Eso no va a salir, espero que tengan la vergüenza suficiente para no tratarlo esta semana".

Las diputadas Vanina Biasi y Mónica Schlotthauer presentaron este lunes un proyecto de ley en la Cámara baja para impulsar el juicio político al presidente de la Nación, Javier Milei.

“Ya estafó a jubilados, trabajadores de la salud, la educación y a la juventud. Ahora a sus seguidores más cercanos”, lanzó Biasi, para quien “hay que pararlo”.

El proyecto tiene tres artículos, en uno de los cuales convoca de manera urgente a Roberto Emilio Silva, para que en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Valores brinde la información que posea sobre los hechos que se detallan, considerando que el órgano que preside es el regulador del mercado de cripto activos.

“Asistimos a una enorme conmoción nacional e internacional ante la estafa financiera que involucra y tiene como protagonista al presidente Javier Milei”, señala el proyecto en sus fundamentos, en el que habla de “una estafa que llega a más de un año de gobierno mediante el inconstitucional DNU 70/23, una Ley Bases con la complicidad de la oposición patronal, una brutal recesión, ataques permanentes a la salud y educación pública”.

📣 ¡PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO A MILEI!

Hemos presentado el pedido de juicio político contra el estafador @jMilei desde @IzqSocialista y el @PartidoObrero en el Frente de Izquierda Unidad.

📃 Proyecto completo https://t.co/LjnTwy6j6C#MileiEstafador #MileiEsUnaEstafa… pic.twitter.com/lTztPYdn3Y

— Mónica Schlotthauer (@monschlotthauer) February 17, 2025

Junto a mi compañera del FITU @monschlotthauer presentamos proyecto en la cámara de Diputados para impulsar el Juicio Político al presidente. Ya estafó a jubiladxs, trabajadores de la salud, la educación y a la juventud. Ahora a sus seguidores más cercanos. Hay que pararlo.… pic.twitter.com/RXwPfEmxba

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) February 17, 2025

Tal como lo habían anticipado, el bloque de diputados de Unión por la Patria confirmó este lunes la presentación del expediente del pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, Javier Milei, a raíz del escándalo de promoción de criptomonedas de $LIBRA a través de sus redes, un token que alcanzó una cotización récord pero luego se desplomó. Además, criticaron a los aliados del Gobierno por no apoyar la decisión de abrir la Comisión de Juicio Político.

Así lo comunicó la bancada que conduce Germán Martínez durante una conferencia de prensa que brindaron en el tercer piso del Palacio Legislativo de la que participaron los diputados Carolina Gaillard, Vanesa Siley, Ramiro Gutiérrez, Eduardo Toniolli y Eduardo Valdés.

Martínez expresó: “Lo sucedido para nosotros es gravísimo, al menos desde el punto de vista legal, político, institucional que puede tener consecuencias graves para la Argentina. Es un escándalo que trasciende la frontera, que tiene una gran repercusión puertas adentro, pero también en el plano internacional. Esta estafa es una noticia que hoy se está analizando en forma global”.

“La gravedad se va incrementando a medida que van apareciendo nuevos actores, nuevos hechos, nuevas denuncias. Cuando tomamos la determinación de avanzar en un pedido de juicio político el sábado, en ese momento no sabíamos la cantidad de denuncias que ya había radicada en la justicia”, comentó.

El jefe del bloque se mostró asombrado al enterarse que “el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI están también sobre la denuncia”, y planteó: “Da la sensación de que este escándalo va a dar un nuevo capítulo cada día y, por lo tanto, esa dimensión del escándalo requiere una respuesta institucional en el Congreso argentino de la misma proporción”.

“Esto no es un tema partidario, hay que correr eso de lado. Es un tema claramente institucional para nosotros. El tema merece una enorme responsabilidad institucional por cada uno de nosotros. Responsabilidad que el presidente de la Nación no tuvo”, apuntó.

Así, expresó y compartió el deseo de “llevar a fondo una investigación” junto con los espacios y organizaciones políticas, particulares que han radicado denuncias de tipo penal. “Hay bloques parlamentarios que han presentado recientemente proyectos de creación de comisiones investigadoras, hay otros que han planteado interpelaciones para tener toda la información por parte del Ejecutivo”, comentó.

En ese sentido y sin hacer mención, criticó al bloque Pro que “no quieren que se investigue y eso llama mucho la atención, los comunicados de prensa de algunos bloques parlamentarios que pareciera que, en vez de ser oposición del oficialismo, hacen oposición de la oposición, un hecho insólito. En momentos donde este Congreso no discutió la Ley de Presupuesto, que no está discutiendo temas sensibles para la vida cotidiana como la moratoria previsional y en momentos donde el presidente dice que va a sacar nuevos actos administrativos, invocando facultades que el propio recinto le dio a través del voto de algunos diputados que decidieron darle ‘herramientas’”.

Martínez sostuvo: “Vamos a profundizar el diálogo político con los diferentes partidos y estamos convencidos que la herramienta institucional, que para algo la prevé la Constitución Nacional y lo que más se adapta, es el instituto del Juicio Político y vamos a avanzar en ese sentido”.

De cara a la entrevista que dará Milei en la noche de este lunes, le pidió que “no se victimice”, y que se haga cargo de lo que hizo y que dé explicaciones. “El lugar para dar explicaciones es el Congreso. Algunos parecen que se conforman con la auto investigación. Este es un tema que requiere la profundización de las acciones que tenemos que hacer cada uno de los poderes del Estado”, resaltó el santafecino.

“Nosotros nos tenemos que hacer cargo de analizar a fondo las responsabilidades de tipo políticas que tiene este tema y el instituto del juicio político va justamente en ese sentido”, reiteró y afirmó: “Los 47 millones de argentinos y argentinas tienen que saber si tienen un presidente al cual le pasa una estafa por delante de sus narices y no se da cuenta, o si tienen a un presidente estafador. Me parece que a un presidente que siempre se para en una posición moral superior al resto, que ha descalificado a los medios de prensa y a los periodistas, que ha descalificado a los artistas hasta llevarlos a la censura, que ha descalificado a los científicos, que ha descalificado a legisladores nacionales diciéndole las peores barbaridades de alcance global, porque esta estafa es un escándalo de alcance global”.

Comisión de Juicio Político

Fue la diputada Carolina Gaillard, quien supo ser titular de la comisión en la gestión anterior y llevar adelante el Juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, explicó que “es la herramienta institucional que establece la Constitución Nacional en el artículo 53 para determinar responsabilidad cuando obrare el presidente de la Nación con mal desempeño o cometer delitos en el ejercicio de la función pública o crímenes comunes”.

“En ese sentido la Constitución es muy clara y es la que habilita a investigar y determinar las responsabilidades en el marco del juicio político que está regulado en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que la Comisión de Juicio Político se abocará a su competencia principal y este es el artículo 90 del reglamento”, precisó.

Gaillard resaltó que se trata de una comisión investigadora de este Congreso que investiga y dictamina en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y, dentro de los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución en el artículo 53, está el presidente de la Nación, la vicepresidenta u otros ministros. Luego procedió a explicar el funcionamiento de la comisión.

“La Comisión de Juicio Político en Diputados lo único que hace es investigar.  Una vez que se recaba la prueba se determinará la responsabilidad y se definirá la acusación o no, pero eso después de realizar la investigación y le quedará al Senado definir cuáles son las sanciones correspondientes para el caso que son las que establece la Constitución”, cerró.

Aspecto judicial

A su turno, el diputado Ramiro Gutiérrez ratificó: “Estamos en presencia un hecho muy grave. Ese hecho tiene gravedad institucional porque el presidente de los argentinos se encuentra en posición de garante. Esa posición de garante nace de la Constitución Nacional artículo 99 el presidente tiene la responsabilidad política de administrar el patrimonio de la Nación”.

“El presidente es una persona que hoy está confundiendo su rol, lo ha desvirtuado y nosotros necesitamos en esta casa, frente a una persona políticamente expuesta que ha gerenciado un puente de oro para que muchas personas puedan ingresar a lo que a todas luces parece ser una acción defraudatoria, dé todas las explicaciones”, señaló Gutiérrez.

En tanto, planteó: “Hay que abrir la caja negra que son todas las conductas precedentes, todas las reuniones, todas las personas que quieren declarar en estas horas. Por eso este Congreso que tiene facultades implícitas tiene que agotar todas y cada una de ellas”.

Así, respaldó la idea de crear una comisión investigadora, las acciones penales que se puedan hacer y todas las que están incurriéndose en estas horas para “tratar de dilucidar ese hecho grave”.

DEBEMOS INVESTIGAR AL PRESIDENTE JAVIER MILEI A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE JUICIO POLÍTICO POR MEGA ESTAFA

La Comisión de Juicio Político de la HCDN es el único ámbito que la Constitución prevé para investigar el desempeño del Presidente de la Nación (Art. 53 de la CN y Art. 3° de… pic.twitter.com/DHLHfjP9fZ

— Vanesa Siley (@Vsiley) February 17, 2025

Luego, la diputada Vanesa Siley indicó que ante la evidencia primera que hay son dos tuits de Milei y precisó que en uno invita a participar de “esta estafa con un destino que, era el destino económico de la Argentina de inversores, para hacer un beneficio productivo de emprendedores y de pequeñas empresas y fija el contrato en ese es un tweet”.

“Ese es un primer tweet este sería el Milei economista máster en ciencias económicas. En el otro es el que sale a desmentir, donde borra el tweet anterior donde ya no habla de un emprendimiento o una empresa, sino de un supuesto emprendimiento y donde dice que no se había interiorizado en la materia”, agregó

Siley aclaró: “Este bloque quiere aportar a eso, a dilucidar con los mecanismos institucionales que tenemos a mano en este Congreso en la Nación y, en particular, en la Cámara de Diputados que sea por juicio político o sea por comisión investigadora que lo único que hace es investigar”.

La diputada apuntó: “En el segundo tweet es el Milei ignoto que invita al argentino, usando la investidura presidencial, a participar de una estafa. Nosotros tenemos que denunciar cuál de los dos presidentes tenemos en la Argentina y lo tenemos que hacer acá no lo puede hacer la oficina anticorrupción. No lo puede hacer una comisión investigadora del propio Poder Ejecutivo no se puede estar de los dos lados del mostrador nunca cuando se está frente a un escándalo”.

“Esto pone a nuestro país en un estado de gravedad muy importante. Es gravísimo lo que está pasando. También hay que preguntarse si es propio que sigan vigentes las facultades delegadas establecidas en la Ley Bases, es decir si este presidente que no sabemos si es un estafador o un ignoto timbero de redes sociales, no sabemos cuál tenemos, va a seguir teniendo súper poderes en la Argentina”, remató.

Por último, Martínez ratificó que en las próximas horas estarán ingresando el expediente que reúne todas las características propias de los pedidos de juicio político tal cual indica, no solamente el reglamento la Cámara de Diputados, sino el reglamento de la propia Comisión de Juicio Político.

Al respecto, precisó que harán una descripción pormenorizada de los hechos, que los van a vincular con los causales de juicio político tal cual dice el artículo 53. “Vamos a expresar también los cargos que nosotros planteamos para las personas involucradas y también vamos a hacer un ofrecimiento y una solicitud de generación de pruebas que respalden cada una de los cargos y que después se transforme las causales de juicio político, por lo tanto, vamos a estar trabajando en ese sentido”, resumió.

“Nuestro bloque va a trabajar con una enorme responsabilidad política, con una enorme sobriedad institucional, con una gran vocación de acuerdos y de consenso transversal con otras fuerzas políticas”, afirmó y aclaró: “No queremos meter este tema en ninguna grieta, al contrario, queremos impulsar una investigación que claramente en el ámbito de la Comisión de Juicio Político de respuesta a esta demanda que hay en 47 millones de Argentina que es querer saber eso”.

Al ser consultado por la prensa, si ven la posibilidad de que la comisión se ponga en marcha, Martínez recordó: “14 meses después de conformada la Cámara baja de que tenga sus autoridades que inclusive fueron ratificadas en la última sesión preparatoria, hay una comisión que la Comisión de Juicio Político donde todavía hay un tironeo puertas adentro de La Libertad Avanza respecto a sus autoridades”.

“Es un dislate que la comisión no esté ordenada del punto de vista de sus autoridades. Nosotros vamos a insistir en la solución de este problema, vamos a insistir incluso en la famosa presentación del 109 por los integrantes de comisión para que el tema se ponga en tratamiento y, también creo, que esta va a ser una cuestión que va a requerir un fuerte compromiso colectivo de toda la Cámara de Diputados, inclusive con la posibilidad de llegar al recinto”, confirmó.

El jefe de la bancada señaló que “hay otros espacios políticos, otros bloques que han ido por las comisiones investigadores especiales, otros por el proyecto de interpelación. Han ido por distintos caminos y nosotros, insisto, vamos a seguir dialogando con todos, aunque creamos que nuestra propuesta de juicio político es claramente la que le da una jerarquía institucional a la investigación que requiere este tipo de cosas”.

Al ser consultado por la postura del bloque Pro, opinó: “No me extraña que digan que ‘en esa instancia’ no van a participar de la comisión, casi que me parece un apriete, una extorsión”.

“Queremos que la investigación se realice en el ámbito del Congreso y, a partir del instituto que lo dice la Constitución Nacional que exista para este tipo de casos, nosotros creemos que la gravedad en términos jurídicos políticos institucionales de lo que pasó, y de lo que todavía está pasando, estamos en un escenario claramente dinámico, de un tema sumamente complejo en y nos parece que el instituto juicio político por las capacidades investigativas que le da esa comisión es la que mejor expresa esa posición de querer echar luz sobre esto”.

Con motivo del escándalo en el que quedó envuelto el presidente Javier Milei a partir de promocionar desde sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA, que subió en su cotización en tiempo récord pero luego se desplomó, el kirchnerismo anunció que presentará un pedido de juicio político, mecanismo previsto en la Constitución Nacional pero que, por las mayorías que requiere, muy difícilmente -por no decir imposible- prospere. Sumado a ello que sectores de la oposición dialoguista prefirieron hablar de otro tipo de estrategia para investigar lo ocurrido.

El juicio político está previsto en tres artículos de la Carta Magna. En el 53 se refiere a la competencia de la Cámara de Diputados para iniciar la acusación: "Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes".

En tanto, el 59 señala que "al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto". Y aclara que "cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema". "Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes", establece sobre el número que se requiere para hacer efectiva una destitución.

Mientras que el artículo 60 señala que "su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios".

De acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Juicio Político, compuesta por 31 miembros, le compete "investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y los previstos en la ley 24.946 y en las quejas o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara". "Cuando el pedido de remoción se dirige contra un funcionario público no sujeto a juicio político, la comisión podrá disponer su archivo o remisión al órgano competente", agrega.

La comisión deberá resolver sobre cuáles denuncias son admisibles y cuáles no, y a partir de allí se abrirá la investigación, en la que se podrá citar a testigos y requerir información al Poder Judicial. Concluida la investigación, en caso que corresponda, se podrá arribar a un dictamen acusatorio con la firma de la mitad más uno de los miembros de la comisión.

En caso que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen acusatorio con los dos tercios de los votos, la misma Cámara deberá elegir a uno o dos diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. La Cámara alta, por su parte, decidirá por dos tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado. La Constitución establece, además, que si el acusado es el presidente de la Nación, el Senado no deberá ser presidido por el vicepresidente, miembro del Poder Ejecutivo, sino por el presidente de la Corte Suprema.

El último antecedente de trabajo de la Comisión de Juicio Político fue durante todo el año 2023, cuando el Frente de Todos impulsó una acusación contra los jueces de la Corte Suprema, llegando -con mayoría propia- a firmar un dictamen acusatorio que, por la falta de votos, nunca se llevó al recinto.

Mientras reina la incomodidad en los aliados y otros sectores dialoguistas piden una comisión investigadora, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados reclamará que se ponga en marcha la Comisión de Juicio Político a raíz del escándalo cripto protagonizado por el presidente Javier Milei.

La bancada que conduce Germán Martínez convocó a una conferencia de prensa este lunes, a partir de las 17.30, en el tercer piso del Palacio Legislativo.

Prontamente, ante la conmoción que generó la participación del mandatario el viernes por la noche en la promoción de $LIBRA, un token que alcanzó una cotización récord pero luego se desplomó, UP salió a horas después a anunciar que presentaría un pedido de juicio político.

"La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación", se comunicó.

El camino del juicio político -que ya algunas voces salieron a rechazar, entre ellas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como así también algunos referentes no oficialistas- requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, sumado a que la comisión debería ser puesta en marcha por el oficialismo y la presidencia de la misma quedó en un limbo por la propia interna libertaria.

El ex diputado nacional, peronista de Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, presentó un pedido de Juicio Político para remover al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, por su declarada decisión de eliminar el 'femicidio' del Código Penal.

Rodríguez se presentó en el trámite en su calidad de particular, como "ciudadano argentino y profesor universitario", y argumentó que el titular de la cartera de Justicia “argumentó falsamente de que hoy se le está otorgando un privilegio a las mujeres en detrimento de los varones, cuando en realidad se sanciona especialmente a quien mata a una mujer por el hecho de ser mujer".

"Cúneo Libarona debe ser removido de su cargo. La decisión del Ministro implica un ataque a las mujeres y constituye, en sí misma, un fundamento contundente de 'mal desempeño en el ejercicio de sus funciones', en los términos que fija el artículo 53 de la Constitución Nacional, como causal para someter a Juicio Político a un ministro del Poder Ejecutivo Nacional", sostiene la presentación, que ya lleva el número de Expediente 0141-P-2024 en el trámite de la Cámara de Diputados.

LOS PRINCIPALES FUNDAMENTOS DEL PEDIDO

Entre los principales fundamentos que avalan el pedido de Juicio Político, presentado ante las autoridades de la Cámara de Diputados y dirigido al presidente de ese cuerpo, Martín Menem, se destacan los siguientes:

"Cuando el Ministro de Justicia anuncia que van 'a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino, porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional', lo que de manera siniestra se pretende instalar es que el femicidio constituye la acción de quitarle la vida 'a una mujer', cuando en realidad se trata de algo muy distinto: quitarle la vida a una persona precisamente por 'ser mujer'", argumenta Rodríguez en su presentación.

"Matar a mujeres por ser mujeres es la máxima expresión de la violencia machista, una realidad que el Ministro de Justicia niega, de manera imperdonable", afirma el escrito.

Y agrega: "La evidencia lleva a pensar que al Ministro no le importa que el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en su informe del año 2023, haya señalado que 'entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, se registraron 322 víctimas de femicidio confirmadas' en Argentina, y que la misma oficina, en su último informe parcial, detectó 147 víctimas de femicidio entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024".

"El Juicio Político se solicita porque el Ministro quiere cambiar el Código Penal para perjudicar a las mujeres, con el falso argumento de que hoy están siendo privilegiadas. Esa decisión, por parte de un altísimo funcionario público, genera un grave peligro social", expresa "Topo" Rodríguez.

Y continúa: "Es clarísimo lo que establece el Código Penal: se impondrá reclusión perpetua, o prisión perpetua, al que matare a una mujer cuando en el hecho mediare violencia de género. Por lo tanto, el Código Penal vigente no viola la igualdad ante ley, sino que pretende proteger a la mujer en un país en el que, entre otras razones, se mata por cuestiones de género".

El escrito también señala que "la posición del Ministro se contrapone con los lineamientos conceptuales y la experiencia práctica del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"Ese Registro dependiente de la Corte -agrega Rodríguez en su presentación- adhiere al concepto que proviene de la Declaración sobre el Femicidio, aprobada en la IV Reunión del Comité de Expertas/os (CEVI), de 2008, y lo entiende como 'La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión'. Dicho concepto fue actualizado en 2018, incorporando la noción del 'hombre que mate o participe en la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer'", planteó.

LA COMISIÓN DE JUICIO POLÍTICO

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, que deberá expedirse sobre el pedido para remover de su cargo a Cúneo Libarona, se constituyó el 10 de abril de 2024 y está presidida por la diputada oficialista Marcela Pagano, la vicepresidenta primera es Paula Oliveto Lago, de la Coalición Cívica; y Leopoldo Moreau, de Unión por la Patria, es el vicepresidente segundo.

Además, integran esa comisión, entre otros: Germán Martínez, Cecilia Moreau, Ana Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez, Juan Marino, Juan Manuel Pedrini, Paula Penacca, Hugo Yasky y Guillermo Snopek (todos ellos del bloque Unión por la Patria); Fernando Carbajal, radical del bloque Democracia para Siempre; Oscar Zago, del MID; Lisandro Almirón y Nicolás Emma, de La Libertad Avanza; Alberto Arrúa, de Innovación Federal; así como Juan Brügge y Emilio Monzó, del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto.

Para avanzar en el trámite, la comisión comienza su trabajo con una etapa de "análisis previo" y, luego, continúa con un "proceso informativo". Según establece su reglamento interno, la comisión puede convocar "a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad".

En esa instancia, podría citar al propio ministro Cúneo Libarona, al ex diputado Alejandro "Topo" Rodríguez y a testigos o representantes de organizaciones de la sociedad civil que tengan elementos para aportar. Posteriormente, en su "etapa resolutiva", la Comisión emite su dictamen definitivo.

Si se encontraran motivos fundados para avanzar con el Juicio Político, el trámite se elevará a la Cámara de Diputados para tratar la acusación. De aprobarse en esa instancia, deberá remitirse al Senado para su tratamiento final.

JUICIO POLITICO CUNEO LIBARONA

Fuerte repudio provocaron en Unión por la Patria las declaraciones del presidente Javier Milei contra Cristina Kirchner, durante una entrevista emitida este domingo en el canal TN. Y a las repercusiones que se publicaron inmediatamente en redes, este lunes se sumó un proyecto de resolución en el Congreso.

Se trata de una iniciativa impulsada por el senador chubutense Carlos Linares, quien le pide a Diputados que inicie el proceso de juicio político contra el mandatario. Un procedimiento que arranca justamente por la Cámara baja, donde la comisión respectiva quedó trunca, luego de la interna oficialista que se vivió en abril pasado con la designación de Marcela Pagano como titular, que el propio Martín Menem desconoció.

El proyecto de Linares insta "a la Cámara de Diputados a que adopte las medidas necesarias para promover el juicio político al señor presidente de la Nación, Javier Milei, e iniciar el proceso que dispone la Constitución Nacional en sus artículos 53, 59 y 60, con el fin de determinar si ha incurrido en la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".

“Me encantaría ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”, expresó el mandatario durante la entrevista televisiva, que fue grabada en Casa Rosada.

Para el senador de UP, "el presidente de la Nación ha incurrido en un acto grave para el rol que ocupa en una Nación Republicana como la Argentina, donde el sistema democrático plantea pautas que no deben sobrepasarse, sobre todo por parte de la máxima figura del Gobierno".

"Que un presidente inste a querer asesinar y 'meter el último clavo del cajón' a la principal figura de la oposición política de la actualidad, como lo es Cristina Fernández de Kirchner, es incompatible con el cargo que ejerce y con los deberes que la ciudadanía y la Constitución Nacional le imponen", continuó en los fundamentos el legislador.

Asimismo, subrayó que "los dichos de Milei emanan una contrariedad absoluta con los principios republicanos que debe encarnar el primer mandatario de nuestro país, no sólo por instar al asesinato de una ciudadana, sino por incitar a la violencia al resto de la población, retrotrayéndonos a los años más oscuros de nuestra historia, en los que dirigentes y militantes políticos eran secuestrados, asesinados y desaparecidos".

En uno de los párrafos de sus argumentos, Linares consideró que los dichos de Milei "ponen un manto de duda sobre el estado de su salud mental, siendo la inhabilidad mental otra causa de mal desempeño y consecuente destitución del cargo".

La propia CFK, protagonista de la interna peronista tras su lanzamiento por la presidencia del PJ Nacional -en cuya lista figura Linares como 24° consejero titular- salió este lunes a responderle al presidente con un extenso posteo. "¿Así que ahora también me querés matar?", preguntó y expresó: Dejá de amenazar y aprende a gestionar el Estado, porque ¿sabes una cosa Javier Gerardo Milei? Aunque me maten y de mí no queden ni la cenizas… tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena".

Diputados nacionales de Unión por la Patria presentarán este miércoles un pedido de juicio político contra la canciller Diana Mondino, con una conferencia de prensa que se realizará en las oficinas del bloque, en el tercer piso del Palacio Legislativo.

Los legisladores del principal bloque opositor darán a conocer los fundamentos de la solicitud, originada a raíz de la actuación de la funcionaria en los acuerdos suscriptos en torno a la cuestión Malvinas junto al secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, y anunciados en un comunicado conjunto el 24 de septiembre pasado.

Mondino y Lammy mantuvieron una reunión en el marco del contexto de la Asamblea General de la ONU y, según se informó oficialmente, las partes acordaron “retomar las negociaciones tendientes a finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja Internacional, así como también organizar un viaje de familiares de caídos a las Islas antes de fin de 2024, para que puedan visitar las tumbas de los soldados que allí descansan”.

“También se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba”, se reveló en un comunicado de Cancillería.

El acuerdo fue incluso criticado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en sus redes expresó días atrás: “¿Nos toman por tontos? Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación”.

Ingresó a través de la Cámara de Diputados un escrito de 25 páginas donde un grupo de juristas, profesionales y activistas le solicita al titular de la Cámara baja, Martín Menem, el inicio de un proceso de juicio político contra el presidente de la Nación, Javier Milei.

El expediente quedó registrado este lunes bajo el número 0031-P-2024 y fue presentado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Alicia Castro (exembajadora en Venezuela y el Reino Unido), el constitucionalista Eduardo Barcesat, el exjuez Carlos Rozanski, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida y el politólogo Atilio Borón.

También firmaron el proyecto el exdiputado nacional Claudio Lozano, Jorge Elbaum (sociólogo), Dora Barrancos (investigadora), Liliana Hendel (secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza), Jonatan Baldiviezo (presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad) y María Eva Koutsovitis (referente del Movimiento La ciudad Somos Quienes La Habitamos), entre otros.

Los supuestos delitos que mencionan en el escrito por los que este grupo de personas impulsan la investigación y acusación del jefe de Estado son: Instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; y la posible comisión del delito de apología del crimen.

También suman el supuesto delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público que tuvieron como algunas de sus consecuencias el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios así como también “la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la DADSE) que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos; la malversación de caudales públicos; mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otros puntos entre los que hay también cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial”.

El antecedente

El pasado 4 de abril, quienes ahora presentaron este pedido de juicio político se reunió en un conversatorio organizado por “Soberanxs” para llevar a cabo el análisis de las declaraciones, publicaciones y políticas impulsadas por el presidente Javier Milei desde el 10 de diciembre.

En  ese encuentro, coincidieron en que estaban dadas las condiciones para impulsar un juicio político con el objetivo de destituir al mandatario.

Por otro lado, el pedido de iniciar un proceso de enjuiciamiento contra el presidente Milei plantea que la puesta en vigencia del DNU 70/2023 “configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia”.

Del mismo modo, los juristas advirtieron que el proyecto será puesto a disposición de toda la ciudadanía para la recolección de firmas “con la convicción de que el pueblo argentino no se someterá a estas políticas de sufrimiento y desprecio por la Constitución Nacional”.

PRESENTACIÓN PEDIDO DE JUICIO POLITICO CONTRA JAVIER MILEI

“Un poco y un poco”, fue la respuesta de una alta fuente legislativa ante la pregunta de parlamentario.com sobre si la suspensión de la reunión de la Comisión de Juicio Político -estaba prevista para este jueves a las 11- estaba relacionada con la noticia de la internación de la diputada oficialista Marcela Pagano, o a la convocatoria que para la misma hora se había hecho desde Presupuesto y Hacienda para comenzar el análisis del paquete fiscal.

Oficialmente la suspensión fue dispuesta por el presidente de la Cámara, que envió a los integrantes de la comisión un mensaje confirmando la “postergación” de la reunión que atribuyó a “la realización en misma fecha y horario de la reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, en virtud del tratamiento del proyecto de ley sobre Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”.

En rigor, se cumple lo anticipado por parlamentario.com el lunes, cuando se anticipó que no se descartaba suspender las reuniones constitutivas de ese jornada, lo cual terminaría siendo una solución al diferendo generado en torno a la conformación de Juicio Político, que para el presidente de la Cámara, Martín Menem, no ha sucedido. El presidente de la Cámara le resta validez a la reunión de la semana pasada en la que se votó a Marcela Pagano como presidenta, cosa que generó la posterior ruptura en el bloque de La Libertad Avanza.

Para la mayoría de los integrantes de la Comisión de Juicio Político, esa reunión sí se concretó porque hubo quórum, y las designaciones de Pagano como presidenta, Paula Oliveto como vicepresidenta primera y Leopoldo Moreau vice segundo, son válidas. De ahí que quien desde ahora en más debería ocuparse de convocar a una sesión es su presidenta, Marcela Pagano.

Para Menem, como dijimos, la reunión había sido suspendida -por él- minutos antes de su concreción, así que la reunión fue inválida, de ahí que convocara a una reunión para este jueves 18 a las 11, para constituir sus autoridades.

Esta situación anticipaba para este jueves un choque de posiciones, que a priori hacía prever que no hubiera quórum, pues serían más los que se ausentarían desconociendo la nueva citación.

En este contexto, las novedades con el paquete fiscal permitieron encontrar una excusa válida para patear para adelante la solución a este diferendo. Y en ese marco es que se conoció la novedad del malestar de la diputada Pagano, que según trascendió habría sufrido una crisis de nervios, producto de la tensión a la que ha estado sometida todos estos días. Desde su entorno confirmaron a parlamentario.com que “sí, lamentablemente está internada. Primero vomitó la comida, luego la bebida y ahora sangre. Es probable que tenga una úlcera sangrante”.

Pasando a lo político, confirmó que este miércoles por la mañana Marcela Pagano recibió una agresión por parte de una diputada de su espacio.

Y finalmente confirmó que “En este momento, no le importa lo que va a pasar. Renuncia a lo que le pidan. Solo quiere estar bien”.

