En un documento de más de 1.600 páginas, el Tribunal Oral Federal N°2 argumentó las razones de su veredicto. En diciembre pasado, la vicepresidenta fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal N°2 difundió este jueves los fundamentos de la condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa “Vialidad”, luego del veredicto que se dio en diciembre pasado, cuando fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación contra el Estado.
En un documento de más de 1.600 páginas, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dispusieron el decomiso actualizado si la sentencia queda firme por 84.835.277.378,04 millones de pesos, suma considerada producto del delito.
A partir de conocerse los fundamentos, la defensa de CFK y los otros ocho imputados que también fueron condenados -cuatro fueron absueltos- podrán apelar el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal.
En los fundamentos los jueces hablan de “vínculos promiscuos” entre funcionarios y empresas contratistas pertenecientes al grupo de Lázaro Báez, el empresario santacruceño que se benefició con contratos millonarios durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
“La falta de sanción judicial de esas prácticas corruptas parece ser una función deseada del sistema y su sostenimiento en el tiempo con un claro fin: garantizar la impunidad”, sostuvieron.
Los magistrados consideraron que “estamos ante un hecho de corrupción estatal que como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarrollo integral de los pueblos”.
“La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas fue dirimente”, afirmaron.
Además, los jueces cuestionaron el concepto de “lawfare” que denuncia la vicepresidenta: “Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa, tan antigua como el propio Estado de Derecho”. “Es una coartada para no rendir cuentas”, apuntaron.
También respondieron a las críticas sobre la fecha de inicio del juicio, en relación al calendario electoral, y dijeron que “la fecha que terminó siendo de apertura del debate no surgió como producto de la casualidad, sino del devenir natural del proceso”.
“Ya resulta un cliché de todo ex o actual funcionario público imputado en una causa penal -de cualquier espacio político, por cierto- el vincular el devenir del proceso con la coyuntura política o el calendario electoral”, señalaron.
Para los jueces, en el juicio quedó probado que entre 2003 y 2015 hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”.
“Se ha acreditado la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”, expresaron.
Y resaltaron que “nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiendo órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional”.
“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”, agregaron en otro de los párrafos más destacados.
En la previa de la sentencia en el juicio por la causa “Vialidad”, la diputada de JxC aseguró que “los delitos que se cometieron, están, son clarísimos y pudimos ver las pruebas”.
En la previa del veredicto en el juicio por la causa “Vialidad”, la diputada nacional Margarita Stolbizer (EF-JxC) enfatizó: “Hoy recuperamos por parte de la Justicia la certeza de que en nuestro país el que las hace las paga, que no hay impunidad”.
Para la legisladora, la sentencia que habrá servirá para que “todos sepan que no se puede robar, enriquecerse y que no pase nada. Algo tiene que pasar. Y la Justicia nos empieza a demostrar esa decisión”.
“Es muy importante terminar con la impunidad de la corrupción. Me preocupa muchas veces los bajos estándares sociales que tenemos con la tolerancia que hay respecto de la corrupción”, expresó.
Sobre la causa en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada como “jefa” de una asociación ilícita, Stolbizer aseguró que “los delitos se cometieron, están, son clarísimos y pudimos ver las pruebas”. “Se llegó al juicio oral y público que es lo que ella nunca quiso”, dijo en referencia a la expresidenta.
Y agregó: “Ella nunca puede hacer una defensa judicial, porque no la tiene, entonces busca ir al discurso de la política”.
“Lo importante es que haya una condena, que hoy los jueces confirmen lo que los fiscales nos contaron, que es que la señora es la jefa de una asociación ilícita conformada para enriquecerse a partir de los negocios del Estado que le dieron a un amigo y socio como Lázaro Báez“, apuntó.
En diálogo con Radio Rivadavia, la diputada manifestó que “ojalá” se pueda “recuperar algo, porque el nivel de enriquecimiento es muy grande”. “(Báez) les devolvía cuando le pagaban la coima; depositaba millones en las cuentas personales y sociales de la familia Kirchner, que los mismos Cristina, Máximo y Florencia retiraban de las cuentas que utilizaban a título personal”.
Además, la denunciante de la causa Hotesur-Los Sauces se esperanzó con que se lleve a cabo el juicio, suspendido luego de los sobreseimientos. “Hotesur y Los Sauces va a ser el otro dolor de cabeza de Cristina”, expresó.
El Tribunal Oral Federal N°2 anunciará cuáles serán las condenas para los 13 acusados por presunta corrupción durante los gobiernos kirchneristas.
En medio de un fuerte operativo de seguridad en los tribunales de Comodoro Py, se conocerá este martes el veredicto del Tribunal Oral Federal N°2 en el juicio por la causa “Vialidad”, que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner como principal acusada.
Tras escuchar las “últimas palabras” de todos los acusados en distintas jornadas -incluso esta mañana-, el TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, pasó a un cuarto intermedio hasta las 17.30, cuando se leerá la sentencia.
En esta causa, Cristina Kirchner está acusada de ser “jefa” de una asociación ilícita por la cual habría defraudado al Estado beneficiando al empresario Lázaro Báez con contratos por 46 mil millones de pesos. Los delitos por corrupción que se investigan habrían ocurrido entre los años 2003 y 2015, de los tres gobiernos kirchneristas.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dieron duros alegatos, que comenzaron el pasado 1ro. de agosto y culminaron el 22 de ese mes, con el pedido de 12 años de prisión para la vicepresidenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
CFK recusó en diferentes ocasiones a Luciani y al juez Giménez Uriburu por haber participado de partidos de fútbol que se jugaron en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri, al poner bajo manto de sospecha la imparcialidad de ambos funcionarios judiciales. Pero sus recusaciones fueron rechazadas.
La vicepresidenta habló por primera vez ante el TOF 2 en diciembre de 2021. Luego, hizo un descargo el 23 de agosto pasado, cuando aseguró que “absolutamente nada de lo que dijeron (los fiscales) fue probado”. Un mes después, tras el atentado que sufrió en su contra, volvió a hablar en el juicio y sostuvo que con los alegatos de las defensas “se desmontaron las mentiras de los fiscales Luciani y Mola”.
Finalmente, CFK expuso la semana pasada en el juicio, y cargó duro contra los jueces: “Luego de todo lo que nos ha tocado vivir y, en particular, lo que me ha tocado vivir, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare -fui muy generosa- en realidad es un verdadero un pelotón de fusilamiento, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”.
Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, entre los acusados se encuentra el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; y exdirectores de Vialidad Nacional, entre otros.
Muy dura contra los fiscales Luciani y Mola, y relacionando las acusaciones en su contra con el atentado que sufrió, la vicepresidenta expresó sus últimas palabras antes de que se conozca el veredicto el próximo 6 de diciembre.
En la recta final del juicio por la causa “Vialidad” de cara al veredicto, Cristina Kirchner expuso ante el Tribunal Oral Federal N°2. La vicepresidenta cargó duro contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y asoció las acusaciones que se hicieron en su contra con el atentado que sufrió el pasado 1ro. de septiembre en la puerta de su casa.
En el arranque, la presidenta del Senado, que habló desde su despacho, consideró que lo denominado “últimas palabras, nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este juicio o este tribunal, Ministerio Público Fiscal incluido”.
Recordó que la primera vez que habló ante el TOF 2, en diciembre del año pasado, dijo que “era el tribunal del lawfare”, pero “luego de todo lo que nos ha tocado vivir y, en particular, lo que me ha tocado vivir, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare -fui muy generosa- en realidad es un verdadero un pelotón de fusilamiento, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”.
CFK calificó a los alegatos de los fiscales como una “increíble diatriba” y criticó que durante 20 días “los fiscales Luciani y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar no conforme a derecho, sino cual editorial de Clarín o La Nación. Realmente merecerían ser los periodistas estrellas de estos medios”.
“Durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron, mintieron”, insistió y comparó: “El alegato del fiscal culminó un 22 de agosto, cincuenta años después de algún otro fusilamiento más trágico y tremendo que tuvo la historia”.
A continuación hizo referencia al atentado en su contra, cuando “un hombre (Fernando Sabag Montiel) acompañado por una mujer dispara, intentó matarme, pero el tiro no salió”. “Brenda Uliarte creo que lo seguía en Facebook o Twitter al fiscal Luciani, curiosa coincidencia”, lanzó.
La vicepresidenta mencionó además que 11 días después del hecho, “Clarín en su edición del lunes 12 de septiembre nos regala esta tapa: ‘La bala que no salió y el fallo que sí saldrá’. Miren si no hay una identificación con un fusilamiento y esta causa”.
“En los alegatos de la defensa, en los que participé en carácter de abogada, se demostró que todas y cada una de las cosas que habían sido acusaciones del fiscal era mentiras”, subrayó. Crítica del accionar de la justicia, la exmandataria dijo: “Cuando yo estoy de acusada en los tribunales de Comodoro Py la figura de asociación ilícita y las prisiones preventivas surgen a gusto y piacere”.
“Ahora bien, cuando me ha tocado ir como víctima a ese Comodoro Py, sus colegas establecen que no son asociaciones ilícitas, por ejemplo, las de la gente que se comunicaba por redes y cometía actos de violencia contra el Estado, en la Casa Rosada, o en mi casa, con bombas molotov, que además eran financiadas por empresarios muy conocidos”, continuó.
A propósito de esos empresarios, Cristina señaló que los chats de José López evidencian que “el trato amistoso, las redeterminaciones de obras, las discutían con algunos otros empresarios que no eran precisamente peronistas, sino macristas”.
En defensa de su gestión y la de su fallecido esposo, la vicepresidenta aseguró que “un gobierno electo democráticamente en tres oportunidades no es asociación ilícita”. “¿En serio creen que nuestros gobiernos cometieron un fraude en perjuicio de la administración pública? ¿Mi gobierno, que entregó un país desendeudado? ¿El doctor Néstor Kirchner que le pagó al FMI? ¿Nosotros estafamos, defraudamos al país, cuando las condiciones de vida de la gente eran muy superiores a las de hoy?”, se preguntó y, acto seguido, cuestionó que “los que trajeron nuevamente al FMI y 45 mil millones de dólares que no sabemos dónde están, están en Qatar, mirando el Mundial”.
En su exposición, CFK insistió que “los fiscales Luciani y Mola no pudieron replicar y desmentir ninguno de los hechos” que la querella y ella “leyendo la Constitución” hicieron.
Para la presidenta del Senado, este juicio “tiene por objeto y tuvo por objeto, desde el principio, estigmatizar a un espacio político y, fundamentalmente, a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio”.
“Este partido judicial vino a sustituir al viejo al partido militar que impedía expresarse libremente a la voluntad popular, que condicionaba la democracia. Hoy el partido judicial también cumple este rol de estigmatizar y disciplinar a los dirigentes”, aseveró y advirtió que “cuando la gente advierte este tipo de manejos y maniobras eclosionan las instituciones”.
En esa línea, agregó: “No tengo ninguna duda de que esta causa va a ser estudiada en el futuro de cómo funcionaban las instituciones argentinas en este período tan nefasto en que los juzgados han dejado de ser juzgados para convertirse partidos políticos, de un sector claramente”.
