En el cierre de la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, el tema del juicio a la Corte Suprema de Justicia generó un contrapunto entre el oficialismo y la oposición en torno a los fallos del Tribunal Supremo suspendiendo las elecciones para gobernador en San Juan y Tucumán.

Arrancó el vicepresidente de la comisión y voz cantante principal de la oposición en ese seno, Juan Manuel López (Coalición Cívica), quien arrancó haciendo especial hincapié en el fallo de la Corte sobre la coparticipación que el Gobierno “desoyó”, recordando de paso que “ni el Cristina Kirchner se atrevió a tanto”, aclarando que dejaba de lado el “fallo Sosa”, en referencia a una medida de la Corte en tiempos en que Néstor Kirchner era gobernador santacruceño.

“Las cautelares que sacó hoy la Corte son totalmente consistentes con los precedentes de La Rioja y Río Negro en 2019 y Santiago del Estero en 2013”, comentó López, advirtiendo que lo comentaba p ara que “no vaya a ser que amplíen el juicio político por estos nuevos  hechos y estemos acá no se sabe hasta cuándo atacando a la Corte porque otra vez queremos desoír sus fallos”.

A continuación, el titular del bloque, Germán Martínez, aclaró que “nuestro bloque se va a reservar la posibilidad de hacer todas las acciones que tengan que hacer en términos políticos, todas. Y si nosotros consideramos que hay posible causal de mal desempeño no le quepa la menor duda, presidenta, que también vamos a hacer una presentación de pedido juicio político contra los integrantes de la Corte”.

Con todo, aclaró que primero esperarían tener “un panorama claro de lo que está pasando”.

Señaló que le extrañaba “muchísimo” la sincronización de la llegada del testigo Héctor Marchi a la comisión con la difusión de la noticia. “Inmediato fue”, dijo, sugiriendo que deliberadamente el Tribunal había tratado de tapar la repercusión de la declaración del exadministrador de la Corte. Agregó que ya lo había preocupado “esta incursión de (Horacio) Rosatti que en general era alguien que hablaba muy poco y ahora habla en todos lados. E hizo referencias absolutamente irresponsables sobre algunos aspectos que tienen que ver con la constitucionalidad o no de decisiones de política económica, más específicamente de la política monetaria. Casi que fue una amenaza. Casi”. Se refería a la presentación del presidente de la Corte en la cumbre de AmCham celebrada este martes en un hotel de esta capital.

Martínez relacionó otras cosas, como lo que definió como “la no investigación, no de la investigación, de la no investigación de Rívolo y de Capuchetti del atentado del 1º de septiembre contra la vida de nuestra vicepresidenta de la Nación. Descalificaban las pistas y las denuncias que se hicieron respecto a la actitud y a los hechos vinculados al diputado Gerardo Milman. Descalificaban no solamente lo referido a él, sino también a sus colaboradoras y ahora resulta ser que está claramente registrado en sede judicial de que los han llevado a una oficina para borrarles a los tres los teléfonos con personal especializado para hacer eso”.

“Entonces, si nosotros vemos este contexto, si nosotros vemos lo de esta mañana de Rosatti, si nosotros vemos este juicio político, la simultaneidad de este juicio político con el anuncio de la decisión de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán. Bueno, me parece, como decía alguien importante, Si tiene cuatro patas, mueve la cola, muerde, es un perro. Y ladra también”, sintetizó.

Así las cosas, el titular de la bancada oficialista calificó lo resuelto por la Corte como “de una gravedad institucional enorme”, al considerar que el Tribunal está “invadiendo competencias del Poder Legislativo alrededor de la conformación de los nombres para el Consejo de la Magistratura. Lo hicimos en el marco también de competencias que también fueron avasalladas por parte de la Corte Suprema de Justicia alrededor del tema coparticipación, aquí contra competencias del Poder Ejecutivo”.

“Y ahora también contra atribuciones que son propias de las provincias y del federalismo argentino”, agregó, para cerrar reiterando que “nuestro bloque va a hacer todo lo que tenga que hacer alrededor de esto, pero lo primero que vamos a hacer es estar principalmente al lado de cada uno de los compañeros y compañeras de diputados de estas provincias, resguardando lo que haya que resguardar para que la vida democrática en las provincias de San Juan y de Tucumán esté plenamente resguardada”.

En su calidad de damnificada de la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, declaró este martes ante la Comisión de Juicio Político la jueza federal de San Martín Martina Forns. Fue la primera testigo en declarar en la décimo tercera jornada del proceso que se le sigue a los miembros de la Corte Suprema y su declaración expresada en términos personales devino finalmente en otras causas que la tuvieron como protagonista y en cuyo marco se manifestó oportunamente con duras críticas hacia los integrantes del Tribunal Superior.

Tal fue el cariz del interrogatorio, que al cabo del mismo la diputada Vanesa Siley reprendió a los miembros de la oposición que habían formulado preguntas a la jueza, por el tono con el que lo habían hecho, lo que llevó a diputados de la Coalición Cívica replicar que habían sido respetuosos, y a la radical Karina Banfi a advertirle a la diputada oficialista que “no tiene por qué venir a retarnos”.

La jueza Forns contó en primer lugar que había decidido concurrir a testificar porque cuando necesitó a la obra social, en “las peores circunstancias” de su vida, “me dejó abandonada”. Ocurrió en la pandemia, cuando ella, su esposo y sus hijos contrajeron Covid. Fue en abril de 2021, y mientras ella y sus hijos no tuvieron prácticamente síntomas, su esposo estuvo cinco días con fiebre. Desde el CEMIC, contó, “tal cual eran las indicaciones de ese momento, no nos dejaban ir a ningún lugar. Yo me desesperaba porque él se sentía bastante mal, pero nos indicaban que no podíamos ir”.

Finalmente lo llevó al CEMIC, recordó, y precisó que el contacto con ese centro asistencial era telefónico y que al tercer día le dijeron que tenía que sacar a su esposo, porque “no había camas de terapia y su cuadro se estaba complicando”.

La jueza Forns contó que en la obra social no la atendían; los administrativos del CEMIC le indicaban que tenía que sacarlo y ella hacía consultas para conseguir una ambulancia. Finalmente consiguió trasladarlo al Sanatorio Güemes, que no pertenecía a la obra social, cuyos teléfonos seguían sin contestar. “No había comunicación entre el CEMIC y la obra social, y cuando conseguimos el contacto, lo trasladamos. En el Güemes, entró en terapia intensiva y los directivos no sabían si me iban a cobrar o qué, porque -reiteró- no tenían contacto con la obra social”.

De hecho, la ambulancia que trasladó a su esposo no fue cubierta por la obra social. En el Güemes estuvo dos meses y medio, y allí tuvo dos entubaciones y dos paros cardíacos. “Todos los días intenté comunicarme con la obra social”, insistió Forns, que agregó que finalmente “me ayudaron para que le llegaran al ministro Juan Carlos Maqueda los mails que hoy traje en este pendrive haciéndole saber toda la situación grave que estaba pasando… y nunca tuvieron la deferencia de llamarme a ver si necesitaba algo”.

“Nunca me dijeron si iban a cubrir (la internación), no sabía si iba a tener que vender mi casa para pagar esa terapia intensiva… Yo insistí todos los días y las autoridades del Güemes me decían lo mismo”, detalló.

La testigo aclaró que no había recurrido al juez Maqueda en forma directa, sino a través de una de las secretarias del ministro. ¿Por qué lo hizo? “Porque todos sabíamos que era el encargado de la obra social, el único que podía hablar con (el director de la obra social) Aldo Tonón para mover algún mecanismo. Y de hecho lo hizo, porque finalmente la obra social cubrió (la internación). Cuando falleció mi marido, el Güemes me dijo que la obra social cubría todo, pero fueron dos meses y medio sin tener ninguna comunicación” en ese sentido.

Como prueba, la doctora Forns aportó los mails que envió, y luego insistió en remarcar que llegó a tramitar muchas demandas de personal judicial y jueces “que han padecido la obra social y he tenido también que recurrir a personas de la Corte para que le pidieran al juez Maqueda que moviera algo para poder ser atendidos”.

En ese sentido dijo conocer casos de empleados o juezas que han sufrido situaciones como no haber recibido prótesis o tener que esperar mucho tiempo por ellas.

Se hizo hincapié en saber porqué consideraba que Maqueda fuera a quien debían remitirse y ella contó que “cuando uno iba presencialmente a la obra social, todos sabían que si no se podía llegar a Aldo Tonón, había que llegar a Maqueda, porque la obra social no daba respuesta. En vez de ser de los afiliados, la obra social era de la Corte Suprema”.

“Uno se siente muy vulnerable cuando le tocan a su familia, o tiene una situación de salud”, enfatizó en otro pasaje, y agregó: “No solamente fue el abandono en su momento, sino también en el día de la fecha”, y denunció: “No se resuelven causas en la Corte contra la obra social”.

Consultada su opinión respecto de que fuera la propia Corte la que tuviera que resolvier los casos, Forns dijo que ese tema lo habló con otros jueces federales que tienen los mismos casos, y que en el estatuto allí se establece que sea decisión de la Corte actuar en esos casos.

A modo de reproche, recordó haber escuchado al doctor Héctor Marchi decir que había fondos anticíclicos, recursos que como eran excesivos los tenía el Poder Judicial. “¿Pero dónde? -se preguntó-. En los prestadores, se ve que no estaban”.

Admitió que es “muy difícil pedirle a un litigante que está vulnerable que recuse a la Corte, porque siempre tiene esperanzas de que resuelva” la situación. En esas causas, recordó, Aldo Tonón se presentaba en las audiencias solo, “sin el patrocinio letrado correspondiente y se lo tuvimos que exigir. Sino, no le aceptábamos la contestación a la demanda”.

A propósito de las demandas, la mayoría de las causas son por abandono, gente esperando una prótesis, o que cuando llega, es algo distinto a lo que esperaba (en lugar de un brazo, un hombro, ejemplificó. “Parece humor negro”, dijo).

El diputado Juan Manuel López indagó sobre la responsabilidad del juez Maqueda: cómo sabían que él estaba a cargo de la obra social. Martina Forns contó entonces una anécdota. Por haber trabajado 11 años con el exmiembro de la Corte Enrique Petracchi, en cierta oportunidad cuando volvió a verlo y le pidió por un médico que quería entrar como prestador, él juez le aclaró que el único que se ocupaba de esos temas era el doctor Maqueda.

López le preguntó entonces si había alguna persona viva que pudiera afirmar algo en ese sentido, pues Petracchi falleció hace muchos años, a lo que la titular de la comisión, Carolina Gaillard, aclaró que el propio juez Maqueda lo había reconocido a través de un mail. La jueza, en tanto, insistió en que los mails estaban dirigidos a la secretaria de Maqueda.

Más adelante, el titular del bloque de la CC-ARI le preguntó si ella había dicho lo que Página 12 publicó como título tiempo atrás: un pedido suyo a que renunciaran todos los ministros de la Corte. Si bien Gaillard aclaró que esa pregunta no correspondía, porque ella lo había hecho “en el marco del espionaje ilegal de Macri”, y que no debía preguntar sobre cuestiones que no hacían al tema en debate, la jueza contestó de manera afirmativa, aclarando que lo había hecho porque la Corte había tenido una frase hacia ella que consideró inédita en un fallo del Poder Judicial: habían dicho que ella “desprestigiaba al Poder Judicial”.

Otros fallos de la jueza

Sucedió luego de que en el marco de una causa colectiva donde se solicitaba la inconstitucionalidad del aumento de tarifas de 2016, ella remitiera el mismo a la Corte, por conexibidad común. Ella  había resuelto una medida precautelar el 3 de agosto en lo que fue conocido como la “causa Fernández”, y lo hizo, contó, en un marco de ocho partes que lo solicitaban. Ese tema le valió a ella un pedido de juicio político y a su vez la llevó a ella a accionar ante la CIDH, y ese “es uno de los puntos que está aquí en la Comisión de Juicio Político”, comentó la jueza.

¿Quedó enojada con la Corte?, le preguntaron, a lo que ella respondió que “enojada no es la palabra”. Pero aclaró que piensa en las personas en función de su desempeño, de ahí que considere que “hay mal desempeño” de parte de los miembros del Tribunal y ese era un ejemplo. “Y muchísimos más que sería bastante largo de considerar”.

A instancias de una pregunta del diputado Leopoldo Moreau, la jueza Forns dijo haber sufrido “una pequeña amenaza” por esos días en los que falló sobre el tarifazo: “En la esquina de mi casa pusieron una bomba exactamente el día que vino acá (al Congreso) a declarar el secretario de Energía (Juan José) Aranguren, que él también me mencionó como culpable de que no se pudieran cobrar las tarifas de energía”. Eso mereció una denuncia policial y una causa en el juzgado de Daniel Rafecas, pero nunca se pudo determinar quién puso la bomba.

Agregó que al día siguiente, un proyectil había roto el vidrio de la habitación de su hijo.

Al preguntársele sobre si había sufrido alguna sanción disciplinaria su esposo, ella contó que lo habían echado de la IGJ, durante 2016. “Fue la gestión del anterior presidente que no quiero nombrar”, dijo, y contó que a través de Esteban Conte Grand, funcionario del Ministerio de Justicia de entonces, había recibido como respuesta que lo echaban “porque era socialista, sindicalista”. Su esposo inició una causa que no pudo terminar.

¿Cuánto tiempo pasó entre su medida contra las tarifas y el despido de su esposo?, le preguntaron, a lo que ella contó que en realidad había sido en enero de 2016, después de otro fallo suyo, cuando accionó contra el AFSCA por la Ley de Medios. “Ahí lo echaron a mi marido”, señaló.

Más adelante y ante una pregunta puntual de Mónica Frade, la jueza Forns admitió integrar Justicia Legítima, pregunta que sobre el final del interrogatorio el diputado Leopoldo Moreau consideró “macartista”.

Comenzó a las 13.19 una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde declarará por segunda vez Héctor Marchi.

El administrador desplazado de la Corte Suprema estuvo ante los legisladores el pasado 25 de abril, cuando denunció que recibió amenazas en su contra y cargó contra el ministro Juan Carlos Maqueda por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, hipótesis en la que se está indagando.

Este martes se espera que reciba preguntas de los diputados de la Coalición Cívica, quienes se quedaron sin consultar en la audiencia pasada. La líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, tuvo un pleito en la Justicia con Marchi, hombre de Ricardo Lorenzetti, contra quien los “lilitos” presentaron su pedido de juicio político.

Marchi debía presentarse la semana pasada, pero fue reprogramado para este martes ya que fue citado a declarar por el juez Ariel Lijo en la causa judicial sobre la OSPJN.

En la audiencia también serán interrogados el contador público Nicolás Jacinto Serafini, que faltó la primera vez y que debe exponer en torno al informe elaborado oportunamente sobre la OSPJN, que él mismo suscribió; y la jueza federal de San Martín Martina Forns, cuyo esposo falleció en plena pandemia, “abandonado por la obra social” del Poder Judicial, según ha denunciado.

Otro de los citados para la reunión era Santiago Clerici, a cargo de la Secretaría Jurídica General de la Corte, quien se ausentó en otras dos oportunidades y esta vez también faltó. En el arranque de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), informó que su testimonio se reprogramó por el tiempo que se estimaba iba a insumir la reunión.

Antes de pasar a los testigos, se aprobó, con aval del oficialismo y la oposición, incorporar como testigo a Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, a propuesta de la diputada Graciela Ocaña (Pro). Desde UEJN emitieron un duro comunicado contra Marchi tras su primera declaración.

“Vamos a acompañar esta ampliación, porque así como fue ofrecida Marieta Urueña Russo, que es secretaria general de SITRAJU República Argentina, es correcto que también esté presente la otra asociación sindical y que oportunamente se los invite a ambos para hacer la declaración”, expresó la diputada Vanesa Siley (FdT), quien además pidió incorporar como prueba “resoluciones que designan a Marta Herrera Alem tanto a cargo de la vocalía del doctor Maqueda, oportunamente, como luego a cargo de la vicepresidencia de la obra social”.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanuda su actividad este martes, a partir de las 13, con la participación de cuatro testigos, entre ellos Héctor Marchi, quien se presentará por segunda vez.

El administrador desplazado de la Corte Suprema estuvo ante los legisladores el pasado 25 de abril, cuando denunció que recibió amenazas en su contra y cargó contra el ministro Juan Carlos Maqueda por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, hipótesis en la que se está indagando.

Este martes se espera que reciba preguntas de los diputados de la Coalición Cívica, quienes se quedaron sin consultar en la audiencia pasada. La líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, tuvo un pleito en la Justicia con Marchi, hombre de Ricardo Lorenzetti, el magistrado contra quien los “lilitos” presentaron su pedido de juicio político.

Marchi debía presentarse la semana pasada, pero fue reprogramado para este martes ya que fue citado a declarar por el juez Ariel Lijo en la causa judicial sobre la OSPJN.

Otro de los citados es Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte, quien faltó en dos oportunidades, pero manifestó interés en declarar. También el contador público Nicolás Jacinto Serafini, que faltó la primera vez y que debe exponer en torno al informe elaborado oportunamente sobre la OSPJN, que él mismo suscribió.

Por último, fue citada la jueza federal de San Martín Martina Forns, cuyo esposo falleció en plena pandemia, “abandonado por la obra social” del Poder Judicial, según ha denunciado.

Tras celebrarse la duodécima reunión de la Comisión de Juicio Político que ha puesto en el banquillo a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, surgieron fuertes interrogantes en torno a cuánto es lo que falta para que comience a redactarse el dictamen que deberían llevar al recinto de Diputados.

Iniciado allá por enero, más precisamente el jueves 26 de ese mes -con fuertes contrapuntos entre oficialismo y oposición-, una de las preguntas que entonces se planteó fue qué extensión tendría ese proceso. Difícil de calcular por entonces, se habló de un mínimo de dos meses y se llegó a especular -como extenso- que podría llegar a durar hasta cuatro.

Pero eran tiempos en los que no podían hacerse tantas elucubraciones, si ni siquiera tenían muy claro en Juntos por el Cambio de qué manera afrontar el desafío que proponía el Frente de Todos. Tampoco estaba clara la modalidad que se le daría a este trámite excepcional, y todo el desarrollo del proceso que se dio a lo largo de estos meses fue una experiencia nueva que se fue resolviendo sobre la marcha. Y que sigue desarrollándose de ese modo, con muchos interrogantes que persisten, salvo uno en el que propios y extraños coinciden (en el caso del oficialismo, en privado), que es en lo que sucederá cuando el dictamen llegue al recinto: allí terminará todo, pues no están los dos tercios necesarios para continuar con el proceso en el Senado. Ni estarán.

Figuras clave de este debate como el kirchnerista Rodolfo Tailhade aclaraban esta última semana que todavía no tenían datos sobre el tiempo de desarrollo de este proceso, pues sobre la marcha están encontrando elementos que tienden a extender su duración. Es lo que ha sucedido con el tramo del proceso que están atravesando por estos días: el debate sobre las presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Allí, a diferencia de otros ítems del juicio, hay más elementos de prueba y datos concretos que permitan avanzar en una acusación. En otros casos, las acusaciones pueden aparecer forzadas, tratando de demostrarse cosas en las que unos y otros jamás coincidirán, y que son en definitiva cuestiones de apreciación.

Los datos recabados hasta el presente en las hasta ahora tres audiencias referidas a la OSPJN han entusiasmado a los miembros del oficialismo y todo indica que este tramo del juicio se extenderá algunas semanas más.

Recordemos que tras un inicio en el que el oficialismo buscó avanzar con el controvertido tema de los chats obtenidos de manera irregular y enfrascarse en ese marco en una polémica en torno a la citación del fiscal Carlos Stornelli, transcurridos dos meses de debate se resolvió “ordenar” el desarrollo del proceso con audiencias temáticas.

Las mismas arrancaron el martes 21 de mayo y el primero de los temas fue el fallo del 2×1 dictado por la Corte Suprema el 3 de mayo de 2017. Deliberadamente el oficialismo eligió arrancar con este análisis temático en la Semana de la Memoria con una cuestión en la que buscó relacionar el fallo de la Corte de esos días con el Gobierno de Cambiemos.

Esa parte del juicio no involucra a los cuatro miembros de la Corte, sino a su presidente y el vice, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes esa vez junto con Elena Highton de Nolasco suscribieron el fallo de mayoría que habilitó el cómputo del 2×1 para la prisión por delitos de lesa humanidad, al declarar aplicable la Ley 24.390 que estuvo vigente entre 1994 y 2001 para el caso del represor Luis Muiña.

A esa primera sesión habían sido citados y faltaron el exministro de Justicia Germán Garavano, Fabián Rodríguez Simón y el senador José María Torello. Ninguno de los tres asistió a esa reunión. El primero pidió reprogramar; “Pepín” y el senador Torello no concurrieron nunca. El primero era obvio, pues está prófugo en Uruguay; el legislador nacional se amparó en sus fueros.

Sí estuvo en esa primera audiencia temática Gladys Cuervo, sobreviviente de los secuestrados en el Hospital Posadas, quien dio su interpretación sobre la decisión de tres integrantes de la Corte de avalar el 2×1 para causas de lesa humanidad. También asistió Zulema Chester, cuyo padre fue víctima de Luis Muiña. “Mi papá fue secuestrado en nuestro domicilio el 26 de noviembre de 1976, sabemos a través de las investigaciones que pasó por el centro clandestino del Posadas y su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata pocos días después, pero nunca pudimos recuperarlo”, contó.

Cerró el desfile de testigos de esa jornada Federico Morgenstern -de la vocalía de Carlos Rosenkrantz-, quien está a cargo de procesar todas las causas que vienen de la Secretaría N°3, que es la penal. “Me acuerdo bastante bien las cosas que pasaron con Muiña”, expresó sobre el fallo y recordó que recibió el legajo, lo estudió durante unos meses y junto a Rosenkrantz “preparamos el proyecto inicial de la causa”. “Después, con el desarrollo de las discusiones y negociaciones internas, el proyecto fue recibiendo modificaciones”, detalló.

Tras dos semanas sin reuniones (el único parate hasta ahora, debido a las sesiones del 28 y 29 de marzo y luego Semana Santa), la segunda audiencia temática fue el 11 de abril. A esa reunión asistieron Estela de Carlotto, Germán Garavano y los periodistas Silvana Boschi, exeditora de Clarín, que fue consultada sobre sus publicaciones que relatan una versión acerca de la intervención de “Pepín” Rodríguez Simón en la Corte para favorecer el fallo sobre detenidos por crímenes de lesa humanidad; Irina Hauser, que afirmó que “Rodríguez Simón es quien tenía el vínculo con Rosenkrantz“, y se refirió a la “política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad” del máximo tribunal en 2017; el periodista de Clarín Ignacio Miri y Martín Granovsky, de Página 12, quien afirmó que la Corte ya venía preparando el terreno para el fallo que benefició a Muiña.

El 18 de abril arrancó el debate sobre la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, y en esa jornada atestiguaron la médica legista y perito de la Corte Suprema María Cristina Interlandi; Oscar Fernández, que formó parte de la auditoría ordenada por la CSJN; la contadora Melisa Solana; la funcionaria judicial María Guadalupe Burgos, y Laura Coulin y Liliana de Brito, quienes lo hicieron en su calidad de damnificadas de la obra social.

La segunda audiencia sobre ese tema fue el 25 de abril, y en esa oportunidad se produjo el testimonio de Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social. Una semana antes de la citación, Marchi había sido desplazado de su cargo hacia el área de Seguridad Social, con los votos de los cortesanos Rosatti, Rozenkrantz y Juan Carlos Maqueda, y el voto a favor de Ricardo Lorenzetti.

Ese funcionario dejó expuesta la grieta existente en el Tribunal Supremo. Hizo fuertes cargos y denunció que desde su desplazamiento él y personal cercano había sido “víctima de seguimientos y amenazas”.

También declararon el docente universitario Gustavo Montanini y Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte.

El pasado miércoles 3 de mayo declararon Andrés Sacchi, director de Informática de la Corte, quien firmaba balances de la obra social; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Maqueda y Valeria Díaz, damnificada de la obra social.

Para este martes 9 de mayo han sido citados Héctor Daniel Marchi, que expondrá esta vez sobre el informe de 20.000 fojas elaborado bajo su tutela sobre los supuestos desmanejos; Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte; el contador publico Nicolás Jacinto Serafini y Martina Forns, jueza federal de San Martín, cuyo esposo falleció en plena pandemia “abandonado por la obra social”, según su denuncia.

Los temas pendientes

Transcurridos entonces poco más de tres meses desde el inicio del juicio político a los miembros de la Corte, recién van por el segundo de los temas a debatir. ¿Qué temas faltan para abordar antes de que los diputados se aboquen a la redacción de los dictámenes (será uno para cada integrante del Tribunal Superior)?

Según confiaron a parlamentario.com miembros del oficialismo, el próximo tema a abordar será el de la Coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires; luego quedan Consejo de la Magistratura; abuso de poder y una denuncia contra el juez Rosencrantz por el cobro por un juicio de Santa Fe contra Nación.

Cuatro temas que demandarán, como mínimo, siete semanas más. Y para los cálculos temporarios habrá que tener en cuenta que el debate sobre las irregularidades en la obra social llevaría entre dos y tres semanas más. Sobre todo luego de que se votara el levantamiento del secreto fiscal de MoRo Media, una cuestión que según anticiparon a este medio dará “mucho para hablar”. Recordemos que MoRo Media es una sociedad de Silvio Robles, hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de Natalia Monayer, también funcionaria cercana al juez.

Así las cosas, quedarían al menos diez audiencias temáticas, con lo que se llegaría a mediados de julio. Luego de ello comenzaría la redacción de los dictámenes, con lo cual una eventual resolución de este juicio coincidiría con las elecciones primarias de agosto.

Amén de eso, es vox populi que esos dictámenes no serán llevados al recinto con la actual composición del Cuerpo, por cuanto el Frente de Todos sabe que, como dijimos, no están los dos tercios para que el juicio pueda proseguir, ante lo cual optarán por reservarlo para “mejores tiempos”, o al menos conservarlo como una espada de Damócles sobre el Tribunal Superior de la Nación.

Presente en todas las reuniones de la Comisión de Juicio Político que se desarrolla contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el titular de la bancada oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, valoró la “acumulación de pruebas” que resaltó que se está logrando hacer en esas audiencias y que a su juicio están demostrando “el claro mal desempeño” de Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El santafesino dijo no haberse sorprendido de los informes del funcionamiento de la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, tema en el que están hoy por hoy enfocados los legisladores, por cuanto dichas irregularidades “estuvieron siempre y están contenidos en los proyectos presentados por los diputados”.

Entrevistado en el programa Congreso abierto, de Radio Zónica, Martínez sostuvo que se está viendo en torno a la OSPJN algo “lamentable”,  por cuanto se ha establecido que “no tiene presupuesto, no tiene sistema informático, régimen de contrataciones, ni personal y todo ese pasó mientras Maqueda estaba a cargo en nombre de la Corte Suprema de hacer un seguimiento de la obra social”.

Tal situación, agregó Martínez, “no exceptúa al resto de los miembros de la Corte, porque el estatuto aprobado en una acordada dice que las cuestiones de superintendencia son de todos los miembros de la Corte Suprema”.

Así las cosas, Germán Martínez sostuvo que “cuando se abrió el juicio político no teníamos idea de que se iba a desplazar a (Héctor) Marchi y sus declaraciones abrieron un escenario distinto”. Recordemos que Marchi fue secretario de administración de la Corte durante 15 años y fue justamente desplazado por un informe suyo sobre el andar de la OSPJN una semana antes de que concurriera a declarar ante la comisión. En esa declaración fue precisamente sumamente crítico de la administración de ese organismo.

El presidente del bloque del Frente de Todos recordó que cuando se declaró admisible los 14 expedientes desde la oposición “nos decían que no había ninguna causal para iniciar este proceso que el tema nacía muerto y era una excursión de pesca”. Por el contrario, él dijo que “siempre sostuve que cuando se inicie la etapa probatoria el consenso político y social iba a aparecer porque se dejan de hablar de generalidades y se habla de hechos concretos y son muy contundentes y si a eso le agregas el ruido que está generando adentro de la Corte Suprema de Justicia, eso va quedando claro que tenemos los elementos para seguir avanzando”.

Asimismo sostuvo que corresponde que “investiguemos a fondo como lo estamos haciendo como método, con orden, con estrategia clara”. En ese marco, reivindicó “el rol de la presidenta de la comisión Carolina Gaillard, siempre apegada al reglamento, a lo que indica la Constitución Nacional, y el rol de cada uno de los miembros del bloque y esto está dando sus frutos”.

¿Cuándo concluirá la etapa probatoria de este juicio, para iniciar la redacción del dictamen? “Me lo están preguntando desde enero pero no puedo decir si faltan quince días, un mes o dos meses; sería irresponsable de mi parte”, respondió Martínez, que aseguró que “le dedicaremos todo el tiempo para probar el mal desempeño de los miembros de la Corte”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT) destacó la labor que se viene llevando a cabo en la Comisión de Juicio Político en el marco del pedido de jury contra los miembros del máximo tribunal porque “de a poco estamos logrando que se instale el tema en la sociedad y que ésta sepa cómo funciona”.

En diálogo por la AM750, Tailhade señaló el “balance” del juicio hasta el momento y aseguró que la investigación se enfoca en “las irregularidades por el fallo del 2×1 que benefició a genocidas y por los desmanejos en la obra social del Poder Judicial”.

Al respecto, Tailhade confirmó que “hay suficiente evidencia para avanzar con dictámenes acusatorios” en el juicio político a la Corte. “Por un lado, el denominado 2×1. Nuestra hipótesis es que es un fallo negociado entre la Corte y el gobierno de Macri, cuyos negociadores -según la prensa más cercana al kirchnerismo- fueron Silvio Robles por la Corte y Pepín Rodríguez Simón y José María Toledo por el gobierno de Macri”, explicó.

“El otro tema es el manejo de la obra social que está quedando cada día más claro que, durante más de una década, fue un abandono y un descontrol de la organización”, denunció.

Al respecto, reiteró que “con estos dos cargos tenemos suficiente evidencia para avanzar con dictámenes acusatorios”. Asimismo, consideró que a los jueces les “preocupa el desenlace” del proceso judicial.