La reacción de Carbajal

Conocida la suspensión de la reunión, el diputado radical Fernando Carbajal emitió un mensaje en el que le cuestionó a Martín Menem “improvisación. Desconocimiento de la ley. Prepotencia”, y remató: “Son los mismos de siempre”.

En la anterior reunión de Juicio Político, esa que el presidente de la Cámara desconoce, Carbajal fue el legislador que ante los hechos pidió rever la decisión de dejarle al oficialismo la presidencia de la comisión.

El presidente de la Cámara @MenemMartin dejo sin efecto la convocatoria trucha para la Comision de Juicio Politico. Improvisación. Desconocimiento de la ley. Prepotencia. Son los mismos de siempre. pic.twitter.com/j3N7boYNJC

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) April 17, 2024

A través de un mensaje emitido en la red social X, los diputados de la bancada que conduce Germán Martínez enumeraron los hechos sucedidos, comenzando por el corte de la transmisión de la audiencia con constitucionalistas que realizaron el martes pasado en el Anexo, que comenzó a ser difundida a través de Youtube, pero que cuando estaba exponiendo el tercer orador fue sacada del aire, argumentándose que no se trataba de una comisión, sino de una actividad del bloque.

Luego citaron que se sacara del aire la reunión de la Comisión de Juicio Político realizada esta última semana, que las autoridades de la Cámara consideran inválida y que tuvo un corte abrupto sobre el final de la misma.

Por último, se refieren a casos puntuales registrados en el canal Diputados TV, denunciando censura a los periodistas Laura Serra y Mauricio Cantando, en momentos que analizaban lo sucedido en la citada reunión de Juicio Político. En el caso de la periodista de La Nación, contó al aire que le pedían no hablar de la reunión de Juicio Político, en tanto que Cantando fue directamente sacado del aire cuando lo hacía.

Así las cosas, el bloque de diputados de UP exigió “absoluta libertad de expresión en @DiputadosTV y en @DiputadosAR.

Cortaron la transmisión de la reunión de constitucionalistas.

Sacaron del aire a la Comisión de Juicio Político.

Y CENSURARON a los periodistas LAURA SERRA y MAURICIO CANTANDO en Diputados TV.

Exigimos la absoluta libertad de expresión en @DiputadosTV y en @DiputadosAR. pic.twitter.com/pvGNuD3Ee7

— Diputados UP (@Diputados_UxP) April 12, 2024

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quedó en el centro de la tormenta este miércoles por su decisión de suspender la reunión de la Comisión de Juicio Político prevista para este miércoles, e inmediatamente después de concluida la misma -que se realizó a pesar de todo-, difundió una comunicación convocando a esa comisión para reunirse el miércoles que viene a las 11. Y como indicaba que sería para la elección de autoridades, obviamente estaba desconociendo lo realizado por la mañana.

En la red social X expuso su postura. Allí señaló que “en la sesión preparatoria del 07/12/23, el pleno de la Cámara, facultó a esta Presidencia a conformar las comisiones permanentes del art. 61, con arreglo a lo dispuesto en el art. 29 del Reglamento interno”.

“En base a esa disposición, es deber del presidente, procurar los consensos necesarios para que las 44 comisiones puedan conformarse teniendo en cuenta la representación política de los 13 bloques parlamentarios que integran el cuerpo”, agregó el titular de la Cámara.

En el caso concreto de la Comisión de Juicio Político, dijo, “una vez conocida la nómina de sus integrantes, varios legisladores me manifestaron su disconformidad con tal integración y la necesidad de un replanteo en tal conformación”.

Por ese motivo, “minutos antes de que se constituya la comisión, y con el objetivo de buscar los consensos necesarios para una nueva integración, se dispuso desde esta Presidencia, suspender la convocatoria y posteriormente, citarla para el día jueves 18 de abril a las 11 horas”.

Menem consideró “preciso aclarar que, desde el punto de vista jurídico, quien tiene las facultades para citar a la reunión constitutiva, también tiene las potestades para suspenderla”. Con ese objetivo, continuó, “se cursaron las comunicaciones pertinentes en forma previa al inicio de la reunión dando aviso de la suspensión, e incluso, el secretario administrativo de la Comisión, en forma verbal y como cuestión previa, notificó que la reunión se encontraba suspendida por disposición de la Presidencia y no dio apertura formal a la misma, ni al proceso que indica el art. 106 del Reglamento no procediéndose a la elección de las autoridades”.

A continuación, Martín Menem confirmó su visión respecto de lo actuado por la mañana: “Por lo expuesto, desde lo formal y reglamentario, la reunión de conformación y elección de autoridades y fijación de días y horas de reunión de la Comisión de Juicio Político, no se llevó a cabo y como consecuencia, la misma no se encuentra constituida”.

Además, el titular de la Cámara destacó que, al momento de notificar la suspensión, “ni siquiera existía quórum reglamentario para dar inicio, si es que se hubiera dispuesto en ese momento”.

Por esa razón, para Menem “todas las manifestaciones que se efectuaron después, se corresponden al derecho a expresarse y manifestarse de los legisladores, pero fuera del ámbito de la reunión constitutiva que formalmente se encontraba suspendida en forma previa”.

Y concluyó diciendo que “los actos posteriores al levantamiento formal de la reunión, carecen de validez reglamentaria, no hay acta constitutiva válida ni autoridades formalizadas para efectuar citaciones o notificaciones. En todo caso, las mismas deberán ser nominadas y electas en la reunión a llevarse a cabo el día jueves 18 de abril”.

Un panel de juristas analizó en un conversatorio organizado por “Soberanxs” las declaraciones, publicaciones y políticas impulsadas por el presidente Javier Milei desde el 10 de diciembre y coincidieron en que están dadas las condiciones para impulsar un Juicio Político con el objetivo de destituir al mandatario.

Del encuentro participaron Eduardo Barcesat, Carlos Rozanski, José Manuel Ubeira y Maximiliano Rusconi con la coordinación de Alicia Castro y de la periodista Cynthia García. Los especialistas en derecho aseguraron que no quieren que Milei se vaya en helicóptero, sino que “se vaya destituido por el Congreso por los delitos que está cometiendo”.

Algunos de los ejes que atravesaron el conservatorio fueron “el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad”, las omisiones para defender la soberanía en Malvinas, la intención de detentar la suma del poder público, las declaraciones y publicaciones violentas por parte del actual mandatario, el incumplimiento de deberes de funcionario público, el eventual abandono de personas, el riesgo cierto de dolarización mediante eliminación por decreto de la moneda propia y del Banco Central.

Al inicio del encuentro Alicia Castro recordó que “el negacionismo impulsado por parte del actual titular del Poder Ejecutivo”, en el que “a través de una narrativa de violencia niega el terrorismo de Estado busca redimir a los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar y deslegitimar los procesos llevados a cabo en contra de los genocidas para organizar un terreno propicio para que esas atrocidades se vuelvan a cometer”.

Castro aseguró que el negacionismo se vincula directamente con la intención de reeditar la política económica impulsada durante el último proceso militar de “planificación de la miseria”. En ese contexto, Rozanski sostuvo que "cualquier acto de negacionismo tanto del presidente de la Nación como de la vicepresidenta es absolutamente ilegal y causal de juicio político”.

Por otro lado, Castro recordó la cláusula de la Constitución del 94 que consagra como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes y preguntó si los actos de acción y omisión del gobierno que están en contra de este principio irrenunciable también pueden ser considerados una causal de juicio político ya que, sostuvo, Malvinas es un punto geopolítico estratégico de gran importancia.

Por último, la exembajadora marcó su preocupación por la política exterior que impulsa Javier Milei y le atribuyó a las decisiones del presidente la responsabilidad de que, a su juicio, la Argentina haya dejado de habitar una región de paz para estar metidos en la guerra que Israel impulsa en Gaza y que “esto pone en riesgo a las ciudadanas y a los ciudadanos y nos hace blanco del terrorismo internacional”.

En relación a la cuestión vinculada con “la suma del poder público”, el constitucionalista Eduardo Barcesat recordó el artículo 29 de la Constitución Nacional que establece que “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”, y aseguró que esto vale no solo para aquellos que conceden esa facultad sino también en los casos en los que alguien pretenda arrogarse este poder, como a su juicio es el caso del actual presidente.

También planteó que este tipo de actos son “nulos de nulidad absoluta, insanables e imprescriptibles civil y penalmente”. En ese contexto, Barcesat afirmó que la presentación que van a realizar no será únicamente jurídica, sino multifacética y que incluirá cuestiones económicas, pero destacó como uno de los puntos centrales a considerar para el pedido del juicio político lo que para ellos es el quiebre del deber de obediencia de la supremacía de la Constitución Nacional por parte de Milei. “Para el Juicio Político hay condiciones sobradas tanto del mal desempeño como posible comisión de delito en ejercicio de funciones”, sostuvo.

Rozanski centró su exposición en lo que consideró “cientos de causales que se pueden citar para pedir el juicio político”. Por un lado, destacó una causal genérica vinculada con “el mal desempeño”, pero hizo hincapié en la causal de discriminación vinculada con algunas de las publicaciones que difundió el actual presidente de la Nación que tiene en sus redes sociales más de dos millones de seguidores, entre ellas una en la que define al Estado como “un pedófilo con nenes encadenados evanselinados en un jardín de infantes” y otras dos publicaciones en contra del gobernador de Chubut Ignacio Torres, una de ellas vinculándolo con una persona con síndrome de Down.

Por su parte, José Manuel Ubeira recordó que “en nuestra democracia indirecta son los representantes los que llevan adelante la voluntad del pueblo”. En ese sentido señaló que “para el juicio político del presidente se necesita una mayoría calificada en el Senado, pero esto tiene sentido si nuestros representantes se hacen cargo la gravedad y el peligro en el que está inmersa la Argentina en manos del actual gobierno”. Si bien el abogado reconoció que el Gobierno de Milei tiene legitimidad de origen, señaló también que las expresiones que utiliza el presidente, entre ellas las de “zurdo de mierda”, son extremadamente graves.

“Estamos en profundo peligro porque el gobierno pretende la balcanización de la Argentina y el descuartizamiento del país para poder entregarlo”, alertó y agregó: “El Congreso Nacional, que según el presidente es un nido de ratas y es el repertorio de todos los coimeros de la Argentina es el que tiene que ejercer en representación nuestra la garantía de que no nos van a rematar el país y que los que pensamos distinto podamos seguir estando”.

“No conozco una sola gesta que haya sido importante y que no haya comenzado con una correlación desfavorable de fuerzas”, sostuvo a su turno Maximiliano Rusconi. Durante su exposición el abogado analizó las causales que establece la Constitución Nacional para impulsar el juicio político son el mal desempeño y la comisión de delito.

Rusconi ejemplificó algunos episodios en contraposición con distintas normas. “Un caso es el video que emitió el Poder Ejecutivo el 24 de marzo en el que se enaltecía a quienes dirigían la represión. El artículo 213 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que hiciere públicamente y por cualquier medio apología de un delito o de un condenado por un delito”, comentó.

También remarcó que el Poder Ejecutivo está ejecutando el Presupuesto de 2023 que establecía responsabilidades de financiamiento de comedores comunitarios y de entrega de medicamentos oncológicos, entre otros puntos.

“Si Milei hubiera enviado otro Presupuesto, no habría problema, pero está ejecutando un Presupuesto que es ley y que establece determinadas responsabilidades. El artículo 106 del Código Penal establece que el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años”, manifestó.

Además, rememoró el episodio a través del cual primero José Luis Espert y luego Milei llamaron a la revolución fiscal en la provincia de Buenos Aires y leyó el artículo 248 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Al igual que lo hicieron los otros integrantes del panel, también cargó en contra de aquellos legisladores que votaron a favor de la ley ómnibus en general que implicaba otorgarle la suma del poder público al Ejecutivo.

Del encuentro también participaron el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy; los diputados nacionales Hilda Aguirre, Ricardo Herrera y Juan Marino; la senadora Florencia López; Juan Pablo Schiavi, Dora Barrancos, Liliana Hendel; Pedro Peretti, Telma Luzzani, Liliana Mazure, Jonathan Baldivieso, María Eva Koutsovitis, Juan Martin Ramos Padilla, Nora Lafon y Martin García, entre otros.

Este miércoles a las 18, organizado por SOBERANXS, se reunirán destacados juristas para analizar si corresponde impulsar un juicio político al presidente Javier Milei.

En el encuentro, Maximiliano Rusconi, Eduardo Barcesat, Carlos Rozanski y José Manuel Ubeira, con la coordinación de Alicia Castro y de la periodista Cynthia García, debatirán sobre las causales y procedimientos para promover la destitución del actual mandatario en el marco de la Constitución Nacional.

Algunos de los temas que serán abordados en el encuentro serán el derrumbe de la institucionalidad, el quiebre constitucional, la desarticulación del Estado, la desnacionalización de nuestros recursos estratégicos y bienes naturales, la privatización de los bienes sociales de las y los argentinos y el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad.

También el incumplimiento de deberes de funcionario público, el eventual abandono de personas, el riesgo cierto de dolarización mediante eliminación por decreto de la moneda propia y del Banco Central, el intento de detentar la suma del poder público y la política de Relaciones Exteriores que perjudica los intereses de la Nación.

La expresidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, salió al cruce del pedido del Pro para que el proceso acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema sea declarado inválido. “Es un atentado contra el Congreso”, enfatizó y además los desafió a debatir los dictámenes en el recinto, donde se requieren dos tercios de los votos para su aprobación. 

“El juicio político a los miembros de la CSJN tuvo dictamen favorable de acusación luego de muchos meses de investigación en la comisión donde participaron, ofrecieron prueba los miembros de JxC, y presentaron dictamen de minoría en rechazo a la acusación”, recordó la entrerriana. 

En la red social X, la legisladora cuestionó que “ahora pretenden dar por terminado el juicio con un proyecto de declaración” de Sabrina Ajmechet que “declara su invalidez en un trámite express que dé por terminado meses de trabajo y un dictamen que fue votado en el pleno de la comisión por mayoría simple”. 

Ahora pretenden dar por terminado el juicio con un proyecto de declaración de @ajmechet que declara su invalidez en un trámite express que de por terminado meses de trabajo y un dictamen que fue votado en el pleno de la comisión por mayoría simple.

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) January 9, 2024

“En el marco del proceso y previo al dictamen de acusación se resolvieron las impugnaciones presentadas que fueron tratadas, votadas y rechazadas en el pleno de la comisión. Todo el proceso está cargado en la página web de @DiputadosAR, en Comisión de Juicio Político podes acceder y ver los dictámenes y las impugnaciones”, resaltó. 

Para Gaillard, “intentar declarar la invalidez del juicio por resolución del pleno de la cámara es un atentado contra el Congreso y las facultades que nos ha otorgado la Constitución Nacional. No se puede manosear la democracia. No se puede jugar con la Constitución. Hay normas y reglas que deben respetarse”. 

“Si no están de acuerdo con el juicio a la CSJN debatamos en el recinto las acusaciones y las distintas posturas pero no violemos un procedimiento constitucional y el reglamento de @DiputadosAR”, concluyó. 

“El juicio político a la Corte Suprema debe ser declarado inválido”, expresó la diputada nacional del Pro Sabrina Ajmechet, al presentar la iniciativa que acompaña buena parte de su bancada referido al enjuiciamiento al que fueron sometidos todos los miembros del Tribunal Superior.

La diputada del Pro sostuvo que “fue un circo que comenzó el kirchnerismo el verano pasado y extendió durante todo el año buscando algún rédito electoral”. En ese marco, dijo, “se lesionaron garantías constitucionales y se faltó al reglamento en la Cámara”, y anunció que desde el bloque Pro de la Cámara baja solicitaron “finalizar esta persecución política”.

Fue a través de un proyecto de declaración que afirma que “la totalidad del proceso de juicio político impulsado durante el año 2023 por el bloque del Frente de Todos de esta Cámara de Diputados y por orden del entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, estuvo teñido de reiteradas irregularidades, siendo guiado por intereses meramente partidarios”.

Para los diputados del Pro, ese proceso no buscó “otra cosa más que presionar a los magistrados enjuiciándolos por el contenido de sus sentencias, desprestigiando así al Poder Judicial de la Nación en su totalidad”.

Para esos legisladores, “no se encontraban razones para iniciar dicho procedimiento excepcional y que no existían motivos suficientes para que esta Honorable Cámara acuse ante el Senado a los mencionados ministros”.

Por lo tanto, remata el proyecto de Sabrina Ajmechet, al ser este “un juicio político en cuyo procedimiento se lesionaron garantías constitucionales, se faltó al reglamento de la Cámara de Diputados y, en reiteradas ocasiones, fueron detectadas serias irregularidades que han sido denunciadas, se declara inválido a la totalidad del procedimiento”.

Acompañan el proyecto de declaración el jefe del bloque, Cristian Ritondo, y sus pares María Sotolano, Alejandro Finocchiaro, Damián Arabia, Ana Clara Romero, Verónica Razzini, Martín Maquieyra, Germana Figueroa Casas, Alvaro González, Martín Yeza, Hernán Lombardi, Patricia Vásquez, María Eugenia Vidal, María Florencia De Sensi, Sergio Eduardo Capozzi, Sofía Brambilla, Laura Rodríguez Machado, Marilú Quiroz, Silvana Giudici, José Núñez, Martín Ardohain, Daiana Fernández Molero y Aníbal Tortoriello.

El trabajo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realiza desde las 15.11 la que será la última reunión de este largo proceso iniciado el 1 de enero de este año con el anuncio presidencial de que impulsaría el enjuiciamiento de los cuatro miembros de la Corte Suprema, y formalmente se inició el 26 de enero, con la primera de las 26 reuniones realizadas.

La reunión comenzó con la lectura de lo que fue todo el proceso realizado a lo largo del año, y un agradecimiento de la presidenta de la comisión a todos los que trabajaron arduamente en esa tarea.

Esta reunión estuvo precedida por el escándalo que acompañó la última reunión, realizada el pasado 7 de noviembre, que concluyó a dos minutos de iniciada.

En vísperas del cierre del tiempo de las comisiones para dictaminar, Juicio Político pretende realizar una última reunión con la intención de poner punto final al proceso de recolección de pruebas contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Este lunes el oficialismo modificó la composición de la Comisión de Juicio Político, para fidelizar el voto de los propios, los 16 miembros que le corresponden. Cambiaron por ejemplo al massista Ramiro Gutiérrez, por otro integrante del Frente Renovador Carlos Selva, que en 12 días termina su mandato. También fue reemplazada otra diputada del sector de Sergio Massa, quien durante la campaña y los debates presidenciales evitó responder si daría continuidad al juicio político contra la Corte. Se trata de Micaela Morán que, en su caso, sí fue reemplazada por alguien del kirchnerismo, la santafesina Magalí Mastaler.

Además, salieron Mara Brawer, Susana Landriscin, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo, y en su lugar ingresarán Mónica Macha, Paula Penacca, Carolina Yutrovic e Itaí Hagman.

El resto de los oficialistas que integran la comisión son Carolina Gaillard (presidenta), Ricardo Herrera, Juan Marino, Germán Martínez, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Hugo Yasky.

Con la votación de los cuatro dictámenes acusatorios, el tema quedará listo para llegar al recinto, donde necesitaría los 2/3 de los votos para continuar su camino en el Senado.

Como obviamente el oficialismo saliente no tiene los votos para llegar a tanto, la idea es dictaminar los cuatro procesos acusatorios contra los jueces y dejarlo en espera hasta alcanzar ese número, si eso es posible. Esos dictámenes tendrían tres años de vigencia. A menos que el nuevo oficialismo decida desempolvarlos para llevarlos al recinto y hacerlos caer cuando no reúnan los 2/3.

En la previa de la última reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados que se llevará a cabo este martes, para la firma de los dictámenes acusatorios contra los jueces de la Corte Suprema, el oficialismo realizó una serie de cambios entre sus integrantes para garantizar el número.

A lo largo de todo el año, desde que en enero comenzó el proceso, el Frente de Todos tuvo su mayoría asegurada, de 16 miembros, con la que pudo aprobar todo tipo de ampliación de prueba, citación de testigos y otros trámites.

Entre los más activos de la comisión figuró Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente Renovador, que este martes no estará. Su reemplazo será igualmente otro massista, el bonaerense Carlos Selva, que en 12 días termina su mandato.

Pero también será reemplazada otra diputada del sector de Sergio Massa, quien durante la campaña y los debates presidenciales evitó responder si daría continuidad al juicio político contra la Corte. Se trata de Micaela Morán que, en su caso, sí será reemplazada por alguien del kirchnerismo, la santafesina Magalí Mastaler.

Además, saldrán Mara Brawer, Susana Landriscin, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo, y en su lugar ingresarán Mónica Macha, Paula Penacca, Carolina Yutrovic e Itaí Hagman.

El resto de los oficialistas que integran la comisión son Carolina Gaillard (presidenta), Ricardo Herrera, Juan Marino, Germán Martínez, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Hugo Yasky.

El mensaje del radical Mario Negri por los cambios

La última bala del oficialismo no es de plata sino de salva. Tuvo que hacer 6 cambios en la comisión de Juicio Político para poder dictaminar hoy el bochornoso proceso contra la Corte Suprema.
El próximo Congreso deberá rechazarlo para que los jueces no sigan bajo presión K.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 28, 2023

En vísperas del cierre del tiempo de las comisiones para dictaminar, Juicio Político pretende realizar una última reunión. Será el próximo martes 28, a partir de las 13, con la intención de poner punto final al proceso de recolección de pruebas contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Así fue confirmado este viernes, a partir de la citación de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, para realizar una reunión en la Sala 1 del segundo piso del anexo A.

Según confiaron fuentes de la comisión a parlamentario.com, esa reunión será para dictaminar, con lo cual el proceso llegaría a su fin en cuanto a lo que hace a la Comisión de Juicio Político y el tema quedará listo para llegar al recinto, donde necesitaría los 2/3 de los votos para continuar su camino en el Senado.

El tema es que el oficialismo saliente no tiene los votos para llegar a tanto, así que la idea es dictaminar los cuatro procesos acusatorios contra los jueces y dejarlo en espera hasta alcanzar ese número, si eso es posible. Esos dictámenes tendrían tres años de vigencia. A menos que el nuevo oficialismo decida desempolvarlos para llevarlos al recinto y hacerlos caer cuando no reúnan los 2/3. Se verá.

Lo cierto es que el tema estuvo presente en la reunión que esta semana mantuvo el futuro ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, con los integrantes de la Corte. Tras esa reunión, el designado funcionario calificó de “infame” ese enjuiciamiento. “Ha sido para dañarlos públicamente, es infame. Esto tiene que terminar”, aseguró en una entrevista con TN, precisando que “el juicio a la Corte no tiene andamiaje ni fáctico ni jurídico. Es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno”.

Lo cierto es que el proceso iniciado el 26 de enero pasado llegará este martes a su fin, al menos en esta instancia. La 25° reunión llevada a cabo el 7 de noviembre pasado a la que hacíamos referencia terminó envuelta en un escándalo, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dio por concluida la reunión a dos minutos de haberse iniciado, para evitar que se desatara una discusión en torno a la vinculación de uno de los miembros del oficialismo, Rodolfo Tailhade, en la causa judicial sobre espionaje sobre políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales que acababa de conocerse.

Esa última reunión fue el 7 de noviembre pasado y había sido convocada con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte que no respondieron por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento.

En la previa de ese encuentro, se supo que el candidato presidencial oficialista había pedido la postergación del proceso hasta después del balotaje, para evitar que el mismo se mezclara con la campaña electoral. Como el tiempo para que las comisiones se reunieran vencía el 20 de noviembre, un día después de las elecciones (y ese día era feriado), el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

Así las cosas, el margen de tiempo para que puedan dictaminar las comisiones vence el miércoles 29. Hasta ese día tiene tiempo la Comisión de Juicio Político para votar los cargos contra los jueces. Eso tratarán de hacer este martes; de no suceder la investigación se caería y todo concluiría como si nunca hubiera habido una investigación.

Lapidario, el presidente del bloque radical de Diputados, Mario Negri, fue concluyente: “El kirchnerismo huyó como rata de la Comisión de Juicio Político y el diputado/espía Rodolfo Tailhade ni se presentó”, disparó tras la fallida reunión de la Comisión de Juicio Político, en la que el oficialismo dispuso levantar el encuentro para evitar los cuestionamientos de la oposición por el escándalo de espionaje revelado en las últimas horas.

Negri cerró: “Esta comisión es una farsa, el kirchnerismo usó la inteligencia ilegal para perseguir a la Corte. Perdieron por abandono. Por eso huyen con vergüenza”.

Para Negri, “el kirchnerismo hoy perdió por abandono, huyó como rata de la Comisión de Juicio Político. Justo cuando algunos de sus integrantes, como Tailhade, que fueron los que  impulsaron esta farsa, tienen que ir a tribunales", dijo Mario Negri tras la finalización abrupta de la reunión de la comisión de Juicio Político por el retiro de los miembros del oficialismo, que tienen quórum.

"Decidieron levantarse e irse, abandonaron, no sé qué comisión van a llamar otra vez. Es una vergüenza, huyeron como rata, porque no tenían forma de explicar, los que están presentes, lo que inventaron", gritó Negri. "Dijimos durante muchos meses que en esta reunión parecía una reunión del comité de inteligencia donde se pasaban por Whatsapp preguntas y re-preguntas a los testigos, inventaron lo que quisieron, y hoy, cuando íbamos a preguntarle a algunos de los que fueron tan agudos en las preguntas durante tantos meses, se levantan y huyen, huyen como rata, es la primera vez que hay un antecedente de esta naturaleza". 

"Todo este juicio político está cargado de nulidad ", finalizó el presidente del bloque UCR.

Una de las que pidió la palabra sin éxito durante la breve reunión fue Graciela Ocaña, quien en las redes sociales se quejó: “No tienen vergüenza y huyeron como ratas: hasta nos apagaron los micrófonos. Los K no dan la cara para explicar la operación de inteligencia que los implica. Quieren silenciar al Congreso y demorar la nulidad de todo el circo político que vienen montando para zafar de la Justicia”.

No tienen vergüenza y huyeron como ratas: hasta nos apagaron los micrófonos. Los K no dan la cara para explicar la operación de inteligencia que los implica. Quieren silenciar al Congreso y demorar la nulidad de todo el circo político que vienen montando para zafar de la… pic.twitter.com/w6ue9KOqJP

— Graciela Ocaña (@gracielaocana) November 7, 2023

Para Pablo Tonelli, “el oficialismo kirchnerista huyó de la reunión de Comisión de Juicio Político, por ellos mismos impulsada, para no dejar que nos expresemos desde la oposición. Otro día vergonzoso en la Cámara de Diputados”.

“¡Quedaron envueltos en su plan sistemático contra la justicia!

¡Basta de impunidad!”, protestó la radical Soledad Carrizo.

¡Quedaron envueltos en su plan sistemático contra la justicia!
¡Basta de impunidad! https://t.co/1ERrIiuCLz

— Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) November 7, 2023

Por su parte, la diputada Karina Banfi señaló: “El kirchnerismo vació la Comisión de Juicio Político para preservar a los integrantes de su bloque que montaron una agencia de inteligencia ilegal para perseguir a la Corte Suprema. Huyen por cobardes y dejaron en evidencia la farsa que fue todo este proceso. ¡Caraduras!”.

A su vez, el catamarqueño Francisco Monti disparó: “El kirchnerismo-massismo huyó de la comisión donde durante meses desplegaron una escandalosa operación para esmerilar a la #CSJN utilizando herramientas de inteligencia ilegal que quedó expuestas en las últimas horas”.

A su vez, el liberal José Luis Espert tuiteó: “Qué farsa ha sido toda la actuación de la Comisión de Juicio Político de las ratas del kirchnerismo. Verdaderas basuras K, muchos de los cuales, sino estuvieran perdidos en una boleta sábana no los vota ni la madre. Una falta de respeto a los jueces de la CSJN y a la investidura de la CSJN. El 19-11 #KirchnerismoNuncaMas”.

Apenas dos minutos duró la reunión de la Comisión de Juicio Político convocada para este martes con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte Suprema que no habían respondido por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento que se les sigue a los miembros del tribunal.

Singular expectativa había despertado el encuentro, habida cuenta de que en vísperas de la reunión se conoció en detalle el informe de la justicia que investigó un escándalo de espionaje del que fueron víctimas políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales. Para colmo de males del oficialismo, entre los involucrados está una de las principales espadas del oficialismo en la Comisión de Juicio Político: el diputado ultra K Rodolfo Tailhade. Por eso se esperaba un fuerte embate en la reunión de la comisión de este martes, y así lo había anticipado el diputado Juan Manuel López en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales celebrada dos horas antes. “En algún momento aclarará porqué llegaban a su celular causas de la diputada Carrió”, apuntó en esa instancia respecto del diputado Tailhade, adelantando que pedirían explicaciones durante la reunión de Juicio Político.

Y si bien el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, había señalado en ese momento en tono desafiante que no tenía problema en tratar el tema que acababa de aludir su par de la Coalición Cívica, el oficialismo rehuyó el debate.

La reunión de Juicio Político se inició a las 13.09, y su presidenta, Carolina Gaillard, se limitó a señalar que habían convocado a una nueva audiencia “con el objeto de recibir la declaración presencial de los jueces de la Corte Suprema que desearen hacer su descargo presencial, tal como lo indica el artículo 13 del reglamento interno de la comisión. De acuerdo a lo que hemos hecho en la anterior reunión, les hemos aprobado los cargos, se ha notificado a los jueces de la Corte y ellos tenían la posibilidad de hacer su descargo”.

“En ese sentido, los jueces (Carlos) Rozenkrantz y (Horacio) Rosatti han presentado su descargo de manera escrita el jueves de la semana pasada”, recordó. Agregó que “en el día de la fecha estaba programada esta reunión al solo efecto de recibir el descargo de los jueces (Juan Carlos) Maqueda y (Ricardo) Lorenzetti si deseaban hacerlo presencial. Que no lo hagan no obsta que esta comisión continúe su labor”.