“El 10 de diciembre de 2015 tenía exactamente los mismos bienes que habían sido analizados en tres causas judiciales ahí en Comodoro Py, por tres jueces diferentes, uno de ellos el doctor Julián Ercolini, el instructor de esta causa. En los tres casos sobreseída. Los mismos bienes que ahora tienen mis hijos, sin embargo los chorros y ladrones somos nosotros”, se defendió.
Nuevamente contra los medios de comunicación, manifestó: “Ustedes no están solitos, sería imposible que pudieran hacer todo esto que han hecho solitos. La pata mediática siempre ha sido imprescindible en este tipo de manejos y de causa. Pasó en la dictadura militar”.
Finalmente, CFK anunció que compartiría en sus redes sociales “20 mentiras de la causa Vialidad que he redactado como un aporte doctrinario” para que “todos y cada uno de los argentinos conozcan los argumentos sobre los cuales los fiscales Luciani y Mola durante 20 días denostaron, difamaron, mintieron sobre mí y nuestro gobierno”.
El próximo 6 de diciembre se conocerá el veredicto en esta causa, en la que Cristina Kirchner está acusada de ser “jefa” de una asociación ilícita por la cual habría defraudado al Estado beneficiando al empresario Lázaro Báez con contratos por 46 mil millones de pesos. Los delitos por corrupción que se investigan habrían ocurrido entre los años 2003 y 2015, de los tres gobiernos kirchneristas.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dieron duros alegatos, que concluyeron el pasado 22 de agosto, cuando solicitaron al tribunal una condena para CFK de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Así lo fijó el Tribunal Oral Federal N°2, al establecer el cronograma de las últimas audiencias. Se espera el veredicto para la primera quincena de diciembre.
La vicepresidenta Cristina Kirchner tendrá oportunidad de hablar por última vez en el marco del juicio por causa “Vialidad” el próximo 29 de noviembre.
Así quedó establecido luego de que este viernes el Tribunal Oral Federal N°2 fijara el cronograma de las últimas audiencias para escuchar nuevamente a los 13 acusados. Se espera que el veredicto se conozca en la primera quincena de diciembre.
Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu escucharán el próximo 25 de noviembre a la primera tanda, desde las 10.30, y el 29 habrá una segunda audiencia con el mismo fin.
El próximo viernes 25 expondrán los acusados Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio De Vido y Abel Fatala, si es que desean hacer uso de su derecho a hablar por última vez ante el Tribunal, de manera previa al veredicto.
El 29 será el turno de la vicepresidenta, Héctor Garro, Carlos Kirchner y José López.
En esta causa, Cristina Kirchner está acusada de ser “jefa” de una asociación ilícita por la cual habría defraudado al Estado beneficiando al empresario Lázaro Báez con contratos por 46 mil millones de pesos. Los delitos por corrupción que se investigan habrían ocurrido entre los años 2003 y 2015, de los tres gobiernos kirchneristas.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dieron duros alegatos, que comenzaron el pasado 1ro. de agosto.
CFK recusó en diferentes ocasiones a Luciani y al juez Giménez Uriburu por haber participado de partidos de fútbol que se jugaron en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri, al poner bajo manto de sospecha la imparcialidad de ambos funcionarios judiciales. Pero sus recusaciones fueron rechazadas.
La vicepresidenta hizo su descargo ante el TOF 2 el 23 de agosto, cuando aseguró que “absolutamente nada de lo que dijeron (los fiscales) fue probado”. Un mes después, tras el atentado que sufrió en su contra, volvió a hablar en el juicio y sostuvo que con los alegatos de las defensas “se desmontaron las mentiras de los fiscales Luciani y Mola”.
El diputado oficialista consideró que los magistrados del TOF 2 tendrán un “desafío” porque “van a tener que demostrar si son empleados de Clarín y La Nación o jueces”.
El diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) opinó este martes sobre la causa “Vialidad”, que involucra a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y consideró que los jueces deben absolver a todos los acusados.
Consultado en Radio 10 sobre el rechazo del fiscal Diego Luciani a replicar los alegatos de las defensas, el legislador sostuvo: “Se enmudeció. No tenía réplica porque no tenía nada para mostrar ante los argumentos demoledores de las defensas”.
“Este es un juicio malo, porque es un juicio donde no hay pruebas y no hay delito. Lo único que hay son títulos de los diarios. Por eso no sé cómo va a hacer el Tribunal Oral para absolver”, expresó el oficialista.
Para el radical K, el juicio en el que se investigó corrupción en la obra pública adjudicada en la provincia de Santa Cruz a Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas fueron “tres años y medio de parodia que solo merecen la absolución”.
“Para estos jueces es todo un desafío, van a tener que demostrar si son empleados de Clarín y La Nación o jueces”, apuntó.
Por otro lado, en referencia a los dichos del senador Luis Juez sobre la democracia, Moreau lamentó que hay un “retroceso democrático que se vive en Argentina como consecuencia de estos personajes que de pronto han descubierto negacionismo, fascismo”.
“Estos últimos años se han corrido a la derecha descaradamente, quieren subirse a la ola prefascista”, lanzó y observó que “en el caso de las expresiones de Luis Juez, que son las últimas, pero vienen precedidas por otras de (Mauricio) Macri y Patricia Bullrich, son producto de la ignoracia, por un lado, y ese afán de charlatán que tiene Luis Juez en quien la forma de hacer política son chistes malos”.
El legislador enfatizó que “por supuesto que la democracia le cambió la vida a los argentinos, porque le devolvió la vida a los argentinos” ya que antes de ella “teníamos una junta militar que decidía sobre la vida o la muerte”.
Y también cuestionó a Macri y Bullrich, “que dijeron hace poco que las fuerzas armadas deben intervenir otra vez en los conflictos internos de la Argentina, y pusieron como ejemplo a Villa Mascardi”.
“Quieren modificar la Ley de Seguridad Interior. Van a crear un doble desastre para la sociedad argentina si esto ocurriera; uno la de reestablecer la doctrina de la seguridad nacional, y otro que las fuerzas armadas se vuelvan a enfrentar con el pueblo argentino”, agregó.
Además, la vicepresidenta sostuvo que “quedaron expuestas las arbitrariedades que se cometieron en este juicio”, y apuntó: “El único ámbito donde se desconocen las leyes es en el Poder Judicial”.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, expuso este viernes ante el Tribunal Oral su propia defensa en la última jornada de su alegato en el juicio por la causa “Vialidad” en la que está acusada por asociación ilícita en la que afirmó: “Se desmontaron las mentiras de los fiscales Luciani y Mola”, y sostuvo que “quedaron expuestas las arbitrariedades que se cometieron en este juicio”. Además, apuntó contra el Poder Judicial porque “es el único ámbito donde se desconocen las leyes”.
Tras la exposición de su abogado Carlos Beraldi y un cuarto intermedio de diez minutos, la vicepresidenta hizo uso de la palabra desde su despacho en el Senado de la Nación pasadas las 11.30
Comenzó su exposición aclarando que hacía estaba “ejerciendo el derecho que me concede el artículo 10 del Código Penal en cuanto que como soy acusada, pero al mismo tiempo soy abogada puedo hacer uso en esta etapa del alegato por mi carácter de profesional”, porque “me fue negado el derecho de hacer mi defensa oportunamente cuando hubo una improcedente y arbitraria ampliación de los alegatos del fiscal sobre pruebas que no habían sido ameritadas y con acusaciones que no habían existido”.
“Por lo tanto cabe aclarar que esta declaración que voy a hacer no es una graciosa concesión del Tribunal, sino que me asiste el 104 del procedimiento por lo cual, si no hubiese sido la suerte de ser abogada, hubiera estado en un estado de indefensión frente al alegato del fiscal”, remarcó.
En primer lugar, felicitó a su abogado Carlos Beraldi y Ari Llernovoy por “el ejercicio profesional de la defensa que desplegaron de una manera tan profesional y fundamentalmente tan clara, en cuanto a escuchar el alegato del fiscal a pasar a los hechos y a la valoración de la prueba y por último a aplicar el derecho”.
“Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron del fiscal Luciani y Mola y quedaron expuestas las arbitrariedades que se cometieron en este juicio”, afirmó Cristina Kirchner y contó que siguió las exposiciones de sus abogados “en vivo y en directo y sentí que era como estar en una serie, donde finalmente se encuentra la verdad que es el deber de los juicios, los jueces y los fiscales porque de eso se trata un juicio”.
A continuación, tomó un puñado de hojas y explicó: “Tengo acá en mis manos el desarrollo que hicieron mis abogados con las pruebas, con las intervenciones, con las intervenciones de los testigos, con la exhibición de las pruebas documentales y periciales, y la verdad que no se puede creer cómo se ha llevado adelante este juicio y por qué”.
Y solicitó que “se extraiga testimonio de todas las mentiras de las fiscales contrastadas con las pruebas periciales, testimoniales y documental de este juicio”, y agregó: “Las pruebas tienen que estar en el expediente y confrontado esto con el derecho”.
En ese sentido ejemplificó que “había una documental donde la abogada del distrito de vialidad número 33 decía que a las empresas perteneciente al grupo Báez no se les debía nada. Durante el transcurso del juicio fue citada la doctora Laura Hindie. Ella dijo que no había corroborado nada porque dijo que se había asustado tanto que firmó sin corroborar nada. Esa prueba debería estar destruida”, y apuntó: “Sin embargo el fiscal, como si ese testimonio no hubiese ocurrido, vuelve a incluirlo en su alegato final de acusación”.
Como segundo ejemplo se refirió a la supuesta reunión con Lázaro Báez en Río Gallegos y expresó: “No sé qué le pasa a Comodoro Py con mis reuniones, tuve que soportar 25 tapas de diarios, mis secretarios ir a declarar a Comodoro Py porque decían que yo había mantenido una reunión con el juez Sebastián Casanello. Luego de años se comprobó que los testigos eran falsos y se demostró que era mentira”.
Y recordó la polémica foto del diario Página 12 sobre los partidos de fútbol de los fiscales en la quinta del expresidente Macri: “Que a la luz de otras reuniones que se conocieron con otro presidente de la Nación y con camaristas, con jueces en este mismo Tribunal. Fiscales y jueces juegan en la quinta del presidente Mauricio Macri y a nadie parece extrañarle. Pero parece que era muy delictivo se entrevistara con el doctor Casanello en Olivos. No fue, la entrevista no existió”.
A su vez, contó que conoció al juez Casanello “cuando la Cámara Federal de Instrucción lo obligó a que me indague en la causa de la Ruta del Dinero K sin prueba alguna contra mí y lo obligaron”. Volviendo a la reunión que “de existir no hubiera constituido ningún delito, pero el fiscal la puso como presupuesto fáctico absolutamente probatorio de un plan ‘limpien todo y no se otras cosas’. Toda mentira ese día estaba en un acto en Río Negro”.
