El despacho logró más de 89 firmas con una en disidencia parcial y quedó listo para el recinto. Por el contrario, se presentó un dictamen de minoría que lleva las firmas de Fernando Brügge y Alejandra Torres del bloque Encuentro Federal.
Un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y de Justicia de Diputados emitió despacho de mayoría con amplio consenso al proyecto del Poder Ejecutivo que busca transformar el sistema judicial del país mediante la participación ciudadana en los procesos judiciales, así como también ocho iniciativas de distintos bloques parlamentarios que crea el juicio por jurados de jurisdicción federal.
El despacho de mayoría reunió más de 89 firmas con una sola en disidencia parcial. En tanto, se presentó un dictamen de minoría que lleva las firmas de los diputados del bloque Encuentro Federal Fernando Brügge y Alejandra Torres al manifestar un desacuerdo respecto a “las garantías constitucionales”.
El titular de la Comisión de Justicia, el libertario Manuel Quintar (Jujuy), expresó: “Teniendo en cuenta esta deuda histórica que tiene que ver con estos nueve proyectos que estamos tratando”.
Manuel Quintar, titular de Justicia. (Foto HCDN)
Así, afirmó que “fruto de mucho trabajo de todos los asesores de todos los diputados de los diferentes bloques, si todo sale bien, vamos a cumplir con una manda histórica constitucional avanzando fuertemente y firmemente en la instauración de los juicios por jurados en materia federal”.
“Ha llevado mucho trabajo y se han recetado muchas observaciones. Vamos a empezar a circular el dictamen al cual se ha llegado con mucho consenso para que lo evalúen y lo firmen”, informó Quintar.
TENEMOS DICTAMEN PARA EL JUICIO POR JURADO.
Otro proyecto de @JMilei que va camino a ser ley. Una deuda histórica que los gobiernos anteriores no habían podido saldar.
La implementación de los juicios por jurado traerá más transparencia y seguridad a las víctimas.
— Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) October 23, 2024
El primer expositor fue Alberto Dalla Vía juez de la Cámara Electoral quien manifestó su “mi posición favorable al juicio por jurados como constitucionalista porque la Constitución Nacional establece tres veces el juicio por jurados en el artículo 24,75 inc. 12 y en el 118”.
“Desde la creación de la Nación los constituyentes quisieron adoptar el modelo que tenía la Constitución de Estados Unidos, porque era la más democrática en su momento y con mayor apertura”, relató y sostuvo: “En buena hora que el derecho penal vaya al procedimiento oral que concluye con el juicio por jurados. Esa fue la idea de los constituyentes porque querían democratizar el debate público”.
Dalla Vía señaló que la primera cuestión es constitucional y “no puedo entender ninguna otra cosa que la Constitución sea suprema. En materia penal el juicio por jurados fue una decisión del constituyente del 53 ratificada después”.
“El juicio por jurados es una institución probada en el mundo anglosajón que no sustituye el rol del juez en el proceso. Es el juez el que dirige el proceso, establece las reglas y dicta sentencia. El jurado toma una decisión política, no es una decisión jurídica, es una decisión libre de convicciones. Incorporar el jurado es incorporar la participación ciudadana al proceso judicial”, destacó y cerró: “La normativa que van a discutir es un paso adelante”.
Alberto Dalla Vía, a favor del juicio por jurados. (Foto HCDN)
De forma virtual expuso el abogado Esteban Yanguez Papagenadio comparó que “el juicio por jurado clásico no es el juicio por jurado en el modelo estadounidense o anglosajón. Hay 2.500 años de juicios por jurados acá en Atenas y es distinto porque, estamos todos de acuerdo en que debe imponerse el juicio por jurado y es necesario dar este paso, pero debe olvidar estas circunstancias de cuál es el mejor modelo porque esta discusión ya se tuvo en 1860”.
“Las provincias originarias son independientes en el sentido de poder instaurar su propio sistema de jurados que deseen. A nivel federal esto falta”, indicó y remarcó que no hay “ningún modelo específico”, al tiempo que consideró que “hay que tener en cuenta las particularidades de cada provincia porque hay circunstancias que deben ser debatidas por el número de jurados y se deben amparar a la cantidad de población de cada provincia”.
El abogado también pidió que haya respeto de las minorías, la irrecurrabilidad del veredicto y cerró: “Se puede mejorar, tenemos que realizar una ley de jurados, pero estos puntos tienen que ser debatidos en la sesión”.
A su turno, el director general de la oficina de juicio por jurado de CABA, Gastón Blanchetiére, consideró que cada proyecto de ley depende de la capacitación exhaustiva de los operadores porque “en la práctica necesitan una asistencia que lo lleven a la implementación en audiencias preliminares que son difíciles porque hay cambios de reglas y para eso se necesita que el proyecto guarde consonancia con las reglas procesales”.
“Debe ser considerado si o si la capacitación de los operadores en materia de audiencias preliminares, en las audiencias de selección de jurados que representan serias dificultades”, reiteró. También manifestó la necesidad de tener las oficinas judiciales que se encarguen de realizar todo lo que es la administración y sorteo de jurados “hay que dotarlas de recursos”.
En tanto, Martín Sabelli, ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores de EE. UU, consideró que “este sistema mejora la calidad de la justicia y de la democracia porque es una ventana para que el pueblo vea cómo funciona o no el sistema judicial”, y opinó que en Argentina hay “una profunda desconfianza en el sistema judicial y la única forma de mejorar eso es volver a la Constitución y establecer un sistema en todos los delitos los juicios por jurados”.
Mientras que el abogado Víctor Vélez, informó que “Córdoba fue la primera provincia que inició el juicio por jurado”, y que -enfatizó- “la participación ciudadana es necesaria y da buenos resultados”.
En tanto, el diputado Fernando Carbajal (UCR) destacó “el esfuerzo conjunto de todos los bloques”, con el objetivo de “saldar una deuda histórica” y dar un paso más para “la transformación de la justicia".
La diputada Paula Oliveto Lago (CC) expresó su acompañamiento al dictamen de mayoría; mientras que su par Rodolfo Tailhade (UP) indicó: "Nuestro bloque va a respaldar este proyecto que es fundamental para nuestra democracia".
El secretario de Justicia de la Nación lamentó no haber cumplido con “este programa durante 170 años nos convirtió en un país de gran fragilidad institucional y descreimiento en la justicia”. Además, enumeró los beneficios del juicio por jurado y resaltó que tiene un costo presupuestario del 0,65%.
Un plenario de las Comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados recibieron este martes a funcionarios y especialistas en materia judicial para profundizar el debate sobre una ley federal de juicios por jurados.
El primer expositor fue el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, quien señaló que son nueve los proyectos presentados que tienen diferencias entre sí. “El juicio por jurados no solo estuvo estipulado en la Constitución de 1853 y efectivamente fue reconfirmado en la reforma del 54. Este sistema de enjuiciamiento existe desde Sumeria en el 3.500 A. C igual que el principio de legalidad”, informó.
“No hay ningún tribunal judicial más independiente e imparcial que el jurado. De su veredicto no dependen ni sus ascensos, ni sus carreras judiciales, ni que los echen de sus trabajos, ni un jury de enjuiciamiento. Este carácter accidental, no permanente, les da la más amplia libertad de decisión sobre los casos conocidos en los sistemas judiciales”, comentó.
Amerio explicó que “el tribunal de jurados es el único tribunal de poder sin ambición propia. Esto es absolutamente fundamental. Son doce conciudadanos que, probablemente, tengan con mucha suerte la oportunidad de participar una sola vez en su vida en esto y los datos empíricos recabados dan cuenta de, no solo lo honorable que resulta para los jurados populares participar, sino el cambio de percepción que tienen de la imagen judicial y en el conocimiento y la dificultad que es juzgar a un ciudadano”.
“El veredicto del jurado por el altísimo número de doce y por la robusta deliberación que implica, goza de una legitimidad incuestionable”, afirmó y sumó: “Las decisiones de los jueces técnicos son a veces difíciles o insoportables de digerir para la población en general. Los ciudadanos no comprenden de absoluciones o condenas de jueces técnicos”.
El funcionario, sostuvo que “muchas veces está esa sensación de que no se hizo justicia y genera recurrentes crisis de legitimidad. Cuando un jurado popular es el que interviene en un veredicto, la confianza en esa decisión es inmensamente superior”.
“El jurado promueve la máxima transparencia de los actos del gobierno del Poder Judicial. Obliga a las partes a presentar sus pruebas y teorías del caso de modo sencillo y preciso para poder ser entendido por la comunidad. El jurado promueve mejor ciudadanía. Quienes ofician como jurado emergen de una experiencia como personas más comprometidas con los temas comunitarios, con más confianza en el Poder Judicial y en los poderes del Estado”, enumeró.
También indicó que “ser jurado hace que el individuo salga de ese círculo vicioso de individualismo y desconfianza absoluta hacia las instituciones. El jurado refuerza la independencia del Poder Judicial al tomar por sí la parte más difícil de la decisión, el jurado permite que se fortalezca la institución de los jueces. Las democracias más sólidas del mundo jamás presidirían del sistema de jurados”.
“Los jurados analizan hechos y pruebas a través de sus experiencias y del sentido común. Es muy importante esto. La decisión de culpable o inocente parte de lo que el ciudadano ve”, manifestó.
Amerio resaltó que “esto es una reforma estructural muy grande donde el fiscal se ocupa de acusar, el juez está más apartado, en ese sistema acusatorio un jurado más imparcial sin la de formación profesional los convierte en personas que están absolutamente vírgenes del sistema. Esto es algo que todos los proyectos basan su cuestión filosófica”.
“El jurado es la máxima democratización de la justicia porque participa de manera directa en el Poder Judicial a través del jurado. El jurado permite un inmenso ahorro en tiempo y dinero dentro del Poder Judicial representa el 0.65% del presupuesto. Son debates rápidos de un par de horas y llegan a la unanimidad, no se estancan. Trabajan en días corridos, jornadas completas. Juicios grandes no duran más de cuatro días”.
El secretario de Justicia afirmó que “el jurado es considerado la herramienta esencial para el gobierno de un Poder Judicial democrático, transparente y abierto al pueblo”, y lamentó: “No haber cumplido con este programa durante 170 años nos convirtió en un país de gran fragilidad institucional y descreimiento en la justicia”.
"El jurado es el único tribunal capaz de absorber las presiones sociales y demandas ciudadanas de justicia que se abaten sobre los sistemas judiciales del siglo XXI", consideró Amerio. Además, el representante del Poder Ejecutivo, apeló a “encontrar los consensos para avanzar” ya que “el jurado promueve la máxima transparencia del Poder Judicial, promueve mejor ciudadanía".
Respecto de los proyectos, indicó que en algunos de ellos se les asigna a la Corte Suprema la Administración de una Oficina Central de Jurados que se conoce como OFICEJ que se encarga de coordinar equipos profesionales en una red de oficinas instaladas a lo largo y ancho del país. “Esto es algo que me gustaría levantar porque es una tarea muy administrativa que a Corte hay que ver si quieren llevar adelante. Sugerimos que la haga Casación Federal, pero es un tema menor”, sugirió.