Visiblemente nerviosa, Gaillard apuntó que el doctor Maqueda ya había sido notificado de los cargos por mal desempeño en el ejercicio de su función pública por la causa de la obra social. “En su momento optó por no realizar descargo ni presencial ni por escrito, y en esta ocasión, no habiendo presentado descargo ni presencial ni por escrito, y el doctor Lorenzetti y Maqueda no estando presentes en la reunión se da por terminada la presente reunión de comisión, ya que se torna abstracta, teniendo en cuenta que no comparece el doctor Maqueda, ni el doctor Rosenkrantz -en realidad debió decir Lorenzetti- para cumplir con el descargo si así lo desearan”.

Y entre gritos airados de los legisladores de la oposición, con Graciela Ocaña pidiendo reiteradamente la palabra y Juan Manuel López de fondo reclamando desencajado por el “escándalo de inteligencia a cielo abierto”, la diputada Gaillard cerró: “Con esto damos por terminada la presente reunión, porque se ha cumplimentado con el objeto para el cual esta fue convocada”.

Presente en la reunión, mientras el oficialismo abandonaba presuroso la sala, el presidente del bloque radical de Diputados, Mario Negri, decía en el micrófono: “En seis meses es la primera vez que disparan. ¿Saben cómo terminó esta comisión? Terminó muerta por default. Por vergüenza terminó… No existe antecedente en el Congreso de la Nación que quienes hayan impulsado una grosería de juicio político de esta naturaleza y resulta que el último día del último acto, se dieron vuelta los argumentos y van en contra de los propios que lo impulsaron. Consecuencia: abandonan, perdieron por abandono, por vergüenza”.

ESCÁNDALO
El Kirchnerismo huyó como rata de la Comisión de Juicio Político y el diputado/espía Rodolfo Tailhade ni se presentó.
Esta comisión es una farsa, el Kirchnerismo usó la inteligencia ilegal para perseguir a la Corte. Perdieron por abandono. Por eso huyen con vergüenza. pic.twitter.com/8L0RxIh4zj

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 7, 2023

Se realizará este martes la reunión prevista para escuchar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que decidan presentarse personalmente ante la Comisión de Juicio Político para hacer su descargo respecto de los traslados cursados oportunamente con los cargos elaborados en su contra.

Los magistrados tenían hasta este jueves plazo para presentar por escrito su respuesta, o de lo contrario podrían hacerlo personalmente este martes 7. Tal cual informamos, este jueves 2 de noviembre presentaron su respuesta los ministros de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes rechazaron los cargos impuestos en su contra por el oficialismo y pidieron disponer el archivo de las actuaciones de lo que definieron como un “proceso teñido de irregularidades”.

No se espera realmente que Ricardo Lorenzetti o Juan Carlos Maqueda vayan a presentarse personalmente este martes (de hecho, están vencidos los plazos para Maqueda, pues se le había hecho traslado de los cargos en su contra hace más tiempo), pero se cumplirá con la formalidad de realizar la reunión correspondiente para las 13. Asimismo se resolverá ese día qué hacer con un pedido de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto para proceder a  una ampliación de pruebas y testigos en la causa relacionada contra Lorenzetti, la única que la oposición ha impulsado en este tiempo contra un integrante de la Corte.

La intención del oficialismo es dictaminar en una próxima reunión, que ahora se sabe será después del balotaje. Sucede que el candidato presidencial Sergio Massa pidió postergar el debate sobre el juicio político para después de las elecciones, a fin de evitar que quedara teñido por la cuestión electoral. Para ello, debían prorrogarse las sesiones ordinarias, pues de lo contrario el último día para dictaminar hubiera sido el 20 de noviembre: el día después de la elección, y además feriado. Este lunes se procedió a prorrogar las sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre, con lo cual los diputados cuentan con más tiempo para proceder a emitir los dictámenes correspondientes, que de todas maneras no llevarán al recinto, al menos en lo inmediato.

Mucho ruido hizo los últimos días la declaración del gobernador cordobés y excandidato presidencial Juan Schiaretti, que mientras los candidatos presidenciales se disputan sus votos, lanzó un dardo hacia el oficialismo al remarcar su “categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”.

En el mismo sentido se pronunció también este fin de semana alguien también muy ponderado por el candidato de UP, Roberto Lavagna, quien tuiteó: “Siempre nos opusimos al juicio político a la Corte, porque pretende condicionar a la Justicia. Coherente con ello, en Comisión de Juicio Político, nuestro diputado “Topo” Rodríguez rechazó todos los expedientes acusatorios. El desarrollo argentino es con calidad institucional, sin trampas”.

En ese marco el periodista Luis Majul le preguntó a Massa sobre el juicio político a los miembros de la Corte este domingo por la noche en La Nación+, y la respuesta del ministro/candidato fue que no conoce el tema. “No leí ni siquiera los planteos. Es un tema del Poder Legislativo… Cuando te conviene, independencia de poderes; cuando no te conviene, hay que amañar los poderes uno con otro… No es así”.

“Deberías conocerlo porque sos el candidato a presidente”, le advirtió Majul, a lo que Massa aclaró que después del 19 de noviembre se pondrá a leer los fundamentos. Pero no solamente eso, dijo, “sino que además voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del debate del microclima que es de la política chiquitita, sino que hace a la vida de la gente”.

A continuación, enumeró: “11 años un juicio de adopción; 5 años un juicio laboral; 4 años una convocatoria; 11 años un amparo de una empresa de transporte para no permitir la competencia económica con otras empresas de transporte; 5 años expedientes de juicio donde el Estado tiene por recaudar 4 mil millones de dólares por impuestos recaudados. ¿Vos no creés que ese es un tema que hay que mirar?”.

“Entonces a mí el tema que más me interesa mirar es el de la justicia al servicio de la gente”, cerró el candidato, ante lo cual su interlocutor insistió por saber si está de acuerdo con el juicio a los miembros de la Corte. Finalmente Massa dijo que no, pero repitió que había pedido que ese tema no formara parte de la agenda de disputa, porque además cambia la composición del Congreso. Le pedí a las autoridades de la Cámara y de la comisión que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral, porque entre otras cosas la Corte, que es la pirámide de uno de los poderes, claramente no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”.

Tal cual lo adelantado por parlamentario.com esta semana, se realizará el martes 7 de noviembre la reunión prevista para escuchar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que decidan presentarse personalmente ante la Comisión de Juicio Político para hacer su descargo respecto de los traslados cursados oportunamente con los cargos elaborados en su contra.

Los magistrados tenían hasta este jueves plazo para presentar por escrito su respuesta, o de lo contrario podrían hacerlo personalmente este martes 7. Tal cual informamos, este jueves 2 de noviembre presentaron su respuesta los ministros de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes rechazaron los cargos impuestos en su contra por el oficialismo y pidieron disponer el archivo de las actuaciones de lo que definieron como un “proceso teñido de irregularidades”.

No se espera realmente que Ricardo Lorenzetti o Juan Carlos Maqueda vayan a presentarse personalmente este martes (de hecho, están vencidos los plazos para Maqueda, pues se le había hecho traslado de los cargos en su contra hace más tiempo), pero se cumplirá con la formalidad de realizar la reunión correspondiente para las 13. Asimismo se resolverá ese día qué hacer con un pedido de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto para proceder a  una ampliación de pruebas y testigos en la causa relacionada contra Lorenzetti, la única que la oposición ha impulsado en este tiempo contra un integrante de la Corte.

Difícilmente eso prospere, pues fuentes de la comisión anticiparon a este medio que la intención del oficialismo es dictaminar en una próxima reunión, que debería realizarse antes de las elecciones del 19 de noviembre. Sucede que el día 20 es el último previsto para el trabajo de las comisiones, según establece el artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados.

Fuentes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados negaron versiones que daban cuenta de una postergación de las actividades de la misma en relación al proceso que se sigue contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Los últimos días circuló fuerte una especie según la cual la continuidad del juicio se postergaría hasta después del balotaje del 19 de noviembre.

“No sé de dónde salió eso”, relativizó una fuente consultada por parlamentario.com, que de momento dejó firme la reunión prevista para el 7 de noviembre próximo. Cabe recordar al respecto el cronograma de actividades relacionadas con la parte final del juicio político que se sustancia contra los integrantes de la Corte desde el 26 de enero de este año. El pasado 19 de octubre se remitieron a los cuatro integrantes del Tribunal Superior las notificaciones con los cargos provisorios elaborados tras las 24 audiencias realizadas a lo largo del año. Los magistrados tienen hasta este jueves 2 de noviembre tiempo para realizar su descargo, cosa que no ha sucedido hasta el presente. En ese caso, podrán hacerlo personalmente el próximo martes 7 de noviembre.

Esa es la fecha prevista para la próxima reunión de la comisión, que se mantiene firme a la espera de que ese día pueda hacerse presente alguno de los magistrados, cosa que en realidad nadie imagina que sucederá.

Cabe destacar además que esta semana los miembros de la Coalición Cívica más activos en esta comisión, Juan Manuel López y Paula Oliveto, pidieron ampliación de pruebas y testigos en la causa relacionada contra Ricardo Lorenzetti, la única que la oposición ha impulsado contra un integrante de la Corte. En la última reunión, realizada el 11 de octubre, faltaron los testigos que habían pedido desde espacio para esa causa: el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato; Gustavo Francisco Tita; Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Ricardo Lorenzetti, y Adrián Walter Miretti.

Más allá de eso, la intención del oficialismo es dictaminar, lo cual debería suceder en una reunión posterior a la del martes 7, que tendría que realizarse antes del 20 de noviembre, ya que ese día es el último previsto para actividades de las comisiones. El artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados establece que las comisiones “solo podrán dictaminar sobre los asuntos sometidos a su estudio hasta el 20 de noviembre de cada año, salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos”.

Las versiones a las que tuvo acceso parlamentario.com daban cuenta de un posible interés del propio candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, para que el juicio político fuera postergado para después de la elección. Esto fue inmediatamente relacionado por muchos con declaraciones del titular de la Corte, Horacio Rosatti, a favor de un “gobierno de unidad”, propuesta impulsada en campaña por el candidato de UP. En cualquier caso y para que eso sucediera, debería haber una ampliación de ordinarias, de modo tal de que las comisiones pudieran seguir funcionando al menos hasta fin de mes. Como sea, la intención de los miembros del Frente de Todos es emitir los dictámenes correspondientes para cada uno de los miembros de la Corte, sin llevar los mismos al recinto, donde el oficialismo actual no tiene los 2/3 necesarios para aprobarlos. Sí tiene los votos para dejarlos listos y vigentes para los próximos tres años, y eso es lo que se propone hacer.

“Frente su patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal”, el procurador bonaerense Julio Conte Grand denunció a los camaristas Juan Alberto Benavídez y Alejandro Gustavo Villordo ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento.

La denuncia analiza en profundidad la escandalosa decisión de los camaristas que, sin tener jurisdicción para hacerlo, admitieron y dieron curso a un recurso de habeas corpus y en ese marco declararon la nulidad de la actuación policial contra Julio Rigau y todo lo actuado posteriormente en la causa, ordenando que fuera liberado y que le fueran restituidos el dinero secuestrado y las tarjetas bancarias, de las que no era titular.

En el marco del recurso contra esta decisión, quedó de manifiesto en la decisión del Tribunal de Casación Penal que los camaristas Benavídez y Villordo se “habían apartado de la ley”, según estima el procurador.

En efecto: los jueces Budiño y Mancini entendieron que la resolución de la Cámara debía ser anulada por razones lógicamente previas al análisis de su fundamentación de los recursos de los apelantes; es decir: que no era necesario adentrarse en los fundamentos de la apelación del fiscal general de La Plata ni del particular damnificado, porque la decisión de los jueces Benavídez y Villordo era palmariamente nula.

Afirmaron que ello era así porque que la Alzada había actuado “...excediendo los límites normativos que determinan su capacidad material de conocimiento y, por tanto, sin tener habilitada su jurisdicción (conf. art.405 del C.P.P.)”.

Destacaron que la Cámara “actuó por fuera de su jurisdicción, en tanto según la ley procesal vigente la orden de detención dictada por juez el competente no resulta impugnable por vía de habeas corpus en razón del veto producido en el art. 405, segundo párrafo del CPP, por el decreto de promulgación 2749/04 (con respecto a la ley 13.252), con lo que únicamente podía concluirse que contra tal acto jurisdiccional no resultaba posible interponer una acción de habeas corpus”.

Por lo tanto, el Procurador en su denuncia sostuvo que "la decisión de los jueces Benavides y Villordo se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario -canalizado, además, por una vía improcedente-, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular".

También afirmó que "la materia objeto del petitorio tenía vía procesal adecuada en la causa en que se estaba discutiendo la excarcelación; tenía así́ un juez natural (precisamente juez de garantías); y con la admisibilidad de la vía extraordinaria se terminó apartando a dicho juez y suplantándoselo por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelación" y que "No debería pasarse por alto que la maniobra de sacar la causa de su juez natural es una actitud propia del fenómeno denominado forum shopping".

Por otro lado, denunció que "la resolución ha generado una gran conmoción en el tejido social, el que se enfrenta a una decisión que terminaría por invertir las responsabilidades, diluyendo aquella que potencialmente podía caberle al detenido para, en definitiva, cargar las culpas sobre el accionar policial" y concluyó que "a raíz de lo señalado, no es osado considerar que, con su voto, los doctores Benavides y Villordo han reforzado el estado de desconfianza social en la judicatura".

Así el procurador Conte Grand ofreció prueba y solicitó al Jurado el apartamiento preventivo de los camaristas mientras se sustancie el proceso.

Ahora se deberá sortear seis legisladores abogados y seis conjueces para integrar el jurado que, presidido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, decidirá sobre la eventual destitución de los magistrados.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó una nota ante la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, en la que piden que se declaren nulas las audiencias con testigos que hasta la fecha ha realizado la Comisión de Juicio Político.

Luego del encuentro de la semana pasada, en la cual se votó el traslado de los cargos a los jueces de la Corte Suprema por las causales de los fallos 2x1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura, y que incluso la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), agradeciera a la oposición haber estado presente en las reuniones para que se “trabaje de manera transparente, con objetividad”, la bancada opositora denunció una serie de irregularidades.

En el escrito de 20 carillas, los legisladores de JxC solicitan que "se declare la nulidad de la totalidad de las audiencias llevadas a cabo hasta el momento y, eventualmente, en lo sucesivo, se instruya a modificar sustancialmente el modo y procedimiento mediante el cual se interroga a los testigos citados". "Todo ello, a fin de salvaguardar expresas garantías de rango constitucional", afirmaron.

Para los diputados, "la totalidad de las audiencias se han celebrado en violación a las normas procedimentales más elementales, que rigen en todo proceso legal, pero en particular, y con mayor vigor, en aquellos que tienen un eventual contenido sancionatorio".

"Las violaciones a las garantías más elementales del debido proceso y defensa en juicio han sido varias y reiteradas. Pero todas estas tienen una nota común, que es un asombroso desprecio de parte de varios miembros de la comisión por las reglas que, en todas las naciones civilizadas de la tierra, están vigentes para llevar a cabo audiencias de prueba testifical", señalaron.

Y continuaron: "El oficialismo, que persigue el propósito -decidido de antemano- de remover a los miembros de la CSJN, soslaya sistemáticamente las formas procedimentales en pos de un objetivo que juzga legítimo. No obstante, se olvida que la legitimidad de cualquier sanción, sean las del Derecho Penal sustancial o de las normas constitucionales sobre Juicio Político, depende de que se llegue ese eventual reproche por el camino de la ley objetiva y el respeto de las garantías fundamentales. Porque como es obvio, en todo Estado de Derecho, las normas procesales se erigen como un presupuesto lógico de la vigencia de las garantías, cuya observancia evita trasgresiones o indebidas restricciones a los derechos individuales comprometidos".

4268-D-2023

Al enumerar las irregularidades que, a su criterio, se cometieron, cuestionaron que los testigos no hayan podido asistir acompañados por un abogado defensor. "Toda colección de prueba y toda celebración de audiencias testificales es nula si antes no se notifica a las personas sometidas a investigación que tienen derecho a designar a un abogado defensor de su confianza, que cuentan con un plazo razonable para que se lleve a cabo esa designación y que, en su defecto, el Estado argentino tiene la obligación constitucional e internacional de designar a un defensor de oficio para cada uno de ellos", apuntaron.

También advirtieron que a los jueces de la Corte "no se los notificó" de "su derecho a nombrar un abogado para controlar las audiencias de testigos que han desfilado por esta comisión", donde "decenas de personas declararon bajo juramento sin que hubiera un abogado que pudiera objetar la admisibilidad de los interrogatorios, o repreguntar".

Además, los diputados opositores se quejaron del modo de preguntar por parte de sus pares del oficialismo. "El modo de realizar las preguntas ha sido de una gran desprolijidad, sin el más mínimo profesionalismo o sentido de la responsabilidad institucional, violando los principios elementales de todo proceso que obligan a que las preguntas dirigidas a un testigo no sean capciosas, no sean sugestivas, y no contengan más de un hecho", expresaron.

"Con la mera excusa de que los señores diputados 'no son letrados', se ha creído posible que las preguntas a los testigos se vean precedidas por discursos de tono político, diatribas contra miembros de la oposición o los medios de comunicación independientes, o chicanas o comentarios inapropiados dirigidas a los propios testigos u otros miembros de la comisión", lanzaron.

En esa línea, cuestionaron que "han preguntado sin la menor precisión, han intentado forzar respuestas con emboscadas, reiteraciones o amenazas, demostrando que no se busca desentrañar la verdad de los hechos sino confirmar la condena que cierto sector político tiene decidida de antemano".

En otro tramo de la nota, los legisladores de JxC sostuvieron que no se cumplió "con la obligación de tratar de modo digno y respetuoso a los testigos". "Esta regla mínima de conducta ética ayudaría a mantener la confianza en el sistema institucional y aseguraría a la ciudadanía que este juicio político se está llevando a cabo de manera ordenada y justa", dijeron.

También alertaron que "las versiones taquigráficas abundan y son elocuentes al reflejar que los señores diputados, en el marco de las audiencias, afirman de viva voz insultos, chicanas y amenazas de violencia física". Sobre esto, uno de los ejemplos que ponen es el cruce que Rodolfo Tailhade tuvo con Francisco Monti en la audiencia del 1ro. de agosto durante el interrogatorio a Silvio Robles.

"Hasta la fecha, la totalidad de los testimonios han sido obtenidos en condiciones en las que no se respetó la dignidad de los testigos, o se violaron las reglas elementales para los interrogatorios legales, de conformidad con las garantías esenciales que ofrece nuestra Constitución. De tal modo, el único remedio posible, a esta altura, es la declaración de nulidad de tales pruebas testificales, de oficio por esta comisión, aun sin petición de parte", afirmaron.

Y pidieron que de aquí en adelante, "se modifique sustancialmente el modo en el que se ha conducido hasta ahora, de modo de evitar continuar celebrando audiencias tan extensas como nulas".

"En tal sentido, además de reiterar que existe una obligación constitucional y legal de que en cada audiencia esté presente un abogado defensor de cada uno de los sujetos investigados, entendemos que resulta imprescindible que de aquí en adelante los señores diputados presenten por escrito las preguntas que desean formular, con una antelación mínima de una hora, u otro plazo prudencial que la comisión juzgue razonable, y que las preguntas sean leídas por la presidencia o por la secretaría de la Comisión", recomendaron.

El escrito fue firmado por Álvaro González, Alejandro Finocchiaro, Dina Rezinovsky, Pablo Tonelli, Omar de Marchi, Manuel Aguirre, Mercedes Joury, Graciela Ocaña, Mario Negri, Karina Banfi, Francisco Monti, Ximena García y Carla Carrizo. Los únicos miembros de JxC que integran la comisión y no firmaron el escrito fueron Juan Manuel López y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, espacio que impulsa el juicio político contra Ricardo Lorenzetti.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard (FdT), se reunió este miércoles con el propósito de continuar con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Para el encuentro estaba previsto el testimonio de cuatro testigos, pero ninguno de ellos compareció y justificaron sus inasistencias. Por otro lado, el oficialismo votó favorablemente el traslado de los cargos a los jueces por lo que se los citará para que puedan realizar su descargo.

“No estamos teniendo testigos para la audiencia testimonial programada para el día de la fecha”, explicó Gaillard y continuó: “Luego vamos a pasar a considerar los cargos formulados por la presidencia respecto de cada uno de los jueces de la Corte en las distintas causales que se han investigado”.

La titular de la comisión informó que “a tal efecto la presidencia les ha remitido borradores de las resoluciones con los cargos y las pruebas para dar traslado a cada uno de los ministros y, asimismo, se les ha compartido un informe que elaboró la presidencia con la colaboración de asesores y diputados respecto de la investigación que se realizó de cada causal con todos los antecedentes para que sean la motivación o sustento para lo que serán los dictámenes de acusación”.

Las resoluciones que disponen “las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada” corresponde a tres hipótesis: los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Vale reiterar que todavía no se trata de los dictámenes de acusación y tendrán 10 días hábiles para hacer el descargo que pueden hacer por escrito o presencial. En este último caso, la titular de la comisión informó que le darán fecha el 7 de noviembre y 17 de noviembre “estaríamos dictaminando”.

Además, Gaillard informó: “Vamos a dar traslado esta tarde al informe de Obra Social que habíamos ya votado enviárselo al juzgado del Dr. Lijo, es el resumen de la investigación de irregularidades de Obra Social”.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.

De esta manera, se dará un paso más en el proceso que comenzó en enero pasado y se mantuvo a lo largo de todo el año. La comisión ya lleva más de una veintena de reuniones, por donde han pasado numerosos testigos.

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

La ausencia de testigos y la palabra de los diputados

En la tarde de este miércoles, estaba previsto continuar con la causal “abuso de poder”, cuyo último encuentro estuvo centrado en Carlos Rosenkrantz. Los testigos habían sido solicitados por la Coalición Cívica que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Eran cuatro los citados a prestar declaración: Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años; y Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela, de donde es oriundo Lorenzetti. Sin embargo, ninguno de ellos asistió y justificaron sus inasistencias.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, responsabilizó al juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por la ausencia de los testigos en la reunión de esta tarde: “El ministro de la Corte viene ejerciendo presiones y llamando a distintos actores, es por eso que hoy no tenemos testigos”.

En el marco de la denuncia que la Coalición Cívica – ARI realizó contra Lorenzetti por “abuso de poder”, el jefe de bancada del espacio liderado por Elisa Carrió cuestionó que se haya dejado para el final, pero advirtió: “Nos motiva construir un sistema judicial independiente, no hay nada personal y queremos trabajar sobre temas pendientes de nuestro país”.

“Hablando de presiones, citamos al testigo Adrián Walter Miretti, apoderado de la Mutual Pyme Rural porque llamó la atención que en 2016 y 2017 cambiaban cheques con distintos clubes de futbol y en la causa Futbol Para Todos, apareció esta mutual”, relató López.

Del mismo modo, siguió: “Saben quién era el socio? El doctor Ricardo Lorenzetti y varios miembros de su familia”, y amplió: “se asociaron todos juntos el mismo día a la mutual”.

A su vez, el diputado López acusó que “desde la mutual se hicieron presentaciones para que no avance la causa alegando enemistad entre la jueza María Servini de Cubría y el juez de la Corte Lorenzetti”. “Para nosotros fue sospechoso porque a Servini le sacaron el expediente y no se supo más nada”, aseveró.

Tras ello, enumeró un sinfín de críticas contra el Poder Judicial: “Sucede mucho en Comodoro Py eso de que hay causas que desaparecen por influencias y abusos de poder que ocurren y nuestra justicia abusa de la impunidad porque nunca más supimos de Pyme Rural”.

Por último, el jefe de bancada de la CC – AR citó a la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Cuando salió su sentencia dijo que era la única tonta condenada que, si bien estoy de acuerdo con su condena, no es la única que debe ser condenada o se merece un proceso penal”.

Luego, la diputada nacional Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica – ARI) habló de Gustavo Francisco Tita, quien se ausentó a la reunión de Comisión de Juicio Político de este martes, pero mandó un escrito justificando su ausencia: “Fue socio comercial de Lorenzetti y fue quien afirmó que el juez de la Corte lucra en el negocio de la salud, a través de su hijo Pablo Lorenzetti, que también es miembro del Poder Judicial”.

Del mismo modo, Oliveto añadió que “además Tita dijo que Lorenzetti fue asesor legal de una de las prestadoras con conexión con Víctor Alderete del PAMI menemista, con quien armaba sociedades donde se quedaban con el dinero de obras sociales y ahí se puede entender el incremento patrimonial de un juez tiene una vida ostentosa que no condice con sus honorarios”.

“(Héctor) Marchi y el socio comercial de Lorenzetti no quieren venir a dar la cara y durante años los hemos denunciado”, señaló la legisladora. Además, disparó contra el oficialismo: “Me da tristeza que gente de Unión por la Patria, habla con Lorenzetti para zafarlo de una situación”.

En tal sentido, agregó: “Venimos denunciando esta situación para que a través de sus personas de confianza hablen de como administró y gestionó con la mega secretaría que tenía Héctor Marchi y con la que condicionaba al poder judicial de Santa Fe para hacer zafar a sus socios económicos y comerciales”.

Por último, señaló que “estamos con una sensación de amargura por lo que no pudimos hacer”, y relató que “hemos sufrido hostigamiento mediático cuando los denunciamos porque el poder te golpea y te dice ‘acá estoy’ y te dice ‘fíjate lo que soy y fíjate de qué lado estas vos’”.

Un repaso del trabajo de la comisión

Gaillard le respondió que “este proceso se ha llevado adelante con la mayor objetividad posible” y le aclaró que están incluidos en el trámite “todos los pedidos de juicio político y se ha determinado audiencias por cada una de las temáticas y, en ese sentido, voy a hacer un racconto antes de pasar a las resoluciones”.

Así la oficialista relató que la comisión comenzó a tratar los proyectos de pedido de juicio político contra los jueces de la Corte en fecha de 26 de enero del 2023 y el jueves 2 de febrero de 2023 “los presentantes asistieron con el propósito de resumir el contenido de sus correspondientes denuncias y tuvieron la oportunidad de explicar en el seno de la comisión ratificando las mismas mediante la suscripción de las actas respectivas. Allí vinieron los diputados y organizaciones de la sociedad civil que habían presentado pedidos y también los particulares”

“En al reunión de 9 de febrero se puso a consideración del pleno de la comisión la admisibilidad de las denuncias que es lo que establece el artículo 9 para determinar si hay o no sustento en las denuncias para comenzar la investigación y por mayoría simple se aprobó la resolución respectiva  disponiéndose en consecuencia la etapa informativa y la comunicación a los ministro de la Corte por el mal ejercicio de sus funciones”, relató y aclaró que fueron notificados de la etapa sumarial y que “tenían a su disposición todas las actuaciones”.

Así siguió relatando que el 13 de febrero la comisión notificó a los magistrados denunciados sobre el inicio de las actuaciones sumariales sin perjuicio de la citación prevista en el artículo 13 del Reglamento de la comisión. Declarada la admisibilidad de las denuncias se abrió la etapa sumarial organizando la investigación por causales, unificando los que tenían mismo objeto”.

“En tal sentido se acordó investigar la causal uno beneficios a genocidas bajo la hipótesis de que habrían tenido una vinculación y comenzó el 21 de marzo sobre la base de pedido de juicio político presentados por Vanesa Siley, Eduardo Valdés y por iniciativa particular de la Asociación Americana de Juristas, entre otros”, precisó Gaillard y resumió que en dicha causal 2x1 se realizaron dos audiencias testimoniales. Agotadas las instancias sumariales, la oficialista narró que procedieron a realizar “el informe correspondiente con el resumen de la investigación donde se sugieren los cargos que vamos a presentar a cada uno de los jueces”.

Sobre la causal dos de “Irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación” la investigación se inició el 18 de abril cuyas iniciativas de pedido de juicio político fueron pedidas por Eduardo Valdés, María Rosa Martínez e iniciativas particulares. En las testimoniales expusieron 23 testigos.

Respecto de la causa tres sobre el fallo Coparticipación a CABA, Gaillard contó que la investigación comenzó el 15 de junio bajo los expedientes de Eduardo Valdés y la senadora Juliana Di Tullio. Se realizaron cinco audiencias testimoniales para “recibir declaraciones que se realizaron entre el 6 de julio y 29 de agosto”.

“Luego nos abocamos a la causa Consejo de la Magistratura motivada en el fallo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación comenzó el 23 de febrero se inició la investigación por cooptación del Consejo. Se desarrollaron 10 audiencias testimoniales donde declararon 16 testigos”, detalló la entrerriana y agregó: “Pasamos a abrir la etapa sumarial de abuso de poder donde se investiga la falta de excusación de Rosenkrantz en causas donde fueron parte sus exclientes y acciones del doctor Lorenzetti que serían abuso de poder. Se inició la investigación comenzó el 3 de octubre con base en los pedidos de juicio político de Oliveto Lago y asistieron cuatro testigos”.

Así, Gaillard señaló que “se han llevado adelante en total 23 reuniones de juicio político a la que han comparecido hasta la fecha 65 testigos. Nosotros avanzamos en la investigación de todos los pedidos de juicio político, no hicimos ningún tipo de discriminación respecto a tal o cual juez de la Corte. Se hizo toda la presentación de prueba para evitar suspicacia, no se dejó de elaborar pruebas”, y agradeció la presencia de la oposición en cada reunión para que se “Trabaje de manera transparente, con objetividad”.

A partir de las exposiciones de los diputados de la CC- ARI, la diputada nacional Vanesa Siley (FdT) aclaró cuatro cuestiones: “En primer lugar, el tema obra social, se votó el 15 de junio sobre las responsabilidades de los demás miembros de la Corte y JxC no quiso integrar la subcomisión que se ideó”. “No desprestigien todo lo que se hizo seriamente”, lanzó.