En el tercer ejemplo sostuvo: “Escuchamos al fiscal Luciani en una de sus alocuciones artísticas”, y explayó: “Luciani se refirió a una prueba de otra causa: el celular del exsecretario de Obras Publicas José López. El fiscal Luciani en un ejercicio histriónico dijo que estuvo durante meses mirando las 9.000 fojas del teléfono, que controlaron 26.000 llamadas y mencionaron cuatro que mostraban la familiaridad con Báez, se le pasaron por alto más de 400 llamadas con Caputo el hermano de vida del señor Macri, donde denotaba una familiaridad que ninguno de los que estamos en este juicio tenemos entre nosotros”.
Y acusó: “Se le pasó, o la del empresario Carlos Gutiérrez ambos visitantes asiduos en Los Abrojos, la misma quinta en la cual un señor juez integrante de este Tribunal y Fiscal juegan al fútbol”.
Con estos ejemplos, la vicepresidenta señaló que “demuestran las mentiras en las que incurrió la fiscalía y creo yo que estamos ante un claro caso de prevaricato, porque no sólo los jueces tienen la obligación de buscar la verdad, sino todos los funcionarios judiciales”. Por ese motivo indicó que pedirá que se investiguen estos hechos señalados por la fiscalía “donde queda demostrado que los fiscales mintieron, calumniaron y difamaron en el alegato final de acusación”.
La titular del Senado realizó una explicación sobre el funcionamiento del ordenamiento jurídico. En ese sentido remarcó: “Todos hemos pasado en la facultad por una materia Introducción al Derecho y tenemos allí los insumos para interpretar el ordenamiento jurídico de un país”.
Además, dijo que ese orden jurídico “tiene que ser congruentes, no puede tener contradicciones en su interior, que no tiene lagunas”, porque “son los insumos básicos para entender las jerarquías de las normas. En la pirámide del derecho Positivo de Kelsen, en la cúspide no hay nada más importante que la Constitución Nacional y los tratados internacionales del Derecho Humano, nada puede entrar en contradicción con esto -tomando entre sus manos la norma superior-. Después vienen los códigos que son las normativas que son el Código Penal y al Código Procesal Penal”.
Continuó con su exposición: “¿A dónde vamos? En la base están los decretos, las sentencias, los reglamentos de los distintos órganos del Estado que cimientan la base. Eso no puede ir en contra de los códigos ni de la Constitución porque derrama legalidad y legitimidad a todo el sistema. Eso le da legalidad a todo el sistema, una cosa no puede ser lícita en un lado e ilícita en el otro”.
“El único ámbito donde se desconocen las leyes es en el Poder Judicial”.
En otro tramo de su alegato, la vicepresidenta planteó que “todo debe ser hecho de forma coherente en todo el ordenamiento”, e indicó que “el principio de inexcusabilidad del artículo 8 establece que nadie puede ser excusado de cumplir la ley por alegar no conocerla”, y cuestionó irónica: “El único ámbito donde no se alega explícitamente, pero se alega tácitamente y se desconocen las leyes es en el Poder Judicial”.
En esa línea, agregó: “Este principio de inexcusabilidad que se le aplica a rajatabla a todos los ciudadanos, esto tiene una excepción precisamente donde no debiera tenerla y refleja el nivel de crisis sistémica en el que nos encontramos”.
Kirchner manifestó que buscaba entender “cómo encaja este juicio en el sistema jurídico”. Entonces retomó: “Vamos a la acusación que dice que los tres gobiernos constitucionales, a partir del 25 de mayo de 2003 el que encabezó mi compañero y los dos que encabecé yo. Los fiscales dijeron que se trataron de tres asociaciones ilícitas”, ante lo que subrayó: “Nunca hubo ninguna fuerza política que tuviera tres períodos consecutivos de gobierno. Solamente nosotros fuimos reelegidos en dos oportunidades más la misma fuerza política”, y criticó que “frente a eso la fiscalía dice que la asociación ilícita se pergeñó para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz”.
“O sea, Néstor Kirchner que fue intendente en 1987, gobernador electo en el 91, reelecto en el 95 y re reelecto en el 99 ¿hizo todo eso pensando que llegaría a la presidencia de la Nación para hacer 51 obras viales a través de la provincia que gobernó?”, se preguntó la abogada.
Para la vicepresidenta esta acusación “es ilógica, es absurda, raya en el ridículo. Militamos toda una vida para 51 obras viales”, además siguió “porque no hizo las obras viales cuando fue gobernador”.
“La acusación de los fiscales viola la Constitución Nacional”.
La titular de la Cámara alta señaló que “la realidad no resiste esta acusación a tal punto que llegó a juicio oral”, y preguntó: “¿Cómo se da esto con la Constitución? la acusación de los fiscales viola el artículo 1 de la Constitución Nacional donde habla de la forma adoptada por el país: representativa, republicana y federal, el orden no se cambia”, y remarcó que “la gente elige los gobiernos”.
Se defendió y dijo que “los tres gobiernos, el que encabezó Néstor los que me tocó encabezar a mí, fuimos elegidos por el pueblo jamás podríamos ser una asociación ilícita”.
Al hacer referencia al Estado republicano, Kirchner acusó al Ministerio Público Fiscal de “arrogarse una supremacía sobre los otros dos poderes”, y acusó al Tribunal de no respetar la división de poderes, al tiempo que enumeró: “Esto es, ustedes Giménez Uriburu, Basso, Gorini, fiscales Luciani, Mola, ustedes son más que la representación que tenemos todos nosotros, son mucho más porque pueden juzgar todos los actos”. “El fiscal arrasa con los principios y dice que puede evaluar y juzgar aquellos actos de reserva del Poder Ejecutivo, esto obviamente no es así, pero se hizo en este juicio”, denunció.
En este contexto, explicó que para las decisiones políticas que incurrieran en delitos “tienen un juicio político porque se trata de actos políticos que está contemplado en el artículo 53 de la Constitución Nacional”, y sino “está el otro juicio, el del pueblo cuando no te vota”.
Respecto a la violación del aspecto federal por parte del Tribunal, recordó que Vialidad Nacional “es un ente autárquico que puede construir con las Direcciones provinciales construir, mantener y obras viales”. “Es algo que se viene haciendo desde el año 58, pero para la fiscalía lo presentó como un instrumento de un delito”, lanzó y sumó: “Fue juzgado en Santa Cruz, pero acá estamos de nuevo, y acá se viola de nuevo el sistema porque las provincias no delegaron sus potestades”.
“Esta asociación ilícita no tiene ni pies ni cabeza, pero es profundamente inconstitucional, anti republicana y anti federal”, replicó la vicepresidenta y señaló que “si vamos a aplicar el Derecho penal, apliquemos todo”.
Cristina continuó con su exposición y realizó una comparación: “Por la aplicación de la teoría, todos los actos entonces de la asociación ilícita son ilegales. Entonces todo lo hecho en doce años sería ilegal, el fiscal Luciani no debería estar entonces porque su Decreto lo firmé yo”, lanzó y recordó en este punto que la designación del fiscal Diego Luciani se produjo durante su gestión: “Entonces sería ilegal, no es fiscal bajo ese criterio de la asociación ilícita”.
“Hay que actuar dentro de las competencias que cada uno tiene”.
Por otro lado, indicó que “la competencia determina la responsabilidad, es el conjunto de atribuciones, de facultades, de obligaciones que tienen los distintos organismos que establecen la Constitución. Uno es responsable de la competencia que tiene, no hay competencias por omisión”.
Retomó este punto para referirse que “esto demuestra que hay que actuar dentro de las competencias que cada uno tiene”, y chicaneó al fiscal Luciani: “Parece que en derecho administrativo no le fue bien, anda medio flojo en materia de Derecho Administrativo”.
“Hay que actuar dentro de las competencias que cada uno tiene”
Por otro lado, indicó que “la competencia determina la responsabilidad, es el conjunto de atribuciones, de facultades, de obligaciones que tienen los distintos organismos que establecen la Constitución. Uno es responsable de la competencia que tiene, no hay competencias por omisión”.
Retomó este punto para referirse que “esto demuestra que hay que actuar dentro de las competencias que cada uno tiene”, y chicaneó al fiscal Luciani: “Parece que en derecho administrativo no le fue bien, anda medio flojo en materia de Derecho Administrativo”.
En otro tramo de su alocución, la vicepresidenta afirmó que el juicio “no tiene andamiaje jurídico”, y señaló que “sólo el Poder Legislativo puede dictar leyes”, al tiempo que repasó las competencias del Poder Ejecutivo: “El presidente de la Nación es el responsable político de la administración porque se transfiere al jefe de Gabinete el ejercicio de la administración general del país”, y recordó que el presidente de la Nación “supervisa sólo al jefe de Gabinete por su poder de administración”.
“La fiscalía puso como delitos DNU aprobados por el Parlamento”, dijo Cristina y añadió que “todos los actos generados por un órgano constitucional se consideran legítimos. Llegado el caso puede revertirse ante demanda judicial, pero en el fuero contencioso administrativo no el penal”.
Por lo tanto, consideró que “no puede haber actos que nadie declaró inconstitucionales utilizados como base fáctica de una acusación penal”, y calificó al juicio: “No tiene andamiaje constitucional ni jurídico, es un disparate”.
“Han traído a los pelos la acusación a este juicio porque a la que tenían traer de los pelos a este juicio era a mí y trajeron a la Constitución de los pelos, al Código Penal de los pelos, a las leyes de los pelos”, replicó la vicepresidenta y lamentó: “Esto no ayuda, complica a un país, lo torna poco serio, lo torna ridículo”.
En suma, se defendió: “Yo vivo en Estado de Sitio permanente“, y sostuvo que sus garantías constitucionales “están todas suspendidas desde diciembre de 2015”.
Y volvió sobre su acusación: “Acá estamos como ex presidenta y actual vicepresidenta respondiendo por cosas que pasaban en Santa Cruz, toda una fábula para traerme de los pelos a mí a este juicio”.
En esta etapa de su exposición hizo referencia al ataque que sufrió el 1 de septiembre en manos de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte y contó: “Hasta ese día pensé que sólo querían estigmatizarme”.
Añadió: “Ustedes señores jueces me acusan de ser jefa de una asociación ilícita, estoy acusada por cinco asociaciones ilícitas, llegaron a decir que firmé el Pacto con Irán para encubrir a los responsables del atentado de la AMIA. Pienso a los pibes y a las pibas judíos que escuchan eso, ustedes armando esto en Comodoro Py”.
Nadie puede pensar que esa banda pensó, ideó lo que me hicieron“.
Hasta aquel jueves “creí que era esto estigmatizarme, engañarme, calumniarme, pero descubrí algo más porque desde el ámbito judicial se dio licencia para que cualquiera haga lo que quiera hacer”.
Sobre los responsables del atentado del 1 de septiembre lanzó: “Nadie puede pensar que esa banda pensó, ideó lo que me hicieron, pero bueno”. “Cuando Luciani finalizó su alegato mostraron en pantalla partida la puerta de la casa, la única que se conoce que es la mía, ahí mismo donde quisieron pegarme un tiro”, agregó.
Cristina remarcó que los abogados del líder de la banda de los Copitos “eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta cerca mío. Defienden a quien me quiso matar”, y expresó: “Me siento indefendida”.
