La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada radical Gabriela Lena (Entre Ríos), se reunió este miércoles para avanzar en el debate sobre juicios laborales y registración de empleados y su impacto en el comercio y las PyMEs. Los legisladores del Frente de Todos estuvieron todos ausentes.

Los invitados a la reunión fueron Marcos Kon y Federico Rueda, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca; Laura Velardez, abogada laboral, Walter Calderón, presidente de Nieve Sol S.A. y Rio Sky S.A.; y Salvador Rosetti, de Estudio Rosetti e Hierros Quilmes.

Ninguno de los 15 legisladores del Frente de Todos que integran esta comisión estuvo presente en la reunión, lo cual fue criticado por los diputados opositores. En ese sentido la diputada Mónica Frade alertó que la ausencia de diputados del Frente de Todos dejaba expuesto “lo difícil que va a ser para Juntos por el Cambio discutir legislación laboral, porque no hay nadie del FdT que esté dispuesto a discutir. Dependerá de la fuerza que tengamos en el Congreso a partir de diciembre para que podamos discutir estos temas”.

El primero en intervenir -a través de videollamada- fue Marcos Kon, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca, quien compartió una pantalla y explicó: “Detectamos que la problemática viene de la relación empleador y fisco, y empleador y trabajador”.

En esa línea, amplió: “Del punto de vista del fisco y el empleador, la problemática es la alta carga social de los microempresarios porque la mayor parte del empleo de la Argentina se genera de las micro y medianas empresas”. Así también manifestó que “existe una falta de incentivos para que las empresas contraten personas”.

Resaltó la existencia en su provincia de un artículo que les brinda beneficios fiscales, y sugirió que ese ejemplo se traslade a los demás fiscos. Advirtió que “hay un alto costo al despido sin causa”, y del mismo modo sostuvo que “ante el despido el trabajador inicia el trámite judicial, pero si el empleador no tiene la prueba por el despido, seguramente se transforme en juicio laboral y estos, siempre los ganan los trabajadores, y nunca el empleador”.

De igual manera, el catamarqueño siguió: “Vemos el exceso de incentivo de ser trabajador de la administración pública y son muy contados los casos donde ha habido personas despedidas del sector público”.

En esa línea, desarrolló: “Desde el sector público hay una cantidad menor de trabajo por día y cantidad menor de días de trabajo. Hay mayor sueldo en el sector público que en el sector privado y también, hay mayor cantidad de días de vacaciones (en el público 30 días, y en el privado 14).”

En el final de su intervención, volvió sobre los despidos: “Se analiza la idea de contratar un seguro, pero las pruebas mal aplicadas se transforman en juicios laborales y eso lleva a la quiebra de empresas”. “Las nuevas generaciones tienen poca tolerancia, renuncian y tienen alta conflictividad respecto a juicios laborales”, cerró.

Luego, Federico Rueda, presidente del Consejo de Ciencias Económicas catamarqueño, afirmó: “Queremos mostrar una mirada técnica y le pedimos a ustedes (diputados) que deben hacer el seguimiento de las leyes”.

Siguiendo con esa idea, amplió: “Desde el consejo estamos dispuestos a participar porque sabemos que un juicio laboral lleva a la quiebra a un emprendedor”. Asimismo, explicó: “En la actualidad, un emprendedor le sugiere a otro, no te conviene tomar gente porque te hacen juicio”.

“No es lo mismo el lobby de una gran empresa que de un emprendedor”, anunció, y finalizó: “El Consejo de Ciencias Económicas siempre tendrá un espacio para debatir estas cosas”.

A su turno, la abogada Velárdez explicó: “El tema del juicio laboral es distinguir a las grandes empresas con las mini pymes; no solo en la temática laboral, sino la fiscal”, relató. Además cuestionó el papel de las ART, al señalar que “cuando un empleado fallece, por cuestiones no laborales, la empresa debe pagarle el 50 de los costos”.