Amerio informó que son once las provincias que utiliza el sistema de juicio por jurados. “la ola juradista sobre todo en 2018 ha ido avanzando en una velocidad extraordinaria, pero cada provincia tiene su idiosincrasia y queremos que sea analizado, pero es importante hablar de eso. Esta ley federal va a poder articularse con las leyes de juicio por jurado que ya existen”.
Foto: HCDN-Víctor del Río
Por su parte, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Víctor del Río, recordó que “Chaco fue la tercera provincia a nivel nacional en poner en marcha este sistema", y explicó: "Tenemos muchos delitos en juicios por jurados, y muchas de las excusas para que no se implemente este sistema era que ‘no hay plata’. La plata está muy bien gastada, hemos recuperado la confianza de los ciudadanos".
"Es un honor, como chaqueño, destacar uno de nuestros mayores logros: haber cumplido con un sueño republicano de nuestros constituyentes al ser la tercera provincia en implementar juicios por jurados”, cerró.
Andrés Harfuch, director del área de juicios por jurados del INECIP expresó: "Estamos a punto de hacer realidad una ley tan ansiada por nuestros constituyentes, cuyas características fundamentales han sido validadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
También formaron parte del debate el fiscal General Departamental de Dolores, Diego Escoda quien manifestó: "Existen muchas posibilidades para avanzar hacia sistemas procesales modernos, más eficientes y el juicio por jurados es uno de ellos. La capacitación es fundamental una vez que este sistema entre en funcionamiento”. En tanto, la presidente de la Asociación de Juicios por Jurados, Silvina Manes sostuvo: "La sanción de leyes de juicios por jurado en 11 provincias argentinas demuestra que este sistema llegó para quedarse. Debemos ocuparnos de la ingeniería de este proyecto de ley”.
El director Ejecutivo de INECIF, Julián Alfie les habló a los diputados y les hizo saber que "tienen en sus manos la ley más significativa de toda la agenda de reforma judicial que todos los gobiernos han propuesto durante años. Los juicios por jurados abordan la desconfianza de la ciudadanía hacia las decisiones judiciales”.
El abogado Roberto Rallin afirmó: "Tenemos una oportunidad única de sancionar esta ley. Quizás haya que corregir detalles con el devenir de los juicios, pero no debemos dejar pasar este momento histórico. Es una deuda con nuestra sociedad y nuestros constituyentes”, mientras que Francisco Oneto celebró que "por primera vez el Congreso promoverá la ley de juicio por jurado. Considero que el proyecto que presenta el diputado Carbajal es el que debe sancionar la Cámara”. También disertó Augusto Cassiau.
Previo al debate, los diputados designaron a José Federico Tournier (UCR) como secretario 2° de la comisión de Justicia, cargo que se encontraba vacante.
En la próxima reunión se recibirán a funcionarios del Poder Ejecutivo. Manuel Quintar, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que “la idea del Gobierno es que esto salga cuanto antes”.
Con impulso del oficialismo, pero con un temario compuesto por proyectos de la oposición, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados puso en marcha el debate sobre la implementación de juicios por jurados a nivel nacional.
El presidente de la Comisión de Justicia, el libertario Manuel Quintar, afirmó que “la idea del Gobierno es que esto salga cuanto antes”. Y anunció una próxima reunión para los primeros días de septiembre, a la que asistirán funcionarios del Poder Ejecutivo. Luego se abrirán encuentros informativos con especialistas. No obstante, el jujeño aclaró que la intención “es no hacer demasiadas reuniones porque vemos que hay mucho consenso en este tema”.
El legislador señaló que el debate se habilitó a raíz de “la insistencia de varios diputados y también por el mandato de nuestro presidente Javier Milei” que quiere convertir a este tema en “una política de Estado”.
Tras destacar la “coincidencia” entre los proyectos, dijo: “Vamos a trabajar con proyectos de la oposición, queremos abrir el juego”. “Es una demanda de todo el sistema judicial y de la sociedad argentina. Es una deuda que tenemos. Se trata de un sistema que viene a darle más transparencia a la administración de justicia, a través de la participación ciudadana, transparencia judicial y legitimidad de los fallos”, sostuvo Quintar.
Al igual que sucede con proyectos como “ficha limpia” o régimen penal juvenil, que el oficialismo impulsa con un texto propio, este es otro tema que estuvo también en la agenda parlamentaria durante el gobierno de Cambiemos y no logró avanzar.
El juicio por jurados se trata de un método reconocido en la Constitución Nacional y que ya se aplica en distintas provincias del país, pero no a nivel nacional.
Hace dos semanas atrás, el Gobierno realizó la presentación de su proyecto durante una obra de teatro interactiva, en un evento que se realizó en el exCCK, hoy Palacio Libertad, con la participación del presidente Milei. Sin embargo, al Congreso no ingresó formalmente ningún texto por parte del Poder Ejecutivo.
Los autores de proyectos explicaron sus propuestas
En la reunión, el diputado radical y exjuez Fernando Carbajal enfatizó que “más de 180 años hemos tardado en este país en que este Congreso se siente a discutir seriamente lo que fue un mandato constitucional”. En su discurso, precisó que el juicio por jurados “está contenido en tres artículos diferentes de la Constitución Nacional”: en el 24, en el capítulo de garantías ciudadanas; en el 75, sobre el mandato al Congreso; y en el 118.
Sobre su iniciativa, el formoseño dijo que se trata de “un proyecto colectivo que expresa consensos alcanzados no solo a nivel político sino de la academia”. “Hoy por hoy el juicio por jurados es la única fuente posible de legitimidad de las decisiones judiciales”, consideró y explicó que, sobre todo en causas donde está involucrada la política, “siempre está pendiente la idea de a quién responde el juez”.
Si bien puede existir el riesgo de presión sobre el jurado popular, este “es mayor cuando opera en cuanto a jueces técnicos”, apuntó. En su exposición, el legislador de la UCR celebró que los proyectos tienen “enormes coincidencias en líneas generales”, pero que va a tener que haber discusión sobre las diferencias, como por ejemplo “extensión de la competencia, qué delitos vamos a poner adentro y cuáles vamos a dejar afuera”.
A su turno, el cordobés Juan Brügge destacó que en su provincia el juicio por jurados se implementa desde 2005. “El modelo cordobés no es el modelo estrictamente puro, es una conformación mixta entre ocho jurados populares y tres integrantes del tribunal”, detalló y aseguró que “la experiencia de Córdoba ha sido muy positiva”.
Sobre este nuevo debate del tema, abogó: “Esperemos que este no sea otro amague y lo concretemos, porque estamos en mora”. “El Poder Judicial es el único que hoy no es democrático, que no hay participación ciudadana directa”, subrayó el diputado de Encuentro Federal.
Además, expresó que en su proyecto se contempla “la necesidad de que haya una fundamentación en derecho sobre la responsabilidad o absolución de una persona que está siendo sometida a este proceso”. “Por supuesto los jueces técnicos son los encargados de hacer la fundamentación”, aún si perdieran la votación, remarcó, al señalar que “muchas veces los jueces técnicos se han visto en minoría en los fallos”. En el cierre, Brügge opinó que “no hay que temerle a la participación, a la voz de la gente, al sentido común”.
Por su parte, la diputada -también de Encuentro Federal- Margarita Stolbizer sostuvo que “todas las experiencias en la práctica, incluso las de Córdoba, han demostrado que el sistema clásico es el más conveniente. Y ésta probablemente va a ser la discusión más profunda que tengamos”. Recordó que presentó el proyecto “muchas veces antes porque esto es una deuda de la democracia”. “Las provincias han llevado la delantera en esto”, dijo y recomendó entonces tomar en cuenta las experiencias.
Desde Unión por la Patria, el diputado Roberto Mirabella manifestó: “Estoy convencido que fortaleciendo la participación ciudadana en estos temas fortalecemos no solamente un mayor nivel de conocimiento en la Justicia, sino un mayor nivel de confianza”.
Su par de bloque Gustavo Bordet valoró que este “es un tema que no es patrimonio de ninguna fuerza política, de ninguna ideología, es algo transversal y que hace que las sociedades sean más democráticas. Si hay mayor institucionalidad, hay mayor prosperidad”. Luego relató la experiencia en Entre Ríos, provincia que gobernó, donde la ley de juicio por jurados se aprobó por unanimidad y desde su puesta en marcha se han realizado 97 procesos bajo esta modalidad.
En el cierre, el chaqueño Juan Manuel Pedrini señaló que “no sólo es la triple manda constitucional que incumplimos, sino también el Código Procesal Penal”. Al hablar de su propuesta, mencionó que contempla que en el jurado haya paridad de género. Y enumeró cinco razones por las que cree que hay que aprobar el proyecto: “Por la participación ciudadana, imparcialidad del jurado, respeto a las garantías procesales, celeridad y se eleva la calidad de los juicios y de la justicia en Argentina”.
Aval a dos acuerdos internacionales
Antes del plenario con Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, la Comisión de Justicia avaló un proyecto de ley por el cual se aprueba un Acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita entre los estados partes del Mercosur, suscripto en Florianópolis (Brasil) el 15 de diciembre de 2000; y otro en el mismo sentido, que incluye también a Bolivia y Chile.
Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, donde ya tuvieron dictamen, informó que “son proyectos bastante sencillos” que “no tienen mayor discusión”, ya que son “para facilitar trámites jurídicos a nivel del Mercosur” y que fueron firmados unánimemente por todos los bloques.
El oficialista Julio Moreno Ovalle recordó la conformación años atrás del Grupo Empresario Interregional del Centro Oeste Sudamericano (Geicos), que luego fue “superado con la creación del Mercosur” y celebró que “se aprueben estos proyectos” en pos de que “empecemos a plantearnos cómo nos vamos a integrar y desarrollar nuestras actividades”.
Habrá un plenario de tres comisiones este miércoles desde las 14. Hace dos semanas el Gobierno anunció un proyecto de ley en tal sentido.
Manuel Quintar, presidente de la Comisión de Justicia (Foto: HCDN)
A dos semanas de que el Gobierno nacional presente un proyecto de ley -que aún no ingresó formalmente al Congreso- sobre la implementación de juicios por jurados, está previsto que un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados comience con el debate.
El encuentro fue convocado para este miércoles a las 14 en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja. En lo que va de este año, ya presentaron iniciativas en este sentido los legisladores Juan Manuel Pedrini (UP), Carla Carrizo (UCR), Gustavo Bordet (UP), Juan Brügge (EF), Roberto Mirabella (UCR), Gerardo Milman (Pro), Margarita Stolbizer (EF) y Fernando Carbajal (UCR).
Al igual que sucede con proyectos como "ficha limpia" o régimen penal juvenil, que el oficialismo impulsa con un texto propio, este es otro tema que estuvo también en la agenda parlamentaria durante el gobierno de Cambiemos y no logró avanzar.
El juicio por jurados se trata de un método reconocido en la Constitución Nacional y que ya se aplica en distintas provincias del país, pero no a nivel nacional.
Hace dos semanas atrás, el Poder Ejecutivo realizó la presentación de su proyecto durante una obra de teatro interactiva, en un evento que se realizó en el exCCK, hoy Palacio Libertad, con la participación del presidente Javier Milei.
En su discurso, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, enfatizó que esta herramienta "se utiliza en el Reino Unido y los Estados Unidos y rige en 21 países de América". "Lo propusieron grandes pensadores y toda la doctrina seria lo apoya desde hace 170 años, pero acá nunca se implementó lo cual es inadmisible", agregó.