Luego de referirse por primera vez a la banda de los copitos, Cristina cerró su alegato defensivo y la audiencia pasó a cuarto intermedio.
En el arranque del alegato de la defensa de la vicepresidenta, su abogado denunció una “mala praxis” por parte de la Fiscalía y comparó la causa con una que en su momento le hicieron a Perón.
En el arranque de los alegatos de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, su abogado, el doctor Carlos Beraldi, aseguró este lunes que a lo largo de las audiencias del juicio por la causa Vialidad “quedó demostrado que lo que se decía, respecto a las acusaciones, era falso. Lo sucedido en el juicio destruyó las acusaciones”.
Para el letrado se trata de una acusación “falsa y sin fundamentos” la que se hizo por parte de la Fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, quienes el pasado 22 de agosto pidieron 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para la presidenta del Senado, señalada como la “jefa” de una asociación ilícita que se dedicó a favorecer con contratos millonarios en obra pública al empresario Lázaro Báez entre los años 2003-2015.
“En esa tarea que fue muy ardua, empezó hace seis años, no bajamos los brazos en ningún momento”, aun “cuando tuvimos que soportar y no consentir distintas arbitrariedades insólitas que no tienen antecedentes en nuestro país, ni creo que en el mundo”, subrayó Beraldi.
En esa línea, insistió que “la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio” porque “quedó demostrado” que la acusación “carecía de verosimilitud”.
En su alegato final, que continuará esta semana, el abogado planteó ante el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, que “después de casi tres años de audiencia se recogieron múltiples evidencias y quedó demostrado que lo que se decía allá por 2006, e incluso de mucho antes, carecía de verosimilitud”.
“Pese a ello escuchamos durante nueve jornadas que se repitieron las mismas acusaciones de 2017 y 2018 como si no hubiera pasado nada en el juicio”, cuestionó, y recordó que en el pasado, cuando ya se había denunciado este tema, “los jueces consideraron que no existía delito”. “Se formularon y sustanciaron las mismas acusaciones que se venían mencionando desde 2008 y luego desde 2016. Como si el juicio no hubiese existido”, añadió.
En crítica al TOF2, el defensor de CFK sostuvo: “Queríamos buscar la verdad y pedimos medidas de prueba para los extremos fácticos de la acusación. Queríamos ver si las 51 obras exhibían irregularidades, pedimos que se periten todas. Se rechazó, seguramente con una diferencia de criterio con lo propuesto, se rechazaron la mayoría de las medidas de prueba, se rechazaron las excepciones como las cosas ya juzgadas en Santa Cruz”.
Sobre uno de los argumentos de la Fiscalía referido a que durante esos años los presupuestos fueron manejados discrecionalmente y el Congreso no pudo tener control, el otro abogado de la defensa de la vicepresidenta, Ary Llernovoy, habló sobre la “imposibilidad de que la Ley de Presupuesto sea un vehículo para el delito”.
Al apuntar que la Fiscalía “incurrió en mala praxis”, Beraldi enfatizó: “La Fiscalía no buscó nunca la verdad, porque no solicitó ninguna medida de prueba dirigida a demostrar que hubiese habido algún tipo de presión, coacción o amedrentamiento desde la Presidencia de la Nación. ¿Por qué sino de dónde sale que la intervención era marginal? ¿Qué eran, tontos los legisladores? ¿Por qué iban a levantar la mano?”. Y sumó que no se pidió ninguna medida de prueba para ver cómo se devengaron los gastos autorizados por el Congreso.
En otro tramo de su exposición, el letrado recordó que en 1956 a Juan Domingo Perón también se lo acuso de traición a la Patria y asociación ilícita. “En este proceso, jueces, está bien, de una época de facto, pero jueces al fin, hicieron una acusación igual”, expresó y al leer fragmentos, lanzó: “Parece que estuviésemos escuchando a la Fiscalía de hoy”.
“Estas épocas fueron vergonzosas y no pueden volverse a repetir, cuando los jueces permiten ser utilizados por finalidades subalternas. Eso es lo que no puede pasar nunca más. Y es lo que yo espero, lo que nosotros esperamos y lo que miles de millones esperan que pase en este juicio: que se defina conforma a la ley“, aseveró.
Legisladores de distintos bloques cuestionaron la exposición de este martes de la vicepresidenta, al tiempo que advirtieron que confesó corrupción de funcionarios durante su gobierno.
Legisladores de la oposición reaccionaron a través de las redes sobre la exposición que la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó este martes, desde su despacho del Senado, luego que la Fiscalía pidiera ante el TOF 2 una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio por la obra pública.
El jefe de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, publicó que “experta en revolear ministros de Alberto, Cristina Kirchner revoleó hoy a sus ex funcionarios y a empresarios de la construcción. Pero no pudo explicar ni una palabra del ‘plan limpiar todo’, las pruebas claves que incorporaron Luciani y Mola para demostrar su sociedad con Báez”.
Y más tarde sumó, el cordobés sumó: “Cristina Kirchner preguntó por qué no se investigó de dónde salieron los 9 millones de dólares que López escondió en un convento. PERO en el juicio, López dijo que se los dio el secretario privado de Cristina. La Vicepresidente va a ganar el Oscar a mejor edición de la realidad”.
“Hace una hora que @CFKArgentina está contando que Caputo era proveedor del Estado (ya lo sabíamos) y hablaba con funcionarios para cobrar. Todavía no explicó cómo le habría devuelto el sobreprecio en sus hoteles como lo hizo Báez”, señaló el diputado del Pro Waldo Wolff, quien consideró que “más que una defensa es una confesión”, en alusión a los vínculos que CFK exhibió existían entre el exsecretario de Obras Públicas, José López, con empresarios macristas.
El bonaerense agregó: “Ahora @CFKArgentina termina mirando el linaje de los miembros de la justicia revisando sus antepasados. (Se olvidó de la participación de Alicia Kirchner y Zaffaroni en la dictadura). Costumbre de los peores regímenes”.
Señalada por la vicepresidenta en su descargo, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic escribió: “Qué papelón. Esta es la más clara evidencia de impunidad. ‘La Justicia soy yo’, y arma en su mundo paralelo un ‘juicio’ por TV. Señora, se terminó el show. Y gracias por el reconocimiento”.
También desde la CC, la legisladora Paula Oliveto advirtió que “Cristina está confesando que durante su gobierno hubo una connivencia entre sus funcionarios y los empresarios en el manejo irregular de la obra pública”.
“Lo que no puede explicar es su relación con Lázaro y cómo su secretario privado se transformó de mendigo a millonario con propiedades en NY. Tampoco puede explicar su relación con un tipo que encontraron con 9 millones de dólares. Alguien que había sido su funcionario desde Santa Cruz”, resaltó y agregó: “Estamos viviendo la confesión de Cristina. Se terminó el relato. Está desnuda”.
Para el diputado cívico Maximiliano Ferraro, “por más que quiera no podrá tapar la verdad, las pruebas son contundentes e inapelables. Aunque lo quiera, no habrá pacto de impunidad. Decadente. Fin del juego”. “Cómo dijo el ex compañero De Vido; triste, solitaria y final…”, fue uno de los mensajes del jefe del bloque referenciado en Elisa Carrió, Juan Manuel López.
Y añadió: “El juicio de la obra pública no disciplina a nadie. Tiene que ser un hito en el avance para la integridad de toda la política argentina. Cristina Kirchner busca un pacto de impunidad pero sólo la Justicia nos va a hacer mejores”.
En tanto, la diputada Margarita Stolbizer opinó que “en un stand up bastante aburrido, CFK lleva 40 minutos hablando sin tener defensa frente a la contundente acusación de los fiscales y se dedica a contestar tapas de Clarín y La Nación que deben festejar. Con la bandera de fondo, sigue degradando instituciones”.
“CFK alterada y confundida. Armó el show para su defensa que ni empezó. Será que no tiene defensa. Pero se puso el traje de fiscal y lleva hora y media haciendo acusaciones. Pero no en tribunales sino refugiada en sus atributos del Senado de la Nación”, lanzó la presidenta del bloque Encuentro Federal, dentro de Juntos por el Cambio.
La bonaerense, denunciante contra la expresidenta en las causas Hotesur y Los Sauces, continuó: “Y claro CFK como no vas a hacer 20 veces lo mismo? Si te ha ido tan bien: una fortuna incalculable que no podrán gastar varias generaciones de herederos, $4 millones por mes y la impunidad total. Pero sin poder andar por la calle ni llevar los nietos a la plaza. Ahí está la condena”.
“Nada, nada, nada. CFK no contestó ni rebatió ninguna de las acusaciones y pruebas presentadas por los fiscales Mola y Luciani. Hubo defraudación al Estado y entre todos los imputados conformaban una asociación ilícita para cometer delitos, que cometieron y se enriquecieron”, tuiteó finalmente Stolbizer.
Desde la Cámara alta, el senador radical Martín Lousteau se quejó de la suspensión de la agenda parlamentaria. “El show de CFK no permite que se reúnan las cinco comisiones del Senado establecidas para hoy. La única agenda que le importa a la vicepresidenta es la suya. Esto es una muestra más del sometimiento del Senado a los intereses personales de Cristina”, cuestionó.
Por su parte, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, reflexionó que “se pelean por ver quien es más chorro. Espectáculo nefasto típico del político argento. Todo esto se canaliza bajo las ideas del Estado presente y la farsa del Estado eficiente. Los prebendarios no pueden comprar favores que los políticos chorros no tienen para vender”.
Del otro lado de la vereda, el diputado del PTS-FIT Nicolás Del Caño advirtió que “CFK responde a la persecución política mostrando vínculos de José López, secretario de Obras Públicas de su gobierno, con empresarios macristas como Nicky Caputo. Están en el mismo lodo, todos manoseados”. “Juicios por jurado y elección de jueces y fiscales para investigar la corrupción de los gobiernos”, reclamó.
Desde su despacho del Senado, la vicepresidenta habló de un “guión de ficción” al referirse a las acusaciones de los fiscales en el juicio por la obra pública. Denunció corrupción de empresarios macristas y los asoció con José López.
Por casi dos horas, desde su despacho del Senado, la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó su descargo sobre las acusaciones que se le imputan en el juicio por la obra pública, y tras el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para que sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “Absolutamente nada de lo que dijeron fue probado”, afirmó sobre las pruebas.
Pasadas las 11 de este martes, la exmandataria cargó duro contra la justicia, los medios y empresarios ligados al expresidente Mauricio Macri. Incluso, dedicó un largo tramo de su exposición para exhibir el vínculo que mantenían con José López, exsecretario de Obras Públicas durante su gestión.
En el arranque de su extensa exposición, transmitida por su canal de YouTube, la titular del Senado señaló que los fiscales pudieron “leer su guión durante nueve jornadas”, mientras que a ella se le negó ampliar su declaración indagatoria ante nuevos elementos introducidos en la causa. “Me hubiera gustado poder hablar frente al Tribunal”.