“Lo que más les preocupa a ellos es que se está poniendo en evidencia un manejo absolutamente turbio de la Corte en general. Como acostumbra a decir Leopoldo Moreau: la Corte juega al truco con las instituciones, con la Constitución”, expresó y cerró: “De a poco estamos logrando el objetivo de que se instale el tema en la sociedad y que ésta sepa cómo funciona el máximo tribunal”, concluyó.

La comisión volverá a reunirse el próximo martes a las 13 a la cual fueron convocados cuatro testigos, tres de ellos son reprogramados, con el fin de seguir indagando sobre el manejo de la obra social.

Ya se conocen los nombres de los testigos convocados para la próxima audiencia de la Comisión de Juicio Político, prevista para este martes a las 13.

Según la nota a la que accedió parlamentario.com, son cuatro los testigos previstos, y la convocatoria se aviene a lo expresado en el inicio de la audiencia de este miércoles.

El primero de la nómina es Héctor Daniel Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social. Ya declaró en la reunión del 25 de abril y quedó en regresar en la siguiente, para responder preguntas sobre lo que se conoce como el “informe Marchi”, elaborado en torno a la investigación de las irregularidades en la OSPJN. Debía presentarse este miércoles, pero fue reprogramado para la semana siguiente porque este miércoles fue convocado para declarar por la misma causa ante el juez Ariel Lijo.

También han sido citados Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte, quien faltó en dos oportunidades, pero manifestó interés en declarar.

También el contador público Nicolás Jacinto Serafini, que faltó esta semana y que debe exponer en torno al informe elaborado oportunamente sobre la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que él mismo suscribió.

Por último, ha sido citada la jueza federal de San Martín Martina Forns, cuyo esposo falleció en plena pandemia, “abandonado por la obra social” del Poder Judicial, según se ha denunciado.

Tras una fuerte discusión entre el oficialismo y la oposición, el Frente de Todos impuso su mayoría en la Comisión de Juicio Político y aprobó este miércoles una ampliación de prueba que consiste en solicitarle a la AFIP información fiscal sobre MoRo Media, una sociedad de Silvio Robles, hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de Natalia Monayer, también funcionaria cercana al juez. 

Al plantear el tema, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) recordó que en marzo pasado ya se habían librado oficios a la IGJ y AFIP, pero que ahora se requeriría más información, relacionada a “las declaraciones juradas; todos los pagos realizados a la AFIP, todo tipo de información sobre operaciones, plazos fijos, participaciones societarias, cuentas bancarias, depósitos, embarcaciones. Y me faltó departamento en Miami”. 

También, el kirchnerista dijo querer conocer las fiscalizaciones de la AFIP con relación a la sociedad; si se registraron trabajadores en relación de dependencia y que se remita la totalidad de facturas emitidas por esta S.R.L.

“Una de las hipótesis que llevamos adelante es el tráfico de sentencias en la Corte, en el fallo del 2×1, en el de la mal llamada coparticipación y en el del Consejo de la Magistratura”, apuntó Tailhade y aseveró: “Necesitamos saber si a través de esa sociedad se han canalizado movimientos de dinero que tengan que ver con este tráfico”. Y, agregó, que hay que investigar si “se pudo haber entregado dinero a distintas personas que resultaban importantes para el objetivo final que representaban los fallos”. 

En medio de las quejas de los legisladores de Juntos por el Cambio, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), recordó que existe una disposición de la AFIP, la 98/2009, que establece “una serie de excepciones al levantamiento del secreto fiscal, donde faculta a la presidenta de esta Cámara de Diputados a requerir este levantamiento”. 

Según reveló la entrerriana, se consultó a la Dirección de Legales de la Cámara baja si era posible “requerir a la AFIP la información o no” y en un dictamen jurídico se respondió que “la comisión tiene facultades para requerirlo”. “Puede ser que después esa información tenga carácter reservado y pueda ser solamente consultada por quienes integramos esta comisión”, aclaró. 

Además, se incorporó como testigo a la jueza federal de San Martín Martina Forns, por “el fallecimiento de su marido en plena pandemia, abandonado por la obra social” del Poder Judicial. 

“Ella también forma parte de la denuncia que hizo la Asociación Americana de Juristas contra los miembros de la Corte” por “misoginia y destrato contra la jueza en el marco de actuaciones por los tarifazos”, añadió el legislador. 

La tercera ausencia consecutiva de Aldo Tonón a la reunión de la Comisión de Juicio Político será seguramente este miércoles motivo de un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición. Porque la oposición pedirá, como ya adelantó, que sea llevado a la misma por la fuerza pública y para eso votarán pedir ese trámite a un juez federal.

Si bien en el listado difundido este martes por las autoridades de la comisión que preside Carolina Gaillard no figuraba el nombre del exdirector de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, éste había sido citado ya el jueves de la semana pasada y en eso se basaría el oficialismo para reclamar la asistencia del juez de turno.

La no comparecencia del testigo citado fue confirmada a parlamentario.com por su abogado, Mauricio D’Alessandro, quien señaló su extrañeza porque su defendido no figurara en la lista, pues en efecto había sido citado. Pero “no va a concurrir”, admitió el letrado.

La razón de la insistencia de Tonón y su abogado en no declarar ante la comisión es que existe una investigación abierta en el juzgado federal N° 4 a cargo del juez Ariel Lijo, en la que figura como imputado y obligarlo a presentarse podría violar la garantía del artículo 19 de la Constitución Nacional que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.

La causa por la que está siendo citado, tanto por la Justicia, como por el Poder Legislativo, tiene que ver con las supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

D’Alessandro aclaró que la comisión “no puede citar por la fuerza pública” a su defendido, pues eso “no está en el reglamento”. El abogado destacó que así lo señaló el ex juez federal y actual diputado radical Fernando Carbajal, quien en la última audiencia observó que el artículo pertinente del reglamento interno dice textualmente que “si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar los alcances de tal ilicitud…”. Es decir, “nada de fuerza pública”, remarcó D’Alessandro, que agregó que Carbajal sostuvo que “de hecho, no podemos hacer nada desde ningún punto de vista más que, eventualmente, correr una vista al fiscal si suponemos que hay algún incumplimiento de deberes legales, aunque en realidad no hay ninguna figura que claramente prevea nuestro Código (debió decir Reglamento)”.

Ante la insistencia del abogado en remarcar que el reglamento no habla de la utilización de la fuerza pública, cabe consignar que el mismo establece textualmente que “cuando la comisión hubiera dispuesto la comparecencia de alguna de estas personas a declarar como testigo y las mismas injustificadamente no concurrieran, se remitirán los antecedentes del caso a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellas, a los fines que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda que puedan corresponder por la incomparecencia”.

Cabe recordar como antecedente que el abogado Marcelo Mazzeo es uno de los testigos que se resistió a declarar ante la Comisión de Juicio Político. Había sido citado para declarar por haber figurado en los chats de Marcelo D’Alessandro, y no solo no asistió, sino que también publicó en Twitter que no lo haría, por lo que la comisión resolvió hacer una presentación en los tribunales federales para que un juez disponga “las medidas necesarias” para hacerlo comparecer “con auxilio de la fuerza pública”.

Con todo, Mauricio D’Alessandro aclaró ante este medio que “no es nuestra intención molestar a la comisión ni a sus miembros”, pero aclaró que su defendido no asistirá porque “creemos que nos perjudica”.

Finalmente se conoció la lista de los testigos convocados para este miércoles, que es bien distinta de la prevista originalmente. Es que el jueves pasado, cuando se conoció la convocatoria hecha por la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, figuraban solo dos testigos. Y se cambiaba la fecha de citación: en lugar del jueves, sería el miércoles 3.

En la última reunión se había anunciado que la siguiente no sería este martes, por el feriado del 1° de mayo, sino miércoles o jueves. Y al terminar el encuentro, cerca de las 19, se había acordado que la cita próxima sería el jueves a las 11. Sin embargo la convocatoria de Gaillard modificó fecha y hora: este miércoles a las 15. Con solo dos testigos: Héctor Marchi y Aldo Tonón.

No obstante este fin de semana largo pudo saberse que hubo alteraciones en esa grilla anunciada. Por razones atendibles, vale aclarar.

No estará Marchi este miércoles, sino que será reprogramado para la semana siguiente. Pasa que el exaministrador de la Corte Suprema fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social.

Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no). Ahora será reprogramado para el martes de la semana que viene.

En cuanto a Aldo Tonón, exdirector de la obra social, se lo mantenía en la grilla de convocados. Iba a ser la tercera vez, pero finalmente en la nómina conocida este martes ya no apareció su nombre. Según pudo saber este medio, es porque anticipó que mantenía su tesitura de no declarar ante la comisión, argumentando que hay en curso una causa en la que él está imputado y quiere evitar que algo que pueda llegar a decir en la comisión pueda ser usado en su contra. La Comisión de Juicio Político ya rechazó en las dos oportunidades en que faltó esos argumentos y volvió a citarlo una y otra vez. En ese caso, parlamentario.com pudo saber que votarían este miércoles su citación por la fuerza pública.

Los testigos citados entonces son el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, quien no concurrió a la cita anterior por las nuevas funciones que ahora ocupa -reemplaza a Marchi-; el contador público Nicolás Serafini, quien firmaba balances de la obra social; el director de Informática de la Corte Suprema, Andrés Sacchi; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Juan Carlos Maqueda y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.

Llamó la atención el jueves pasado cuando se conoció la convocatoria hecha por la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, en la que figuraban solo dos testigos. Y se cambiaba la fecha de citación por el miércoles 3.

Es que el martes pasado se anunció que la reunión venidera no se haría esta vez este martes, por el feriado del lunes, sino miércoles o jueves. Y al terminar el encuentro, cerca de las 19, se había acordado que la cita próxima sería el jueves a las 11. Sin embargo la convocatoria de Gaillard modificó fecha y hora: este miércoles a las 15. Con solo dos testigos: Héctor Marchi y Aldo Tonón.

No obstante este fin de semana largo pudo saberse que hubo alteraciones en esa grilla anunciada. Por razones atendibles, vale aclarar.

No estará Marchi este miércoles, sino que será reprogramado para la semana siguiente. Pasa que el exaministrador de la Corte Suprema fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social.

Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no). Ahora será reprogramado para el martes de la semana que viene.

En cuanto a Aldo Tonón, extitular de la obra social, es la tercera vez que lo convocan. ¿Será la vencida? Tonón hasta ahora se ha resistido a asistir argumentando que hay en curso una causa en la que él está imputado y quiere evitar que algo que pueda llegar a decir en la comisión pueda ser usado en su contra. La Comisión de Juicio Político rechazó esos argumentos y volvió a citarlo una y otra vez. No está confirmado que venga ahora, y si no lo hace, se le cursará oficio a un juez para que ordene llevarlo por la fuerza pública.

Además de Tonón, ahora han sido citados otros testigos que fueron postergados. El secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, quien no concurrió a la cita anterior por las nuevas funciones que ahora ocupa -reemplaza a Marchi-; el contador público Nicolás Serafini, quien firmaba balances de la obra social; el director de Informática de la Corte Suprema, Andrés Sacchi; María Bettina Bonuccelli, funcionaria de la Corte Suprema y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.

Habrá que ver si, en virtud de la cantidad de citados, se resuelve adelantar el inicio de la reunión. En principio, no está previsto.

Con expectativa por el testimonio de Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años, la Comisión de Juicio Político reanudó su trabajo este martes. La reunión se realiza en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja desde las 13.15.

El funcionario judicial, recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal, fue citado para ser interrogado en el marco de la causal sobre el desmanejo de la obra social del Poder Judicial.

Por el voto de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social días atrás.

Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, denunció públicamente que Marchi se aprestaba a enviar a la comisión una serie de auditorías e información recopilada en el denominado “informe Marchi” -de 20 mil fojas- sobre serias irregularidades en el manejo de los fondos de la OSPJN, justo cuando fue desplazado.

Para esta undécima jornada, pero la séptima con testigos, se volvió a citar al exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión y envió una carta en la que consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten -dada una causa judicial en curso- y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento. Este martes tampoco concurrió y, a través de su abogado, justificó su incomparecencia. En el final se resolverá si se lo obliga a venir mediante el uso de la fuerza pública.

Además, se convocó al docente universitario Gustavo Montanini y al prosecretario letrado de la Corte Suprema, Enrique de Vedia.

En tanto, hubo cambios en la lista de testigos, ya que el secretario letrado de la Corte Sebastián Clerici pidió una “reprogramación de su citación por las nuevas funciones que cumple a partir del dictado de la Acordada 11/23”, informó Gaillard. Mientras que el médico legista Enzo Canónaco justificó, a través de certificado médico, su ausencia por razones de salud. Finalmente a las afiliadas de la OSPJN Valeria Díaz y Laura Ambrosio se les reprogramó el testimonio por la extensión de la reunión que se prevé para este martes.

El Frente de Todos en la comisión busca comprobar si hubo delitos en la cobertura de cargos en la obra social, en el manejo de stock de medicamentos y en la ausencia de previsión presupuestaria y registros contables, situaciones que afectaron directa o indirectamente a los casi 100 mil afiliados de la OSPJN en el país.

Pero la causal de irregularidades en la obra social es también uno de los puntos del expediente que presentó la Coalición Cívica contra Lorenzetti, precisamente a quien responde Marchi, por eso se esperan posibles contrapuntos durante la reunión.

Marchi será convocado también la semana próxima

En el arranque de la reunión, Gaillard recordó que “en la Acordada 11/23 de reestructuración funcional hay una disidencia del doctor Lorenzetti donde menciona que el contador Marchi habría elevado un informe sobre la obra social y que eso podría estar vinculado a su desplazamiento”. Por eso, “se entendió que era lógico” convocarlo a la comisión, argumentó. 

A continuación, informó que “afortunadamente, en el día de ayer, la Corte se expidió y ha contestado el oficio que esta comisión le requirió enviando toda la información”. Sin embargo, “teniendo en cuenta que esta información llegó anoche y no va a ser posible poder estudiarla con detenimiento, se lo va a volver a citar (a Marchi) para que venga a otra reunión”, que se realizará el próximo jueves 4 de mayo (atento que el martes 2 no habrá reunión por el feriado del día anterior).

Con expectativa por el testimonio de Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años, se volverá a reunir este martes la Comisión de Juicio Político de Diputados. El encuentro será en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja desde las 13.

El funcionario recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal confirmó su asistencia, tras haber sido incorporado a la lista de testigos en el marco de la causal sobre el desmanejo de la obra social del Poder Judicial.

Por el voto de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social el jueves pasado.

Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, denunció públicamente que Marchi se aprestaba a enviar a la comisión una serie de auditorías e información recopilada en el denominado “informe Marchi” -de 20 mil fojas- sobre serias irregularidades en el manejo de los fondos de la OSPJN, justo cuando fue desplazado.

Para esta undécima jornada, pero la séptima con testigos, se volvió a citar al exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión y envió una carta en la que consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten -dada una causa judicial en curso- y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento.

Además, se convocó al docente universitario Gustavo Montanini; al secretario letrado de la Corte Sebastián Clerici; al prosecretario letrado de la Corte Suprema Enrique de Vedia; al médico legista Enzo Canónaco; y a las afiliadas Valeria Díaz y Laura Ambrosio.

El Frente de Todos en la comisión busca comprobar si hubo delitos en la cobertura de cargos en la obra social, en el manejo de stock de medicamentos y en la ausencia de previsión presupuestaria y registros contables, situaciones que afectaron directa o indirectamente a los casi 100 mil afiliados de la OSPJN en el país.

Pero la causal de irregularidades en la obra social es también uno de los puntos del expediente que presentó la Coalición Cívica contra Lorenzetti, precisamente a quien responde Marchi, por eso se esperan posibles contrapuntos durante la reunión.

En el arranque de la sesión de este miércoles, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, planteó una cuestión de privilegio contra los integrantes del Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político, a raíz del proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema. 

“Denunciamos primero que iban a una excursión de pesca, es decir, que tomaban una cantidad de pruebas indeterminadas y en su mayoría inconducentes para ver si encontraban algo que permita, ya sea acusar a los jueces de la Corte o acusar a otras personas en otros procesos. Después hablamos del caballo de Troya que era ese juicio político, ya sea en testigos, ya sea en causas judiciales que se piden, ya sea en prueba informativa”, expresó. 

El vicepresidente de la comisión advirtió que “vamos encontrando todos los días en cada prueba que se produce una intención que va más allá del juicio político”. “Al mismo tiempo dijimos que se estaba produciendo inteligencia ilegal en esa comisión, no solo por las medidas que se quieren tomar, con o sin intervención de jueces” sino que además “van surgiendo, a medida que se investigan algunos hechos, trascienden conversaciones obtenidas ilegalmente y se quieren incorporar pruebas”, señaló. 

López consideró que esto es mucho más “grave” en el contexto de que “casi todo el tribunal que juzgó a la vicepresidenta (Cristina Kirchner), más el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) están denunciando que sus teléfonos han sido hackeados”. 

El legislador de Juntos por el Cambio criticó que cuando se trató el tema del fallo 2×1 surgió una “nueva escuela del derecho constitucional del Frente de Todos: el derecho conjetural”, porque “han decidido, a través de conjeturas, decir que las cosas ya están probadas”.

López recordó que se “ invitaron a declarar a una serie de periodistas, en su mayoría afines al Gobierno” y a partir de esos testimonios, “la mayoría de ellos (por los diputados oficialistas) dan por cierto los hechos”. “Que quede claro que el derecho conjetural no existe, que es un invento de una mayoría circunstancial del Frente de Todos en esa comisión”, enfatizó. 

Y concluyó: “Este proceso no solo es un elemento extraño que complica la convivencia democrática en esta Cámara, sino que atenta contra la seguridad jurídica de nuestro país, y tenemos graves problemas por falta de seguridad jurídica, uno de ellos lamentablemente es la cotización de los dólares paralelos y me parece que tenemos que empezar a reflexionar sobre estas cosas”.

La respuesta de Gaillard

En una cuestión de privilegio que planteó contra el senador José Torello (Pro), la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard, defendió que “la comisión no está trabajando sobre conjeturas”. “Los diputados tenemos la obligación de llevar adelante la investigación cuando conocemos de delitos, cuando conocemos de posibles responsabilidades y mal desempeño”, sumó y dijo que “se han llamado a testigos que han sido ofrecidos por los denunciantes”. 

Sobre Torello, la entrerriana manifestó que le llamaba la atención “que se escude en los fueros”, los cuales “nos dan inmunidad de arresto y en nuestra opinión” a los legisladores, pero “no lo ampara ni lo exceptúa de la obligación que tenemos todos los ciudadanos de declarar. Declarar es una carga pública”, afirmó. 

“De ninguna manera voy a dejar pasar que digan que la comisión es un circo”, resaltó e insistió: “Nosotros tenemos que llevar adelante este proceso con total objetividad, con toda la seriedad”. En ese sentido, destacó que en la última reunión de este martes, donde se abordó la causal de las irregularidades en la obra social “nos pudimos poner de acuerdo (con la oposición) en algunas cosas que tienen que ver con la investigación”. 

Finalmente, Gaillard explicó que “respecto al senador Torello, la comisión entendió que como se comprobara la relación de amistad entre Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el doctor Carlos Rosenkrantz no era necesario volver a citarlo, pero nadie pidió el desafuero porque entendemos que los fueros no lo amparan de declarar como testigo”. 

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), comenzó su reunión de este martes a las 13.14, en lo que fue la décima, desde que la comisión inició su tarea de enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema, y la sexta audiencia con testigos en el marco del proceso.

Tras abordar la causal del fallo 2×1, la comisión comenzó este martes a indagar sobre las denuncias de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial (OSPJN).

Para ello habían citados a declarar Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN; la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA; más los funcionarios del Poder Judicial Oscar Fernández y María Guadalupe Burgos. También fueron convocadas Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN y que lo harían en su calidad de “damnificadas”.

Como suele suceder cada semana, hubo ausencias. Según se anunció al inicio de la reunión, Gustavo Montanini, perito de la Corte, anticipó que no podía concurrir esta semana, pero sí lo haría en una próxima oportunidad, por lo que será reprogramado.

Caso especial era el de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN, cuyo caso mereció una votación para que volviera a ser citado. Sucede que había enviado la semana pasada una nota a la comisión donde planteó que sobre el mismo tema que fue convocado se tramita actualmente una causa ante el juzgado penal en la que se estarían investigando eventos que lo involucran. La respuesta fue que debía asistir igual y, en todo caso, no responder las preguntas que pensaba podrían llegar a comprometerlo.

Previo a la ronda de preguntas, la diputada Vanesa Siley (FdT) remarcó la importancia de abordar el tema, porque “es una de las causales que es transversa,l porque es permanente tanto en la denuncia que realizó el FdT como la que hizo los miembros de JxC la coalición de la CC-ARI”, y planteó que “hay que hacer un abordaje lo más completo, pausado y detenido posible”.

“Son muchos años de irregularidades que se están abordando. No hay que olvidar que todo redunda en la salud de otras personas y hay que abordar el tema con mucha seriedad porque se trata de la salud de más de mil afiliados”, indicó.

Al respecto, planteó la solicitud de expedientes de contrataciones y licitaciones para tener la información concreta, a lo que la diputada Oliveto sugirió pedir cómo se hizo el muestreo: si fue por forma aleatoria o por incidencia económica.

La reflexión de los diputados

Al pedir la palabra, la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto remarcó la importancia del control de la Auditoría General de la Nación en relación al “manejo de fondos del Poder Judicial, porque hay un tema que nos interpela y una deuda que tenemos desde el ’92, que es la Ley de Administración Financiera que obliga a los poderes y a las empresas estatales a seguir ese sistema. Es una deuda que tiene la democracia”.

“No hemos modificado la Ley de Administración Financiera y tampoco este Congreso ha exigido que la Auditoría General se adapte a auditar a otros poderes del Estado y empresas públicas mediante convenio y tampoco que las empresas no se manejaran como sociedades anónimas sino con la Ley de Administración Financiera”, planteó.

En consonancia con lo expuesto previamente, Siley agregó que el informe arrojó “la situación desastrosa en términos de control de planificación de gestión financiera en la que está la obra social. No se guía por la Ley de Administración Financiera, sino que tampoco tiene legislación ni tiene ley propia”

“En el sistema de obras sociales tienen una ley y autoridad de aplicación, mismo empresas de medicina prepaga, las obras sociales universitarias”, describió Siley y propuso: “Deberíamos poder hacer como Congreso de la Nación y regular una ley que determine en la Obra Social del Poder Judicial un directorio por ley, reglas establecidas en una norma legal, así como una autoridad de aplicación que sea la Superintendencia o el Ministerio de Salud”.

Los problemas tienen que ver con que es la Corte que crea el estatuto, lo modifica, fiscaliza y designa autoridades. Tenemos el famoso cumplimiento cabal de juez y parte”, remató la oficialista. Acompañaron sus palabras sus compañeros de banca Ramiro Gutiérrez y Rodolfo Tailhade. También adhirió la diputada Graciela Ocaña (Pro) para que el Congreso “establezca un marco legal y encuadrar a todas las obras sociales que quedan por fuera del sistema general. Tenemos que trabajar por la transparencia”.

La palabra de los testigos

La primera interrogada fue la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema, quien ratificó el informe elevado por la Comisión Auditora de la obra social. “El periodo auditado por un amplio marco temporal abarcaba desde abril del 2008 hasta septiembre de 2021, un tiempo de 13 años”, respondió ante la consulta de Siley y aseguró desconocer el motivo del tiempo auditado.

Además, contó que fue el equipo en su conjunto quien determinó el modo en que iban a llevar adelante la auditoría y fue consultada sobre los aspectos de la obra social que fueron auditados: “La resolución disponía que efectuáramos una auditoria que fuera financiera, económica y de gestión. Esa fue la disposición de la resolución”.

“La auditoría constaba, y así lo decía la resolución, de dos abogados, dos contadores y dos médicos y nosotros nos abocamos a todo lo vinculado con la atención médica como la parte de farmacia, pedidos de los beneficiarios. Siempre hubo actitud de colaboración cuando nos contactamos con autoridades de la obra social para solicitar algo”, explayó en sus respuestas.

Al respecto, Siley consultó sobre la importancia del cargo de subdirector médico que “durante 13 años estuvo vacante”, ante lo que Interlandi explicó: “El cargo de subdirector médico estaba ejercido, de alguna manera, por alguna parte del personal de la institución. Es un cargo que siempre debe estar cubierto. Es importante que haya un director y subdirector médico”.

“No tengo presente quién tenía la facultad de designar esos cargos. Se podría consultar”, aclaró la testigo, a lo que la diputada oficialista retrucó: “El informe cita al estatuto que dice que es facultad de la Corte Suprema”. Además, aseguró que “la función de un subdirector médico hace a una organización administrativa dentro de un sistema y es necesario cubrir ese cargo”.

“La creación de la Comisión fue para hacer un relevamiento de los procedimientos que llevaba a cabo la obra social y a eso nos abocamos a evaluar esos procedimientos. En cada caso pusimos de manifiesto lo que encontrábamos con la documentación que nos brindaban”, explayó.

Por otro lado, Siley interrogó sobre la farmacia de la obra social a lo que Interlandi contó: “Mi impresión respecto de la entrevista fue de colaboración. Respecto de la situación de la misma está volcada en el informe”.

“Las modalidades de la dispensa de medicamentos se dividen los de alto costo por un lado que son los oncológicos y, por otro lado, los relacionados a enfermedades permanentes o tratamientos crónicos que se entregan en la farmacia de la obra social. Los pedidos se hacían dos veces por semana, incluían los de alto costo y los vinculados a pacientes de enfermedades crónicas y medicamentos de stock habitual en la farmacia y pusimos una limitación del sistema que no están informatizados las autorizaciones de medicaciones de cada afiliado y eso siempre es una dificultad y una demora”, comentó la médica legista.

A su vez, aseguró que hicieron una evaluación de la farmacia de la obra social, pero no de Farmandat S.A y mencionó que “hay una causa judicial con este tema”. “En el informe pusimos que como el sistema no estaba informatizado no se podía tener un buen control del stock de medicamentos, la compra de los mismos y la venta”, ratificó Interlandi y aclaró: “El sistema informático que utilizaba la farmacia tenía dos espacios distintos, uno donde se cargaban las compras y el otro donde se procesaban las ventas y el sistema denominado mostrador para la consulta de saldos y productos. Sin embargo, muchos sistemas no coincidían en sus valores, así tampoco existe coincidencia entre el stock informático y el físico. Dependiendo de la medicación que se trate, podría traer un prejuicio”.

En esa línea, Siley insistió en que “todo tiene incidencia sobre la salud porque una persona que va a la farmacia y necesita un medicamento y no lo consigue… todo deviene cuando se trata de una obra social”.

Por otro lado, le consultó por los medicamentos vencidos, a lo que la médica indicó que en el informe hicieron notar que “no se prevé la carga de la fecha de vencimiento de los medicamentos entonces eso genera nuevos problemas administrativos de gestión que puede traer consecuencias adicionales como por ejemplo que no se disponga del medicamento, que no se reponga con tiempo, que se despache por error remedios vencidos”.

“Lo primero que se sufrió durante la pandemia fue la restricción de los tratamientos odontológicos en general por lo que imponía a los pacientes a hacer ese tipo de tratamientos. No sabemos los motivos y los actos administrativos de esa fundamentación”, explicó y sumó: “Desconozco si se comunicaban las falencias de los sistemas a la Corte”.

En tanto, remarcó la importancia de contar con una auditoría interna y con un auditor. Siguiendo con las consultas, Siley detalló que el índice de litigiosidad aumentó 300% entre 2008 y 2021 y preguntó por los motivos de las demandas. “Medicamentos, cirugías, prótesis, coberturas problemáticas, prestaciones geriátricas, falta de representación, etc.”, detalló la testigo y negó haberse reunido, previo a su designación, con Rosatti o Robles.

A su turno, el kirchnerista Rodolfo Tailhade le consultó por la modalidad en la compra de medicamentos y prótesis. “Si mal no recuerdo, es por compra directa”, respondió la funcionaria judicial.  También la interrogó por las autorizaciones de cada área.

“Tuve entrevistas con auditores médicos de diferentes especialidades que tenían esa función. La función nuestra fue recabar información a través de oficios que dirigimos a la obra social. Las reuniones que tuvimos siempre fueron de gran colaboración por parte de todo el sistema”, contestó la doctora.

A su turno, Oscar Fernández (parte de la auditoría ordenada por la CSJN) afirmó no poseer actualmente un cargo en el Poder Judicial, pero ejerció como perito. También dijo desconocer los motivos del periodo auditado y la emisión de la acordada.

“Es una acordada bastante amplia. El trabajo que se hizo, si bien se denominó auditoría una auditoría es un término genérico que tiene distintas acepciones de acuerdo a las resoluciones técnicas por las cuales trabajamos. En este caso más que una auditoría era un encargo que tenía por objetivo encontrar hallazgos y se vieron aspectos de procedimiento, de cumplimiento, de funcionamiento sobre aspectos contables, presupuestarios, financieros”, explayó.

Sobre las vacantes en los puestos de auditores y subdirectores, Fernández manifestó: “No hicimos un relevamiento de las consecuencias. Entiendo que los nombramientos tendrían que ser de la Corte”.

“La Corte lo único que hizo fue la acordada y la resolución, de ahí en adelanté empezamos a definir cómo íbamos a trabajar”, subrayó el contador y aclaró que no tuvieron espacio físico dentro de la obra social porque “no hay. Hay un problema serio de espacio”.

Al ser consultado por Siley por la delegación de firmas ante los cargos vacantes, explicó: “Lo analizaron los abogados, puedo asegurar que todos los lugares que no se cubren oficialmente se cubren funcionalmente porque alguien hace el trabajo, no está el cargo designado con una persona con responsabilidad”.

“El presupuesto es una herramienta de gestión, que define cuál es el camino a transitar y permite y conocer los desvíos entre la realidad y las expectativas. En el caso de la obra social, lo que se nos informó no contaba con presupuesto que hacia la obra social y desconozco si se elevaba a la Corte algo, pero nos dijeron explícitamente no tener presupuesto. Esto sucedió durante los 13 años, los pedimos al directorio y nunca nos dieron nada”, informó y sumó que la obra social “no cuenta con un sistema contable, por ende, no se cuenta con la información contable que circula dentro de la organización. Es un dato menos para tomar decisiones correctas. No es algo habitual”.