"En un país donde la justicia ha sido muchas veces lejana y tardía, este proyecto busca devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones y la certeza de que sus valores y principios guiarán el proceso judicial", aseguró.
Se trata de una iniciativa presentada por el diputado cordobés Juan Brügge, quien destacó que es un sistema similar al que se utiliza en su provincia, con la participación de ciudadanos no letrados y jueces.
Con el objetivo de establecer los juicios por jurados, de modo de agilizar estos procesos penales en el plano federal, el diputado Juan Brügge (EF) presentó un proyecto de ley. A diferencia de otros, destacó que se propone un juzgamiento con un tribunal mixto, formado por 8 ciudadanos y 3 jueces que integren los Tribunales Orales Criminales Federales en todo el país.
Según el legislador, dirigente de la Democracia Cristiana, "esta alternativa permite al acusado y a las víctimas de un delito ser juzgado equitativamente, al combinarse los conocimientos y formación en derecho de los jueces con el sentir, sabiduría y poseedores de sentido común que tienen los ciudadanos no letrados".
El cordobés explicó que, con este novedoso método -diferente al de Estados Unidos y similar al que ya funciona en su provincia desde hace varias décadas-, el acusado de delitos graves es juzgado por los ciudadanos en conjunto con los jueces del tribunal penal respectivo, adoptándose la sentencia por mayoría, estando a cargo de los jueces del tribunal la fundamentación jurídica y técnica de la decisión que adopta el jurado popular.
"La idea es evitar una acusación basada en especulaciones pasionales, que muchas veces se ven reflejadas por los medios de comunicación, de ahí la presencia de los jueces letrados; o que el excesivo ritualismo y tecnicismo jurídico de los tribunales tradicionales termine llevando a una pena menor o más laxa para los acusados, que se pretende evitar al estar presente el sentido común aportado por los ciudadanos que integran el jurado popular”, destacó.
La iniciativa busca que los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, en lo Penal Económico y en lo Criminal Federal de la Capital Federal deban integrarse con jurados populares para el juzgamiento de ciertos delitos graves. Entre estos se incluyen delitos contra la administración pública, homicidios agravados, delitos sexuales con resultado de muerte, secuestros extorsivos seguidos de muerte, narcotráfico, trata de personas, entre otros.
En los casos de delitos sexuales contra menores, el juicio se deberá realizar a puertas cerradas y el proyecto permite que, a petición de los representantes legales de la víctima, se sustancie sin la participación de jurados populares.
El diputado nacional señaló que los juicios por jurados se realizarán en la circunscripción judicial federal correspondiente al lugar donde se haya cometido el delito. Si el caso ha generado tal conmoción en una comunidad que impida la formación de un jurado imparcial, el juicio podrá trasladarse a otra jurisdicción por sorteo público, a petición del acusado, de la víctima o el Ministerio Público Fiscal.
El proyecto establece la obligatoriedad de los ciudadanos de integrar el jurado una vez que ha sido seleccionado por sorteo público, determinando que para ser elegido se deben cumplir ciertos requisitos, como ser ciudadano argentino en ejercicio, tener entre 25 y 65 años de edad, haber completado la educación básica obligatoria, y tener plena capacidad para ejercer derechos constitucionales.
Al respecto, Brügge resaltó que "la introducción del juicio por jurados a nivel federal representa un avance significativo hacia una mayor democratización de la justicia en Argentina". “Al involucrar a los ciudadanos en el proceso judicial, se busca garantizar un sistema más transparente y equitativo, donde la voz de la comunidad tenga un rol crucial en la determinación de la culpabilidad o inocencia de los acusados y que esta decisión sea refrendada y fortalecida por el aporte técnico y jurídico de los jueces”, dijo.
El dirigente demócrata cristiano enfatizó que esta medida no sólo busca mejorar la justicia, sino también reforzar la confianza del público en el sistema judicial. "Es fundamental que la justicia sea percibida como justa y transparente por todos los ciudadanos. El juicio por jurados es un paso clave en esa dirección", concluyó.
El ministro de Justicia informó que también van a “apurar” al Consejo de la Magistratura para que “termine rápido los pliegos que tiene”. Además, anticipó que delinearán un “plan novedoso para tener un sistema procesal y penal adecuado para que el país de ejemplo de justicia y de orden”. Explicó el juicio por jurados y el uso de la toga.
El último ministro en hablar en el plenario de comisiones de Diputados fue el de Justicia, Mario Cúneo Libarona, quien contó que enviarán al Senado los pliegos que reexaminaron para “llenar todas las vacantes” y que van a “apurar” al Consejo de la Magistratura para que “termine rápido los pliegos que tiene”. Además, anticipó que delinearán un “plan novedoso para tener un sistema procesal y penal adecuado para que el país de ejemplo de justicia y de orden”. Explicó el juicio por jurados y el uso de la toga.
En su exposición, el funcionario manifestó: “Vengo con un ánimo cordial, no tengo problemas con nadie y voy a contestar incluso lo que no está previsto, lo que no conforma el temario. Ustedes son los representantes del pueblo y somos todos argentinos y todos queremos lo mejor para la patria nos podamos entender”.
Al defender la ley ómnibus, sostuvo que “se funda en la situación gravísima en la que está Argentina, años de política que no condujeron a un buen puerto, años de retroceso cultural, educativo, pobreza, inflación, estancamiento y en ese marco se llega a esta situación actual en donde la ciudadanía se expresó en forma mayoritaria en las urnas en un cambio, con un nuevo presidente que busca soluciones, achicar el Estado, ordenar, regular, dejar atrás un modelo económico con muchas regulaciones que no funcionaron”, y en materia de justicia anticipó que tratarán de “delinear un plan novedoso tendiente a que tengamos un sistema procesal y penal adecuado y que el país de ejemplo de justicia y de orden”.
“Tenemos un régimen en materia de justicia que ha fracasado, un régimen procesal que ha fracasado y un Código Penal que debe ser reformado. En ese marco se va a trabajar atacando todos los males que nos azotan a todos como la delincuencia, la corrupción, la trata, el narcotráfico, que nos dañan en todo”, planteó el ministro y agregó: “En ese marco y con las mejores intenciones se dictaron distintas medidas amplísimas con el propósito de cambio y de crear un país que se ponga de pie y camine”.
Al referirse a cada punto en materia jurídica que apunta a introducir “modernización”, arrancó con los depósitos judiciales y explicó: “Busca beneficiar al depositante y que no se beneficie el Banco, que no haya esas dicotomías sobre qué bancos intervienen. Se elige el litigante con la conformidad de las partes el Banco donde va a parar el dinero para que no haya disputas legislativas. Se eligen todos los Bancos oficiales que tengan competencia donde incluso las partes pueden sugerirle al juez el Banco y el Banco Central dispone la forma de inversión. Esto es en beneficio de las partes, es elegir un beneficio modernizado para la sociedad argentina”.
El segundo punto que detalló fue el de registros judiciales y universales: “Hay una ley de acceso a las partes que es un formulario verde que admite juicios universales en las quiebras o en las sucesiones. Lo que se pretende es que ese formulario que está en un subsuelo pase a ser electrónico, público, transparente y ágil que todos tengan conocimiento de un juicio universal y abreviado”.
Sobre la publicación de edictos, informó: “Se busca suprimir ese sistema que no existe prácticamente y hoy recurrir al boletín oficial electrónico y cargarlo de forma electrónica. Es la práctica que rige hoy, se busca suprimir este edicto y hacerlo por vía electrónica. Es un éxito indiscutible”.
Al hablar de los archivos judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que “se pretende es que no existan más los expedientes en papel y que todo se realice en forma digital. Hoy se impone la carga electrónica, algo que se inició con la pandemia y apresuró a los Tribunales a eso”.
Al referirse a los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales y Federales en el Banco Nación detalló: “El retiro de la plata de los bancos antes se hacía por cheques o por oficios según la Ley 9.667 se derogan los artículos 2, 3 y 4 y se impone un orden de un juez de una transferencia bancaria de una cuenta al destinatario para que se acaben las estafas de los cheques. Es entrar en un mundo de modernización”.
“Registro propiedad e inmueble”, fue el siguiente apartado que detalló Cúneo Libarona y precisó: “Se habla de la transferencia a la Ciudad, es natural a la luz de la Constitución y de la deuda que tiene. Se habla del escribano idóneo, fedatario, que pide informes de dominio en forma electrónica, se libera la jurisdicción y se establece un Registro Nacional de Inhibiciones”.
Por otro lado, habló del traspaso de la Justicia Nacional y manifestó que “la Constitución del 94’ habla por sí sola, pero yo no voy a más que remitirme a los fallos de la Corte del 2019 donde habla de la demora inusitada en la transferencia a la Ciudad y es un tema que sin dudas tiene que resolverse”.
“La Corte dijo que ‘han transcurrido décadas y resulta casi nulo el avance de la transferencia, es una de las claras mandas constitucionales. El Estado Nacional y la Ciudad solo habían avanzado en el traspaso de ciertas competencias penales’. Lo que se impone es establecer un plazo determinado para llevar a cabo estas demoradas transferencias de la justicia que no abarca solo la penal sino la laboral, civil, comercial, etc.”, respaldó.
Otro de los puntos que explicó fue sobre la inspección general de justicia: “Ahora se designa de forma distinta en el Poder Ejecutivo con una propuesta del Colegio de Escribanos y dos del colegio de Abogados. Es otra área de transferencia con plazos. El objetivo es mejorar la IGJ, salir del sistema que existía hasta este Gobierno, se tutela la producción, medios digitales, abreviar los plazos, aumentar el capital social, darle vigencia a las SAS, sociedades con objetos múltiples, libre acceso sin cargo a los registros societarios”.
Por el lado de las sucesiones sin controversias, comentó que sean testamentarias o simplificarla porque “al igual que el divorcio ante un escribano con intervención de abogados, con inspecciones y controles. Hay una disputa de trabajo entre los escribanos y los abogados. Lo mejor sería que si hay una sucesión sin controversia es mucho más barato concurrir ante los escribanos que tener que hacer un juicio ante los Tribunales”.
Respecto de las modificaciones a Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, señaló que “no es más que incorporar los fallos de la Cámara y de la Corte a la ley, dotar un proceso justo acorde a las convenciones internacionales, con publicidad, regular el procedimiento, tutela administrativa efectiva, derecho a ser oído, derecho de defensa, de aportar pruebas, plazos razonables, celeridad, economía, sencillez, eficiencia. Es darle las herramientas que la Corte establece que sea legítimo”.
En el tema de los honorarios de profesionales de abogados, brevemente explicó que “se deroga el artículo 5 de la ley 27.423 y se establece que las partes decidan de forma libre”.
Asimismo, las modificaciones al Régimen de Propiedad Intelectual de Gestión Colectiva de Derechos refieren a que “el autor cobra derechos por su trabajo y un organismo se encarga de custodiar esos derechos. Se crea la figura de salir del monopolio de la Ley de Onganía que establecía este organismo que es un gran impuesto a la cultura”.