Sobre las denuncias por sobreprecios en la obra pública de Santa Cruz, recordó que se iniciaron en 2008 por la exdiputada Elisa Carrió y en 2011 el juez federal Julián Ercolini se declaró incompetente. Cuando la causa va a la provincia, “la jueza federal de Río Gallegos” a partir de una denuncia de Mariana Zuvic -actual diputada nacional- “pide informes a Vialidad” sobre “49 obras de las 51 obras que hoy conforman el juicio de Vialidad”.
Posteriormente, el 18 de junio de 2015 se dicta el sobreseimiento a Lázaro Báez y al exgoberandor santacruceño Daniel Peralta, mencionó la vicepresidenta al mostrar una nota de La Nación. Pero “cuando llega el nuevo gobierno, cuando (Javier) Iguacel fue designado interventor de Vialidad, la primera resolución que hace es ordenar una auditoría en un solo distrito de todo el territorio, el distrito 23 de la provincia de Santa Cruz”.
“La denuncia se presenta ante el juez Ercolini, con el fiscal (Eduardo) Pollicita también”, el mismo que en 2011 “se había declarado incompetente y había remitido todas las denuncias a Santa Cruz. Ahora se declara competente, pero con una novedad, incluyen el tema de asociación ilícita”, apuntó.
En ese tramo, antes de seguir, CFK lanzó: “No soy actriz ni tengo tanta experiencia en un set de televisión como otros dirigentes políticos, así que perdónenme si no miro la luz correctamente”.
La expresidenta consideró que a partir de ese momento “comienza una feroz campaña política y mediática” y “el planteo que se le hacía a la sociedad era: se habían cobrado obras que no estaban, que no se habían hecho, o sea, una estafa monumental”.
Al mostrar notas referidas a los sobreprecios y el estado de las obras, publicadas en 2019, Cristina expresó que “empieza el juicio con esta construcción, con esta ficción que plantaron”. Para la vicepresidenta, durante los primeros cinco días del juicio, los fiscales expusieron “ese tipo de acusaciones que no eran acusaciones, eran una ficción, un guión, y bastante malo por cierto, además de falso”.
“Nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado”, continuó y remarcó que “además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían y lo pudimos ver a partir de los testimonios de los propios testigos que fueron citados por el Ministerio Público Fiscal”. Al leer algunos fragmentos de testigos, dijo: “Todos los testimonios propuestos por los fiscales Mola y Luciani colapsaron”.
También criticó “la cobertura que le daban Clarín y La Nación, las dos naves insignias del lawfare” que “prácticamente no cubrieron nunca el desarrollo del juicio, durante casi tres años ni aparecieron”.
Contra Fabián “Pepín” Rodríguez Simón
“Desde que llegamos al Gobierno comenzaron a aparecer las cosas que había hecho en materia judicial el macrismo”, subrayó la vicepresidenta, que cargó contra “uno de los jefes de la mesa judicial, Fabián Rodríguez Simón, “Pepín”, que sigue prófugo y había sido artífice de la designación de (Horacio) Rosatti y (Carlos) Rosenkranzt por decreto”.
“Fue el que extorsionó a Alejandra Gils Carbó con amenazas sobre sus hijas para que renunciara”, añadió, y mencionó también “el sistema de espionaje que se había montado entre la AFI y algunos sectores judiciales”, al tiempo de que “se descubrió también la Gestapo en la ciudad de La Plata, con el ministro de Trabajo (Marcelo Villegas) de la gobernadora (María Eugenia) Vidal, que quería una Gestapo para los dirigentes sindicales”.
Sobre “Pepín” Rodríguez Simón cuestionó que “es el único dirigente político prófugo y no es un peronista, es de ustedes los macristas. Ninguno de nosotros se profugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos encarcelaron. Nos quedamos acá en Argentina a dar cuenta. Ustedes huyen a la primera citación que tienen”.
“Este señor lleva más de 600 días prófugo”, insistió y lo mostró en una foto junto a la líder de la Coalición Cívica y Zuvic, dos denunciantes de la causa. “El único que usó los fueros del Parlasur para no ser extraditado es el chiquito de acá al lado, el que se junta con las adalides de la lucha contra la corrupción”, disparó.
Empresarios macristas vinculados con José López
Para CFK, cuando los fiscales Luciani y Mola “ven que no tienen ningún tipo de prueba” comienzan “a buscar pruebas en otros juicios”. Así, se refirió a los mensajes que salieron del teléfono de José López, quien “revoleó 9 millones de dólares en un convento en Luján y fue enjuiciado por enriquecimiento ilícito” en un “lamentable y horrible episodio”, manifestó.
Para refutar que ella no tuvo intercambios de mensajes con López, aseguró: “Yo no tengo WhatsApp con nadie. Tengo Telegram con muy contadas personas”.
“No está mal que (los fiscales) hayan introducido esto porque se va a demostrar que además de mentirosos, y ficción, no trabajan y no leen las pruebas que recaban”, criticó. Entonces, pasó a leer mensajes que López sí tuvo con Nicolás “Nicky” Caputo, el “hermano de la vida” de Macri.
En esos chats, se revelan conversaciones relacionadas a la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Y luego mostró un DNU de ampliación presupuestaria del 16 de junio de 2016, que no fue firmado por Macri, en el cual se otorgan 45 mil millones de pesos a esa obra, cuando “había sido licitada con la condicionalidad que tenga financiamiento de las empresas” Odebrecht, IECSA y GELA Construcciones.
“Me llama la atención que ningún fiscal haya visto esto. Este teléfono pasó por muchos fiscales y jueces”, dijo. Y mientras en la pantalla aparecían las conversaciones entre López y Caputo, incluso en Navidad y Año Nuevo, Cristina cuestionó que Luciani no se horrorizó ni escandalizó con esos chats. “¿Cuáles son los criterios de Luciani y Mola?”, se preguntó.
Al apuntar que “Comodoro Py podía haber investigado esto” pero no lo hizo, consideró que en Argentina el lawfare tiene una particularidad: “Acá van un paso más, acá no se trata solamente de estigmatizar, confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas. Van más allá, protegen a los que verdaderamente roban en el país”.
“Porque al fiscal Luciani le parece la más grande tragedia de corrupción 51 obras viales” que eran “8 mil millones, nada que ver con las cifras que dijeron” en vez del “soterramiento del Sarmiento que es cinco veces más, cuando no correspondía que le dieran un solo peso” desde el Gobierno, insistió. “¿Y saben por qué no pasa naranja con la denuncia que hay en Comodoro Py? Porque lo hizo la tonta”, expresó.
Enfática, la vicepresidenta sostuvo que “este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarnos, sino que los va a proteger a ellos, porque los están protegiendo, porque no sabemos dónde están los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada”.
También “se comprueba que Mauricio Macri siguió e hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan”, pero sale sobreseído por, entre otros, el camarista Mariano Llorens, “el arquero del Liverpool, el equipo del mismo que juega en Los Abrojos, con el presidente este tribunal, que es (Rodrigo) Giménez Uriburu, con Luciani, que es el fiscal”.
“El fiscal pide 12 años porque son 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas, el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos”, destacó y tras enumerar medidas que tomó, agregó: “¡Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar! Y les quiero decir, si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”.
Al poner en tela de juicio la idoneidad de los funcionarios judiciales, la presidenta del Senado apuntó que “el papá del presidente del tribunal, oficial de la Marina Giménez Uriburu” fue “director de protocolo de Leopoldo Galtieri y de (Reynaldo) Bignone“.
“Disciplina a la dirigencia política”, “Juicio contra el peronismo” y “Vienen por ustedes”
En el final de su descargo, la vicepresidenta opinó que “esto disciplina a la dirigencia política, para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo”. “Necesitan dirigentes disciplinados, funcionarios y funcionarias que hagan lo que el poder real quiere”, añadió.
“Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares”, afirmó y observó que “dicen que fue una asociación ilícita y yo era la ‘jefa’, desconociendo derecho administrativo, derecho constitucional, todo”, pero “no les importa nada” porque “van por todo”.
En esa línea, concluyó: “Se los dije una vez antes de irme como presidenta, no vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, el endeudamiento. Vienen por eso y vinieron por eso, y por eso estamos todavía pagando las consecuencias”.
Los diputados Myriam Bregman y Nicolás Del Caño hablaron en contra de “la persecución política” y aseguraron que la figura de asociación ilícita es inconstitucional.
Los diputados nacionales del PTS-FIT Myriam Bregman y Nicolás Del Caño se solidarizaron con la vicepresidenta Cristina Kirchner, tras el pedido de pena en su contra en el juicio por la obra pública, al rechazar “la persecución política” y reclamar que las causas por corrupción deben ser juzgadas por jurados populares.
A través de su Twitter, Bregman sostuvo: “Rechazamos la persecución política que incluye un antidemocrático pedido de inhabilitación para @CFKArgentina. Para no ser usadas como medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil, las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgadas por jurados populares”.
“Siempre sostuvimos que la figura de asociación ilícita es ilegítima e inconstitucional, destinada a la persecución política. Lo seguimos sosteniendo y exigimos su derogación”, señaló la porteña.
En tanto, su par Nicolás Del Caño escribió: “Desde el bloque de diputados del PTS-FIT expresamos nuestro rechazo al pedido de inhabilitación para @CFKArgentina y que no le hayan permitido ampliar la indagatoria, elemental derecho de defensa. Juicios por jurado ante acusaciones de corrupción”.
El diputado oficialista defendió a la vicepresidenta, la comparó con Juan Domingo Perón y cuestionó a los miembros del tribunal que la juzgan.
Luego de la audiencia del juicio por la obra pública, y el pedido de pena de la Fiscalía contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) aseguró: “Por Cristina pongo las manos en el fuego, no tengo dudas de su inocencia”.
“Devastar la imagen de la vicepresidenta es un objetivo de muchos años. Juan Domingo Perón era el dirigente más denunciado, con 120 causas; a Cristina le armaron 534 denuncias acusándola de las peores canalladas”, comparó.
Entrevistado en el canal C5N, el oficialista expresó “la persecución mediática genera sentido común de odio en las personas. Los que se movilizaron contra Cristina frente a su casa van por el odio que les han generado en estos años”.
Para el porteño, “es una aberración que el Tribunal no haya permitido efectuar declaraciones a la vicepresidenta”, en alusión al pedido de CFK para ampliar su indagatoria. En ese sentido, citó que “el artículo 380 del Código Penal sostiene que todo imputado podrá hacer declaraciones durante el proceso antes del cierre del debate, que termina el día que se pasa la sentencia”.
En contra de los funcionarios judiciales que juzgan a la exmandataria, Valdés fustigó que “no solo jugaban al fútbol en Los Abrojos con (Mauricio) Macri, sino que se comportaron como acusadores y enemigos de Cristina Fernández de Kirchner en todo momento”.
En el cierre, ante la consulta de una movilización en contra de una eventual proscripción de la vicepresidenta, el legislador aseveró: “Lo hicimos por Perón cuando lo proscribieron 18 años, no tenga dudas que también lo vamos a hacer por Cristina”.
El diputado del Frente de Todos manifestó su apoyo a la vicepresidenta y aseguró que “esto es lawfare malintencionado”.