En esa línea, contó que se reunieron con los profesionales que hicieron el estado contable quienes hicieron a lo largo de 13 años “varias observaciones mencionando las dificultades que tenías, las limitaciones, los problemas respecto de la seguridad de la información con la que trabajaban para hacer los estados contables. Ninguno de los balances pasó por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que legaliza las firmas de los documentos”.

“No nos consta a nosotros que la Corte haya solicitado la corrección de estas irregularidades”, aclaró el testigo.

En su declaración, la contadora Melisa Solana explicó que fue designada por los jueces de la Corte para la obra social de los judiciales y que tuvo una reunión con Horacio Rosatti para tratar las deficiencias en el sistema administrativo. La testigo aseguró que renunció a la administración de la obra social por “motivos personales” y no por diferencias con sus superiores.

Además, la contadora explicó que “todas las deficiencias fueron informadas oportunamente al directorio”, aunque aclaró que, entre otros puntos, confirmó que “no había registros contables” en la obra social.

“La única entrevista fue con Rosatti en donde se me transmitió el primer informe de la secretaría de la Corte en el cual exponían determinadas deficiencias en el circuito administrativo y contable. Estaba vacante uno de los cargos que era la subdirección que luego asumí”, contó y expresó: “Creo que quedó expuesta la situación de la obra social, incluso yo tampoco tenía oficina privada cuando ingresé”.

También testificaron la funcionaria judicial María Guadalupe Burgos, las trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN, Laura Coulin y Liliana de Brito.

Como es habitual en las reuniones de la Comisión de Juicio Político, el oficialismo realizó en el comienzo un pedido de ampliación de prueba, solicitando una serie de nuevos testigos en la causa. Y como suele suceder, fue el diputado Rodolfo Tailhade el encargado de hacer tal solicitud.

Pero en esta oportunidad la oposición hizo un planteo que logró imponer, para que esos pedidos no sean votados de manera intempestiva, sino que puedan conocer bien de qué se trata y votar los temas en la semana siguiente. El logro, aclaremos, fue a medias.

Tailhade pidió que sean citados como testigos, por la causa que tiene que ver con la Obra Social del Poder Judicial, los auditores externos Nicolás Jacinto Serafini, Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez. Como así también los funcionarios judiciales María Betina Bonuccelli, subsecretaria administrativa de la vocalía del doctor Juan Carlos Maqueda, y Andrés Sacchi, director general de Sistemas de la Corte Suprema.

También como testigos, pero por la causa 2×1, Jorge Auat, extitular de la Procuradoría de Lesa Humanidad entre 2013 y 2017, hoy jubilado; y el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj.

Asimismo solicitó librar oficio a la Corte para enviar una serie de oficios y expedientes referidos a la obra social y otras cuestiones. En el marco de la diversidad de solicitudes, Tailhade precisó en un momento que esos requerimientos tenían que ver con las denuncias contra el doctor Carlos Rosenkrantz relacionados con su intervención en cuestiones de sus exclientes.

Tras ello, Juan Manuel López, vicepresidente de la comisión, planteó que se les pedía votar por algo que recién ahora estaban conociendo. “Yo no sé qué está pidiendo el diputado”, remarcó, aclarando que ese sistema no les permitía evaluar si las citaciones que debían votar eran o no pertinentes. “No sé si es prueba o no”, dijo y advirtió con ironía que deberían alquilar un galpón para guardar tal cantidad de material que estaban acumulando.

“No voy a acompañar un pedido de prueba que no puedo conocer”, señaló, anticipando que se abstendrían de votar ese tipo de pruebas.

La diputada Paula Oliveto planteó que lo conveniente sería anunciar los pedidos y someterlos a votación la semana siguiente. “Para ordenarnos”, aclaró, destacando que de lo contrario no podían fundamentar su posición. “Todas las disposiciones tienen que tener una motivación”, señaló, anticipando que en su caso querían citar al secretario Legal y Técnico de Héctor Daniel Marchi, secretario general de Administración de la Corte, pero lo fundamentaban por escrito.

Mientras la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, insistió en la necesidad de votar ese mismo día, su compañera de bloque Vanesa Siley aclaró que el abogado Sebastián Clerici, a quien la diputada Oliveto se había referido, ya había sido citado como testigo y su comparencia aprobada la semana anterior, “porque es uno de los que auditó a la obra social”. Con todo, aclaró que la de Oliveto no le parecía una propuesta errada.

“Me parece bien que se pueda a viva voz hacer alusión a qué se refiere la comparencia de los testigos”, aceptó, aunque precisó que en esos casos se podía aclarar sobre cada caso y postergar en cambio la votación sobre la prueba informativa.

Oliveto aclaró que en el caso del testimonio de Clerici, excedía el tema de la obra social y tenía que ver en cambio con su rol de director jurídico de la Secretaría de Administración de la Corte.

Luego de que Tailhade aclarara por qué se citaba a cada testigo, se aprobaron las citaciones,  pronunciándose en contra de las de Auat y Avruj los diputados de Juntos por el Cambio. “Me parece que el caso 2×1 está agotado, es suficiente con lo que tenemos y nos oponemos a seguir citando testigos por este tema”, planteó Juan Manuel López.

Carolina Gaillard le contestó que siempre habían hablado de que se debían una “audiencia remanente”.

En el inicio de la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes se planteó un debate en torno a la ausencia de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN, quien envió la semana pasada una nota a la comisión donde planteó que sobre el mismo tema que fue convocado se tramita actualmente una causa ante el juzgado penal en la que se estarían investigando eventos que lo involucran.

Tonón resolvió no asistir por considerar que su declaración podría violar las garantías que le asisten y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento ante esa comisión.

Según explicó la titular de la comisión, Carolina Gaillard, se le contestó este lunes por cédula, aclarando que según el artículo 240 del Código Procesal, “toda persona tiene la carga pública de prestar declaración testimonial”. Y se le aclaró que debía comparecer y en caso de que ante alguna pregunta pensara que podía llegar a autoincriminarse, podía no responderla, como han hecho ya otros testigos.

“Al señor Tonón se le ha ratificado la citación, porque todos los ciudadanos tenemos la obligación de declarar como testigos. Comparecer es una obligación, y si alguna pregunta lo compromete, debe pedir permiso para no contestar, como lo hizo el doctor (Germán) Garavano la semana pasada”, explicó Gaillard, que anticipó que le reiterarían la citación.

Paralelamente se informó que había concurrido un abogado a explicar las razones por las cuales Tonón no había concurrido, pero la comisión interpretó que no correspondía que lo hiciera. Intervino entonces el diputado Ramiro Gutiérrez, quien planteó que se esperaba que Tonón brindara una “prueba útil para la hipótesis del caso. Es un testigo calificado y además permitiría cumplir con el principio de oportunidad procesal”, precisó.

Agregó que “la obligación de testificar es una carga pública; no puede ser sustituido por interpósita persona. Sí puede manifestar una causal que justifique su incomparencia”, en cuyo caso los diputados la examinarán y determinarán la pertinencia o no de su presentación.

El diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López advirtió que seguía planteándose el mismo dilema de otras veces sobre qué hacer en esas circunstancias. “El derecho de no declarar contra sí mismo es una complejidad que la comisión no ha terminado de resolver. Tenemos que tener un debate serio sobre este tema”, reclamó.

Gaillard resaltó la actitud que en cambio había tenido el exministro de Justicia Germán Garavano, que había concurrido y respondido todas las preguntas, salvo las que pensara que podía llegar a comprometerlo. Finalmente decidieron reiterara la citación, con la aclaración de que podía negarse a responder las preguntas que pensara que pudieran llegar a perjudicarlo. A favor de hacerlo votó incluso la diputada Paula Oliveto, según Gaillard se ocupó de destacar y agradecer.

Finalmente la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados resolvió este martes acudir al juez federal de turno para que arbitre las medidas necesarias para hacer comparecer al doctor Marcelo Jorge Mazzeo, quien se ha negado hasta ahora a comparecer ante la misma.

El citado profesional fue citado en dos oportunidades para responder sobre su aparición en los chats filtrados del celular de Marcelo D’Alessandro. Mazzeo no respondió formalmente justificando su ausencia, sino que lo hizo a través de las redes sociales, donde sostuvo que se pretende “utilizar como prueba de cargo lo que (la comisión) recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido”.

Quiero dejar bien en claro que en ningún momento dije que las conversaciones obtenidas ilegalmente del telefono de @MarceDaless fueran reales, dije que mantenía conversaciones con el por trabajar hace años juntos.
Del hackeo de su teléfono surge, agregados, edición y manipulación

— Marcelo Mazzeo (@marcelomazzeo) March 13, 2023

Tras su primera ausencia, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard había señalado que se lo volvería a notificar de la citación, bajo apercibimiento de aplicar el artículo 247 y 154 del Código Procesal Penal respecto a los testigos y que comparezca por la fuerza pública”. Y ante un segundo faltazo, se resolvió finalmente este martes apelar al juez de turno, por cuanto el testigo convocado “no compareció, ni justificó” su ausencia, por lo que la comisión solicitó “se arbitren las medidas necesarias para que comparezca, recurriendo al auxilio de la fuerza pública”.

Aclarando que los integrantes de la comisión ya habían recibido el texto que votarían, se aprobó a continuación -solo con los votos del oficialismo- disponer las medidas que permitan hacer comparecer a Mazzeo así sea por la fuerza pública”.

También voy a dejar en claro que NO me voy a presentar ante una Comisión de Juicio Político que pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Las persecuciones políticas deben terminar en Argentina

— Marcelo Mazzeo (@marcelomazzeo) March 13, 2023

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), comenzó su reunión de este martes a las 13.14. Es la décima, desde que la comisión inició su tarea de enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema, y la sexta audiencia con testigos en el marco del proceso.

Tras abordar la causal del fallo 2×1, la comisión comienza este martes a indagar sobre las denuncias de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial (OSPJN).

Para ello fueron citados a declarar la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA; y Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN.

El único convocado que anticipó que no podía estar es Aldo Tonon, exdirector de la OSPJN.

En la última reunión, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) solicitó que “se agregue al expediente la nota firmada por el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, publicada en el Centro de Información Judicial el 4 de abril de 2023”.

“Esa nota se refiere a la respuesta del directorio de la obra social a un traslado que le había corrido el tribunal respecto de distintas irregularidades advertidas en el informe de auditoría que se encargó oportunamente desde la Corte”, explicó.

El oficialista pidió que “a través de un oficio a la Corte se requiera copia certificada del informe al que hace referencia Lorenzetti”, más información anexa por parte de la Secretaría General de Administración de la Corte.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), llevará a cabo este martes, desde las 13, la sexta audiencia con testigos en el marco del proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Tras abordar la causal del fallo 2×1, se comenzará ahora a indagar sobre las denuncias de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial (OSPJN).

Para ello fueron citados a declarar Aldo Tonon, exdirector de la OSPJN; la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA; y Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN.

En la última reunión, el diputado Rodolfo Tailahde (FdT) solicitó que “se agregue al expediente la nota firmada por el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, publicada en el Centro de Información Judicial el 4 de abril de 2023”.

“Esa nota se refiere a la respuesta del directorio de la obra social a un traslado que le había corrido el tribunal respecto de distintas irregularidades advertidas en el informe de auditoría que se encargó oportunamente desde la Corte”, explicó.

El oficialista pidió que “a través de un oficio a la Corte se requiera copia certificada del informe al que hace referencia Lorenzetti”, más información anexa por parte de la Secretaría General de Administración de la Corte.

A través de una cuestión de privilegio que planteó en la sesión de este jueves, el senador del Pro José Torello ratificó que no se presentará a declarar ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, a la que fue citado en calidad de testigo en el proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema. “No me voy a prestar este circo”, expresó.

El macrista presentó la cuestión de privilegio contra presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, y todos los integrantes de Juicio Político del Frente de Todos.

“Frente a mi negativa de comparecer en dicho tribunal, frente a la eventualidad de ser juez, en el caso de que se los juzgue, en la sesión del 21 de marzo el diputado (Rodolfo) Tailhade profirió una amenaza en la que sostiene que debo renunciar y ser suspendido”, arrancó el legislador.

Además, reclamó: “Se invade mi intimidad y se violan mis derechos políticos exigiendo que se den a la luz todos los llamados que tuve durante toda la duración de la presidencia anterior”.

El oficialismo había citado al senador en el marco de la causal del fallo 2×1, sobre el cual tiene la hipótesis de que existió connivencia entre la gestión de Mauricio Macri -de quien Torello fue asesor- y el juez Carlos Rosenkrantz para que saliera el fallo a favor del represor Luis Muiña.

Torello recordó que tanto cuando la lista resultó electa como cuando él reemplazó en su banca a Esteban Bullrich, quien “lamentablemente tiene una triste enfermedad”, su pliego “no recibió ninguna impugnación de ningún tipo”.

“Me senté en esta banca con la convicción de que es necesario hablar con todos, evité contestar los agravios para evitar la confrontación. También guardé silencio frente a las chicanas, porque creo que la fractura y el desencuentro no van a servir para arreglar a este país, que hoy está en terapia intensiva”, sostuvo el senador al que la vicepresidenta Cristina Kirchner le había dado la palabra, pero cuando comenzó con su discurso se retiró del recinto.

También, afirmó: “No pretendo esconderme en los fueros con carácter personal”. Y argumentó que “si el intento de enjuiciar al tribunal prosperara, nosotros nos tendríamos que convertir en cámara juzgadora, por lo tanto no voy a declarar como testigo de cargo que me impida en la eventualidad ejercer dicha función”.

El dirigente del Pro cuestionó que “algunos diputados del Frente de Todos y testigos me acusaron de pertenecer al partido militar”, y resaltó: “En el golpe militar del ’76 yo tenía 16 años. Mi padre tampoco perteneció a ningún partido militar, falleció a los 29 cuando yo tenía dos años. Mi bisabuelo, que fue ministro de (Hipólito) Yrigoyen, quien fue derrocado en el primer golpe militar. Asimismo, mi bisabuelo fue echado en el año 1930, conjuntamente con el abuelo del senador Adolfo Rodríguez Saá, y tuvo que estar exiliado en Río de Janeiro junto a Marcelo T. de Alvear y otros dirigentes nacionales perseguidos por los militares”.

“Yo no formé parte de ningún partido que votó leyes de autoamnistía, ni indultos, ni de obediencia debida, como sí lo hicieron destacados integrantes del oficialismo y, en particular, de la Comisión de Juicio Político”, lanzó y continuó: “Yo solo fui parte del Pro, fui fundador del Pro, fui el primer apoderado y todavía sigo siéndolo. Fui presidente durante 14 años del Pro. Yo no pertenecí a ningún partido militar”.

En el final, el bonaerense manifestó que “el país observa como la bancada oficialista viola la división de poderes, atacando a Corte Suprema en un juicio que es absurdo. Quieren imponer su voluntad por las buenas y por las malas. No me voy a prestar a este circo, a esta ficción de juicio político que socava las bases de la República y deslegitima a las instituciones”.

Luego de exponer ante la Comisión de Juicio Político Estela de Carlotto y Germán Garavano, fue el turno de periodistas que en su calidad de testigos expusieron en torno a la aplicación del 2×1 por parte de la Corte Suprema para un represor en 2017, y su posible relación con un supuesto acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y algunos miembros del máximo tribunal para evitar que la jueza Elena Highton de Nolasco se jubilara a los 75 años.

La periodista Silvana Boschi, exeditora de Clarín, fue consultada sobre sus publicaciones que relatan una versión acerca de la intervención de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en la Corte para favorecer el fallo sobre detenidos por crímenes de lesa humanidad.

La periodista Irina Hauser, de Página 12, también fue interrogada por su trabajo periodístico judicial y afirmó que “Rodríguez Simón es quien tenía el vínculo con (Carlos) Rosenkrantz“, y se refirió a la “política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad” del máximo tribunal en 2017.

El represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad, fue beneficiado con el fallo del 2×1 de la Corte Suprema en 2017, que establecía que se computaba doble por cada día de detención sin juicio. El periodista Ignacio Miri, de Clarín, fue interrogado sobre sus publicaciones acerca de la jueza Elena Highton de Nolasco y explicó que tenía información de que la decisión ya estaba tomada.

El último periodista en declarar fue Martín Granovsky, de Página 12, quien explicó que la Corte ya venía preparando el terreno para el fallo que benefició a Muiña.

Durante la reunión, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López cuestionó el hecho de que a los testigos se les preguntara “con quién hablaban”.

Esperada era la participación del exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, ante la Comisión de Juicio Político, citado a instancias del oficialismo por la causal del fallo 2×1 dictado por la Corte Suprema en 2017 y que el Frente de Todos tiene la hipótesis de que existió una posible connivencia entre la gestión de Cambiemos y el máximo tribunal detrás de esa decisión que benefició al represor Luis Muiña. 

El oficialismo sospecha sobre una influencia en el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco, a partir del hecho de que durante la gestión de Mauricio Macri no se apeló un amparo de la magistrada y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

Justamente por este tema lo consultó al exfuncionario la diputada Mara Brawer (FdT), quien le pidió que responda qué opinaba del “cambio de postura en relación al tratamiento de los delitos de lesa humanidad” de la jueza y Garavano respondió: “Nunca hablé con la doctora Highton del caso Muiña, en general no hablé de ningún caso”. Según él, en las “pocas charlas” que tuvo con la jueza solo abordaron temas acerca de “cómo mejorar el sistema de justicia”. 

Además, el exministro rechazó “ el vapuleo que se le está haciendo a la jueza que no está acá”, cuando él considera que se trata de “una de las mejores juezas, junto con Carmen Argibay, que ha tenido la Corte Suprema de Justicia”. 

En otro tramo de la reunión, el exministro durante la gestión Cambiemos enfatizó que “este juicio político no contribuye en nada”. “Estamos poniendo el ojo para ver cómo atacamos una institución que es una de las instituciones básicas de la democracia. El rol de la Corte es ponerle un freno a los otros dos poderes”, subrayó. 

También ratificó su postura en contra de la Ley 24.390 al sostener que “no correspondía” en el fallo Muiña, “así como no corresponde el 2×1 en delitos donde hubo violaciones o asesinatos”. “Es una norma que yo critiqué siempre. Por eso me duele más esta situación”, añadió.

Y criticó que el juicio impulsado por el oficialismo “no sigue el debido proceso como marca la Constitución y se pregunta sobre cualquier cosa”. “No interesa el juicio político a la Corte sino hacer un circo político y eso genera mucha preocupación. Tenemos jueces serios y tenemos que generar un Poder Judicial independiente”, resaltó. 

“Lamento las circunstancias pero un gusto estar en la casa del pueblo”, arrancó el exfuncionario antes de las preguntas y aclaró: “No tengo con los jueces de la Corte una situación de amistad, que afecte mi testimonio, pero sí se da una circunstancia que tengo que poner en conocimiento de esta comisión”. En ese sentido, señaló que “muchos de los hechos que incluyen los expedientes” contra los magistrados han originado distintas causas en las que él fue “falsamente denunciado en sede penal”. “Esto genera un problema con el artículo 18 de la Constitución Nacional y me pone en una situación difícil a la hora de prestar testimonio”, dijo. 

Además, resaltó que algunas de esas denuncias en su contra fueron hechas “por miembros de esta Cámara y de esta comisión particularmente”. Luego, expresó: “Me produce profundo pesar y preocupación el desarrollo de este juicio político y es algo que me afecta personalmente en términos de preocupación por las instituciones de nuestro país”. Más allá de reafirmar lo “condicionado” que podría estar en su testimonio, procuró “decir la verdad”. 

El primero que arrancó con las preguntas fue el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, quien recordó un “dictamen del relator de la ONU” Diego García Sayán que “describe la existencia de un plan sistemático direccionado desde el poder político para disciplinar jueces y obtener pronunciamientos judiciales” durante los años del gobierno de Cambiemos. 

Entonces, el kirchnerista enumeró situaciones como “las persecuciones a la procuradora general Alejandra Gils Carbó” y “la decisión de desistir frente a la acción de amparo que beneficiaba a la doctora Elena Highton de Nolasco para que pudiera mantenerse en su cargo en la Corte”, y le consultó: “¿Fueron todas medidas previamente debatidas y decididas en el ámbito de la denominada mesa judicial, que según la información que tenemos el exministro integraba?”. 

Antes de que responda Garavano, el macrista Pablo Tonelli aclaró que “el relator García Sayan le pidió explicaciones al Gobierno argentino, pero nunca jamás existió un dictamen que concluyera en las cosas que ha dicho el diputado Moreau”. 

“Yo soy inocente de todos los cargos, estoy señalando que es una falsa denuncia y que hay una declaración constitucional de no declarar en contra bajo juramento”, manifestó Garavano. 

Moreau también le preguntó al exministro por el traspaso por decreto de la Oficina de Escuchas a la Corte Suprema, ni bien asumió Mauricio Macri; el caso de la “Gestapo antisindical” en la provincia de Buenos Aires; y hasta una reunión que mantuvo con testigos de identidad protegida, como Leonardo Fariña. 

Haciendo referencia al testimonio que dio oportunamente el exsenador Mario Cimadevilla, Moreau apuntó: “Lo imputó severamente respecto a su forma de actuar en el proceso de la causa judicial de encubrimiento del atentado a la AMIA”. Y recordó que el testigo denunció que Garavano “había desarrollado una tarea muy intensa para buscar la absolución de dos fiscales, (Eamon) Müllen y (José) Barbaccia”. 

“Es una denuncia penal que fue desestimada por la Justicia”, aseguró el exministro y agregó: “Las afirmaciones de Cimadevilla son falsas”. “¿Y las de (Mariana) Stilman?”, retrucó el diputado en alusión a la actual legisladora de la Coalición Cívica, pero el testigo dijo que desconocía las declaraciones. 

A su turno, el diputado Rodolfo Tailhade lo consultó sobre el caso Schiffrin, por cual la Corte restableció el límite constitucional de 75 años de edad para la función judicial, y Garavano reveló: “Me enteré cuando salió el fallo”. “Lo que nos ocasionó fue un problema futuro muy fuerte y a lo que nos tratamos de abocar con una resolución que dicté tiempo después”, recordó.

En cuanto a la decisión del Ministerio de no apelar el amparo presentado por Elena Highton de Nolasco para continuar en la Corte, dijo: “Yo tomo la decisión, estando de licencia, básicamente en torno al antecedente Petracchi”. Y, sobre la función que tuvo Horacio Diez -quien ya concurrió a la comisión- Tailhade consultó: “¿Le dejó la responsabilidad de contestar la demanda por la continuidad de una jueza del máximo tribunal a un abogado del Ministerio, y usted y su secretario no participaron?”.

“Es un informe, el Estado tiene que informar al juez para que el juez resuelva y yo creo que no hay mejores manos en el Estado argentino que las del doctor Diez”, argumentó. 

Más adelante, Garavano remarcó que “nosotros (por Cambiemos) éramos una minoría muy débil en el Congreso en aquel momento”, y tras el caso Schiffrin recuerda “haber hablado con el senador (José) Mayans y (Miguel Ángel) Pichetto por la situación de muchas personas mayores de 75 años que venían a solicitar el acuerdo del Senado. El Senado tenía una posición bastante dura, se lo pueden preguntar a Mayans, respecto a los mayores de 75 de años en términos de renovar el mandato”.

“No recuerdo haberlo hablado con (José) Torello el caso Schiffrin y en el caso de (Fabián “Pepín” Rodríguez) Simón tampoco tengo claro si era asesor del presidente”, sostuvo y reconoció haberlo visto en la Casa Rosada “alguna vez”. “No tengo claro si era asesor, lo he visto algunas veces, varias veces, pero yo no le pregunto a la gente qué hace acá”, contestó. 

En el arranque de la reunión de la Comisión de Juicio Político, el oficialismo aprobó -con su mayoría- una ampliación de prueba respecto de la causal sobre irregularidades detectadas en la obra social del Poder Judicial, eje sobre el que se pondrá el foco a partir de la semana próxima en el proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema. 

El encargado de plantear el pedido fue el diputado Rodolfo Tailahde (FdT), quien solicitó que “se agregue al expediente la nota firmada por el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, publicada en el Centro de Información Judicial el 4 de abril de 2023”.

“Esa nota se refiere a la respuesta del directorio de la obra social a un traslado que le había corrido el tribunal respecto de distintas irregularidades advertidas en el informe de auditoría que se encargó oportunamente desde la Corte”, explicó. 

El oficialista pidió que “a través de un oficio a la Corte se requiera copia certificada del informe al que hace referencia Lorenzetti”, más información anexa por parte de la Secretaría General de Administración de la Corte.

Por su parte, la diputada Vanesa Siley (FdT) solicitó la citación a declaración testimonial de Aldo Tonón, quien fuera director de la obra social del Poder Judicial. 

En tanto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), le sugirió a los diputados de la Coalición Cívica que aporten nombres de testigos, ya que esta es una de las causales que figura en el expediente que presentaron contra Lorenzetti. 

“Me parece importante que puedan sugerir nombres de testigos para la próxima audiencia donde vamos a abordar el tema”, dijo la entrerriana. 

Pasada Semana Santa, la Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos), reanudó este martes sus audiencias con testigos en el marco del proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. 

A última hora se sumó entre los citados a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en el marco de la causal que se aborda: el fallo 2×1. 

La dirigente de derechos humanos encabeza la nómina de los convocados, que sigue con el exministro de Justicia de la gestión Cambiemos Germán Garavano, y después los periodistas Silvana Boschi, Martín Granovsky, Ignacio Miri, Irina Hauser y Luciana Bertoia.

Garavano había sido citado para la última reunión, a la que no asistió por estar de viaje, pero aclarando que estaba dispuesto a ir ante una próxima convocatoria. No es el caso de otros citados, como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri. El primero está prófugo de la justicia argentina en Uruguay y el segundo no asistió invocando sus fueros.

A pedido del oficialismo, todos fueron convocados en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña.

La intención del FdT es hurgar en la hipótesis de un presunto “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

Pasada Semana Santa, la Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos), reanuda este martes a partir de las 11 sus audiencias con testigos.

Será en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, y a los testigos ya previstos sumó en las últimas horas a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

La dirigente de derechos humanos encabeza la nómina de los convocados, que sigue con el exministro de Justicia de la gestión Cambiemos Germán Garavano, y después los periodistas Silvana Boschi, Martín Granovsky, Ignacio Miri, Irina Hauser y Luciana Bertoia.

Garavano había sido citado para la última reunión, a la que no asistió por estar de viaje, pero aclarando que estaba dispuesto a ir ante una próxima convocatoria. No es el caso de otros citados, como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri. El primero está prófugo de la justicia argentina en Uruguay y el segundo no asistió invocando sus fueros.

A pedido del Frente de Todos, todos fueron convocados en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña.

La intención del oficialismo es hurgar en la hipótesis de un presunto “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), reanudará sus audiencias con testigos este martes 11 de abril, a las 13, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, a cuya reunión fue citado el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien por cuestiones de agenda no había concurrido el pasado 21 de marzo.

Precisamente en ese último encuentro, aunque por otros argumentos, tampoco asistieron Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri.

A pedido del Frente de Todos, los exfuncionarios fueron convocados en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña.

La intención del oficialismo es hurgar en la hipótesis de un presunto “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

Además de Garavano fueron citados un conjunto de periodistas, que durante esa época relataron sobre el fallo. Si bien se había resuelto llamar a declarar a Jorge Lanata, éste no figura en la lista que se conoció, integrada por Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri.

Contrariamente a lo que se esperaba a partir de la manera como terminó el año pasado, con el oficialismo y la principal oposición definitivamente peleados, la Cámara de Diputados se ha mostrado en lo que va del año sumamente activa. Y sobre todo, con un dinamismo realmente inusual en este tórrido verano.

Sorprendentemente, además, teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio había redoblado su encono con el oficialismo anunciando que mientras el Frente de Todos mantuviera su postura de avanzar con el juicio político a la Corte Suprema, no prestaría quórum. Ni para las sesiones, ni para las comisiones.

Cumplió, pero terminó limitando ese condicionamiento al período extraordinario.

Lo cierto es que precisamente el juicio político fue el elemento que disparó la actividad de la Cámara baja en el verano. Porque ante la intención de avanzar con ese tema incluido en extraordinarias, el oficialismo se vio compelido a mostrarse activo en ese período. Incluyendo el tratamiento de cuestiones que no figuraban entre los 28 temas de extraordinarias.

Muy diferente fue la situación en el Senado, donde no dejó de sorprender que a pesar de contar el oficialismo con número para el quórum, en el recinto y todas las comisiones, se mantuvo inactivo durante todo el verano. Sin reuniones de comisión y solo la apertura del recinto para su tradicional reunión preparatoria.

Para ese mismo día -el 23 de febrero- se había especulado con una sesión especial que no se hizo. Después se supo que había mar de fondo dentro del interbloque Frente de Todos, pues cuatro de sus miembros se terminaron alejando para formar un bloque junto a la cordobesa Alejandra Vigo, y ahí sí el oficialismo perdió la posibilidad de manejar el quórum, como terminó de advertirse de manera dramática el jueves pasado.

Es verdad que los senadores de Juntos por el Cambio no parecen muy afectos a asistir a las reuniones de comisión, salvo escasas excepciones (Víctor Zimmermann, Julio Martínez, Carmen Alvarez Rivero), como se los reprochó en la sesión del último día de marzo José Mayans, que les sugirió que ahora que son la primera minoría sí concurran. Pero la realidad es que el oficialismo, presidiendo la mayoría de las comisiones y todas las principales, no las ha convocado. Y ninguno de los proyectos incluidos en extraordinarias y que debían pasar por el Senado, fueron tratados.

Lo más parecido a una reunión de comisión en la Cámara alta fue la que convocó el 16 de febrero, el tucumano Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, para tratar el proyecto de ley del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud. Fue una reunión informativa, que contó con la presencia de representantes del Ministerio de Salud de la Nación e instituciones médicas privadas, y a la que no asistió ningún representante de la oposición. Técnicamente no fue una reunión de comisión, pues no funcionó como tal.