Al hablar sobre la continuidad del INADI, aclaró que “se suprime el INADI creado por la Ley 24.515, pero no se suprimen las tareas y funciones que hace”, debido a que “el tema discriminación es fundamental, pero tiene que ser tratado, analizado y publicitado y juzgado, porque también es un delito, con la máxima energía”.
“Lo que se hace es tratar de ordenarlo en el sentido de crear un protocolo de actuación frente a las presentaciones que se hagan. Hay que armar un protocolo donde haya plazos y un procedimiento, con todas las garantías del debido proceso”, planteó.
En esa línea, cuestionó: “No se acepta que el INADI, que es un derecho humano, esté en forma independiente, tiene que pasar a ser analizado con la cantidad de derechos humanos que tenemos. Lo que relevo es tener 400 empleados en un edificio de capital federal cuando toda la justicia tiene menos. No puedo entender cómo em encuentro con 114 organismos en el interior del país, inmuebles que alquila el Ministerio de Justicia, 12 en Villa Gesell, 1 en Tafí del Valle”.
“No tengo nada en contra del INADI ni el derecho, me agravio de tener una estructura de semejante tamaño y costo para hechos de discriminación. No tiene que haber inmuebles en el interior porque con las comunicaciones que hoy tenemos, podemos estar enlazados a través de un teléfono de forma dinámica. El INADI sigue funcionando, se va a ordenar el monstruo de cantidad de gente para que tenga más dinamismo”, detalló.
Profunda fue la explicación que Cúneo Libarona brindó para referirse al proceso legal: “Para que tengamos una justicia efectiva, rápida, primero tenemos que tener jueces. Si nosotros tenemos la enorme cantidad de vacantes que hay en la justicia, hoy un 33% es imposible que los jueces presten un buen servicio, trabajan a destajo. Hay Tribunales que no tienen jueces, por eso el primer paso va a ser nombrar a los jueces”.
En un paréntesis, adelantó que “en un breve lapso queremos enviar al Senado los pliegos que reexaminamos y apurar al Consejo de la Magistratura para que termine rápido los pliegos que tiene y podamos llenar todas las vacantes. Si no tenemos jueces trabajando es muy difícil”.
“Hay una ley que tiene muchos años y que está en vigencia es el nuevo sistema procesal penal y ya no vale la pena discutir si es buena o no, es el sistema acusatorio consiste en un fiscal que lleva adelante la investigación tiene que producir la prueba, versus una defensa y un juez que tiene facultades decisorias. Es el régimen que está en el mundo y está en Salta y Jujuy. Queremos instalar rápidamente en la mayor cantidad de provincias, lo que no podamos conseguir lo vamos a hacer igual y vamos a tener un sistema acusatorio amplio. El sistema y la celeridad es lo que más me preocupa”, anticipó.
El ministro agregó que “tiene que estar acompañado de otras reformas como la ley de juicio rápido y plazos razonables porque no puede ser que duren una eternidad”, por lo que informó que presentarán una Ley de tiempos para establecer plazos a los jueces para terminar los juicios. “Eso engancha el Código Penal que está trabajándose hoy y tiene que enganchar con el juicio por jurados”, agregó.
Definió al juicio por jurados como “soberanía popular” porque “es ser juzgado por los pares” y se basó en la Asociación de Juicio por Jurados para explicar en profundidad: “Es una deuda desde 1853, artículos 24, 75 inc. 2, 118 y 126, está en el capítulo quinto, rige en el país en 11 provincias. Tenemos que saldar la deuda y respetar las soberanías provinciales”.
“Es una ley y un sistema federal acusatorio, con juicios rápidos, con un Código Penal de naturaleza general y un juicio por jurados en el molde federal. El modelo es el clásico que toman en el país, de 12 personas, conducido por un solo juez, paridad de género con posibilidad de elección de jurados, el juez que da instrucciones y el veredicto es unánime. En caso de absolución no hay apelación y en caso de condena hay apelación, pero si no hay unanimidad se formula un nuevo juicio. Se invita a las provincias a participar y se corresponde con los fallos de los Estados Unidos 2020, promotores del sistema de la toga y el martillo, el fallo Ramos versus Luisiana, donde dan todas las pautas del Tribunal por jurados”, explayó.
El ministro de Justicia precisó que “va para los delitos de naturaleza federal que superan los cinco años: narcotráfico, trata de personas, corrupción, falsificación, contrabando, lavado de dinero, administración fraudulenta, delitos tributarios”.
“Este sistema lo han adoptado en las provincias gobernadores de distintos colores políticos y de los que ustedes pertenecen”, resaltó el funcionario y remarcó que cada gobierno viene planteando el juicio por jurados, pero “nadie lo sacó”.
La iniciativa del santafesino Roberto Mirabella busca acercar la Justicia a la gente, dotar de mayor transparencia al Poder Judicial y saldar una deuda pendiente en materia constitucional. “Es un símbolo de la democracia participativa”, destacó el legislador.
El diputado nacional Roberto Mirabella (Frente de Todos – Santa Fe), presentó un proyecto de ley para establecer el juicio por jurados en los tribunales federales de todo el país y en los tribunales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa busca mejorar la transparencia y el funcionamiento del Poder Judicial, además de dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto por la Constitución Nacional y satisfacer así una deuda histórica.
“La participación ciudadana en las decisiones judiciales permite una mayor transparencia y control de las causas. Además, refuerza el compromiso de la gente con las instituciones y acerca la Justicia a la gente. Es un símbolo de la democracia participativa”, señaló Mirabella. “Este proyecto pretende mejorar el servicio de Justicia, fortalecer su funcionamiento y mejorar la confianza pública en el Poder Judicial”, agregó.
En tanto, indició: “Esto es un mandato constitucional. Próximamente se cumplen 30 años de la reforma de 1994 y nunca se pudo lograr un acuerdo para implementar el Juicio por Jurados en los tribunales federales argentinos, como lo marca la Constitución”.
El proyecto determina que deberán someterse a juicios por jurado todos los delitos penales que tienen previsto una pena mínima de ocho años de prisión según el Código Penal. Los jurados estarán conformados por doce miembros titulares y dos suplentes, respetando la paridad de género y designados por sorteo. Su función será deliberar sobre las pruebas y determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado.
Según el texto de la iniciativa, pueden ser jurados todos los hombres y las mujeres de entre 18 y 75 años que no presenten ninguna incompatibilidad. Quedan excluidos de esta posibilidad los ministros de un culto religioso; miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y del ministerio público; dirigentes de organizaciones políticas o sindicales, entre otros.
Cabe señalar que la implementación del juicio por jurados está prevista en la Constitución. A nivel nacional, la provincia de Córdoba fue la primera en legislar respecto al tema, seguida por Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Chaco, Río Negro y San Juan. En Santa Fe, en 2021 la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que propone implementar el sistema de juicio por jurados en toda la provincia.
2568-D-2022El director de la oficina de Juicio por jurados y ex legislador de Vamos Juntos, Gastón Blanchetiere, compartió en las redes sociales imágenes acerca de cómo fue la primera jornada de capacitación.
Meses después de que la Legislatura de la Ciudad aprobara la implementación del juicio por jurados, el director de la oficina que organiza esa modalidad de juicios y ex legislador del bloque Vamos Juntos (VJ), Gastón Blanchetiere, difundió en las redes sociales imágenes de la primera jornada de capacitación.
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario informó que “arrancamos con las capacitaciones destinadas al cuerpo de notificadores oficiales (dependientes del Poder Judicial de CABA) que serán los encargados de contactar a los potenciales integrantes de los Tribunales Populares” y destacó que “durante la capacitación se les explicó cómo funcionará el sistema, como se hizo el padrón y toda la información legal necesaria para resolver cualquier duda que tengan las personas seleccionadas. Desde ya agradecemos a todos por el enorme compromiso”.
Cabe recordar que la implementación del juicio por jurados fue aprobada por la Legislatura de la Ciudad el pasado 30 de septiembre del 2021 y establece la obligatoriedad de que sean juzgados por jurados todos aquellos delitos que tengan una pena mínima de ocho o más años de pena privativa de libertad. En tanto para el resto de los delitos, el acusado y su defensor podrán solicitar ser juzgados por un tribunal de jurados y, en caso de existencia de coimputados, la solicitud de uno de ellos en favor de esta modalidad automáticamente obliga a que el juicio se haga por jurados.
De acuerdo a la normativa, “el jurado delibera sobre la prueba, se pronuncia en relación al hecho o los hechos sometidos a su deliberación y al delito o los delitos por el cual debe responder el acusado”. Asimismo, para ser integrante del jurado se requerirá: ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 18 y 75 años de edad; saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en la CABA.
Sin embargo, se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del Jurado: “quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función”, “los abogados, escribanos y procuradores matriculados y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal”, “los imputados en causa penal dolosa contra quienes se hubiera requerido juicio”, “los condenados a una pena privativa de libertad”, “los incluidos en el registro de alimentantes morosos”, entre otros. Tampoco podrán ejercer ese puesto los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y quienes ocupen cargos directivos en un partido político reconocido.
El Jurado se integrará obligatoriamente con doce miembros titulares y, como mínimo, con dos suplentes, quienes serán elegidos mediante un sorteo que se realizará en base a un padrón específico. En todos los casos, el panel de jurados titulares deberá quedar siempre integrado con cinco mujeres y cinco hombres.
Los miembros del Jurado tendrán obligación de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente o en forma anónima, sobre cualquier tipo de irregularidad, presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado. La medida también establece el protocolo de protección para los miembros del mismo y la posibilidad de solicitar una remuneración.
La Ley fue sancionada con 55 votos positivos y cuatro negativos, será una modalidad de juicio obligatoria para todos los delitos cuya pena de prisión sean de mínimo 20 años.
En la sesión ordinaria de este “súper jueves”, la Legislatura porteña aprobó con 55 votos a favor y cuatro en contra –de los bloques FIT y AyL- la instauración del juicio por jurados en la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa que desde hace varios años viene debatiendo esa Casa y que será obligatorio para todos aquellos delitos cuya pena de prisión sea de un mínimo de 20 años.
La iniciativa sostiene que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados todos aquellos delitos que tengan una pena mínima de ocho o más años de pena privativa de libertad. En tanto para el resto de los delitos, el acusado y su defensor podrán solicitar ser juzgados por un tribunal de jurados y, en caso de existencia de coimputados, la solicitud de uno de ellos en favor de esta modalidad automáticamente obliga a que el juicio se haga por jurados.
De acuerdo a la iniciativa, “el jurado delibera sobre la prueba, se pronuncia en relación al hecho o los hechos sometidos a su deliberación y al delito o los delitos por el cual debe responder el acusado”. Asimismo, para ser integrante del jurado se requerirá: ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 18 y 75 años de edad; saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en la CABA.Sin embargo, se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del Jurado: “quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función”, “los abogados, escribanos y procuradores matriculados y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal”, “los imputados en causa penal dolosa contra quienes se hubiera requerido juicio”, “los condenados a una pena privativa de libertad”, “los incluidos en el registro de alimentantes morosos”, entre otros. Tampoco podrán ejercer ese puesto los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y quienes ocupen cargos directivos en un partido político reconocido.
El Jurado se integrará obligatoriamente con doce miembros titulares y, como mínimo, con dos suplentes, quienes serán elegidos mediante un sorteo que se realizará en base a un padrón específico. En todos los casos, el panel de jurados titulares deberá quedar siempre integrado con cinco mujeres y cinco hombres.