Luego, la integrante del Consejo de la Magistratura, en contraposición a Oliveto, recordó que “Marchi vino en abril y mayo, pero Oliveto no pudo venir en mayo no le pasó las preguntas a un compañero”. También, sostuvo que “se vota el artículo 13 (otorga el derecho a voz de los acusados durante el proceso de investigación y es el Senado quien juzga) del reglamento sobre el traslado de los cargos”, y concluyó que “la presidencia de la comisión circuló los informes de la investigación para que cada uno lo tenga con tiempo”.

Tomó la palabra otra vez López quien le aclaró a la diputada preopinante que Marchi vino por otra causa y “nosotros lo estamos convocando por otras causales porque fue 18 años administrador general de la Corte y cuando vino nos contó cualquier cosa, no nos contestó nuestras preguntas”.

El jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, sugirió que después de la lectura de los cargos, se informe lo que se va a remitir a cada uno de los jueces, y consideró: “Así como Oliveto puede hacer mención de las cosas que no generaron satisfacción en determinado testimonio, recordemos que Silvio Robles vino acá y nos tomó el pelo a todos”.

Después, el diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) recordó que “cuando iniciamos este juicio político el 26 de enero dijimos que estábamos ante una Corte Suprema donde sus cuatro miembros jugaban al truco con la Constitución”.

En su intervención, Álvaro González (Pro) señaló que el oficialismo llevó adelante lo que se propuso a principio de año porque “tenía la llave” y a lo largo de estos meses “para ustedes han avanzado en el entendimiento que van a poder proar el mal desempeño de los jueces de la Corte, para nosotros eso ahora está muy lejos de poder ser probado”.

Así, reflexionó: “Todo este año hemos discutido y puesto sobre la mesa con una reunión semanal, creo que es de las comisiones que más ha trabajado este año en el Congreso, pero el número es el número. A lo largo del año cada vez que hubo que discutir y votar el oficialismo nunca consiguió un solo voto más que el propio. Vamos a llegar a noviembre para sacar dos despachos y para que quede, después de un año esto no ayudó a la estabilidad política del país, en un despacho ¿en qué momento irá al recinto? será el trabajo de una comisión que quedará en despachos durmiendo el sueño. Todos sabemos que esto no va a llegar al recinto y se juntara la mayoría que se necesita”.

En tanto, el jurista Pablo Tonelli (Pro) expresó que “las pruebas que surgieron estos meses no me demostraron que haya motivos para enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte. Todo lo que vi, escuché y leí me ha afirmado de la tarea de la comisión en el sentido de que no había motivos y esto era un embate contra la Corte”.

“Había dudas sobre avanzar porque estamos hablando de un tema no menor, pero sí las había, me parece que se han sumado muchísimos argumentos para avanzar”, indicó Moreau y afirmó que “hago propias las palabras de Oliveto respecto a lo que significaba meterse con el poder real”.

A su turno, Eduardo Valdés (FdT) expresó: “Me tocó ser quien acusó y le digo a Toniolli que lo que disparó el juicio fueron las conversaciones entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles porque había pasado tiempo de lo de coparticipación y en ese clima decidimos empezar, no fue por una sentencia”.

Del mismo modo, sumó que “ha tenido para nosotros un costo por meternos con el poder real porque tienen los instrumentos para hacer sentir su poder y me lo hicieron sentir a mi cuando se metieron con mi familia en un importante diario de la Argentina”. “Ojalá podamos lograrlo para lograr un mejor funcionamiento de la República y tenemos la tranquilidad de que fue una decisión acertada iniciar este juicio político”, cerró.

Tras una sesión maratónica, que culminó esta mañana, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzará con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se les trasladarán los cargos y se los citará a que puedan realizar su descargo.

La reunión para tal fin está citada a las 15, en la Sala 1 del edificio Anexo. Por decisión del oficialismo, se pondrán a consideración “las resoluciones que disponen las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada” en tres hipótesis: los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Es decir, todavía no se trata de los dictámenes de acusación.

En junio pasado se dio una situación similar con Juan Carlos Maqueda, cuando se le corrió traslado de los cargos provisorios que le adjudicaban en la causal de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Tras ello, el magistrado no asistió, ni tampoco respondió por escrito.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.

De esta manera, se dará un paso más en el proceso que comenzó en enero pasado y se mantuvo a lo largo de todo el año. La comisión ya lleva más de una veintena de reuniones, por donde han pasado numerosos testigos.

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

Por otra parte, se continuará con la hipótesis “abuso de poder”. El último encuentro estuvo centrado en Carlos Rosenkrantz, mientras que en la próxima reunión asistirán testigos solicitados por la Coalición Cívica, que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años; y Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela, de donde es oriundo Lorenzetti.

Las causales en las que se dio por concluida la investigación

De acuerdo a lo anunciado por el oficialismo, se avanzará con las resoluciones sobre los cargos a los jueces, según corresponda, respecto de tres hipótesis.

La primera tiene que ver con la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema en 2017, que benefició al represor Luis Muiña. Según considera el FdT habría existido un “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Mauricio Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

La otra tiene que ver con el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables. Desde el oficialismo aseguran que el mismo fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, con conversaciones entre él y Silvio Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte.

En tanto, la hipótesis sobre un “asalto al Consejo de la Magistratura” comienza con el autovoto de Rosatti para asumir la presidencia del máximo tribunal y posteriormente el fallo de diciembre de 2021 por el cual la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo y asumiendo Rosatti como presidente del mismo. Además, la cuestión de los chats aparece nuevamente en este caso, con presuntas conversaciones entre D’Alessandro y Robles sobre cómo debía accionar la oposición en el Senado, al reclamar por la representación del bloque.

Previo a las elecciones generales, el oficialismo avanzará en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se les trasladarán los cargos y se los citará a que puedan realizar su descargo.

La reunión para tal fin será el próximo miércoles, a las 15. En la citación se señala que se pondrán a consideración "las resoluciones que disponen las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada" en tres hipótesis: los fallos 2x1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Es decir, todavía no se trata de los dictámenes de acusación.

En junio pasado se dio una situación similar con Juan Carlos Maqueda, cuando se le corrió traslado de los cargos provisorios que le adjudicaban en la causal de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Tras ello, el magistrado no asistió, ni tampoco respondió por escrito.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión, "reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado".

De esta manera, se dará un paso más en el proceso que comenzó en enero pasado y se mantuvo a lo largo de todo el año. La comisión ya lleva más de una veintena de reuniones, por donde han pasado numerosos testigos.

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

Por otra parte, se continuará con la hipótesis "abuso de poder". El último encuentro estuvo centrado en Carlos Rosenkrantz, mientras que en la próxima reunión asistirán testigos solicitados por la Coalición Cívica, que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años.

También ha sido citado Adrián Walter Miretti vecino de Rafaela, de donde es oriundo precisamente Lorenzetti.

Las causales en las que se dio por concluida la investigación

De acuerdo a lo anunciado por el oficialismo, se avanzará con las resoluciones sobre los cargos a los jueces, según corresponda, respecto de tres hipótesis.

La primera tiene que ver con la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema en 2017, que benefició al represor Luis Muiña. Según considera el FdT habría existido un “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Mauricio Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

La otra tiene que ver con el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables. Desde el oficialismo aseguran que el mismo fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, con conversaciones entre él y Silvio Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte.

En tanto, la hipótesis sobre un "asalto al Consejo de la Magistratura" comienza con el autovoto de Rosatti para asumir la presidencia del máximo tribunal y posteriormente el fallo de diciembre de 2021 por el cual la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo y asumiendo Rosatti como presidente del mismo. Además, la cuestión de los chats aparece nuevamente en este caso, con presuntas conversaciones entre D'Alessandro y Robles sobre cómo debía accionar la oposición en el Senado, al reclamar por la representación del bloque.

Con mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el oficialismo avanzó este martes hacia la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la investigación sobre las causales del fallo 2x1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura están concluidas. 

El diputado Rodolfo Tailhade pidió que, según cada caso, se elaboren los documentos con los cargos provisorios adjudicados a Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. 

“Corresponde agotada la investigación que se formulen los cargos y se les corra traslado de cargos y pruebas a los jueces, a efecto de que ellos si quieren hacer un descargo lo puedan hacer. Esperemos que no ocurra lo del bochorno de Juan Carlos Maqueda, que directamente no hizo ningún comentario a la comisión”, señaló en referencia a la resolución aprobada en junio pasado por la causal de irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación. 

Para el kirchnerista, “estaríamos en condiciones de votar el planteo para que la presidencia el martes próximo, o en la próxima reunión de comisión, presente los cargos y las pruebas para que se les corra traslado a los jueces”. 

Tras aclarar que su bancada no iba a acompañar esa votación, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, recordó que “hay alrededor de 190 testigos que fueron aprobados y nunca fueron citados” y “hay causales que ustedes mismos ampliaron a raíz de los fallos de la Corte Suprema respecto de las elecciones provinciales en San Juan y San Luis”. 

También “hay medida de prueba que votamos recientemente”, apuntó, al mencionar que a propuesta de Juntos por el Cambio se pidió “que se oficie a la Corte para saber la situación por la cual el doctor Lorenzetti y la doctora (Elena) Highton de Nolasco no participaron de la elección de autoridades de la Corte”. 

“Queremos tener un poco más de certeza sobre todo de cierta prueba que nosotros queremos que se produzca”, agregó. 

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, argumentó: “Que los testigos hayan sido aprobados no quiere decir que la comisión tenga que citarlos. Si consideraban necesario algún testigo, hubiese sido bueno que oportunamente nos llamen la atención y digan por qué no convocan a tal o cual testigo”. “Nosotros entendemos que se agotó la investigación en las causas que mencionamos”, afirmó. 

La oficialista defendió que la decisión se trata de “ir concluyendo cada una de las investigaciones y si ya están todas las constancias probatorias darle la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, que puedan presentar el oportuno descargo”. 

Ante una nueva pregunta de López y un pedido de aclaración del propio oficialista Ramiro Gutiérrez, Gaillard aclaró: “No estamos votando el traslado, sino que la presidencia va a elaborar los cargos y van a ser tratados en la próxima reunión, y allí se va a votar el traslado”. “Quedense tranquilos que va a ser debatido”, cerró y el oficialismo votó a favor de la propuesta de Tailhade. 

La Comisión de Juicio Político que preside la entrerriana Carolina Gaillard se encuentra reunida desde las 13.16 para comenzar a analizar la causal “abuso de poder”, con testimonios dirigidos especialmente al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz.

Se analizarán puntualmente 69 sentencias en las que intervino Rosenkrantz y en cuya mayoría -según el oficialismo- favoreció a sus exclientes.

El segundo cargo que estarán evaluando es el pedido de honorarios que el propio Rosenkrantz presentó en la Corte cuando ya era ministro por 18.000 millones de pesos para que la provincia de Santa Fe le pagara honorarios en un expediente que tramitó en la Corte.

Participarán de la audiencia cuatro de los cinco testigos convocados. Estos son:

• El periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de juno de 2022 en El Destape.
• El periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna.
• Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema.
• Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El único convocado que no asistirá, según se anticipó, es Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.

Sí estará, como vemos, Saggese, quien había sido citado por la causal “Consejo de la Magistratura” el 21 de septiembre pasado y no se presentó, aunque en realidad -según contó Carolina Gaillard-, no fue encontrado por el notificador, que terminó dejándole la citación pegada en la puerta de su despacho. Por eso volvió a ser citado y sí concurrió esta vez.

El testimonio de los periodistas

En la nota de referencia del periodista Ari Lijalad, se alude a que el actual vicepresidente de la Corte no se apartó de los expedientes de sus exclientes “tal como marca la ley”. Allí sostiene que Rosenkrantz firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos.

“Varios de esos fallos los rubricó cuando era presidente del máximo tribunal del país”, advierte el periodista, que alerta sobre “una maniobra irregular por donde se la mire: la ley establece que un juez no puede intervenir en casos de ex clientes. Menos aún un miembro de la Corte”.

En detalle, y en base al archivo de acceso público de fallos de la Corte, Rosenkrantz participó en decisiones sobre sus ex clientes en:

3 fallos que involucran a Supercanal

2 fallos que involucran a AMX (Claro)

1 fallo que involucra a la Clínica Estrada

10 fallos que involucran a YPF

5 fallos que involucran al supermercado DIA

1 fallo que involucraba al Grupo América

2 fallos que involucran a Pan American Energy

1 fallo que involucra a Piero

En la nota sobre la cual será indagado, se transcribe una declaración del 21 de octubre de 2021 en la que Rosenkrantz justifica su deicisón de intervenir en una causa que involucraba a AMX Argentina, nombre jurídico de Claro. Si bien “está involucrada una parte a la que el estudio jurídico al que pertenecí brindó algún tipo de asistencia legal mientras fui integrante de dicho estudio, no se configura ninguna causal de excusación”, alegó Rosenkrantz, que agregó que “ello es así puesto que no intervine en modo alguno -ni como letrado apoderado, ni presentando asesoramiento externo- en las cuestiones debatidas en la presente” y luego escribió: “Aclaro que en otras causas anteriores en las que se configuraban circunstancias como las del presente, preferí -hasta el momento- no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del Tribunal -más de cinco años-, estimo que esa postura ya no se encuentra justificada. Por consiguiente, intervendré en el futuro en tales causas”.

El otro periodista citado es Juan Alonso, quien será consultado por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe. La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados.

Según Alonso, “la Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”.

Según se indica en el artículo, “el contrato que firmó el exgobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial” y al publicarlo advierte que “el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte”.

Tal cual había anticipado la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja el pasado 21 de septiembre -fecha de la última reunión de la misma-, en la reanudación del juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia arrancarán ahora con otra de las causales del citado proceso. Esto es, la causa “Abuso de poder”, que incluye un pedido de juicio antiguo de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, y al que el Frente de Todos sumó una causa similar que para ellos amerita la relación de Carlos Rosenkrantz con sus exclientes.

Según pudo averiguar parlamentario.com, la citación correspondiente fue emitida este viernes, convocando para el martes 3 de octubre próximo, a las 13, en la Sala 1 del segundo piso del anexo A de la Cámara baja. Allí figuran cinco testigos, a saber:

• El periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de juno de 2022 en El Destape.
• El periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna.
• Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema.
• Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.
• Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este último caso, Saggese fue citado por la causal “Consejo de la Magistratura” el 21 de septiembre pasado y no se presentó, aunque en realidad -según contó Carolina Gaillard-, no fue encontrado por el notificador, que terminó dejándole la citación pegada en la puerta de su despacho. Seguramente si esta vez no se presenta se discutirá si se apela a un juez para intimarlo.

Para la causa contra Lorenzetti, desde la Coalición Cívica no hubo ninguna convocatoria, según pudo saberse.

El único ausente en la audiencia de este jueves en la Comisión de Juicio Político fue el doctor Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la cual no había informado la presidenta Carolina Gaillard hasta que el diputado Rodolfo Tailhade le preguntó puntualmente.

Ahí informó la titular de la Comisión de Juicio Político que Saggese había sido notificado en la Corte, pero “tuvo reticencia a recibir la citación, no quisieron recibirla, por lo que fue colocada en la puerta de su oficina”.

Gaillard remarcó que es la primera vez que se da una situación así y a continuación el secretario de la comisión leyó la explicación dada por el notificador, a quien en las dependencias a las que se presentó le dijeron que no podían recibir la notificación.

Así las cosas, Carolina Gaillard expresó que “habiendo sido notificado en su lugar de trabajo, se le va a reiterar la notificación para que comparezca”, más allá de que ya haya pasado el análisis de la causa Consejo de la Magistratura. “Estaría siendo irregular y fuera de derecho que no comparezca”, concluyó.

Luego de tres semanas sin reunión, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó el proceso que lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema y comenzó con el análisis de la causal “Consejo de la Magistratura”, a partir de lo acontecido con ese órgano -encargado de la selección y remoción de jueces- a partir del fallo de diciembre de 2021 por el cual el máximo tribunal declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo. 

Tras un repaso de lo actuado hasta ahora y el anticipo de que se avanzará desde el oficialismo con el dictamen de acusación contra el magistrado Juan Carlos Maqueda (por la causal irregularidades de la obra social), la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), explicó la hipótesis de su bloque en esta causal y afirmó que se dio una “asunción de forma irregular de la presidencia de la Corte por parte del doctor (Horacio) Rosatti por el autovoto” con el “objetivo de luego asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura”. 

La entrerriana sostuvo que hubo una “cooptación del Consejo de la Magistratura” y acusó al presidente del máximo tribunal de tener “vinculación con el Colegio de Abogados (de la calle Montevideo), parte actora de la causa” contra la Ley 26.080. “El fallo fue dictado diez días después que el Poder Ejecutivo Nacional enviara el proyecto de ley de reforma” del Consejo, recordó y apuntó que “demoraron el fallo para que salga cuando Rosatti detentara la presidencia de la Corte”. 

La oficialista cuestionó que al Congreso se le dio “un plazo arbitrario” para sancionar una nueva norma y “se encontraba presionado indirectamente para dictar una nueva ley en el plazo de 120 días corridos”. Además, “la Corte se arrogó facultades legislativas al restituir la Ley 24.937, que había sido derogada por el Congreso hacía 16 años”, agregó. 

También señaló que en el año 2006 la Corte “había dejado de integrar y presidir el Consejo de la Magistratura”, pero a partir del fallo de diciembre de 2021, que determinaba que el Consejo pasara de 13 a 20 miembros nuevamente, se dio “una manipulación de la conformación del Consejo de la Magistratura, a través de fallos y acordadas” relacionados a los planteos de la oposición -sobre todo del Senado-. 

Gaillard añadió que a este proceso se sumó la aparición de los supuestos chats filtrados desde el celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, en los que Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, “le asesora cómo debían proceder en el Senado de la Nación respecto del Consejo de la Magistratura”. En la última reunión, el pasado 29 de agosto, cuando D’Alessandro se presentó ante la comisión aseguró que esas conversaciones son falsas. 

A su turno, la diputada Vanesa Siley (FdT) recordó que la causa Colegio de Abogados “vivió en el sistema judicial 15 años sin ser resuelta” y “en la Corte vivió sin ser resuelta cuatro años”. Al recordar que “cuando asume Cambiemos el gobierno, con Mauricio Macri en la presidencia y Germán Garavano en el Ministerio de Justicia, cambia la postura de la Corte, y después vuelve a cambiar cuando asume otro color político” en referencia al Frente de Todos. 

La oficialista subrayó que durante la gestión de Cambiemos se pidió “la suspensión de plazos en la causa” con motivo de que Garavano iba a presentar un proyecto de ley de reforma del Consejo, el cual efectivamente se envió pero no se trató, y “la Corte Suprema le concedió suspensión de plazos, no se apuró”. Sin embargo, a pesar de que el gobierno del Frente de Todos mandó en diciembre de 2021 una iniciativa que “era igual” a la de Garavano, “la Corte no le dio tiempo y falló inmediatamente”. 

“No era lo mismo que salga este fallo cuando era presidente (Ricardo) Lorenzetti que si era presidente Rosatti”, opinó la legisladora, que observó que “a partir de septiembre de 2021 cambió el tiempo en la Corte Suprema y había que apurarse”. “Por eso enerva que el mismo presidente de la Corte haya firmado el fallo. El interés comprometido era explícito y alevoso: que el que preside la Corte, presidirá el Consejo”, expresó. También cuestionó que se le haya dado al Congreso un plazo de 120 días de “imposible cumplimiento”. 

Siley denunció además que “desde que llegó Rosatti al Consejo de la Magistratura se ha paralizado el avance de las causas y las ternas que estaban todas listas para salir”. “Hoy el Consejo de la Magistratura es un Consejo irregular” porque “el senador (Martín) Doñate todavía no asumió por decisión de la Corte, que se sienta de los dos lados del mostrador”, completó la oficialista, quien integra el Consejo.

De la vereda de enfrente, el diputado Pablo Tonelli (Pro) arrancó: “Los hechos a los que se refirió la diputada Siley son correctos y son veraces, eso hay que reconocerlo. Ahora, la interpretación es absolutamente errada. Lo que falta en el análisis de la diputada Siley y que es muy relevante es el rol del Congreso en todo esto, porque aquí no hay que soslayar que los que estamos en deuda somos nosotros, los legisladores. Ese proyecto que envió el Poder Ejecutivo en diciembre de 2017 nunca logramos dictaminarlo, ni siquiera en contra”. E incluso recordó que él era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y “pese a los esfuerzos” no logró que se avance.

Para el macrista, “es razonable que la Corte haya fijado un plazo” porque sino la sentencia se hubiera vuelto abstracta; y contestó además que “es muy discutible” que en 120 días no se haya podido aprobar la ley ya que “el proyecto de Ganancias se aprobó en tres días”. “La media sanción del Senado nunca nos pusimos a debatirla en serio y dictaminarla”, sumó sobre el proyecto con media sanción que salió luego del fallo. 

Finalmente, el legislador de Juntos por el Cambio insistió que “esto pasó porque el Congreso no sancionó una nueva ley”. “Hay un déficit en la actuación del Congreso. En la argumentación del oficialismo falta analizar nuestro rol”, dijo. 

Los argumentos de Peñafort

La primera en brindar testimonio este jueves fue la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, quien recordó que “cuando llegó la notificación que declaraba la inconstitucionalidad de distintos artículos” de la Ley 26.080 tomaron contacto con la Cámara de Diputados y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y decidieron “avanzar con el cumplimiento de la sentencia”. Pero luego “se introdujo una medida cautelar que trabó un poco el proceso y vinieron los reclamos que hicieron (Luis) Juez y (Humberto) Schavoni”, los senadores del Pro que reclamaron por las designaciones de quienes debían ingresar como consejeros a partir de la restitución de la antigua ley. 

La abogada habló del caso “Juez 1” para referirse al reclamo sobre quienes “debían designarse como nuevos representantes hasta completar el proceso que estaba pendiente”, que terminaba en 2022; y de “Juez 2” de reclamo contra “el decreto presidencial que designó a Doñate para el período 2022-2026”. 

“La posición del Senado fue ratificada por las distintas instancias (inferiores) y estamos en recurso extraordinario, que no ha sido resuelto”, señaló y explicó que eso todavía no ha pasado porque la Cámara alta también reclamó que los jueces “deberían haberse excusado de intervenir”. “A la fecha los expedientes juntan polvo, tanto administrativa como judicialmente, y en las oficinas de la Corte no hemos tenido respuesta”, añadió. 

“Deberíamos ponerle nosotros un plazo a la Corte, ellos nos pusieron 120 días y ellos hacen más de un año y medio que no resuelven un tema sumamente sensible”, se quejó el diputado Rodolfo Tailhade (FdT), que fue el único en hacerle las preguntas a Peñafort. 

Sobre la designación de Doñate para el período 2022-2026, decreto de la presidenta Cristina Kirchner que se refrendó en el recinto incluso, la directora de Asuntos Jurídicos detalló que “el bloque Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, el bloque UCR tiene 18 miembros, el bloque Unidad Ciudadana tiene 14 miembros y el bloque (Pro) que está obturando y querellando esto tiene 8 miembros”. “La pretensión de Schiavoni es que se designe a la cuarta minoría del bloque que él integra con Juez, lo cual es incluso contrario al texto de la ley que resucitó la Corte”, resaltó. 

La candidata a diputada de Unión por la Patria consideró que la Corte ha interferido “en competencias exclusivas y excluyentes del Senado de la Nación respecto de la articulación de sus bloques”, de acuerdo establece el artículo 55 del reglamento del Senado. 

En otro tramo de su testimonio, afirmó que “resucitar la presidencia de la Corte (en el Consejo) es algo que se le ocurrió a la Corte. No era algo que había sido planteado en la causa de Colegio, y se hizo sin ningún fundamento y sin que lo pidiera la parte”. 

“El fallo (de inconstitucionalidad de la ley de 2006) salió en diciembre cuando ya se cerraba el año legislativo y no se consiguió en 120 días sacar un proyecto de ley”, defendió. 

Luego retomó que “a nuestros planteos todavía no se les ha dado respuesta porque hay una cuestión pendiente que es resolver el planteo de recusación que ha realizado el Senado” y, sobre esto, dijo que el planteo se debe a que “no se puede ser juez y parte. Cuando Rosatti asume la presidencia del Consejo pasa a ser parte y no se puede estar de los dos lados del mostrador”. 

Peñafort también hizo referencia a los chats entre Robles y Marcelo D’Alessandro, donde se ve “la instrucción por parte de Robles a D’Alessandro para que la bancada opositora tuviese una estrategia específica para el tratamiento del Consejo de la Magistratura; y que después fue la que llevó adelante”. “De ahí el razonable temor sobre la imparcialidad de Rosatti para resolver sobre este tema”, dijo. 

Ya en una pregunta más personal por parte de Tailhade, la abogada reveló: “Cuando sucedió el autovoto de Rosatti como presidente de la Corte Suprema yo publiqué una serie de notas recordando el otro caso de autovoto que fue el de Julio Nazareno, a finales del gobierno de Carlos Menem”. Aspecto que, enfatizó, estuvo presente en el dictamen de juicio político contra Nazareno que hizo la exdiputada Elisa Carrió, al sostener que “el autovoto era una burla al sistema republicano”. 

“Muchos años después nos encontramos con alguien que venía de otra historia, fue un convencional constituyente, con excelentes intervenciones en la reforma de 1994, un reconocidísimo profesor de derecho constitucional, alguien muy distinto a Julio Nazareno”, enumeró sobre Rosatti, pero le criticó haber decidido “tirar por la borda todo ese prestigio y convertirse en Julio Nazareno”. "Yo admiraba a Rosatti, lo admiraba", aseguró y lamentó que “ya el hecho de haber asumido por decreto fue un gran golpe a la imagen que yo tenía de él".

El testimonio de Rizzo

El segundo testigo de la 22° jornada del juicio político que se tramita contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia fue Jorge Gabriel Rizzo, quien concurrió en su condición de expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

Actual consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y cuatro veces consejero nacional, entre 2006 y 2022, este abogado expuso sobre la causa que ese Colegio planteó sobre el Consejo de la Magistratura, que derivó finalmente en la inconstitucionalidad de la ley vigente y retrotrajo todo a la ley original.

Rizzo contó que cuando al frente de la agrupación Gente de Derecho asumieron al frente del Colegio Público de Abogados, en 2006, tuvieron un debate en torno a una demanda que estaba preparando el abogado Daniel Sabsay, pero también tenían otra de Ricardo Monner Sanz, a la que terminaron adhiriendo. “Nos presentamos avalando”, dijo, en un juicio en cuyo final en 2014 tuvo sentencia de la Corte rechazando la legitimación de la presentación de Monner Sanz, pero aceptando la del Colegio.

“En el medio, nosotros como lista Gente de Derecho sacamos el fallo que tiene mi apellido por el cual se declaró la inconstitucionalidad de la ley que se llamó Democratización de la Justicia”, recordó.

El rechazo a Monner Sanz fue porque en la demanda había planteado que debía haber “representación igualitaria” y la respuesta fue que tenía que ser “equilibrada”. Por ese tecnicismo que consideró exagerado fue que lo rechazaron. “La Corte podría haber soslayado ese tecnicismo” para una causa que transcurrió 15 años en todo el sistema judicial y 4 en la Corte Suprema.

Rizzo recordó que cuando en tiempos del kirchnerismo se dio el debate de la Ley de Democratización de la Justicia “vinimos al Congreso y yo le dije al equipo: tenemos que ir, pero con un proyecto”.

La ley se aprobó, en el ínterin cambió el color político del país, entraron nuevos ministros a la Corte y a mitad del gobierno de Mauricio Macri, Rizzo contó que lo llamaron desde la Corte para expresarle su preocupación y contarle que iban a tener que resolver sobre el tema del Consejo de la Magistratura, pero en ese marco le preguntaron si había alguna posibilidad de “que la política dictara un fallo”. “Lo llamé a el ministro Germán) Garavano y le pregunté si tenían interés –recordó Rizzo-. Me dijo que sí, y le dije que tenía un proyecto. ‘Traelo que lo vemos’, me dijo”.

En esa reunión participaron también, según recordó, Garavano, Pablo Tonelli, Juan Mahiques, Guillermo Lipera y algún representante de los jueces, con quienes se pusieron a trabajar. En ese marco le dijeron que habría que arreglar también “con los kirchneristas”, ante lo cual él se comprometió a interceder, pues mantiene buena relación con muchos. “Hablé con los que yo conocía y dijimos ‘el proyecto va a salir’”.

Sin embargo, el abogado advirtió que en el plenario veía que no había homogeneidad en el tratamiento del tema.

La diputada oficialista Vanesa Siley le preguntó si la Corte tenía intención en el año 2017 de sacar el fallo, a lo que Rizzo respondió negativamente. “No creía que un tema político debiera ser solucionado por la Corte”, respondió.

“Llegamos a un consenso entre todos, pero había un tema que era puntual”, dijo, en referencia a que él piensa que los legisladores no deben ser parte del Consejo de la Magistratura, sino poner representantes. “Por el tema del full time”, explicó, y puso como ejemplo que así es en el Consejo de la Magistratura porteño. Por eso confesó que hizo “una trampita” en el texto del proyecto que elaboraban, al poner “los legisladores o sus representantes”.

“Me llaman de la Corte y me dicen: ‘El proyecto está bien, pero no queremos estar’”, poniendo como justificativo lo que había sucedido con el ex miembro de la Corte Augusto Petracchi en 2004. Tampoco el doctor Carlos Fayt quería que estuviera la Corte representada en el Consejo de la Magistratura, contó Rizzo, con el argumento de que “convertía una suerte de hegemonía de la Corte sobre el Consejo”.

Por eso en el texto que armaron no había miembros de la Corte. Allí también Tonelli insistió con el tema del impuesto a las Ganancias, recordó también Rizzo, para quien “trabajamos muy bien”, e incluso con los representantes kirchneristas había buena sintonía.