En tal sentido, Velardez explicó: “Lo ideal sería que se tome en un fondo todo lo que le corresponde a una empresa con las contribuciones de ART, seguridad social y obra social que actualmente no se pueden pagar”. “Tenemos el IVA, tenemos ingresos brutos y tasas municipales que, al momento de encarar una reforma, debe ser global”, añadió.

Además, lanzó críticas contra leyes actuales: “La ley permite cantidad de multas a una empresa, y esas multas se acumulan mes a mes. El trabajo de esta comisión debe ser coordinar toda la actividad comercial de una empresa y fijar en qué se la puede beneficiar”.

En cuarta instancia, el empresario Walter Calderón fue más duro que los anteriores y aseveró: “Tenemos casas de deporte en zona sur (del Gran Buenos Aires) y afrontamos muchos juicios laborales. Se agravó con certificados psiquiátricos que se consiguen por 5.000 pesos”.

En esa idea, relató una situación vivida en su empresa con una mujer que era encargada y ahora está embarazada y ausente. “Vamos pagándole el séptimo certificado de psiquiatría. Le hicimos una denuncia penal a un psiquiatra”, y agregó: “Esta empleada ya nos sacó siete meses de trabajo sabiendo que los certificados se venden”.

Por otro lado, Calderón expresó: “El empresario si tiene un buen empleado va a estar cómodo, pero estamos en una situación totalmente desfavorable”. “Después hay juicios y la ART no nos cubre el 100 por ciento”, señaló.

Así también, se refirió a la carga tributaria: “Nosotros tenemos problemas graves con las retenciones cuando vendemos a las provincias y eso, genera un gran perjuicio tremendo para las pymes”. “Hay una industria que es como un gas silencioso que no está matando”, cerró.

El quinto y último invitado fue Salvador Rosetti, de Estudio Rosetti e Hierros Quilmes, quien de manera presencial explicó: “Traje conmigo a los clientes, proveedores y amigos y les pregunte en qué nos benefició, pero nadie respondió y cuando pregunte en que te perjudicó, todos respondieron”.

En tal tema, Rosetti exigió: “Debería existir una diferencia con las grandes corporaciones, respecto a las mini pymes porque la pyme es el motor del país y esta ley justamente viene ayudar porque la pyme tiene muchas trabas”.

En el cierre de su exposición, criticó a los beneficiarios de planes sociales ante la falta de mano de obra: “No hay gente para trabajar y aparece la excusa de que tengo un plan y piden no darse de alta para no perder el plan”.

Las consultas de los diputados presentes

El diputado nacional Marcos Carasso (UCR – Córdoba) le consultó a Calderón la cantidad de empleados que tenía antes y ahora, y este le respondió “pasamos de 113 a 57 empleados”. “Se podría buscar una manera de tomar gente dándole a los empresarios, tres meses de no pagar las cargas sociales”, agregó el empresario.

En esa línea, Calderón consideró: “Los despidos no deben ser tan elevados a la hora de pagar indemnizaciones porque hay empelados que buscan permanentemente que los echen y deberíamos buscar una solución” “Si una persona no quiere trabajar le debo pagar el 30 por ciento de la indemnización y le doy trabajo a dos personas”, indicó.

Del mismo modo, la diputada Mónica Frade (CC – ARI- Buenos Aires) expresó: “Si no encontramos una rebaja en el costo laboral, el juicio laboral seguirá siendo un bumerán que se lleva puesta las empresas”. Así también, consideró que “será difícil discutir este tema a partir de diciembre si no tenemos la mayoría. No se ha conseguido eliminar el trabajo en negro porque los responsables de los ministerios y sindicatos no lo controlan”, cerró.

El diputado radical Lisandro Nieri (Mendoza) criticó la ausencia del FDT y amplió: “Presente un proyecto para bajar las cargas, y bajar costos de un 50 por ciento en pymes de hasta 25 empleados”. En esa línea, agregó: “Tratar temas previsionales y no el empleo registrado, es gravísimo”.

Con más fervor, el diputado nacional José Carlos Núñez (Pro – Santa Fe) afirmó que “la informalidad en la Argentina es del 40 por ciento”, y la consideró “terrorífica”.