Los miembros del Jurado tendrán obligación de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente o en forma anónima, sobre cualquier tipo de irregularidad, presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado. La medida también establece el protocolo de protección para los miembros del mismo y la posibilidad de solicitar una remuneración.
La encargada de abrir el debate en la sesión ordinaria de este jueves fue la diputada de Vamos Juntos Gimena Villafruela, quien planteó que “el instituto de Juicio por Jurado es un paso más que estamos dando hacia la autonomía de la Ciudad” e indicó que “mediante su aprobación, estamos cumpliendo con un mandato Constitucional y, fundamentalmente, les estamos otorgando a los vecinos y vecinas la posibilidad de participar en la Justicia, de involucrarse junto a jueces profesionales en los conflictos que ocurren en el ámbito territorial local”.
“Me parece importante señalar además que, luego de múltiples consultas a especialistas y de analizar la normativa comparada, se decidió incorporar una modificación en el art 13 de la ley, que garantiza la paridad de género en la conformación del jurado”, añadió.
Sobre esa misma línea, el oficialista Claudio Cingolani (VJ) destacó que “llegamos a este día después de un largo camino transcurrido, donde todos hicieron su aporte a lo largo del tiempo. Todos pusieron su grano de arena con declaraciones, investigaciones y con la búsqueda cívica de Justicia” y remarcó que “quizá debamos hablar de ‘juicio con jurados’ y no ‘por jurados’. El pueblo con el juez y no sustituyéndolo. El derecho no debe ser monopolio de la Justicia. Por lo tanto este proyecto fomenta la construcción de ciudadanía en las leyes”.
“Siempre dijimos que esta implementación iba a ser gradual, responsable y paulatina. Somos conscientes de que este instituto constitucional reconcilia a la justicia con la gente. Por eso apoyamos su sanción y para nosotros es un logro como Legislatura”, completó.
En contraposición la legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín explicó que “no vamos a acompañar el proyecto porque no podemos tratarlo sin tomar en cuenta el contexto general de la Justicia, el sistema judicial es apreciado por el 80% de la población negativamente. ¿Será por esto que ahora se avanza con este proyecto en la Ciudad de Buenos Aires?” e insistió en que “el jurado solamente se limitaría a decir si es o no culpable la persona juzgada, es decir, en ningún momento tiene control de nada ni siquiera de la pena”.
A su turno la vicepresidenta segunda de la Legislatura y diputada del FdT, María Rosa Muiños, planteó que “desde hace muchísimo tiempo que venimos trabajando en esta iniciativa, se ha conversado bastante en las reuniones de comisión y las jornadas de capacitación al respecto” y consideró que “es una deuda que tenemos con los vecinos de la Ciudad en un proceso de democratización de la Justicia, si bien sabemos que con esto no alcanza siempre se pueden ir perfeccionando, pero esto transparenta los procesos y construye ciudadanía”.
“Si bien es cierto que el jurado puede verse influenciado por los medios de comunicación, lo mismo ocurre con el juez, entonces esto lo que hace es que haya 12 personas evaluando la situación”, aseveró.
En tanto el radical Leandro Halperín (UCR-Ev) indicó que “este proyecto es el resultado de años de debate en esta Legislatura y que recoge distintas observaciones y opiniones de distintos actores de la sociedad, este es el mejor acuerdo posible” y sentenció que le “sorprende la posición de la izquierda no porque no lo voten, estamos acostumbrados a que no acompañen con diversos argumentos, pero no entiendo que no voten esto a favor del pueblo. Esta es una extraordinaria herramienta”.
Los diputados se reúnen desde las 12.07 para llevar a cabo una nueva sesión urbanística en la que buscarán ratificar una serie de convenios impulsados por Horacio Rodríguez Larreta, un texto para instaurar el juicio por jurados, entre otras cuestiones.
Tal y cómo lo anunció días atrás parlamentario.com, los diputados de la Ciudad se reúnen desde las 12.07 para llevar a cabo un “súper jueves” de sesión en el que se pondrán a consideración numerosas iniciativas, entre ellas, 16 convenios urbanísticos impulsados por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Los proyectos buscarán ser aprobados en primera lectura y autorizan el desarrollo constructivo e inmobiliario con fines residenciales, comerciales, culturales y recreativos, a cambio de contraprestaciones a la Ciudad y/o la cesión de terrenos destinados a espacio público y zonas verdes de libre acceso. Uno de los acuerdos se vincula al entorno de la Iglesia de Santa Catalina de Siena y su contiguo convento, donde se prevé abrir un espacio verde y público de casi media manzana.
Todos esos temas urbanísticos, si se aprueban, deben pasar por el sistema institucional de Audiencia Pública antes de un segundo tratamiento por parte de los legisladores para su sanción definitiva.
Por otra parte, la Casa tiene previsto debatir y votar un proyecto de ley para establecer el sistema de juicios por jurados en su distrito, después de un intenso trabajo de consulta, asesoramiento e intercambio de opiniones en la comisión de Justicia.
La iniciativa impulsada por Leandro Halperín (UCR) busca cumplir el mandato de las constituciones nacional y local y se basa en un texto elaborado en la comisión legislativa de Justicia, donde se procuraron consensuar tres proyectos: el inicial de la bancada Unión Cívica Radical, uno posterior de Vamos Juntos y un último presentado por el bloque Frente de Todos.
También se someterá a consideración de los legisladores un texto de María Luisa González Estevarena (VJ), se propicia la modificación de la regulación vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales en la CABA “a fin de posibilitar su realización de manera virtual o mixta así como la implementación de notificaciones electrónicas en los procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad”.
En el temario de la sesión ordinaria de este jueves también se incorporó un despacho oficialista con propuestas de modificaciones al Código Fiscal, a fin de regular exenciones impositivas y de diferimiento de pago de gravámenes vinculados a la actividad de la construcción, con el declarado objetivo de reactivar ese sector productivo y promover fuentes de trabajo.
Según pudo saber parlamentario.com los diputados de la Ciudad se encuentran evaluando la posibilidad de sumar la iniciativa al “super jueves” de sesión. El proyecto lo impulsa el radicalismo porteño desde hace varios años.
Tal y como lo anunció parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad se prepara para un “super jueves” de sesión y según le explicaron fuentes parlamentarias a este medio se podría sumar una importante iniciativa al temario: se trata de la instauración del juicio por jurados, la cual viene siendo promovida por Leandro Halperín (UCR-Ev) y el resto de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical – Evolución.
El texto ya cuenta con el despacho de la Comisión de Justicia –presidida por el radical Martín Ocampo (UCR-Ev)- y podría ser incorporado a la labor parlamentaria de la sesión de este jueves como una tabla con despacho.
El proyecto impulsado por Halperín cuenta con 73 artículos y sostiene que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados todos aquellos delitos que tengan una pena mínima de ocho o más años de pena privativa de libertad. Para el resto de los delitos, el acusado y su defensor podrán solicitar ser juzgados por un tribunal de jurados y, en caso de existencia de coimputados, la solicitud de uno de ellos en favor de esta modalidad automáticamente obliga a que el juicio se haga por jurados.
De acuerdo a la iniciativa, “el jurado delibera sobre la prueba, se pronuncia en relación al hecho o los hechos sometidos a su deliberación y al delito o los delitos por el cual debe responder el acusado”. Asimismo, para ser integrante del jurado se requerirá: ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 18 y 75 años de edad; saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en la CABA.Sin embargo, se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del Jurado: “quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función”, “los abogados, escribanos y procuradores matriculados y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal”, “los imputados en causa penal dolosa contra quienes se hubiera requerido juicio”, “los condenados a una pena privativa de libertad”, “los incluidos en el registro de alimentantes morosos”, entre otros. Tampoco podrán ejercer ese puesto los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y quienes ocupen cargos directivos en un partido político reconocido.
El Jurado se integrará obligatoriamente con doce miembros titulares y, como mínimo, con dos suplentes, quienes serán elegidos mediante un sorteo que se realizará en base a un padrón específico. En todos los casos, el panel de jurados titulares deberá quedar siempre integrado con cinco mujeres y cinco hombres.
Los miembros del Jurado tendrán obligación de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente o en forma anónima, sobre cualquier tipo de irregularidad, presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado. La medida también establece el protocolo de protección para los miembros del mismo y la posibilidad de solicitar una remuneración.
Fue en el marco de la Comisión de Justicia y estuvo encabezado por el radical Leandro Halperín, uno de los autores del proyecto que se encuentra presentado en la Casa. Un panel de especialista en la materia aportó sus miradas al respecto.
Con la intención de saldar una deuda histórica, la Comisión de Justicia –presidida por el radical Martín Ocampo (UCR-Ev)- encabezó este lunes un debate al respecto de la instauración del juicio por jurados, en el que un panel de especialistas aportaron sus miradas disidentes al respecto de la iniciativa.
El encuentro estuvo a cargo de Leandro Halperín (UCR-Ev), quien viene impulsando desde hace varios años una iniciativa al respecto en la Legislatura porteña pero que aún no ha tenido espacio para el debate en comisión. Además participaron del debate la especialista en Derecho Penal y miembro de Usina de Justicia, María Jimena Molina; la coordinadora Nacional de la Agrupación Víctimas por la Paz y Directora del Área de Justicia Restaurativa de la Asociación Pensamiento Penal, Diana Márquez; y el fiscal general adjunto de la Ciudad, Luis Cevasco.
Al inicio del encuentro, Halperín indicó que “desde hace dos años esta Comisión viene llevando adelante estas reuniones en la que se analiza el funcionamiento del Juicio por Jurados, una herramienta que está prevista en nuestra Constitución Nacional y la de la Ciudad” e insistió que “tenemos que tener en cuenta la mirada que las victimas nos pueden dar, hay muchas organizaciones que están trabajando y aportando sus miradas sobre los conflictos que el derecho penal tiene”.
Por su parte, Molina señaló que desde Usina de Justicia “promovemos el rol activa de la víctima dentro del proceso penal, esta es una deuda que tiene nuestro Derecho Penal aunque en el último tiempo comenzó a revertirse. Esta es una propuesta que genera controversia, porque prima la voluntad popular” y remarcó que “el enjuiciamiento por jurados populares es el coronamiento del sistema acusatorio caracterizado por la participación activa del acusado, fiscales, defensor y de la propia ciudadanía que es elegida como jurado. Priman principios como la oralidad, la bilateralidad, la mediación y la tradición”.
Sin embargo, advirtió que “se observa un claro y llamativo apartamiento de la llamada ‘igualdad de armas’: porque mientras el acusado puede recurrir el veredicto condenatorio emitido por el jurado popular, ni la victima ni el fiscal pueden hacerlo” y consideró que “hay una necesidad de que el jurado emita su voto de manera fundamentada, ya sea de manera escrita o a través de una grabación para que puedan conocerse las razones que los llevaron a determinar el veredicto. También pedimos que se adopte un sistema de votación únicamente por mayoría”.
A su turno Márquez se definió “por el sí al juicio por jurados, aunque tengo que aclarar que este es un debate que quizás debería estar saldado porque el sistema acusatorio se enriquece con el juicio por jurados, pero creemos que ya debería estar superado este debate” y abogó por la implementación de una justicia restaurativa.