La actividad en Diputados

Un fuerte contraste hubo entonces entre la actividad del Senado y la de la Cámara baja, que tuvo un verano muy activo, con dos reuniones de comisión en el mes de enero y once en febrero. En marzo, primer mes de ordinarias, mientras el Senado no realizó ninguna reunión de comisión, la Cámara baja realizó nueve, con tres plenarios para dictaminar.

Si hay algo verdaderamente infrecuente, eso son las reuniones de comisión en el mes de enero. Y este año hubo dos. La primera fue el 25 de enero, cuando la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso, se reunió para dictaminar sobre uno de los proyectos incluidos en extraordinarias: el que crea el Parque Nacional Laguna El Palmar en Chaco, que se convirtió en ley ya no en extraordinarias, sino en la sesión del 28 de marzo.

Tal cual lo había anticipado, Juntos por el Cambio no dio quórum para esa sesión, pero sí se sumó cuando el oficialismo lo consiguió, con la llegada de Máximo Kirchner. Así actuaría en adelante en todas las reuniones.

Al día siguiente comenzó a funcionar la Comisión de Juicio Político. Presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, esa comisión estableció ese último jueves de enero cómo funcionaría a partir de entonces. Y no paró más, casi con puntualidad estricta todas las semanas, o duplicando sus reuniones a mediados de febrero, mes en el que se reunió los días 2, 14, 16 y 23, comenzando esa última fecha la convocatoria de testigos, con la presencia en esa reunión de los jueces Sergio Ramos y Alejo Ramos Padilla.

Siendo la comisión más activa en lo que va del año, en el mes de marzo realizó otras tres reuniones, con un promedio de seis horas cada una.

El primer día de febrero se reunió la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Fue una informativa, con la visita de la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, para presionar por la aprobación del plan de pago de deuda previsional, sin la presencia de diputados de la oposición. Fue el único encuentro al que JxC no asistió.

Ese mismo 1° de febrero, la Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzó a tratar el proyecto de ley sobre “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, más conocido como “Mono-Tech”. Lo presentaron funcionarios del Ministerio de Economía y la AFIP, y el día 7 volvieron emitieron dictamen. La oposición asistió a ambas reuniones, mas no firmó el dictamen, cuestionando el rechazo oficial a traer más expositores para debatir, y sobre todo la falta de disposición para hacer modificaciones.

También el primer día de febrero se reunió una comisión presidida por la oposición, demostrando que la decisión de no dar quórum corría solo para las convocatorias oficialistas. La Comisión Comercio, encabezada por la radical entrerriana Gabriela Lena, se reunió para abordar la problemática de los juicios laborales, registración de empleados y su impacto en el comercio y en las PyMEs. Fue una reunión informativa a la que asistieron 13 representantes del comercio y las pequeñas y medianas empresas. Volverían a reunirse por el mismo tema el 15 de marzo, con cinco invitados, mas la ausencia de representantes del Frente de Todos.

Como se ve, este verano tuvo la particularidad de que las comisiones funcionaran en Diputados no solo para tratar temas propuestos para extraordinarias, sino que en muchos casos funcionaron como si ya estuvieran en el período ordinario. Otra de esas reuniones fue la que la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico realizó el 16 de febrero, para abordar la necesidad de repensar una nueva Ley sobre Salud Mental y Adicciones. Presidida por el diputado del Pro Federico Angelini, hubo allí más de una decena de especialistas invitados a exponer, y la promesa de que seguirán estudiando la cuestión.

Un tema muy convocante en esta primera parte del año fue el del narcotráfico en Santa Fe. Por eso el 8 de marzo se realizó un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, que avanzaron con el proyecto de ley de fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe. El día 22 de marzo el proyecto tuvo el dictamen que faltaba, de la Comisión de Presupuesto, y quedó listo para llegar al recinto.

Un grupo de diputados de todos los sectores pidió una sesión especial para el 21 de marzo para analizar la problemática por los créditos UVA. La misma fue suspendida al ser convocada para ese mismo día un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto para debatir los once proyectos que hay sobre el tema.

Otro plenario se realizó el 22 de marzo. En este caso, de las comisiones de Agricultura y de Industria, con el fin de anunciar las modificaciones realizadas al proyecto de desarrollo agroindustrial, y quedaron en buscar el dictamen en una próxima reunión con Presupuesto.

Grupos de Amistad

También durante este verano se constituyeron en la Cámara baja cuatro Grupos Parlamentarios de Amistad: el de Vietnam, presidido por la oficialista María Rosa Martínez; el con España, que eligió a Hugo Yasky como presidente; y el de Francia, que nominó a la fueguina Rosana Bertone.

Por último, el santafesino Roberto Mirabella fue designado presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con la República de la India.

Visitas de funcionarios

En lo que va del año, cinco altos funcionarios -dos de ellos ministros- asistieron a las comisiones de la Cámara baja. La primera en hacerlo fue la subsecretaria de Minería, Fernanda Avila, que asistió el 15 de febrero a la Comisión de Minería para exponer sobre la situación del sector.

Horas más tarde, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, hizo lo propio en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados.

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, se presentó el 14 de febrero en la Comisión de Comercio, donde defendió el programa “Precios Justos”, respondiendo preguntas por alrededor de dos horas, aunque su partida fue cuestionada por la oposición, pues quedaron muchas consultas por hacer, ya que faltaba que hablaran 18 oradores cuando se retiró argumentando que tenía una reunión con la UIA.

El 9 de marzo el ministro Aníbal Fernández se presentó ante la Comisión de Seguridad para hablar especialmente de la situación imperante en la provincia de Santa Fe con motivo del narcotráfico.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, presidida por el diputado radical Facundo Manes (Buenos Aires), tuvo el 21 de marzo una reunión informativa para comenzar con el debate del proyecto Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 impulsado por el Gobierno. A la misma asistió el ministro Daniel Filmus, quien pidió a los diputados establecer una fecha para emitir el dictamen correspondiente.

Tres sesiones

El último día del mes de febrero, la Cámara baja realizó su única sesión extraordinaria. Trabajosamente, el oficialismo consiguió el quórum con la presencia de la izquierda, aliados y parte del interbloque Federal, y luego convirtieron en ley la moratoria previsional y el proyecto de historias clínicas digitales.

Exactamente un mes después, la Cámara volvió a sesionar para aprobar cuatro proyectos. Por amplia mayoría dio media sanción al fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe, y aprobó luego el Mono-Tech.

Más tarde convirtió en ley la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional, para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar, y por último la modificación de la Ley 22.990, de Sangre Humana.

Un día después, el 29 de marzo, a 27 días de haber asumido en el cargo, el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, expuso durante alrededor de ocho horas ante los diputados.

Las comisiones que se reunieron

Juicio Político: 8 veces

Presupuesto: 4 veces

Comercio: 3 veces

Industria: 2 veces

Recursos Naturales: 1

Previsión y Seguridad Social: 1

Minería: 1

Justicia: 1

Legislación Penal: 1

Ciencia y Tecnología: 1

Agricultura y Ganadería: 1

Finanzas: 1

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), reanudará sus audiencias con testigos el próximo martes 11 de abril, a las 13, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja. Para ese día fue citado el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien por cuestiones de agenda no había concurrido el pasado 21 de marzo.

Precisamente en ese último encuentro, aunque por otros argumentos, tampoco asistieron Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri.

A pedido del Frente de Todos, los exfuncionarios fueron convocados en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña.

La intención del oficialismo es hurgar en la hipótesis de un presunto “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco.

Además de Garavano fueron citados un conjunto de periodistas, que durante esa época relataron sobre el fallo. Si bien se había resuelto llamar a declarar a Jorge Lanata, éste no figura en la lista que se conoció, integrada por Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri.

En la última reunión expusieron funcionarios de la vocalía de Rosenkrantz; María Ángeles Ramos, fiscal titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad; Gladys Cuervo, única sobreviviente del centro clandestino de detención conocido como El Chalet, donde actúaba Muiña; y Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, quien pasó por ese mismo centro clandestino.

En una extensa reunión, de más de siete horas, el oficialismo en la Comisión de Juicio Político votó por mayoría una ampliación de prueba para citar a los periodistas Jorge Lanata, Luciana Bertoia e Irina Hauser como testigos en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema. “Escribieron mucho sobre el tema”, argumentó el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) al referirse a una de las causales, que es el fallo 2×1.

Además, se aprobó librar oficios a la IGJ y a la AFIP sobre información de la empresa MoRo Media de Silvio Robles, mano derecha del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. En ese sentido, Tailhade anticipó que en la próxima reunión -para la cual todavía no se fijó fecha- pedirá “el levantamiento fiscal de MoRo Media” e insistirá “con la dispensa de inmunidad de (José) Torello si sigue faltando”, en alusión al senador del Pro que no concurrió a testificar. 

Desde Juntos por el Cambio, sobre MoRo Media, el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) advirtió: “No podemos nosotros levantar un secreto fiscal. Creo que es uno de los pedidos que tenemos que hacer por intervención de un juez”. 

La audiencia de este martes giró en torno al fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña. La intención del Frente de Todos es hurgar en la hipótesis de que existió un “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre los funcionarios de la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco.

Cerca de las 18, cuando la comisión ya llevaba más de cuatro horas de reunión, fue momento del interrogatorio a Federico Morgenstern, de la vocalía del juez Carlos Rosenkrantz, quien está a cargo de procesar todas las causas que vienen de la Secretaría N°3, que es la penal, dijo. “Me acuerdo bastante bien las cosas que pasaron con Muiña”, expresó sobre el fallo y recordó que recibió el legajo, lo estudió durante unos meses y junto a Rosenkrantz “preparamos el proyecto inicial de la causa”. “Después con el desarrollo de las discusiones y negociaciones internas, el proyecto fue recibiendo modificaciones” que hacen a “la lógica de un tribunal colegiado”, continuó.

Al recibir preguntas de la diputada Vanesa Siley (FdT) sobre el voto conjunto de Rosenkrantz y Highton de Nolasco, la oficialista advirtió que luego de pasar por la vocalía de Rosenkrantz, según el sistema informático, el expediente pasó por la vocalía de Ricardo Lorenzetti y después salió la sentencia. “¿Cómo es posible que haya adherido al voto si no pasó por su vocalía?”, consultó Siley, a lo que Morgenstern respondió que la jueza “tenía fotocopias, igual que el doctor Rosatti”. 

Sobre qué ponderaciones se hicieron al momento del fallo, el testigo argumentó: “Se ponderó el derecho nacional, constitucional-legal, interamericano, internacional, el Estatuto de Roma, la doctrina nacional e internacional, las dimensiones filosóficas del principio de ley penal más benigna y de la ley intermedia, y la existencia o no de reglas judiciales para fijación de penas para delitos de lesa humanidad”. El análisis del expediente fue durante la feria judicial, expuso Siley, a lo que el funcionario de la Corte ratificó que sí, que trabajó “durante todo el verano” de 2017. 

“No me acuerdo por qué se eligió el caso Muiña”, afirmó durante su declaración sobre todas las causas de lesa humanidad que había y resaltó que “no había una doctrina tradicional de la Corte en la materia”. “Los argumentos del doctor Rosenkrantz están en el voto y creo que son bastante contundentes”, sostuvo. 

En un contrapunto con Leopoldo Moreau (FdT), Morgenstern señaló que “no había ninguna doctrina interamericana para seguir en la materia”. “La Corte Interamericana no había emitido fallos sobre esta cuestión jurídica que se emitió en Muiña”, manifestó, a lo que Moreau le respondió que no era así porque “la Corte Interamericana estableció que en los delitos de lesa humanidad no podían ser sujetos a medidas que aliviaran la pena”. 

Cuando ya llevaba una hora de testimonio, y ante la explicación de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), de por qué fue convocado -bajo la hipótesis de que el fallo se “orquestó” entre la Corte y el gobierno anterior-, el funcionario de la vocalía de Rosenkrantz expresó: “Yo no tengo idea de nada extrajurídico… de si hubo reuniones con la doctora Highton (y Rosenkrantz). Mi experiencia en la Corte trabajando el caso Muiña con el doctor Rosenkrantz, otros jueces de la Corte y colegas míos de otras vocalías desmiente absolutamente esa cosa espuria que usted está insinuando. Si ustedes no están discutiendo Muiña, no sé para qué me convocaron. Yo no tengo nada que responder extrajurídico”.

Más tarde reforzó su postura al recibir una pregunta del diputado Álvaro González (Pro): “¿A usted le consta que hubo algún acuerdo entre el gobierno de turno, que era el del ingeniero (Mauricio) Macri, y la Corte en ese momento para dictar este fallo?”. “La respuesta es no, pero me gustaría agregar algo: sí recuerdo, y esta es una apreciación personal, lo alocado que me pareció el surgimiento de la tesis que esbozó la doctora Gaillard, porque los mayores ataques a lo resuelto en Muiña vinieron del lado del gobierno. Desde el primer día hubo un ataque sistemático, no a la Corte, pero al 2×1”, contestó el testigo.

Otro de los citados que concurrió este martes fue Horacio Diez, subprocurador del Tesoro Nacional, quien entre 2016 y 2017 se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y fue consultado sobre por qué en diciembre de 2016 el entonces Poder Ejecutivo no apeló el amparo que había presentado Highton de Nolasco contra el fallo Schiffrin, que sostenía que la edad límite para permanecer en la Corte era de 75 años, y de esta manera la jueza pudo permanecer en su cargo. En el oficialismo sospechan de que eso se hizo para construir una mayoría para el fallo Muiña. 

Sobre la rapidez en responder la cuestión, Diez recordó que “el 26 de diciembre de 2016 se presenta la demanda de Elena Highton de Nolasco para continuar con su función luego de haber cumplido 75 años. Era uno de los casos de relevancia institucional, tenía que ver de manera directa con la integración del alto tribunal”. Por ser un amparo “los plazos eran abreviados” y “era imprescindible responder”, apuntó, además de mencionar que la magistrada había tenido “un pronunciamiento favorable del Juzgado Federal Contencioso Administrativo N°6 alineado con la doctrina del precedente (Carlos) Fayt”. 

Consultado por el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) sobre si recibió alguna indicación sobre cómo obrar en el caso, el funcionario dijo: “No, no recuerdo haber recibido ninguna indicación especial”. “La duración del proceso insumió 13 días hábiles, ¿estos son los plazos habituales para esta cuestión?”, ahondó el oficialista, a lo que el testigo respondió que “en todo caso se cumplió los plazos de la ley de amparo”. Sobre su experiencia en la cuestión, relató: “Me tocó intervenir en la contestación de la demanda y la exposición de los recursos en el caso Fayt. Después no tuve continuidad con estos temas. Me reencuentro con el tema a raíz del caso Highton”. 

En otro tramo, añadió que en las 48 horas que había para apelar al fallo no recuerda haber tenido intercambio con el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, sino que solo recibió instrucciones del exsecretario de Justicia, Santiago Otamendi. 

En virtud de su cargo actual, la diputada Graciela Ocaña (Pro) aprovechó para preguntarle por “el dictamen de la Procuración del Tesoro que tiene como beneficiaria a la expresidenta (Cristina Kirchner) respecto de su doble jubilación”. Ante ello, Gaillard le remarcó que la pregunta no tenía “que ver con la causa que estamos tramitando; el testigo no vino a contestar de todo. No es procedente”. También recogió el guante la camporista Paula Penacca (FdT), quien recomendó que para tener esa respuesta estaban las opciones de que “el funcionario se tome un café con la diputada Ocaña cuando termine la comisión, o lo citemos a la Comisión de Previsión, que sería el ámbito adecuado”. 

En la audiencia participó, a su turno, María Ángeles Ramos, fiscal titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desde 2017, quien recordó que le tocó intervenir en uno de los tramos que se le imputaron a Muiña, pero no dictaminó en particular en ese caso sino en uno que derivaba del mismo. 

La testigo recordó que al momento de los hechos que se le imputaron a Muiña “no estaba vigente la ley” del 2×1 como cómputo de pena, como tampoco “las detenciones de los acusados ocurrieron en esa época ni en la que estuvo aplicada la ley”. Por eso, se opuso a ese beneficio en los dictámenes en los que le tocó intervenir. También lo hizo en línea con los compromisos internacionales que tiene el país en esta materia, aclaró. 

Al responder preguntas del diputado Leopoldo Moreau (FdT) sobre la cantidad de fiscales que se negaron a seguir la doctrina de la Corte en la materia, Ramos precisó que se empezaron a “suscitar planteos similares” por parte de condenados por delitos de lesa humanidad y, de acuerdo a un informe de agosto de 2017, a partir de ese fallo hubo “90 casos con peticiones por aplicación del régimen del 2×1, principalmente en Tucumán, Córdoba y La Plata, pero también en Resistencia (Chaco), Mendoza y Rosario (Santa Fe)”. De los 118 planteos, contabilizados al final del relevamiento, el 9 de agosto de 2017, se habían resuelto 63, de los cuales “el 95% de esos casos fue rechazado y en tres de ellos, correspondientes a La Plata, habían sido admitidos”. 

Es decir, subrayó Moreau, que “la inmensa mayoría de los pronunciamientos no fueron en línea con la Corte”. “Sí, los casos se han resuelto en sentido contrario”, contestó la fiscal. 

Por otra parte, detalló que al 22 de diciembre de 2017 había 593 causas en trámite, con 2.979 personas imputadas y 200 sentencias, “siendo el año con mayor número de sentencias que se habían registrado hasta ese momento” desde la reapertura de los juicios. Y, sobre los últimos datos, precisó que a diciembre de 2022 hubo 294 sentencias; y fallecieron 21 personas que estaban imputadas, lo que representa el 1% del total de acusados por estos delitos.  

Último testigo de la jornada, José Sebastián Elías, también de la vocalía de Rosenkrantz, respecto del fallo 2×1, declaró que no participó “en la redacción del proyecto, sí en la discusión previa” y en “reuniones previas a la preparación del voto y la emisión de la sentencia”, para la cual se tuvieron en cuenta casos anteriores. “Siempre que se discute un aspecto de ese caso los precedentes están en primer orden. Para el doctor Rosenkrantz los precedentes son importantes”, señaló. “No tengo conocimiento de que hubiera habido algún grado de urgencia, no fue tratado de ese modo”, dijo sobre el tiempo del fallo. 

Este martes también declararon Gladys Cuervo y Zulema Chester. 

Zulema Chester relató que su padre Jacobo Chester trabajaba en el Hospital Nacional Alejandro Posadas que “fue tomado militarmente el 28 de marzo del 76, que fue sede de un centro clandestino de detención, tortura y exterminio dentro del mismo predio del hospital. Por ese centro pasaron 13 trabajadores, entre ellos mi padre”.

“Mi papá fue secuestrado en nuestro domicilio el 26 de noviembre de 1976, sabemos a través de las investigaciones que pasó por el centro clandestino del Posadas y su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata pocos días después, pero nunca pudimos recuperarlo”.

El diputado Hugo Yasky le pidió que explicara quién era Luis Muiña, a lo que Chester describió: “En principio era un civil, no pertenecía a ninguna fuerza armada. Era muy joven en ese momento y fue integrante de la patota parapolicial autodenominada SUAT que fueron los que produjeron los secuestros”.

“Era una persona que después siguió dedicándose a trabajos de seguridad. Tenía algunas denuncias por abusos y malos tratos y la Corte Suprema después quiso en la figura de él gestar lo del 2×1 que nos cayó mal”, contó y tildó: “El 2×1 fue una aberración jurídica, fue nefasto que entorpeció la sensación de justicia. Fue doloroso porque no tenes a quién reclamar”.

Ante la consulta del oficialista Leopoldo Moreau, respecto a si fueron notificados por la sentencia del caso Muiña, la testigo sostuvo que “nadie me consultó. Ningún organismo del Poder Judicial”.

“Si sé que durante el gobierno macrista hubo una oficina de la AFI que funcionó dentro del Hospital Posadas. Sé que se instalaron cámaras en distintos pasillos y en este momento hay trabajadores declarando en contra de eso”, aseguró Chester y afirmó que han presentado denuncias al respecto.

En la que representa su octava reunión en este proceso que siguen de enjuiciamiento de los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Comisión de Juicio Político realiza su debate de este martes estrenando una nueva modalidad: avanzar con el debate “por temas”.

Así, inaugura esta modalidad poniendo eje este martes en el fallo del 2×1 dictado por la Corte Suprema de Justicia el 3 de mayo de 2017, en beneficio del represor Luis Muiña. Deliberadamente el oficialismo eligió arrancar con este análisis temático en la Semana de la Memoria con una cuestión en la que busca relacionar el fallo de la Corte de esos días con el Gobierno de Cambiemos.

En rigor, esta parte del enjuiciamiento no involucra a los cuatro miembros de la Corte, sino a su presidente y el vice, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes esa vez junto con Elena Highton de Nolasco suscribieron el fallo de mayoría que habilitó el cómputo del 2×1 para la prisión por delitos de lesa humanidad, al declarar aplicable la Ley 24.390 que estuvo vigente entre 1994 y 2001 para el caso de Luis Muiña.

En el transcurso de esta jornada el oficialismo busca involucrar a los funcionarios de Mauricio Macri de entonces con el voto de Highton de Nolasco, para concederle a cambio la posibilidad de permanecer en el Tribunal Supremo a pesar de haber cumplido 75 años. Recordemos que la última mujer que tuvo esta Corte Suprema permaneció en el cargo hasta los 79.

Atento a esta situación, los exfuncionarios convocados para este martes no asistieron a la reunión. El exministro de Justicia Germán Garavano argumentó estar de vacaciones y dispuesto a concurrir en otra oportunidad. Fabián Rodríguez Simón está prófugo de la justicia argentina en Uruguay y se sabía de antemano entonces que no concurriría, y tampoco asistió el senador José María Torello, quien se amparó en sus fueros para tomar tal determinación y así se lo  hizo saber a la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, a través de una nota enviada en vísperas de esta reunión.

Muchas ausencias se anticipan para la reunión de este martes convocada por la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que desarrolla un proceso contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia. Con el correr de las horas se fueron conociendo nombres y razones de quienes no participarán para oficiar de testigos, y a ellos se sumó este lunes el del senador del Pro José Torello.

El legislador nacional había sido convocado como testigo en la reunión que este martes se dedicará al tema del 2×1 que en 2017 habilitó la Corte Suprema para casos de lesa humanidad, tiempo en el cual Torello oficiaba como asesor del Gobierno de Mauricio Macri.

Según la información a la que accedió parlamentario.com, Torello  no concurrirá amparándose en los fueros que tiene como senador nacional.

Así se lo hizo saber a la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, a través de una nota suscripta este lunes, en la que informa que el jueves pasado fue notificado de la citación y considera un detalle no menor que la primera citación fuera dirigida al diputado nacional Pablo Torello y no a mi persona, lo cual considera “una manifestación de la liviandad con la que se pretende llevar adelante el juicio político contra la máxima autoridad del Poder Judicial”.

Paralelamente, Torello considera que “la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular”.

Tras recordar que es senador por la provincia de Buenos Aires y como tal le asiste “inmunidad para el desenvolvimiento de mi función y no en beneficio de mi persona”, advierte que “la comisión que usted preside carece de competencia para citarme a un interrogatorio”.

“Su pretensión constituye un menoscabo a los fueros que protegen el ejercicio de la función legislativa que ejerzo y para la que fui votado por el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, enfatiza el senador Torello, que recuerda que la Constitución establece el alcance de las inmunidades parlamentarias.

Por último, la nota a la que accedió parlamentario.com señala que “el trámite que se está desarrollando en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados al pretender colocarme en situación de testigo de cargo me inhabilita para una eventual función de juzgador de las situaciones objeto de análisis, llegado el caso que el Honorable Senado de la Nación se constituyera en tribunal conforme lo dispone el artículo 53 de la Constitución Nacional”.

Con eje en el fallo del 2×1 dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña, la Comisión de Juicio Político citó para la reunión de este martes a exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, según pudo saber parlamentario.com, no se presentarán.

La intención del Frente de Todos es hurgar en la hipótesis de que existió un “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre los funcionarios de la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco.

Por esos motivos fueron citados el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien ya anticipó que esta semana no podía por encontrarse de viaje, pero que en una próxima citación se presentaría; el senador nacional José Torello -exjefe de asesores de Macri-, que tampoco concurrirá; y el operador judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien hace dos años se encuentra en Uruguay eludiendo a la Justicia argentina en el marco de una causa por presunta asociación ilícita.

En ese último caso, precisamente, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), envió una nota a Interpol para que informe cuál es el procedimiento a llevar adelante a los fines de “garantizar que el testigo que se encuentra prófugo de la Justicia argentina comparezca a dar testimonio en la comisión”.

En una primera tanda de testigos, citados para las 13 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, además Garavano, Torello y Rodríguez Simón fueron llamados Horacio Pedro Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación; y la fiscala María Laura Roteta, de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, quien a diferencia del fiscal federal Carlos Stornelli sí consideró que debían investigarse los chats filtrados del celular de Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia. También figuraba Santiago Otamendi, exfuncionario del Ministerio de Justicia y actual juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, pero según supo este medio no estará.

En un segundo bloque, a partir de las 14.30, fueron citadas Gladys Cuervo y Zulema Chester, trabajadoras del Hospital Posadas, víctimas del terrorismo de Estado que se llevó a cabo en ese lugar con la participación del genocida Muiña.

La lista se completa con Federico Morgenstern y José Sebastián Elías, funcionarios de la vocalía de Rosenkrantz en la Corte Suprema; y el abogado Marcelo Jorge Mazzeo, citado por segunda vez ya que no asistió el martes pasado a responder sobre su aparición en los chats filtrados del celular de D’Alessandro. Fuentes de la comisión aseguraron que todavía “no se sabe” qué hará el letrado.

De esta manera, se estima que la mitad de los citados no estará este martes.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este jueves que se desestime la denuncia presentada por el oficialismo contra el juez federal Sebastián Ramos por falso testimonio, a partir de la declaración que dio el pasado 23 de febrero cuando se presentó ante la Comisión de Juicio Político -en el marco del proceso contra los miembros del máximo tribunal de justicia- y negó tener vínculos con Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti -presidente de la Corte-, o Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia.

El fundamento de la denuncia presentada fue porque Ramos dijo que no estaba alcanzado por “las generales de la ley” (vínculos tales como parentesco o interés con las partes) y negó, ante una pregunta directa, tener un “vínculo sistemático” con el funcionario porteño.

Según los diputados oficialistas, mintió y eso quedó a la vista después de que se conocieron supuestos chats -que los legisladores dieron por ciertos- entre el magistrado y D’Alessandro en los que hablaban con familiaridad.

“Vengo a postular la desestimación de la denuncia que origina estos actuados”, comienza el dictamen de Marijuan presentado ante el juez Sebastián Casanello que también está a cargo actualmente del juzgado federal 9.

Para el fiscal, no surgen respuestas falsas a las preguntas de la Comisión y sostuvo que la presentación del oficialismo alude a “supuestas conversaciones que se han publicado en medios de comunicación, sobre cuyo origen lícito nada se indica en la noticia ni en la denuncia”, por lo que “no pueden ser incorporadas como prueba en ningún proceso penal sin dañar las bases constitucionales fundamentales que rigen su desarrollo”.

“La denuncia refiere -relató Marijuan- que el testigo Sebastián Roberto Ramos en su declaración fue interrogado respecto de si mantenía algún vínculo sistemático con Marcelo D´Alessandro, a lo cual contestó negativamente. Que de los chats que se hicieran públicos después de la reunión de comisión, surge que habrían mantenido un intercambio por WhatsApp donde se vería demostrada una relación de confianza entre ambos”, plantea.

Al respecto, para Marijuan los hechos denunciados “no constituyen delito”, y explicó que “el falso testimonio debe incidir sobre algo sustancial, que pueda desviar o turbar el curso de la actividad judicial, y no sobre circunstancias secundarias que no alteran el contenido objetivo de la deposición”. Además, el fiscal destacó que la supuesta relación es con D’Alessandro, que no es a quien se está investigando en el Congreso.

“No obstante, tampoco surge de la denuncia de qué manera la respuesta del testigo a la pregunta ha sido falsa”, afirmó Marijuan y que subrayó que la consulta a Ramos no fue si conocía a D’Alessandro sino si tenía con él un “vínculo sistemático”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) se refirió al proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y denunció que “hay gobernadores que tienen cuestiones en la Corte por las que reciben presiones”.

En declaraciones a Radio Nacional, el kirchnerista explicó: “En la Comisión el bloque del Frente de Todos no tiene integrantes que respondan a gobernadores que se hayan negado a firmar en su momento el documento con el presidente instando el juicio político. Somos 16 los miembros del bloque oficialista en la Comisión de Juicio Político y estamos trabajando de manera armónica. Desde esa perspectiva, si nosotros consideramos que tiene que haber un dictamen acusatorio no vamos a tener problemas en la Comisión”.

“El recinto el problema que tenemos y, ni siquiera me pongo a pensar si hay gente de nuestro espacio que no va a acompañar eso en función de que los gobernadores están en contra o también de que los gobernadores están siendo apretados por miembros de la Corte, que también está pasando”, lanzó.

Y reiteró: “Hay gobernadores de provincias argentinas que tienen cuestiones muy importantes en la Corte sin resolver y están siendo objeto de presiones, entonces más allá de si tenemos la totalidad de los 118 diputados del frente alineados con esto, lo cierto es que nosotros no nos estamos planteando llegar al recinto en lo inmediato porque sabemos que no contamos con los dos tercios que son necesarios para aprobar el dictamen”.

A su vez, remarcó: “Lo que tenemos que hacer es una investigación profunda y seria, que termine eventualmente en dictámenes acusatorios”, y planteó que “desde la política, manejar los tiempos en los que vamos a llevar eso al recinto”.

En ese sentido, explicó: “Cuando Néstor asumió en 2003 él se encontró en Diputados con varios dictámenes acusatorios firmados contra los miembros de la mayoría automática. Decidió mandar al recinto el de Nazareno y el de Adolfo Vázquez los dos cobardes renunciaron y por lo tanto no hubo juicio político en el Senado”.