En ese marco Rizzo contó que trabajaron bien hasta que recibió un llamado telefónico que atribuyó a “un operador” que le dijo que “el proyecto no sale porque a nosotros nos sirve este dibujo”. Rizzo contó entonces que apagó el teléfono y se mandó a mudar. “¿Para qué me hacen trabajar?”, se quejó. Luego reiteró que hablaba de “un operador”, cuyo nombre no recordaba. “¿Qué quieren que les diga, que fue (Daniel) Angelici?... Se los digo”.

Su mirada sobre las diferentes Cortes

Respecto de los cambios de postura en el seno del Tribunal Superior, Rizzo sostuvo que “la Corte cambia de ideas cada dos años, tiene que ver con su composición”.

Elogió con énfasis la Corte de tiempos de Néstor Kirchner, que definió como “los siete magníficos”. Y consultado sobre la Corte actual, dijo que “lo que me molesta es la creencia de que saca los fallos a la carta, y es una sensación que tiene el pueblo”.

“De alguna manera hay que equilibrar la Corte. Nunca fui partidario de ampliarla, pero en este momento no hay más remedio que llevarla a 7 o 9. Con 4 miembros no se puede continuar”, sentenció.

Respecto del autovoto de Horacio Rosatti, aclaró que “no es ilegal”, pero “tampoco es de estilo en la Corte Suprema”. “Igual no me gusta, no me gusta para nada… Lo peor es que se votó estando un ministro ausente”.

Luego de tres semanas sin reunión, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este jueves su trabajo con el comienzo del análisis de una nueva causal sobre el proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema.

A la audiencia fueron citados como testigos Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación; Jorge Gabriel Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; y Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte.

En el encuentro se comenzará a abordar la causal por mal desempeño relacionada al Consejo de la Magistratura, más puntualmente al fallo de diciembre de 2021 por el cual el máximo tribunal restituyó una ley derogada y modificó la composición del órgano encargado de la selección y remoción de jueces. Luego de ello se abrió un conflicto de poderes con el Legislativo por la representatividad de los bloques en el Consejo.

Desde el oficialismo hablaron de un “asalto al Consejo de la Magistratura”, dado que se declaró inconstitucional la ley sancionada en 2006 y se le “exigió al Congreso de la Nación que dicte una nueva ley en el exiguo plazo de 120 días, arrogándose de manera arbitraria facultades que no le son propias y que lesionan el principio republicano de gobierno” sobre la integración del Consejo, “lo que demuestra la clara intencionalidad política de la Corte al momento de resolver el caso”.

En la última reunión, el pasado 29 de agosto, se cerró el análisis de la causal coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia del exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

Con tres testigos citados, la Comisión de Juicio Político que preside la diputada entrerriana Carolina Gaillard reanudará este jueves el juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según pudo saberse, este 21 de septiembre la comisión comenzará a tratar los pedidos de juicio político relacionados con la causa “Consejo de la Magistratura”.

Por eso han sido citados Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación; Jorge Gabriel Rizzo, expresidente del Colegio Público de abogados de la Capital Federal; y Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte Suprema.

De tal manera, se dio por concluido entonces el análisis de la causa “Coparticipación Federal de la Ciudad de Buenos Aires”.

La última reunión de la Comisión de Juicio Político y que estuvo dedicada al tema coparticipación se llevó adelante el 29 de agosto pasado, con la presencia del exministro de Justicia porteño Marcelo D’Alessandro.

La Comisión de Juicio Político que encabeza la entrerriana Carolina Gaillard no se reunirá el próximo martes 12 de septiembre, tal cual había sido anticipado por su presidenta durante la última reunión, celebrada el 30 de agosto pasado. Por el contrario, el próximo encuentro quedará para la semana siguiente, previéndose su realización el jueves 21 de septiembre.

“Si es martes, a las 13; si es jueves a las 11”, tal fue la frase de Gaillard durante la última reunión de esa comisión. Por eso entonces la convocatoria -todavía no oficializada- será para el jueves 21 a las 11 de la mañana.

El martes 19 no, porque se trabaja para que se realice ese día una sesión de la Cámara baja, por lo que la reunión, con testigos a determinar, será dos días después, según pudo saber parlamentario.com.

A priori, se estaría concluyendo ese día con la causa “coparticipación de la Ciudad”, para arrancar luego con la causa “Consejo de la Magistratura”, y luego avanzar con la suspensión de las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán.

Se reanudó este martes el debate del juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, tras el receso obligado por las elecciones primarias. Ahora habrá otro impasse, pues no se reunirá la comisión la próxima semana.

Así lo anunció su titular, Carolina Gaillard, quien precisó que el próximo encuentro será la semana siguiente, para luego dejar establecida la fecha: el martes 12 de septiembre, a las 13. En vísperas de la que podría ser una sesión especial convocada por el oficialismo para tratar una serie de proyectos que acaban de ser dictaminados o están a punto de estarlo.

En esa oportunidad se espera concluir con la causa “coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, para arrancar –tal vez esa misma jornada- con la causal “Consejo de la Magistratura”. Luego de ese tema, según se anticipó, avanzarán con el tema de la suspensión de elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán, dispuestas por el Tribunal Supremo.

Hasta ahora se realizaron cinco reuniones relacionadas con el tema coparticipación. Originalmente se había previsto que fueran por lo menos cuatro.

Tras el interrogatorio formulado en el seno de la Comisión de Juicio Político a Marcelo D’Alessandro, fue el turno del procurador general de la Ciudad, Gabriel María Astarloa, ante quien se planteó un debate en torno a los recursos otorgados a la Ciudad por el fallo de la Corte y, en definitiva, en torno a la Ley de Coparticipación Federal en general.

Quedó claro de entrada que Astarloa había sido citado en su condición de responsable de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema. A instancias del diputado Rodolfo Tailhade, Astarloa contó que tanto el decreto original del Gobierno actual, como la ley posterior que estableció un nuevo valor para los recursos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires “violaron gravemente preceptos constitucionales que agravian a la ciudad. Están violados el federalismo de concertación por el decreto y la ley”.

Agregó que la segunda cuestión que fundamentó su acción declarativa “es el claro precepto del artículo 75 inciso 2 en párrafo 5° (de la Constitución Nacional), que dice que no habrá transferencia de competencia, servicios y funciones, sin la respectiva asignación de recursos. La Ciudad tiene que aceptar esa encomienda. Eso tampoco está cumplido”.

Para Astarloa fue “gravemente herida la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires reconocida porque sus recursos son intangibles, y finalmente una competencia natural que corresponde a toda provincia -y la Ciudad oficia como tal-, que es su competencia en materia de seguridad”.

“Esos son los cuatro temas más centrales que desde el punto de vista constitucional han afectado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso hemos pedido la inconstitucionalidad de las normas”, precisó el procurador, quien agregó más tarde que “se trata de una cuestión constitucional, y así lo ha entendido también preliminarmente la Corte en ese fallo”.

Aclaró también que “no ha habido ningún monto adicional que se haya dado por encima de los necesarios para atender las cosas de seguridad traspasadas”. Asimismo precisó que todavía el expediente está “abierto a prueba”, en el marco de  un juicio que está en pleno trámite.

Consultado sobre las reuniones realizadas entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires, y las razones por las que no hubo acuerdo, Astarloa contó que en 2021 la Corte Suprema invitó a las partes a una conciliación. “Estableció que ese proceso era a nivel de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, por eso fuimos convocados por el secretario de esa área a algunas reuniones, y concurrimos con el ministro de Hacienda de la Ciudad y el de Seguridad, las dos áreas afectadas. No pudimos avanzar en encontrar un camino para una solución”.

“El Estado decía que para dialogar había que hacerlo en los términos de la ley que nosotros cuestionamos, porque era una ficción”.

Al año siguiente volvieron a ser invitados a una nueva audiencia y “allí fue la Corte la que decidió otorgar un plazo de 30 días a las partes para acordar una solución; en caso contrario, la Corte estaba obligada a resolver sobre el pedido de cautelar”, contó el funcionario, que detalló que hubo seis reuniones en el marco de un “muy buen diálogo”, pero vencido ese plazo la Ciudad notificó que no había habido acuerdo entre las partes.

La discusión giró en torno a la legalidad de haberle aumentado la coparticipación a la Ciudad, como hizo la gestión anterior. Astarloa remarcó que se había intentado señalar que había una ilegalidad que en realidad no había existido, y respecto de la insistencia por parte de CABA de reclamar que la asignación de recursos fuera por coparticipación y no transferencia, esto es que el dinero no fuera enviado a través del Tesoro, sino por masa coparticipable, el procurador explicó que “el régimen de coparticipación tiene una doble área: la distribución primaria y la secundaria. La secundaria tiene que ver con cómo las provincias distribuyen entre sí el 42%” de la masa coparticipable.

El funcionario recordó que la Constitución estableció que dos años después de sancionada la misma debía redactarse una nueva Ley de Coparticipación. “Está claro que hay una mora que llevamos hace más de 25 años, es la nueva ley, y la Ciudad debiera estar en la fase de la distribución secundaria. A la fecha, la Ciudad está en la fase primaria, junto a Tierra del Fuego, así que en este caso una transferencia de servicios sería solo a esas dos jurisdicciones. No hay una afectación constitucional a las restantes provincias”.

“La norma no trae una directiva expresa acerca de si tiene que hacerse vía un incremento de la coparticipación o por transferencia. La Constitución no tiene una manda específica y por lo tanto el acuerdo entre Nación y la Ciudad de que el fondeo para traspasar recursos vinculados a la seguridad pudo hacerse como se hizo, vía el incremento de la coparticipación”, puntualizó Astarloa.

El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, sostuvo que el coeficiente otorgado por el Gobierno anterior a la Ciudad era sobre un 100% de la coparticipación, ante lo cual preguntó si incrementar los recursos del índice no significaría una merma de los recursos de las otras provincias.

“Indirectamente se puede decir eso, pero ningún coeficiente de coparticipación que le corresponde a otras provincias fue alterado”, aclaró Astarloa, secundado por el diputado Pablo Tonelli, que aclaró que eso “sale de Nación”.

“Fue totalmente neutro –resumió Astarloa-. Los mismos recursos con que la Nación debía atender el servicio de seguridad, se los traspasó a la Ciudad. Así que acá las provincias no han sido vulneradas”.

La diputada Graciela Ocaña recordó entonces que hubo un Pacto Fiscal donde todas las provincias aceptaron la distribución establecida. No afectaba a nadie, insistió, “al punto tal que la devolución la recibió la provincia de Buenos Aires; el resto de las provincias no vieron incrementarse ningún fondo. Eran fondos nacionales”.

Tonelli sostuvo que “es claro que las provincias no se afectan. Tres veces en el fallo de la Corte se dice que el porcentaje de coparticipación que se le aumenta a la Ciudad en nada afecta a las provincias. La Corte lo que hizo fue partir por la mitad las pretensiones de las partes. Mientras se tramita, vayamos por el medio, dijo”.

Consultado por Tailhade respecto de la judicialización por parte de la Ciudad de la Ley 27.606, el procurador sostuvo que la misma “es absolutamente innecesaria. Es una ficción que empieza por decir que hacía falta aprobar el convenio de transferencia en materia de seguridad, suscripto en 2016, y en realidad no hacía falta, porque ya el Congreso se había expedido en esa materia de manera muy clara con una ley de 2007 que modificó la Ley Cafiero”.

Esa norma, dijo, estableció que en las materias no federales esas competencias y servicios no federales quedaban transferidas a la Ciudad y que hasta que eso no fuera efectivo debía cubrirlo la Nación. Era una cláusula especial que indicó que la manera de llevar esa transferencia era conforme estaba previsto en la Ley Cafiero a través de pactos y convenios.

“Es muy claro que el Congreso ya se había expedido y no hacía ninguna falta que la ley posterior lo hiciese, pero fue el modo que encontraron para vestir de algún ropaje jurídico el fenomenal zarpazo que le dieron en 2020 a la Ciudad en plena pandemia”.

Muy esperada era la visita de Marcelo D’Alessandro a la Comisión de Juicio Político de Diputados, en el marco del proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño y, más particularmente, por la causal del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su controversia con el Gobierno nacional por la coparticipación. 

Interrogado constantemente desde el oficialismo por su relación con Silvio Robles, director de la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, el exministro de Justicia y Seguridad porteño afirmó este martes que los chats que se filtraron de su teléfono contienen conversaciones falsas y “la Justicia ya ha dictaminado que son un delito”. 

Al declarar ante la comisión, el exfuncionario de Horacio Rodríguez Larreta aseveró que “lo que se vio no es una filtración, lo que se vio es una operación de inteligencia”, en relación a los supuestos diálogos que habrían tenido con Robles sobre causas que tramitaban en la Corte respecto de coparticipación y Consejo de la Magistratura. 

Al igual que lo hizo Robles cuando asistió el pasado 1ro. de agosto, D’Alessandro evitó responder si lo conoce o no, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Aunque en el final le mostraron una foto del funcionario judicial para que diga si lo identificaba y contestó: "Sí, es Silvio Robles".

Al ser interrogado por la diputada oficialista Vanesa Siley, el exministro porteño recordó que cuando le robaron la línea de su celular personal realizó la denuncia, y actualmente hay una en la Justicia  Federal y otra en la Justicia de la Ciudad. A continuación, cuando le preguntaron si conoce a Robles, arrancó: “Hay causas que están abiertas, que se están investigando. Hay gente que ya ha sido detenida y ha confesado que han hecho operaciones de inteligencia por objetivos que les fueron encomendados, por los cuales recibieron dinero”. 

Continuó diciendo que “hay dictámenes de la Justicia” en relación a lo sucedido no sólo con él, sino también con “jueces, fiscales y políticos” que determinaron “que al tomar posesión del teléfono lo que se podía hacer era crear, modificar, alterar o editar diferentes conversaciones. Lo que se vio no es una filtración, lo que se vio es una operación de inteligencia. Hay gente detenida que ha confesado el hecho”. 

“Para no afectar mi derecho a defensa, en base a estas causas abiertas, me voy a amparar en el artículo 18”, contestó, a lo que la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, le recordó que “el falso testimonio no es solo mentir, sino omitir decir la verdad”. “Presidenta, usted está presionando al testigo y eso no es correcto”, se quejó el diputado del Pro Pablo Tonelli, y Gaillard replicó: “Vamos a tratar de evitar, como en la reunión donde compareció el testigo Robles, cuando no contestó ninguna pregunta y en algunos casos excediéndose en el uso del artículo 18”. 

D’Alessandro dijo entonces que en las causas era “denunciante y querellante”, a lo que Siley explicó que “no está imputado por algún hecho bajo el cual se ampara por el artículo 18”. “Lo entiendo, sé cuál es el alcance de mis derechos y garantías, y no estoy mintiendo ni omitiendo verdad. La Justicia ya ha dictaminado que (los chats filtrados) son un delito”, insistió el testigo y expresó que “hay situaciones que pueden vulnerar mi derecho a defensa”. 

Siley también lo consultó por una nota del diario Página/12 titulada “Un cumpleaños judicial”, en la que se relata que a la fiesta de Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad, él habría llegado junto a Robles, el 15 de agosto de 2022, cuando todavía era ministro en funciones. “Más allá de interpretar que son hechos privados y no hacen al trabajo de esta comisión, me amparo en el artículo 18”, reiteró el exfuncionario porteño. 

En otro tramo, negó que en algún momento se le haya asignado un “rol político” en las causas de coparticipación y Consejo de la Magistratura. “Bajo ningún punto de vista, el rol estaba más abocado a la seguridad”, señaló y negó haber tenido relación, sobre todo, con la del Consejo. En cuanto a la de coparticipación, contó: “Me preguntaban en función de generar criterios técnicos para tratar de cuantificar el traspaso” de la Policía Federal.

Al reiterar Siley las consultas sobre las supuestas conversaciones, D’Alessandro le pidió que “no base las preguntas en algo que la Justicia ya determinó que es un delito”. “El contenido de esa información pública puede ser de interés para esta comisión, de hecho lo es.  Acá se está investigando el tráfico de influencias”, enfatizó la diputada oficialista ante las quejas de los legisladores de Juntos por el Cambio. 

Al leer un dictamen judicial, el exministro volvió a decir que la Justicia “ya se expidió, ya peritó y ya encontró a los culpables materiales confesos, por eso invalida absolutamente, no porque yo quisiera o usted quisiera, sino porque la Justicia así ya lo determinó, las supuestas conversaciones que dieron origen a una serie de denuncias”. “Yo jamás tuve una denuncia penal en todas mis funciones”, remarcó y sostuvo que espera que se llegue a “los autores intelectuales”. 

Pese a las críticas de la oposición, la presidenta ordenó que se leyera el contenido de los supuestos chats. Tras la lectura del secretario de la comisión, Tonelli apuntó que “la Justicia determinó que esa conversación es absolutamente falsa, y que no se trata de una filtración, sino de un hackeo, de una edición, de una creación de ese supuesto diálogo. Que la comisión después de que la Justicia determinó que esa conversación es falsa e inexistente, haga gala de eso, lo único que hace es que la comisión concurra en una ilegalidad manifiesta”. 

De la vereda de enfrente, el diputado Leopoldo Moreau reconoció que un hackeo es un hecho de “naturaleza ilegal”, pero replicó que “no es menos cierto que eso no establece por sí mismo la falsedad del diálogo” y “no está definitivamente comprobado que el contenido de ese hackeo no sea verdadero o falso, porque hay otros testimonios de periodistas que dicen que fueron parte de esas conversaciones, periodistas de Página/12 y La Nación”. Además, aclaró que D’Alessandro sí está investigado en una de las causas, por lo cual estaba en el derecho de ampararse en el artículo 18 de la Constitución si así entendía. 

Más tarde, el exministro fue consultado sobre por qué renunció a su cargo y contestó que fue “por motivos personales”. “Yo no tengo que valerme de ningún cargo ni fuero para defenderme de acusaciones”, manifestó y respondió “bajo ningún punto de vista” cuando Siley le preguntó si había recibido presiones para hacerlo. 

El interrogatorio concluyó luego de que el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, pidiera autorización para mostrarle unas fotos al testigo. Se las alcanzó a Gaillard, quien mostró que se trataba de Silvio Robles en la oportunidad que se presentó ante la comisión. 

“Es para que diga si lo conoce”, acotó Martínez, y ante la respuesta afirmativa de D’Alessandro, exclamó que “¡Entonces lo conoce!”, desatando la reacción risueña de la bancada opositora. Entre las voces que se alzaron, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, comparó con “el Mago sin dientes”. “¿Lo conoce? ¡Pero nunca lo saludé!”, ironizó.

El exministro porteño aclaró que volvía a mantener la respuesta que había dado, respecto de que mantenía la reserva. Al cierre, Siley pidió votar un pedido a la Justicia Federal para que informara sobre todas las causas en las que estaría involucrado D’Alessandro, como denunciante o imputado. Se votó afirmativamente con la mayoría que cuenta el oficialismo.

En ese mismo sentido, antes de que D’Alessandro ingresara a la sala, el Frente de Todos volvió a requerir información a la Corte Suprema sobre existencia de causas judiciales en las cuales esté involucrado Robles, por haberse ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional constantemente en su declaración, y, en caso de ser así, si le han abierto sumario.

El diputado Rodolfo Tailhade reclamó que “se reitere a la Corte el requerimiento que hicimos en su momento porque no está respondido. Hay una suerte de burla a la comisión en la respuesta, porque responden cosas que no le preguntamos, y las que le preguntamos no son respondidas. Corresponde que insistamos”. 

Según la hipótesis que manejan los legisladores oficialistas, el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de la connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales.

El fallo de la coparticipación fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés. No obstante, cuando comenzó el proceso, en febrero de este año, el Frente de Todos en la comisión le aprobó la admisibilidad de un total de 14 pedidos.

En el primer encuentro posterior a las elecciones PASO, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanudó su trabajo este martes. En la reunión, que se realiza desde las 13.16, se espera con expectativa el testimonio de Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

En el marco de la investigación de la causal por mal desempeño contra los jueces de la Corte por el fallo de coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires, también fueron citados Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia del máximo tribunal, quien avisó que no asistirá en esta ocasión.

Esta es la tercera vez que se lo llama a D'Alessandro, luego que el oficialismo aprobara con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que el exfuncionario del Gobierno porteño comparezca ante los diputados, algo que evitó hacer antes de las elecciones.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.

Según la hipótesis que manejan los legisladores oficialistas, el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de D’Alessandro con conversaciones entre él y Robles sobre la cuestión. Cuando concurrió a la comisión, el vocero de Rosatti se negó a responder si conocía a D'Alessandro.

El fallo de la coparticipación fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés. No obstante, cuando comenzó el proceso, en febrero de este año, el Frente de Todos en la comisión le aprobó la admisibilidad de un total de 14 pedidos.

Tras el parate impuesto por las elecciones primarias, la Comisión de Juicio Político reanuda este martes su agenda, con la presencia de tres testigos clave, en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El exministro de Justicia y Seguridad  porteña, Marcelo D’Alessandro ha sido citado por tercera vez, esta vez citado bajo apercibimiento y luego de haberle dado la intervención a un juez competente para que el exfuncionario comparezca ante los diputados.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.

Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema.

Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista, que es fiscal federal de la Ciudad.

Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.

Se reprogramó la convocatoria a una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que estaba citada en un principio para el martes 22, pero será el próximo 29 de agosto. Para ese día se ha llamado a tres testigos clave en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de votar (el Frente de Todos por mayoría) la intervención de un juez para garantizar su presencia, está citado -por tercera vez- para el próximo encuentro el exministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, quien no asistió a declarar el encuentro pasado por “motivos personales” y había pedido otra vez reprogramar su asistencia. Fue en la reunión previa a las PASO.

Sin embargo, el oficialismo aprobó con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que comparezca ante los diputados.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.

Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista que es fiscal federal de la Ciudad.

Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.

Fracasó la intención del oficialismo de lograr nuevos testimonios en la Comisión de Juicio Político de Diputados a tan solo cinco días de las elecciones PASO, dado que no concurrió ninguno de los testigos que habían sido citados para este martes.

En el encuentro, que duró apenas 40 minutos, tampoco se hicieron presentes los legisladores de Juntos por el Cambio, que enviaron una carta a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, en la que cuestionaron “prácticas irregulares” y calificaron de “maniobra burda” las “citaciones sobre la hora” a los testigos. 

Sin embargo, el Frente de Todos aprobó con su mayoría que un juez intervenga para que el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, comparezca ante los diputados. 

En el comienzo de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, comentó que D’Alessandro “ha informado nuevamente que por motivos personales no puede asistir”. Y, acto seguido, propuso a sus pares oficialistas que “adoptemos la tesitura que hemos adoptado con el resto de los testigos que no han venido, citándolo nuevamente bajo apercibimiento y dándole intervención al juez competente como lo hicimos con el doctor (Aldo) Tonón”.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión. 

Pero este martes tampoco se presentaron Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil y Contravencional de la Ciudad; Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció recién este lunes, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición -en su nota dirigida a Moreau- criticó que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

 

3155-D-2023

En tanto, sobre Mahiques, el diputado Rodolfo Tailahde pidió “no dejar sin efecto la citación”, pero llamar a la comisión a otro, al que es fiscal federal de la Ciudad. “La persona que festejó su cumpleaños (en el hotel Four Seasons), al que habrían llegado juntos Robles y D’Alessandro, no sería Ignacio sino Juan Bautista”, dijo.

Por otra parte, en relación a la presentación de Robles la semana pasada, Gaillard sometió a votación el envío de una nota a la Corte pidiéndole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti. 

En el escrito, puntualmente se le pide al máximo tribunal que “evalúe iniciar en uso de sus facultades de superintendencia acciones sumariales al señor Silvio Robles, atento su conducta como testigo reticente en virtud de la arbitraria invocación del artículo 18 de la Constitución Nacional, así como del artículo 8, inciso b, del reglamento para la Justicia”. 

Mientras que “en lo que respecta a las causas judiciales a las que ha invocado para prestar declaración testimonial para abstenerse de contestar las preguntas”, reclamaron que se “informe en el plazo de 10 días improrrogables” a la comisión, si la Corte “conoce la existencia de las mismas y, en tal caso, si sustanció sumario administrativo o adoptó en su caso acciones disciplinarias en relación al funcionario”. Tailhade pidió que la nota no solo sea girada a Rosatti, como presidente de la Corte, sino al resto de los jueces -Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti-.

Quien no dejó pasar la ausencia de la oposición fue el diputado Leopoldo Moreau, que resaltó que “el avance del juicio político no solamente ha ido demostrando y confirmando la existencia de gravísimas anomalías en el funcionamiento de la Corte, sino que nos ha ido llevando a correr el velo de una situación que es muy grave desde el punto de vista institucional. Estamos frente a la cabeza de un Poder Judicial que se ha manejado con intrigas, arbitrariedades, fallos contra derecho, fallos facciosos, dictados en particular a favor de una fuerza política”. 

Para el oficialista, el faltazo de Juntos por el Cambio fue porque “en la reunión anterior se tocó un nervio sensible” con “la convocatoria a Silvio Robles”. “Esta es la reacción”, lanzó, y se quejó que aunque Robles “ocultó la verdad” ha habido “un claro intento mediático de victimizar al testigo” cuando “en todo caso la que fue maltratada fue la comisión”. 

Pero también denunció que “la nueva mayoría de la Corte” está realizando “un despliegue muy amplio que está pretendiendo blindar a un sector del Poder Judicial”. “Está intimidando a algunos senadores de la Nación para que no presten quórum para pliegos que surgen de concursos”, advirtió sobre los acuerdos que se encuentran trabados en la Cámara alta y señaló que éstos nombramientos “perjudicarían en el Consejo de la Magistratura la correlación de fuerzas en favor de una lista de los magistrados. No es que impugnan la idoneidad”. 

“Hay una tarea de grupos económicos y medios hegemónicos de intimidación, los están intimidando a los senadores de la Nación”, agregó. 

Finalmente, el radical K consideró que “lo que está sucediendo hoy confirma que estamos en el buen camino, en el buen camino de garantizarles a todos los argentinos una Corte imparcial, transparente y que sea capaz de representar lo que debe representar”. 

Por último, se sometió a votación que la comisión remita a la justicia federal el informe preliminar sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, de modo que conste como presentación en las tres causas judiciales que se tramitan sobre este tema. 

Llamó la atención que en la última reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja su titular, Carolina Gaillard, no anunciara cuándo volverían a reunirse. Ni al principio, ni al final lo hizo, y muchos dieron por descontado que recién volverían a reunirse pasadas las elecciones primarias. La duda era entonces si inmediatamente después de las elecciones habría plafón para una convocatoria.

Lo cierto es que este viernes salió la citación para antes de las PASO, y con dos platos fuertes para lo que viene siendo este proceso. La convocatoria es para las 11 de la mañana de este martes 8 de agosto, y ha sido citado Marcelo Silvio D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. A él lo habían convocado para la última reunión y el día previo anunció que por razones particulares no podría estar y pidió ser reprogramado. Así las cosas, lo convocaron para este martes.

Como así también se lo citó a Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su citación había sido aprobada en la úntima reunión, y al pedir por él, el diputado Rodolfo Tailhade lo mencionó como “el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles”.

Tras la esperada declaración de Silvio Robles ante la Comisión de Juicio Político, donde hubo muchas preguntas que se abstuvo de responder, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade enfatizó: "La declaración de Robles vino a confirmar lo bien que estamos haciendo en hacer el juicio político a la Corte, porque el máximo funcionario después de los jueces es este cachivache que se presentó a despreciar a los representantes del pueblo, a la investigación y a tomarnos el pelo. Y seguramente lo hizo en connivencia con (Horacio) Rosatti".

"Es un testigo reticente claramente, una persona que no quiere declarar, que no quiere decir la verdad y no tiene ninguna justificación, es reticente y por lo tanto incurre en falso testimonio", apuntó el legislador K sobre el testimonio del director de la vocalía del presidente de la Corte.

Pese a que desde el oficialismo consideran necesario "un careo con Héctor Marchi", exadministrador de la Corte y hombre ligado a Ricardo Lorenzetti, el kirchnerista aclaró que a Robles no quieren "volver a llamarlo y que nos vuelva a decir las mismas cosas". Por eso, pedirán al máximo tribunal que "le ordene declarar sin la reserva".

Esto último es en alusión a uno de los dos instrumentos en los que se amparó el funcionario para no responder preguntas. Además de escudarse en el artículo 18 de la Constitución Nacional, para no declarar en contra de sí mismo, Robles también recurrió a un artículo del reglamento del Poder Judicial para mantener reserva.

"A Robles no lo podemos investigar, pero sí lo podemos obligar a declarar", afirmó y sostuvo que en la reunión "ninguna pregunta estuvo mal formulada, eran todas muy sencillas, pero evidentemente eran preguntas que lo comprometían, por qué sino no se entiende que se negara a responder sistemáticamente".

El oficialista dijo que buscarán conocer "si en la Corte hay conocimiento que un funcionario de máxima jerarquía está imputado en distintas investigaciones penales, si tienen conocimiento que hay causas contra él, y si se le iniciaron sumarios administrativos".

"Robles no es el objetivo, el objetivo es saber si Rosatti, (Carlos) Rosenkrantz, (Juan Carlos) Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño", subrayó en declaraciones a Radio 10.

También, Tailhade cuestionó que Robles "se amparó falsamente" en el artículo 18 de la Constitución "porque hoy no está imputado en ningún lado". Y, sobre el artículo del reglamento del Poder Judicial, señaló que anteriormente "vinieron 23 funcionarios de la Corte a la comisión, la mayoría secretarios letrados, y todos declararon sin ningún tipo de problemas, nadie invocó a ese artículo".

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade suele ser protagonista principalísimo de todas las reuniones de la Comisión de Juicio Político. Y no solo por sus intervenciones a la hora de preguntar, sino por la interacción que tiene con otros diputados. Hostiles, en general.

Fue el caso este martes de un cruce que tuvo con el diputado catamarqueño Francisco Monti (UCR), al que ante un cruce, el legislador de La Cámpora replicó en tono desafiante “No me durás ni un minuto, no me durás ni un minuto… ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?”, ante la mirada azorada del testigo Silvio Robles.