Asimismo consideró que “el punitivismo ya ha demostrado una y mil veces su ineficacia, no nos lleva a ser una sociedad más pacifica ni más vivible en la dimensión humana” y precisó que “aspiramos a ser víctimas proactivas que no demos lastima ni busquemos venganza, que nos alejemos del cálculo de la pena como única medida de justicia y que no veamos a la privación de la libertad como el único camino para le prevención del delito”.
“La imagen del juicio por jurados es una imagen mucho más democrática que la que vemos en un juicio común, esto ya es valioso en sí mismo porque las partes ven que tienen enfrente a personas de su misma comunidad”, añadió.
En tanto Cevasco planteó que “lo que no se puede es mezclar sistemas procesas, cada sistema tiene sus características, contexto, sistemas de nulidades y procedimientos” y concluyó recordaron que “el jurado en general analiza las cuestiones de hecho y prueba, dejando las cuestiones jurídicas para la decisión judicial en lo que se llama la cesura del debate”.
Cabe recordar que el proyecto impulsado por Halperín cuenta con 73 artículos y sostiene que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados todos aquellos delitos que tengan una pena mínima de ocho o más años de pena privativa de libertad. Para el resto de los delitos, el acusado y su defensor podrán solicitar ser juzgados por un tribunal de jurados y, en caso de existencia de coimputados, la solicitud de uno de ellos en favor de esta modalidad automáticamente obliga a que el juicio se haga por jurados.
De acuerdo a la iniciativa, “el jurado delibera sobre la prueba, se pronuncia en relación al hecho o los hechos sometidos a su deliberación y al delito o los delitos por el cual debe responder el acusado”. Asimismo, para ser integrante del jurado se requerirá: ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 18 y 75 años de edad; saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en la CABA.Sin embargo, se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del Jurado: “quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función”, “los abogados, escribanos y procuradores matriculados y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal”, “los imputados en causa penal dolosa contra quienes se hubiera requerido juicio”, “los condenados a una pena privativa de libertad”, “los incluidos en el registro de alimentantes morosos”, entre otros. Tampoco podrán ejercer ese puesto los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y quienes ocupen cargos directivos en un partido político reconocido.
El Jurado se integrará obligatoriamente con doce miembros titulares y, como mínimo, con dos suplentes, quienes serán elegidos mediante un sorteo que se realizará en base a un padrón específico. En todos los casos, el panel de jurados titulares deberá quedar siempre integrado con cinco mujeres y cinco hombres.
Los miembros del Jurado tendrán obligación de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente o en forma anónima, sobre cualquier tipo de irregularidad, presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado. La medida también establece el protocolo de protección para los miembros del mismo y la posibilidad de solicitar una remuneración.
El legislador de la UCR-Evolución pidió, una vez más, que se aplique en la Ciudad de Buenos Aires la modalidad de juicio por jurados. El radicalismo presentó el proyecto en 2018, 2019 y 2020 pero aún no fue debatido en la Legislatura porteña.
Al igual que lo viene haciendo desde 2018, el legislador de la UCR-Evolución Leandro Halperín volvió a pedir que en la Ciudad de Buenos Aires se implemente el juicio por jurados, una iniciativa que el radicalismo viene impulsando desde hace varios años en la Legislatura porteña pero que aún no ha tenido espacio para el debate en comisión.
En ese sentido, el diputado compartió en sus redes sociales un video en el que compartió la opinión de varios estudiantes de Derecho, quienes apoyaron la propuesta del radicalismo. “Queremos juicio por jurados en la Ciudad de Buenos Aires”, manifestó Halperín.
Cabe recordar que el proyecto en cuestión cuenta con 73 artículos y sostiene que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados todos aquellos delitos que tengan una pena mínima de ocho o más años de pena privativa de libertad. Para el resto de los delitos, el acusado y su defensor podrán solicitar ser juzgados por un tribunal de jurados y, en caso de existencia de coimputados, la solicitud de uno de ellos en favor de esta modalidad automáticamente obliga a que el juicio se haga por jurados.
De acuerdo a la iniciativa, “el jurado delibera sobre la prueba, se pronuncia en relación al hecho o los hechos sometidos a su deliberación y al delito o los delitos por el cual debe responder el acusado”. Asimismo, para ser integrante del jurado se requerirá: ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 18 y 75 años de edad; saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en la CABA.
Sin embargo, se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del Jurado: “quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función”, “los abogados, escribanos y procuradores matriculados y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal”, “los imputados en causa penal dolosa contra quienes se hubiera requerido juicio”, “los condenados a una pena privativa de libertad”, “los incluidos en el registro de alimentantes morosos”, entre otros. Tampoco podrán ejercer ese puesto los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y quienes ocupen cargos directivos en un partido político reconocido.
El Jurado se integrará obligatoriamente con doce miembros titulares y, como mínimo, con dos suplentes, quienes serán elegidos mediante un sorteo que se realizará en base a un padrón específico. En todos los casos, el panel de jurados titulares deberá quedar siempre integrado con cinco mujeres y cinco hombres.
Los miembros del Jurado tendrán obligación de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente o en forma anónima, sobre cualquier tipo de irregularidad, presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado. La medida también establece el protocolo de protección para los miembros del mismo y la posibilidad de solicitar una remuneración.
Por Edgardo R. Redruello. Para el autor, un juicio por jurados donde el juez fundamentalmente es un espectador que se limita a dictar la sentencia, no es garantía de un mejor funcionamiento de la justicia.
La Legislatura de la provincia de Entre Ríos aprobó por unanimidad la ley 10.746 que establece el juicio por jurados para aquellos delitos graves cuya pena supera los 20 años, proyecto este fuere enviado por el ejecutivo provincial, dicha ley emanada del Congreso provincial fue aprobada por unanimidad, y -según se informó- por consenso de todos los bloques. Sin embargo y pese a que con ello se dice que se le da participación al ciudadano, la sociedad tomó conocimiento de la misma cuando ya el proyecto se había convertido en ley.
Si bien la Constitución Nacional en su artículo 24 determina que el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus tramos, y el establecimiento del juicio por jurados.
El articulo 75 en su inciso 12 establece lo siguiente: “Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y de la Seguridad Social”, y al final del mismo dice: “Y las que requiera el establecimiento de juicio por jurados”; o sea que no cabe ninguna duda de que la Constitución Nacional habilita el establecimiento de juicios por jurados.
Al respecto conviene realizar un análisis en relación a la implementación de esta institución.
En la Facultad de Derecho hay dos asignaturas en las que se analiza la Constitución Nacional; ellas son “Derecho Constitucional”, en donde se estudia todo lo relacionado con las normativas que emanan de la Carta Magna, e “Historia Constitucional”, en la que se estudian los antecedentes constitucionales, como así también el pensamiento de los constituyentes del año 1853, en relación al fundamento y al espíritu del articulado del texto constitucional, en otras palabras, todo el pensamiento que llevó al dictado de la Constitución.
Se desprende del espíritu de los constituyentes que cuando incluyeron que el Congreso promoverá al establecimiento de juicios por jurado, el entorno social en que ellos se desenvolvían estaba compuesto por personas de una cultura a la que la población en general no había podido acceder y por ello pensaron que quienes compondrían el jurado, aunque no fueran idóneos en derecho, sí poseían una instrucción superior, o sea, que su pensamiento en relación a esto era elitista; por otro lado, los medios de comunicación eran conocidos por un núcleo no muy numeroso de la población; en otras palabras, no tenían el poder que hoy en día tienen.
En los debates preconstitucionales los constituyentes polemizaron arduamente sobre la conveniencia o no del establecimiento de juicios por jurado. Es por eso que lo dejan librado a criterio del Congreso Nacional, es así que en cumplimiento de lo que establece el artículo 75 en un inciso 12, el Congreso Nacional dictó los códigos como lo establece en el principio el mencionado inciso 12 del artículo 75; sin embargo, en los más de 150 años de vigencia de la Constitución Nacional, y pese a todas las reformas habidas, en ningún momento se estableció el juicio por jurados dado que ello tendría que haberse incluido dentro de los artículos a reformar o agregar en ellos el proyecto de establecimiento de juicios por jurado. No se hizo y por lo tanto los reformadores de la Constitución Nacional no lo debatieron, es decir que en los distintos proyectos no se veía la conveniencia del establecimiento del mismo.
Hoy vemos, a través de los medios, cómo se manipula a la opinión publica de manera que ante la presencia de un hecho delictivo grave se condena o se absuelve al imputado sin ni siquiera, que este haya sido indagado como establece el proceso judicial y, por supuesto, la opinión publica termina creyendo lo que los medios dan por cierto. Por lo tanto entiendo que no es garantía el juzgamiento que puedan hacer las personas llamadas a componer el jurado, sin poner dudas sobre la integridad moral ni la probidad de los mismos dado que los jurados estarán integrados por personas de bien, pero sí existe la duda de que ya los componentes puedan estar influenciados por los distintos medios. Tengamos en cuenta que un diestro abogado del fuero penal que se ha especializado en oratoria puede volcar la opinión de los jurados en favor de su defendido, más allá de que existe un fiscal que presentará el cúmulo de pruebas en contra del acusado ante el jurado, y que el abogado defensor tratará de destruir mediante sus argumentos o pruebas que presente, y la labor del juez será el de escuchar el debate, leer lo que dictaminó el jurado y pronunciar la sentencia.
Sin embargo, cuando quien juzga es el juez, que trabaja en la investigación conjuntamente con el fiscal, las autoridades policiales que investigan el hecho, los peritos y testigos, llega a la conclusión de la investigación donde dicta procesamientos o falta de méritos basado en las contundentes pruebas que tiene en sus manos y que ha analizado minuciosamente lo que los jurados no hacen. De ahí que los jurados pueden condenar a un inocente o declarar la inocencia de un culpable. Esto de acuerdo con la habilidad de fiscales o abogados defensores.
Para un abogado penalista resulta más sencillo convencer a un jurado que solo ha escuchado oralmente a testigos, como así también oralmente a las pruebas presentadas en el juicio; en cambio resulta más difícil que el letrado pueda confundir a un juez que ha estado en pleno contacto en forma individual con cada uno de los testigos, como así también, minuciosamente con las pruebas que han surgido de su investigación más las presentadas por el fiscal y el abogado defensor.
Quiero dejar aclarado que mi opinión contraria al juicio por jurados no cuestiona en absoluto la idoneidad y probidad de quienes fueron autores del proyecto presentado al Ejecutivo provincial; mi cuestionamiento es al instituto de juicios por jurado basado en mi experiencia de más de 25 años de ejercicio en la profesión dedicando 10 años de la misma exclusivamente al derecho penal, complementada con mis casi 11 años de ejercicio de la magistratura como juez de instrucción penal. Como así también por lo analizado en aquellos países donde hace muchos años se han aplicado los juicios por jurados, con groseros errores en el resultado de los procesos llevándose a imputados inocentes a cumplir larguísimas condenas, inclusive en aquellos estados donde está establecida la pena de muerte que muchas veces fue aplicada.
Si bien a pesar de todos los elementos de juicio los jueces se equivocan al juzgar, esa probabilidad es muy inferior a lo que puede darse a través de los juicios por jurado, dado que los jueces no están sometidos a la influencia de los medios de comunicación, como lo están los potenciales componentes de los jurados.