“En el 2004 mandó el de Eduardo Moliné O’Connor titular de la mayoría automática que si se animó al juicio y terminó siendo destituido”, sumó y planteó: “Entonces nosotros tenemos tres años para manejar desde la política el momento que nosotros vamos a llevar eventualmente los dictámenes al recinto y seguramente en el momento que decidamos llevarlos es que no vamos a tener dudas de que todo nuestro bloque va a estar alineado y seguramente vamos a conseguir algún sector más que nos acompañe, esa es la situación”.  

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) se refirió a la última reunión de la Comisión de Juicio Político, que recibió a cuatro testigos en el marco del proceso contra los miembros de la Corte Suprema, y sostuvo que “fue muy importante, a pesar de que la oposición busca permanentemente obstruir y bajarle el precio”.

“Aunque la oposición le baje el precio, la comisión está avanzando de manera firme”, dijo y destacó que se le tomó declaración a “la mano derecha de (Silvio) Robles, Natalia Monayer, una licenciada en Ciencia Política que tiene acceso al sistema de expedientes de la Corte Suprema”.

Sobre la funcionaria, el legislador resaltó que “ni ella ni Robles deberían tener clave porque no son letrados, pero igual tienen un acceso prematuro de los expedientes que ingresan”. “Leopoldo Moreau le preguntó por una empresa de la cual Robles fue gerente en los años previos a ingresar a la Corte, MoRo Media, que la testigo dice no conocer, y de la cual sospechamos que se utiliza para influenciar cuestiones judiciales. El domicilio de esta empresa era el de la casa de la madre de Monayer”, reveló Valdés y agregó: “Robles es un lobista, informa cosas de la Corte Suprema a quien tiene interés pecuniario en conocerlas”.

En declaraciones en el programa Desiguales por la TV Pública, el oficialista habló sobre la no concurrencia del fiscal Carlos Stornelli y lo diferenció de la actitud del número dos del procurador, Eduardo Casal, que sí asistió.

“Valoramos mucho la presencia de (Juan Manuel) Olima (Espel). Eso demuestra que no es cierto que puedan evadir a la Comisión de Juicio Político. Stornelli está citado porque el dictamen que él hizo, que ordena el archivo de los chats, no debería haberlo hecho nunca. Debería haberse excusado de esta causa porque está doblemente procesado en una causa que está a resolver por la Corte, precisamente por (Horacio) Rosatti, (Carlos) Rozenkrantz, etcétera. Como tampoco debería haber trabajado con (Marcelo) D’Alessio al realizar hechos delictivos. Está repitiendo la prepotencia de poder que hizo en Dolores”, sostuvo.

Finalmente, el porteño subrayó que lo que se está discutiendo es “si en el juicio de coparticipación y en el caso del Consejo de la Magistratura, Robles, que es Rosatti, cuando habla con D’Alessansdro, que es (Horacio) Rodríguez Larreta, no acomodan un fallo a pedido del Gobierno de la Ciudad”.

El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se refirió al juicio político contra los miembros de la Corte Suprema que se lleva adelante en la Cámara de Diputados y opinó que “parece puramente un show político a algo que tenga la debida seriedad”.

Luego de enterarse que será citado a declarar en la comisión, el exfuncionario de la gestión Cambiemos anticipó que la semana próxima tiene programado un viaje de trabajo. “Cuando me notifiquen seguramente pediré que se fije una nueva audiencia”, dijo.

No obstante, aclaró que concurrirá: “Más allá del mal uso que se le esté dando a este instrumento, corresponde en mi caso que soy un abogado de a pie, que ejerce la práctica privada y no tengo ningún cargo público, presentarme como cualquier ciudadano”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Garavano sostuvo que “es muy triste en términos de país y en términos institucionales ver cómo se intenta remover o condicionar a la Corte Suprema de Justicia, en esta especie de proceso que hay en la Cámara de Diputados”.

“Los hechos (causales) tienen que ver con sentencias judiciales, que son el corazón de la independencia del Poder Judicial”, señaló y recordó: “Mientras nosotros fuimos gobierno tuvimos numerosos fallos adversos de la Corte Suprema, fallos con los que no estuvimos de acuerdo, pero jamás pensamos en avanzar de este modo”.

En alusión a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien también el oficialismo quiere que comparezca, el exministro no consideró que esté prófugo, sino que “está con un pedido de refugio en la República Oriental del Uruguay hace ya bastante tiempo, y es una discusión jurídica” que se está dando en el país vecino.

“No es una persona que esté ni escondida ni escapada, sino que está ejerciendo sus derechos en Uruguay, más allá de que uno pueda discutir o no el camino que tomó”, agregó sobre el operador judicial.

Respecto de los motivos por los que fue citado, Garavano expresó: “Es llamativo lo del 2×1 porque, como en todos los fallos, uno como ministro de Justicia no tiene ninguna relación. Incluso yo en su momento fui bastante crítico de ese fallo de la Corte”.

“La ley del 2×1 fue la mayor aberración en términos de política criminal que ha hecho el Congreso en su historia. Cualquier uso de esa ley, no solo en los casos de lesa humanidad, para mí es desacertada”, completó.

Citado a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, fue interrogado este martes por una conversación que mantuvo con el ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- Marcelo D’Alessandro y que él mismo ratificó días atrás en un intercambio que tuvo a través de Twitter con la periodista Cynthia García. 

Ante las preguntas del diputado Rodolfo Tailhade (FdT), el funcionario confirmó su perfil de Twitter y que él había escrito los mensajes de respuesta a García. Relató que ese día había tenido un problema familiar con su madre y cuando pudo ver su celular, vio su Twitter “lleno de notificaciones”. “Me pareció muy injusto lo que se estaba diciendo de mí y por eso lo contesté. Se me trató de que había tenido un comportamiento impropio o desleal con mi jefe y no tuve ningún comportamiento ni impropio ni desleal”, expresó, insistiendo que sólo contestó por ese motivo, ya que no suele “interactuar en Twitter”. 

En medio de las quejas de los legisladores de Juntos por el Cambio por las características de las preguntas, Tailhade defendió que “la filtración del chat de D’Alessandro y (Silvio) Robles es un eje central para la investigación de esta comisión. Todo lo que tenga que ver con demostrar la verosimilitud de las conversaciones, para luego eventualmente aplicarlo a la interpretación de los hechos, es importante”. 

“Para nosotros es muy importante establecer si las filtraciones fueron un invento, si es verdad, si hubo adulteración o edición, porque todo va a ser analizado a la hora de evaluar los chats de D’Alessandro y Robles”, remarcó el kirchnerista y dijo que la presencia de Olima Espel respondía justamente a “preguntarle si efectivamente esas conversaciones son verdaderas”. 

Sobre si estaba “en condiciones de ratificar que es una conversación que existió”, Olima Espel contestó: “Yo particularmente a ese chat no lo recuerdo”. “Por mi función trato con funcionarios nacionales como provinciales de los tres poderes, interactúo permanentemente, dentro del marco de mis funciones. Particularmente ese no lo recuerdo”. 

“Sí por supuesto que al leerlo lo primero que hice fue chequear el dictamen que se mencionaba en ese chat para ver qué dictamen era y qué había pasado”, continuó y luego dijo que no tenía conversaciones con D’Alessandro porque no las guarda: “Suelo limpiar mis conversaciones cada dos meses”. 

Hola @cyngarciaradio No veo lo impropio de aportar un dictamen firmado, público y presentado ya ante la Corte que, por cuestiones de la pandemia no lo habíamos subido al sistema. Si te fijas, en la página oficial de la Corte, ese dictamen había sigo presentado varías horas antes

— Juanma Olima. (@juanmaolima) February 23, 2023

Luego de otra consulta del diputado Leopoldo Moreau (FdT), el funcionario del Ministerio Público Fiscal ahondó: “En la medida que yo lo pueda brindar, trato de brindar el pedido y de facilitarle la tarea a la gente. Para mí es habitual que muchas veces que el procurador firma un dictamen y se presenta en una causa que puede ser de interés político, o como ha pasado que para la película ‘Argentina, 1985’ me pidan dictámenes, yo se los dé; y muchas veces hasta me piden que les indique cuál es la parte más importante para leer y lo hago porque el dictamen es un documento público”. 

A su turno, el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) le preguntó si él había tomado conocimiento de la filtración de ese chat a través de la captura publicada por la periodista o por otra vía, y Olima Espel afirmó que los vio por Twitter en esa ocasión.

Cuando el testigo se retiró, la diputada Mariana Stilman (CC-ARI) cuestionó: “Lo que no entiendo es si vamos a citar acá a todas las personas que vayan apareciendo filtradas en conversaciones personales para preguntarles si dijo o no dijo, o si sabe cómo se filtró una conversación”. “Me parece que nos estamos excediendo, por no decir desbarrancando”, enfatizó. 

La cívica pidió “volver al objeto del juicio” porque se siguen “repitiendo las vulneraciones de derechos que venimos avisando desde el primer día. No vamos a poder comprobar indirectamente si una conversación existió o no existió a través de otras conversaciones, que además son todas de origen ilícito”. 

En advertencia sobre la difusión de la filtración de chats, la diputada Karina Banfi (UCR) alertó que “han creado una página (web) para cometer un ilícito”. “¿Vamos a ir a buscar quién fue que la creó? De eso debería estar ocupándose el diputado Tailhade que además es miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia. De eso se tiene que ocupar, no se tiene que ocupar de andar ventilando cuáles son los chats que los funcionarios públicos tienen con los periodistas, o entre funcionarios públicos, porque eso es violar la Constitución, los tratados internacionales y la ley”, sostuvo. 

También por haber figurado como una de las personas que hablaba con D’Alessandro fue citado este martes a la comisión el abogado Marcelo Mazzeo, que no concurrió. Ante esto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), informó que “se lo va a volver a notificar de la citación bajo apercibimiento de aplicar el artículo 247 y 154 del Código Procesal Penal respecto a los testigos y que comparezca por la fuerza pública”. 

Previo a la reunión, Mazzeo publicó en su cuenta de Twitter que no se iba a presentar ante una comisión que “pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido”. 

Quiero dejar bien en claro que en ningún momento dije que las conversaciones obtenidas ilegalmente del telefono de @MarceDaless fueran reales, dije que mantenía conversaciones con el por trabajar hace años juntos.
Del hackeo de su teléfono surge, agregados, edición y manipulación

— Marcelo Mazzeo (@marcelomazzeo) March 13, 2023

También voy a dejar en claro que NO me voy a presentar ante una Comisión de Juicio Político que pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Las persecuciones políticas deben terminar en Argentina

— Marcelo Mazzeo (@marcelomazzeo) March 13, 2023

En el arranque de una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, la diputada Carolina Gaillard (FdT) informó que una vez más el fiscal federal Carlos Stornelli le comunicó al procurador interino, Eduardo Casal, que “espera que le enviemos las preguntas por escrito”. 

“La Presidencia le va a comunicar al doctor Casal nuevamente la incomparecencia del fiscal Stornelli y se le solicitará se inicien las acciones disciplinarias correspondientes”, afirmó la entrerriana, quien subrayó que “la Presidencia no puede incumplir el reglamento”, el cual “establece que los únicos exceptuados a declarar por escrito son el presidente, el vicepresidente y los gobernadores”. 

Al igual que la semana pasada, Stornelli aseguró que está amparado por la Ley del Ministerio Público Fiscal para poder declarar de manera escrita y no presencial. Sin embargo, el Frente de Todos insiste con esa prerrogativa no corre para el funcionario judicial y varios de los voceros oficialistas de este proceso anticiparon que pedirán su desafuero para que sea traído por la fuerza pública. 

Stornelli fue citado para ser interrogado por haber sido autor del dictamen en el que se basó el juez federal Sebastián Ramos (a quien el oficialismo decidió denunciar por falso testimonio) para archivar una causa sobre los presuntos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en los que hay diálogos sobre el Consejo de la Magistratura y el fallo del máximo tribunal respecto a la coparticipación de la Ciudad, dos de las causales del juicio político.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Pablo Tonelli (Pro) señaló que “el reglamento de la comisión de ninguna manera puede estar en términos normativos por encima de la ley”. “Los fiscales están eximidos de tener que asistir personalmente a prestar declaración”, aseveró y opinó: “Da la impresión de que el oficialismo no tiene interés en las respuestas del fiscal Stornelli, sino en hacerlo comparecer, en seguir con el circo, el show, el espectáculo; porque si les interesaran las respuestas, las mandan por escrito, el fiscal la responde y a los dos días tenemos las respuestas”.  “El propósito del oficialismo es hacerlo comparecer para maltratarlo seguramente”, agregó. 

Firme en su postura, Gaillard le respondió: “Yo me tengo que ajustar como presidenta de esta comisión a lo que dice el reglamento”. “Si yo le permito al fiscal Stornelli declarar por escrito estoy violando el reglamento”, reiteró y explicó que “no está el fiscal Stornelli exceptuado por el reglamento como tampoco por la Ley del Ministerio Público Fiscal que establece que los fiscales podrán estar exceptuados de comparecer a declarar presencialmente ante los tribunales, y nosotros no somos un tribunal”. 

A su turno, el legislador Álvaro González (Pro) propuso “poner a votación que mandemos el pliego de las preguntas al señor fiscal, porque lo que quiero creer es que interesan las respuestas y no la presencia física”. 

Finalmente, Gaillard rechazó poner a votación ese pedido y ratificó: “Esta Presidencia no puede someter a votación una cuestión que es contraria al reglamento que nos rige”. 

Se reanudó este martes a las 13.14 el trabajo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde por segunda vez consecutiva no concurrirá el fiscal federal Carlos Stornelli. Ante la negativa, el oficialismo se apresta a denunciarlo en la Procuración y pedir que se le quiten los fueros para que sea traído por la fuerza pública.

Al igual que la semana pasada, Stornelli respondió que estaba amparado en la Ley del Ministerio Público Fiscal para poder declarar de manera escrita y no presencial. Un argumento que el Frente de Todos rechaza.

Puntualmente, el artículo 14 de la Ley 24.946 habla de que los funcionarios del Ministerio Público “estarán exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los Tribunales, pudiendo hacerlo. En su defecto deberán responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes”.

Pero el oficialismo dejó sentada su postura en la reunión anterior, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dijo que “como esta Comisión de Juicio Político no es un tribunal no procede esa excepción”. “Si nosotros estaríamos exceptuando de comparecer presencialmente a esta comisión a otras personas diferentes de las que habla el reglamento (presidente, vicepresidente y gobernadores), estaríamos violando la Constitución en lo que refiere a igualdad ante la ley”, agregó la entrerriana.

Stornelli fue citado para ser interrogado por haber sido autor del dictamen en el que se basó el juez federal Sebastián Ramos (a quien el oficialismo decidió denunciar por falso testimonio) para archivar una causa sobre los presuntos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en los que hay diálogos sobre el Consejo de la Magistratura y el fallo del máximo tribunal respecto a la coparticipación de la Ciudad, dos de las causales del juicio político.

Los otros citados para este martes son Juan Manuel Olima Espel, secretario Institucional de la Procuración General de la Nación, y el abogado Jorge Mazzeo -que no confirmó asistencia-, propuestos por el diputado Rodolfo Tailhade. Ambos habrían reconocido la veracidad de ciertas conversaciones de Telegram filtradas del celular de D’Alessandro.

También estarán nuevos funcionarios de la Corte Suprema: Sebastián Alberto Garay, de la Secretaría de Juicio Originarios; y Guillermo Sebastián Garay y Natalia Hilda Monayer, ambos de la Vocalía de Rosatti.

El fiscal federal Carlos Stornelli ratificó que no asistirá a dar testimonio ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que avanzará este martes con la audiencia de testigos en el marco del proceso que se lleva adelante -por impulso del oficialismo- contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

La semana pasada el fiscal no concurrió de manera presencial, luego de hacer saber al procurador interino, Eduardo Casal, que prefería hacerlo por escrito, amparado en un artículo de la Ley del Ministerio Público.

En la última reunión, el Frente de Todos impuso su mayoría para volver a citarlo y rechazó los argumentos del funcionario judicial, convocado a la comisión por haber sido autor del dictamen en el que se basó el juez federal Sebastián Ramos (a quien el oficialismo decidió denunciar por falso testimonio) para archivar una causa sobre los presuntos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en los que hay diálogos sobre el Consejo de la Magistratura y el fallo del máximo tribunal respecto a la coparticipación de la Ciudad, dos de las causales del juicio político.

Incluso, el oficialismo ya anticipó que, en caso de que Stornelli se niegue a declarar de manera presencial, lo denunciarán ante la Procuración y pedirán su desafuero para que, una vez sin fueros, sea traído por la fuerza pública a la comisión.

El Frente de Todos quiere que Stornelli se presente de manera presencial, amparándose en el reglamento de esa comisión que establece que la asistencia o no de los testigos no es opcional, y que la prerrogativa de no asistir solo corre para el presidente, el vicepresidente y los gobernadores.

Pero además de Stornelli, al encuentro de este martes, que se llevará a cabo desde las 13 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, fueron convocados otros cinco testigos. Entre ellos dos que fueron incorporados -por el voto de la mayoría- en la última reunión: se trata de Juan Manuel Olima Espel, secretario Institucional de la Procuración General de la Nación, y el abogado Jorge Mazzeo, propuestos por el diputado Rodolfo Tailhade. Ambos reconocieron previamente la veracidad de los chats filtrados.

También estarán nuevos funcionarios de la Corte Suprema: Sebastián Alberto Garay, de la Secretaría de Juicio Originarios; y Guillermo Sebastián Garay y Natalia Hilda Monayer, ambos de la Vocalía de Rosatti.

El titular del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, el santafecino Germán Martínez, remarcó la necesidad de “construir escenarios para que oficialismo y oposición podamos avanzar en la sanción de leyes”. En ese sentido, planteó “hacer temarios cortos que permitan tener mayor consenso”.

“Nadie desea más que podamos tener un ritmo de trabajo estable en las comisiones que el bloque del Frente de Todos que tengo la responsabilidad de presidir”, indicó en diálogo por Radio Rivadavia, y continuó: “Hicimos un enorme esfuerzo en diciembre (periodo de sesiones ordinarias), pero reapareció el tema del Consejo de la Magistratura y generó una reacción de Juntos por el Cambio. En enero y febrero, desde la oposición decidieron no facilitar el tratamiento de los temas en función del juicio político”.

En la misma línea, propuso “construir los escenarios para que el oficialismo y la oposición” puedan avanzar en la sanción de leyes, y leyó como “un gesto positivo” la aprobación del Plan de Pago Previsional (PPP).

“Hay que hacer temarios cortos que permitan tener el mayor consenso posible y tratar de volver al ritmo que teníamos en el 2022, cuando hacíamos 2 o veces 3 sesiones por mes, con textos muy consensuados. Para eso no hace falta solamente del bloque oficialista, también de la oposición tiene responsabilidad…Hay que construir los escenarios para que el oficialismo y la oposición podamos estar trabajando en este sentido”, propuso Martínez.

Asimismo, el legislador santafecino narró: “A mitad de mes de enero, cuando iniciamos el proceso de juicio político a los miembros de la Corte decía que tranquilamente podíamos mantener esa diferencia que es muy fuerte, y avanzar en otros temas donde hay capacidad de construcción en miradas más cercanas”.

En torno al proceso de investigación contra los miembros que componen el Máximo Tribunal, Martínez reveló que la comisión transita la etapa probatoria de la investigación, en la conformación de pruebas para acercar los elementos para demuestren el potencial “mal desempeño” en el ejercicio de las funciones de los integrantes de la Corte.

“Estamos convocando a todos los que puedan aportar pruebas. En las comisiones estamos trabajando y mucho, dejamos al descubierto manejos de tiempo, potenciales acuerdos de fallos. Tenemos planificado una serie de reuniones que nos da la sensación de que serán dos o tres meses de conformación de pruebas, pero depende de muchas cosas, entre ellas de si los testigos vienen a aclarar”, contó.

Por último, habló de la situación de violencia narco criminal que azota a la provincia de Santa Fe, en específico a la ciudad de Rosario, y en un mea culpa admitió “no haber hecho lo suficiente para alertar lo que estábamos viviendo”. “Los que veíamos determinadas situaciones lo denunciábamos en determinados lugares, pero no tuvimos la potencia necesaria para poder marcar lo que se estaba jugando”, concluyó.

El diputado nacional Daniel Gollán (FdT – Buenos Aires) se refirió este miércoles al juicio político contra la Corte Suprema de Justicia y le mandó un mensaje a la oposición por su postura de no acompañar el proceso: “Sepan que este poder mafioso los va a tener de rodillas si llegan a ser gobierno y no van a poder hacer nada”.

Además, explicó: “El juicio político pone al desnudo una situación sobre que está en riesgo la independencia de los tres poderes”, y amplió: “Hay un Poder Judicial que se mete en el Ejecutivo y opera para los intereses de los sectores más fuertes del país”.

En diálogo con AM 530, Gollán manifestó: “Tenemos un juicio político donde un juez se presenta a declarar y miente, y la oposición que supuestamente tiene respeto por la República no se escandaliza”. Del mismo modo, indicó que “este es un comportamiento de tipo mafioso”.

Con relación a los chats entre magistrados y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Ahora dicen que son filtraciones de una prueba ilegal, pero después, un juez va y miente y no dicen nada o ven que se juntan en Lago Escondido y no pasa nada”, y agregó: “El resultado de esta mafia es garantizar políticas de inequidad”.

Por otro lado, el diputado frentetodista habló de la actual gestión y enfatizó: “Lo que distingue al peronismo es como media a la voracidad del capital”. “No conozco a un solo empresario que si puede ganar 100 diga voy a ganar menos”, señaló.

Asimismo, relató que “esto se acentuó más con la desgracia de la pandemia”, pero aclaró: “El pueblo argentino se sacó rápidamente el desastre del macrismo, pero no logramos mejorar la redistribución del ingreso”.

En tal sentido, afirmó que si estuviera Mauricio Macri como presidente “la situación sería muchísimo peor porque habría salarios muy bajos y no habría paritarias”.

En el cierre, sostuvo que “hay empresarios con grandes ganancias que pagan salarios muy bajos”, y desarrolló: “Ahí es donde hay que poner políticas diferenciales para que el empresariado que puedan pagar más pague más”. “Además, si el trabajador gana más, lo vuelca al consumo y así se mueve la economía”, cerró.

En la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, el oficialismo impuso su mayoría para denunciar al juez federal Sebastián Ramos por posible falso testimonio, a partir de la declaración que dio el pasado 23 de febrero, cuando negó tener vínculos con Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti -presidente de la Corte-, o Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia. 

A pedido del presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, se votó trasladar las actuaciones correspondientes al juez competente, de manera que se ingresará una denuncia a Comodoro Py, que será sorteada dentro del fuero en lo Criminal y Correccional. 

Martínez recordó que en su declaración, a Ramos se le “preguntó si además de conocerlos, existía un vínculo sistemático entre él con Robles o Marcelo D’Alessandro. A lo que el juez claramente respondió ‘no señor’”. 

Sin embargo, “casi en forma simultánea a esta declaración tomaron estado público una serie de chats en donde surgiría información que justamente podría contradecir los dichos que dijo bajo juramento el juez Ramos”, apuntó el jefe del FdT. 

Por eso, pidió que se remita el acta certificada de la reunión pasada a la Justicia para que “se analice el posible falso testimonio” y también “se hagan constar las fuentes de dominio público donde fueron publicados estos datos”. 

“Después de difundidos los chats y las notas periodísticas, el abogado Marcelo Mazzeo y el secretario de coordinación de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, han reconocido el contenido de los chats”, agregó Martínez. 

En esa línea, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade solicitó convocar como testigos a Mazzeo y Oliman Espel, quienes “de manera pública reconocieron que mantenían conversaciones con D’Alessandro a través de Telegram” y “los dos dijeron ‘no tenemos nada que ocultar’, porque ninguna conversación tenía que ver con alguna actuación irregular de ambos”. Al momento de la votación, se aprobó que sean incorporados como testigos. 

Desde Juntos por el Cambio, en contra del planteo contra Ramos del oficialismo, la macrista Silvia Lospennato resaltó: “Seguiremos juntando pruebas de que esta comisión funciona de manera ilegal, alterando el Estado de Derecho en Argentina y que esto va a tener responsabilidades que se van a dirimir en organismos internacionales”. 

“Claramente tenían un conocimiento de que existía una filtración, para ustedes una escucha o un chat ilegal, o lo que fuere, y entonces hicieron la pregunta que luego pudiese colisionar con esa prueba ilegal. Es tan clara maniobra…”, sostuvo. 

En una discusión que se extendió durante dos horas, junto a otra referida al testimonio que dio días atrás el juez federal Sebastián Ramos, el oficialismo impuso su mayoría en la Comisión de Juicio Político para volver a citar al fiscal federal Carlos Stornelli para el próximo martes, ya que no asistió.

El oficialismo buscaba interrogarlo por ser autor del dictamen en el que se basó el juez Ramos para archivar la causa sobre los chats entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia, Marcelo D’Alessandro.

Stornelli se presentó ante la Procuración para dejar expresada su voluntad de responder por escrito, amparado en la Ley del Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, tal como adelantó parlamentario.com, su decisión fue rechazada por el Frente de Todos, que anticipó que si se niega a asistir de manera presencial procederán a pedir que se le quiten los fueros y sea llevado por la fuerza pública a declarar.

En el comienzo, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT) reveló que a Stornelli “se le fue notificada por cédula a su despacho la citación, él le contestó al doctor (Eduardo) Casal, a quien también esta comisión le envió nota”. “Pidió declarar por escrito haciendo uso de un artículo de la Ley de Ministerio Público que es inoponible, porque la norma habla de esa oportunidad cuando se trata de tribunales”, continuó. 

En ese sentido, la entrerriana apuntó que “como esta Comisión de Juicio Político no es un tribunal no procede esa excepción”. “Si nosotros estaríamos exceptuando de comparecer presencialmente a esta comisión a otras personas diferentes de las que habla el reglamento (presidente, vicepresidente y gobernadores), estaríamos violando la Constitución en lo que refiere a igualdad ante la ley”, explicó. 

“Nosotros consideramos que el fiscal Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial”, afirmó la oficialista y anticipó: “Vamos a citarlo nuevamente ya que las excepciones del Código Procesal Penal no son las mismas excepciones del reglamento, que es más restrictivo, porque estamos hablando de la Comisión de Juicio Político que tiene rango constitucional”. 

Gaillard resaltó que “Casal también le informó que era inoponible” el artículo de la Ley del Ministerio Público y cerró diciendo que “si no comparece y es testigo reticente deberemos iniciar el procedimiento de desafuero para poder citarlo y traer a declarar por la fuerza pública”. 

En contra de la postura del Frente de Todos, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (CC-ARI), objetó el reglamento de la comisión, que sólo exceptúa de concurrir a la comisión al presidente, el vicepresidente y los gobernadores. 

“Es un reglamento del ‘96 y ha avanzado la legislación. El reglamento no recepta varias cuestiones”, arrancó el porteño, para remarcar que Stornelli apela a “la prerrogativa de declarar por escrito”, con lo cual “no es reticente”. Para insistir en contra del reglamento, el cívico mencionó que el artículo 163 del Código Procesal nuevo, el  250 Código Procesal antiguo y la Ley del Ministerio Público Fiscal lo amparan, mientras que el reglamento de la comisión “ha quedado desfasado de la legislación vigente”. 

Además, cuestionó que la prerrogativa del reglamento solo alcance a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y no “al resto de los funcionarios de misma jerarquía de los otros poderes”. Para López, esa prerrogativa debería ser también para legisladores y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, de quienes la Constitución habla de inmunidad.

De la vereda de enfrente, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) expresó: “Plantear la no aplicación del reglamento interno de la comisión me parece absolutamente improcedente. Jamás hubo algún cuestionamiento al reglamento hasta que aparece una situación que no le gusta a Juntos por el Cambio”. 

El kirchnerista defendió que el reglamento “tiene rango constitucional” y “no se puede hablar de que es una norma inferior a los códigos”. “No está permitido por el artículo 12 del reglamento que los jueces, fiscales o cualquier otro ciudadano argentino que sí pueda hacerlo, en función del 250 del Código Civil y Comercial, lo pueda hacer de esa manera en la comisión”. 

“Este reglamento no ha sido cuestionado hasta recién”, reiteró Tailhade y le pidió a Gaillard poner al tanto a Casal de la situación: “Usted tiene que contarle todo lo que está pasando”. 

A su turno, la diputada Silvia Lospennato (Pro) manifestó que “claramente creemos que la ley es superior al reglamento y además el testigo se está ofreciendo a declarar; aquí no hay ninguna violación de su deber de testificar, simplemente está haciendo uso de una prerrogativa”. 

Sobre la importancia de la declaración de Stornelli, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) subrayó: “El doctor Stornelli intervino en una causa, en un mes de feria, que estaba referida a una persona que es la mano derecha del presidente de la Corte, y el fiscal Stornelli se tendría que haber excusado, porque como todos sabemos tiene sobre sus espaldas dos procesamientos confirmados en segunda instancia. Los recursos de esos procesamientos en este momento están en la Corte”. 

“El fiscal está diciendo ‘mandenme las preguntas y yo se las contesto’. Si lo que quieren es tenerlo acá para tirarle piedras, díganlo. Si no, le mandamos las preguntas y nos quedamos todos tranquilos”, dijo el diputado Álvaro González (Pro), mientras que su par Graciela Ocaña (Pro) consideró que “claramente lo que aquí se quiere es hostigar al fiscal Stornelli, quizás tomando venganza por su actividad, sus investigaciones o porque es fiscal en algunas causas que tiene a algunos de los miembros de esta comisión como imputados”. 

En el tramo final de la extensa discusión, Gaillard leyó la nota que el doctor Casal le envió a Stornelli, donde “lo advirtió de la inoponibilidad del artículo 63, inciso b, que permite hacerlo por escrito”. “No son palabras de Casal, son palabras de Carolina Gaillard”, reprochó Juan Manuel López, lo que desató una dura discusión a los gritos con el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. “Fue lo que el procurador general le envió a Stornelli por nota”, insistió Gaillard y dijo que si Casal hubiera considerado que podía declarar por escrito, así se lo hubiera hecho saber a Stornelli. 