“No va a suceder una proscripción sobre Cristina Fernández de Kirchner, acá hay una fuerza popular organizada”, advirtió el diputado nacional Eduardo Valdés este lunes, antes que la fiscalía realice el pedido de condena contra la vicepresidenta en el marco del juicio por la obra pública.
En medio del apoyo generalizado que se lanzó desde el oficialismo hacia la titular del Senado, el porteño comparó que Cristina “al igual que Perón, en su momento, son las personas que más denuncias han recibido, pero son denuncias que intentan limar la imagen de la representante política más popular y más querida del país”. “Esta situación no va a terminar como ellos creen”, lanzó en declaraciones a radio AM 530.
En tal sentido, el oficialista insistió con la teoría de que “esto es un lawfare en la cara de la gente, malintencionado, que le toma ocho indagatorias a una persona el día del cumpleaños de su marido fallecido”, en alusión a la ocasión en que Claudio Bonadio la llamó a declarar por ocho presuntos hechos de corrupción el 25 de febrero de 2019.
“Esta situación no va a terminar como el Poder Judicial pretende”, afirmó Valdés y agregó: “No nos vamos a rendir ni nos va a correr (el fiscal Diego) Luciani desde lo mediático. Nosotros tenemos el amor y el clamor popular del pueblo argentino”.
Antes de que se escuche el pedido de condena de la fiscalía, la vicepresidenta aseguró que en las acusaciones se “montaron cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
Antes que los fiscales del juicio por la obra pública, denominada “Vialidad”, realicen el pedido de condena contra los acusados, Cristina Kirchner reveló que pidió a través de su defensa volver a declarar ante el Tribunal Oral Federal N°2.
Cuando llevaba más de una hora de comenzada la octava audiencia, la vicepresidenta tuiteó este lunes: “Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
Y agregó que por ese motivo instruyó a su abogado, Carlos Beraldi, “para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”.
En la previa de la nueva audiencia, varias voces del oficialismo salieron a “bancar” a la vicepresidenta, apuntando contra un sector de la Justicia y los medios. Incluso, los bloques del Frente de Todos en ambas cámaras emitieron sendos comunicados.
En esta causa, Cristina Kirchner está acusada como “jefa” de una asociación ilícita dedicada a beneficiar con contratos millonarios -por 46 mil millones de pesos- al empresario Lázaro Báez, a través de la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos K. Entre los imputados también se encuentran Báez; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y el exsecretario de Obras Públicas, José López, entre otros.
Durante el arranque de los alegatos, la vicepresidenta denunció una presunta vinculación del fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu con el expresidente Mauricio Macri, a partir de imágenes de ambos jugando al fútbol en la quinta Los Abrajos. La defensa de CFK recusó a ambos funcionarios judiciales, pero sus planteos fueron rechazados.
La tropa que comanda José Mayans en la Cámara alta repudió la “persecución política, judicial y mediática” contra la vicepresidenta, en la antesala de la acusación de los fiscales en el juicio por la obra pública.
En la previa del comienzo de la octava audiencia del juicio por la obra pública, donde los fiscales pedirán una dura condena contra Cristina Kirchner, el bloque de senadores del interbloque Frente de Todos repudió una “persecución política, judicial y mediática” contra la vicepresidenta.
Al igual que lo hizo la bancada de diputados, la tropa que comanda José Mayans en la Cámara alta emitió un comunicado este lunes, mediante el cual rechazan “cualquier intento de persecución política contra la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández Kirchner, para lo cual se presta una parte de la justicia, en complicidad con los grandes grupos mediáticos, con el fin de desprestigiar, dañar la imagen y sacar de circulación a distintos referentes nacionales y populares”.
“Nuestro interbloque se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa, con jueces y fiscales que lejos parecen estar de la imparcialidad que demanda el ejercicio del derecho”, sostuvieron los legisladores en el texto.
En esa línea, enfatizaron que “desde hace años asistimos a una guerra no declarada por parte de un sector de la justicia y de una parte de la prensa que responden, de forma cada vez más clara, a intereses políticos partidarios y de los grandes centros de poder”. “Esa estrategia se aplicó en distintos casos ocurridos en el país y también se replicó a nivel regional”, agregaron en comparación con la situación de otros líderes latinoamericanos.
Y continuaron: “De esa manera, buscan eliminar todo tipo de adversario político y, a su vez, ejercer un control social, a través de imponer el miedo y el castigo a quienes intenten representar intereses distintos a los que el poder real ostenta”.
“Desde este interbloque, repudiamos la utilización de la justicia para realizar acciones deleznables como las referidas, con las que buscan condicionar, ilegitimar y anular desde punto de vista político y social a una líder popular como es la dos veces presidenta de la Nación y ahora vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, expresaron.
En el comunicado, el interbloque señaló que “este tipo de maniobras vulneran la vigencia de los derechos humanos, el republicanismo y el buen ejercicio de la justicia, además de estar profundamente reñidas con lo que debe ser la práctica política”.
“Llamamos a los argentinos y a las argentinas a reflexionar y prestar especial atención a lo que está ocurriendo a nivel judicial para evitar que se concreten acciones vergonzosas como las señaladas. El país necesita de una Justicia que respete los derechos humanos y garantice un servicio de justicia imparcial”, concluyeron.
“Mejor si prueban que no robó”, retrucó el legislador mendocino ante la solidaridad expresada por la bancada que encabeza Germán Martínez.
Inmediatamente después de conocerse el pronunciamiento de los diputados del Frente de Todos criticando el juicio contra Cristina Kirchner, cuyo alegato final se escuchará este lunes, pedido de condena incluido, el diputado del Pro mendocino Omar De Marchi les salió al cruce.
“Estimados, mejor si prueban que no robó. Punto. Sería más fácil y esclarecedor”, remarcó el vicepresidente primero de la Cámara baja.
Agregó De Marchi que “redactando comunicados que no dicen nada, no le ayudan a Cristina Kirchner, sino que refuerzan la idea de que el alegato del fiscal (Diego) Luciani contiene la verdad”.
Y cerró sentenciando que “el único camino es la Justicia”.
En la octava audiencia de alegatos en el juicio por la obra pública en Santa Cruz, los fiscales ahondaron en sus pruebas contra los 13 imputados, entre los que se encuentra la vicepresidenta.
En la octava audiencia de alegatos en el juicio oral y público por la causa “Vialidad”, sobre presunta corrupción en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos K, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ahondaron en sus pruebas para la acusación de los 13 imputados, entre los que se encuentra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Luciani exhibió nuevos mensajes que salieron desde el celular del exsecretario de Obras Públicas, José López, que muestran que habría existido un plan para “limpiar todo” antes del recambio presidencial de 2015.
Para el fiscal, los mensajes muestran la “corrupción continuada y el beneficio inadmisible” que hubo para con el empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, una empresa que “después de diciembre de 2015 se transformó en fantasma”, apuntó Luciani.
“Tal fue así que cuando culminó el mandato de la presidenta Cristina Fernández, la empresa desapareció. Sí señores jueces, desapareció. Se esfumó. Y esto fue así porque sólo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta”, lanzó el funcionario judicial, que agregó: “El Grupo Austral nació y vivió durante los tres mandatos presidenciales” en referencia a las gestiones de Néstor Kirchner y CFK.
En la audiencia, Luciani consideró que “después de ver estos mensajes, sobran las palabras. Austral Construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado. No fue un emprendimiento comercial, no fue una inversión para obtener ganancias y soportar pérdidas; su creación fue un eslabón para obtener fondos del Estado mediante licitaciones”.
También en un repaso por el patrimonio de Báez, el fiscal sostuvo que el empresario se convirtió en “uno de los más grandes terratenientes del país”. “Ahí está la plata que no pusieron en las rutas, sino en los bolsillos de quienes encabezaron la corrupción más grande en la historia de este país”, aseveró.
Por su parte, Mola salió al cruce de los argumentos de “lawfare” que denuncian los acusados, principalmente la vicepresidenta. “Se debe desestimar la existencia del lawfare como sostuvieron en sus indagatorias muchos de los imputados, refiriéndose a un móvil político”, expresó.
En esa línea, señaló que “el lawfare no existe, este vocablo tuvo buen marketing con el fin de desacreditar las investigaciones penales”. “No queremos desconocer que hay casos de verdaderas persecuciones políticas como la última dictadura militar”, aclaró.
Pero el fiscal opinó que “es usual que cuando las personas no pueden revertir la prueba se empleen estos términos y autoproclamado perseguidos”. “Negar que el proceso transita el carril legal es más bien una herramienta para amedrentar o perseguir a los magistrados para cumplir con su deber de hacer cumplir la justicia”, añadió.
En una nueva jornada de alegatos en el juicio por la causa “Vialidad”, el fiscal afirmó que durante el kirchnerismo los legisladores “no tuvieron la posibilidad de controlar”.
En una nueva audiencia de alegatos en el juicio oral y público por la causa “Vialidad”, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el fiscal Diego Luciani apuntó que durante los años de gobiernos kirchneristas el Congreso de la Nación sufrió un “apagón informativo” respecto a las partidas destinadas a obra pública y a los legisladores “lisa y llanamente les mintieron”.
“Desde el Poder Ejecutivo se subestimaron los presupuestos, se manejaron a discreción los excedentes y los legisladores nunca tuvieron la posibilidad de controlar para saber lo que estaba pasando realmente con la obra vial de Santa Cruz”, sostuvo el funcionario judicial, que la semana pasada fue recusado por la titular del Senado.
Ante el TOF 2, el fiscal indicó que “entre los años 2004 y 2015 el Congreso Nacional padeció de una suerte de apagón informativo en la cuestión presupuestaria en lo tocante al destino de los cuantiosos recursos públicos invertidos en Santa Cruz para hacer frente a las obras públicas adjudicadas al grupo Báez”.
“Entiende este Ministerio Público Fiscal que las posibilidades reales de control de acuerdo con la información que el Poder Ejecutivo informó al Congreso, fue nulo”, agregó e insistió que “a través de esta extrema discrecionalidad hizo que fuera imposible ejercer un control real de la obra pública. Lisa y llanamente, les mintieron a los legisladores”.
Además, cruzó la versión otorgada por CFK: “Contrariamente a lo esgrimido por la imputada Fernández, en los hechos, el diseño de las políticas de inversiones en materia vial fue dirigido por el Poder Ejecutivo Nacional”.
Para Luciani, basta con “revisar cada una de las decisiones administrativas” dictadas por los exjefes de Gabinete, entre ellos Alberto Fernández, para ver que “a instancias del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, se incrementó el presupuesto aprobado a favor de la Dirección Nacional de Vialidad”.
Por su parte, el fiscal Sergio Mola coincidió en que “hubo un precario funcionamiento de los organismos de control, situación mantenida por la propia administración en el plano del plan criminal”.
“Hubo un ejercicio abusivo de poder, con desplazamiento de cargos y degradación administrativa. Es una mentira decir que se controlaba algo teniendo en cuenta lo que se controlaba. Nimiedades. No se inmutaron por lo que pasaba en las obras por montos millonarios”, remarcó Mola en referencia al rol de la UIF y la SIGEN. Sin embargo, ponderó la actuación de la AGN, que “dio las alertas necesarias”.