Entiendo que un buen Poder Judicial con incuestionable idoneidad, como ha sido reconocido por la Asociación de Magistrados Nacionales, al Poder Judicial de Entre Ríos, e incluso, haberse pronunciado como el de mayor probidad, entiendo que es suficiente como para garantizar la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas como lo menciona el Ejecutivo Provincial. Téngase en cuenta salvo contados casos de corrupción proveniente de los propios jueces, en la mayoría de los casos ha sido el poder político que mediante acciones antidemocráticas y anti republicanas, ha presionado y corrompido a miembros del Poder Judicial, por ello la correcta fiscalización de la conducta de los jueces, como así también un Jurado de Enjuiciamiento, que sea designado con total imparcialidad, serán la garantía de tener una justicia independiente, idónea y de probidad garantizada.
Por ello entiendo que un juicio por jurados donde el juez fundamentalmente es un espectador que se limita a dictar la sentencia, no es garantía de un mejor funcionamiento de la justicia, y que por lo tanto pueda reemplazar a actividad judicial precedente.
Por otra parte, si realmente se le hubiera querido dar participación a los ciudadanos, ¿por qué no se le informó a través de los medios el proyecto de la ley? ¿Por qué no se abrieron debates, públicos, y por qué junto con la elecciones para las autoridades legislativas y ejecutiva, no se votó también por el sí o por el no a la ley, aunque la misma no fuera vinculante? Todo ello provoca en muchos ciudadanos, jueces y abogados, dudas sobre la bondad del juicio por jurados.
Edgardo R. Redruello es exjuez de Instrucción Penal
En diálogo con la prensa, el presidente de la Cámara de Diputados abogó por el juicio por jurados. Resaltó el acuerdo por la deuda y afirmó que permitirá a la Argentina ahorrar 30 mil millones de dólares.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró este martes “intrascendente” discutir la cantidad de miembros de la Corte. “Yo en lo personal creo que no es necesario modificar el número de miembros” del Tribunal Superior, dijo, porque inclusive sería difícil alcanzar consensos con nueve integrantes, dijo.
“Si tenés que poner de acuerdo a cinco, necesitás tres contra dos; imagínate si fueran nueve: seis contra tres, cinco contra cuatro… Nosotros lo que necesitamos es en todo caso que haya más celeridad de la justicia, más celeridad de la Corte, y eso es lo que pretende discutir la reforma judicial”, señaló el titular de Diputados, durante una conferencia de prensa brindada este martes en el Salón de Pasos Perdidos.
Consultado sobre el tema de la inseguridad, lo relacionó con la reforma judicial y expresó que a su juicio “es momento de discutir por ejemplo si queremos el juicio por jurados, que está en nuestra Constitución. A mí me encantaría que en los temas de conmoción social podamos tener juicio por jurado, y para eso necesitamos discutir la reforma del sistema de justicia”, estimó.
Massa celebró el acuerdo en el que se está avanzando en el tema de la deuda, y contó a los periodistas que dialogó este martes por la mañana con el presidente de la Nación, de quien dijo que “estaba realmente satisfecho por la tarea encabezada por el Ministerio de Economía”.
Destacó en ese sentido el “ahorro de 30 mil millones de dólares que dejan de pagar nuestros hijos, nuestros dueños”, y aseguró que eso “además nos permite pensar un horizonte de crecimiento para los próximos años de la Argentina. Y creo que es muy importante transmitirle a los argentinos que tengan confianza y esperanza de que la etapa que viene es una etapa que en la salida de la pandemia nos tiene que unir alrededor del trabajo, de la producción y del crecimiento de la Argentina”.
Con relación a los comentarios formulados por actores de la gestión anterior en relación con el acuerdo alcanzado, Massa dijo que “somos todos argentinos, y como en un equipo de fútbol, a veces a hay algún jugador que hace un gol en contra y después va a festejar el gol a favor que hace otro de su equipo. Creo que es bueno que los que a lo menor hicieron en algún momento un gol en contra, hoy festejen el gol a favor”.
Sergio Massa señaló que “la Argentina transita igual que el mundo un momento de mucha turbulencia en materia económica por la pandemia; en el caso de la Argentina agravada por el fracaso económico del anterior gobierno”.
El Gobierno actual, agregó, “ha ido construyendo diferentes balsas para ayudar a los argentinos a cruzar esta turbulencia: la moratoria, el ATP, el IFE, el refuerzo alimentario; el refuerzo a la tarjeta alimentaria; el refuerzo a la AUH, el refuerzo a las jubilaciones; son todos instrumentos que parece increíble que los hayamos puesto en marcha en el medio de la pandemia. Con un Estado que además en su gran mayoría tiene a sus trabajadores trabajando de manera remota. Y eso nos tiene que hacer sentir tranquilos y satisfechos”.
Para Sergio Massa, “hoy dimos un gran primer paso; ese paso nos tiene que ayudar a empezar a recorrer el camino que tenemos que recorrer, es un camino asociado al empleo, a la producción, al crecimiento de la Argentina. Eso además requiere que terminemos de transitar nuestro propio cuidado en la pandemia”.
Consultado sobre la reforma judicial y la posibilidad de la misma implique un intento de brindar “impunidad”, el titular de la Cámara baja sostuvo que le preocupa que “sobre cada tema aparezca la idea de que el Gobierno tiene un mal objetivo”.
Puso como ejemplo la moratoria aprobada el viernes pasado. “Se beneficiaron desde Vicentin hasta Correo Argentino SA, de la familia Macri; sin embargo se tituló como una herramienta a la medida de un medio de comunicación. Yo creo que esa dsicusión no nos lleva a ningún lado a los argentinos”, señaló. Y agregó: “Yo invitaría a la oposición a sentarse a dialogar, a ver qué hay que corregir, a ver qué quiere proponer, no descalificar”.
“La sociedad argentina está harta de ver políticos que descalifican a otros políticos, sin pensar en la solución de sus problemas”, enfatizó. Agregó que “la salida de la Argentina es resolviendo problemas, no tirándose barro unos con otros. La salida de la Argentina no es sobre la base de la discusión en el barro, sino sobre la base del diálogo genuino para sacar a la Argentina adelante. En esa tarea está el presidente, el Gobierno, y a esa mesa para poner de pie a los argentinos es a la que invitamos a todos los sectores: políticos, económicos y sociales”.
“Porque vale la pena plantear que esto lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie”, concluyó Massa.
Lo confirmó el presidente Fernández, quien reiteró el deseo de conformar un consejo que durante 60 días lo asesore sobre reformas que incluirían a la Corte y el Consejo de la Magistratura. Criticó la figura del arrepentido.
Ya lo hizo otras veces, pero esta vez afirman que va en serio. Y el que lo afirma -sin hacer referencia a sus anteriores anuncios en el mismo sentido- es el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien confirmó este domingo que el Gobierno mandará el proyecto de reforma judicial esta semana.
¿En qué consiste? “En la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia del cambio de Capital Federal a la Ciudad Autónoma, lo que se llaman competencias ordinarias deben pasar a la Ciudad de Buenos aires y yo me propuse hacer un reordenamiento de todo el sistema de la Justicia Federal”, explicó el presidente a Página 12. Según el mandatario, será “un reordenamiento que va mucho más allá de Comodoro Py. Es un cambio en toda la justicia federal nacional con el propósito de que eso funcione bien”.
El presidente afirmó que el proyecto es “tan ambicioso como necesario”. La reforma, dijo, “tiene una ley que ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera, con más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales”.
“Es una ley muy ambiciosa que implica reconstruir el fuero federal y además avanzar en el traspaso de la justicia ordinaria a la justicia de la Ciudad, que es algo que está pendiente”, agregó el primer mandatario, que reconoció que hay una serie de problemas a abordar.
Y en ese sentido le apuntó a la Corte Suprema y se preguntó si para lograr un mejor funcionamiento debería ampliar o no la cantidad de jueces o dividirlos en salas, por ejemplo. También le apuntó al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa, y hasta se preguntó si se pondrá en marcha el juicio por jurados de una vez por todas. “Todo eso va a ser objeto de análisis en un consejo que me asesore durante 60 días”, anticipó.
Respecto del juicio por jurados, confesó que era muy “resistente” a su implementación, pero admitió que la experiencia le fue demostrando que “los jueces también son muy influidos por los medios y por el contexto”, ante lo cual considera ahora que “es muchomás difícil influir a doce personas que a una y por ahí el juicio por jurados es una solución”.
Por otra parte deslizó la posibilidad de revisar la figura del arrepentido, ley con la que afirmó no haber estado “nunca de acuerdo”. “El concepto del arrepentido es en el Derecho Penal el confeso. No hacía falta crear una figura del arrepentimiento. Hay gente que genuinamente se arrepiente y confiesa su delito. El sistema del arrepentido puede generar una enorme perversión de incentivar a alguien a decir lo que no ocurre tan solo para poder sentirse liberado”, señaló.
En el marco de la emergencia sanitaria el presidente de la Cámara de Diputados entrerriana, Angel Giano charló con profesores y estudiantes de Concordia sobre la Ley de Juicio por Jurados y la Ley que crea el programa Ser Jurado en una sala virtual.
Mediante una videoconferencia, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, Angel Giano, dio una charla, organizada por el coordinador de Jóvenes y adultos de la Dirección Departamental de Escuelas, Maximiliano Acevedo, sobre la Ley de Juicio por Jurados y la Ley que crea el Programa Ser Jurado.
De la misma participaron más de 45 representantes de comunidades educativas de Concordia, a saber: Escuela Augusto Niez, Bachillerato Artístico, Escuela Saint Exupery, Escuela José Gervasio Artigas, Escuela Pascual Echagüe, Escuela Agrotécnica General San Martin, Escuela Juana Azurduy, Escuela Acuarelas, Escuela N° 34 Carlos Villamil, Escuela Francisco Ramírez, Escuela Aurora del Yerua, Escuela Normal, Escuela Cabildo Abierto, Escuela Osvaldo Magnasco, Escuela Vélez Sarsfield, Escuela Damián P. Garat, Escuela Esteba Zorraquin, Escuela Gerardo Victorin, Escuela Che Guevara, Escuela Benito Juárez, Instituto Mitre y Escuela Almirante Brown, Erich Poenitz.
La experiencia contó, además, con el acompañamiento del presidente de Codesal, José Luis Rodríguez la concejala Alicia Maldonado y la asesora técnica, Etelvina Silveira.
En este sentido Acevedo explicó que el objetivo del encuentro fue el de “brindar herramientas sobre ambas leyes de la legislatura entrerriana: El Juicio por Jurados y el Programa Ser Jurados, esta última ley de autoría de Angel Giano”.
Tras agradecer a los y las participantes el diputado explicó que “trabajar en la temática, en Concordia, del Juicio por Jurados y el Programa Ser Jurado tiene como finalidad poder hacer conocer a los vecinos y vecinas de la ciudad en qué consisten estas dos leyes”.
Luego de realizar una breve reseña histórica sobre el Juicio por Jurados en la que referencio que “está en la Constitución de Entre Ríos desde 1933 y en la Constitución Nacional desde 1853”, Giano repasó el proceso legislativo del cual participó para la sanción de la ley en Entre Ríos cuando presidía el bloque Justicialista del Senado.