A las 13.16 de este martes, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, retomó las audiencias con testigos en el marco del proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

La principal figura invitada para la jornada era el fiscal federal Carlos Stornelli, pero no asistirá. El oficialismo buscaba interrogarlo por ser autor del dictamen en el que se basó el juez Sebastián Ramos –quien ya se presentó ante los diputados– para archivar la causa sobre los chats entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia, Marcelo D’Alessandro.

Stornelli se presentó ante la Procuración para dejar expresada su voluntad de responder por escrito, amparado en la Ley del Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, su decisión será rechazada por el Frente de Todos, que planea una eventual denuncia contra Stornelli para que se le quiten los fueros y sea llevado por la fuerza pública a declarar.

Por otra parte, la fiscal María Laura Roteta, de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, quien también había sido citada para este martes, se excusó por encontrarse en un viaje esta semana, pero adelantó que si lo hará en una próxima fecha.

Así las cosas, de acuerdo a la lista prevista, asistirán como testigos Sergio Napoli, de la Secretaría Judicial N°4 de la Corte Suprema; y el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, quien estuvo ausente en la reunión del jueves 23 de febrero y es impulsado por la Coalición Cívica en sus acusaciones puntuales contra Ricardo Lorenzetti.

NOTICIA EN DESARROLLO

Toda la expectativa para la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes estaba puesta en la presencia o no del fiscal federal Carlos Stornelli, autor del dictamen en el que se basó el juez Sebastián Ramos –quien ya se presentó ante los diputados– para archivar la causa sobre los chats entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia, Marcelo D’Alessandro.

Formalmente, Stornelli todavía no dio aviso formal a la comisión sobre su concurrencia, pero desde el Frente de Todos dan por descontado que no asistirá. En primer lugar, porque el funcionario judicial se habría presentado ante la Procuración, a cargo del interino Eduardo Casal, para pedir declarar por escrito.

“No va a venir y no lo podemos traer por la fuerza pública porque tiene fueros”, explicó un integrante de la comisión del oficialismo a parlamentario.com. De esta manera, entienden que se daría con Stornelli una situación similar a la que se produjo en 2019 cuando, ante reiterados llamados del juez federal Alejo Ramos Padilla, en el marco de una causa por espionaje ilegal, el fiscal se negaba a asistir a declaración indagatoria.

Otra fuente consultada por este medio recordó que “los únicos que pueden por escrito por el reglamento interno de la comisión son presidente, vicepresidente, gobernador y vicegobernador”. Por eso, las fuentes del FdT consultadas por este medio anticiparon que “si no viene a la comisión se lo podría denunciar ante la Procuración, pidiendo que se inicie sumario administrativo, con el fin de quitarle los fueros y proceder eventualmente al traslado por la fuerza pública”. Pero, admiten, eso abriría “un escenario de varios meses”.

“En el caso de Ramos Padilla, Stornelli se terminó presentando y el sumario quedó abstracto”, recordaron.

Por otra parte, la fiscal María Laura Roteta, quien también había sido citada para este martes a las 13, se excusó por encontrarse en un viaje esta semana, pero adelantó que si lo hará en una próxima fecha.

Así las cosas, de acuerdo a la lista prevista, asistirán como testigos Sergio Napoli, de la Secretaría Judicial N°4 de la Corte Suprema; y el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, quien estuvo ausente en la reunión del jueves 23 de febrero y es impulsado por la Coalición Cívica en sus acusaciones puntuales contra Ricardo Lorenzetti.

En un día infrecuente para sus reuniones, la Comisión de Juicio Político sesionará esta vez un día martes para continuar con el proceso de juicio político abierto contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Hasta ahora, la comisión que encabeza la diputada entrerriana Carolina Gaillard se había reunido las cinco veces que ya lo hizo en días jueves. La última semana, por la sesión especial de extraordinarias del martes y la Asamblea Legislativa del día siguiente, se decidió postergar para el martes 7 la reunión para continuar interrogando a testigos.

Es el turno esta vez del fiscal Carlos Stornelli, cuya presencia o no despierta el principal interés de este martes. El fiscal fue convocado en la reunión del 23 de febrero pasado, luego de que el juez federal Sergio Ramos dijera que su fallo sobre la causa de los chats entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro se habiá basado en el dictamen del fiscal Stornelli. 

En su dictamen, Stornelli consideró que “convalidar en este estadio embrionario un eventual avance de este proceso solo y exclusivamente a partir de elementos que, conforme se investiga, habrían sido obtenidos fruto de una actividad delictiva, colisiona con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales, y teñiría de ilegal cuanto se actuare en consecuencia”.

En la última reunión de la comisión se resolvió que los testigos citados no fueran más de cuatro, para que no se extendieran tanto las comparencias, y esa cantidad fue la que se citó para este martes: además de Stornelli, fueron citados la fiscal María Laura Roteta, Sergio Napoli de la Secretaría Judicial N°4 CSJN y el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, quien estuvo ausente la reunión del jueves 23 de febrero.

La fiscal Roteta ya anticipó que no podrá estar esta semana, por estar de viaje, por lo que concurrirá en otra fecha. Napoli y Cimadevilla dijeron que asistirán.

Con la presencia en el recinto del presidente del Tribunal Supremo, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz, Alberto Fernández dejó para el final el plato fuerte de su discurso, que duró dos horas en la apertura de la Asamblea Legislativa: el Poder Judicial. El jefe de Estado defendió el pedido de juicio político argumentando que “el accionar de los miembros de la Corte Suprema” fue el motivo para hacer la presentación, pero aclaró que “no hay ningún ataque ni embestida”, sino que había prometido “poner fin a los sótanos de la democracia”.

Esta parte de su discurso despertó aplausos por parte de la bancada oficialista y reclamos de la vereda de enfrente. Incluso, algunos diputados optaron por retirarse del recinto, tal es el caso del interbloque Federal.

En un tono moderado, el presidente recordó que al asumir “prometió poner fin a los sótanos de la democracia”, y ponderó que “lo hizo” porque “el personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales”.

“Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal”, expresó en con euforia y denunció: “De nada sirve semejante trabajo si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder”.

En esa línea, hizo referencia a los chats filtrados que “dejaron en evidencia la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, exagentes de inteligencia y políticos”. Al respecto, lamentó que “el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”.

A continuación, ejemplificó: “Conocemos como se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo. Vimos también como a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país. Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares”.

“Frente a este estado de situación es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar su solución”, planteó y recordó que en 2020 convocó a “un grupo de prestigiosos juristas con el fin de que estudiaran alternativas para que, en este Honorable Congreso, se avance en las reformas que nuestro sistema judicial necesita. Propuse reformas para que se debatieran y se introdujeran todas las mejoras posibles”. Asimismo, criticó que dicha propuesta se aprobó en el Senado, pero nunca fue tratada en la Cámara de Diputados.

También denunció que el Poder Ejecutivo “padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias”, y que el Congreso “debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura”.

Al respecto, planteó que “si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”.

“¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas?”, preguntó entre gritos el presidente.

Por otro lado, hizo mención al pedido de juicio político contra los miembros del máximo tribunal y aclaró que “el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados”.

“Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”, le planteó a la oposición el abogado.

Y remarcó: “No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Sin embargo, hizo una salvedad: “No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de algunos de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales”.

“No podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas palaciegas desatadas en el más alto tribunal del país por controlar el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles”.

El jefe de Estado argumentó que reclama “en defensa del Estado de Derecho”, y volvió a elevar su tono de voz para decir: “No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución”.

“Los que atentaron contra la Constitución son los que armaban Mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quien respeta la República y quién no”, disparó.

Así siguió con fuertes acusaciones: “Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Nosotros no trasladamos jueces e integramos Cámaras para incidir en causas en las que se persiguen políticos opositores. No son nuestros funcionarios los que se profugan de la Justicia alegando persecuciones”.

“Atentan contra la Constitución los que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo olvidando que la mentada división de poderes rige para todos en la república”, reiteró.

Y remató: “Atentan contra la Constitución los que ante cualquier sanción desfavorable de leyes corren a judicializar la medida aprovechando sus amistades con jueces que deshonran al Poder Judicial”.

“Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley”, cerró ese tramo de su alocución en medio de un aplauso oficialista.

Diputados de Juntos por el Cambio plantearon este martes cuestiones de privilegio contra lo que definieron como una “mayoría automática de la Comisión de Juicio Político”. Citaron puntualmente a los 16 diputados del Frente de Todos “que han votado cada una de las resoluciones en absoluta soledad”, tal la definición del presidente de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

Este diputado habló entonces de “ilegalidades”, y alertó en ese sentido con un agravamiento de la situación a partir de la etapa de producción de prueba. “Comenzaron con una excursión de pesca para ver si encuentran algo”, dijo, y advirtió: “A muchos de nosotros ya no nos parece un circo; es un peligro para la intimidad de cualquier ciudadano argentino. Con este antecedente, una mayoría política se va a poder meter en la vida de cualquiera”.

“Ahora le sumamos una comisión de inteligencia de hecho en la Cámara de Diputados”, remarcó López, para quien representa un hecho de “gravedad sin precedentes” la creación de esa comisión de hecho que comenzó a funcionar. Y precisó: “La comanda (Leopoldo) Moreau, que a su vez preside la Comisión de Control de Organismos de Inteligencia”. Advirtió en ese sentido que “con este antecedente una mayoría política se va a poder meter en la vida de cualquiera. Ahora le sumamos una comisión de inteligencia de hecho en la Cámara de Diputados”.

Y entre gritos provenientes de la bancada oficialista, López continuó citando que el diputado Rodolfo Tailhade “es el soldado que hace los pedidos de prueba… Felicítenlo, apláudanlo como aplaudieron al juez Ramos Padilla… Aplaudan, que es bastante triste.

“Están totalmente desinhibidos, no sé qué les pasa… Se animaron a apretar testigos públicamente, televisados… Parecían cabos policiales en un procedimiento”, comparó, y resumió: “Fue un escándalo y no lo reconocen”.

Luego acusó al oficialismo de haber “transado” con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, a quien definió como “el carnero que entregó la independencia del Poder Judicial” y le atribuyó la ayuda del juez Ariel Lijo. Al respecto, resumió: “Esta casa siempre fue una trinchera difícil, agresiva, en la que estamos acostumbrados a discutir fuerte, pero me parece que tienen que reconocer el límite que pasaron y tienen que frenar”.

Más tarde volvió sobre el tema la diputada Silvia Lospennato, que también presentó una cuestión de privilegio contra los 16 miembros del oficialismo en la Comisión de Juicio Político. Y lo hizo por “la responsabilidad internacional en la que va a incurrir el Estado argentino por la violación de múltiples tratados de derechos humanos que ha suscripto nuestro país”.

Se refirió puntualmente a la creación de “un organismo ilegal de Inteligencia”, y advirtió que “Juntos por el Cambio no va a ser cómplice de este proceso arbitrario en el que se violan garantías constitucionales y múltiples tratados de derechos humanos que ha suscripto la Argentina”.

Habló de “circo político, porque el oficialismo sabe que no cuenta con los votos suficientes… Están lejísimo”. Y agregó que hasta ahora “nos preguntábamos para qué realizaban este circo político y sometían al país a “un proceso de enorme inestabilidad como es tener bajo juicio político a todos los miembros de la Corte”.

“Nos dimos cuenta de cuál era el verdadero objetivo. Lo hemos denunciado y seguiremos haciendo en todas las instancias nacionales e internacionales”, señaló el legislador, que insistió en remarcar que por las “peligrosas irregularidades lo que está en riesgo el estado de derecho y nuestras garantías institucionales”. Pero lo peor, agregó, “están poniendo en riesgo la responsabilidad de la Argentina en materia de derechos humanos”.

Más adelante en el espacio de las cuestiones de privilegio intervino Carolina Gaillard, quien hizo su planteo contra los diputados López y Lospennato por los dichos citados. Les recordó que ella conduce la Comisión de Juicio Político y a continuación hizo un detallado racconto de lo realizado hasta ahora. Comenzando por la razón según la cual ella dijo que se dio pie al juicio en marcha: los chats entre Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte, y Marcelo D’Alessandro.

En esa conversación irregular, Gaillard dijo que Robles le recomendaba al ministro de Justicia y Seguridad porteño cuál era la estrategia a seguir para obtener un fallo favorable respecto de la coparticipación.

Según Gaillard, el juicio se desarrolla “porque se está investigando si hay independencia o no del Poder Judicial”.

Más adelante refutó a Lospennato, por decir que no se había dado curso a la intervención judicial, y afirmó que los testigos sí pueden ser citados y deben comparecer. “Hoy la Comisión de Juicio Político está llevando a cabo el juicio político ajustada a derecho”, afirmó.

Y a Juan Manuel López le advirtió que “todas las reuniones fueron a la luz del día. Esta presidenta garantiza desde el primer día que esta comisión funciona de acuerdo con lo que establece el reglamento de la Cámara de Diputados”.

“¡No los vi indignados con los chats, ni tampoco con el falso testimonio del juez Sergio Ramos!”, enfatizó más adelante y ya excedida en el tiempo, cosa que le indicó una y otra vez la titular del Cuerpo, Cecilia Moreau, que terminó cortándole el micrófono.

Gaillard no se calló y concluyó a los gritos su discurso.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) se refirió a los avances del juicio político contra los miembros de la Corte Suprema y habló sobre una nueva filtración de chats que se conoció mientras el juez federal Sebastián Ramos declaraba ante la comisión.

Esas supuestas conversaciones son justamente entre Ramos y el ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia Marcelo D’Alessandro. “Esos chats dan cuenta de la connivencia entre Juntos por el Cambio y sectores de la Justicia Federal”, apuntó el oficialista.

Durante una entrevista en C5N, el porteño opinó: “Esto muestra el pus que tiene este sistema político y judicial. No regalan autos, compran voluntades. Los cuentapropistas se están vengando. (Horacio Rodríguez) Larreta estaba lanzando su candidatura y aparecen estos chats. Esto es un vuelto de ellos mismos, es su propia interna. Es la respuesta de los que apoyan a (Gerardo) Milman“.

Respecto de la primera jornada con testigos en la Comisión de Juicio Político, el legislador aseguró que está “de acuerdo con poner en comisión a los jueces de Comodoro Py y también a los de la Ciudad”. “Los Mahiques aparecen en todos los chanchullos. La comisión ahora lo quiere escuchar a (Carlos) Stornelli. Y si no viene hay que ir a buscarlo con la fuerza pública”, advirtió sobre la citación al fiscal.

Sobre la declaración de Ramos, antes de la filtración de los chats, Valdés señaló: “Dijo que no tiene relación con Robles. Corresponde denunciarlo por falso testimonio”. Y anticipó que la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, “va a presentarlo en la Justicia”.

El primer testigo en la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el marco del proceso contra los miembros de la Corte Suprema, fue el juez federal Sebastián Ramos, quien negó vínculos con Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, al tiempo que defendió el dictamen del fiscal Carlos Stornelli para archivar una denuncia contra ambos por la filtración de chats. 

El magistrado fue sometido a preguntas de diputados del Frente de Todos, entre los que comenzó Rodolfo Tailhade, y respondió a casi todos los interrogantes pidiendo “dispensarse”. “Las referencias o aclaraciones me imposibilitan, desde mi punto de vista funcional, modificar alguna palabra o algún concepto que haya sido expresado en esa resolución”, dijo sobre la decisión de dar por cerrada la causa.

La denuncia que originó el caso que recayó en Ramos se inició por la presentación del abogado Gastón Marano contra Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti, el presidente de la Corte, en relación a supuestas conversaciones por Telegram con D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia, en relación a la conformación del Consejo de la Magistratura. 

Ante la comisión, el magistrado se excusó de ampliar detalles de su decisión porque “no solamente me perjudica en lo personal cualquier modificación que yo pueda hacer de esa resolución”, sino también podría perjudicar “el derecho de defensa en juicio de alguna de las personas” involucradas. 

Tailhade le consultó si además del pedido de desestimación que le presentó el fiscal, en algún momento él propició “buscar o procurar otros medios para comprobar la existencia de lo denunciado”. “Está absolutamente prohibido por ley establecer o cuestionar de alguna manera lo postulado por el Ministerio Público Fiscal que detenta la titularidad de la acción penal pública”, contestó Ramos y defendió el escrito de Stornelli: “Fue un dictamen legal, razonado y fundamentado, no solamente en hechos que aportó, sino en jurisprudencia y doctrina”. 

Luego respondió que “no había referencia” en el expediente de que Robles y D’Alessandro se hayan presentado para decir que efectivamente ellos eran las personas involucradas en esos chats, que fueron desechados por Stornelli por considerarlos prueba ilegal. 

“Cualquier concepto que yo pueda brindarle de antemano por un caso puntual en el que me tocó intervenir puede comprometer mi criterio como juez a futuro, por lo cual le pido que me dispense”, expresó el juez en otro tramo ante varias consultas que se le hicieron. 

También, ante el pedido de Carolina Gaillard, justificó la habilitación de la feria para resolver sobre la cuestión: “Había elementos suficientes que habilitan la feria judicial. La denuncia finaliza con el pedido de recolección de una prueba urgente que es el secuestro de un teléfono y había un pedido de designación de abogado defensor solicitando la habilitación de la feria”. “¿Dictar el archivo sería una medida urgente?”, repreguntó Gaillard y Ramos afirmó que “absolutamente”. 

Insistente en que el magistrado responda qué consideraba por “filtración”, el diputado Ramiro Gutiérrez, le reclamó que explique la motivación de su fallo para archivar la denuncia. “Usted me está preguntando por un concepto por el cual ya me expresé en la resolución”, reiteró el juez. 

Molesta, la legisladora de la Coalición Cívica Mariana Stilman interrumpió para reprochar que Gutiérrez “estaba induciendo a la respuesta”. “Me opongo a la forma en la que está preguntando el diputado”, agregó en medio de los gritos desde el lado de Juntos por el Cambio. 

“¿Cuál es su motivación para justificar que en el hecho que le tocó resolver había actividad organizada o maniobras organizadas? Si nos puede responder cuáles eran”, continuó luego el diputado oficialista y Ramos reiteró: “Me está pidiendo aclaraciones o definiciones de mis propios conceptos en una resolución de la que no puedo modificar ni una palabra”. “Le pido que en virtud del principio de congruencia nos cuente y nos informe sobre cuál era el hecho a investigar”, intentó ahondar el massista, pero el testigo sentenció: “El hecho está desarrollado y explicado en la propia resolución. Ya expliqué que no voy a sumar ni una palabra. Pedí esa dispensa”.

En el cierre, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, le consultó: “Además de conocerlo, ¿hay algún vínculo sistemático que usted tenga con Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles?”. “No señor”, aseguró Ramos. 

Tras un arranque polémico en la quinta reunión de la Comisión de Juicio Político, los diputados de Juntos por el Cambio brindaron una conferencia de prensa en la que denunciaron “una serie de irregularidades y avasallamientos” en el proceso contra los jueces de la Corte Suprema y afirmaron que hay “violación de las garantías del debido proceso”. 

“Creemos que se está haciendo un proceso penal paralelo, porque no tuvo suerte en sede judicial la cantidad de denuncias que se fueron haciendo”, señaló Juan Manuel López, jefe de la Coalición Cívica, quien advirtió que “se está tratando de convertir a la Comisión de Juicio Político en una comisión que puede producir inteligencia ilegal, esto es peor que cualquier comisión que se haya conocido”. 

El porteño, vicepresidente de la comisión, denunció que “se está produciendo prueba sobre una infinidad de personas”. “No podemos confiar en la palabra del Frente de Todos porque hasta ahora lo único que ha hecho fue violar las garantías del debido proceso”, agregó. 

Por su parte, la diputada del Pro Silvia Lospennato avisó: “Vamos a seguir controlando todo este proceso, y en caso que se requiera intervención, intervendremos”, en alusión a las declaraciones de los testigos. 

La macrista habló de “una enorme cantidad de violaciones” que “nada tienen que ver con un proceso regular de juicio político”, y esto “pone en riesgo no solamente a quienes están siendo sometidos al procedimiento, sino a quienes son citados”, apuntó, al criticar que hay testigos citados que “no tienen relación con las causas”. También rechazó las “medidas de prueba amplias, indeterminadas, injustificadas y sin intervención judicial”. 

A su turno, el diputado del Pro Álvaro González subrayó que “todas las decisiones que se han tomado en la comisión fueron 16 contra 15. Tampoco es que representan una mayoría política en el seno de la Cámara de Diputados”. Y pidió “no utilizar el mal desempeño para aprobar el mal desempeño”. 

También desde el bloque macrista, el legislador Omar De Marchi reclamó “no naturalizar” que “el juicio político es la agenda de Argentina”. Y cuestionó al oficialismo por querer “instalar que estamos en presencia de un Poder Judicial dudoso” porque es el Poder Judicial “que ha condenado” a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al tiempo que rechazó “estar hablando de esto en lugar de estar hablando de los verdaderos problemas del país”. 

Desde Evolución Radical, la diputada Carla Carrizo le solicitó a otros bloques de la oposición que no tienen un asiento en la comisión que los acompañen a “proteger los derechos individuales y políticos de los argentinos”. “A 40 años de democracia no podemos legalizar un proceso de juicio político que los viole esos derechos”, remarcó y mencionó la posibilidad de convocar a representantes de ONG’s y referentes intelectuales para que actúen como “veedores” en el proceso”. 

“De forma absolutamente categórica esta oposición no va a permitir que se coarte una sola libertad ni que se vulnere un derecho más en Argentina”, coincidió el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro. 

Luego de la conferencia, un grupo de diputados de JxC ingresó nuevamente a la reunión de la Comisión de Juicio Político “a fin de preservar los derechos y garantías” de los testigos citados. 

Antes de comenzar a escuchar a los primeros testigos en el marco del juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, la oposición denunció “irregularidades” del proceso y se retiró de la comisión, aunque más tarde volvió para “controlar” el posible “hostigamiento” a los citados.

En el arranque del encuentro, el jefe de la CC-ARI y vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, hizo referencia a un documento elaborado por la bancada, donde expresan “los hechos de gravedad institucionalidad contra los miembros de la Corte Suprema de la Nación”.

En una intervención preparada de antemano, el cívico afirmó que este juicio político presenta “violaciones al Estado de Derecho y al debido proceso”.

“Fue por ello que consideramos necesario presentar por escrito el detalle de todas las severas y peligrosas irregularidades que se han desarrollado puesto que, a nuestro juicio, se encuentra en riesgo el Estado de Derecho, el respeto a las garantías individuales de los ciudadanos y la responsabilidad internacional del Estado argentino como consecuencia de la violación de derechos y garantías consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, enunciados en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional”, desarrolló López.

Del mismo modo, agregó: “Formulamos peticiones concretas para establecer una metodología de trabajo a partir del inicio de la instrucción sumaria, y la debida consideración sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas ofrecidas. ​En particular, solicitamos a la presidencia precisiones sobre el cronograma de trabajo para la etapa de admisibilidad y producción de las pruebas, sobre los alcances de las facultades de investigación de la comisión, y sobre la convocatoria de los testigos, y el desarrollo los interrogatorios”.

Además, el legislador porteño acusó a los miembros de la comisión, por parte del oficialismo, de “cometer irregularidades”. “Es evidente que no se otorgó el tiempo acordado y el Estado no puede hacer cualquier cosa. No hay legalidad y pertinencia de las pruebas ofrecidas”, denunció.

Una vez que se iban retirando los diputados de JxC, el presidente del Frente de Todos, Germán Martínez, les respondió: “Cuando tiene pocos argumentos, lo que hacen es irse”.

Terminada la presentación de la nota, los opositores se retiraron a brindar una conferencia de prensa.

La Comisión de Juicio Político realiza este jueves la primera audiencia con la participación de testigos, en el marco de la etapa de recolección de pruebas del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. 

En la lista de los testimonios que se escucharán sobresalen los de los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos quienes, con diferente criterio, intervinieron en denuncias sobre los chats filtrados del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- Marcelo D’Alessandro, donde hay presuntas conversaciones con Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, en referencia al fallo por la coparticipación de la Ciudad, uno de los ejes principales donde pone el foco el oficialismo. 

Además fueron citados funcionarios del máximo tribunal, entre ellos -de la vocalía de Rosatti- Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti. También fueron llamados Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema;  Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.

A propuesta de la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto, quien encabeza junto a Juan Manuel López dos expedientes plagados de acusaciones contra Lorenzetti, se convocó a Mario Cimadevilla, exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura. 

Esta se trata de la quinta jornada desde el comienzo del trabajo de la comisión, que está a cargo de la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT). La semana pasada, el Frente de Todos impuso su mayoría y aprobó ocho ampliaciones de prueba en medio de una agitada discusión. Originalmente se dio admisibilidad a 14 proyectos, que reúnen cerca de 60 hechos por mal desempeño de los cortesanos.

En vísperas de una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político en la que están citados a declarar los testigos, el diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) aseguró que con la llegada de “la etapa probatoria han entrado en pánico los que son dueños” del máximo tribunal.

“Ahora que se ha llegado a la etapa probatoria han entrado en pánico los que son dueños de la Corte, los grupos mediáticos hegemónicos y los grupos económicos más concentrados”, sostuvo Moreau en declaraciones a El Destape Radio.

Este jueves la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará a recibir testimonios de jueces y funcionarios judiciales. En ese sentido, para el legislador oficialista la etapa probatoria va a exhibirlos a los cuatro miembros del máximo tribunal por “sentencias fraudulentas, arbitrarias y decisiones que buscaron incrementar la persecución al kirchnerismo y garantizar la impunidad al macrismo”.

“Hay cosas que vamos a mostrar en la comisión, pruebas objetivas que son muy contundentes. No somos una sola fuerza política involucrada, sino dos”, dijo Moreau en referencia a el reclamo de la Coalición Cívica al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti.

Además, el funcionario sostuvo que esto “no es improvisado” y que aún no adelantarán las pruebas que se mostrarán en el Congreso para no “poner sobreaviso a los testigos”.

Moreau explicó que se citarán a funcionarios del Poder Judicial como testigos y que “es algo que no pueden prohibir los jueces del máximo tribunal”, y apuntó: “Si ellos prohibieran a los funcionarios venir a prestar testimonio estarían violando la Constitución nuevamente de manera flagrante. No creo que la Corte llegue a ese extremo”.

Por otro lado, el diputado kirchnerista sostuvo que el fallo de la Corte sobre la condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se podría “acelerar ante la posibilidad de una candidatura”.

“Todos son elementos que apuntan a la proscripción de Cristina, hay que romper esa proscripción porque no pesa solo sobre ella, sino sobre millones de compatriotas que se ven excluidos del sistema político argentino”, concluyó.

En la previa del inicio del debate del juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, mucha agua corrió bajo el puente. Y en el seno de la principal oposición se analizó la posibilidad de no participar del mismo, con el argumento de “no convalidar” dicho proceso. Al final, se adoptó la decisión de asistir, sin dar nunca quórum, para no dejarle la centralidad al Frente de Todos.

Más allá de los integrantes del FdT y de JxC, la Comisión de Juicio Político se completa con la presencia del diputado de Identidad Bonaerense, Alejandro “Topo” Rodríguez, que evalúa por estos días mantener su presencia en esas reuniones.

En efecto, el titular del interbloque Federal manifestó el viernes pasado que evaluará “si tiene sentido seguir participando en la comisión”.

El legislador quedó muy molesto tras la última reunión del jueves pasado, la tercera de este proceso contra la Corte Suprema. En ese encuentro propuso que se citara al presidente de la Nación, Alberto Fernández, como testigo, teniendo en cuenta que él es precisamente el impulsor de este juicio político que se está tramitando.

En efecto, así lo hizo público el propio mandatario en su mensaje del 1 de enero de este año. Fernández pidió luego el apoyo de algunos gobernadores, aunque no terminó presentando él el texto del pedido de juicio político. Por el contrario, instruyó a diputados del oficialismo para lleva adelante el pedido de enjuiciamiento con los argumentos que él venía dando. Sin embargo, el kirchnerismo rechazó de plano la comparencia del presidente como testigo en la comisión.

A través de sus redes sociales, “Topo” Rodríguez recordó también que “la semana pasada pedí que se reprogramara la reunión de la comisión, o que al menos se abriera un cuarto intermedio de horas, porque nos llevaron a considerar un extenso informe de admisibilidad y a votar una resolución, entregando copias de ambos sólo 48 minutos antes de iniciar la reunión de la comisión”.

Remarcó Rodríguez que “el pedido respetaba abiertamente la letra y el espíritu del reglamento interno de la Comisión; pero el kirchnerismo rechazó la propuesta”.

Así las cosas, el diputado del interbloque Federal dejó picando la siguiente sentencia: “Habrá que evaluar si tiene sentido seguir estando en todas las reuniones de esa comisión”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) cuestionó la decisión de la Corte Suprema de no tomar juramento al senador kirchnerista Martín Doñate y consideró que ese es “otro hecho más” para avanzar en el proceso contra el máximo tribunal. Además fustigó a la oposición por su postura.

“Mientras estábamos en la comisión (de Juicio Político), hubo una acordada de la Corte diciendo que no corresponde que Martín Doñate asuma en el Consejo de la Magistratura. Otro hecho más para el juicio político, porque (Horacio) Rosatti es juez y parte. Por eso Juntos por el Cambio lo defiende tanto, porque es uno de ellos”, lanzó.

Durante una entrevista con Gustavo Sylvestre y Rosario Ayerdi por C5N, el legislador, que fue miembro informante del proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo, observó que en el debate que se está dando “quedaron atrás todos los fantasmas” porque “decían que íbamos por un sólo juez, pero vamos por los cuatro. Fallos como el de la coparticipación lo firmaron los cuatro”.

Respecto de los próximos pasos de la comisión, el porteño puso expectativas en la primera jornada en la que se recibirán a testigos. “El jueves que viene empiezan a venir los testigos, va a ser muy importante. Son testimonios que ha pedido el oficialismo y también bloques de la oposición como la Coalición Cívica”, señaló y resaltó que y “la diputada (Paula) Oliveto denunció que recibió presiones del entorno de (Ricardo) Lorenzetti“.

En cuanto a la actitud de los cortesanos, Valdés aseguró: “Uno no debe sólo ser, sino también aparentar ser. Ellos administran Justicia al más alto nivel en el país. Deberíamos todos presentar los teléfonos cuando hay dudas sobre nosotros. (Silvio) Robles y (Marcelo) D´Alessandro se comunicaban permanentemente, era la comunicación entre Rosatti y (Horacio Rodríguez) Larreta. Al cumpleaños de Ignacio Mahiques llegaron juntos, compartieron toda la fiesta. Pedimos los vídeos como prueba”.