“El denominador común es que todas las empresas necesitan empleados y del otro lado, en la 9 de julio los beneficiarios de planes diciendo que no hay trabajo”, aseveró. “Si no generamos las condiciones, nadie va a venir a invertir en la Argentina”, finalizó.

Por otro lado, el diputado nacional Juan Carlos Polini (UCR – Chaco) lamentó la ausencia del FdT y agregó al tema: “No podés tomar un empleado porque terminas comprando un problema a largo plazo”. “Cada vez que un empresario toma una pasantía, terminas tomando a tres meses y compras una hermosa hipoteca”, indicó.

Del mismo modo, relató que “hay un problema con los planes sociales”, y explicó: “En el norte hay muchos planes sociales, y hay gomeros y camioneros que laburan en negro. El país no da para más. Hay dos generaciones aisladas económicamente”.

La última legisladora en intervenir, fue Dolores Martínez (Evolución Radical – CABA), quien afirmó: “Estamos buscando que lo que planteamos sea debatible porque tiene varias aristas y complejidades, ya que es un problema real”. Además, criticó al oficialismo: “Del FdT nos dicen que el problema no existe”

“acá están las experiencias, pero es el objetivo que nos planteamos cuando empezamos el debate”. “Nos han cercenado la posibilidad de debatir desde hace dos años y las bancas vacías lo dicen todo”, cerró.

En el final de la reunión, la presidenta de la Comisión de Comercio, Gabriela Lena, aclaró: “Siguen siendo problemas prioritarios para nosotros”. “Desde esta comisión se van a seguir visibilizando los problemas de los comerciantes, medianas y pequeñas empresas y micro emprendedores”, concluyó.

Desde que se inició el periodo de sesiones extraordinarias, la principal bancada opositora convocó este martes por primera vez una comisión que presiden: la de Comercio a cargo de la radical Gabriela Lena (Entre Ríos) en la que abordaron la problemática de los juicios laborales, registración de empleados y su impacto en el comercio y en las PyMes.

Esta actitud se destaca porque la posición del principal interbloque opositor es la de no dar quórum en las comisiones o sesiones mientras el oficialismo mantenga el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. Sin embargo, en las reuniones que ha habido desde el pasado 23 de enero, los legisladores de JxC dieron el presente una vez reunido el quórum.

El encuentro se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados. Sin un proyecto puntual a debatir, a la reunión informativa asistieron un total de 13 representantes del comercio y pequeñas y medianas empresas.

Al inicio de la reunión, Lena remarcó que “han sido años difíciles para nuestro país en general y para el comercio en particular porque encontramos trabas, problemas, burocracia para realizar esta actividad que es tan beneficiosa para el país que es el comercio en una actividad fácil de llevar adelante”.

“La gente espera de este Congreso que se traten temas que interesen a la sociedad”, disparó la radical y siguió: “Sabemos que hay mucha dificultad con la espiral inflacionaria con la falta de insumos para la industria. Con un salario que no alcanza. Con una política errática de cambios”.

En ese sentido, planteó: “Nosotros queremos poner una agenda de trabajo que tenga que ver con estos problemas, que son los problemas cotidianos de la gente, de la sociedad en general”. “Más allá de las diferencias partidarias o políticas que podamos llegar a tener, desde esta comisión estamos dispuestos a escuchar a todos en los diferentes temas que sean necesarios de dar los debates y de visibilizar cada uno de los problemas de los argentinos”.

Pidió la palabra la vicepresidenta de la comisión, la oficialista Silvana Ginocchio (Catamarca) resaltó que la comisión “tiene una importante temática que está relacionada con el comercio interior, el abastecimiento y todo lo que hace al comercio exterior”. Respecto al tema a debatir en la reunión, remarcó que “toca al trabajo y tiene sus propias problemáticas con sus propios actores donde están los trabajadores y quienes dan el empleo”.