En este contexto, recordó que tras la presentación del proyecto en la legislatura por parte del gobernador Gustavo Bordet, “los tres poderes del Estado: -judicial legislativo y ejecutivo- el Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Asociación de la Magistratura y la función Judicial, trabajaron de manera conjunta en la ley”.
“Después de muchas discusiones, debates y extensas jornadas acompañados también por la Asociación Argentina de Juicio por jurados- que viene trabajando está temáticas desde hace muchos años y qué ha venido logrando que varias provincias empiecen a cumplir con su Constitución- el año pasado se terminó dando esta red virtuosa entre todos los poderes del estado y los operadores jurídicos”.
“Era algo que no estaba instalado en la provincia de Entre Ríos, cómo una forma de participación ciudadana en la aplicación del juicio penal y en la administración de justicia penal” -señaló el presidente de la Cámara baja- y advirtió que “seguramente este año, en el segundo semestre, representantes del pueblo de Entre Ríos van a juzgar a entrerrianos y entrerrianas, porque como lo dice la misma ley: el jurado o la jurada, va a estar representando la ciudadanía en ese juicio”.
Cabe recordar que la ley establece la obligatoriedad del Juicio por Jurados para aquellos delitos que tienen una pena mayor de prisión o reclusión de más de 20 años, independientemente de lo que hoy existe y se mantiene por Juicio Abreviado - cuando el imputado o imputada reconoce el o los delitos que cometió y la fiscalía qué es quién acusa, acepta ese reconocimiento y le propone una pena, que es aceptada por la defensa y se termina el juicio en un pequeño proceso ante un juez de Garantías.
A diferencia de otras provincias el Juicio por Jurados es obligatorio porque no puede ser renunciado. “Para una entrerriana o un entrerriano ser jurado significa una carga pública similar a cuando nos toca ser presidente de mesa en una elección -por ejemplo- es una carga pública, acá la diferencia es que la notificación va a llegar por parte del poder Judicial y en el caso de presidente de mesa llega desde el Tribunal Electoral”, dijo Giano.
Para el diputado, la integración del jurado también es novedosa en Entre Ríos, en relación a las otras que no tienen la igualdad o equidad de género y recordando que hace pocos días se sortearon los primeros 5.000 jurados y juradas populares en Entre Ríos, 2500 mujeres y 2500 hombres.
“El Juicio por Jurados en la práctica funciona con un juez que es designado para el caso y encargado de dar las instrucciones al jurado -les dice cómo tienen que interpretar analizar, el hecho que investigan, los posibles delitos que se han cometido y las penas que podría tener el imputado o imputada-. El juez dirige y el jurado es quien, finalmente, va a determinar si es culpable o inocente, si es culpable qué medida de seguridad debe conservar la culpabilidad y si es inocente, puede plantear alguna excepción a la culpabilidad o alguna de las atenuantes o agravantes que están contempladas en el código penal”, afirmó.
“El juicio por Jurados cambia el paradigma de la justicia penal en Entre Ríos -señalo el diputado- para nosotros es nuevo que el pueblo juzgue”.
En cuanto a las particularidades del proceso, hay que tener en cuenta el secreto de la deliberación y el veredicto que debe ser unánime.
“El veredicto debe decir culpable o inocente, no hace un fallo, es el juez- cuando el jurado dice culpable - el que se encarga de imponer la pena. En caso de que el veredicto sea que es inocente, fallo es inexpugnable. Si el jurado dice que es inocente se terminó el juicio”, informó el diputado.
En cuanto al Programa Ser Jurado que es de su autoría, Giano explicó que “trata de educar a la ciudadanía toda para ser jurada o jurado”.
“La ley que crea el programa ser jurado se puede dividir en dos partes: una que es aquella estuvimos hablando con el Consejo General de Educación –en un escenario pre pandemia- para que se incorpore en las escuelas, con el objetivo de ir preparando alumnos y alumnas de la comunidad educativa para ser jurado”.
“La otra, es educar a la ciudadanía, es decir, aquellos que no están en la escuela pero que están dentro del marco del rango para ser jurado o jurada, y puedan acceder a algunos conocimientos básicos si son convocados, para lo cual vamos a crear un programa, diseñado de manera conjunta desde el poder legislativo con el visto del Gobernador y la Ministra de Gobierno, del Presidente del Superior Tribunal de Justicia y la sala Penal”.
“Este es un cambio estructural en la justicia, porque si hay un organismo sin participación ciudadana es el poder judicial, nadie puede dudar que el poder legislativo y en el poder ejecutivo tienen la representación del pueblo. Esto rompe la estructura de toda la historia argentina y en particular Entre Ríos, democratiza aún más el poder judicial, porque le permite al pueblo ingresar y juzgar a sus pares”, finalizó el diputado.
Con la presencia de funcionarios de los tres poderes provinciales, se llevó a cabo el sorteo para elegir a los 2.500 entrerrianos que intervendrán como jueces ciudadanos en los Juicios por Jurados.
Finalmente se realizó el sorteo para elegir a los 2.500 entrerrianos que intervendrán como jueces ciudadanos en los Juicios por Jurados dispuestos por la ley provincial 10.746. El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, describió la jornada como un “fortalecimiento de la democracia”, y valoró la puesta en marcha del sistema entre los tres poderes del Estado, tal como fue el proceso de sanción de la ley.
“A través de un acuerdo unánime entre los tres poderes del Estado hemos logrado dar cumplimiento a un mandato de la Constitución provincial de 1933 que fortalece la participación ciudadana y otorga el derecho a entrerrianas y entrerrianos de estar presentes en las decisiones de la administración de la justicia penal”, resaltó al respecto Giano, tras el acto que encabezó el gobernador Gustavo Bordet, junto al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell; y demás autoridades de los tres poderes, del Colegio de Abogados y de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial.
“Hoy celebramos y valoramos que se ponga en marcha de manera definitiva el juicio por jurados ciudadanos con el que soñaron nuestros constituyentes y los padres fundadores de la República”, expresó Giano, y continuó: “Esta jornada es una fiesta cívica para la provincia ya que Entre Ríos es cuna de la Constitución sumado a que se cumplen doscientos años de la República de Entre Ríos”. Además, el legislador consideró que “se requieren formas cada vez más intensas de participación ciudadana directa en los asuntos importantes del Estado. El juicio por jurados, por su innata característica de cuerpo deliberativo popular, es una de las herramientas más fuertes para alcanzar esos objetivos”.
Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet valoró el trabajo articulado y el consenso alcanzado para la implementación del sistema: “La importancia central que tiene el Juicio por Jurado es la de asegurar a los ciudadanos comunes la posibilidad de acceder como un derecho y una obligación al poder participar de procesos judiciales. Fortalece nuestras instituciones democráticas y les agrega transparencia, participación y credibilidad”, manifestó.
Además, Bordet destacó que una ley de esta naturaleza “no puede tener vigencia si no reúne los consensos que hoy están expresados en este texto legal. Creo que ese ha sido el logro y el mérito más importante”.
A su turno, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell, resaltó que se trata de “un hecho histórico” en la vida institucional de la provincia: “Estamos dando un salto de calidad en lo que es la participación ciudadana”, expresó, mientras que la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, celebró el primer sorteo para jurados en la provincia y explicó que en los próximos días comenzará una fuerte campaña de capacitación y difusión, que se desarrollará a través del programa Ser Jurado, sancionado también por la legislatura provincial.
El sorteo se concretó en la sede del IAFAS y fue presenciado desde el Centro Provincial de Convenciones a través de una videoconferencia por el gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell; el intendente de Paraná, Adán Bahl; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; y el senador nacional Edgardo Kueider.
También estuvieron el presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Miguel Ángel Giorgio; la directora de Instituto de Capacitación y Perfeccionamiento Juan Bautista Alberdi, y vocal del STJ, Susana Medina; el coordinador del Superior Tribunal de Justicia para la Implementación de Juicio por Jurado, Elvio Garzón; el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez; la procuradora adjunta, Rosa Pinedo; el secretario de Justicia, Pablo Biaggini; el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Canavesio; y la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia de Entre Ríos, Gabriela López Arango.
En tanto, en la sala de sorteo del IAFAS estuvieron los veedores, el secretario del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Carlos Pacher; por el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, Mónica Carmona; por la Asociación de la Magistratura, Gisela Schumacher; y por el Ministerio Público de la Defensa, Gaspar Reca, junto a los presidentes de bloques de ambas cámaras legislativas, legisladores provinciales y demás autoridades.
Los legisladores de ese espacio presentaron –nuevamente- un proyecto de ley mediante el cual prevé instalar en el distrito el juicio por jurados y así saldar “una de las más viejas deudas de nuestra democracia”.
Tal y como lo hizo en 2018 y 2019, el legislador de la UCR-Evolución Leandro Halperín junto a otros compañeros de bancada volvieron a presentar en la Legislatura porteña, a través del cual buscarán establecer en la Ciudad esa modalidad y así saldar “una de las más viejas deudas de nuestra democracia”.
El proyecto cuenta con 73 artículos y sostiene que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados todos aquellos delitos que tengan una pena mínima de ocho o más años de pena privativa de libertad. Para el resto de los delitos, el acusado y su defensor podrán solicitar ser juzgados por un tribunal de jurados y, en caso de existencia de coimputados, la solicitud de uno de ellos en favor de esta modalidad automáticamente obliga a que el juicio se haga por jurados.
De acuerdo a la iniciativa, “el jurado delibera sobre la prueba, se pronuncia en relación al hecho o los hechos sometidos a su deliberación y al delito o los delitos por el cual debe responder el acusado”. Asimismo, para ser integrante del jurado se requerirá: ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 18 y 75 años de edad; saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en la CABA.
Sin embargo, se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del Jurado: “quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función”, “los abogados, escribanos y procuradores matriculados y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal”, “los imputados en causa penal dolosa contra quienes se hubiera requerido juicio”, “los condenados a una pena privativa de libertad”, “los incluidos en el registro de alimentantes morosos”, entre otros. Tampoco podrán ejercer ese puesto los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y quienes ocupen cargos directivos en un partido político reconocido.
El Jurado se integrará obligatoriamente con doce miembros titulares y, como mínimo, con dos suplentes, quienes serán elegidos mediante un sorteo que se realizará en base a un padrón específico. En todos los casos, el panel de jurados titulares deberá quedar siempre integrado con cinco mujeres y cinco hombres.
Los miembros del Jurado tendrán obligación de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente o en forma anónima, sobre cualquier tipo de irregularidad, presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado. La medida también establece el protocolo de protección para los miembros del mismo y la posibilidad de solicitar una remuneración.
En los fundamentos de la medida -que también lleva la firma de María Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Juan Francisco Nosiglia, Manuela Thourte y Patricia Vischi (UCR-Ev)-, los legisladores explicaron que “el juicio por jurados viene a saldar parte de la falta de legitimación democrática del Poder Judicial, que es visto muchas veces por la ciudadanía como un poder cerrado en sí mismo, con escasos controles sobre su funcionamiento, compuesto por una elite de personas que hacen su trabajo sin dar mayores explicaciones de ello y al cual el ciudadano común no tiene acceso”.