En esta causa, la vicepresidenta está acusada de ser “jefa” de una asociación ilícita por la cual habría defraudado al Estado beneficiando al empresario Lázaro Báez con contratos por 46 mil millones de pesos. Entre los acusados también se encuentran el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su exnúmero 2, José López.
El Tribunal Oral Federal N° 2 se expidió este viernes por la noche sobre las objeciones planteadas por las defensas contra dos de los jueces y los dos fiscales.
Finalmente fue más rápido de lo que podía esperarse. El propio Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 en cuyo marco se desarrolla el juicio por la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz durante los tres gobiernos de los Kirchner se expidió de manera negativa respecto de las recusaciones planteadas por las defensas contra los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Los principales cuestionamientos estaban dirigidos al fiscal Luciani y al juez Giménez Uriburu, presidente del tribunal, a quienes se acusaba de haber participado de partidos de fútbol en la quinta Los Abrojos que tiene la familia Macri en la localidad de Malvinas Argentinas.
Las últimas recusaciones fueron dirigidas contra el juez Gorini por haber visitado la Casa Rosada durante la gestión de Mauricio Macri para reunirse con la entonces ministra Patricia Bullrich.
En esa oportunidad, Gorini dijo que había pedido una reunión por participar de la causa por la tragedia de Once en la que ordenaría detenciones contra exfuncionarios, y su deseo era evitar que sucediera como con Amado Boudou, en cuya detención se difundieron fotos del exvicepresidente en pijama. La segunda reunión fue atribuida a un tema de seguridad personal.
Las otras recusaciones fueron rechazadas por el juez Giménez Uriburu y los fiscales Luciani y Sergio Mola.
Al rechazar los planteos se argumentó la extemporaneidad de los mismos, como así también que no hubiera sido probada un grado de amistad que justificara un apartamiento. En el texto del rechazo se expresa que, en efecto, Luciani y Giménez Uriburu jugaban al fútbol en el equipo Liverpool y la relación que los une fue expuesta por ambos, rpecisando los límites del vínculo. Y aclara el texto que la supuesta “íntima amistad” por la que las defensas pidieron su recusación “no es más que un relato construido sobre la base de imágenes de las que difícilmente pueda colegirse esa conclusión”.
El abogado Carlos Beraldi presentó el planteo contra Jorge Gorini, a quien apuntó por haber mantenido reuniones con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Tras la recusación al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner recusó este viernes al presidente del Tribunal Oral Federal N°2, Jorge Gorini, que lleva adelante el juicio oral y público por la causa “Vialidad”.
El abogado Carlos Beraldi aseguró que las acusaciones contra la titular del Senado, a quien se la apunta como “jefa” de una asociación ilícita destinada a favorecer con contratos de obra pública por 46 mil millones de pesos al empresario Lázaro Báez, “no son ciertas”.
El letrado señaló que las recusaciones presentadas contra los tres funcionarios buscan “garantizar que el juicio se desarrolle conforme a las reglas del debido proceso legal”. “No hay otro propósito”, agregó.
“Es falso absolutamente decir que con una recusación uno no quiere contestar los cargos. Ya vamos a demostrar en el alegato que las imputaciones que se están efectuando en esta causa con tanto énfasis, no son ciertas”, sostuvo Beraldi.
El nuevo planteo de la defensa de CFK se origina a raíz de una nueva publicación del diario Página/12 en la cual se reveló que existieron encuentros del juez con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, durante el gobierno anterior, a los que también asistió Giménez Uriburu.
Beraldi amplió la recusación a Giménez Uriburu y Gorini por estas reuniones en el Ministerio de Seguridad y Gorini respondió de inmediato en la audiencia, al sostener que uno de esos encuentros tuvo que ver con la difusión de fotos “en pijama” del exvicepresidente Amado Boudou el día de su detención.
Gorini explicó que tenía a cargo la causa por la Tragedia de Once, en la cual se ordenarían detenciones de exfuncionarios con condena firme y pidió la reunión para garantizar que se evitaran situaciones como ésta.
“Esto no figura en la publicación”, señaló el presidente del TOF 2, quien además informó que el segundo encuentro fue por una cuestión de seguridad personal.
La semana pasada, la vicepresidenta recusó a Luciani y Giménez Uriburu por haber participado de partidos de fútbol que se jugaron en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri, al poner bajo manto de sospecha la imparcialidad de ambos funcionarios judiciales.
Tras los descargos de Luciani y Giménez Uriburu, los pedidos de apartamiento serán resueltos por los otros dos jueces del TOF2, Jorge Gorini y Andrés Basso, y su decisión será apelable ante la Cámara Federal de Casación.
La fiscalía lleva adelante el alegato final en el juicio que se sigue a la vicepresidenta, exfuncionarios nacionales y de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, y a Báez por el supuesto direccionamiento de la obra pública en esa provincia a favor de empresas de este último entre 2003 y 2015.
El Tribunal resolvió que los reclamos de apartamiento de los fiscales y el juez se tramiten de manera paralela al desarrollo de las audiencias de debate.
El juicio está en etapa de alegatos finales y la fiscalía expone su acusación desde hace diez días.
La vicepresidenta publicó en su Twitter una noticia de cuando el expresidente se refirió a un partido de fútbol que jugó en Los Abrojos. “Fútbol para pocos”, ironizó.
En un nuevo mensaje a través de su cuenta de Twitter, la vicepresidenta Cristina Kirchner reforzó su teoría del vínculo entre funcionarios judiciales -dos de ellos que actualmente la juzgan- y el expresidente Mauricio Macri.
Este lunes, la titular del Senado, a través de su defensa, recusó al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, en el marco del juicio que se realiza por la denominada causa “Vialidad” donde figura como la principal acusada, luego de denunciar por redes que ambos forman parte de un equipo de fútbol que ha jugado partidos en la quinta Los Abrojos, de la familia Macri.
Tras pedir ante el TOF 2 que se aparte a ambos funcionarios y que se declare nulo lo actuado hasta el momento, este martes la vicepresidenta publicó un nuevo hilo de tuits donde, con varias ironías, asocia a Luciani, Giménez Uriburu y también el camarista Mariano Llorens con el líder del Pro.
“Fútbol para pocos. Se acuerdan el papelón de Macri, cuando le mostró a Xi Jinping, presidente de China, cómo había hecho un gol en su quinta Los Abrojos?”, recordó la exmandataria.
Y continuó: “A que no sabés a qué equipo le hizo el gol Macri? Siiiii!!! Adivinaste!! A Liverpool! el equipo del Fiscal Luciani, del Pte. del Tribunal Giménez Uriburu y del camarista Llorens, el que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan”.
“Llorens juega de arquero para Liverpool. ¿Habrá atajado ese día? ¿Se habrá dejado hacer el gol? Si era él… seguro que sí”, agregó y remató: “De Liverpool salió una de las bandas más importantes de la historia del rock. Del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri”.
En el comienzo de una nueva jornada del juicio por la obra pública, Diego Luciani aseguró que contestará a los argumentos que piden su apartamiento.
En el arranque de una nueva jornada del juicio oral y público por la causa “Vialidad”, donde Cristina Kirchner es la principal acusada, el fiscal Diego Luciani afirmó que responderá a cada uno de los planteos en su contra, a partir de la recusación que la defensa de la vicepresidenta presentó contra él y uno de los jueces del tribunal que la juzga, Rodrigo Giménez Uriburu.
La acción realizada por Carlos Beraldi fue anticipada este domingo por la noche por la titular del Senado, quien a través de su cuenta de Twitter denunció presuntos vínculos entre los funcionarios judiciales y el expresidente Mauricio Macri, al publicar una foto donde ambos estaban jugando un partido de fútbol en la quinta Los Abrojos.
Al iniciarse la audiencia de este lunes, Luciani, quien la semana pasada realizó un duro alegato contra CFK, acusada como “jefa” de una asociación ilícita dedicada a favorecer con contratos de obra pública por 46 mil millones de dólares al empresario Lázaro Báez, aseguró que contestará de manera verbal los argumentos que piden su apartamiento de la causa y nulidad de todo lo actuado hasta ahora.
El fiscal consideró que sus explicaciones le van a “dar máxima transparencia al trabajo que viene realizando este Ministerio Público Fiscal como también a este juicio oral”. “Esperaré para que pueda plantear de manera oral las cuestiones que ha planteado la defensa”, dijo.
“Lo puedo hacer ahora, no tengo ningún inconveniente. Podemos esperar que hagan todas las presentaciones que quieran. Pero luego de todas las presentaciones lo que sí voy a solicitar es contestar cada uno de los planteos de manera oral y en esta audiencia”, agregó.
En tanto, el presidente del TOF 2, Jorge Gorini, informó que habían decidido darle curso al planteo y que tanto Luciani como Giménez Uriburu tendrán 24 horas para presentar un informe con las respuestas sobre el pedido de recusación.
Lo adelantó este domingo a partir de una publicación periodística que muestra al fiscal Luciani, un juez y un camarista jugando un partido de fútbol en la quinta de Macri.
Luego de una semana de duros alegatos que explican la tipificación que le adjudican como cabeza de una supuesta asociación ilícita, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, contraatacó este domingo por la noche haciéndose eco de una publicación de Página 12.
Fiel a su estilo, la expresidenta lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde publicó el siguiente texto: “Todo hace juego con todo. Hoy, Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Pte. del Tribunal y el Fiscal de la causa ‘Obra Pública’ jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el “mismo equipo” pero ese día faltó al partido”.
“Y si no te alcanza… segundo testimonio fotográfico: en el ‘mismo equipo’ juega Roby Martínez, cuñado del candidato presidencial de Cambiemos para el 2023, Horacio Rodríguez Larreta. Pensar que me armaron una causa porque decían que un día lo habían visto al juez Cassanello en Olivos”, agrega Cristina Kirchner.
Acompañando sus textos con fotos, CFK continúa señalando: “¿Querés conocer más jugadores? También está Jaime Méndez, intendente de Cambiemos en San Miguel, que casualmente ayer estuvo con Macri en recorrida política por la localidad”.
La vicepresidenta concluye anunciando haber instruido a su abogado para que este lunes a primera hora “recuse a los jugadores de fútbol”. Y resume con el siguiente juicio de valor: “El Poder Judicial argentino apesta”.
Desde todos los sectores del Frente de Todos se pronunciaron de manera dura contra la Justicia en el día del inicio del alegato del fiscal ante el TOF N°2.
Se tomaron su tiempo. Si bien el alegato del fiscal Diego Luciani comenzó bien temprano, recién por la noche el oficialismo en su conjunto salió a criticar a la Justicia, respaldando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, imputada en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.
Los legisladores del oficialismo se manifestaron en las redes sociales, como el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, quien sostuvo que “la causa Vialidad contra Cristina Kirchner “es una verdadera aberración jurídica. Si la Justicia actúa conforme a derecho, estas acusaciones tienen que terminar en la nada. Estamos ante otro claro intento de persecución y lawfare”.
Itai Hagman sostuvo que “quieren acelerar la maquinaria de la persecución a Cristina Kircher y, junto a ella, a toda opción popular que intente construir una política soberana en Argentina. No van a poder doblegar al pueblo #TodosConCristina”.