“Reconozco que hay un problema desde hace un tiempo atrás que a atravesado nuestro país donde hubo pérdida de puestos de trabajo, donde hubo una pandemia, donde hemos tenido un endeudamiento con un impacto muy fuerte en nuestra economía. Hay variables económicas que están dando buenas pautas y lo que nosotros hoy estamos tratando es sobre problemáticas específicas dentro del mundo del trabajo que se relacionan con lo que es la informalidad, fraudes o higiene y seguridad en el trabajo dando lugar a reclamos”, explayó la fueguina.

En esa línea, subrayó que es “fundamental y necesario” que el Congreso “trabaje y funcione para poder atender todos los problemas que los argentinos esperan”.

A continuación, fue el turno del primer expositor Esteban Mancuso -Coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio- quien agradeció la invitación con el fin de “obtener la mejor ley posible para un problema endémico como es el empleo no registrado o mal registrado”.

“Concordamos con los fundamentos del proyecto, especialmente con las cuestiones vinculadas a la valoración de la situación que sufren las PyMEs cuando la imprevisibilidad del marco legal vigente hace imposible calcular o muchas veces subsistir una PyMe al momento de tener la extinción de un vínculo laboral o un juicio laboral que hoy implica el cierre de la persiana de una PyMe”, respaldó Mancuso.

A su vez, el funcionario sostuvo que es “conveniente el cambio del destino de las multas que sean destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social evitando un problema futuro cuando el trabajador quiere recibir el registro jubilatorio en materia de financiamiento”, y sumó: “Estando en el 2023 es un gran avance hacerse de soluciones tecnológicas para lo que es un engrosamiento de las liquidaciones laborales como la entrega del certificado del artículo 80”.

Por último, planteó dos elementos para contribuir a la mejora de la ley: “Uno de ellos está vinculado con evitar mayor litigiosidad ya que retrotrae aquellos vicios que intenta solucionar cuando hablamos del destino de las multas y de la protección que recibe el trabajador. Son cuestiones que no quedan del todo precisas y entendemos que darían lugar a nuevos litigios judiciales que es uno de los objetivos que el proyecto intenta solucionar”.

En segundo lugar, Mancuso sugirió lo que fue la “complementaria Ley de riesgo del trabajo porque hay cuestiones vinculadas con la mochila y la antigüedad de registrar situaciones laborales que tienen una antigüedad suficiente como para ser un inconveniente a la hora de registrar esa relación laboral”. En esa línea, propuso acercar un programa donde las tres partes vinculadas “obtendrían una solución, es decir blanquear un trabajador sin que el Estado deje de percibir aquellos ingresos que fueron omitidos, que el trabajador se sienta amparado y otorgarles a todos los empleadores la posibilidad de acercar estas contribuciones que fueron omitidas en un periodo de tiempo considerable”.

En una breve interrupción, Lena aclaró que “no” se está tratando “ningún proyecto de ley” y dedujo que el invitado se refirió en su alocución a un proyecto que tiene que ver con las multas en la registración laboral.

En ese punto, Mancuso resumió: “Para incentivar la litigiosidad proponemos una instancia previa administrativa similar a la complementaria Ley de Riesgo de Trabajo donde lo que se buscaría es que en una instancia fuera de la justicia se intente incentivar acuerdos conciliatorios en esta instancia y una vez luego denunciarla a una instancia superior en la justicia”.

Luego fue el turno de Juan Ángel Ciolli -representante de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN)- remarcó que el tema de los juicios laborales es “importante y significante” que “hay que abordar seriamente”, pero manifestó que “es un tema que hay que abordar en conjunto con los trabajadores” porque “afecta a las PyMEs y a la organización de los trabajadores” y denunció que eso “se armó como un negocio entre abogados y jueces laboralistas”.

“Más del 80% de los establecimientos tienen entre 0 a 9 trabajadores, a partir de ahí un solo juicio puede representar una media de entre 5 trabajadores, el 20% de una empresa. Un juicio puede provocar el cierre de una empresa por eso es que creo que este tema hay que abordarlo en todas sus dimensiones, pero junto con los trabajadores”, consideró Ciolli.