Por otro lado, el oficialista fue consultado por la mesa política del Frente de Todos y expresó que “es un hecho muy importante. Con la máxima representación, salvo por la vicepresidenta que no fue por elección personal, están todos los sectores. Es el mejor punto de partida para que en unidad mejoremos la calidad de nuestro gobierno para conseguir un triunfo en primera vuelta”.

En un acalorada reunión, donde oficialismo y oposición protagonizaron una vez más fuertes discusiones sobre el proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, se definieron los testigos que serán citados a la primera audiencia de testimonios y se aprobaron ocho ampliaciones de prueba. 

De esas ampliaciones, dos fueron propuestas por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade para que se incorporen a la lista los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, y el fiscal federal de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques. Por otra parte, se rechazó una propuesta del titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, para que se convoque al presidente Alberto Fernández. 

Los legisladores de Juntos por el Cambio advirtieron por la ilegalidad de la prueba -que fue votada la semana pasada- y la violación de las garantías constitucionales, en cuanto a medidas que se requieren, como el pedido del registro de llamadas de Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia, entre otras los de otras personas que resulten necesarias a la investigación. 

En el final de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, leyó los artículos que establecen que los testigos que sean citados están obligados a comparecer y, si se negaran, pueden llegar a ser ser traídos por la fuerza pública; mientras que aquellos que tengan causas penales pueden negarse a declarar. 

De acuerdo a lo votado, el próximo 23 de febrero serán citados: Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema;  Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.

Asimismo, de la vocalía de Horacio Rosatti serán llamados Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti; mientras que, a propuesta de la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto, se convocará a Mario Cimadevilla, exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura. Los jueces Ramos Padilla y Ramos también serán citados para la primera audiencia. 

Ferviente debate sobre la prueba y los testigos a citar 

Con una posición claramente en contra, arrancó desde Juntos por el Cambio el diputado Pablo Tonelli (Pro), quien consideró que “esta prueba que han ofrecido no está destinada a probar el mal desempeño” sino que “apunta a hacer un show, a exponer a los jueces de la Corte y sus allegados”. El macrista habló de una “una extensión inusitada” de pedido de prueba que “afectaría a terceras personas que nada tienen que ver con la investigación”. 

Además, el legislador advirtió por la “violación del artículo 18 de la Constitución Nacional que protege las comunicaciones”. “A nuestro criterio la comisión no tiene facultades para requerir intercepciones telefónicas o entrecruzamiento de llamadas”, señaló y explicó que eso solo “debe hacerse por intermedio de un juez”. 

“Se está citando a una cantidad de gente que de ninguna manera tienen conocimiento directo adquirido a través de sus sentidos de los hechos denunciados”, observó, al tiempo que rechazó que se citen a Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, “involucrados en esos chats que seguimos sosteniendo que son ilegales e insistiendo que no sabemos si son veraces”. 

En ese sentido, Tonelli afirmó que “más allá de que no se puede y no se debe hacer uso de esos chats, los señores Robles y D’Alessandro no pueden ser citados como testigos porque hay causas penales (a raíz de denuncias de gobernadores) en curso, en las que se están investigando si esos supuestos chats, en caso de haber existido, constituyen o no un delito”. 

Sobre ello, agregó que el artículo 444 del Código Procesal Penal indica que “los testigos no pueden declarar cuando la declaración los pueda someter a una investigación penal”. Por lo cual, podría ocurrir que ambos asistan y digan “me niego a declarar porque esto puede constituir una declaración contra mí mismo”, graficó el porteño y reafirmó: “Nos oponemos a esa prueba. Esas dos personas no pueden ser citados como testigos”. 

También, el diputado opositor calificó como “una locura” que pida “al voleo” las “llamadas entradas y salientes de todos los tribunales”. “Nos oponemos a todas las pruebas que se solicitan al Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema para que informen sobre teléfonos de personas”, sumó y cuestionó que se piden hasta “los vídeos de una fiesta de cumpleaños privada; esto ya es el colmo. Mayor intromisión en la vida de las personas no se me ocurre”. 

El primero orador desde el oficialismo fue el jefe de la bancada, Germán Martínez, quien subrayó que “ya estamos en otro escenario, ya no estamos debatiendo un proyecto individual, ya no estamos discutiendo en términos específicos la consideración que pudo hacer nuestro bloque, ya estamos en otra etapa. Estamos trabajando en la etapa de investigación que está sostenida en los 14 expedientes”. 

“En las reuniones anteriores quedaron claros cuáles son los hechos sobre los que estamos trabajando y ya no solamente estamos trabajando sobre la posible causal de mal desempeño, sino que también estamos investigando la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, advirtió. 

En la misma línea que Tonelli, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, respondió: “Que estemos en una nueva etapa no significa que no tengamos que seguir cuidando la legalidad del proceso. Sin ser abogado defensor de nadie, nosotros somos custodios de un proceso que tenga que tramitarse con todas las garantías constitucionales. Que estemos en un juicio político no suspende ninguna garantía constitucional, al contrario, están plenamente vigentes y nosotros las tenemos que custodiar”. 

“La prueba se tiene que producir con legalidad”, insistió el vicepresidente de la comisión y agregó que “cualquier medida de prueba que restrinja un derecho constitucional, ya sea la intimidad, la privacidad, la propiedad y la libertad requieren la intervención de un juez”. 

López cuestionó además que “hay un desorden” sobre cómo se van a investigar los hechos y pidió que “empiecen a delimitar qué testigo va a venir y por qué hecho va a declarar”. 

Al igual que su par de JxC rechazó el pedido de comunicaciones, opinó que en algunos casos no tienen “nada que ver”, habló de que son “excursión de pesca” y chicaneó: “Si nos van a aceptar todas las pruebas, yo quiero saber con quién habla Cristina Kirchner”. 

Desde el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade aclaró que los testimonios de Robles y D’Alessandro ya estaban previstos en el informe de admisibilidad que se habían votado la semana pasada. En su discurso recordó una situación vivida en 1985 cuando el militar Luciano Benjamín Menéndez asistió a una comisión y, al salir del Congreso, “sacó un facón y amenazó a los manifestantes que lo estaban insultando. Inmediatamente Juan Carlos Pugliese (presidente de la cámara) ordenó su arresto y estuvo dos días presos”. 

“No estoy planteando que vamos a traer con un facón a Robles y D’Alessandro. Estoy planteando que tenemos muchas facultades para hacer cosas sin la necesidad de recurrir a los jueces”, remarcó. 

A su turno, Alejandro “Topo” Rodríguez, propuso que se cite al presidente porque fue “quien decidió que se inicie este intento de juicio político”. Incluso habló de que asista a la comisión luego de la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo. Pero Gaillard le aclaró que, de acuerdo al reglamento, “el presidente, la vicepresidenta y los gobernadores están exceptuados de venir a declarar”. Luego eso se votó y resultó rechazado. 

A favor del presidente se lo escuchó luego al diputado oficialista Juan Manuel Pedrini, quien expresó: “Alberto Fernández, lo decimos con todas las letras y no nos avergüenza, es un impulsor del juicio político, como lo fue Juan Domingo Perón en el ‘47 ante una Corte golpista. Y como lo fueron Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner contra la Corte de la mayoría automática. Ahora el impulso vino del primer magistrado de la Nación y va a ser un hito muy importante en su actividad presidencial”.

En una fuerte discusión durante la cuarta reunión de la Comisión de Juicio Político, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade insistió con la presencia de Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia, para comparecer ante los legisladores. 

Al hablar después de las intervenciones de Pablo Tonelli y Juan Manuel López, quienes cuestionaron la legalidad de la prueba, el oficialista arrancó: “Me hubiese gustado que esta discusión sobre garantías constitucionales y esta defensa tan férrea de los derechos de los ciudadanos la hubiésemos tenido cuando en el gobierno de (Mauricio) Macri arreciaba el espionaje y Claudio Bonadio metía en cana a diestra y siniestra”. 

Sobre la citación de los testigos, el bonaerense dijo que no encontraba “ningún testigo en el listado que hemos propuesto, el ya votado y el que se va a votar, que no tengan conocimiento de los hechos total o parcialmente. Todos los testigos tienen una razón de ser”. 

“Si la posición del bloque Juntos por el Cambio va a ser descalificar la validez probatoria de los chats (sobre Lago Escondido), entonces ¿por qué no podemos discutir cómo se llegó a la sentencia en donde se descalificó la validez?”, expresó. 

Y enfatizó que Robles y D’Alessandro pueden venir y decir “no puedo declarar, estoy imputado”. “¿Por qué aparece usted (a Tonelli) o López como defensor antes de tiempo? ¿Están imputados o no están imputados? ¿La causa existe o no existe? Que vengan ellos que son los que están en conocimiento de su estado procesal”, manifestó. 

Tailhade retrucó: “Y si vienen y quieren declarar, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes se van a oponer?”. “Que los diputados ya adelanten lo que va a pasar… me parece absolutamente improcedente que se proponga esto. Ya fueron aprobados cuando votamos la prueba ofrecida de los proyectos”, apuntó. 

Luego aclaró que “acá nadie está pidiendo la interceptación de nadie, ni siquiera entrecruzamiento de llamadas. Lo que se está pidiendo es el listado de llamados recibidos y enviados por Robles y D’Alessandro sin contenido. Sin contenido”. 

Al fundamentar por qué se piden las llamadas de Robles en un período de 2016, el camporista recordó que “los periodistas Jorge Lanata, Julio Blanck, Martín Granovsky y Luciana Bertoia en aquella época contaron cómo se fue construyendo el fallo del 2×1” y Robles aparecía “como un articulador de esos intereses” hablando con “Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón y el actual senador José Torello, que eran los negociadores por parte del Ejecutivo de este fallo”. 

Respecto de las facultades para pedir esta información, el legislador mencionó dos casos que se dieron cuando el Senado pidió la detención por 48 horas de dos personas y, habiéndose presentado habeas corpus, la Corte declaró ilegítimos esos arrestos, “pero le dio a la Cámara de Diputados facultades para hacer algo parecido cuando personas generaran imposibilidad de funcionar de la cámara”, señaló. 

Acto seguido, habló de la situación vivida en 1985 cuando el militar Luciano Benjamín Menéndez asistió a una comisión y, al salir del Congreso, “sacó un facón y amenazó a los manifestantes que lo estaban insultando. Inmediatamente Juan Carlos Pugliese ordenó su arresto y estuvo dos días presos”. 

“No estoy planteando que vamos a traer con un facón a Robles y D’Alessandro. Estoy planteando que tenemos muchas facultades para hacer cosas sin la necesidad de recurrir a los jueces”, completó. 

Iniciado el proceso de investigación y recolección de pruebas en el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, la comisión homónima de la Cámara de Diputados -presidida por Carolina Gaillard– se reúne este jueves para definir el cronograma de testigos.

Luego que la semana pasada el Frente de Todos impusiera su mayoría para abrir el sumario, se espera que ahora avance con la lista de personas que se llamará a declarar y, entre los primeros, estarían funcionarios del máximo tribunal.

El oficialismo ya anticipó que buscará la comparecencia y el testimonio de Silvio Robles, director de la Vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema; y también de Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, actualmente de licencia.

Ambos se encuentran involucrados en el escándalo de los chats filtrados, donde hay conversaciones sobre el fallo del máximo tribunal respecto de la coparticipación de la Ciudad. Desde Juntos por el Cambio aseguran que esos chats son falsos.

En el listado de testigos se encuentran además gobernadores; el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; el exministro de la Corte Eugenio Zaffaroni; el constitucionalista Eduardo Barcesat; y el exjuez español Baltazar Garzón, entre otros.

El jueves pasado, el Frente de Todos aprobó por mayoría la admisibilidad de 14 pedidos de juicio político, que reúnen denuncias sobre 60 hechos, contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Ferviente discusión sobre la prueba y los testigos a citar 

Con una posición claramente en contra, arrancó desde Juntos por el Cambio el diputado Pablo Tonelli (Pro), quien consideró que “esta prueba que han ofrecido no está destinada a probar el mal desempeño” sino que “apunta a hacer un show, a exponer a los jueces de la Corte y sus allegados”. El macrista habló de una “una extensión inusitada” de pedido de prueba que “afectaría a terceras personas que nada tienen que ver con la investigación”. 

Además, el legislador advirtió por la “violación del artículo 18 de la Constitución Nacional que protege las comunicaciones”. “A nuestro criterio la comisión no tiene facultades para requerir intercepciones telefónicas o entrecruzamiento de llamadas”, señaló y explicó que eso solo “debe hacerse por intermedio de un juez”. 

“Se está citando a una cantidad de gente que de ninguna manera tienen conocimiento directo adquirido a través de sus sentidos de los hechos denunciados”, observó, al tiempo que rechazó que se citen a Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, “involucrados en esos chats que seguimos sosteniendo que son ilegales e insistiendo que no sabemos si son veraces”. 

En ese sentido, Tonelli afirmó que “más allá de que no se puede y no se debe hacer uso de esos chats, los señores Robles y D’Alessandro no pueden ser citados como testigos porque hay causas penales (a raíz de denuncias de gobernadores) en curso, en las que se están investigando si esos supuestos chats, en caso de haber existido, constituyen o no un delito”. 

Sobre ello, agregó que el artículo 444 del Código Procesal Penal indica que “los testigos no pueden declarar cuando la declaración los pueda someter a una investigación penal”. Por lo cual, podría ocurrir que ambos asistan y digan “me niego a declarar porque esto puede constituir una declaración contra mí mismo”, graficó el porteño y reafirmó: “Nos oponemos a esa prueba. Esas dos personas no pueden ser citados como testigos”. 

También, el diputado opositor calificó como “una locura” que pida “al voleo” las “llamadas entradas y salientes de todos los tribunales”. “Nos oponemos a todas las pruebas que se solicitan al Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema para que informen sobre teléfonos de personas”, sumó y cuestionó que se piden hasta “los vídeos de una fiesta de cumpleaños privada; esto ya es el colmo. Mayor intromisión en la vida de las personas no se me ocurre”. 

El primero orador desde el oficialismo fue el jefe de la bancada, Germán Martínez, quien subrayó que “ya estamos en otro escenario, ya no estamos debatiendo un proyecto individual, ya no estamos discutiendo en términos específicos la consideración que pudo hacer nuestro bloque, ya estamos en otra etapa. Estamos trabajando en la etapa de investigación que está sostenida en los 14 expedientes”. 

“En las reuniones anteriores quedaron claros cuáles son los hechos sobre los que estamos trabajando y ya no solamente estamos trabajando sobre la posible causal de mal desempeño, sino que también estamos investigando la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, advirtió. 

En la misma línea que Tonelli, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, respondió: “Que estemos en una nueva etapa no significa que no tengamos que seguir cuidando la legalidad del proceso. Sin ser abogado defensor de nadie, nosotros somos custodios de un proceso que tenga que tramitarse con todas las garantías constitucionales. Que estemos en un juicio político no suspende ninguna garantía constitucional, al contrario, están plenamente vigentes y nosotros las tenemos que custodiar”. 

“La prueba se tiene que producir con legalidad”, insistió el vicepresidente de la comisión y agregó que “cualquier medida de prueba que restrinja un derecho constitucional, ya sea la intimidad, la privacidad, la propiedad y la libertad requieren la intervención de un juez”. 

López cuestionó además que “hay un desorden” sobre cómo se van a investigar los hechos y pidió que “empiecen a delimitar qué testigo va a venir y por qué hecho va a declarar”. 

Al igual que su par de JxC rechazó el pedido de comunicaciones, opinó que en algunos casos no tienen “nada que ver”, habló de que son “excursión de pesca” y chicaneó: “Si nos van a aceptar todas las pruebas, yo quiero saber con quién habla Cristina Kirchner”. 

NOTICIA EN DESARROLLO

Luego de que el oficialismo se alzara con el dictamen de admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) emitieron un comunicado cada una para expresar preocupación y rechazo por el avance del pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema y reclamaron la independencia de poderes y el respeto a las instituciones”.

En el comunicado de IDEA expresaron: “Vemos con preocupación el avance del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En sintonía con diversos representantes de la sociedad civil que ya se han expresado en contra de esta iniciativa, creemos que afecta los principios de funcionamiento de nuestro sistema republicano ya que fundamentalmente se basa en el desacuerdo de parte de un sector político con el contenido de algunas sentencias recientes”.

“Argentina necesita regenerar condiciones de confianza para que aumenten significativamente las inversiones necesarias para la creación de empleo privado de calidad; el respeto a las instituciones y la seguridad jurídica son los pilares fundamentales de dicha confianza”, enumeraron.

En ese marco, alentaron al Congreso de la Nación a “a proponer y debatir una agenda legislativa amplia que incluya los temas que le preocupan a la sociedad en general y que contribuyan a que nuestro país pueda desarrollar el potencial que todos conocemos y que es nuestra fuente de ilusión”.

En una línea similar fue el texto emitido por ACDE que reclamó “respetar la independencia de poderes de la República imprescindible respeto a la independencia de poderes de la República” y sumó: “Vemos con muchísima preocupación cómo continúa el ataque del Poder Ejecutivo a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por no estar de acuerdo con algunos de sus fallos”.

“Respetar el ámbito de decisión de cada uno de los poderes del Estado, cumplir los compromisos asumidos por el país con sus acreedores, asegurar la paz interior mejorando la seguridad en todo el territorio, procurar el bienestar de los argentinos atacando seriamente la inflación, mejorar la educación de los jóvenes exigiendo el cumplimiento de estándares de aprobación, entre otras cuestiones urgentes,  debería ser la tarea que ocupe a los gobernantes de nuestro país y en particular al Congreso de la Nación. En lugar de eso, las pocas energías que quedan están siendo malgastadas en un proceso inviable contra la Justicia”, plantearon.

Y cerraron: “Exhortamos a los diputados de la Comisión de Juicio Político a abocarse a cuestiones urgentes que el país necesita”.

El diputado nacional y electo vicepresidente segundo en la Comisión de Juicio Político, el riojano del FdT Ricardo Herrera, se refirió a la frase que lanzó el jefe del bloque UCR Mario Negri en la reunión de este jueves, durante la tercera jornada del juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, y sostuvo que “fueron una posición política que no tiene nada que ver con la realidad”.

En declaraciones a la AM 990, el oficialista contó: “Ayer se aprobó una de las etapas más importantes que es la admisibilidad, la posibilidad de averiguar el contenido de esas denuncias que se han presentado. Son 14 denuncias, 60 casos y 128 hechos que se han imputado a los 4 miembros de la Corte Suprema de justicia”.

“Son 77 fojas debidamente fundamentado que se ha presentado en un trabajo impecable que hizo la Comisión de Juicio Político. Ahí están detalladas la relación circunstancial de los hechos. Ahora habrá que comenzar la otra etapa que es la de las pruebas y testigos”, comentó.

Respecto al debate de este jueves, sostuvo que “las intervenciones de ayer se dieron, salvo algunas, con mucha altura de un lado o del otro. Cada uno defendiendo su postura porque en el derecho hay dos bibliotecas y uno presenta estar de un lado o del otro de acuerdo a una posición política”.

Al ser consultado por la frase que dijo el jefe del bloque UCR, Mario Negri, de que el kirchnerismo “está finalizando el ciclo de 16 años de confrontación con la justicia y ahora le declararon la guerra contra la Constitución”, Herrera respondió: “No veo que se le este declarando una guerra a la Constitución”.

En ese sentido, destacó la respuesta que dio el diputado Leopoldo Moreau que “le ha respondido con mucha altura”. “No es que el kirchnerismo ha tenido desde el 2006 una guerra declarada a la Corte Suprema, hubo periodos donde hubo jueces que estuvieron a la altura de las circunstancias inclusive que no adherían a nuestra posición”, remarcó el oficialista.

“No es el kirchnerismo solamente, hay muchos adherentes al FdT que no están de acuerdo con la posición de la Corte Suprema”, hizo hincapié el riojano y sumó: “Mi gobernador -Ricardo Quintela- alzó su voz con respecto a los fallos de la Corre que han perjudicado a las provincias porque todos los fallos favorecen a la Ciudad de Buenos Aires”.

Y remató: “Me parece que los dichos de Negri ayer fue una posición política que no tiene nada que ver con la realidad porque acá analizamos otro tema”.

“Nosotros tenemos que avanzar en la producción de la prueba. Si encontramos motivos y razones suficientes y poder avanzar con un dictamen en la Comisión que tiene 3 años para poder llevarlo al recinto. La cuestión del tiempo no nos desvela quizás sean otros legisladores quienes lo lleven”, aclaró y cerró: “La justicia tiene un descrédito bastante importante y para cambiar esto hay que empezar desde la cabeza”.

El diputado nacional Marcos Cleri (FdT – Santa Fe) habló sobre la aprobación por mayoría el informe de admisibilidad de las denuncias contenidas en los 14 pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia y expresó: “La oposición dice una cosa, pero cuando hay que firmar hacen otra”.

Del mismo modo, Cleri -integrante de la Comisión de Juicio Político- expresó: “El jueves dimos un paso más. Estamos haciendo lo correcto poniendo luz en el accionar de los cuatro miembros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti)”.

En declaraciones a El Destape, Cleri manifestó que “hay 14 denuncias que son ratificadas y el informe de presidencia porque necesitamos equilibrio y armonía en los tres poderes del Estado”, en alusión al proceso del enjuiciamiento del máximo tribunal de justicia.

Consultado por el período de pruebas, el diputado santafesino explicó: “Debemos avanzar a la etapa de pruebas. Considero que es importante que nos enteremos de todo para mantener la transparencia”, y agregó: “Este juicio político debe tener repercusión para llegar a la ciudadanía para saber en manos de quien está la vida de los argentinos”.

Entre los motivos que Cleri explicó sobre el inicio del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, enumeró: “Con una cautelar beneficiaron a los monopolios de servicios de telecomunicación; y entre otras cosas con el fallo del Consejo de la Magistratura y el uso de beneficiar con la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires”.

Asimismo, el diputado oficialista recordó la difusión de supuestas conversaciones entre Silvio Robles, asesor de la Corte, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño -de licencia-, como “indicios por los que deben venir a aclarar si son ciertos y si se estaban arreglando fallos”.

Para Cleri, esas conversaciones evidenciaron que “se arreglaron otros fallos”, y cerró citando al expresidente Néstor Kirchner: “Queremos una Justicia independiente”.

La diputada nacional Sabrina Ajmechet (Pro – CABA) hizo referencias respecto al avance del enjuiciamiento contra el máximo tribunal de justicia y cargó contra el oficialismo: “Usan la bandera de los Derechos Humanos para defender la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner”.

Del mismo modo, la diputada macrista expresó: “Hay razones ridículas y forzadas, y las que se relacionan con los fallos son peligrosas”. Además, enfatizó: “Me da mucha pena y tristeza que estemos hablando de juicio político y de este circo que está haciendo el kirchnerismo con todos los problemas que tenemos”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Ajmechet (integrante de la Comisión de Juicio Político) sostuvo que el pedido de juicio político “genera un problema nuevo y gravísimo para la índole institucional”.  “Esta arremetida contra el Poder Judicial bien después de la sentencia por corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner”, aseveró.

“El juicio político es una herramienta constitucional, y hoy tenemos un mal uso”, señaló. Además, manifestó que “el Poder Ejecutivo está persiguiendo al Judicial porque no lo deja actuar con autoritarismo”.

Con relación a las próximas reuniones de comisión, la legisladora advirtió: “Todos los jueves vamos a tener una escena más de este circo que tiene como propósito desgatar, porque no va a llegar a hacerse”, y aclaró: “Los acusados, en este caso los miembros de la Corte Suprema no están obligados a presentarse”.

Asimismo, consideró que cuando llegue al recinto “esto muere porque no tendrán el número”. “Vienen cambiando el reglamento constantemente. Utilizaron los derechos humanos para embarrar la cancha y usan la bandera para defender la impunidad de Cristina Kirchner”, explicó.

En el final, afirmó que “nuestra postura es que no vamos a dar quórum mientras el Congreso funcione para atacar a otros poderes, y cerró: “Cuando seamos gobierno vamos a ser responsables del estado del país, mientras tanto vamos a frenar este atropello”.

El eje del discurso del diputado del Pro Pablo Tonelli en la Comisión de Juicio Político pasó por el rechazo a juzgar a los integrantes del Tribunal Superior por el contenido de sus fallos.

“No se puede juzgar a los jueces por el contenido de las sentencias -remarcó-. Si tuviéramos la atribución de hacerlo, se acaba la independencia judicial. Los jueces ya no podrían tener la libertad de decidir las causas según su leal interpretación de la ley y la Constitución, sino que estarían pensando o calculando cuál es el criterio del gobernante o el poderoso de turno para adecuarse a ese criterio y se acaba la independencia judicial”.

En otro pasaje, el especialista en cuestiones judiciales aclaró que la independencia judicial beneficia a los más débiles, y concluyó contando una historia que le servía como ejemplo ideal: la del rey Federico de Prusia y el molinero.

“A mediados del siglo XVIII, reinaba Federico, que solía pasar mucho tiempo en las afueras de Berlín -comenzó-. Y lo único que alteraba su tranquilidad era un molino cercano que en el momento de la molienda hacía mucho ruido. Entonces Federico lo mandó llamar al molinero, le dijo que le compraba el molino, pero el molinero le dijo que no. Que ese molino él lo había heredado de su padre, y su padre de su abuelo, y su abuelo de su bisabuelo, y no estaba en venta”.

Ante esto, el rey le dijo: “Pero yo soy el rey, soy poderoso, puedo en encontrar el modo de obligarte a venderme el molino”… Y el molinero siguió diciendo que no. “El rey entonces le dijo: ‘¿Pero no tenés miedo de mi poder? Y el molinero le dijo que no, ‘porque en Berlín hay jueces’”. “Claro, jueces independientes, jueces que iban a fallar de acuerdo con la ley, la Constitución, sin temor a la reacción del poderoso”, concluyó Tonelli, que agregó que “Federico entendió el valor que tenía esta convicción del molinero y lo dejó tranquilo y se olvidó del molino… Porque para eso está la independencia de la justicia: para proteger a los humildes, a los ciudadanos de a pie, para evitar las arbitrariedades”.  

El jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, le contestó a los titulares de los bloques CC-ARI y UCR, Juan Manuel López y Mario Negri respectivamente, en la reunión de la Comisión de Juicio Político que “nadie nos da letra y no somos ventrílocuos de nadie”, y los acusó de “minimizar” el trabajo de la comisión. Por otro lado, remarcó el juicio político es “una herramienta que hace efectiva el régimen republicano de la división de poderes”.

Al inicio de su intervención, Martínez lamentó que algunos diputados de la principal bancada opositora ya no estaban presentes, para luego destacar: “Estamos dando un paso importante hoy posibilitando la apertura de sumarios y la probatoria”.

“Se han dicho cosas que auguran para el resto del trabajo de esta comisión, algunas situaciones que a mi criterio no son convenientes”, agregó el oficialista y le habló al diputado y titular del bloque CC, Juan Manuel López: “Dijo que el juez Lorenzetti a nosotros nos daba letra. Me parece que es una enorme falta de respeto, no solamente a nosotros que estamos acá los integrantes del bloque Frente de Todos, sino también a los integrantes de la comisión”.

Y le retrucó: “No solamente no nos da letra, sino que, yo al menos no tengo problema, les doy mi teléfono. Fíjense si hay alguien que a 50 kilómetros de Lorenzetti que tenga vinculación conmigo”, a lo que chicaneó: “No sé si todos puedan decir lo mismo con Horacio Rosatti”.

“Nosotros no somos como dijo el diputado Negri ‘ventrílocuos’ del presidente de la Nación y de los gobernadores, otra enorme falta de respeto”, cruzó Martínez y planteó: “El presidente de la Nación y un grupo importante de gobernadores tomaron una iniciativa política que, varios de nosotros del interbloque, le dieron canalización parlamentaria por un elemento básico: somos el bloque oficialista en la Cámara de Diputados”.

En esa línea, recordó que en 2002-2005, pero “particularmente la de 2003 y recordamos aquella famosa fundante comunicación del presidente Néstor Kirchner respecto a la Corte de la mayoría automática después miren los expedientes que estaban fundados y firmados por diputados de distintos bloques”.

“Por lo tanto, a nosotros nadie nos da letra y no somos ventrílocuos de nadie, somos ni más ni menos diputados nacionales que integramos un bloque que le dimos canalización parlamentaria a una iniciativa del presidente de la Nación por un grupo importante de gobernadores y que vinimos a dar los debates necesarios para avanzar en ese sentido”, contestó.

Al respecto, auguró para que “que el resto de los aportes que se hagan estén lejos de este tipo de calificaciones para con nosotros que después tenemos que llevar adelante nuestra tarea cotidiana en la Cámara”.

“Se han escuchado discursos que parece que están fundando un dictamen de la comisión en el final del proceso de trabajo, en realidad lo que estamos haciendo es abrir un sumario, ni más ni menos. Aquí nada más ni nada menos estamos decidiendo si vamos a hacer una investigación que se le hace a cualquier empleado público”, explicó Martínez.

En esa línea, reiteró: “Estamos en el inicio de esa instrucción sumarial que nosotros propiciamos. Esto es lo que venimos a hacer hoy. De aprobarse la resolución que pusimos a consideración, arranca una etapa de prueba, arranca un sumario que lo haremos en virtud de lo que marca el reglamento de la Comisión de Juicio Político y podremos agregar todos los elementos que hagan falta incluso muchos de los que se mencionaron hoy en las intervenciones de los diputados de JxC”.

“Podremos agregar todos los elementos al sumario que permitan dilucidar los distintos hechos que aquí se están comentando”, remarcó el santafecino.

Respecto a la resolución que emitió este jueves JxC, observó que en el análisis que realizan “hay un momento que arrancan expediente por expediente y fijan posición respecto de ellos. En los expedientes que analizan e intenta refutar, no están los expedientes de la CC-ARI supongo que debe ser parte del formato político que han encontrado para fijar posición aquí”.