Más adelante lo cruzó también a Juan Manuel López que le estaba hablando encima:“No te tirés arriba de la granada, López, déjate de hinchar”.

Sobre el final, cuando ya se cerraba la reunión, el diputado Monti pidió la palabra y dijo no querer dejar pasar “algunas actitudes que me parece que son impropias de la Cámara de Diputados de la Nación”.

“En el fragor de la discusión, por la complejidad de los temas que tratamos, por el momento político que tiene la Argentina y por la relevancia que tiene el asunto en particular, uno asume a veces cierta tensión, se levanta la voz y en definitiva, estamos en la Argentina y lo naturalizamos… Pero mire, yo no soy miedoso, presidenta, yo no le tengo miedo a Tailhade ni a nadie, pero sí me parece que no tenemos que naturalizar que existan amenazas”.

Repitió entonces lo que le había dicho el diputado camporista y resumió: “Eso en lenguaje llano es una amenaza, es muy parecido a decir ‘te espero afuera’ y cosas por el estilo… Yo le repito, no tengo miedo, no voy a hacer una denuncia, no voy a hacer la payasada que hizo acá un tipo que por poco había que traerse seguridad porque se sentía amenazado”. Y redobló su embestida al considerar que no le parecía “muy valiente una persona que se dedica a la inteligencia por debajo, por eso me parece un cobarde; y la verdad que… allá él, cada uno será dueño de su propia cobardía. Lo que sí me parece y quiero destacar y quiero que quede asentado en la versión de esta comisión es que el señor Tailhade ha vertido una amenaza directa contra mi persona. Yo lo dejo esto acá, tema terminado, no lo vamos a llevar al recinto, ni a ningún otro ámbito, pero es un cobarde y espero que estas cosas no se repitan en un ámbito de esta naturaleza. Creo que no lo merece la comisión, no lo merece el Congreso de la Nación, no lo merece la política argentina y no lo merece el pueblo de la Nación”.

La agresión y la amenaza es el arma habitual del sector más rancio del kirchnerismo.
Desde #JuntosPorElCambio vamos a seguir defendiendo la integridad de la República.
No les tenemos miedohttps://t.co/9xZVIsbYs6

— Francisco Monti (@franmmonti) August 2, 2023

Intervino el presidente del bloque, Germán Martínez, que observó que “las adjetivaciones no terminan ayudando y me parece bien que demos por terminado este tema acá”. Pero le contestó a Paula Oliveto, que había dicho respecto hecho observaciones sobre el funcionamiento actual y futuro de la comisión, diciendo que a él le parecía que “la peor agresión la recibimos los diputados de todos los signos políticos, con testigos que lejos de colaborar con el proceso diciendo su verdad relativa sobre los hechos, no han hecho otra cosa que obstaculizar el funcionamiento de esta comisión amparándose en un oscurantismo que lo tienen muy instalado”.

Con la presencia de tres de los cuatro testigos convocados para este martes, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja desarrolló su décimonovena reunión, en torno al proceso que se desarrolla contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para esta nueva reunión las mayores expectativas estuvieron centradas en la presencia de Silvio Robles, director general de la Vocalía del doctor Horacio Rosatti); como así también estuvieron Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) y el contador público Alejandro Otero.

Estuvo ausente en cambio Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que según informó en el inicio de la reunión la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó a las 20 del lunes que “por cuestiones personales” no iba a poder asistir y pedía reprogramar la audiencia.

En esas circunstancias aclaró que habían pedido también reprogramar la toma de una “huella de voz” por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, cuestión que había sido prevista en la anterior reunión para chequear si es de D’Alessandro la voz que circuló en los audios difundidos por algunos medios, lo cual generó la reacción del diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, que advirtió que “esa prueba es fruto de espionaje ilegal; no van a subsanar una prueba ilegal con una pericia. No estamos de acuerdo con la pericia”.

“Ya fue votada y aprobada”, le aclaró Carolina Gaillard, que previamente había señalado que se le informaría al propio testigo por si quería designar un perito.

Al cierre de la extensa jornada que se extendió por más de siete horas, el oficialismo aprobó solicitar a la Corte la prueba del acto de designación de Robles, pedir el relevo de obligación de reserva del artículo 8 del reglamento interno del Poder Judicial "resumiendo lo que ha ocurrido en la reunión" para volver a citar al director de la vocalía de Rosatti. También votaron realizar un careo entre las declaraciones de Héctor Marchi y Robles por las "reiteras contradicciones" entre ambos a fin de clarificar la situación sobre el informe 4 de irregularidades en la OSPJN.

Gaillard detalló que aún está pendiente la citación a Carlos Mahiques "por la fiesta de cumpleaños la que motiva la excusación y recusación que presenta el Gobierno en la Corte". Además, propuso citar una audiencia de testigos expertos en el tema y "con eso estaríamos finalizando la investigación y armando el informe final sobre coparticipación".

Transferencia presupuestaria y no coeficiente fijo

El primer testigo de la jornada fue el contador Alejandro Otero, director de Relaciones Institucionales AFIP, quien había expuesto en el Senado cuando se debatió en las comisiones lo que finalmente sería la Ley 27.606 que redujo los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad y llevó a 1,40% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.

Consultado por el diputado Marcelo Casaretto sobre el proceso por el cual se arribó originalmente al 1,40% de coparticipación que recibía CABA a partir de 2003 y qué servicios cubría con ese porcentaje, Otero pidió atender el contexto en el cual fue fijado ese porcentaje: el de la salida de la crisis de 2001. “La Ciudad hasta ese momento recibía una suma fija de 157 millones de pesos y a posterior de la crisis, y en la medida que la economía se fue ordenando la recaudación nacional y de las provincias, la masa coparticipable comenzó a crecer. Cuando eso sucede se da una situación muy dispar entre las 23 provincias y la Ciudad”, explicó el funcionario de la AFIP, que agregó: “Las otras tienen coeficiente fijo, apropiaban una porción creciente de recursos, mientras que la Ciudad seguía con los 157 millones. En ese contexto, la ciudad avanzó en negociaciones para equiparar su situación con las provincias y obtener un coeficiente”.

El 1,40% finalmente se fijó tomando en cuenta lo que representaban los 157 millones en 1988, cuando se aprobó la Ley de Coparticipación y entró en vigencia la 26.588. Aclaró Otero que “se aspiraba a que la situación de la Ciudad fuera revisada en el contexto de la situación de la coparticipación en su conjunto”.

Consultado respecto del trámite que llevó, durante la gestión de Cambiemos, en enero de 2016, el porcentaje de 1,40 a 3,75%, como dispuso el decreto 194, y a qué servicios estaba destinado, Alejandro Otero señaló que “del decreto no surge cuál es el fundamento del incremento”. Ese comentario fue el que mantuvo a lo largo de toda su exposición. “Hay un decreto posterior, el 399, que establece dos cosas: primero, que el nuevo coeficiente no afectaba al Fondo Solidario; decía por otro lado que el incremento correspondía al servicio de seguridad. Ninguno de los dos decretos, ni ese, ni el 257 que corrige a la baja el coeficiente, menciona cifra alguna”.

En otro pasaje, Otero recordó que en ocasión de presentarse en el Senado había dicho que hay dos regímenes que rigen las relaciones financieras entre las provincias y la Ciudad y los que permiten que los fondos lleguen a sus destinatarios. “En mi opinión, la transferencia de servicios debiera solventarse vía transferencia presupuestaria”, sostuvo, argumentando que si bien se insiste en que el coeficiente que recibió la Ciudad, tal como fue previsto, no afecta la distribución de la ciudad, no afecta la distribución secundaria, lo cual consideró “absolutamente cierto. Pero la Nación es una jurisdicción que no tiene un territorio propio. Los gastos que realiza repercuten sobre el territorio nacional”.

Así las cosas, consideró que “si bien no hay una afectación directa, sí en términos de federalismo argentino más amplio. (Porque) quedan menos recursos para que la Nación gaste en erogaciones con impacto en el resto de las provincias”.

“Cuando uno transfiere un servicio, eso tiene un valor; si uno transfiere esos recursos, esos recursos van a atender ese servicio; si uno lo hace vía coeficiente, si crece la coparticipación, o si baja, transfiere más o menos, generando un enriquecimiento sin causa”, explicó, justificando su opinión respecto de que la transferencia de recursos vaya acompañada vía transferencia presupuestaria”.

Otero consideró que a su juicio la sanción de la ley tuvo “varias virtudes. Vino a ordenar algo que había quedado mal ordenado. Por un lado, completó un proceso de transferencia de servicios a la Ciudad que se había acordado en un proceso a la Ciudad que se había acordado en un convenio aprobado por la Legislatura, pero nunca aprobado por el Congreso, y la Constitución demanda que así sea”.

“También ese proceso transparentó ese acuerdo. Hasta entonces no se conocía cuál era el costo de la prestación, por lo tanto enderezó la cuestión. Separó el coeficiente del financiamiento de los servicios que se transfieren; y estableció un régimen de transición.  Había un régimen que regía hasta que se aprobara la ley; a partir de que se aprobaba la ley, luego se preveía que se conviniera entre Ciudad y Nación cuál era el costo y cuales las formas de financiación”, planteó.

Agregó Otero que “la cautelar que aprobó la Corte pone en entredicho esas virtudes que le encuentro a la  norma y fija un coeficiente de 2,95%; ordena a la Nación que gire los fondos en función de ese coeficiente”.

El diputado Casaretto le preguntó s le parecía que esa cautelar distorsionaba el espíritu de la Ley de Coparticipación, a lo que Otero precisó que “hasta donde vi, no hay un cálculo de por qué ese es el coeficiente, como sí lo hay en el proyecto de ley y la ley. Si distorsiona, la propia cautelar lo dice; si altera la coparticipación secundaria, no, los recursos siguen saliendo de la porción de la Nación. Pero por lo que dije antes, sí: los recursos de Nación financian erogaciones que se gastan en conjunto de las provincias”.

¿Este porcentaje injustificado es una designación arbitraria?, le preguntó finalmente Casaretto, a lo que Otero respondió que “claramente no se conoce cuál es el cálculo y en tanto a ello, el fallo corresponde a la voluntad de quienes lo emitieron”.

A continuación, el diputado Juan Manuel López le preguntó cómo había tomado conocimiento del fallo de la Corte. “Por los medios”, respondió Otero, por lo que el diputado de la CC consideró que “no es un testigo, es un experto que nos está dando opinión. Tomó conocimiento por los medios como cualquiera. Si vamos a hacer una etapa de expertos, avísenos y hacemos una etapa de expertos”.

A continuación, López le preguntó si había sido funcionario del Gobierno de la Ciudad, a lo que Otero respondió que sí, que había sido director general de Rentas entre 2000 y 2006. “Cuando destituyen a Aníbal Ibarra”, observó López.

Audiencias conciliatorias y una nueva citación

El segundo testigo en declarar fue Alejandro Daniel Rodríguez, titular de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia desde febrero del 2019 hasta la actualidad, quien respondió más de 30 preguntas que le realizaron los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, por el oficialismo, y Álvaro González, por la oposición.

En un primer momento, Rodríguez fue consultado sobre la intervención de su Secretaría respecto a la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia contra el Estado nacional, a lo que respondió que “había dos cautelares previas del año 2020 puestas en conocimiento por los ministros (de la Corte), pero la Secretaría de Juicios Originarios no tuvo intervención en la cautelar”.

Además, reveló que “hubo dos audiencias de conciliación entre mayo del 2021 y marzo del 2022, y una tercera que no se llegó a hacer porque las dos partes (Nación y Ciudad) no tenían intención de conciliar”. “Nuestro deber fue identificar y explicar que la Corte Suprema buscaba la mediación en el conflicto”, agregó.

Consultado por las personas presentes en las audiencias, Rodríguez mencionó: “Estaba el ministro de Economía de la Nación (Martín Guzmán en ese entonces), el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires (Gabriel Astarloa), algunos funcionarios porteños, colaboradores míos y yo”.

Tras ello, el titular de la Secretaría de Juicios Originarios remarcó que el máximo tribunal de justicia reiteró el pedido de una tercera instancia conciliadora que nunca llegó a realizarse. Del mismo modo, explicó que la Secretaría de Jurisprudencia, a cargo de Federico De Lorenzo, “es quien carga todo lo referido al expediente en el sistema de la Corte”.

También, desconoció si existió alguna secretaría que -fuera de la suya- que haya participado del dictamen de la Corte. “No conozco la circulación y no sé cómo se gestó el proyecto de resolución, pero el orden de las firmas está preestablecido. Primero el presidente de la Corte Rosatti, luego el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, tercero Juan Carlos Maqueda, por antigüedad, y cuarto Ricardo Lorenzetti”, amplió.

Por otro lado, aseguró que el expediente de la Corte sobre fallo de la coparticipación federal “se encuentra en una computadora dentro de su Secretaría”, y afirmó que “se han efectuado algunas presentaciones desde las dos partes, pero no tiene movimientos ni decisiones desde el 21 de diciembre del 2022”.

El diputado Tailhade insistió en preguntar sobre alguna intervención de la Unidad de Análisis Económico respecto de los impactos económicos de la medida, pero Rodríguez aclaró que “nunca hubo ninguna intervención”. Asimismo, fue consultado sobre el tema (impactos económicos) y respondió que “es una apreciación que no me corresponde hacer”.

De este modo, el legislador pidió citar para la próxima reunión de Comisión de Juicio Político a Federico De Lorenzo, secretario de Jurisprudencia, y pedir el expediente a la Corte del fallo de la coparticipación federal, que al final de la declaración de Alejandro Rodríguez fue votado con resultado positivo.

De forma breve y directa, Leopoldo Moreau le consultó al secretario de Juicios Originarios respecto de la presencia de Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, en alguna de las dos audiencias conciliadoras: “No lo recuerdo”, contestó Rodríguez.

Por ello, Rodríguez aclaró que “había muchas más personas de las que figuraban en el acta porque, en ese entonces, había restricciones sanitarias y tomamos medidas de distanciamiento”.

Del mismo modo, fue consultado por la presencia de Robles, Astarloa y Natalia Monayer (secretaria de la vocalía de Rosatti) en la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, a lo que Rodríguez respondió que “sí estaban presentes”, pero aclaró que “no conversé con ninguno de ellos y asistí a la cena de fin de año por camaradería, pero de saber que había tanta gente (más de 700 personas) no hubiese ido”.

En contraposición, el diputado Álvaro González consultó sobre los tiempos de tramitación de la demanda de CABA hasta las dos audiencias de conciliación y Rodríguez explicó: “la causa fue presentada en 2020, al año hubo una audiencia conciliadora en 2021, y al otro año, la segunda reunión. La tercera no llegó a realizarse”.

De esta manera, González enfatizó en que “los tiempos de la Corte fueron prudentes y no hubo ningún apuro”. “Desde que empezó este proceso en febrero, hay cierta creencia de que la Corte tuvo incidencia en los tiempos y vemos que no ha sido así”, aseveró.

Finalmente, la presidenta de la comisión despidió al secretario de Juicios Originarios, Alejandro Daniel Rodríguez, y dejó establecida la citación de Federico De Lorenzo, titular de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para la próxima reunión.

Por último, llegó el turno de la declaración tan esperada de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema. Tras casi seis horas de interrogatorio, el funcionario se negó a responder las preguntas amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el reglamento interno del Poder Judicial.

Por el contrario, leyó un documento en el que denunció que lo acusaron falsamente de distintos hechos y que "intentaron construir una historia en base a calumnias". También que su familia recibió amenazas y cuestionó que lo "hostigaron" al realizarle algunas preguntas.

Tres semanas después de la última reunión, se realizará este martes 1° de agosto a partir de las 13 una nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Será la décimonovena, desde que el 26 de enero se inició el  proceso investigativo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Será también el reinicio del juicio luego del receso invernal, y la continuidad del análisis de la causa referida a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si la Corte deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

Según informaron a parlamentario.com fuentes de la comisión, las citaciones salieron hace dos semanas, el pasado 12 de julio, y hasta el momento ninguno de los testigos confirmó su asistencia o eventual ausencia.

Esta reanudación de las audiencias tendrá dos platos fuertes: las esperadas exposiciones de Silvio Robles (director general de la vocalía de Horacio Rosatti) y de Marcelo Silvio D’Alessandro (exministro de Justicia y Seguridad de CABA), previéndose un especial interés de parte del oficialismo en indagar respecto de los famosos chats difundidos entre ambos. Es de esperar que tanto los testigos, como la oposición, rechacen de plano convalidar esos supuestos diálogos que ya la justicia desestimó, pero no por ello el tema dejará de estar omnipresente durante toda la jornada.

También se indagará a Robles en torno a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que había visto a Robles presente en la misma, pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro. Sobre el tema preguntó el diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que “el hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta. Moreau insistió en que sí era una irregularidad que no hubiera constado esa presencia, pero luego el diputado Pablo Tonelli insistió en que no veía nada irregular, sino habitual, tratándose de alguien que no participaba de ningún modo de la audiencia.

“¿Cuál es la falsedad ideológica?” de ese acto, planteó a su turno la diputada Mariana Stilman, al insistir en que no se trataba de una reunión secreta y tratándose de alguien como Robles que es funcionario judicial.

El tema fue y vino una y otra vez, pues Rodolfo Tailhade habló de un “ocultamiento” deliberado de parte de la Corte respecto de esa audiencia. Y se preguntó por qué se lo había “ocultado”, cosa que podría resolverse “cuando traigamos al doctor Alejandro Rodríguez, que es quien labra estas actas. “Me parece que él va a estar en condiciones de decir por instrucción de quién ocultó a Silvio Robles”, concluyó.

Precisamente Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) está convocado también como testigo para la reunión de este martes, así que se verá cuál es su respuesta sobre el tema.

En el caso del cuarto testigo, el contador público Alejandro Otero, es actualmente funcionario de la AFIP, y fue el funcionario del Gobierno nacional que expuso ante el Senado en oportunidad del tratamiento de lo que luego la Ley 27.606. El oficialismo quiere que Otero exponga en torno al estudio que llevó adelante, para dar cuenta sobre los porcentajes de los que habla la norma.

En el segundo encuentro para analizar la causal “coparticipación” se escucharon nuevos testimonios y nuevamente todos los focos apuntaron hacia la figura de Silvio Robles.

Por la proliferación de otras reuniones en ambas cámaras, la 18° reunión de la Comisión de Juicio Político tuvo la particularidad de no ser protagonista excluyente de la actividad del Congreso. Y eso se notó también en ausencias importantes que se dieron en el transcurso del encuentro, por tener que cumplir algunos legisladores con su presencia en otras comisiones.

Tal cual lo previsto, se avanzó con la causa “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en la que fue la última audiencia antes del receso invernal, pues la actividad de esta comisión se retomará el 1 de agosto.

Como es habitual, la reunión arrancó con un pedido de ampliación de pruebas formulado por el diputado Rodolfo Tailhade, quien solicitó el testimonio de Alejandro Otero, actualmente funcionario de la AFIP y que fue el funcionario del Gobierno que expuso en el Senado, en oportunidad del tratamiento de lo que luego sería la Ley 27.606, que estableció el monto que se le asignaría a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación. Para Tailhade, “es muy interesante el análisis o el estudio que llevó adelante Otero, porque va a dar cuenta de los porcentajes de los que habla la ley”.

También pidió el legislador camporista que como prueba documental se librara oficial al Poder Ejecutivo para que remitiera a la comisión copia certificada del expediente de Jefatura de Gabinete 1831/2016, que es el antecedente del decreto 1914/16; asimismo el expediente que antecede el decreto 399/16, y los expedientes correspondientes a los decretos 257/18 y 735/2020.

Por último, Tailhade solicitó pedirle a la Corte Suprema librar oficio sobre la circulación entre dependencias, secretarías y vocalías de las causas en cuestión. Pidió también conocer la información pertinente de la vocalía que intervino en la redacción de la medida cautelar y, entre otras, cosas, el orden de los votos de los magistrados, como así también indicar si desde la presidencia de la Corte se había realizado algún peritaje o informe técnico que avalara el guarismo del fallo cautelar.

Previsiblemente, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica) aclaró que “esta es una causa en trámite, incluso el Poder Ejecutivo se sigue defendiendo con recursos, que si bien no son correctos, todavía están pendientes de resolución”. Así las cosas, advirtió que “no podemos confundir el expediente con esta comisión, y no podemos hostigar a la Corte en una causa que todavía tiene que resolver”. Por eso estimó que ninguna de esas medidas era “procedente” y, obviamente, no acompañarían esos pedidos, que de todas formas fueron aprobados por la mayoría de los miembros de la comisión que forman los legisladores del FdT.

Antes de votar, la titular de la comisión, Carolina Gaillard, explicó que los expedientes solicitados tienen que ver con la búsqueda de determinar los actos resueltos por las partes. Respecto de Alejandro Rodríguez, al principio del juicio contó que el proyecto de la cautelar no  había pasado por la Secretaría de Juicios Originarios, razón por la cual había sido citado.

Los testimonios

De los testigos convocados, estuvieron la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, exsecretaria de las Provincias, quien por ese cargo tuvo dentro del Ministerio del Interior fue parte de las audiencias con la Corte en la previa del fallo. También expusieron los fiscales de Estado de las provincias, quienes apoyaron el pedido de enjuiciamiento de los miembros de la Corte: Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.

El testigo que no asistió y pidió ser reprogramado fue Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires.

La primera testigo de la jornada fue la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien concurrió en función del rol que tuvo como secretaria de las Provincias del Ministerio del Interior, entre el 10 de diciembre de 2019 al 3 de julio de 2022. Recordó que entre las áreas que manejaba se encontraba la que hace a las relaciones fiscales entre el Gobierno nacional y las provincias.

Al responder preguntas del diputado Marcelo Casaretto (FdT), la funcionaria mencionó que “la Ley de Coparticipación es del año 88, y la Ciudad reconoce su autonomía en el año 94, cuando también la Constitución le da carácter constitucional al régimen de coparticipación”.

Sobre la modificación en el porcentaje de coparticipación de la Ciudad que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri, la economista apuntó que “cuando se hace la modificación del decreto original de 2003 (que establecía un 1,4%) no había ningún fundamento para llevar la coparticipación al primer número de 3,75%”.

“Cuando fuimos a buscar los antecedentes de esos tres decretos de la gestión de Macri no había ningún antecedente, y de hecho el primer decreto no explica los motivos por el cual se aumenta el porcentaje de 1,4% a 3,75%. Tiene que venir un segundo decreto que lo que hace es corregir una omisión de información”, señaló y subrayó que “no hay ningún informe técnico, no hay ningún fundamento que explique por qué se pasa del 1,4% al 3,75%”.

Un pasaje polémico se dio cuando el diputado Leopoldo Moreau, quien consultó a la testigo sobre la presencia de Silvio Robles en la audiencia convocada por la Corte de la que participaron representantes del Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad. Batakis ubicó dónde se encontraba sentado Robles, quien no figuraba en el acta redactada sobre la reunión. “El hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice, que puede haber motivado algún chiste, tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”, sostuvo Leopoldo Moreau. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

Moreau planteó que “estamos cuestionando este fallo cautelar porque tenemos la sospecha más que fundada de que ha sido negociado y traficado por este fantasma que no aparece en el acta y parece actuar como quinto cortesano”.

Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta.

Los representantes de las provincias

El primero en exponer de parte de las provincias fue Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de la provincia de Santiago del Estero, quien dio expresó que su provincia se manifestó contra el aumento de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, por cuanto “se trataba de una causa donde estaba directa o indirectamente comprometida la coparticipación federal y todas las provincias que tienen interés en el mismo, solicitábamos ser escuchados”.

Respecto del fallo, estimó que “no es fruto de estudios técnicos que determinen si ese porcentaje es justo”.

“El fallo en sí es un adelanto de opinión respecto de la causa principal, puesto que se establece una verosimilitud de derechos que es señalada por la Corte, pero no es argumentada, y un fallo cautelar de este tipo contra una ley, indudablemente está marcando un rumbo que seguramente para los que entienden del derecho la Corte no se va a poder apartar de este rumbo”, sintetizó.

En línea con lo que después expondrían sus colegas, el funcionario provincial cuestionó que no les hubiera dado participación a las provincias para ser escuchadas como amicus curiae.

¿En ningún caso obtuvo respuesta?, le preguntó Germán Martínez respecto de su pedido de ser reconocidos como amicus curiae. “No es que no hemos tenido respuesta, no ha tenido entrada: quedó en canastilla el pedido, por lo menos el de la provincia de Santiago del Estero”, respondió.

Esa situación llevó a la oposición a exponer sus reparos por cuanto “el mismo testigo reconoció que él no es parte, por lo cual por sus propios sentidos no sabe nada, sino que viene acá a hablar porque conoce de la materia, y porque intentó ser amigo del tribunal”, según señaló Juan Manuel López.

Para terminar su intervención, Abate respondió que “el silencio de la Corte es un desprecio a las provincias”, y le mandó un mensaje directo a todos los diputados de la oposición con cierta ironía: “Gracias a todos por su silencio”.

El Doctor Pedro Oscar Goyochea es el Asesor General de Gobierno de la provincia de La Rioja, y luego de ser presentado formalmente por la presidenta de la comisión Gaillard, expuso que “por pedido del gobernador riojando (Ricardo) Quintela se presentó ante la Corte Suprema en julio y en diciembre del 2022 para rever la Acordada”.

“La presentación en estas dos instancias fue argumentada por naturaleza histórica y de carácter jurisprudencial. Hemos advertido que la Corte Suprema a partir del 2017 adoptó un nuevo estándar referido a las presentaciones de CABA para tener participación en causas originarias”, expresó.

Además, Goyochea añadió que “CABA logró esta situación de privilegio para participar en estas instancias judiciales”. “Se termina beneficiando con las partidas de coparticipación y a partir de esto, La Rioja solicita el amicus curiae”, señaló.

Ante la pregunta del diputado Rodolfo Tailhade respecto a la composición del 2,95 por ciento de coparticipación a CABA, el riojano contestó que “no aparece en la cautelar ningún calculo que justifique ese número”. “La Rioja tiene en la Constitución provincial dos órganos que tienen las facultades de suscribir este tipo de demandas, pero en ninguna de las dos ha proveído dicha solicitud por parte de la Corte Suprema”.

Consultado por el Pacto Fiscal 2020, Goyochea aclaró que “debe ser homologado en la Legislatura porque la estructura que presenta permite visualizar los acuerdos vinculados con la coparticipación y esto permite visibilidad sobre los fondos de coparticipación”.

Por último, el oficialista Tailhade le preguntó sobre la filtración de conversaciones entre Silvio Robles, asesor de la Corte Suprema, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño, a lo que respondió: “Se erradicó una denuncia en el Juzgado de Instrucción Federal y hay elementos de pruebas y suficientes para realizar una investigación”.

No obstante, Goyochea afirmó que la denuncia realizada “fue enviada hacia los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y cayó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti”. En esta instancia, Tailhade aprovechó para ironizar en contra de la magistrada, quien está a cargo de la investigación por el intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El anteúltimo expositor fue el doctor Marcos Denett (fiscal de Estado de la provincia de Catamarca), quien fue presentado por el diputado riojano Ricardo Herrera (FdT). “La provincia de Catamarca se presentó para ejercer las facultades instaurados a través de la Acordada de la Corte como amigo del tribunal”, explicó el fiscal.

“El objetivo fundamental fue enriquecer el debate constitucional porque es el el debate realmente nos interesaba. Referenciamos que la coparticipación federal de impuestos y explicamos que la Corte del 2016 al 2020, tuvo desfasajes en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, afirmó.

En esa línea, el catamarqueño agregó que “todo el arco federal planteó su disconformidad”. “Pedirle a la Corte que aplicará la ley como corresponde nos parecía una situación de vergüenza ajena porque excedía el marco conceptual, pero debíamos manifestarlo”.

Además, expresó: “CABA tiene beneficios injustificados porque tienen tarifas diferenciadas y jamás la Corte determinó nuestra presentación”, y aseveró que “la Corte vulneró el régimen constitucional de las garantías del debido proceso, se violentaron normas y se violentó el federalismo”.

“El silencio fue la respuesta de las dos presentaciones que realizamos y nosotros le dijimos a la Corte que CABA intenta tergiversar maliciosamente en su favor”, indicó Denett. Del mismo modo, se mostró consternado y agregó que “venimos trabajando fuertemente por muchos años de postergación”

Denett relató que “vemos los edificios iluminados y vacíos de gente en CABA y a nosotros nos duele tener un foco prendido en el interior”. “Hay una diferencia estructural de desigualdad que ningún gobierno pudo modificar. Esto es lo que lo queremos explicarle a la Corte Suprema”, enfatizó.

“La Corte desbarró con esta sentencia porque sus fundamentos no tienen respaldo en la legislación vigente y este fallo me ha generado desazón como abogado”, finalizó el fiscal estatal de la provincia de Catamarca.

Finalmente, el fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, Fernando Tanarro, respondió las preguntas que le la diputada entrerriana Blanca Osuna y expresó que “el mecanismo de coparticipación que impuso la Corte incidía directamente en las finanzas y economía de las provincias”.

“Nosotros queríamos con estas presentaciones, argumentar la importancia de que se mantuviera la ley vigente. Fuimos los primeros en hacerla, pero la Corte no la aceptó por mesa de entrada aun, y nuestros pedidos siguen sin ser respondidos por parte de la Corte”, manifestó.

A su vez, expresó que “la Corte se extralimita en sus funciones, y establece un porcentaje infundado para nosotros del 2,95 por ciento”, y contestó sobre los decretos 194/16 y 257/18 que definieron índices de coparticipación: “Nosotros entendemos que el 194 carece de fundamentos y no fue acordado con la transferencia de seguridad a CABA, y el 257 fue producto del consenso fiscal del 2017, reduce la cifra. Entendíamos nosotros que el 735 venia a solucionar fallas de estos decretos”.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Juicio Político dio por finalizada la reunión y anunció que la próxima será el martes primero de agosto con las citaciones a Silvio Robles (asesor del presidente de la Corte Rosatti), Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad porteño) y al doctor Alejandro Rodríguez.