Además, sugirió que debe haber un libro digital del sueldo para que los trabajadores puedan ver su salario y, en caso de reclamo, lo puedan realizar en los tiempos correspondientes. “Esto puede ser un elemento fundamental para evitar los juicios. Debe haber una instancia intermedia y que debe ser un observatorio tripartito donde participen las cámaras, sindicatos y el Estado para tener una orientación clara para saber de qué tata el juicio”, planteó.

También criticó que “hay una segmentación en política pública en materia fiscal, financiera y laboral porque no es lo mismo una micro, pequeña o mediana empresa que una empresa de capital concentrado”, y pidió a los diputados “entender que la peor inequidad es legislar igual para desiguales porque tiene que haber una diferenciación entre los micro y medianos empresarios que damos más del 70% de la mano de obra”.

El asesor del Departamento de Legales de C.A.M.E, Juan Pablo Diab, también compartió que es “grave” el problema de la litigiosidad laboral porque el 95% de los juicios laborales están referenciados a tres normas que son la Ley Nacional de Empleo, la Ley 25.323 y la Ley 23.345 y remarcó que “no hay reclamo laboral que no conlleve a estas normas”.

“Están basados en normas que buscaban reparar ante el instituto del blanqueo de personal que en la historia ha demostrado que no ha tenido el efecto que buscaba y muchas veces fue usado como herramienta para confundir al trabajador en sus derechos y hacerlo tentar por sumas cuantiosas que caen en multas que no siempre se termina percibiendo y que como consecuencia termina perdiendo su fuente de empleo y a la empresa le genera una incordia y los gastos judiciales”, explicó Diab.

Al igual que sus predecesores, remarcó la necesidad de que haya una “instancia intermedia” en el tiempo de reclamo y en el plazo que da la ley cuando no es registrado el trabajador conforme a su denuncia. “Hay que hacer algo con la litigiosidad sin quitarle derechos al trabajador”, cerró.

Leo Ezequiel Bilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), informó que en 2022 las empresas “tuvieron buenas ventas” tanto del comercio como de los servicios que “es un dato que contextualiza a la hora de hablar de los litigios laborales” porque “mientras haya venta la discusión se torna más amigable”.

“Esta discusión se debe dar en la Comisión de Legislación del Trabajo con discusiones multidimensionales porque la unilateralidad lleva a buen puerto”, sostuvo Bilansky. Respecto a un relevamiento realizado por la institución que preside sobre la litigiosidad y la conflictividad laboral destacó que “el 76% no tiene ningún tipo de reclamo laboral, mientras que un 12% tiene conflictividad con un solo trabajador y el 10% tiene episodios laborales significativos”.

En ese marco, precisó que un 42% de las empresas presentan conflictos o litigios por ausentismo injustificado, reclamos salariales distorsivos. “En Argentina hay 529 mil empresas registradas de las que el 96% de las empresas tienen hasta 50 empleados y 31,4% del empleo, solo el 4% de las empresas tiene más de 50 empleados y 68,6% del empleo”, informó.

“Hay que dar un debate sobre la simplificación laboral con todos los actores”, propuso Bilansky y comentó que en 2023 se crearon 10 mil empresas en el país y apuntó contra la gestión anterior donde “perdimos 31 mil PyMEs. Hay que crear al menos 50 mil PyMes”.

Por último, sobre los principales puntos que causan la litigiosidad enumeró: “La coyuntura económica, la inflación. Tenemos que estar hablando de los monopolios y oligopolios que le pisan la cabeza a las PyMes, ese es el tema que tenemos que debatir”.

En su alocución, William Borgo, presidente de la Asociación de Citricultores de Chajarí (Entre Ríos) resaltó que los juicios laborales son “problemas muy grandes al sector”. Al igual que sus pares, compartió que deben estar todas las partes para encontrar una “solución de fondo”.

También expusieron Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes; Diego Guerri, presidente de Metalúrgica JMD S.A.; Mariano Cáceres, vicepresidente y CEO de Calarca S.A. Industria Química; Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME); el diputado nacional Eduardo Fernández, vicepresidente 1º de APYME; David Selser, Confederación General de la Producción; y Marcelo Peretta, secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.