“Adentro del documento cuando trata de refutar los expedientes no hablan de los de la Coalición Cívica ¿eso quiere decir que esos dos no son refutables? ¿Cómo se encuentra la coherencia?”, preguntó el oficialista y sumó: “Aparece este argumento del rechazo in límine, ustedes no están innovando. Los argumentos para el rechazo in limine vale la pena que nos adentremos ahí, puede haber un rechazo cuando las denuncias no tienen ningún fundamento, son manifiestamente infundadas”.

Por el contrario, remarcó que “en el informe que presentamos, entre la página 5 y 15, está la descripción de los hechos, la relación con las pruebas, la atribución por cada uno de los magistrados, la indicación de la causal y la referencia a los expedientes ingresados que tuvimos en cuenta”.

“Entonces lo que hacen es minimizar el trabajo de los integrantes del bloque, decir ‘acá están juzgando por el contenido de las sentencias’. No, estamos avanzando sobre las causales de mal desempeño y posibles delitos en el ejercicio de las funciones”, defendió Martínez.

Por último, destacó: “Estamos haciendo las cosas bien en la comisión, no estamos adelantando a ninguno de los pasos para poder alcanzar, lo hicimos desde el comienzo, incluso cuando muchos dudaban de la aplicabilidad de la herramienta del juicio político. Dimos le debate sobre el contenido y la importante del juicio político porque es uno de los controles intra-órganos lo dice la Constitución Nacional. Es la herramienta que hace efectiva el régimen republicano de la división de poderes”.

En una intensa y larga reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde oficialismo y oposición dejaron planteadas claramente sus diferencias respecto al tema, el Frente de Todos aprobó por mayoría el informe de admisibilidad de las denuncias contenidas en los 14 pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. 

Con 16 miembros sobre 31 de la comisión, el oficialismo se alzó con la resolución que sostiene que de los 14 proyectos “se acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales”. 

“El tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático”, agrega el texto que hace referencia al informe de admisibilidad de unas 90 carillas. 

Pasadas las 15, tras la intervención de Vanesa Siley, la resolución propuesta por el Frente de Todos se votó de manera nominal y uno a uno los integrantes de la comisión dejaron expresado su voto, resultando 16 contra 15. 

Por su parte, los legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un informe de rechazo “in limine”, de 108 páginas, en la que se aclara que los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto declaran la apertura del sumario de investigación respecto únicamente de Lorenzetti, en base a sus propios pedidos. 

Con un escrito propio, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, titular del interbloque Federal, también se manifestó por la inadmisibilidad. 

En la totalidad de los 14 expedientes hay de diputados del Frente de Todos y la CC-ARI, de la senadora Juliana Di Tullio (UC-FdT), de asociaciones civiles y particulares.

Entre las iniciativas del oficialismo, aquella que lleva la firma de Eduardo Valdés, junto a otros 14 diputados, replica el pedido del presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. Allí se acusa a los jueces por mal desempeño de sus funciones por el fallo de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires; por haber restituido la antigua ley del Consejo de la Magistratura; por el fallo del 2×1 que beneficiaba a represores; y por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Aprobado el informe de admisibilidad este jueves, quedó formalmente abierto el proceso de investigación y recolección de pruebas, donde se llamará a declarar a testigos. Los jueces podrán ser citados, aunque pueden negarse a concurrir. 

En el comienzo de la reunión, el secretario de la comisión leyó los asuntos entrados, entre ellos ampliaciones a los pedidos de juicio político, pero la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), aclaró que “si hay nuevos pedidos y ampliaciones será evaluado posteriormente”. “No hemos avalado nada de lo nuevo que ha ingresado. Todos los diputados han tenido conocimiento de todos los expedientes”, agregó y anticipó que “una vez tratada la resolución que propone la admisibilidad” en la próxima reunión -que será el jueves 16- la intención será avanzar “en un cronograma para producir la prueba”. 

Alegando cuestiones reglamentarias, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez cuestionó el escaso tiempo con el que el informe de admisibilidad fue enviado a los legisladores. “Ese informe de 91 fojas ingresó a nuestro conocimiento 48 minutos antes del inicio de esta reunión”, remarcó, y consideró que eso tornaba “imposible que se cumpla con el mandato del artículo 9” del reglamento de la comisión. “Considerar un informe no es tirarlo por la cabeza para ver quién está a favor y quién está en contra. Considerar supone un análisis minucioso, con detenimiento, con específica atención”, sostuvo y pidió que, en todo caso, se cite a una nueva reunión. 

#JuicioPolítico • Se aprobó la admisibilidad de los 14 expedientes contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan C. Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

📄Leé el informe completo ➡️https://t.co/TOmn8lYU9Y pic.twitter.com/K5Y9eLjvNa

— Diputados UP (@Diputados_UxP) February 10, 2023

“Lo que hoy vamos a hacer no es la primera decisión que ha tomado esta comisión”, aclaró el jefe del oficialismo, Germán Martínez, y subrayó que “todos los elementos que traemos a esta reunión son conocidos por todos, no hay ningún hecho nuevo. No hay ningún expediente nuevo”. El informe “es una expresión administrativa que tiene sus sustentos en el análisis que cada uno de los espacios políticos hemos hecho”, añadió. 

Gaillard cerró la discusión reconociendo que “es cierto que el informe ha llegado el mismo día”, pero justificó: “Hemos tenido suficiente tiempo para evaluar los proyectos y en el informe no hay más que un análisis de los mismos”. 

Un largo debate con posiciones contrapuestas

En un fuerte discurso, el vicepresidente de la comisión y jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, enfatizó: “Creemos que la avanzada contra la Corte y este proceso que se va a votar en paquete tiene, entre sus más patéticos y peligrosos antecedentes, el alzamiento que el presidente de la Nación y un grupo de gobernadores cometieron en diciembre del año pasado después de la medida cautelar que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que es un acto abiertamente destituyente porque intenta alterar el orden democrático”.

A continuación, fue el turno del titular del bloque UCR y secretario de la comisión, Mario Negri, quien sostuvo que “la Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias”, y manifestó que los jueces de la Corte Suprema “no han incurrido en delito o mal desempeño. Las causales son artificiales y dogmáticas, carecen de sustento real”. “Está finalizando el ciclo de 16 años de confrontación con la Justicia y ahora le declararon la guerra contra la Constitución”, enfatizó.

De la vereda de enfrente, el kirchnerista Leopoldo Moreau brindó un discurso muy crítico contra los jueces del máximo tribunal y denunció que “esta Corte se ha transformado en un cuarteto de fulleros que juegan al truco con la Constitución”, y que “se quieren apropiar de la democracia”.

En su intervención, el porteño Pablo Tonelli (Pro) criticó que el origen del pedido de juicio político es “el disgusto, la molestia del presidente por una decisión de la Corte Suprema que, en un principio, el presidente había dicho que iba a cumplir por el fallo por la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Las razones que esgrimió el presidente y que están reiteradas en el pedido son endebles que no justifican avanzar con el juicio político. Lo primero que se dijo es que la Corte se había robado facultades legislativas, esto de ninguna manera es así”, cuestionó Tonelli y sumó: “Dijeron que la Corte había prescindido de aplicar una ley sin declararla inconstitucional”.

En esa línea, agregó: “Dijeron que esa ley iba en detrimento de las provincias, cuando en realidad, es al revés. No hay detrimento económico contra las provincias, porque la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires sale de la Nación, no afecta a las provincias ni atenta contra el federalismo”.

“El origen del pedido de juicio político es carente de fundamentos que solo responde al fastidio, a la bronca que le dio al presidente que la Corte, en un legítimo uso de sus atribuciones, invalidara una decisión que había tomado él. El argumento más deleznable de todos es la referida a unos supuestos chats del exministro de Justicia de Seguridad y un colaborador del presidente de la Corte”, remató Tonelli.

Fue el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, quien le respondió a los diputados de la oposición y aclaró: “Nadie nos da letra y no somos ventrílocuos de nadie”, cuyos dichos los consideró como “una falta enorme de respeto”, y los acusó de “minimizar” el trabajo de la comisión. Por otro lado, remarcó que el juicio político “es uno de los controles intra-órganos lo dice la Constitución Nacional. Es la herramienta que hace efectiva el régimen republicano de la división de poderes”.

En una breve intervención, el titular del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, expresó que “es un hecho incontrovertible que en muchos países los gobiernos populistas están avanzando sobre el poder judicial y amenazando la independencia de los tribunales y la justicia. Esto es una preocupación importante porque la independencia del Poder Judicial es un componente esencial de cualquier sociedad democrática que garantiza que las leyes se apliquen de manera imparcial y objetiva”.

Para el cordobés, estos “ataques” contra la justicia se da porque “pueden sentir que los tribunales están obstaculizando sus objetivos políticos y sus políticas públicas lo que los lleva a buscar controlar el Poder Judicial para poder asegurarse de que sus iniciativas sean implementadas sin obstáculos. Pueden creer que está compuesto por jueces y magistrados que no comparten sus valores y visión y que están en contra de sus intereses. Pueden procurar de esta manera garantizar impunidad a los hechos de corrupción”.

Por su parte, la diputada de izquierda Romina Del Plá (PO/ FIT-UNIDAD) disparó contra ambas coaliciones: “Estamos ante un carácter farsesco de este juicio porque no deja de ser una maniobra política porque quien lo impulsa sabe que no va a prosperar, no cuentan con los votos para hacer efectivo el desplazamiento de los miembros”.

“Quienes impulsan el pedido también son corresponsables del estado actual de este sistema judicial”, lanzó y denunció que es una “maniobra distractora” porque “mientras unos y otros se rasgan las vestiduras avanza el ajuste de Massa”.

Y agregó: “Se rasgan las vestiduras por la justicia, pero muchos fallos de jueces, de cámaras, de la Corte, son aberrantes. Hay casos que reclaman jury, pronunciamiento contra esos fallos, pero la mayoría del oficialismo y oposición en las legislaturas o en los concejos deliberantes se hacen los distraídos porque tienen todos compromisos en cómo fueron designados”.

En ese marco, remató: “Los que acá se están rasgando las vestiduras por el tema de la justicia, las instituciones, también tendrían que explicar por qué desde el 2009 está vacante la defensoría del pueblo. Porque es la institución a través de la cual se pueden presentar demandas colectivas. Estamos frente a un operativo que no va a ver la luz final, no se va a concretar, es un negocio para los dos lados de la grieta”.

La oficialista Vanesa Siley hizo uso de la palabra para aclarar de que “no se puede juzgar a un juez por el contenido de la sentencia”, y explicó que “es un principio que está contenido en algunas leyes, principalmente en la del Consejo de la Magistratura. Es un principio que tiende a preservar la libertad del juez a la hora de actuar, su independencia, para que pueda fallar en un criterio ajustado de derecho”, pero remarcó que este principio “no es modo alguno absoluto, tiene más excepciones que aplicaciones”.

“En una sentencia podemos ver el desconocimiento inexcusable del derecho; un magistrado en el ejercicio de sus funciones comete un error que puede tener consecuencias gravísimas; el causal del mal desempeño puede perjudicar a una de las partes en el proceso; podemos ver la imparcialidad de un magistrado; el incumplimiento de la Ley de Ética; el desvío de poder de un juez”, enumeró.

A su vez planteó que “lo que hagamos acá va a sentar precedentes para muchas cosas, hay que ser responsables en ese sentido porque luego estos criterios conforman doctrina y aplicaciones para otras cosas”.

A su turno, la diputada e impulsora de uno de los proyectos Paula Oliveto (CC-ARI) lamentó: “A diferencia de ese juicio político a la Corte menemista automática, hoy estamos iniciando una investigación 16 contra 15 votos y un sector aplaude como si fuera un logro. Lo que hemos perdido todos estos años es la posibilidad de pensar sin el entendimiento de pensar de que el que piensa distinto es un enemigo”.

“Compartiendo muchos de los argumentos jurídicos de la diputada Siley en relación a la sentencia es verdad que el principio general es que no se puede juzgarlos por sus sentencias y hay excepciones, pero la independencia del poder judicial es una garantía que está en la Constitución Nacional”, resaltó y planteó que “la Corte Interamericana sostiene que ninguna mayoría ni ningún gobierno puede avanzar contra toda la corte en represalia por sus fallos. Lo que hoy estamos haciendo va a dejar un precedente para mañana”.

A su vez, criticó que “la mayoría de los juicios políticos se inicia a partir de que la Corte falló en contra en el caso Consejo de la Magistratura y el tema de la Coparticipación”, y sostuvo que eso “condiciona la motivación que propone, una cosa es que te indignes de que un ministro o Corte ha incurrido en alguna de las causales de juicio político y otra cosa es hacer un juicio a toda la Corte porque no te gustan las sentencias, esa es la divisoria de agua”.

“Tampoco puede ser el accionar de esta comisión extorsionar a otro poder de la república”, remató.

Minutos más tarde, solicitó una breve intervención para denunciar: “Cada uno acá ejerce su representación popular y sus fueros. Estamos con el diputado (Juan Manuel) López hartos del apriete de Lorenzetti. Hartos de la forma en que opera su equipo de comunicación en el uso de la palabra y pruebas que estamos obteniendo. Hartos de los juicios civiles que nos hacen para condicionar nuestra palabra. Nosotros, aunque sea solos, vamos a seguir peleando”.

En una intensa reunión de la Comisión de Juicio Político, el diputado nacional Leopoldo Moreau criticó en duros términos a los miembros de la Corte Suprema y los calificó como “un cuarteto de fulleros que juegan al truco con la Constitución”. 

Durante su discurso, el legislador del Frente de Todos defendió que se analice el contenido de las sentencias de los magistrados y recordó que cuando se debatió el mal desempeño de los jueces de la Corte de la mayoría automática, en un dictamen firmado por Elisa Carrió, la exdiputada sostuvo que la Cámara debía “analizar sus sentencias, sus fundamentos y consecuencias”. 

“Respaldo este concepto”, expresó el radical K y señaló que “la Corte no tiene una instancia de revisión salvo la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados”. “Acá no podemos estar hablando de las sentencias solamente en términos abstractos, estamos hablando además de sentencias que, en términos concretos, han sido negociadas por el presidente de la Corte, a través de su mano derecha, con funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Estamos hablando de una sentencia negociada por un señor de apellido (Silvio) Robles”, apuntó. 

En esa línea, el oficialista dijo que “esto está corroborado no solo por los chats (filtrados), sino por las consecuencias: cumplieron al pie de la letra lo que en esa conversación les decía la mano derecha del presidente de la Corte”. 

En otro tramo, al responderle a la oposición, se preguntó: “¿Cómo la aplicación de un artículo de la Constitución, el 53, va a debilitar la democracia? Creo que es exactamente lo contrario”. “El ejercicio de una facultad constitucional fortalece la democracia, sobre todo si esa democracia es amenazada por un poder del Estado que pretende ponerse por encima de los otros poderes y se subroga a los otros poderes, asume responsabilidades que no le son propias. Ese es el verdadero golpe de Estado”, sostuvo. 

Para Moreau, “la democracia en Argentina está condicionada, suspendida, por la decisión de una Corte Suprema de Justicia que ha resuelto ponerse por encima de las facultades que le da al Poder Ejecutivo y Legislativo la propia Constitución”. 

También destacó que “traer a este juicio político la causa del 2×1 no es bastardear los derechos humanos, es poner en el centro de la discusión el tema de los derechos humanos, porque ese peligro no se ha disipado si esta Corte sigue actuando de la manera que ha actuado”. “Fueron tan inescrupulosos que también negociaron la sentencia del 2×1”, continuó y habló de que “con Elena Highton de Nolasco lo negociaron dándole un cargo a la hija en la Corte, inventádole una secretaría de consumo, que es un tema del que la Corte ni se ocupa”. 

“Se hacen esfuerzos dialécticos para separar el juicio político a (Ricardo) Lorenzetti del resto de los miembros de la Corte”, observó sobre la posición de la Coalición Cívica dentro de Juntos por el Cambio y aseguró que coincidía con muchos de los cargos que se encuentran en esos pedidos. 

El diputado sumó que “la Corte intervino descaradamente con sentencias negociadas en el caso del Consejo de la Magistratura, ni siquiera con sentencias, con medidas cautelares”. 

“Esta Corte se ha transformado en un cuarteto de fulleros que juegan al truco con la Constitución y encima se mienten entre ellos y cada tanto hacen el juego de la sillita para cambiar mayorías. Los cuatro son fulleros, no hay uno que se salve”, lanzó. 

Y aclaró que “por eso nosotros también acompañamos el juicio político a Lorenzetti, a pesar de que algunos creían que no iba a ocurrir. Hasta apostaban que no iba a ocurrir. Porque se ha llegado a un límite, y el límite es que se quieren apropiar de la democracia y de la interpretación de la Constitución dolosamente. Y eso no lo podemos permitir. Pero no lo puede permitir no el Frente de Todos, sino la sociedad argentina, y menos a 40 años de ejercicio democrático”. 

“Por sus sentencias, por su manejo espurio, por su manejo mafioso, por lo que significa haber atropellado la Constitución, por lo que significa apropiarse de facultades del Congreso argentino, por lo que significa beneficiar grupos empresarios que de manera impúdica sacaron una solicitada defendiendo a su Corte y cuando vamos a analizar quiénes la firmaron son todos titulares de empresas que han tenido pleitos en la Corte y la Corte resolvió a favor de ellos, por todas esas razones es más que necesario, imprescindible, abrir la investigación”, resaltó.

Y concluyó: “ Negarse a abrir la investigación es cerrar los ojos frente a uno de los poderes más corruptos que lamentablemente tiene el sistema republicano. Pero no porque el Poder Judicial en general sea corrupto, sería de una injusticia enorme calificarlo de esa manera, sino porque en las más altas esferas de ese poder sí se ha enquistado un grupo mafioso: el que conocimos en los chats de Lago Escondido y el que estamos conociendo en esta Corte Suprema de Justicia, que actúan como cuatro fulleros que están jugando al truco con la Constitución y eso sí debilita la democracia en Argentina”. 

RESOLUCION-DE-ADMISIBILIDAD-DEFINITIVA-1

Antes de que se pase a la votación el informe de admisibilidad sobre los 14 pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema en la comisión homónima, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, enfatizó: “Creemos que la avanzada contra la Corte y este proceso que se va a votar en paquete tiene, entre sus más patéticos y peligrosos antecedentes, el alzamiento que el presidente de la Nación y un grupo de gobernadores cometieron en diciembre del año pasado después de la medida cautelar que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que es un acto abiertamente destituyente porque intenta alterar el orden democrático”. 

El vicepresidente de la Comisión de Juicio Político calificó como una “mala decisión” la postura del Frente de Todos de votar en paquete los expedientes y no por separado, habiendo entre ellos dos presentados desde su espacio político. 

Al aclarar que tanto él como su par Paula Oliveto iban a votar el rechazo “in limine” del proceso junto a sus compañeros de JxC, el porteño aclaró que lo harían con la disidencia sobre Ricardo Lorenzetti. “No vemos ninguna contradicción con la diputada Oliveto en relación a nuestra posición de abrir el expediente contra uno de los magistrados, porque son causas previas que no tienen que ver con el contenido de sus sentencias”, argumentó y le dijo al oficialismo: “Ustedes se pierden la oportunidad de hacer al menos un juicio político contra cuestiones concretas y no que violen la independencia del Poder Judicial”. 

En un duro discurso, el legislador cuestionó que se avance contra los jueces por el contenido de sus sentencias y consideró que “al restringir la deliberación de los magistrados restringen la independencia de ellos porque quieren que sean sometidos. Creo que no dimensionan el daño que le hacen a la democracia con esta actitud”. “Sin Poder Judicial no habrá garantías ante el autoritarismo de cualquiera”, agregó. 

Además, criticó la “bajeza” de la reunión anterior de “utilizar los derechos humanos como los utilizaron”. 

“Cuidar la democracia es votar en contra de la admisibilidad de este juicio político, porque esto también va a generar un precedente”, apuntó y explicó que juzgar a los jueces por sus sentencias “se puede trasladar a otros funcionarios” y el día de mañana se podría proponer “destituir a un presidente o un vicepresidente por las políticas públicas que establezca”. 

En contra del fundamento del kirchnerismo sobre que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fueron designados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, López expresó: “Ni Rosatti ni Rosenkrantz asumieron por decreto en sus cargos”. “Más allá del error de un decreto en comisión”, dijo y recordó que el Senado votó los pliegos por 58 votos a favor, en el caso de Rosenkrantz, y 60 en el caso de Rosatti. 

“Ampliamente superaron los dos tercios y así asumieron sus cargos, antes no juraron”, agregó y rechazó “cosas falsas” que se dijeron, ya que “Cambiemos tenía solo 15 senadores de 72”. Por eso, enrostró que entre los votos positivos estuvo el del “senador (José) Mayans, actual presidente del Frente de Todos” y el de Gerardo Zamora, actual gobernador de Santiago del Estero. 

Luego, acusó al oficialismo de querer “asimilar estos procesos a los que ocurrieron entre 2002 y 2005. Se parece solamente al proceso que hizo (Juan Domingo) Perón en 1947” cuando un solo juez, el que él había designado, no fue removido. “En este caso por ahí las vueltas de la historia nos dan algún parecido”, deslizó y disparó: “Lorenzetti creo que es el que les da la letra en varios de los pedidos de juicio político que presentan. Tal vez me equivoco, tal vez no”. 

También, el diputado de la Coalición Cívica calificó que el proyecto de ampliación de la Corte Suprema “es tan menemista como remanida y peligrosa”.

“En lo que respecta a los 12 pedidos de juicio político que no pasan el test de admisibilidad es una maniobra orquestada de manera muy torpe, rudimentaria y burda. Pretenden juzgar a todos los miembros de la Corte a como dé lugar, con acusaciones falsas porque lo que les molesta es el contenido de las sentencias. Lo que incomoda es que los jueces no cumplan con sus deseos, ya sea de impunidad o sumisión”, subrayó. 

Para el legislador, “calificar a la Corte y todo el Poder Judicial como enemigo es parte del relato que necesitan para sobrevivir”. “Pretenden desprestigiarlos instalando la idea de que los jueces desconocen el derecho, favorecen la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado, dictan sentencias por capricho, que fueron nombrados por DNU, o cualquier otra barbaridad que se les ocurra para esmerilar la calidad y el prestigio de un Poder Judicial que no goza de prestigio en su totalidad, pero que creo que tiene una Corte que es lo suficiente independiente de todos”, continuó. 

Finalmente, contra el Frente de Todos, López los acusó de “despreciar la ley porque la ley los incomoda, porque frena sus impulsos autoritarios, porque los obliga a rendir cuentas sobre los actos de gobierno y sobre todo a recordar que deben gobernar en un sistema republicano y democrático”. “Construyen un futuro incierto porque los preocupa y no pueden controlar el resultado de las investigaciones judiciales de corrupción”, sumó. 

Arrancó picante la reunión de la Comisión de Juicio Político este jueves, cuando el oficialismo propuso a un diputado riojano para ocupar la vicepresidencia segunda y la oposición lo objetó por responder al gobernador Ricardo Quintela, quien se manifestó en contra del fallo de la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad.

El jefe del FdT, Germán Martínez, propuso que el legislador ocupe el cargo que quedó vacante con la salida de Victoria Tolosa Paz y destacó el “derrotero en términos académicos y políticos muy acorde a la responsabilidad que venimos a proponer” de Ricardo Herrera, al que calificó además como “un cuadro integral del peronismo”.

Luego tomó la palabra el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, quien señaló: “Más allá de las condiciones académicas o políticas del diputado del Frente de Todos, no puedo dejar pasar que el gobernador de La Rioja en diciembre, cuando la Corte Suprema sacó la cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que no él no iba a acatar ningún fallo, que había que desconocerlo”.

Entonces, el presidente de la CC-ARI pidió conocer por boca de Herrera su opinión al respecto, para “saber si lo vamos a votar o no”. Además, alertó que “frente a la gobernación (de La Rioja) apareció un cartel con la cara de los cuatro miembros de la Corte Suprema, con su nombre, escrachándolos y hostigándolos. Por eso, me parece que no es casual que sea el diputado (Herrera)”.

“Entiendo que ha venido a ‘picantear’ la reunión desde el arranque”, salió al cruce Martínez, quien aclaró que “desde siempre en la Cámara de Diputados son los bloques parlamentarios los que proponen los nombres para integrar la mesa directiva”.

En esa línea, el santafesino dijo: “No recuerdo en el último tiempo que cualquier bloque haya objetado determinada situación por lo que una persona, que no es ese diputado, haya manifestado. Lo conocen poco, lo van a conocer en el camino a recorrer”.

“Esto no es una situación de careo”, resaltó el oficialista y lanzó que el también “podría preguntar si el diputado preopinante está de acuerdo con un montón de cosas que ha dicho su jefa política (Elisa Carrió), como por ejemplo que pueden ser denunciados penalmente todos aquellos que no declaren la admisibilidad de un juicio político. Después se lo leo”.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, pasó a votación la designación, aprobada por el oficialismo por mayoría.

Muy breve, sin responder a los pedidos de López, Herrera sostuvo: “Esperamos actuar con la debida responsabilidad que tanto merece, esperamos estar a la altura de las circunstancias y apegados a la Constitución, al reglamento de la Cámara de Diputados y al reglamento interno de esta comisión”.

En la previa de una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a rechazar el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia en un duro comunicado titulado “el desprecio del Gobierno nacional por la democracia”.

“El intento del Gobierno nacional de avanzar con un juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema pasa todos los límites. Quieren anular un poder del Estado, despreciando la Democracia y atentando contra la Constitución Nacional”, arranca el escrito que difundió este jueves.

Para el jefe de la Ciudad, “es una violación a la Constitución pretender remover a los jueces por el contenido de sus sentencias”. “Así como en un partido de fútbol no podemos sacar al árbitro de la cancha si nos cobra un penal en contra, en una República tampoco se puede remover a los jueces porque no nos gustan sus fallos”, comparó.

El precandidato presidencial del Pro resaltó que avanzar con este proceso “es desconocer la misión propia de la Justicia, que es interpretar y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes, siendo la Corte Suprema quien tiene la última palabra. Por lo tanto, aunque al Gobierno no le guste, lo tiene que cumplir”.

“Pero lo más grave es que la independencia del Poder Judicial es la base del Estado de Derecho. Es lo que garantiza la vida, la libertad y la propiedad de cualquier ciudadano. Con una Justicia sometida al poder político, como pretende este Gobierno, todos los argentinos quedamos desamparados”, sostuvo.

EL DESPRECIO DEL GOBIERNO NACIONAL POR LA DEMOCRACIA. pic.twitter.com/jQPlKjMLDJ

— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 9, 2023

Rodríguez Larreta afirmó que este juicio político “promovido por el propio presidente de la Nación es un ataque más al Poder Judicial sobre el que tenemos dos certezas: la primera es que no va a prosperar, y la segunda es que hará un daño gravísimo a nuestra economía”.

En esa línea, se preguntó: “¿Quién invierte en un país en el que un presidente quiere anular al Poder Judicial? ¿Qué confianza en la seguridad jurídica se puede generar si el máximo mandatario viola abiertamente lo que dice el máximo tribunal?”.

“Hace meses vengo recorriendo el país y no hay un solo argentino que me haya dicho que su prioridad sea cambiar a los jueces de la Corte. Lo que quieren es que baje la inflación, conseguir trabajo, vivir sin miedo. Quieren cambiar a este gobierno que no los escucha, que no los mira, que no los entiende y que no se ocupa de sus necesidades”, expresó.

A sabiendas de la realidad de los números en ambas cámaras del Parlamento, lo que hace difícil que el juicio político pueda prosperar en el recinto, el jefe porteño aseveró en tono electoral: “Los vamos a frenar en el Congreso. Estamos cada día más cerca del cambio. En cada argentino veo la fuerza para construir juntos un país distinto, que respete la Constitución y que se ocupe de los problemas de verdad, los que nos afectan a todos cada día. El futuro es respetando la ley”.

La relación entre el Gobierno y la Corte Suprema terminó de tensarse cuando el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la quita de coparticipación que tuvo hace dos años atrás. Esta es una de las causales que plantea el oficialismo en su pedido de juicio político.

En diciembre pasado, la Corte ordenó que se entregue el 2,95% de los fondos coparticipables al territorio porteño, que vio una merma en esos recursos cuando en septiembre de 2020, mediante decreto, el presidente bajó de 3,5% a 2,32% la coparticipación de la Ciudad para atender el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Tres meses después, en diciembre de ese mismo año, se aprobó una ley en el Congreso para llevar a 1,4% la coparticipación, en concepto de los gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito durante el gobierno de Cambiemos.

La diputada nacional María Rosa Martínez (Frente de Todos – Buenos Aires) se refirió al proyecto que presentó de pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema por la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y afirmó que “se registran una serie de denuncias y desmanejos” y defendió que se avance en la admisibilidad del juicio político donde se investigue el “mal desempeño y posible delito de malversación”.

“Presentamos junto al diputado Pablo Carro un proyecto de acusación por mal desempeño y posible delito de malversación a los cuatro integrantes de la Corte por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”, afirmó Martínez en declaraciones a radio AM 750.

Este jueves la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados llevará adelante una nueva reunión en la cual el oficialismo buscará aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La legisladora sostuvo que “el daño institucional provocado por la Corte es muy grave”, y recordó que en el año 2008 se llegó a “una acordada que habilitó al máximo tribunal de justicia a una serie de atribuciones” en la obra social del Poder Judicial”.

“Se registran una serie de denuncias y desmanejos. Algunos son la falta de designaciones en el directorio o en las funciones administrativas. Tenemos un caso en el cual una persona a cargo de la firma de cheques es sobrina de Juan Maqueda, quien no tenía antecedentes en la tarea ni formación para desempeñarse en ese cargo”, detalló.

Además, Martínez consignó que se registró en la obra social “una falta de previsión presupuestaria” y los balances “no eran firmados por el colegio profesional” de Ciencias Económicas.

En tanto, la legisladora oficialista aseguró que la denuncia ratificada por la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica (CC), donde también se exponen irregularidades en el manejo de la Obra Social “fue muy importante” y agregó: “La denuncia de la CC reitera el tema, casi en los mismos términos que nosotros. Con la acusación de Oliveto queda claro que hay razones fundadas”.