Primera testigo de la jornada, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, concurrió en función del rol que tuvo como secretaria de las Provincias del Ministerio del Interior, entre el 10 de diciembre de 2019 al 3 de julio de 2022. Recordó que entre las áreas que manejaba se encontraba la que hace a las relaciones fiscales entre el Gobierno nacional y las provincias.

Al responder preguntas del diputado Marcelo Casaretto (FdT), la funcionaria mencionó que “la Ley de Coparticipación es del año 88, y la Ciudad reconoce su autonomía en el año 94, cuando también la Constitución le da carácter constitucional al régimen de coparticipación”.

“En 2016, cuando se transfiere la policía, el Gobierno de la Ciudad no tenía la posibilidad de hacer la liquidación de todos los costos vinculados con esa transferencia. Entonces, durante todo 2016, las liquidaciones de los gastos que eran necesarios las hacía el Gobierno de la Nación. Es decir, por ejemplo, la liquidación de los sueldos de la policía, que representaban el 91% de las erogaciones. Están todos los documentos donde el Gobierno de la Ciudad le devolvía esos recursos al Gobierno nacional. Esa devolución, para compensar, ascienden aproximadamente en 8 mil millones de pesos”, explicó.

Sobre la modificación en el porcentaje de coparticipación de la Ciudad que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri, la economista apuntó que “cuando se hace la modificación del decreto original de 2003 (que establecía un 1,4%) no había ningún fundamento para llevar la coparticipación al primer número de 3,75%”.

“Cuando fuimos a buscar los antecedentes de esos tres decretos de la gestión de Macri no había ningún antecedente, y de hecho el primer decreto no explica los motivos por el cual se aumenta el porcentaje de 1,4% a 3,75%. Tiene que venir un segundo decreto que lo que hace es corregir una omisión de información”, señaló y subrayó que “no hay ningún informe técnico, no hay ningún fundamento que explique por qué se pasa del 1,4% al 3,75%”.

Batakis expresó que “el proceso de transferencia de recursos desde la Nación a la Ciudad es de larga data”. Cuando salió la Ley de Coparticipación en 1988, “en aquel entonces (la Ciudad) era una intendencia y tenía un presupuesto que se erogaba desde el presupuesto nacional”, dijo, y resaltó que “en el 2003 se estableció por decreto el 1,4%” de coparticipación, que era un número que “representaba la totalidad del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires”.

Al recordar el aumento dado en 2016, la funcionaria aseguró que “los gobernadores mostraron mucho enojo en ese momento porque pasar del 1,4% al 3,75% lo que hace es detraer recursos del Gobierno nacional, con los que efectivamente no va a contar para hacer erogaciones en el resto de las provincias”. Por eso, posteriormente se saca un “tercer decreto donde se reduce la coparticipación a 3,5%”, pero que “tampoco tiene un documento donde haya fundamentos técnicos y pruebas para eso”.

“Lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son”, enfatizó y destacó que “el régimen de coparticipación federal no fue creado y no tiene como objetivo cubrir transferencias de una misión o función”.

“Esta transferencia claramente es infundada y hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad”, afirmó la exministra de Economía y agregó: “La transferencia del Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad excedía el presupuesto propio del Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad”.

En otro tramo, insistió que “cuando el Gobierno nacional ejecuta su presupuesto lo ejecuta en las provincias, y al disponer de menos recursos por una de las fuentes fundamentales que tiene el presupuesto de la Nación, claramente se ven afectadas el resto de las jurisdicciones”.

Sobre las audiencias que mantuvieron las partes por el conflicto judicial, la exsecretaria de las Provincias contó que “se hicieron distintas propuestas para tratar de llegar a un número y una metodología en común” pero “la Ciudad no aceptó ninguna de las propuestas”, argumentando que “no cubrían las expectativas que ellos tenían respecto del 3,5%”.

La presencia de Silvio Robles

Cuando le tocó intervenir al diputado Leopoldo Moreau, se dio una situación curiosa, pues la funcionaria terminó detallando sobre una pizarra cómo habían estado ubicados todos los participantes de la audiencia en el seno de la Corte Suprema en la que se analizó el tema de la coparticipación y de la que ella tomó parte.

Allí ubicó en el plano que dibujó a mano alzada, dónde estaba Silvio Robles, cuya presencia no consta en el acta correspondiente a esa reunión.

A continuación, el diputado Moreau explicó entonces el porqué de su pedido: “El hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice, que puede haber motivado algún chiste, tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

Moreau planteó que “estamos cuestionando este fallo cautelar porque tenemos la sospecha más que fundada de que ha sido negociado y traficado por este fantasma que no aparece en el acta y parece actuar como quinto cortesano”.

Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta. Moreau insistió en que sí era una irregularidad que no hubiera constado esa presencia, pero luego el diputado Pablo Tonelli insistió en que no veía nada irregular, sino habitual, tratándose de alguien que no participaba de ningún modo de la audiencia.

“¿Cuál es la falsedad ideológica?” de ese acto, planteó la diputada Mariana Stilman, al insistir en que no se trataba de una reunión secreta y tratándose de alguien como Robles que es funcionario judicial.

El tema fue y vino una y otra vez, pues Rodolfo Tailhade habló de un “ocultamiento” deliberado de parte de la Corte respecto de esa audiencia. Y se preguntó por qué se lo había “ocultado”, cosa que podría resolverse “cuando traigamos al doctor Alejandro Rodríguez, que es quien labra estas actas. “Me parece que él va a estar en condiciones de decir por instrucción de quién ocultó a Silvio Robles”, concluyó.

El pago a la Ciudad

Desde la oposición insistieron en preguntarle sobre el cumplimiento del fallo de la Corte en cuanto al  pago por parte del Banco Nación del porcentaje de coparticipación que según el Tribunal le corresponde. En esa instancia se dio una discusión, pues desde el oficialismo enfatizaron que “no se puede cumplir una medida que está recurrida”.

Finalmente Batakis contestó que la entidad que ella preside no fue notificada “porque la Corte entiende que es simplemente un agente financiero”.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realiza este martes desde las 13.12 una segunda audiencia con testigos para abordar la causal “coparticipación”, en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El encuentro será el último que se realice antes del receso invernal, ya que las audiencias se retomarán el próximo 1ro. de agosto.

La lista original incluía a siete testigos, pero dos de ellos no asistirán en la fecha: Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema. El primero justificó su inasistencia y pidió reprogramación. A Astarloa se lo había convocado para "tener la postura de ambas partes", dijo Carolina Gaillard, presidenta de la comisión.

Entre los citados, por el voto del Frente de Todos, se convocó a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, exsecretaria de las Provincias.

Además, en representación de provincias que alzaron la voz cuando el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la causa coparticipación, estarán Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.

La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

Un total de siete testigos fueron citados para este martes, a las 13, a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde la semana pasada se comenzó a indagar sobre la causal "coparticipación" en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El encuentro será el último que se realice antes del receso invernal, ya que las audiencias se retomarán el próximo 1ro. de agosto, informó la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

La lista de testigos, de los cuales no se descarta que alguno pueda ser reprogramado, incluye a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, exsecretaria de las Provincias. Precisamente, por ese cargo que tuvo dentro del Ministerio del Interior es que fue convocada.

Además, en representación de provincias que alzaron la voz cuando el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la causa coparticipación, estarán: Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.

El listado se completa con Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema.

Precisamente Astarloa adelantó que no puede concurrir este martes, según pudo saber parlamentario.com. El resto de los convocados están confirmados.

En el último encuentro, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una "huella de voz" de Marcelo D'Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó su actividad con la participación de dos testigos, convocados en el marco de la causal “coparticipación”, que investiga sobre el fallo de la Corte Suprema en favor de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por otra parte, para este jueves había sido citado el juez Juan Carlos Maqueda, pero no asistió ni envió un informe por escrito. 

Al cortesano se lo notificó de 14 cargos que se le formularon “provisionalmente”, por medio de una resolución votada por el oficialismo días atrás, a raíz de las conclusiones de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. A Maqueda se le adjudica haber sido el “administrador” de la misma durante los años 2008 a 2021, período tomado incluso para una auditoría ordenada por la Corte. 

En el arranque de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), informó que Maqueda “no ha asistido de forma presencial a la comisión a dar el descargo, ni tampoco lo ha hecho por escrito, habiéndose vencido los diez días hábiles que se le habían otorgado”. No obstante, “la no presentación de este informe no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a elaborar la acusación correspondiente”, afirmó. 

También, para continuar en paralelo con la investigación de las irregularidades en la obra social durante otros períodos de tiempo, el Frente de Todos votó formalmente la conformación de una subcomisión, que estará a cargo de la diputada Vanesa Siley (FdT) y será integrada por tres miembros del oficialismo y dos de la oposición. 

La comisión tiene previsto reunirse nuevamente el martes que viene (11 de julio), pero tras ello recién reanudará las audiencias el próximo 1ro. de agosto, luego del receso invernal, informó Gaillard y precisó que los testigos citados a la próxima reunión serán la exsecretaria de provincia la licenciada Silvina Batakis; el Procurador del Tesoro de la Ciudad, Gabriel Astarloa; nuevamente será citado al secretario de juicios originarios, Daniel Rodríguez y los fiscales de Estado de las provincias de Catamarca, de Santiago del Estado, La Rioja y Santa Cruz.

Antes de recibir a los testigos, se sometió a votación una ampliación de prueba solicitada por el diputado Rodolfo Tailhade (FdT). Entre los pedidos, se aprobó realizar una “huella de voz” del exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. 

También se incorporó como testigo a Rogelio Frigerio, diputado nacional hasta días atrás y exministro del Interior durante el gobierno de Cambiemos. Candidato a gobernador de Entre Ríos, se definió convocarlo tras las elecciones.

Los testigos

El primero en hablar fue el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quien deslegitimó el aumento de la coparticipación a CABA y cuestionó los decretos del Gobierno anterior que incrementaron las partidas para la Ciudad al sostener que tenía históricamente desde 2003 una coparticipación del 1,4% de la masa de recursos que se distribuyen.

"No van a encontrar ninguna referencia específica a que ese incremento del 1,4% al 3,75% tuviera una correspondencia con el costo de los servicios transferidos a la Ciudad", planteó. Además, Diez contó que había examinado los expedientes administrativos en los que fueron dictados esos decretos y no encontró ningún análisis que permitiera determinar que ese mayor costo de la Ciudad fuera representativo del diferencial.

Luego fue el turno de Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien afirmó que "no se le dio intervención a la Unidad de Análisis que conduzco" para analizar el informe de la causa de Coparticipación.

También fue consultado por el traspaso de la dependencia de la Policía Federal de Nación a la Ciudad y aclaró que "la única intervención que tuvimos fue brindando información sobre el presupuesto de la policía federal en el marco del Ministerio de Seguridad".

El primer testigo de este jueves fue Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien fundamentó la postura oficial sumamente crítica respecto de la decisión de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación.

Al ser interrogado por Leopoldo Moreau sobre los tres decretos de la gestión Cambiemos que beneficiaron a la Ciudad, el funcionario sostuvo que la postura del Gobierno nacional respecto de los mismos queda condensada en los considerandos del decreto del año 2020 que los dejó sin efecto, en función de “la ilegitimidad que para el Poder Ejecutivo Nacional tienen aquellas medidas”.

Respecto de los “vicios” de esos decretos, Diez sostuvo que la Ciudad tenía históricamente desde 2003 una coparticipación del 1,4% de la masa de recursos que se distribuyen. “A principios de 2016, fue suscripto entre el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo de la Ciudad el convenio de traspaso de funciones de seguridad en materia no federales. En el convenio de traspaso de la policía no fue estimado el costo que podía representar la ejecución o cumplimiento de esos servicios no federales, y tampoco se estableció allí ningún mecanismo o procedimiento destinado a establecerlo”, dijo el funcionario.

El subprocurador del Tesoro de la Nación sostuvo que “suscripto el convenio de transferencia de competencias que nada decía al respecto, un par de semanas más tarde fue dictado el decreto 194, que contempla el incremento de la coparticipación para la Ciudad”. Allí, agregó, “no van a encontrar ninguna referencia específica a que ese incremento del 1,4% al 3,75% tuviera una correspondencia con el costo de los servicios transferidos a la Ciudad. Incluso hay un lenguaje bastante amplio que va más allá de la cuestión de seguridad”, abundó, señalando que por ejemplo se usaban frases que referían la intención de “consolidar la autonomía de la Ciudad”. Pero aclaró que “no van a encontrar allí referencia específica al costo de los servicios de seguridad transferidos”.

Diez contó que había examinado los expedientes administrativos en los que fueron dictados esos decretos y no encontró ningún análisis que permitiera determinar que ese mayor costo de la Ciudad fuera representativo del diferencial. “En esos expedientes no van a encontrar ningún análisis específico que refiera el porqué de ese incremento -continuó-. Evidentemente alguien advirtió eso y propuso el decreto posterior, para vincular ese porcentaje con la transferencia de la seguridad, pero tampoco van a encontrar ningún análisis técnico económico-financiero que permita encontrar una correspondencia entre el costo de los servicios transferidos y ese diferencial de coparticipación”.

“Me suena bastante extraño que fuera un número redondo, que el 3,75 fuera a representar el porcentaje justo. Curiosamente dio eso”, deslizó, apuntando que el incremento de la coparticipación había sido el 1 de enero y recién en febrero se le trató de dar explicación vinculándolo con las cuestiones de seguridad.

Agregó que un par de años más tarde el porcentaje fue disminuido a 3,50, y esa baja de 0,25% estuvo vinculada a su juicio con una modificación que tuvo que ver con la coparticipación de ganancias. “Y ahí debe haber existido un reclamo de las provincias, al advertir que quedaba sobreasignada la Ciudad, y en el Pacto Fiscal 2017 se dijo que iban a rebajarlo, pero no se dijo a cuánto. Le sigue a ese Consenso Fiscal el decreto 257, que reduce el 0,25%, supuestamente al mayor costo que tuvo que asumir la ciudad con motivo de la transferencia de la seguridad en cuestiones no federales”.

El funcionario sostuvo luego que “nuestra postura en representación del Estado nacional es que los decretos 194, 392 y 257 carecen de fundación económico y financiera, y el cuestionamiento que desde la representación del Estado nacional hemos formulado estriba en que la forma de compensar el mayor costo fruto de la transferencia de servicios a una administración local no debe ser la fijación de un porcentaje determinado dentro de la coparticipación, sino la medición del costo, fijando luego una cláusula de ajuste. Pero no necesariamente atado a un porcentaje de la coparticipación”.

El otro planteamiento para fundamentar la “ilegitimidad” de los decretos, continuó, “es que hasta que se sancionó la ley que aprobó el convenio de transferencia, el Congreso no había sido expresamente oído en este punto, y nuestra postura es que si existe una transferencia de servicios, podemos analizar un escenario en el que en el marco de la Ley Cafiero pudieran celebrarse convenios de transferencia; pero estando expresamente involucrados recursos de la Nación, debía ser tratada la cuestión en el ámbito del Congreso”.

Al ser consultado sobre si el fallo de la cautelar de la Corte cuestionado había intervenido la Unidad de Análisis Económico de la Corte, para elaborar un informe técnico, Diez admitió que lo desconocía. “Sí puedo decirle que no hemos podido advertir en el expediente tal intervención. No se nos dio traslado a las partes del  informe pericial, y en el fallo del 21 de diciembre del año anterior, donde se fija el 2,95% mientras dure el juicio, no advierto ninguna fundamentación del porcentaje”.

“Por eso planteamos que esa decisión estaba encuadrada como una sentencia arbitraria, porque no da fundamentación el por qué”, agregó.

Más tarde, el diputado del Pro Pablo Tonelli aclaró que la Corte sí había fundamentado dicho porcentaje. "Me parece que su testimonio ha sido interesado y por lo tanto carece de objetividad", concluiría más tarde Tonelli.

La recusación

Para el funcionario, la Corte con su fallo “adelantó lo que será su sentencia futura”.

Al referirse a los chats y la participación de Silvio Robles en una fiesta con el exministro Marcelo D’Alessandro, Diez señaló que “de ser ciertos esos intercambios, muestran una relación promiscua impropia entre un funcionario del Poder Judicial y el ministro de Seguridad de la Ciudad”. Agregó que “la sola existencia de estas noticias periodísticas generaba un factor más que nos llevaba a sostener una recusación por estar en crisis la confianza sobre la equidistancia e imparcialidad de quien debía decidir sobre este proceso”.

“Luego de la aparición de estos chats, el Poder Ejecutivo Nacional decidió, acompañado por los gobernadores de las provincias, pedir la apertura del juicio político”, puntualizó.

El oficialismo impuso una vez más su mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para aprobar una ampliación de prueba en el marco de la investigación por mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema, a partir del fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema coparticipación. 

Entre varios testigos que propuso citar, y prueba documental para incorporar, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade (FdT) solicitó que se realice una huella de voz de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. 

En los chats filtrados no sólo hay mensajes escritos, sino “distintos audios”, afirmó el legislador y resaltó: “Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis de investigación que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso”. Por eso, subrayó la importancia de probar “la verosimilitud de estas filtraciones”. 

“Como todavía no tenemos las manifestaciones testimoniales de Robles y D’Alessandro sobre si reconocen estos chats, por lo pronto solicito que hagamos una prueba independiente”, expresó y dijo que la voz de D’Alessandro se podía extraer de reportajes televisivos y que “la Policía Federal sea la que esté encargada de llevar adelante el peritaje” de cotejo. En ese sentido, agregó que “cuando venga D’Alessandro (a la comisión), usted presidenta ordene a la División de la Policía Científica que venga a tomar la voz de él cuando declara”.

En el pedido de ampliación de prueba que se circuló este jueves a los miembros de la comisión, Tailhade argumentó que “dado que estas ‘huellas de voz’ son una prueba pertinente y útil para acreditar maniobras delictivas compatibles con el tráfico de influencias como práctica habitual y organizada, es importante su pesquisa a los fines probatorios. Máxime, cuando los audios o chats de un teléfono pueden borrarse pero la voz no puede ser adulterada”.

Además, se votó que se cite como testigos a Sivina Batakis, exsecretaria de las Provincias; Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; Pedro Oscar Goyochea, asesor general del Gobierno de La Rioja; Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson, letrados apoderados del Ministerio de Economía, que intervinieran en las audiencias de conciliación de la causa; y al fiscal general porteño, Juan Ignacio Mahiques, del cual Tailhade recordó que “festejó su cumpleaños en agosto del año pasado y a la fiestita arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”. 

También se agregó al listado a los ministros de Economía de las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Tucumán y Catamarca, que se presentaron en el expediente.

Antes de votar, el diputado Álvaro González (Pro) cuestionó “esa tira interminable de ministros de Economía que, ¿qué van a venir a decir a la comisión? Lo único que hacemos es dilatar y mientras tanto el Gobierno nacional no cumple con el fallo judicial”. 

“Parece que la oposición quiere hacer lo mismo que la Corte, no escuchar a las provincias”, le devolvió Tailahde y, acto seguido, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), aclaró que “se apruebe la prueba no significa que tengamos que diligenciar toda esa prueba. Nosotros no estamos interesados en dilatar, sino en conocer la verdad”.

A su turno, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (CC-ARI), chicaneó con la citación de los ministros de Economía al recordar que iban a venir los gobernadores, pero “han bajado la jerarquía, ahora los preservan”. Sobre la huella de voz, remarcó que “todos sabemos que la prueba de los chats es ilegal”. “Esa prueba no se puede utilizar y mucho menos se va a subsanar porque hagan una huella de voz”, insistió y mencionó que Tailhade pidió lo mismo en el Consejo de la Magistratura con los jueces que viajaron a Lago Escondido, pero “no va a tener suerte en ningún lado”. 

En tanto, el diputado Francisco Monti (UCR) fustigó a los gobernadores que han apoyado el juicio político como “verdaderos mentirosos e hipócritas” porque “en septiembre de 2020 cuando se crea este Fondo para la provincia de Buenos Aires por los despelotes que tenía (Axel) Kicillof en el conurbano por revueltas de la policía, ningún gobernador dijo absolutamente nada, ni impugnó nada”, y eso fue porque “eran recursos que le pertenecían a la Ciudad”. 

“Que vengan los fiscales de Estado acá a explicar que han hecho una presentación en la Corte para chuparle las medias al presidente y no para defender recursos de las provincias, yo creo que va a ser por lo menos un episodio interesante”, agregó. 

Antes de votar la ampliación, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), consideró que “es clave analizar lo que propone el diputado Tailhade, porque hay cosas que pasan en el mientras tanto y a mí me preocupan”. “Si nosotros estamos buscando la verdad de lo que pasó alrededor de una decisión de la Corte sobre recursos, todas las hipótesis y situaciones tienen que ser investigadas”, aseveró. 

Citarán a Rogelio Frigerio después de las elecciones

En la solicitud planteada por Tailhade, se incorporó como prueba documental “un vídeo donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoce que (Mauricio) Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires”, que salió durante una entrevista en el programa A dos voces (canal TN). 

Posteriormente, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) pidió entonces que se lo convoque como testigo. Muy molesto, López estalló: “No somos ni amigos ni defensores de Frigerio, pero citar a una persona que tuvo una actitud no muy común, que es renunciar a una banca para poder hacer una campaña electoral con libertad, con tiempo y con disposición, que además está compitiendo para el 13 de agosto en una provincia que es la misma de donde es el diputado. Quieren someter al señor Frigerio a esta comisión, al candidato a gobernador más competitivo de la provincia, para venir acá a acorralarlo, a hostigarlo y hacer campaña electoral. Me opongo desde todo punto de vista, jurídico, político, democrático, del que quieran”.

En defensa del pedido, Germán Martínez defendió que “estamos proponiendo agregarlo como testigo, me parece que es una prueba pertinente”. Pero inmediatamente, Gaillard propuso “que no sea citado antes de la elección”. Entre Ríos es una de las provincias que no desdobló y votará en PASO también el 13 de agosto, mismo día de las elecciones nacionales. 

En sintonía con lo dicho por la presidenta,  el legislador Leopoldo Moreau (FdT) dijo estar “parcialmente de acuerdo con lo que plantean los diputados de la oposición, creo que hay que evitar todo tipo de suspicacias”. “Esa citación hay que materializarla después de la elección”, asintió. 

En su primera intervención de la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López deslizó un cuestionamiento por haber arrancado la reunión de este jueves sin el quórum reglamentario. “La diputada (Micaela) Morán está con neumonía”, le expresó la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dado que anteriormente el legislador opositor había resaltado en particular la ausencia de la massista. Luego, Gaillard aclaró que ya tenían quórum para votar y entonces le dio la palabra a Rodolfo Tailhade para pedir medidas de prueba.

“Bueno”, arrancó el oficialista, y mientras revisaba en sus papeles, comentó en referencia a López: “Arrancamos con mala onda… nada que ver con la felicidad que tenías el otro día en la embajada, estabas chocho…”. "Había varios compañeros tuyos", le replicó el jefe de la CC-ARI.

Y, a continuación, entre risas, López le preguntó a quién votaba: “¿Grabois o Massa?”. “A Massa, pá… ¿Vos te pensás que soy de la Coalición Cívica?”, replicó el halcón kirchnerista.

Luego de tres semanas, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanudó su actividad este jueves, en una reunión que se realiza desde las 11.31 y en la que se comenzará con el tratamiento en particular de la causal "coparticipación", en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema. El encuentro comenzó pasada la media hora de la convocatoria con un tercio de los presentes.

Los testigos citados para la jornada son Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico del máximo tribunal.

Para este jueves había sido citado el juez Juan Carlos Maqueda, a quien mediante una resolución votada por el oficialismo se lo notificó de 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la comisión, Maqueda podía optar por venir o enviar un informe por escrito. Pero no solo no asistió, sino que tampoco envió un documento con un descargo, informó al comienzo de la reunión la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

La comisión tenía previsto recibir el pasado 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; pero ninguna de las convocatorias pudieron concretarse bajo ese cronograma.

El oficialismo cuestiona la forma en que se llegó al fallo por el cual el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y ordenó a la Nación devolverle el 2,95% de la coparticipación a ese distrito.

Según denuncian los legisladores del Frente de Todos, en los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro se demostraría que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

Pese al cronograma que se había trazado en la última reunión -el pasado 15 de junio-, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará su trabajo este jueves, con la citación de dos testigos, para comenzar con el tratamiento de la causal “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.

Para este jueves a las 11 también fue citado el juez Juan Carlos Maqueda, a quien mediante una resolución votada por el oficialismo se lo notificó de 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Se estima que el magistrado no asistirá. De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la comisión, Maqueda puede enviar un informe por escrito.

Lo cierto es que la comisión tenía previsto recibir el pasado 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; pero ninguna de las convocatorias pudieron concretarse hasta ahora.

En tanto, este jueves, asistirán Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema.

En un primer momento también estaba programado que vinieran los fiscales de Estado de Catamarca y Santiago del Estero, pero finalmente no será este jueves.

El oficialismo cuestiona la forma en que se llegó al fallo por el cual el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y ordenó a la Nación devolverle el 2,95% de la coparticipación a ese distrito.

Según denuncian los legisladores del Frente de Todos, en los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro se demostraría que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

Pese al cronograma que se había trazado en la última reunión -el pasado 15 de junio-, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará su trabajo este jueves, con la citación de dos testigos, para comenzar con el tratamiento de la causal "coparticipación" en el proceso que se lleva adelante contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.

Para este jueves a las 11 también fue citado el juez Juan Carlos Maqueda, a quien mediante una resolución votada por el oficialismo se lo notificó de 14 cargos que se le formulan "provisionalmente", a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Se estima que el magistrado no asistirá. De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la comisión, Maqueda puede enviar un informe por escrito.

Lo cierto es que la comisión tenía previsto recibir el pasado 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; y el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro; pero ninguna de las convocatorias pudieron concretarse hasta ahora.

En tanto, este jueves, asistirán Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Joaquin D. Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la CSJN. También lo harán en representación de las provincias Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz y Marcos Denett, fiscal de Estado de la provincia de Catamarca.

El oficialismo cuestiona la forma en que se llegó al fallo por el cual el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y ordenó a la Nación devolverle el 2,95% de la coparticipación a ese distrito.

Según denuncian los legisladores del Frente de Todos, en los chats filtrados entre Robles y D'Alessandro se demostraría que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

El año electoral está afectando fuertemente la actividad en las dos cámaras, aunque ese no es el único factor que influye en la baja productividad del Congreso. Puntualmente en el Senado la actividad es prácticamente nula: sin sesiones y apenas una reunión formal de comisiones, muestran un cuadro preocupante que tiene que ver también con la recomposición que hubo en ese cuerpo a partir de la escisión que se dio en el interbloque oficialista y lo dejó como segunda minoría.

La falta de quórum impidió que a fin de mes se reuniera la Comisión de Industria y Comercio que buscaba ratificar a sus autoridades. Sí lo hizo en cambio la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado que se reunió el 28 de junio para ratificar a sus autoridades: Silvina García Larraburu y Víctor Zimmerman, presidenta y vice respectivamente.

Sí en cambio se realizaron en la Cámara alta actividades como la que tuvo lugar también el 28 de junio, cuando con motivo del Día de las PyMes, la Comisión de Pymes y Economías Regionales, la salteña Nora del Valle Giménez se reunió para debatir sobre los desafíos que enfrentan las mujeres cotidianamente para ser emprendedoras y para dirigir instituciones gremiales y empresariales con representación nacional.

El primer día del mes de junio se puso en marcha la Bicameral del Defensor del Niño, que ratificó a la senadora riojana Clara Vega como presidenta.

A lo largo de junio, en Diputados se reunieron once comisiones. La actividad en las comisiones arrancó el primer día del mes, con una reunión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios que preside Mariana Zuvic, para analizar con invitados un proyecto sobre Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental de Residuos de Artes de Pesca. En ese marco comenzó a analizarse un proyecto de esa diputada de la Coalición Cívica que contempla un serio problema por cuanto las artes de pesca que están abandonadas, perdidas y descartadas generan enormes daños al ambiente, a la salud. En la economía se estiman que, aproximadamente, de 640 mil toneladas abandonadas o perdidas en los océanos, tal cual precisó Zuvic.

Ese mismo día se presentó en la Cámara baja el ministro Daniel Filmus, en una reunión informativa convocada por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, comandada por el radical Facundo Manes, para seguir analizando el proyecto de ley de “Plan de Ciencia 2030”.

El 6 de junio se realizó la primera reunión de junio de la Comisión de Juicio Político que tuvo una actividad menguada este mes de junio, con solo dos reuniones. En la primera se realizó la última audiencia con testigos sobre las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial.

En la siguiente, realizada el 15 de junio, se aprobó una resolución para citar el próximo 6 de julio al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, a quien se le atribuyeron “provisionalmente” 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre 2008 y 2021.

El 7 de junio la Comisión de Legislación General se reunión para dar dictamen al proyecto de “Ley Nicolás” sobre seguridad del paciente, como así también a la iniciativa sobre regularización del ejercicio de acompañantes terapéuticos, que quedaron listos para ser debatidos en el recinto.

Esa misma tarde la Comisión de Agricultura y Ganadería que preside Ricardo Buryaile recibió a representantes del sector ganadero para analizar el tema de los derechos de exportación y plantear un plan para bajar de manera inmediata 12 puntos a todos los productos, lo que significaría la eliminación de los derechos de exportación en todos los productos, menos en soja.

También se reunió la Comisión de Cultura, que preside Hernán Lombardi, a fin de dar inicio al debate de una iniciativa que es buscada desde el año 2012: la ley nacional de danza que prevé la creación del Instituto Nacional de la Danza. Fue también una reunión informativa sobre un tema que fue planteado como “una deuda que tiene el Congreso con la danza como parte identitaria de nuestra cultura nacional”.

El 13 de junio volvió a reunirse la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios para dar dictamen al proyecto de trazabilidad de la pesca. Se trata de un proyecto que unifica iniciativas de los diputados Carlos Selva y Ximena García  para la creación de un Sistema Unico Argentino de Trazabilidad de la Pesca (SUTRAP). El proyecto ya había tenido dictamen en una reunión celebrada el 16 de noviembre del año pasado, pero perdió estado parlamentario a fin de año, pero perdió estado parlamentario, por lo que en una breve reunión se le volvió a dar dictamen.