La legisladora porteña Lucía Cámpora consideró que “la persiguen porque es pueblo y por eso mismo no podrán con ella. Ni el Partido Judicial ni los medios hegemónicos”.
El diputado nacional Carlos Heller tuiteó: “Nos encontramos en medio de una nueva ofensiva del Partido Judicial que, lejos de buscar la justicia y la verdad, intenta proscribir nada más y nada menos que a la vicepresidenta de la Nación”. Y agregó: “Quieren un sistema político donde el gran poder económico, mediático y judicial reine en términos absolutos sin el contrapeso de la representación de los intereses populares”.
“Por eso quieren proscribir a Cristina: para que el pueblo se quede más indefenso ante esos sectores concentrados. Democracia o corporaciones #TodosConCristina”, cerró Heller.
Por su lado, el diputado Daniel Arroyo sentenció que “nuestro país necesita una Justicia independiente, transparente, ágil y cercana a la gente. Cristina Kirchner es víctima de todo lo contrario. Nuestro sistema democrático requiere dejar atrás la constante judicialización de la política. #TodosConCristina”.
Otro que se pronunció fue Hugo Yasky, quien señaló que “el poder económico, mediático y judicial la persigue porque es la única que se plantó para defender a nuestro pueblo. A Cristina Kirchner la vamos a defender en la calle o donde sea. No pasarán!”.
Legisladores de Juntos por el Cambio se refirieron en sus redes a la exposición de Diego Luciani. Varios mensajes desde la Coalición Cívica.
Legisladores de Juntos por el Cambio destacaron este lunes el alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio que se realiza contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa sobre corrupción en la obra pública otorgada al empresario Lázaro Báez.
En Twitter, el jefe del bloque UCR, Mario Negri, escribió al respecto: “Hechos y pruebas. Cristina Kirchner, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, lideró una asociación ilícita que benefició a Lázaro Báez y parasitó a la provincia de Santa Cruz con la anuencia de funcionarios del Gobierno nacional. La corrupción sale a la luz. Será Justicia”.
En tanto, el diputado del Pro Waldo Wolff citó lo dicho por Luciani: “Los expedientes hablan. No solamente hablan, gritan”. “Revisaron cada hoja de las 51 licitaciones que el gobierno K le entregó a Lázaro Báez. Era una maquinaria puesta al servicio del robo. Es hora de ‘gritar’ justicia”, expresó.
También desde la bancada macrista, la legisladora María Eugenia Vidal manifestó que “la historia no absuelve a nadie, la que absuelve es la justicia. En una Argentina que se desangra, es reparador ver que llegó el juicio y que hay personas en el Poder Judicial dispuestas a hacer su trabajo sin importar quién esté en el banquillo”.
Entre los mensajes se destacaron muchos desde la Coalición Cívica, cuya jefa, la exdiputada Elisa Carrió, agradeció “a todo el equipo de @ccari_ok, en especial a su jefa de investigación @pau_oliveto porque investigaron desde el año 2004 y concretamos la denuncia en el año 2008. La perseverancia es invencible”.
“En Comodoro Py está llegando a su fin la causa más importante de corrupción de la historia de nuestro país. 14 años después esperamos que los jueces condenen a Cristina Kirchner, De Vido, Báez y todos los encausados, para que definitivamente haya justicia”, fue el tuit de Juan Manuel López, jefe de la CC-ARI en la Cámara de Diputados.
Por su parte, la diputada cívica Mariana Zuvic destacó que “por fin llegó el día. Tantos años de lucha, persecución y hostigamiento. Demandas por denunciar esta Asociación ilícita. Escuchar a Luciani es conmovedor y reparador para quienes sufrieron junto a nosotros tanta injusticia. Es la causa que atravesó nuestras vidas. Será justicia!”.
“Desde el 2004 con @elisacarrio describíamos la matriz de corrupción K. En el 2008, con ellos en el poder, la denunciamos. Muy pocos acompañaron porque eran muy poderosos. La historia ya los juzgó. Orgullosa de mi partido la @ccari_ok y de @elisacarrio que gritaba verdades a un país que no podía escuchar”, celebró la diputada de la CC Paula Oliveto, que además expresó su “reconocimiento a Laura Alonso, Javier Iguacel, Mariano Federici y María Eugenia Talerico”, exfuncionarios de Cambiemos.
El presidente de la CC y diputado nacional Maximiliano Ferraro dijo que “el alegato fiscal es contundente y corrobora la asociación ilícita y latrocinio kirchnerista que con nombre y apellido denunció @elisacarrio y la Coalición Cívica en 2008”.
“La verdad y las pruebas a la vista, ahora necesitamos condena. Mi reconocimiento a @pau_oliveto, @MarianaZuvic, a todos los que se animaron a firmar la denuncia y a los contribuyeron con horas de trabajo e investigación”, añadió.
Otro de los mensajes fue de la diputada de Avanza Libertad Carolina Píparo, quien sostuvo que “la corrupción causó este devastador presente y nos sigue robando el futuro. La corrupción mata! Hoy tenemos la firme esperanza de que haya condena para quienes se creyeron impunes por siempre. Mi admiración al fiscal Luciani por su labor y coraje. Otra Argentina es posible”.
El arranque del alegato del fiscal interviniente fue durísimo contra los acusados. Para Diego Luciani ambos jefes de Estado “instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias”.
Se esperaba que el alegato final del fiscal Diego Luciani que arrancó este lunes fuera duro y contundente. Pero así y todo, no dejó de ser impactante que el letrado pusiera en palabras las acusaciones que acumuló durante el juicio oral y público que se desarrolla por los supuestos delitos cometidos con la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
Durante esos tres gobiernos del matrimonio Kirchner se habría desarrollado, según expresó el fiscal, “una asociación ilícita” en cuyo extremo superior se ubicaron como jefes los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
El inicio del alegato final de Luciani -que se extenderá durante nueve jornadas- comenzó pasadas las 8.30 de este lunes, a través de Zoom, en el marco del juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N°2.
Allí el fiscal aseguró que tenía “acreditado” que “entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”, en cuya “cúspide” estuvieron “quienes se desempeñaron como jefes de Estado e integrada por distintos funcionarios públicos”.
Aseguró Luciani que “al asumir Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país”.
Habló de la ausencia “absoluta” de controles y en su crítica incluyó a la actual conducción de la UIF, que luego de haber impulsado la querella durante la gestión anterior, en su alegato final pidió absolver a todos los acusados por falta de pruebas: “No podemos menos que catalogar su trabajo como temerario, poco serio y hasta irresponsable”, disparó.
Figuran como acusados, además de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, como dueño de Austral Construcciones; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obra Pública José López; y exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
El Tribunal oral está integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
El organismo antilavado, que era querellante, aseguró que “sería irresponsable avanzar en una acusación”. La vicepresidenta participó de la audiencia de manera virtual.
En el comienzo de los alegatos en el juicio de la denominada causa “Vialidad”, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución de la vicepresidenta Cristina Kirchner -y otros acusados-, por considerar que no hay elementos suficientes y criticó los peritajes realizados por el tribunal.
El abogado del organismo antilavado, Leandro Ventura, sostuvo: “Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios. Sería irresponsable avanzar en una acusación”.
“El estudio profundizó las dudas y debilitó las pocas certezas que teníamos, dejando huérfana la acusación”, aseguró el letrado durante la audiencia que la vicepresidenta presenció de manera virtual desde su despacho en el Senado.
Ventura cuestionó que en el peritaje oficial sobre las obras viales de Santa Cruz “realizaron un cálculo inentendible”. “Observamos errores graves”, sumó y afirmó que “se llegaron a resultados inconsistentes”.
“No contamos con conclusiones lógicas que permitan una fundamentación válida sobre si hubo o no perjuicio para el Estado”, dijo el abogado de la UIF e insistió que “si no puede corroborarse la existencia del fraude, la figura de la asociación ilícita no podría configurarse”.
En esta causa, la vicepresidenta está acusada de ser “jefa” de una asociación ilícita por la cual habría defraudado al Estado beneficiando al empresario Lázaro Báez con contratos por 46 mil millones de pesos. Entre los acusados también se encuentran el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su exnúmero 2, José López.
Reacciones desde la oposición
El presidente de la Cámara de Diputados declaró como testigo en el marco del juicio que se lleva a cabo contra la vicepresidenta por direccionamiento de la obra pública.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, declaró este lunes como testigo en el marco del juicio oral y público que se lleva a cabo por presunto direccionamiento en la obra pública durante los gobiernos K y que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En una línea similar a lo dicho por el presidente Alberto Fernández la semana pasada, el tigrense negó haber recibido instrucciones por parte de la exmandataria para favorecer al empresario santacruceño Lázaro Báez, mientras fue jefe de Gabinete entre julio de 2008 a julio de 2009.
Massa declaró vía Zoom ante el Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
Consultado por el abogado de CFK, Carlos Beraldi, sobre si alguna vez recibió órdenes para que se favorezca a alguna provincia con el desarrollo de obras públicas, el presidente de Diputados respondió: “No, no sólo que no recibí, también quiero aclarar que todo finalmente va al Congreso”, en alusión a las leyes de Presupuesto.
También interrogado por la defensa de Lázaro Báez sobre si en alguna oportunidad algún miembro del Poder Ejecutivo solicitó que no se apliquen controles sobre Santa Cruz o sobre los fondos destinados, Massa contestó: “No me consta que nadie haya pedido ninguna de esas situaciones. Los pedidos a la Secretaría de Hacienda o al área presupuestaria se hacen por escrito, porque implican realizar modificaciones en el plan de metas”.
Y negó haber recibido instrucciones para ampliar partidas presupuestarias destinadas a beneficiar empresas de Báez. “Si hubiese recibido esa instrucción, lo hubiese denunciado”, sostuvo.
En audiencias anteriores ya declararon también, en su calidad de exjefes de Gabinete y solicitados por la defensa de CFK, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Alberto Fernández.
En la causa, conocida también como “Vialidad”, la vicepresidenta está acusada de ser “jefa” de una asociación ilícita mediante la que se defraudó al Estado beneficiando al empresario Lázaro Báez con contratos por 46 mil millones de pesos.
Lo hará este lunes como testigo, en razón de haber sido jefe de Gabinete durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.
Este lunes continuará el desfile de los jefes de Gabinete de las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Es así que tras la exposición de la semana pasada de Alberto Fernández, será el turno este lunes de Sergio Massa.
El actual titular de la Cámara de Diputados fue quien sucedió en el cargo al hoy presidente de la Nación, y se presentará a partir de las 9.30 para declarar en calidad de testigo, para responder preguntas relacionadas con la adjudicación de obra pública nacional a la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
La exposición de Sergio Massa ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) será a través de la plataforma Zoom, y su presencia fue solicitada por el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi.
Estarán de manera presencial, en la sala de audiencias de los tribunales de Retiro, los integrantes del TOF2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, en tanto que de manera remota participarán los abogados y el fiscal.
Ya expusieron en el juicio por las presuntas irregularidades en la obra pública en favor de las empresas de Lázaro Báez los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.