También se reunió la Comisión de Libertad de Expresión, a fin de designar a Sabrina Ajmechet como presidenta, en reemplazo de Waldo Wolff, quien dejó su banca para sumarse al Gabinete porteño.

En una reunión realizada el 14 de junio se reunió la Comisión de Comunicaciones e Informática para emitir el último dictamen que faltaba para el proyecto de ley que modifica la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, contemplando la figura de violencia de género digital. Así, la iniciativa quedó lista para ser debatida en el recinto.

También el 14 de junio se realizó un esperado plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, en el que se emitieron un dictamen de mayoría y otro de minoría para atender la situación de los endeudados con créditos UVA.

La actividad en el recinto

Como dijimos, hubo durante el mes una sola sesión y fue en la Cámara baja, para recibir el informe del jefe de Gabinete, Agustín Rossi. En esa reunión se aprovechó para que jurara la diputada radical Natalia Silvina Sarapura, quien completará hasta 2025 el mandato de Gustavo Bouhid, quien había renunciado para asumir como ministro de Salud de la provincia de Jujuy.

En su visita, Agustín Rossi rechazó que hiciera falta una “devaluación brusca”, trazó un panorama optimista para los tiempos por venir, en el que “las reservas van a ser favorables”, y realizó fuertes cuestionamientos a la gestión presidencial de Mauricio Macri y sobre todo la deuda contraída. En materia de seguridad, al hablar de Santa Fe les pidió a los socialistas recordar su responsabilidad en la materia.

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en Diputados

Juicio Político: 16 veces

Comercio: 6 veces

Presupuesto: 6 veces

Mujeres y Diversidad: 3 veces

Finanzas: 3 veces

Legislación General: 3 veces

Agricultura y Ganadería: 3 veces

Industria: 2 veces

Legislación Penal: 2 veces

Ciencia y Tecnología: 2 veces

Economía y Desarrollo Regional: 2 veces

Defensa del Consumidor: 2 veces

Intereses Marítimos: 2 veces

Cultura: 2 veces

Recursos Naturales: 1 vez

Previsión y Seguridad Social: 1 vez

Minería: 1 vez

Justicia: 1 vez

Deportes: 1 vez

Defensa: 1 vez

Transporte: 1 vez

Relaciones Exteriores: 1 vez

Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales: 1 vez

Discapacidad: 1 vez

Acción Social y Salud Pública: 1 vez

Legislación del Trabajo: 1 vez

Libertad de Expresión: 1 vez

Comunicaciones e Informática: 1 vez

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en el Senado

Presupuesto: 3 veces

Acuerdos: 2 veces

Salud: 2 veces

Deportes: 1 vez

Trabajo y Previsión Social: 1 vez

Población y Desarrollo Humano: 1 vez

Ambiente y Desarrollo Sustentable: 1 vez

Justicia y Asuntos Penales: 1 vez

Ciencia y Tecnología: 1 vez

La Comisión de Juicio Político que preside la diputada Carolina Gaillard convocó formalmente este jueves a sus miembros para reunirse el próximo 6 de julio, a las 11 de la mañana, tal cual se venía anticipando.

Para esa jornada se espera recibir el informe del ministro de la Corte Supremam Juan Carlos Maqueda, en los términos del artículo 13 del reglamento interno de esa comisión, que establece lo siguiente: “Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones. Lo establecido en este artículo no obsta al oportuno ejercicio de defensa por ante el Honorable Senado de la Nación”.

De tal manera, el juez Maqueda podrá presentarse ante la comisión, o bien hacer su descargo por escrito en torno a la cuestión referente a las supuestas irregularidades detectadas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, durante el período que él estuvo a cargo de la misma.

La convocatoria a la reunión refiere también la presencia de testigos que serán citados por la causa “Coparticipación”, pero sin precisar quiénes son. Según se había anticipado, se espera la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y gobernadores del oficialismo. Se espera que los nombres se conozcan recién la próxima semana.

Tras votar unos pedidos de ampliación de pruebas, la Comisión de Juicio Político se abocó este jueves a abordar la acusación contra los miembros de la Corte por la medida cautelar dictada a favor de la Ciudad de Buenos Aires en contra del Estado nacional el 21 de diciembre de 2022.

El objetivo central de la reunión, que se extendió entre pasadas las 11 y las 14.30, era establecer el cronograma del debate sobre este tema y así lo marcó la titular de la comisión, Carolina Gaillard, cuando detalló que la próxima semana no habrá reunión por el feriado largo, por lo que la próxima audiencia será el martes 27 de junio a las 13, con la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, gobernadores, el doctor Horacio Diez –quien trabaja en la Procuración del Tesoro y fue quien presentó la recusación- y distintos fiscales de Estado.

“Vamos a tratar de que las reuniones no haya más de 4 testigos para evitar que se extiendan y en la segunda o tercera reunión será convocado Silvio Robles y (Marcelo) D’Alessandro para dar testimonio”. En definitiva, ambos serían convocados para el 4 de julio.

“Esta propuesta puede tener algún tipo de modificación en función de las agendas”, aclaró Gaillard.

Las razones del enjuiciamiento

Encargado de exponer el tema fue el diputado entrerriano Marcelo Casaretto, quien aclaró que se trata de un conflicto que viene desde hace algunos años, originado a partir de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri aumentó la coparticipación federal de impuestos en favor de la Ciudad a través del decreto  194, elevando el 1,40% que percibía CABA entonces al 3,75%. “El decreto en sí no establece cuál es el destino del aumento de esos fondos; genéricamente habla de una mayor autonomía para la Ciudad”, remarcó el legislador oficialista.

Casaretto hizo referencia a un convenio suscripto el 5 de enero de 2016 que establecía la transferencia progresiva a la Ciudad, pero sostuvo que “está claro que el decreto que aumenta la coparticipación no tiene fundamento alguno en el propio decreto que firma el presidente”. Mencionó a continuación lo que decían los medios en esos días, y citó una cita: “Macri saldó una deuda histórica con la Ciudad en la demanda de mayores fondos de coparticipación”.

“Las propias autoridades dijeron entonces que parte del aumento se iba a trasladar ahí”, señaló, dejando entrever que no todo ese aumento sería para compensar los gastos en seguridad. A partir de eso, agregó, hubo una serie de planteos de parte de los gobernadores.

Así fue que al cabo de una reunión que tuvo el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con gobernadores de distintas provincias, el funcionario terminó diciendo a la prensa que “corregiremos el decreto de coparticipación a la Ciudad; fue un error, vamos a asegurarnos que a la Capital le llegue lo que implica el traspaso de la Policía Federal”, recordó Casaretto, quien aclaro´que eso no sucedió; solo que al año siguiente se atenuó el aumento de la coparticipación a 3,50%.

Para Casaretto, la medida dispuesta por Macri “excede también largamente el costo del servicio de seguridad. Esto lleva a que los argentinos voten en 2019 si querían este modelo donde se concentraban recursos en la Ciudad. Los argentinos votan en 2019, cambia el gobierno, comienzan las discusiones entre el nuevo gobierno y las autoridades de la Ciudad; hay varias reuniones, lamentablemente no fue posible avanzar en un acuerdo porque la Ciudad se amparaba en los decretos”.

En su reseña, el diputado entrerriano contó que finalmente se estimó cuál era el costo efectivo de la transferencia de servicios y se emitió el decreto 735 del 10 de diciembre de 2020 que establece que la coparticipación de la Ciudad debía ser del 2,32%, hasta que no haya una ley. Esa ley se aprobó finalmente con el número 27.606, estableciendo un monto de 24.500 millones de pesos que es lo que estimaba el costo del servicio, con actualización trimestral. Y que en 60 días la Comisión Federal de Impuestos debía analizar en detalle estos costos para determinar cuál era el monto que correspondía a la transferencia de servicios.

“Necesariamente en un país federal tenemos que discutir la asignación de recursos”, remarcó el legislador, sosteniendo que “los que perdieron las elecciones en 2019 dijeron ‘vamos a la Justicia’, y los que perdieron la votación en el Congreso también. Dos recursos”.

Finalmente, tras tres audiencias en la Corte y tras no aceptar la Ciudad las ofertas realizadas, se dictó la medida cautelar que ahora el oficialismo objeta, en contra del Estado nacional. “Sin resolver la cuestión de fondo”, agregó Casaretto, que insistió en que lo que se está haciendo es “concentrar recursos en favor de la Ciudad de Buenos Aires”.

“La cautelar lo que viene a hacer en forma injustificada es establecer un promedio entre lo que reclama la ciudad, el 3,5%, y lo que paga el Estado nacional, 2,95, en forma transitoria. Una irresponsabilidad determinar a ojo de buen cubero”, se quejó el diputado entrerriano, que afirmó entre gritos de la oposición que “se le sacó al Estado nacional a las otras provincias para darle más fondos a la Ciudad”.

Fue el momento en el que se desmadró un poco la reunión, y en tono de campaña Casaretto disparó: “¡Ustedes nos quisieron vender a De la Rúa jefe de Gobierno y presidente, y fracasó; nos quisieron vender a Macri jefe de Gobierno y presidente, y fracasó!… Y ahora nos quieren vender a Horacio Rodríguez Larreta y nosotros vamos a ser una alternativa… No se prueben el saco antes de tiempo, el que quiera ser gobernador que gane, que gane en las elecciones…”.

Finalmente cerró su exposición solicitando el juicio político “contra los miembros de la Corte que otorgaron esta autelar a favor del distrito más rico de la Argentina, en contra de la Nación argentina, en contra de las provincias argentinas y en contra de un país federal”.

A continuación, la diputada Susana Landriscini mencionó un informe del Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires que informaba sobre los excedentes que hubo en el uso de recursos respecto de lo asignado y lo gastado con el argumento de hacerse cargo de los serviciois de seguridad que no fueran materia del Estado nacional. “Con lo cual queda demostrado que no hubo estudios sobre esos fondos otorgados en exceso. Además, no tenían estrictamente que ver con lo que erogó la Ciudad de Buenos Aires para cubrir esos servicios”, añadió.

La intervención de Landriscini terminó con críticas al expresidente Macri por haber designado jueces de la Corte por decreto, ni haber contraído “el endeudamiento más grande de nuestro país y el más grande otorgado por el Fondo Monetario”, y deslizó una advertencia sobre lo que puede suceder “a partir del 10 de diciembre de 2023 si los resultados son otros”.

Desde la otra vereda intervino el diputado Pablo Tonelli (Pro-CABA), quien atribuyó todo el conflicto a la intención de transferirle los recursos quitados a la Ciudad a la provincia de Buenos Aires. “Lo que ocurrió fue que la Policía de Buenos Aires estaba casi en estado de sublevación –dijo-. La plata que se le sacó a la Ciudad se le dio a la provincia de Buenos Aires, esa es la verdad. El resto de las provincias, calladitas la boca”.

Tonelli sostuvo que el decreto de Alberto Fernández fue “claramente ilegal, inconstitucional, violó todas las reglas de federalismo de concertación”. Consideró que se habían dicho “muchas macanas sobre la coparticipación federal”, y remarcó que cuando se sancionó la Ley de Coparticipación había dos provincias que no existían: Tierra del Fuego y CABA, por eso es que la coparticipación para esos distritos sale de la Nación, y se dispone por decreto.

Finalmente insistió en que “la medida cautelar que dicta la Corte está fundada en que el Gobierno de la Ciudad había violado todas las reglas de federalismo de concertación. ¿Qué hizo el oficialismo? Incumplió la sentencia y sigue incumpliéndola… Son pocos los gobiernos del mundo que hacen algo así. ¿Y además qué hizo? Juicio político a la Corte”.

Al tomar la palabra, el oficialista Rodolfo Tailhade resaltó que lo que se buscará es “investigar el proceso y una serie de hechos que terminaron en el fallo” de coparticipación, porque “en esa cautelar, que además tiene una serie de inconsistencias jurídicas propias, donde se forzaron todos los argumentos para darle la razón a una parte, ese fallo es el punto final de un proceso que uno lo puede situar en enero de 2016 con el decreto del presidente (Mauricio) Macri, pero otros lo podemos situar de manera más concreta en el momento en que aparece la filtración de chats”.

“La hipótesis principal que nosotros tenemos que investigar es el acuerdo y la complicidad, o si se quiere, la connivencia entre la Corte Suprema y un sector político que conduce el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, apuntó y habló de que existió “un acuerdo espurio”.
El legislador K señaló que “la Corte avanzó con una resolución sabiendo que no estaban las condiciones de procedencia de la medida cautelar solicitada” y “se tomó dos años la Corte para resolver una cautelar que tiene que ser resuelta en días”.

En su intervención, recordó que el presidente no instruyó a los diputados a iniciar el juicio político cuando salieron los fallos del Consejo de la Magistratura o coparticipación, sino “cuando aparecieron los chats entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”, los cuales “dan cuenta de una relación absolutamente íntima, personal, de amistad entre Silvio Robles y el beneficiario directo de la sentencia de la Corte” ya que al exministro era a quien “le iban a ir los 148 mil millones de pesos, o ya no sé cuántos, que ordenó redireccionar la Corte”.

Tailhade enfatizó que en esas conversaciones filtradas se evidenció que “la Corte le daba instrucciones a este sector político para manejarse en los ámbitos políticos, parlamentarios, comunicacionales y judiciales”. “Ha quedado muy claro a lo largo de estos meses a qué se dedica Robles: a hacer sentencias no, a operarlas, antes y después, y fundamentalmente en los medios de comunicación”, agregó.
En defensa de los chats filtrados, el diputado dijo que “hasta ahora no tenemos ninguna sentencia judicial que diga que estos chats son ilegítimos, que son prueba ilegal y mucho menos que son falsos. Todo indica que son verdaderos y que es verdadera la connivencia entre la Corte y este sector político”.

Desde la oposición, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, le lanzó al oficialismo que “evidentemente van a hacer campaña con el tema coparticipación, usando este escenario como un búnker, por algo esperaron a que llegue julio para tratar este tema”. Para el opositor, con esto se busca “ocultar” que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, están incumpliendo el fallo porque “no le pagan a la Ciudad de Buenos Aires lo que le quitaron y lo que una orden de la Corte les ha restituido solo en parte y provisoriamente”. Pero también “quieren condicionar a la Corte en esta misma causa que está en pleno trámite”, denunció.

El legislador de JxC pronosticó que “les va a salir mal el comité de campaña acá” y sumó: “El show que pretenden hacer el mes que viene, después del cierre de listas, no les va a salir”. Luego de poner en sospecha que desde el FdT buscarán citar a los precandidatos presidenciales del Pro, López afirmó que ellos los “van a cuidar”; además de que no propondrán testigos y sí a concurrir solo “para poner límites” y “cuidando la legalidad cuando sea necesario”.

Por último, el diputado Eduardo Valdés reflexionó: “Se han dicho muchas cosas, pero la verdad en la causa de mal desempeño que le adjudico a los ministros de la Corte en el fallo de Coparticipación es que si el artículo 128 de la Constitución dice que los gobernadores y solo los gobernadores son los agentes naturales del estado federal, en un caso donde la Corte es competencia originaria por delegación de las provincias ¿cómo es que no citó a ninguno de los gobernadores que se habían postulado como amicus curiae. 15 gobernadores que la Corte desoyó por sacar con urgencia este fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires”.

El oficialismo impuso su mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y aprobó una resolución para citar el próximo 6 de julio al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, a quien se le atribuyeron “provisionalmente” 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre 2008 y 2021. 

En el encuentro realizado este jueves, con 16 votos a favor y la negativa de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos avaló otorgarle al magistrado diez días hábiles para que informe a la comisión sobre los cargos formulados. De acuerdo al texto, y conforme al artículo 13 del reglamento de la comisión, podrá presentar un informe escrito. 

No obstante, se fija la fecha del 6 de julio para que Maqueda pueda presentarse, pero si optara por enviar el informe, el mismo deberá ser remitido en forma digital y en papel.

La resolución, de 53 carillas, dispone asimismo la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”. Al final de la votación se informó que la diputada oficialista Vanesa Siley la conducirá y estará también integrada por Rodolfo Tailhade. La oposición dejó pendiente para la próxima reunión la designación de su representante.

En el arranque de la jornada, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo un racconto sobre el proceso de juicio político que comenzó en el verano de este año y un detalle de las audiencias con testimonios que se han escuchado. 

Sobre la causal de la obra social, para la cual se dedicaron seis encuentros con testigos, la oficialista indicó que Maqueda “fue quien desde 2008 a 2021 ejerció como ministro supervisor de la obra social”. “A partir de que Maqueda deja de estar en la supervisión de la obra social se realiza esta auditoría (ordenada por la Corte), de donde surgen las irregularidades que se estuvieron analizando en esta comisión y que fueron ratificadas por los testigos que vinieron”, dijo. 

“La  Corte en pleno ratificó y convalidó esas irregularidades, cuando reconoce que hubo irregularidades y disfuncionalidades en el período 2008-2021, por lo que encomienda a la obra social una serie de modificaciones para mejorar el sistema informático, el sistema contable y el sistema de procedimientos, y que la obra social cuente con un presupuesto”, explicó. 

La entrerriana afirmó que “Maqueda estuvo 13 años a cargo de la obra social y dentro de las cuestiones que se le endilgan está el de haber tenido un sistema informático obsoleto, deficiente, que permitía que sean adulterada la información que era cargada en el sistema; estados contables que no eran certificados por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas; y la vacancia en la conformación de la estructura organizativa de la obra social, precisamente en la subdirección de administración y en la subdirección médica, que eran las dos áreas que después de la dirección general eran esenciales para garantizar un buen funcionamiento”. 

Al anticipar la postura en contra del interbloque Juntos por el Cambio, el diputado del Pro Pablo Tonelli consideró que “las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la obra social no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país” e ironizó que si se convocaran a “personas que no han sido bien atendidas por el PAMI o IOMA, llenamos la Plaza del Congreso”. 

Para el macrista, los cargos que se atribuyen “están lejísimo de constituir mal desempeño como se pretende” ya que “no son otra cosa más que la reproducción de las conclusiones de la auditoría que ordenó la Corte”. 

“Se agregan algunos cargos verdaderamente curiosos, como por ejemplo la falta de designación de directores”, señaló y opinó que, en ese sentido, se podría “en este mismo instante” pedir “el juicio político de todos los diputados y senadores que hace 12 o 15 años no designamos al Defensor del Pueblo”. “Desde ya me declaro culpable”, dijo y continuó poniendo como ejemplo que también se le podría pedir el juicio “al presidente de la Nación que no designa a un reemplazo de Elena Highton de Nolasco” o a los senadores que no han aprobado el pliego del procurador general. “Ese cargo es un disparate, como todos los demás”, insistió. 

El legislador de JxC resaltó que “fueron los propios jueces de la Corte los que decidieron hacer una auditoría para conocer los problemas”. Además, sostuvo que en la resolución “hay una absoluta falta de correspondencia entre los cargos y las pruebas” y “en cada acusación concreta no se dice qué prueba la sustenta”.  

A continuación, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, arrancó pidiendo que “se produzca prueba en relación al ministro (Ricardo) Lorenzetti” para que “se pueda tener información societaria básica sobre Revelar S.A., que está en nuestro proyecto de juicio político”. Más tarde, se votó favorablemente esta ampliación de la prueba.

Yendo a la resolución de Maqueda, el vicepresidente de la comisión apuntó que “el racconto de esa prueba ha sido sesgado, porque se intenta hacer un especie de una supuesta responsabilidad diferenciada del doctor Maqueda, de hechos que, a nuestro criterio, tampoco están probados o no serían causal de mal desempeño”. 

“No han encontrado ningún acto administrativo que le haya asignado ningún tipo de supervisión o de función al doctor Maqueda” sobre la OSPJN, subrayó y cuestionó que “hay un relato que construyeron respecto al doctor Maqueda, con un ensañamiento muy claro sobre ese ministro, sostenido por una disidencia del doctor Lorenzetti y una interpretación también absolutamente sesgada sobre un mail que ha circulado y es lo único que ustedes tienen”. “Se agarraron también de las declaraciones del contador Héctor Marchi”, añadió.

Pero además, el opositor denunció: “Ustedes están buscando la renuncia de un ministro para tener dos vacantes de acá a las elecciones; para negociar, vaya a saber con quién, en algún momento, los cargos de la Corte”. Sin embargo, manifestó que cree que “lo único que hacen es que el doctor Maqueda se quede más. ¿Cómo se va a ir un juez de la Corte acusado por ustedes, a las patadas, con este nivel de maltrato? Creo que hasta se equivocan en la maniobra política”. 

A pesar de elogiarlo por su condición de jurista, el oficialista Leopoldo Moreau salió al cruce de lo planteado por Tonelli. “Pretender desmerecer un trabajo que se ha llevado adelante con mucha responsabilidad sosteniendo de que esto ocurre en todos lados, me parece un argumento francamente débil”, le respondió. 

El diputado aseguró que dentro de la Corte “los roles están reconocidos en el famoso mail del doctor Maqueda, donde asume que se hizo cargo de la supervisión de la obra social” y a lo largo de los testimonios, “se ha demostrado que esa era una responsabilidad directa”, remarcó. 

También, Moreau recordó cuánto costó que asistiera a declarar Aldo Tonón, exdirector de la obra social, y que, una vez que lo hizo, amparado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, de 40 preguntas solo respondió 10 “para no autoincriminarse”. “No es que aquí nosotros inventamos cargos para sacar a patadas al doctor Maqueda, este es un proceso que viene teniendo también en sede judicial un tratamiento, porque efectivamente ha habido gravísimas irregularidades en la obra social”, señaló.

“Hay situaciones llamativas sobre las que Maqueda tiene que dar explicaciones”, aseveró y criticó que durante un período muy extenso “se hizo la vista gorda sobre el funcionamiento de la obra social” donde fueron “personas designadas de su propia amistad personal, de personas de su parentesco, empresas que venían de su provincia”. “No solamente había supervisión, hubo apropiación de la obra social por parte del juez Maqueda. Además, tenía el primer voto en todos estos temas”, expresó. 

Y agregó que lo planteado en la resolución “está suficientemente fundado, esto no es arbitrario, el doctor Maqueda tiene derecho a la defensa y los cargos que se han formulado están sólidamente probados”. 

También desde el oficialismo, la diputada Vanesa Siley explicó el uso del artículo 13 del reglamento y argumentó: “Reunidas estas actuaciones, esta investigación, en esta primera etapa se le puede dar traslado, cursar notificación al doctor Maqueda para que venga a informar a la comisión. En ningún momento esto es una imputación o se lo puede asemejar a ninguna otra figura procesal. Es, incluso, una facultad del denunciado venir a hacer uso de su voz a la comisión”. 

“¿Por qué la Corte manda a hacer un auditoría que data de 2008 a la renuncia de Maqueda? El período no lo elegimos nosotros, es la fecha que eligió la Corte para auditar”, contestó al responder cuestionamientos sobre el período al que se hace referencia, y enfatizó que “este escándalo no lo inventó el Frente de Todos, no lo inventó nuestro bloque, sino que se cayó de maduro. Y surgió por una interna de la Corte, que a ni a mí ni a nosotros nos corresponde, o surgió por las causas penales y la propia denuncia”. 

Al tomar de nuevo la palabra, Tonelli expresó estar “en total desacuerdo con lo de la provisoriedad de los cargos, porque esto en la práctica significa darle al imputado traslado de unos cargos para que se defienda, pero después pueden ser cambiados por otros. Eso claramente viola el derecho de defensa. Al imputado hay que darle traslado una sola vez”. 

“Quedese tranquilo porque no hay ninguna violación al derecho de defensa”, aclaró Gaillard, que agregó que “se puede seguir reuniendo prueba para sustentar los cargos formulados” y en caso que Maqueda no responda “el proceso continúa”, porque esta resolución no es aún el dictamen acusatorio. 

En el final del debate antes de pasar a la votación, la diputada del Pro Graciela Ocaña coincidió con Tonelli en que “claramente hay irregularidades que tiene la obra social del Poder Judicial de la Nación que son compartidas por otras obras sociales”. “A mí me llama la atención el recorte que se ha hecho en el doctor Maqueda; creo que acá hay una intención de cargar las tintas sobre el juez Maqueda”, opinó y lanzó que “el verdadero responsable es quien manejaba la obra social” en referencia a Tonón. 

Los 14 cargos contra Maqueda

En la resolución aprobada se le formulan “provisionalmente” 14 cargos al juez Maqueda, por “incumplimiento del deber de fiscalización de la obra social”, por “haber abdicado a su función de control sobre los aspectos patrimoniales, contables y financieros, con grave perjuicio en la normal y eficiente prestación del servicio de salud; convalidar una conformación antijurídica de la estructura organizativa de la obra social; y haber mantenido durante todo el período sistemas informáticos (contables, de stock de medicamentos, de gestión, etc.) obsoletos, vulnerables, sin integración y con alto riesgo de pérdida de información por falta de respaldo adecuado”. 

Además, se le atribuye “ser responsable de una gestión administrativa irregular, arbitraria, no transparente, omisiva de toda planificación y perjudicial a los fines y objetivos de la OSPJN, durante la totalidad del período imputado; haber consentido manifiestas y graves irregularidades en la registración contable, económica y financiera; y haber utilizado como normativa regulatoria de las compras y contrataciones de la OSPJN” dos normativas derogadas. 

También se le adjudican como cargos “haber consentido y cometido graves irregularidades en la tramitación de las compras y contrataciones; una ausencia de marco normativo, áreas, sistemas y procedimientos para elaborar presupuesto de gastos que otorgue previsibilidad y ordenamiento a la gestión financiera y prestacional; y la omisión de corrección en los sistemas de compras y ventas de medicamentos de la Farmacia”. 

Finalmente, en los cargos -de los cuales en algunos se desprenden otros- se enumera: “Haber desvirtuado el rol institucional afectando de desprestigio y mala reputación a la OSPJN; la violación de deberes y pautas de comportamiento ético previstas en la Ley Nacional 25.188; el incumplimiento de la Ley de Datos Personales 25.326 por no garantizar un sistema informático seguro y transparente para preservar información y datos sensibles de sus afiliados; y consentir graves deficiencias respecto a las condiciones laborales de las oficinas y dependencias en las que desarrollan sus tareas el personal de la OSPJN”. 

En una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, que este jueves no recibe a testigos, el oficialismo someterá a votación una resolución para citar el próximo 6 de julio al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, por los cargos que se le atribuyen respecto del manejo de la obra social del Poder Judicial.

De acuerdo al borrador de resolución al que accedió parlamentario.com, el Frente de Todos propone citar al magistrado para que en el término de diez días hábiles informe a la comisión sobre los cargos formulados. Podrá presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. “La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”, señala el texto.

Pero además, se lo cita para que brinde el informe en una reunión de la Comisión de Juicio Político el jueves 6 de julio. No obstante, si optara por enviar el informe por escrito, el mismo deberá ser remitido en forma digital y en papel.

La resolución, de 53 carillas, dispone asimismo la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de "las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros".

Por otra parte, se buscará determinar un cronograma de trabajo para comenzar a profundizar en la causal del fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la coparticipación, que salió en diciembre del año pasado y por el cual el máximo tribunal ordenó a la Nación devolverle el 2,95% a la Capital Federal.

Algo del tema ya se tocó en las audiencias que hubo durante el verano, pero todavía falta que sean citados algunos testigos clave como Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. En la lista para esta causal también aparecen los gobernadores y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

En febrero pasado, asistieron, entre otros, los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos quienes, con diferente criterio, intervinieron en denuncias sobre los chats filtrados del teléfono de D’Alessandro, donde figuraban presuntas conversaciones con Robles en referencia al fallo por la coparticipación. Por eso, desde el oficialismo sostienen que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados fue convocada para este jueves, a las 11, con la intención de buscar establecer un cronograma de trabajo sobre una nueva causal del proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia. 

El oficialismo tiene la intención de comenzar a citar testigos en lo referente al fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la coparticipación, que salió en diciembre del año pasado y por el cual el máximo tribunal ordenó a la Nación devolverle el 2,95% a la Capital Federal. 

Algo del tema ya se tocó en las audiencias que hubo durante el verano, pero todavía falta que sean citados algunos testigos clave como Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. En la lista para esta causal también aparecen los gobernadores y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. 

En febrero pasado, asistieron, entre otros, los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos quienes, con diferente criterio, intervinieron en denuncias sobre los chats filtrados del teléfono de D’Alessandro, donde figuraban presuntas conversaciones con Robles en referencia al fallo por la coparticipación. Por eso, desde el oficialismo sostienen que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño. 

La semana pasada, tras seis audiencias, se cerró la ronda de testigos sobre la causal por irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, tema por el cual apuntan específicamente al juez Juan Carlos Maqueda. 

Al final de la última reunión, el oficialismo propuso que se convoque al magistrado, pero este jueves formalmente se someterá a votación la citación “con los fundamentos, los cargos que se le atribuyen y la prueba reunida”, afirmó a parlamentario.com un miembro de la comisión. De esta manera, se establecerá una fecha y el juez podrá venir o no, o presentar un escrito. 

La resolución a la que se someterá a votación este jueves propone citar al juez Maqueda para que en el término de diez días hábiles informe a la comisión sobre los cargos formulados. Podrá presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. “La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”, aclara el texto que se votará este jueves, conforme el reglamento.

A tal fin, se lo cita para que brinde el informe en la reunión de Comisión de Juicio Político el jueves 6 de julio de 2023. No obstante, si optara por enviar el informe por escrito, el mismo deberá ser remitido en forma digital a: [email protected] , y en papel a la Comisión ubicada en Riobamba 25, piso 4, Oficina 454, Anexo “A”, teléfono: 1160757100 int. 2427

También se votará la creación de una subcomisión en uso de las potestades conferidas por el art. 16 inc b del Reglamento Interno para continuar con la investigación respecto de Irregularidades en la Causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros.