Conocido el histórico fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que determinó que los atentados a la embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994, fueron organizados por Irán y llevados a cabo por la organización terrorista Hezbollah, el diputado nacional Julio Cobos presentó un proyecto de juicio en ausencia.

La iniciativa, presentada junto a varios legisladores del bloque UCR, va en línea con el pedido realizado por la Justicia al Congreso de la Nación y en relación con el atentado terrorista a la AMIA.

Julio Cobos señaló que “con esta iniciativa que presentamos nuevamente, proponemos modificar el artículo 290 del Código Procesal Penal para incorporar el denominado Juicio por Ausencia, porque entendemos que se debe incluir en la ley procesal esta figura que permite que los imputados por delitos de lesa humanidad puedan ser juzgados en el país, aunque los mismos se encuentren en el extranjero. La realidad es que nuestro Código Procesal penal no regula la continuación del proceso ante la ausencia del imputado, por el contrario, lo suspende y es precisamente esto lo que queremos modificar”.

“Este proyecto es una representación de uno que presentamos oportunamente -en el año 2017- en el Senado de la Nación y que considera la mayoría de las propuestas previas, incluso la que presentamos en el año 2014 con Luis Petri, en la Cámara baja. Muchos legisladores han trabajado este tema tan importante y existe jurisprudencia suficiente en fallos de la justicia de Argentina. Concretamente si logramos transformarlo en ley, se podrá avanzar con la realización del juicio en ausencia para lograr el juzgamiento de los responsables y la búsqueda de verdad en aquellos casos de crímenes de lesa humanidad”, dijo el legislador mendocino.

“La Cámara Federal de Casación Penal días atrás sentenció que el ataque contra la Embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah, y que la voladura de la AMIA fue un crimen de ‘lesa humanidad’. Además, esto es muy importante, en la sentencia solicita tanto al Ejecutivo como al Legislativo a definir a la brevedad políticas públicas en relación a la instauración del proceso en ausencia. Esta presentación es una respuesta concreta a ese pedido”.

Cobos señaló que “con este proyecto se permite la continuación del proceso penal en ausencia del imputado rebelde y hasta su total finalización, cuando un pedido de extradición formulado por nuestro país fuese denegado o no tuviere respuesta en el plazo establecido y el Poder Ejecutivo no admita el juzgamiento en aquel país, esto luego de transcurrido 6 meses desde la recepción del pedido de extradición”.

“Aquellos que voluntariamente se ausentan de la jurisdicción de los jueces naturales de una causa no pueden tener una mayor protección de la ley que quienes se someten a la jurisdicción. Por eso entendemos que con esta iniciativa brindamos una solución jurídica a las víctimas de delitos contra los derechos humanos, como por ejemplo las víctimas del atentado a la AMIA, satisfaciéndose al mismo tiempo, derechos constitucionales como el de conocer la verdad y garantizar el debido proceso legal, aún para los imputados rebeldes; en ningún caso se vulnera el derecho a la legítima defensa ni a todas las garantías procesales, lo que buscamos es justicia, no venganza. Por eso esperamos contar con el apoyo de todos los bloques y transformar esta propuesta en ley”.

Firman el proyecto junto a Cobos sus pares Rodrigo de Loredo, Gerardo Cipolini, Danya Tavela, Natalia Sarapura, Mario Barletta, Carla Carrizo, Lisandro Nieri, Marcela Antola, Manuel Aguirre, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Melina Giorgi y Gabriela Brouwer de Koning.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Julio Cobos (UCR – Mendoza), propuso este miércoles cambiar el huso horario en toda la región argentina para ahorrar energía.

El radical lo explicó a través de su perfil en x y amplió que “Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial (-3) y el huso horario que realmente nos corresponde (-4) y esto provoca varios inconvenientes”.

“Por eso presenté un proyecto para modificar el horario oficial en todo el territorio nacional y llevarlo al huso horario correcto”, agregó en relación a la iniciativa que llevó al Congreso.

Además, señaló que nuestro país “se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso -5. Sin embargo, usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4”.

En este caso, lo que Julio Cobos propone sería adelantar una hora los relojes de todo el país y así poder aprovechar mas tiempo las horas de luz. De esta manera se busca promover el ahorro de energía.

Cabe recordar que cuando el mendocino fue vicepresidente de la Nación durante el primer mandato de Cristina Kirchner (2007 – 2011), esta medida fue llevada a cabo durante los veranos de los años 2008 y 2009.

NOTICIA EN DESARROLLO

El diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza), acompañado por otros diputados del radicalismo, presentó un proyecto a través del cual solicita al Gobierno nacional que informe de manera precisa y detallada sobre los proyectos desarrollados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), CAREM-25 y RA-10, que estarían paralizados. “Son proyectos estratégicos y fundamentales para Argentina”, afirmó.

El legislador solicita que el Gobierno detalle las razones que motivaron la decisión de detener la construcción de estas obras, que indique si esa detención es permanente o si existe un plazo estimado para su reanudación dada la importancia estratégica de las mismas; que informe si el Gobierno nacional tiene estipuladas las fechas de finalización de las obras nucleares anteriormente mencionadas y cuáles son, además del grado de avance de ambas obras y el presupuesto previsto para esas obras, actualizado a marzo de 2024.

El día 27 de marzo, el secretario General de UOCRA Seccional Zárate, Julio González, confirmó la desvinculación de un gran número de trabajadores que ejecutaban sus tareas en la obra del reactor nuclear CAREM-25 y en la finalización y puesta en marcha del RA-10. Además, se ha difundido en distintos medios de prensa la detención de dichas obras.

“El CAREM es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina, a través del cual nuestro país reafirma su capacidad para el desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares, perfilándose como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia (SMR, por sus siglas en inglés). Asimismo, la construcción del reactor nuclear de investigación RA-10, de flujo neutrónico suficientemente alto como para garantizar su utilización en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la producción de radioisótopos, la irradiación de materiales y combustibles nucleares, las investigaciones científicas y tecnológicas y la medicina nuclear, está siendo desarrollada íntegramente en Argentina por la Comisión Nacional de Energía Atómica e INVAP”, recordó Cobos.

El legislador pregunta además qué recursos presupuestarios en cuota a devengar se ha asignado a la Comisión de Energía Atómica durante el primer trimestre de 2024, qué transferencias efectivamente se hicieron y cuáles son los montos acumulados desde el 1°de enero del presente año hasta la fecha y cuál es el número exacto de despidos vinculados a estos proyectos, así como los recortes presupuestarios que han sufrido las obras.

El proyecto es acompañado por los diputados Mario Barletta, Pedro Galimberti, Manuel Aguirre, Gabriela Brouwer de Koning, Carla Carrizo, Marcela Antola, Martín Arjol, Alfredo Vallejos, Marcela Coli y Gerardo Cipolini.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza), junto a varios legisladores radicales, presentó un proyecto para facilitar a los trabajadores el cobro de las propinas a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico.

“La evolución del mundo digital ha provocado cambios en la forma de consumo y pagos. La irrupción de las billeteras digitales ha hecho que cada día se utilice más estos mecanismos y menos la utilización de dinero físico”, explicó Cobos y sumó: “En este contexto, Argentina no cuenta a la fecha con legislación que regule los medios de pago para que los clientes puedan abonar y los trabajadores puedan percibir propina. Esto no es un detalle menor porque la propina, en determinados sectores de servicios, compone un importante porcentaje en el ingreso de los trabajadores”.

El legislador radical agregó: “En algunos rubros de la actividad económica, especialmente el gastronómico, la propina es un uso habitual; lo mismo con los ya muy difundidos servicios de delivery. Este crecimiento de los medios de pago sin efectivo tales como tarjetas de crédito, débito, billeteras virtuales y demás medios electrónicos; muchas veces implica un problema o un impedimento para que el trabajador perciba su propina. En ese sentido, no existe un sistema claro que permita al cliente incluir la propina en el mismo medio de pago que utiliza para la cancelación del servicio recibido o el producto adquirido. Queremos con esta propuesta llenar ese vacío legal”.

“Incluimos la posibilidad que el trabajador pueda hacerse de la propina a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico”, contó respecto de la iniciativa.

Para ello, precisó que “el BCRA deberá dictar las normas necesarias a los efectos de la inmediata implementación del sistema a efectos de que el cliente pueda incluir la propina en la transacción por el mismo medio de pago por el que se efectúe el pago del servicio prestado o el producto vendido al cual se vincula la misma. Esto no imposibilita de ninguna forma que la propina, en caso de que así suceda, pueda ser concretada en efectivo”.

Por último, explicó que se establece que el empleador “tiene la obligación de aplicar la tecnología disponible para que los clientes puedan incluir las propinas en la transacción por el mismo medio de pago por el que se efectúe el pago del servicio o producto al cual se vincula la propina y en ninguna circunstancia el empleador podrá disponer de los montos percibidos en concepto de propina. Entendemos que la propina es de fundamental importancia para miles de trabajadores y con este proyecto facilitamos la percepción de la misma”.

Acompañan con su firma el proyecto los diputados Marcela Antola, Mario Barletta, Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Fernando Carbajal, Pablo Cervi, Mariela Coletta, Pedro Galimberti, Melina Giorgi, Natalia Sarapura y Martín Tetaz.

Un grupo de diputados de la UCR, encabezados por Julio Cobos, presentó un proyecto de resolución que solicita la citación del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a fin de que asista a brindar un informe de gestión en sesión informativa, de acuerdo lo establece la Constitución Nacional.

Desde que asumió, al funcionario no se lo ha escuchado en declaraciones públicas. Sin embargo, más allá del informe por escrito, está obligado a concurrir a exponer y responder preguntas en el Parlamento. Aunque, de 1994 hasta ahora, esta obligación no fue respetada a rajatabla por los exjefe de Gabinete.

“Legisladores de @diputadosucr citamos al Jefe de Gabinete a @DiputadosAR tal como lo establece la Constitución. En el contexto político-económico actual es fundamental que el Ejecutivo informe al Congreso, depositario de la representatividad federal, las acciones del oficialismo”, escribió en sus redes Cobos.

El mendocino recordó que la Constitución Nacional en su artículo 101 establece que “el Jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71”.

“A través de este proyecto esperamos que se retome esta saludable práctica democrática que, además de contribuir a la publicidad de los actos de gobierno, es indispensable para que los legisladores y la ciudadanía conozcamos la marcha de los asuntos de Estado”, agregó el mendocino.

El diputado nacional Julio Cobos presentó junto a un grupo de diputados radicales un pedido de informes referido a la decisión oficial de suspender la obra pública.

El legislador mendocino explicó que “sabemos que el oficialismo tomó la decisión de suspender la obra pública, pero es fundamental conocer en detalle lo que esta decisión implica porque afecta directamente a millones de personas. Originalmente se aclaró que las obras con financiamiento internacional como las que cuentan con crédito del BID, del Banco Mundial o la CAF, seguirían su marcha normal. Esto es particularmente importante, ya que esos créditos de no ser utilizados pagan sobrecargos o multas. Es decir, es más oneroso no usarlos que sí hacerlo”.

“También se indicó que se respetarían los contratos en ejecución -observó-. Sin embargo, diversos medios informan que todas las obras públicas están paradas, sean con financiación del Tesoro o de un organismo multilateral de crédito, las empresas constructoras no reciben pagos desde noviembre, se han despedido a más de 70.000 obreros de la construcción y si esto continúa empezarán los despidos del personal permanente de las empresas”.

“Entendemos que la obra pública no es un gasto, sino una inversión necesaria para mejorar la calidad de vida de millones de habitantes del país. Hoy en Argentina, casi el 40% de la población aún no tiene cloacas y hay un déficit habitacional de más de tres millones de viviendas, está claro que si baja la inflación a tasas internacionales podrá reaparecer el crédito hipotecario; sin embargo, con los salarios medios actuales es imposible acceder a una vivienda. Por eso es necesario, con control y la transparencia necesaria, continuar con los planes de vivienda social existentes o generar nuevos más eficientes y accesibles”, señaló Cobos.

El ex gobernador de Mendoza indicó que “las grandes obras públicas tienen un impacto directo en el desarrollo productivo y comercial del país. Será muy difícil incrementar las exportaciones si no tenemos rutas adecuadas y modernas, infraestructura ferroviaria y portuaria actualizadas para hacerlo. Seguramente en algunos casos se podrá implementar la inversión privada, pero aún en el modelo chileno que el presidente de la Nación toma como ejemplo a seguir, sólo el 7 % de las obras públicas se hace por iniciativa privada”.

Para el diputado radical, “es entendible y loable buscar el déficit cero, pero no ejecutar obras ya contratadas con financiamiento internacional, no sólo no baja el déficit, sino que lo sube ya que se deben pagar cargos adicionales por no cumplir los términos de los créditos acordados y fundamentalmente, tienen un impacto social negativo muy grande que no puede ser desatendido por el Estado. Pensar en el futuro de una Nación y el modelo de país no puede estar reducido a un proceso de achicamiento o desguace, fundamentalmente debe estar apalancado en un proceso de construcción y desarrollo”.

Qué se pide conocer

A continuación, detalle del informe solicitado al Poder Ejecutivo en relación con la obra pública:

1. a) Organigrama administrativo del Ministerio de Infraestructura y Secretarías que lo integran; así como de Vialidad Nacional y del Ente Nacional de Obras Públicas y Saneamiento (ENOHSA).
2. b) Detalle de las obras públicas nacionales con financiación de fondos multilaterales internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Mundial, u otros; que están en ejecución así como su estado de avance porcentual certificado en los meses de diciembre del año 2023 y enero del año 2024, indicando el ente u organismo o empresa pública que las ha licitado, considerando sólo las obras cuyo monto básico de licitación fuese igual o mayor a 1000 millones de pesos.
3. c) Detalle de obras públicas nacionales financiadas por el Tesoro Nacional que están en ejecución y su grado de avance porcentual certificado en los meses de diciembre del año 2023 y enero del año 2024, indicando el ente u organismo o empresa pública que las ha licitado, considerando sólo las obras cuyo monto básico de licitación fuese igual o mayor a 1000 millones de pesos.
4. d) Planes de vivienda social en ejecución, en particular los desarrollos urbanísticos del Procrear II y cuáles se han suspendido.
5. e) Detalle de la política de vivienda que realizará el gobierno y si se prevén esquemas de financiación para primera vivienda.
6. f) Modalidad y plazo de implementación del sistema de obras por iniciativa privada “a la chilena” conforme lo manifestado por el presidente en su discurso de asunción el día 10 de diciembre de 2023.

Acompañan el proyecto los diputados Rodrigo de Loredo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Roberto Sánchez, Mario Barletta, Gerardo Cipolini, Natalia Sarapura, Marcela Antola, Manuel Aguirre y Marcela Coli.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) se mostró esperanzado a una semana de la asunción de Javier Milei como presidente de la nación, el próximo domingo 10 de diciembre y afirmó que desde el radicalismo le van a dar “gobernabilidad” y que el acompañamiento en las leyes “dependerá del contenido de las mismas”.

En diálogo por Radio Mitre, el mendocino sostuvo: “La esperanza la tenemos todos los argentinos. El presidente ha sufrido una transición buena de candidato a presidente electo y ahora la tendrá de presidente electo a presidente”.

Sobre dar gobernabilidad al futuro presidente, el legislador expresó: “Hay buena predisposición de todas las fuerzas políticas”, y planteó: “Acompañarlo en las leyes dependerá del contenido de las mismas”.

Siguiendo con esa línea apuntó: “En los temas que más preocupan a los argentinos como lo son economía y seguridad se respaldó en hombres de Juntos por el Cambio, como lo son Caputo (Luis) y Patricia Bullrich, en los otros cargos abrió el juego”.

En cuanto a la decisión del futuro partido gobernante de candidatear a propios para la presidencia de Diputados y Senadores -ya se confirmó que serán Martín Menem y Francisco Paoltroni, respectivamente-, el exvicepresidente opinó: “Viene bien que en diputados y senadores haya gente de La Libertad Avanza porque están en la línea sucesoria”.

“No conozco a Martin Menem, pero le vamos a facilitar las cosas, tampoco esta tan difícil ser presidente de la Cámara de diputados, en líneas generales lo vamos a acompañar”, aseguró Cobos y, sobre la idea de la “ayuda” a Martín Menem, generalizó: “Hay que dejar de lado las mezquindades que siempre están de moda en la política”.

Por otro lado, se refirió a la posición de la Unión Cívica Radical tras las elecciones y diferenció al partido centenario de sus socios en la alianza Juntos por el Cambio: “El Pro tiene más problemas que nosotros en esto de querer formar un cogobierno”, y aportó: “Decidimos con los gobernadores que no vamos a formar parte de este gobierno, somos oposición para ser el día de mañana una alternativa”.

“El radicalismo le va a dar gobernabilidad a Javier Milei”, aseguró el exsenador y manifestó con deseo: “Ojalá Milei se arrepienta de lo que dijo del radicalismo, así se arrepintió de lo que dijo del Papa”.

A Juntos por el Cambio, la ciudadanía nos asignó diferentes roles en los tres niveles de gobierno: municipios, provincia y Nación, de aquí que hoy nuestra fuerza tiene representación legislativa y ejecutiva a lo largo y a lo ancho de todo el país y quedó fuera de la disputa por la presidencia de la Nación.

La ciudadanía que nos votó fue para ser un nuevo gobierno, una alternativa tanto a la continuidad del gobierno actual, como también algo distinto a la propuesta de Javier Milei, no para ser oposición. No conseguimos el apoyo de la mayoría del electorado y es por eso que el resultado de la elección nos dio el rol de oposición, y es precisamente desde dónde debemos ubicarnos frente al nuevo gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre.

Al haber quedado afuera del balotaje, ser neutral significa que -orgánica e institucionalmente- no hay pronunciamiento a favor o en contra de alguna de las dos fórmulas que se enfrentarán en esa segunda vuelta. Es una decisión individual de la ciudadanía que definirá finalmente quién conducirá los destinos de Argentina los próximos cuatro años.

Debemos ser prudentes en nuestras declaraciones y respetar la neutralidad acordada en nuestro espacio. La neutralidad lleva consigo la abstención de cualquier manifestación a favor de uno u otro candidato o del tipo de voto, de todos aquellos que tenemos responsabilidad partidaria y/o institucional, sean legisladores, intendentes, gobernadores, autoridades partidarias, etc.

El fin es preservar la unidad de nuestro espacio que ya tiene asignado un rol por parte de la ciudadanía, si esa neutralidad no se cumple afectamos la consolidación del mismo y el mandato ciudadano. Tenemos muy en claro a quiénes representamos y que no somos los dueños de los votos de nadie y de ahí la prescindencia de nuestro espacio frente al balotaje.

Queremos fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio y representar a los argentinos que nos votaron, pero también mantener la institucionalidad de nuestro país. Por eso encontrarán siempre en nuestros legisladores la responsabilidad necesaria para trabajar en proyectos que se requieran para transformar los problemas estructurales que enfrentamos en materia de economía, seguridad y educación, entre otros.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR-JxC), junto a varios legisladores de diferentes espacios políticos, presentó un proyecto que propone modificaciones a la Ley de Tránsito (N°24.449), con el objetivo de “corregir una serie de inequidades y problemas que se dan en la práctica y afectan a miles de personas”. 

Al respecto, el mendocino sostuvo: “Luego de transcurridos casi 30 años desde la sanción de la ley, advertimos algunas deficiencias -tanto de la norma como su reglamentación- que dificultan la aplicación y la seguridad del sistema. Por eso es muy importante que, en base a la experiencia acumulada todo este tiempo, actualicemos y modifiquemos esta norma”.

Sobre la iniciativa, el radical explicó que “en primer lugar, para personas hasta 65 años, proponemos aumentar el plazo de validez de las licencias de conducir de 5 a 10 años para evitar que cada 5 años tengan que realizar un nuevo trámite para obtener la habilitación. Además, y con el mismo fundamento, queremos extender el plazo de vigencia de las licencias de conducir de 3 a 5 años para los mayores de 65 años y menores de 70; para los mayores de 70 años extenderlo de 1 a 2 años, eliminando también la obligación de rendir el examen teórico práctico, requiriéndose sólo el psicofísico”.

“El sistema actual sanciona con la caducidad de la licencia cualquier cambio de datos de las personas que no fuera informado a la autoridad de aplicación, generando un gran perjuicio a miles de usuarios. Además, la caducidad de pleno derecho de la licencia frente a estos hechos implica un grave riesgo para el sistema, ya que expone a los conductores muchas veces en la situación de conducir con una licencia caduca -por ejemplo, quien cambia de domicilio-, sin saberlo. Esto tiene graves consecuencias para el sistema de seguro contra terceros y la cobertura de responsabilidad civil, afectando a terceros que ninguna responsabilidad tienen en el hecho. Por eso proponemos que sea el propio Registro Nacional de las Personas quien tenga la obligación de informar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cualquier cambio en los datos de las personas que se le informen”, ahondó Cobos. 

En ese sentido, el diputado señaló que “esto perjudica a la ciudadanía y no tiene sentido porque el Estado no puede requerir del ciudadano a través de sus diversas agencias, información que ya tiene en su poder. Mucho menos sancionar con la caducidad de pleno derecho, la omisión por parte del ciudadano de informar al propio Estado, datos que aquel ya le dio”, agregó.

Finalmente, el legislador expresó que es necesario llenar un vacío legal de la ley vigente y su reglamentación, por eso “se crean dos nuevas categorías de licencia de conducir para vehículos de arrastre. Por un lado la que denominamos Clase B3, para automóviles, camionetas, vans de uso privado y casas rodantes motorizadas hasta 4.500kg. de peso total, esta incluye la clase B.1 y B.2.Por otro, también se crea la Clase B3.1 para automóviles, camionetas, vans de uso privado y casas rodantes motorizadas hasta 4.500kg. de peso con un acoplado de hasta 1.500kg. o casa rodante no motorizada”.

Además de legisladores de Juntos por el Cambio, acompañaron el proyecto los oficialistas Eber Pérez Plaza, Liliana Paponet y Daniel Arroyo; y los diputados del interbloque Federal Alejandro “Topo” Rodríguez y Florencio Randazzo. 

Luego de la media sanción del proyecto de reforma de la Ley de Alquileres, el diputado nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) aseguró: “Buscamos dar previsibilidad en este marco de incertidumbre”. 

“Todos sabemos el contexto económico en el que estamos viviendo y el impacto de la inflación en la vida cotidiana. El peor escenario respecto de la Ley de Alquileres era dejar las cosas como estaban, porque el contexto económico actual generó una multiplicidad de acciones. Entendemos que originalmente la ley buscó dar protección y garantías tanto al locador como al locatario, pero la realidad es que hoy en la práctica se establecieron diversas relaciones contractuales por fuera de la ley, lo que genera un vacío jurídico, y así se empeoraron las condiciones retrayendo inclusive la oferta que hoy intentamos recuperar”, analizó. 

El mendocino explicó que “lo que se logró en la Cámara de Diputados aprobando el dictamen de minoría es que se reduzca el plazo del contrato de tres a dos años; en cuanto al plazo para ajustar se deja libertad para que acuerden las partes en un período que va de cuatro meses a un año, y finalmente que se acuerde entre partes el sistema de ajuste a adoptar, ya sea índice de precio mayorista, consumidor, variación del salario o cualquier combinación de índices que acuerden las partes”.

“Algo muy importante a destacar es que incluimos en esta modificación diferentes incentivos para los locatarios con el objetivo de reactivar la oferta de inmuebles. Aprobamos una serie de incentivos fiscales para aquellos que destinen sus inmuebles a alquiler de casa habitación familiar. En primer lugar, se les facilita su registración en el monotributo, pudiendo ejercer sus actividades comerciales y a la vez registrar hasta tres propiedades para alquilar, tienen la posibilidad de pagar menos Bienes Personales por las propiedades destinadas a alquiler de casa habitación familiar siempre que no superen el mínimo exento y se los libera de pagar el impuesto al cheque”, enumeró.

Por último, Cobos reiteró su pedido al Senado para que apure la ley sobre los créditos UVA: “Necesitamos que la Cámara alta aborde con urgencia el tema de los créditos UVA que tratamos en Diputados hace un par de meses, con la intención de recuperar el crédito hipotecario, hoy ausente en nuestro país, para que los actuales inquilinos también puedan acceder en un futuro no muy lejano a su vivienda propia”.

Hacer realidad la presa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento es una tarea ineludible del próximo gobernador de Mendoza. Esta es una obra que trasciende generaciones y su importancia estratégica para Mendoza y la región es innegable. Además, y a esta altura cómo negarlo, desistir de Portezuelo del Viento que es un compromiso con todos los mendocinos en general y con los habitantes del sur en particular, es darle la razón al oficialismo pampeano y a su oportunismo político. Primero Mendoza, eso debe ser una prioridad absoluta para quién ocupe el cargo de gobernador.

El convenio original y acuerdos posteriores

Los orígenes del reconocimiento de los derechos de Mendoza. El gobernador Arturo Lafalla inició reclamos por los decretos del presidente Carlos Menem, pidiendo que se restituyeran a Mendoza las sumas de dinero que por coparticipación dejaba de percibir Mendoza debido a la desgravación de impuestos a empresas del régimen de promoción industrial que beneficiaba a provincias vecinas. Al ser por decreto y no por una ley como establece la Constitución Nacional, eran inconstitucionales. El por entonces Procurador de la Nación, Nicolás Becerra, dictaminó que Mendoza tenía razón, pero su dictamen no era vinculante para la Corte. Por eso Mendoza solicitó una resolución extrajudicial para recibir el pago de los impuestos no percibidos y así se logró ese acuerdo político que contemplaba el pago total, como si se hubiera ganado un juicio; de ahí el desistimiento porque la Nación reconoció por primera vez lo que se reclamaba.

En ese momento se decidió que el dinero se transformara en una gran obra para Mendoza: la provincia licitaba y construía la represa y la Nación se haría cargo de los costos de Portezuelo del viento. La obligación que asumió la Nación era y es por la totalidad de la obra, sea cual fuere el valor. Así en el convenio firmado en mi gestión con el gobierno nacional en 2006 se indica: “El Gobierno Nacional toma a su cargo el financiamiento en territorio de la Provincia de Mendoza de la obra denominada “Presa y Central Portezuelo del Viento” que integra el proyecto denominado “Aprovechamiento Integral de los Recursos Hídricos del Río Grande – Trasvase del Río Grande al Río Atuel” de acuerdo a los montos indicados en el Anexo I del presente Acuerdo”.

Esto fue una decisión estratégica con visión de largo plazo, preservando el valor de la obra, y que fuera una realidad más allá de quién y cuándo se realizara la misma, es decir logramos garantizar el valor real de la obra actualizada en el tiempo porque sabíamos que su ejecución requería un largo plazo. El convenio fue el reconocimiento explícito de la Nación y fue el mejor reaseguro para nuestra provincia.

En el año 2019 y ya con el proyecto definitivo, el gobernador Cornejo firmó un convenio con el gobierno nacional actualizando el monto original del 2006 a un valor total de 1023 millones de dólares, con un mecanismo de transferencias para enfrentar la ejecución de la obra. Tal como lo indica el compromiso firmado, los fondos que se giran se deben destinar a Portezuelo del Viento u otras obras de generación hidroeléctrica: “Las letras intransferibles serán depositadas en una cuenta comitente de la Provincia en el Banco de la Nación Argentina y sus servicios serán transferidos a un fideicomiso que será constituido por la Provincia a los fines de la ejecución de la obra y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.

El desafío que viene

Para dar un destino distinto a esos fondos de Mendoza debería acordarse con el futuro presidente, pero además se tendría que explicar muy bien a los habitantes del sur mendocino por qué esta promesa postergada por décadas y contando con los recursos necesarios, no será una realidad. Abandonar, aceptar los caprichos de La Pampa y ocupar los fondos en otros destinos sin dar la discusión y ganarla, no es la opción correcta. Esperamos que el próximo mandatario provincial esté a la altura del desafío y concrete esta obra de generación de energía fundamental para Mendoza.

Además, de desistir con la realización de Portezuelo del Viento dejaríamos un mal antecedente porque aceptaríamos las arbitrariedades que se nos pretenden imponer, condicionando cualquier otra obra que se pretenda hacer a futuro y debilitando así la factibilidad de los mismos.

Si al final y a pesar de todo el camino es la resignación, tampoco debemos perder la oportunidad de desarrollar otra obra de generación en nuestros ríos, que con el producido de la misma se pueden concretar escuelas, hospitales, canales, caminos, etc. Este círculo virtuoso de invertir en generación y reinvertir lo obtenido le seguirá proveyendo de beneficios a la provincia y a toda la ciudadanía. Entiendo que este fue el espíritu de lo establecido en el convenio del 2019 que como dijimos hablaba de Portezuelo del Viento u otra obra de generación, pero siempre de generación hidroeléctrica. El próximo gobierno podrá ver el inicio de las obras de generación, pero lo producido lo verán los subsiguientes. Se entiende que la tentación es grande, pero hay que pensar como estadista y en las futuras generaciones.

Si concretamos Portezuelo del Viento y regulamos el río más caudaloso de nuestra provincia que al día de hoy no lo está, tendremos múltiples beneficios. Así considerando un precio medio para el mercado mayorista eléctrico, solo la producción de energía implicará un ingreso de más de 50 millones de dólares por año que tendrá un impacto positivo importante sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) en el sur provincial, fundamentalmente Malargüe, y en sectores estratégicos de Mendoza. Si además sumamos otras centrales hidroeléctricas hoy concesionadas a nivel nacional que volverán a posesión de la provincia el año próximo, se podrá generar un fondo con el cual construir nuevas obras que aseguren energías limpias y mayor garantía de riego a futuro.

Asimismo, no podemos dejar de lado la importancia de la continuidad de los actos de gobierno. El actual gobernador Rodolfo Suarez tomó la decisión de impulsar tanto Portezuelo del Viento -volviendo al proyecto original que requiere menos obras complementarias- como El Baqueano sobre el río Diamante.  Se ha iniciado un nuevo estudio de impacto ambiental solicitado por el COIRCO y ya se realizan distintas acciones para que, con otro gobierno nacional, Mendoza pueda hacer las obras que necesita para consolidar su desarrollo en energías limpias.

Defender Portezuelo es defender Mendoza. Por eso una vez más, convocamos a todos los sectores a defender la construcción del mismo y a nuestra autonomía para administrar esos recursos, porque pertenecen a todos los mendocinos y deben ser invertidos en una obra para mendocinos, para los de hoy, pero fundamentalmente para los del mañana, porque las generaciones que vienen necesitan energías limpias, trabajo, producción y un oasis y polo turístico único.

Defender Portezuelo del Viento es defender el empleo, el desarrollo y el futuro de Mendoza; por eso la persistencia, la paciencia y la perseverancia a lo largo de estos años. Defendámoslo, porque Portezuelo es Mendoza.

El diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) presentó un proyecto para impulsar propuestas de aprendizajes personalizadas a las necesidades enfocadas en estudiantes con discapacidad y dificultades de aprendizaje.

La iniciativa fue tratada durante el mandato de Roberto Mirabella como senador nacional (2019 – 2021), junto a legisladores de otros espacios políticos que dieron el visto bueno al proyecto, pero en 2022 perdió estado parlamentario. En este nuevo período vuelve a presentarse con las firmas del santafesino y Julio Cobos.

El texto propone que los estudiantes con necesidades de apoyos tienen derecho a estar incluidos en instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria del Sistema Educativo Nacional.

Además, especifica que las escuelas deben admitir la inscripción y reinscripción de los estudiantes con necesidades de apoyo. El rechazo por cualquier razón, sin una justificación fehaciente, “será considerado un acto de discriminación”.

“Este proyecto busca derribar barreras de aprendizaje y participación, a fin de garantizar una educación equitativa de calidad para todos y todas, con una perspectiva pedagógica centrada en el respeto a la diversidad, la universalidad y la no discriminación”, expresó el diputado.

Además, sostuvo que “esta iniciativa es para todos los estudiantes que necesitan acompañamiento para llevar adelante sus trayectorias educativas en cualquier institución de gestión pública o privada de nuestro país, según los lineamientos de la Ley Nacional de Educación Nacional”.

Del mismo modo, agregó que “se trata de una iniciativa con sustento en la generación de acuerdos entre las familias, los equipos de apoyo, las instituciones y los estudiantes para lograr una trayectoria escolar basada en reconocer el conjunto de saberes adquiridos de cada estudiante”.

“La educación inclusiva y de calidad es un derecho humano. Este proyecto busca derribar barreras de aprendizaje y participación, a fin de garantizar una educación equitativa de calidad para todos y todas, con una perspectiva pedagógica centrada en el respeto a la diversidad, la universalidad y la no discriminación”, señaló el diputado.

Por último, Mirabella explicó que “la educación requiere actualizaciones y ajustes constantes, en especial ante una sociedad diversa, plural y que está siempre en evolución”. “En este marco se insertan las diferentes capacidades de las personas que acceden al sistema educativo en todas sus modalidades y niveles obligatorios, y sus necesidades al momento de ejercer su derecho a la educación”, concluyó.

A menos de una semana para que el Congreso vuelva a funcionar tras el receso invernal, el diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) hizo un particular pedido al Senado de que “salga de la parálisis” y trate dos proyectos fundamentales que ya cuentan con media sanción de Diputados: Créditos UVA y el Registro de Deudores Alimentarios.

La Cámara alta, a cargo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no sesiona desde hace ya cuatro meses y el último intento fue el pasado 12 de julio la cual terminó cayendo por falta de quórum en la que, durante las expresiones en minoría, el oficialismo culpó a la principal bancada opositora.

En ese contexto, hay numerosos proyectos que aguardan ser tratados o, muchos de ellos, convertirse en ley porque tienen media sanción de Diputados. Por ese motivo, Cobos expresó su reclamo a través de las redes sociales: “Necesitamos que el Senado salga de la parálisis y trate temas fundamentales para la sociedad”.

“Hay proyectos aprobados en Diputados que no avanzan. Después de años de discusión se logró consensuar -entre otros- dos temas: Créditos UVA y deudores alimentarios”, remarcó y destacó que “ambos temas fueron apoyados por los diputados nacionales por Mendoza en forma mayoritaria, tanto del oficialismo como de la oposición, y tratados en diferentes sesiones consensuadas”.

En tanto, solicitó: “Necesitamos que se debatan. Apelamos a las autoridades del Senado, de comisiones, de bloque y en particular a los senadores por Mendoza, para que las impulsen y encuentren la forma de separar temas conflictivos que hoy frenan leyes beneficiosas para muchas familias”.

El proyecto que busca llevar un alivio a los deudores de créditos UVA logró la media sanción en la Cámara baja el 5 de julio del corriente año, mientras que la iniciativa que propone la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos fue aprobada en Diputados el 9 de noviembre de 2022 y presentada en el Senado recién el 5 de marzo de 2023.

Con el interbloque Juntos por el Cambio dividido, en la madrugada de este jueves se dio media sanción por 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones al proyecto de ley que busca llevar un alivio a los deudores de créditos UVA, un universo de casi 100 mil personas.

Las fisuras en el principal interbloque opositor, que habían quedado expuestas en comisiones, cuando la UCR firmó, junto al Frente de Todos, el dictamen de mayoría, mientras que el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz impulsó uno de minoría, que acompañaron con disidencias el Pro y la CC-ARI, se reflejaron en el tablero de votación.

Además del Frente de Todos, votaron a favor del proyecto los diputados del Frente de Izquierda y el interbloque Provincias Unidas. También los miembros de la UCR, aunque un pequeño puñado se abstuvo.
En Juntos por el Cambio, la división fue transversal no solo a nivel interbloque, sino en cada bloque, ya que, en el Pro, Evolución Radical y la CC-ARI hubo quienes votaron en contra y quienes lo hicieron por la abstención. Por La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarruel; por Avanza Libertad, José Luis Espert; y por Buenos Aires Libre, Carolina Píparo, se opusieron.

De acuerdo al texto aprobado, consensuado entre distintas propuestas, se crea el “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, y se establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

A su vez, la iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023.

Entre otros puntos, se determina que quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central.

Se prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.

Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)”, tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI. El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores.

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.

Las voces a favor y en contra

La titular de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio (FdT – Buenos Aires) inició el debate como miembro informante y explicó varios puntos del dictamen de mayoría: “El FFCPH se constituirá con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos UVA promovidos recientemente”.

Así también, advirtió que “se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales”. Asimismo, aclaró que ni el Tesoro Nacional, ni el Banco Central “promoverán líneas de crédito similares”.

Finalmente, aseguró que ningún beneficiario del crédito Uva que se encuentra en calidad de moroso “no será desalojado ni embargado”. “No habrá medidas cautelares ni judiciales en perjuicio de los deudores”.

Así, propuso tres modificaciones, una de ellas en el final del artículo 3 para agregar la frase “serán asumidos por orden causado”. En el artículo 7 se agrega en el primer párrafo “si de los saldos adeudados vigentes al momento de ejercer la opción implica que el importe de la cuota a abonar supera el 30% de los ingresos actuales considerando en/los deudores y computados en igual forma a lo previsto en el momento del otorgamiento de la financiación a opción del deudor se podrá extender la duración del plazo en no más del 25% de aquel originariamente pactado”. El artículo 24 en el primer párrafo debe decir “fondo fiduciario de compensación y promoción hipotecario”.

De la vereda de enfrente, el economista Martín Tetaz explicó las diferencias con dictamen de minoría que presentó: “No puede haber crédito UVA con una moneda inestable, pero es beneficioso con un contexto sin inflación”. “Nuestro planteo es no crear un problema donde no existe”, agregó.

En esa línea, clasificó los puntos que diferenciaron a su proyecto con el que mencionó la diputada preopinante: “No es cierto que el que sacó crédito UVA debe más que antes, al contrario, debe menos en dólares”, y añadió: “No es un problema del mecanismo UVA, es un problema de la alta inflación porque es un sistema justo que exige devolver exactamente lo mismo que prestó”.

“Hasta que no se recupere la brecha entre el salario real y el valor del metro cuadrado no habrá créditos hipotecarios”, indicó Tetaz. Así también, propuso que se incluya la posibilidad que la familia opte por atar su cuota a un índice de salarios.

Finalmente, explicó la posibilidad de crear un mecanismo para que la persona venda su casa con el crédito UVA. “El crédito más barato del mercado vale tres veces más que el más alto del UVA”, cerró.

El impulsor del debate sobre Créditos UVA, el radical Julio Cobos (Mendoza) expresó: “Buscamos recuperar el crédito hipotecario que no existe porque se rompió la equidad contractual entre el salario y el crédito tratando de ajustar”.

De esa manera, explicó que “a partir de septiembre del 2018, el salario perdió valor” y con esto “buscamos apuntalar al sistema hipotecario para reconstruirlo”. “Los tres poderes del Estado debieron intervenir en este tema que ya tiene 11 proyectos que se presentaron, y llevamos cuatro años debatiendo el tema”.

Además, sostuvo que “la morosidad no existe porque hubo cuotas congeladas”, y agregó que “el que saca un crédito UVA, lo último que deja de pagar es el crédito de la vivienda”.

“El problema lo generó el Estado con los altos índices inflacionarios, aunque la propiedad se revaloriza, pero la gente compra para vivir no para hacer negocios”, señaló.

Del mismo modo, afirmó que “para construir consensos hay que ceder”. Igualmente, definió que “si el país recupera los valores normales de inflación, esta ley va a resultar abstracta”. “Los créditos UVA representan el 2 por ciento de los préstamos y el 0,9 de los privados y es un problema insignificante para el sistema financiero”, cerró.

A su turno, el presidente del bloque de la CC-ARI, Juan Manuel López, contó que es tenedor de un crédito UVA y planteó: “Me parece que esa situación, por más de que esto no sea según las diferentes clasificaciones de los conflictos de interés, es un estándar que hay que cumplir de exponer los intereses que los legisladores tenemos a la hora de realizar nuestras votaciones”.

“La situación de los legisladores en materia de conflicto de interés es diferente a la de los funcionarios del Ejecutivo porque nosotros no somos reemplazables por un superior o trasladar la cuestión a otro ministerio. Las distintas previsiones que hay intentan que la posibilidad de que algún conflicto se presente se resuelva con la manifestación, al menos, del posible conflicto del legislador”, contó y planteó que es algo que los legisladores deben hacer “en cada oportunidad”.

Así, adelantó: “En ese sentido no estoy a favor del dictamen de mayoría. En mi caso en particular voy a votar en contra porque el dictamen y la propuesta de Tetaz me parecía más inteligente para mantener la herramienta del Crédito Hipotecario y para dar algunas soluciones al pequeño universo del 1% de los tenedores de créditos que no puede cumplir y al porcentaje indeterminado que les cuesta demasiado cumplir con esa obligación. El crédito hipotecario tiene una exención impositiva que tiene más de 20 años nominada en 20 mil pesos desde el 2000”.

“Hay algunas soluciones que podría haber implementado este Congreso y decidió no hacerlo por distintas razones. Yo en general las desconozco. En diciembre del 2019 el Congreso votó una Ley ómnibus con una infinidad de artículos en la que uno de ellos le encomendaba al Banco Central alguna solución utilizando la teoría de la imprevisión y, gasta ahora, el Banco Central ha demorado en dar solución. Seguimos trabados en promover soluciones. Tenemos que rechazar el dictamen de mayoría y reconocer que el problema de la inflación no lo ha solucionado nadie en cuatro años”, cerró López.

El economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) señaló que los contratos que, por esta ley se van a alterar, son contratos mercantiles y explicó que son “voluntarios, no coactivos”. “Que el Estado use su fuerza coactiva para modificar los contratos voluntarios, es una afectación de las reglas de juego severas en cualquier sociedad y más en un país que acumula 9 default y 5 confiscaciones de depósito”.

En segundo lugar, planteó: “Si el origen no es el sistema financiero, supongamos que hubiera deudores de vivienda única que fueron financiados por los promotores o por una escribanía, la desigualdad ante la ley es brutal. Acá lo único que es contemplado en casos iguales son los deudores del sistema financiero. No hay explicación de por qué tienen que ser tratados diferentes los deudores financieros o escribanía, más aún ¿por qué se endeudan en UVA y no en dólares o en ladrillos o en cualquier otro índice? ¿cuál es la razón? A mí me resulta incomprensible”.

“La suspensión de acciones judiciales, eso es muy grave hacerlo por ley porque significa que suspendemos los derechos de los actores por un acto príncipe y eso, naturalmente a largo plazo, afecta severamente, no a este mercado que prácticamente no existe, más aún para ser total transparente yo hubiese sugerido que nadie se endeudara porque en nuestro país no hay cultura para tener mercado de capitales, ni financieros, no hay cultura de deudas, entonces en la idea acá hay diputados que dicen que desconozcamos las deudas de todo tipo…por suerte esto tampoco es culpa del FMI, pero siempre está el mismo latiguillo”, planteó.

En cuarto lugar, manifestó: “El problema de la acción de la política pública es el problema de los casos aislados que tengan una verdadera dificultad y, en ese caso, lo que debería votar el Congreso es una ley para prever esos casos y, como el grueso de las deudas son de la banca pública casi el 80% son prestamos que el Estado no interviene, pero si el único que da estos préstamos son los bancos estatales. En ese caso bastaría una disposición del Poder Ejecutivo generando una alternativa de financiamiento”.

“Con esta ley se está poniendo un impuesto a los depósitos. Es un milagro que hoy alguien deposite en la Argentina, al que deposita hay que darle un beso en la mejilla porque confiscamos los depósitos cinco veces, hemos defaulteado la deuda cinco veces, y ahora la idea brillante que tenemos es ponerles un impuesto a los depósitos porque nadie va a creer que va a ser trasladado porque sería absurdo que alguien piense eso”, sumó.

En tanto, comparó: “Esta idea de los UVA se usa hace 60 años en Chile con las sociedades de fomento, en Uruguay, en ambos países a creado un mercado de crédito que es 20 veces que el mercado argentino; destruyendo esto estamos dolarizando. Es incomprensible de por qué en Chile y en Uruguay funciona y acá no”.

“El problema no es la inflación, no es verdad, sino que el nivel de vida en el país está bajando porque cada vez nos descapitalizamos más, nos empobrecemos más y fomentamos actividades que nos empobrecen, informalizando el mercado de trabajo, cada vez más pobres y menos productivos. Ese es el problema, no se arregla con una ley, se arregla cambiando las políticas e instituciones. Acá les gusta pulverizar el patrimonio de los bancos estatales con este tipo de medidas y hacer más regresivo el sistema impositivo”, remató.

Por su parte, el economista José Luis Espert (Avanza Libertad) sostuvo que con esta ley “será peor el remedio que la enfermedad”, minimizó el problema de los créditos UVA al comparar que “es utilizar un tanque de guerra para matar a un mosquito”.

En esa idea, el nuevo integrante del interbloque de JxC expresó: “El Congreso se está metiendo en un contrato entre privados que afectará la seguridad jurídica”. “Vamos a agregar más intromisión del Estado solo por 1400 casos, encima fue intervenido por varios Decretos de Necesidad y Urgencia”, cuestionó. 

“Nos vamos a poner a los bancos en contra y pedirán mayor tasa de interés a los próximos beneficiarios de créditos hipotecarios. Este proyecto es una caja de pandora”, señaló. “El verdadero problema es la tasa de inflación y no le estamos dando solución a los inquilinos al no derogar la ley de alquileres”, cerró.

Promediando el debate del tema, la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Paula Penacca, contextualizó el debate en el recinto que están dando para “intentar resolver un gran problema que nuestro proyecto político no generó, que nuestra gestión no generó”.

Y apuntó contra el gobierno de Cambiemos: “Es un problema que comenzó en 2016 cuando el macrismo en ese momento en le Gobierno, decidió crear ese tipo de crédito y, además, rompió una política crediticia, de acceso a la vivienda, que fue construida desde la concepción de la vivienda como un derecho que había existido desde el 2012 que fue el PROCREAR”.

En esa línea, respaldó el PROCREAR como una política de “acceso a la vivienda digna que se llevó adelante durante el gobierno de Cristina Kirchner significó poder inculcar ese derecho de tener vivienda digna. Lo que significó para le pueblo 197 mil créditos en solo 3 años, una inversión porque para nosotros esto no es un gasto que representó el 0,4 del PBI, la generación de 440 mil puestos de trabajo como un beneficio extra, y una capacidad de cobro casi total, solo el 0,05% de incobrabilidad”.

“Fue una política 100% virtuosa y no fue la única. No solo dejamos en el 2015 esta política virtuosa, sino también una sociedad con bajísimos niveles de endeudamiento y no solo las familias, sino la deuda estatal y empresarial”, ponderó y apuntó contra la oposición: “No nos sorprende que hayan llevado esta política porque en la Ciudad de Buenos Aires lo llevan hace 16 años”.

En el cierre, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, consideró que “cuando se aprobó la ley, si se hubiera aprobado con estas cosas que estamos proponiendo en esta modificación, no hubiéramos tenido ningún tipo de problema”. El porteño reveló que en 2016, cuando el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger le comentó el proyecto, él le dijo que “iba a terminar muy mal”, porque el crédito se ajustaba por un índice que no era el del ingreso de los tomadores del préstamo. “Era claro que la política que ellos venían a aplicar era la política de depreciación del salario”, cuestionó.

En su intervención, el oficialista aclaró que esta discusión “no se trata de negocios inmobiliarios, sino que un determinado sector de la sociedad, con un determinado nivel de ingresos, que puede llegar a la vivienda”, pero enfatizó que “esta no es la solución del problema de la vivienda en Argentina, ni por asomo” ya que “hacen falta políticas públicas de otra envergadura”.

Al mencionar el tema de la inflación, que se tocó durante todo el debate, el diputado comparó: “La inflación es a la economía lo que la fiebre a una persona. Las personas no se enferman de fiebre, tienen fiebre y hay que buscar la razón por la que la tienen”. “Se habla de la inflación como un fenómeno autónomo y hay que dar la discusión de por qué hay inflación”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó como causas “la puja distributiva a favor de los grupos económicos” y que hasta el FMI “reconoció que los altos niveles de deuda generan inflación”. “Claro que hay que atacar la inflación, pero no hay que atacarla generando recesión, generando ajuste para hacerle pagar las consecuencias a la población. Hay que atacarla metiéndose con la puja distributiva, con las ganancias de los grandes grupos económicos y con los que fugan. El problema no es el déficit fiscal, sino los que fugan, los que no pagan, los que se la llevan”, remarcó.

Finalmente, ponderó que con el radical Julio Cobos “hemos consensuado este dictamen después de un arduo trabajo que muestra que se pueden llegar a acuerdos y todos hemos concedido”. “Esto no resuelve el problema, pero lo morigera; resuelve la situación para atrás de los deudores vigentes y crea una expectativa positiva hacia adelante para quien quiera tomar un crédito de acá en adelante”, finalizó.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR) formó parte de la delegación argentina en la sesión del Comité Especial de Descolonización.

En 1961, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un Comité Especial para examinar la aplicación de la declaración sobre la descolonización. Actualmente, el Comité analiza la situación de los 17 territorios no autónomos pendientes de descolonización (entre los que se encuentra la cuestión de las Islas Malvinas), y adopta resoluciones para cada caso.

“Una vez más las Naciones Unidas, a través del Comité de Descolonización, reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, e instó, a través de una resolución presentada en esta oportunidad por la República de Chile, a ambos países a negociar para encontrar una solución pacífica a la controversia. Este pedido se realiza todos los años debido a la necesidad de mantener vigente la Cuestión Malvinas y, en particular para nosotros, de hacer expreso nuestro reclamo soberano ante la comunidad internacional”, expresó Cobos al cierre de la sesión.

Además, el radical destacó que se haya dado en el marco del Día de la Bandera, “para reclamar ante Naciones Unidas y todo el mundo, nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Ojalá pronto volvamos a ver flamear la celeste y blanca en las islas, territorio nacional argentino”.

“Reclamamos ante la comunidad internacional nuestros legítimos e irrenunciables derechos soberanos sobre estos territorios. Este objetivo permanente nos guía hacia la búsqueda de una solución definitiva a la controversia y a la recuperación de los territorios, respetando los principios del derecho internacional”, agregó el mendocino.

Finalmente, Cobos ratificó que “las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional argentino. Las islas se encuentran ocupadas ilegalmente por el Reino Unido y por eso son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Defendemos la solución pacífica del conflicto y la necesidad de establecer un diálogo bilateral con el Reino Unido para resolver la cuestión Malvinas”.

La comitiva oficial estuvo integrada además por sus pares Rosana Bertone, Carolina Yutrovic, Mabel Caparrós (FdT-Tierra del Fuego); Eduardo Valdés (FdT-CABA), Graciela Camaño (IB-Buenos Aires) y Alberto Asseff (Pro-Buenos Aires). También participaron los senadores nacionales por Tierra del Fuego María Eugenia Duré (FdT) y Pablo Blanco (UCR).

El diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) celebró el triunfo electoral de JxC en Mendoza y en San Luis y expresó: “Queremos fortalecer la UCR dentro del espacio JxC y por eso entendemos que tiene que haber fórmulas propias”. Por otro lado, bregó para ques e emita dictamen sobre los Créditos UVA que será debatido este miércoles en Diputados en un plenario de comisiones.

En diálogo por la AM 990, el vicepresidente tercero de la Cámara baja se refirió a los triunfos electorales de JxC este fin de semana: “La elección en Mendoza fue buena y tuvo una muy buena participación. Con un triunfo importante de lo que es Cambia Mendoza, pero con la sorpresa que uno de los candidatos que enfrenta a Alfredo Cornejo, Luis Petri, sacó el 40% de los votos en la interna con lo cual está encumbrando un principio de liderazgo y renovación dentro de lo que es Cambia Mendoza. El segundo lugar fue para Omar de Marchi que pertenecía a un dirigente del Pro y decidió formar parte de la elección por fuera de Cambia Mendoza y sumó dirigentes de distintos sectores de la política mendocina y el tercer lugar fue para el FdT con el 16% de los votos”.

“Fue una elección muy reñida en cuanto a votos individuales y conquistó el espacio con un claro triunfo a 20 puntos de Cambia Mendoza”, ponderó.

Sobre las elecciones en San Luis, opinó: “Muy buena elección de Claudio Poggi. Fue muy buen gobernador y la gente de San Luis lo quiere y lo valora mucho y confió en él. Hizo una buena elección y va a hacer una buena gobernación. Así se rompe el Gobierno que año tras año se han ido pasando y traspasando los hermanos Rodríguez Saá y con el condimento especial que Adolfo formó parte de lo que es Cambia San Luis y apoyó a Poggi en una pelea que tiene hace años con su hermano Alberto”.

“Queremos fortalecer la UCR dentro del espacio Juntos por el Cambio y por eso entendemos que tiene que haber fórmulas propias y lo cierto es que  uno ve que va obteniendo triunfos en municipios, en intendencias, en gobernaciones y falta consolidar un liderazgo a nivel nacional que está naciendo una fuerza tanto con Facundo Manes como con Gerardo Morales, no es tarea sencilla, pero no cabe la menor duda que la UCR va a tener una buena representación las próximas elecciones y fortaleciendo su postura de partido tradicional con principios y convicciones para encarar el desafío de las PASO”, cerró al respecto.

Créditos UVA

Por otro lado, fue consultado por el tema de los Créditos UVA cuyo debate será retomado este miércoles en un plenario de comisiones: “Se rompió la equidad contractual porque en todo contrato de largo plazo debe regir un equilibrio de mantenimiento de las condiciones. La relación de porcentaje respecto del salario se rompió. Hubo en los primeros contratos celebrados entre 2017 y 2018 se mantuvo, pero luego comenzó la inflación a escala por encima de los salarios y esto originó angustia y reclamos judiciales. Congelamientos decretados por ambos presidentes, pero ninguno de los dos dio soluciones de fondo”.

“En lo personal vengo insistiendo con proyectos para que se de una solución justa, un acuerdo compartido entre beneficiarios y bancos y hemos llegado un proyecto de acuerdo y vamos a ver qué pasa el miércoles en el plenario para ver si logramos uno o dos dictámenes que brinden una solución porque hoy no tenemos créditos hipotecarios en Argentina y por eso tenemos los problemas de alquileres porque la oferta cada vez es menor porque no hay créditos que tiendan a disminuir el déficit estructural de viviendo del país y tratamos de dar  una solución hacia el pasado y el futuro”, planteó Cobos.

Así, sostuvo que “la gran inflación que tenemos es un problema para el inquilino, para preservar a la durabilidad de los contratos por 3 años y esto es un inconveniente porque perjudica a ambos”.

“Se estudió mucho a una solución y se llegó a dos dictámenes, pero no hay un convencimiento en general que ninguno de los dos proyectos vaya a dar una solución al problema y por eso no se trata y llevan más de un año los dictámenes y no se trata”, afirmó sobre la Ley de Alquileres y aseguró que “pedimos que, mientras tanto, deroguen la Ley mientras estudiamos una nueva y mientras mejoran las condiciones macroeconómicas. Es algo que tenemos que resolver con los Créditos UVA porque son problemas que tienen los argentinos y veremos cómo se encamina esto dentro de la agenda de Diputados”.

El diputado nacional mendocino Julio Cobos presentó lo que definió como “un proyecto para corregir una situación injusta en las licencias establecidas en la ley de contrato de trabajo, específicamente en relación a la licencia por nacimiento prematuro, ya que no contempla la excepcionalidad de estos casos y lo que implica tanto para el recién nacido como para su familia”.

El legislador radical señaló que “el artículo 177 de la ley de contrato de trabajo se refiere a los nacimientos pretérmino, pero sólo establece que se acumulan los 90 días asignados al pos parto, algo que no refleja las necesidades reales de la persona nacida, ni mucho menos contempla el estado en particular ni las situaciones especiales que deberán afrontar sus progenitores una vez producida el alta hospitalaria. Por eso proponemos que para el caso de nacimiento prematuro la licencia por nacimiento sea, a partir del alta hospitalaria de la persona recién nacida, de noventa días corridos para los casos de bajo riesgo y de 120 días para los de alto riesgo. En caso de nacimiento a término, pero considerado de bajo o alto riesgo, la licencia será equivalente a la de nacimiento prematuro. Para acceder a esos plazos la persona gestante debe presentar en ANSeS el certificado de nacimiento prematuro y fecha de alta hospitalaria, si no lo hace se tomará la licencia de noventa días desde el día del parto”.

“Está comprobado que el regreso al hogar de los niños y niñas con baja edad de gestación en determinados casos requiere de cuidados específicos intensivos, como por ejemplo vigilar la respiración, por lo que las personas a cargo deben conocer su patrón habitual y controlar los movimientos del tórax, los ruidos que hace al respirar y la cantidad de respiraciones por minuto.  En algunas situaciones se suma a esto el monitoreo de las apneas leves o la administración de medicamentos y oxígeno adicional. Esto se sumas a varios factores que requieren la atención permanente luego del alta hospitalario del recién nacido. Con esto queremos graficar el grado de excepcionalidad que sucede en la realidad de esas familias, pero que la legislación no contempla”.

Asimismo, el diputado radical indicó que “como está la ley, esa licencia posparto puede haber sido consumida en los pasillos de neonatología incluso sin alta debida para regresar a la casa. Esto es injusto e inequitativo, no sólo para la familia sino también para la persona nacida que pasó sus escasos meses de vida en una institución médica sin el cobijo permanente de sus afectos. Por eso proponemos modificar la ley y aumentar los días de licencia ante nacimientos prematuros”.

Además, Cobos explicó que “conforme a la legislación vigente se establece una desigualdad en los derechos laborales, ya que ante un nacimiento pre término, no es lo mismo trabajar en el sector público o en el privado, ser docente o trabajador o trabajadora agraria, desempeñar funciones en la administración pública nacional o en la provincia de Buenos Aires o en La Pampa, porque no hay un criterio unificado a nivel nacional. Queremos dar un piso de referencia que garantice el principio de igualdad ante la ley y asegure los derechos establecidos en el decálogo de Unicef del 2010 respecto de los derechos de los y las recién nacidas prematuras, en especial el que consagra que “la persona nacida de parto prematuro tiene derecho a ser acompañada por su familia todo el tiempo. Es algo que se ha trabajado bastante en el Congreso incluso lo presentamos anteriormente en conjunto con el ex diputado nacional sanrafaelino Federico Zamarbide, pero que sin embargo aún no logramos que sea plasmado en ley, espero que logremos aprobarla y corrijamos esta situación”.

El vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados, Julio Cobos presentó un proyecto para crear un bono de puntaje nacional para facilitar la presentación de documentación a docentes que se trasladan a otras provincias.

El diputado radical explicó que “el país cuenta con un Sistema Educativo Nacional, pero cada jurisdicción tiene sus propias reglamentaciones y formas independientes de adhesión e implementación de las leyes nacionales, las cuales inclusive se presentan en distintos momentos según sea la provincia”.

“Esto no solo trae inconvenientes a la hora de pensar en calidad educativa ya que son distintos los contenidos que estudia un chico de una provincia con otra, también a los docentes al momento de postularse y ejercer su labor”, señaló.

Del mismo modo, expresó: “Si un docente decide mudarse a otra provincia, sería muy fácil de pensar que puede con su bono de puntaje presentarse a trabajar sin inconvenientes en el nuevo lugar, pero no es así, realmente hoy para los docentes es como comenzar de nuevo”.

Además, agregó que “tiene que volver a presentar certificaciones que muchas veces no reconocen el mismo puntaje que en su lugar de origen, incluso esto se da en capacitaciones de programas nacionales: un mismo programa puede tener distintos puntajes en diferentes provincias”.

También, sostuvo que “es incomprensible dicha situación siendo que vivimos en un mismo país, estudian los mismos contenidos y todos educan a ciudadanos argentinos”. “Por eso presentamos este proyecto buscando subsanar esta inequidad y dando mayor certeza a los docentes de todo el país”, indicó.

“La idea es crear un bono de puntaje que les permita a los docentes trabajar en cualquier lugar y jurisdicción del territorio nacional con el único requisito de poseer un bono nacional”, señaló Cobos.

Por último, el mendocino explicó que “el proyecto no busca eliminar los bonos provinciales, sino que funcionen a la par. Cada provincia podrá decidir si lo adopta como único sistema o convive con los dos”, y cerró: “Unificar criterios de evaluación es una tarea que debe asumir el Estado. Esta ley es solo un paso para facilitar el acceso laboral de nuestros docentes, mejorar la calidad educativa y encaminarnos a la carrera horizontal docente”.

Varios diputados nacionales del bloque de la Unión Cívica Radical, encabezados por Pedro Galimberti, presentaron un proyecto de resolución para que el Gobierno informe sobre la situación del país respecto de su pertenencia al Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

Al igual que Galimberti, acompañaron con su firma esta iniciativa los diputados radicales Manuel Aguirre, Martín Arjol, Lidia Ascárate, Gustavo Bohuid y Julio Cobos.

Galimberti expresó: “Según declaraciones recientes de funcionarios, el Gobierno argentino habría enviado una carta al organismo solicitando el retiro de la Nación Argentina del mismo”, agregó: “El 5 de mayo, representantes de los demás países miembros emitieron una declaración sobre la intención de Argentina de cesar su membresía”

El autor del proyecto de resolución sostuvo que le dijeron, de otras naciones, que ven con sorpresa la comunicación realizada por la República Argentina, y que existe la intención de ser reconsiderada su membresía, aunque por ahora continuará contando con su participación plena en la institución.

El diputado señaló que “la situación es preocupante ya que, según la información publicada por el Ministerio de Economía hay en ejecución 25 proyectos financiados con recursos del FONPLATA, por un monto de 602,56 millones de dólares, de los cuales 346,23 millones de dólares -el 57 por ciento- tienen previsto su desembolso entre 2023-2027. Esto nos preocupa ya que, de ser verídica la información, la misma se tornará efectiva en un año, es decir, durante el siguiente período presidencial”.

“Estas son las razones que nos llevaron a presentar el proyecto para tener una declaración de certeza respecto de cómo está el país en cuanto al FONPLATA. Además, interesa saber qué deuda tiene el país con dicho organismo y, en caso de que efectivamente se haya solicitado el retiro de la Argentina del mismo, cómo se realizará el plan de pago de las obligaciones pendientes y cómo continuará el financiamiento de las obras a finalizar luego de 2023”, señaló Galimberti.

Una de las obras que se desarrolla con este Fondo en Entre Ríos es la refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (Uruguay), adjudicada el 19 de octubre de 2021 y las tareas se iniciaron en septiembre de 2022, por un monto inicial de 475 millones de pesos, a finalizar en 2024. Aunque posteriormente, en el listado de Obras que Inciden en Ejercicios Futuros, adjuntada al artículo 11 de la Ley de Presupuesto 2023 (Ley 27.701), se enmarca esta obra a finalizar en 2025, con una asignación total de 632,9 millones de pesos.

“Estas obras son sólo unos ejemplos de los proyectos en ejecución con recursos del FONPLATA que, ante una eventual retirada de la Nación de este organismo de crédito, quedarían comprometidos su finalización”, advirtió Galimberti.

El domingo pasado, la diputada nacional Susana Laciar (Producción y Trabajo – San Juan) obtuvo el triunfo en las elecciones para intendenta de la capital sanjuanina y expresó que “los sanjuaninos estamos despertando de este modelo de corrupción y atropello a las instituciones”.

Además, Laciar advirtió que “nos reunimos con todos los referentes y han respetado nuestra propuesta de representar a Juntos por el Cambio en San Juan”. “Somos un modelo diferente al modelo populista que viene gobernando la Argentina”, aseveró.

En declaraciones a Radio Perfil, la jefa comunal de la Ciudad de San Juan afirmó que “nosotros formamos parte de Juntos por el Cambio” pero recordó que “en 2007 integramos el Frente para el Cambio que iba anexado al Frente para la Victoria junto al radicalismo en nuestro espacio provincial, pero poco duró”.

En esos años, Laciar y el senador nacional Roberto Basualdo apoyaban a la expresidenta Cristina Kirchner que tenía como como compañero de fórmula al vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados, Julio Cobos, pero “nos fuimos en la época de la 125”, remarcó.

“No íbamos a quedarnos en el partido de una vicepresidenta condenada por corrupción”, señaló Laciar, y concluyó: “Debemos ir por el camino de la democracia y las instituciones, y terminar con el populismo y la corrupción”.

A su regreso de Corea del Sur, donde participó de la Cumbre Mundial por la Paz, el diputado nacional Julio Cobos (UCR) se reunió con parlamentarios y científicos en Estambul, Turquía, para formalizar encuentros con universidades de la región. Más precisamente, facultades de ingeniería abocadas a evaluar la respuesta estructural de edificios, puentes y viaductos, producto del terremoto que sufrió ese país y Siria, registrado el 6 febrero pasado.

El exvicepresidente recordó: “Apenas ocurrió esa catástrofe que se cobró 40.000 vidas, cientos de miles de heridos, y más de 300 mil viviendas y edificios que requieren ser reconstruidos, solicité al Congreso de la Nación que nuestro país expresara su solidaridad y se pusiera a disposición. Ahí iniciamos contactos con la embajada de Turquía en Argentina para poder canalizar las donaciones y logística”.

“En ese trabajo conjunto con el embajador de Turquía en Argentina, Süleyman Ömür Budak, planificamos mi presencia en este país y la reunión con el congresista Ali Sahin y el vicerrector de la prestigiosa Universidad Técnica de Estambul, profesor doctor Mustafa Kumral”, reveló.

En tal sentido, el mendocino fue portador de dos cartas de intención de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, firmada por su decana, Patricia Infante, y de las autoridades de la UTN Facultad Regional de Mendoza, ingeniero José Balacco y Miguel Tornello.

“Estoy muy conforme porque la respuesta del vicerrector de la Universidad Técnica fue muy positiva y se va a avanzar con el convenio de cooperación, algo sumamente importante para ambos países, y en particular para Mendoza, tanto por ser una zona sísmica como por el desarrollo que tiene sobre esta materia”, destacó el legislador.

Cobos explicó que “es común que en estos tipos de eventos cuando se producen sismos de esta magnitud, se analizan, sobre todo en los centros de investigación ubicados en zonas sísmicas como Mendoza, San Juan, etc., a efecto de evaluar el comportamiento y la respuesta estructural ante el impacto de los sismos producidos. Cada sismo tiene características particulares y siempre los que llegan a nivel destructivo son profundamente analizados para ver modificaciones de las normas de diseño sismo resistente y así preservar ante todo los daños estructurales sobre todas las vidas ante terremotos destructivos, así que para Mendoza es prioritario este tipo de intercambio como se ha producido en los terremotos de Japón y de México, entre otros, por la importancia que tienen a nivel académico y científico, y obviamente el impacto en la sociedad de cada país”.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) disertó en Cumbre Mundial por la Paz, en Corea del Sur, invitado por la Universal Peace Federation International (UPF). En su exposición, se refirió a los desafíos contemporáneos para el orden global y el camino para alcanzar la paz mundial.

Además de Cobos, en representación de Argentina fueron viajaron el presidente del Congreso Mundial Interreligioso, doctor Gustavo Guillermé, y el expresidente Eduardo Duhalde, quien a último momento desistió por razones personales.

Cobos explicó que “la UPF es una ONG con estatus Consultivo General del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y a esta cumbre por la paz asisten dirigentes de diversos países del mundo. Se espera el aporte, entre otros, de experiencias personales para una convivencia pacífica, aportes a la paz en la península de Corea, situación sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, alternativas frente a situaciones de desigualdad, terrorismo y narcotráfico, perspectivas de cooperación e integración de América Latina”.

“En tiempos desafiantes como los que vivimos y estando aquí presente, no quiero dejar de hacer un llamado para que todos los pueblos del mundo vivan juntos en paz y mantener vivo el sueño de la reunificación de la Península de Corea. El tiempo nos ha enseñado el incalculable valor de la vida en armonía y en prosperidad, algo que los pueblos del mundo anhelamos y merecemos”, señaló el exvicepresidente en la apertura de su discurso.

El legislador radical hizo referencia a una experiencia personal que lo marcó en relación “al valor incalculable de la paz y el impacto en el individuo”. “A fines del año 1978, siendo alumno egresado del Liceo Militar, estuve a cargo de una compañía en la frontera de mi país con la vecina República de Chile, a punto de entrar en guerra por un diferendo territorial. La oportuna intervención y mediación del papa Juan Pablo II trajo paz a nuestra región y evitó el derramamiento de sangre entre hermanos. Era muy joven y estuvimos a punto de iniciar una guerra, agradezco infinitamente que haya primado el diálogo y el acuerdo para la paz”, recordó y resaltó: “De hecho, luego de esa crítica situación podemos decir que logramos transformar la energía puesta en el conflicto en potenciar nuestros vínculos de cooperación y hoy nuestra relación con la República de Chile es un ejemplo frente al mundo de cómo podemos resolver las diferencias con la mirada puesta en la paz y la mutua comprensión”.

Además, el exgobernador de Mendoza llevó el reclamo por las Islas Malvinas. “Siendo este un foro internacional tan importante, y como lo hemos realizado siempre en cada uno de este tipo de reuniones, reiteré nuestro legítimo reclamo soberano sobre las Islas Malvinas”, contó. “Mencioné la situación de nuestras Islas Malvinas, por las que hemos sufrido en carne propia el infortunio de la guerra. Es aún una asignatura pendiente que necesita del diálogo y el compromiso efectivo, que asegure un acuerdo pacífico y justo, dando cumplimiento a la resolución 2065, entre otras, de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Por otra parte, el diputado de Juntos por el Cambio habló sobre “la falta de cumplimiento del derecho internacional, que ponen en riesgo la paz regional o la paz mundial. Ante los lanzamientos de misiles del Corea del Norte, o la invasión a otro país por apetencia territorial. No es posible que Corea del Norte ejecute lanzamientos de misiles que, hasta por error, pueden afectar a millones de inocentes; como tampoco es admisible que Rusia haya decidido invadir Ucrania para concretar un supuesto sueño imperial que, lejos de ello, se convirtió en una pesadilla de muerte y destrucción para la ciudadanía de ambos países”.

“La paz no es algo abstracto, es tangible e impacta en la vida de cada ser humano que habita este planeta. Como me sucedió en la historia que conté al inicio, como seguramente debe haber un ejemplo en cada uno de ustedes. Nos unen valores universales e inalterables de suma importancia en el progreso de nuestros pueblos. Construyamos juntos las oportunidades para un nuevo orden mundial sustentado en la paz, la reconstrucción de los liderazgos, la representación legítima y el desarrollo armónico y mutuo de todas las naciones del mundo”, completó.

Luego de terminado el encuentro, Cobos se reunió con el embajador de Argentina en Corea del Sur, Alfredo Carlos Bascou.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) presentó un proyecto en la Cámara baja para que el Ministerio de Salud autorice la producción y liberación de machos estériles del mosquito responsable de transmitir el dengue, con el fin de cortar la reproducción y disminuir la población silvestre de la plaga.

“Atravesamos una compleja situación epidemiológica respecto del dengue y la fiebre chikungunya. Más de 41 mil casos de dengue, 39 muertos y circulación en la mayoría de las provincias, configuran un panorama que preocupa y entendemos que, a las medidas de prevención y control conocidas, podemos sumar otra estrategia para combatir la plaga”, señaló el radical.

Y propuso: “Queremos llevar desde Mendoza una técnica similar a la que utilizamos para combatir la plaga de la mosca del Mediterráneo. Es importante que se ponga en conocimiento de todas las provincias y países de la región, que existe una metodología desarrollada para diseminar mosquitos machos esterilizados y así cortar la reproducción del denominado mosquitos tigre”.

El exvicepresidente destacó que “Mendoza es reconocida en el mundo por el control de la denominada mosca del Mediterráneo, a partir de la liberación aérea y terrestre de moscas estériles producidas en la Bioplanta del ISCAMEN”. “Esta técnica del insecto estéril se basa en un método de control de natalidad del insecto/plaga a combatir y nos permite proteger la producción agrícola y poder cumplir con los estándares para exportar al mundo. Esto se hace a partir de la producción de insectos que se crían y esterilizan de forma masiva y luego se liberan al ambiente; estos machos esterilizados al unirse con las hembras silvestres interrumpen el ciclo biológico del insecto, disminuyendo la población silvestre de la plaga. Esto mismo se puede realizar con el mosquito tigre, responsable de la trasmisión de dengue y chikungunya”, explicó.

Cobos mencionó además que en su provincia “se desarrolló la Técnica del Insecto Estéril (TIE) para el control del mosquito que inocula los virus dengue, zika y chikungunya. Por eso, en el 2019 el Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Mendoza (ISCAMEN) firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Energía Atómica para desarrollar la técnica que permite controlar la proliferación del mosquito”.

“El ISCAMEN posee una larga trayectoria y reconocimiento en el desarrollo de esta técnica, además cuenta con la infraestructura y los recursos humanos especializados necesarios para la producción de mosquitos machos estériles para liberar en las zonas afectadas por la enfermedad”, ponderó y dijo que este organismo “ya ha realizado las pruebas necesarias para producir el mosquito estéril y por eso pedimos al Ministerio de Salud que acelere todo el proceso requerido para analizar la viabilidad, autorizar este procedimiento y comenzar la producción”. “Pensemos que esto será un importante aporte para toda la región de América del Sur”, finalizó el legislador.

En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados sancionó por unanimidad, con 210 votos, una ley sobre diagnóstico humanizado del Síndrome de Down, con el objetivo de brindar contención y acompañamiento a las familias que reciben la noticia durante el embarazo o el nacimiento de su hijo/a.

La iniciativa, que venía siendo reclamada fuertemente desde ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), había tenido media sanción del Senado en diciembre de 2021, impulsada por quien fuera en ese momento senador, el radical Julio Cobos.

En tanto, en diciembre del año pasado, se incluyó en los temarios de sesiones que se frustraron y no se pudieron realizar en la Cámara baja.

La presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Mónica Fein (PS-Santa Fe), defendió el proyecto que tiene como objetivo “discutir la necesidad de abordar un cambio de paradigma en el sistema de salud, en el vínculo entre el sistema de salud y las personas”.

“Específicamente nos están pidiendo que busquemos humanizar aún más el sistema de salud, buscando la herramienta donde el diagnóstico y los pronósticos puedan generar en el vínculo médico-paciente una relación diferente”, señaló la diputada socialista.

Resaltó la importancia de “este proyecto que fue impulsado por familiares, madres, padres, organizaciones como ASDRA”, y agregó: “Como integrante de la comisión, todos sabemos que hay permanentemente actualizaciones científicas, tecnológicas, pero muchas veces se dedica poco tiempo en profundizar cómo los vínculos, el contexto, acompañan y cuidan a una familia en un momento tan importante como el nacimiento de un niño o niña”, señaló.

Fein consideró que “es momento de pensar el paradigma del sistema. Pensar cómo el sistema muchas veces no le da el tiempo para que ese vínculo se profundice y pueda acompañar de otra manera”, y cerró resaltando que esta iniciativa tuvo aprobación unánime en el Senado, y la misma “no hace más que profundizar un concepto que todos los que estamos en salud creemos: humanizar, generar vínculos, fortalecer la información y acompañar y cuidar a aquellos que más lo necesitan”.

A continuación, la diputada Anahí Costa (FdT-Catamarca) destacó que esta iniciativa “reconoce derechos fundamentales, como son el acompañamiento y la contención a los pacientes y sus familias. Todos hemos recibido en algún momento de nuestras vidas diagnósticos de nuestra persona o los que nos rodean, y siempre deben ser humanizados. Por supuesto que es importante lo que se dice, pero más importante aún cómo se dice”.

El proyecto “tiene un objeto central que es la información y capacitación de los equipos de salud. Promover la apertura temprana para asegurar la calidad de vida. Y no solo abarca al diagnóstico de Trisonmia 21, sino también a otras patologías asociadas a la discapacidad”, agregó,  para resaltar que “escuchar a las mamás y papás contando sus experiencias con respecto al momento de recibir el diagnóstico, es movilizador, nos deja una gran enseñanza y debemos trabajar muchísimo en eso”.

A su turno, la diputada Dina Rezinovsky (Pro-CABA) celebró el tratamiento de este proyecto que en pocos minutos sería ley. “Es un día de mucha alegría para miles de familias en todo el país, y creo que es un antes y un después para las familias que pueden llegar a vivir en sus vidas alguna vez la necesidad de tener esta ley”, señaló.

Luego dijo que mucho había hablado durante los debates en comisión, y que se preguntaba a sí misma qué decir esta vez, y encontró la respuesta en un posteo de Instagram que graficaba una situación en particular sobre cómo una familia llegó a un diagnóstico. El posteo representaba mejor que nada el tema y lo leyó. Contó el caso de “Romi”, que acababa de dar a luz a Fausti. “¿No entendiste mami, no?”, le preguntaba una persona del servicio médico. Su compañero ya no le sostenía la mano y había salido de la sala de  partos. Cuando obstetras y parteros recibieron a su hija, le dijeron: “Mamá, tu hija puede tener un problema genético”. Ella seguía en shock y ante la pregunta de si no había entendido, respondió que no. “Es muy probable que tenga síndrome de Down”, completaron.

Ya en su cuarto, para ella debía ser el día más feliz de su vida y se lo convirtieron en una pesadilla. Romi no puede dejar de llorar –leyó la diputada Rezinovsky-, y se preguntaba “por qué me pasa esto a mí”. En ese momento le traen a su hija y se produce el primer click: “Es lo que siempre soñé, es nuestra familia”, dice Romi. El segundo click se da por la noche, cuando su compañero comienza a buscar a asociaciones como ASDRA para que lo contengan e  informe.

“Que esta ley sirva para que las familias nunca tengan que p asar por situaciones como esta”, concluyó la diputada.

Impulsor de la ley en su mandato como senador, el diputado Julio Cobos (UCR-Mendoza) destacó que “afortunadamente en nuestro país tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil que complementan la labor del Estado, y que por ahí nos indican el camino a seguir o las sugerencias a los legisladores sobre problemáticas que viven en carne propia. Este es un típico caso”. El proyecto es “simple pero necesario”, afirmó y expresó: “Yo celebro que esto se transforme en ley”. 

Durante su discurso hizo un pedido especial a las presidentas de las comisiones de Salud (Mónica Fein) y Familias (Roxana Reyes) sobre la cuestión de que “la libreta de salud no contempla los parámetros de crecimiento y desarrollo para los chicos con síndrome de Down”. “Esto no tiene ningún costo, simplemente son dos o tres hojas de libreta que hay que incorporar”, explicó. 

Poniendo el foco en la responsabilidad de los profesionales, el diputado Luis Di Giacomo (JSRN-Río Negro) dijo que quería “llamar la atención sobre el aspecto del diagnóstico humanizado”, sobre el cual hay proyectos para distintos tipos de enfermedades.

“Lo que hay que cambiar es la formación de los profesionales de salud, en general, y de los profesionales de la educación, para que de alguna manera puedan superar los prejuicios, que los tienen como cualquiera dentro de la sociedad, y puedan emitir un juicio razonado respecto de quien tienen enfrente para ser atendido, educado o acompañado en lo laboral”, sostuvo el presidente de la Comisión de Discapacidad. 

En esa línea, el rionegrino consideró que “habría que hacer una ley para que aquel que no trate bien a un paciente o una persona, como se lo merece, y… tiene que ir preso, se le tiene que sacar la matrícula, tiene que tener el castigo a lo que no está haciendo correctamente. Porque lo correcto es que atienda humanizadamente”. 

En un discurso muy emotivo, pues se basó en su experiencia personal, el diputado José Luis Gioja (FdT-San Juan) manifestó: “No tengo dudas que este proyecto será una política pública muy importante en el área de salud”. “A nivel personal soy un afortunado por contar en mi vida con mi hijo, más allá de su condición, sin ‘peros’. No hay un pero que menoscabe la felicidad de tener un hijo tan especial”. 

Puntos principales de la ley

De acuerdo a la flamante norma, el diagnóstico deberá hacerse mediante una adecuada comunicación interpersonal e información objetiva y actualizada de la condición informada.

Los objetivos de la ley son: proveer a los progenitores información completa, precisa y actualizada; promover la capacitación en el modelo social de discapacidad y sensibilización de los equipos de salud.

También, promover la atención oportuna y estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de síndrome de Down para asegurar su calidad de vida en igualdad de oportunidades; y contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad, evitando la difusión de estereotipos o el surgimiento de nuevas formas de discriminación.

Entre sus funciones, la autoridad de aplicación tendrá que: promover la formación y capacitación continua a profesionales de la salud; elaborar y difundir un protocolo respecto de la comunicación y la información que debe proveerse a las personas cuyo hijo en gestación o recién nacido recibe un diagnóstico de síndrome de Down; generar, colectar y sistematizar la información respecto a la cantidad de casos diagnosticados; y difundir cartelería en los establecimientos de salud respecto de los derechos de los progenitores.

La ley establece que la comunicación que realicen los profesionales deberá realizarse en un ámbito de intimidad y, de forma presencial o a través de un medio de comunicación o plataforma tecnológica, que haga posible sostener una comunicación interpersonal de calidad y garantice su privacidad; asegurar la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas y consultas; y ser empática, en lenguaje claro, actualizada, neutral, respetuosa de la dignidad de las personas con discapacidad y en formatos accesibles con una perspectiva en derechos humanos.

A su vez, se indica que “al momento del diagnóstico prenatal o posnatal, deberá proveerse información en los términos de la Ley 26.529 (Derechos del Paciente) y la vinculada a la condición diagnosticada, recomendaciones de seguimiento clínico, recursos, grupos y asociaciones de acompañamiento y contención de las personas con discapacidad y sus familias, servicios sanitarios y de apoyo públicos y de la sociedad civil, así como los sitios de interés para usuarios que reciban el diagnóstico prenatal o posnatal del síndrome de Down”.

A pesar de que para este miércoles fue convocado un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda para tratar el controvertido tema de los créditos Uva, un grupo de diputados encabezados por el vicepresidente tercero de la Cámara baja, Julio Cobos (UCR) mantiene el pedido de sesión especial para este miércoles 22 de marzo.

La sesión especial está directamente ligada a lo que ocurra en el plenario de comisiones donde se analizarán once proyectos sobre este tema presentados en el ultimo tiempo, que durante 2022 tuvo varias reuniones sin encontrar solución al problema que afecta más de 100.000 familias.

Cobos explicó que en la sesión convocada para este miércoles 22 de marzo a las 14 buscarán tratar el proyecto de ley de renegociación de los contratos para créditos hipotecarios de vivienda única otorgados en unidad de valor adquisitivo.

En otra instancia, el radical explicó: “Desde hace meses cientos de familias peregrinan por bancos y juzgados buscando un salvavidas antes de que sea tarde. El problema existe y ha sido detectado por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo tomó medidas -congelamiento de las cuotas-, tanto la gestión anterior del ingeniero Macri, como la actual del presidente Alberto Fernández”.

Del mismo modo, amplió: “El Poder Judicial receptó demandas de individuos y les dio la razón y hasta solicitó al Parlamento que avanzara con una ley nacional para brindar soluciones de fondo a todas esas familias. El Legislativo finalmente aceptó tratar el tema el año pasado, pero aún nos falta una solución definitiva. Quiero destacar que esta sesión ha sido solicitada por legisladores de diferentes fuerzas políticas, a quienes agradezco profundamente. Espero que podamos a partir del diálogo y el aporte de todos, encontrarlas y plasmarla en una ley”.

El diputado nacional y vicepresidente tercero de la Cámara baja, Julio Cobos (UCR – Mendoza) analizó la situación actual del país. Habló de las candidaturas dentro del interbloque opositor y resaltó: “Teniendo candidatos cada espacio se fortalece JxC y se habla de un único plan de gobierno independiente de quien gane”. Por otro lado, criticó que “hoy en día la agenda esta vinculada al Poder Judicial”, afirmó que Cristina Kirchner “no está proscripta”, y consideró que al presidente “se le ha ido socavando el poder”.

También resaltó el lanzamiento de la candidatura del actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En el plano económico, analizó la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y volvió a pedir por el tratamiento de los Créditos UVA.

En una larga entrevista por la AM 990, Cobos recordó el conflicto que se originó con la resolución 125 y opinó: “Lamentablemente poco hemos aprendido, porque a veces es solo un conflicto, pero tiene que servir para aprendizaje para no cometer errores con lo cual el mensaje que dejó el conflicto de la 125. Primero si hay decisiones equivocadas hay que dar una marcha atrás y volver a empezar e ir encausando la decisión política errónea y no morir con las otras cuecas a costa de todos, porque trae consecuencias como la que ocurrió con la 125 que transformó una legislación económica en un conflicto social. No había en las góndolas mercadería, estaban las rutas cortadas, hubo enfrentamientos entre la gente del campo y militante. Esto nos tiene que dejar una lección”.

“La segunda lección es el rol que tienen que tener presidente y vice que tienen que trabajar codo a codo, consensuando medidas a tomar y hoy ha demostrado que poco se ha aprendido de aquella situación que ya hace 15 años, que para algunos fue el origen de la grieta y que, hoy por hoy, la falta de diálogo, la falta de consenso, que todo se mide que ‘si vos lo presentas entonces yo no te doy la venia para que todo suja’, se convierte en una agenda que hoy está todo vinculado al Poder Judicial dejando de lado los temas de seguridad, económicos, la ley de alquileres, los créditos hipotecarios”, criticó.

En un párrafo aparte, aclaró que “la postura de no presentarnos a las comisiones y debatir fue solo en extraordinarias”, y comentó: “Yo he pedido sesión especial para el miércoles que viene a las 14 para resolver el problema de los créditos hipotecarios”.

Créditos UVA

Al respecto, Cobos explicó: “Cuando se dieron los créditos había una proporción entre el valor de la cuota del crédito y el salario y eso representaba un porcentaje. En todo contrato se debe mantener lo que se llama equidad contractual a lo largo del tiempo y si se rompe esa equidad hay que ver qué mecanismos se usan para compensar”.

“Lo cierto es que la inflación en el momento en el que se sacaron los créditos había una proyección de la inflación del 10%, mas menos 2%, y que se fue acelerando y ya el último de la gestión de Mauricio Macri se puso un congelamiento en agosto de 2019 para que no se aumentara la cuota mientras se encontraba una solución”, relató.

En esa línea, criticó que “la solución no vino, vino Alberto e hizo tres congelamientos sin ninguna solución, al contrario, porque esos congelamientos no implicaban que se daban por cancelados los aumentos. Se acumuló deuda tanto de capitales como de intereses que se incorporaron en un número más de cuota del préstamo, pero la deuda siguió aumentando”.

A su vez, precisó que “el proyecto que tenemos dice que se retrotraiga el valor de la cuota a agosto de 2019 fecha del primer congelamiento y se actualice con la evolución del salario y que se genere un fondo compensador porque los bancos tienen garantías de los depósitos, que para aquellos bancos que han prestado estos créditos, esos fondos puedan atender esas diferencias y que el Estado pueda aportar de manera voluntaria para fomentar los créditos hipotecarios”.

Lanzamiento de la candidatura de Gerardo Morales

De cara a los próximos comicios y tras el lanzamiento de la candidatura a la presidencia de la Nación de Gerardo Morales -titular de la UCR-, el diputado mendocino aseguró que existe “la posibilidad de entrecruzar dentro de nuestro espacio político hombres y mujeres que pertenezcan a JxC, nosotros tenemos el peronismo republicano que lidera Miguel Ángel Pichetto, quizás Gerardo Morales ha expresado esta visión porque le ha tocad gobernar Jujuy con un compañero del peronismo”.

“Teniendo candidatos cada espacio, se fortalece JxC porque la sociedad pude elegir y a veces hay matices hay perfiles distintos, hay candidatos que les gustan más y todo suman y se habla de un único plan de gobierno, se habla de un solo gobierno independientemente de quién gane”, destacó Cobos.

Renegociación con el FMI

En el plano económico, el exgobernador por Mendoza manifestó que “el fondo siempre interviene en los procesos de transición de países que se encuentran en crisis financiera”, ante lo que se sinceró: “A mí no me gusta que se recurra al fondo, pero no había opciones porque cuando se recurre al Fondo ya no hay posibilidades de confianza en el mercado interno y las tasas de interés vuelan por las nubes por el riesgo país”.

“El fondo facilita el dinero para lograr la estabilidad, y después el fondo confía en el que país se recupere para pagar la deuda. Hoy esta instalada la inestabilidad porque, si bien se frenó la crisis económica, pero sigue constante la inflación arriba de 6 puntos y el riesgo país por las nubes que impiden aún salir del endeudamiento”, advirtió.

Y explicó: “Lo que dice el fondo es lo que pide de aumentar las reservar, son medidas que hay que a ver en países que buscan estabilidad, pero hoy por hoy tenemos tanta incertidumbre en la economía que se agrava con la diversidad de dólar y que hace que el ministro saque el dólar vino, cuando lo lógico y razonable es que haya un solo tipo de cambio”.

Gobierno Nacional

Por último, opinó que “Cristina no está proscripta porque hasta que no haya sentencia firme de la corte no entra en rigor lo que decreto la cámara por la causa de vialidad mientras se apele”.

Por otro lado, expresó: “Creo que Alberto tenía más poder como jefe de Gabinete que como presidente. Había hecho una buena gestión, ordenaba los ministerios y actuaba bajo la decisión que le daba Néstor Kirchner”.

“No ha ejercido la autoridad como correspondió a la hora de tomar decisiones y ordenar la relación con la vicepresidenta”, consideró el radical y lanzó: “Se le ha ido socavando el poder, porque de origen el poder se lo dio ella al elegirlo como presidente y no supo administrar la relación. Lo hacen culpable de muchas cosas como si ellos no fuesen parte del gobierno”.

El vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados, Julio Cobos (UCR – Mendoza), habló este jueves de la situación que afronta la ciudad de Rosario y opinó que “habría que actuar con una fuerza especial antinarcotráfico para lograr resultados”.

Del mismo modo, el radical expresó: “Si uno hace una encuesta, el 90 por ciento te va a decir que hay que intervenir con las fuerzas militares por la inacción del Gobierno”, y explicó: “El Gobierno recurre a la desesperación para intervenir. El tema del narcotráfico es un delito federal”.

En declaraciones a CNN Radio, Cobos detalló que el problema del narcotráfico no es solo una cuestión militar, sino que “es un tumor que llega a policías, jueces y funcionarios”. Así también, amplió: “Tiene que ser fuerte la inteligencia criminal en esta lucha”.

“No solo se resuelve con fuerzas policiales, se necesita una coordinación entre todas las fuerzas. Lo más lógico sería el reemplazo de gendarmería por el ejército en las fronteras”, señaló el exvicepresidente de la Nación.

Por otro lado, sostuvo que “cualquier mención del ejercito hiere susceptibilidades, pero hay que ir actualizando su rol mediante capacitación y perfeccionamiento”. “Falta una visión integral de la seguridad en Argentina”, siguió.

Consultado por la interna dentro de Juntos por el Cambio, Cobos explicó: “Lo primero que tiene que hacer es JxC es ensamblar una propuesta de Gobierno en seguridad para unificar una idea y respaldar al espacio político”. “Si el radicalismo se fortalece con un gran candidato fortalece a todo el espacio”, indicó.

Asimismo, manifestó: “Los radicales queremos fortalecer el espacio y tenemos la oportunidad de obtener un gran resultado”, y concluyó: “El miércoles acompañare al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en el lanzamiento de la precandidatura”.

Legisladores de diferentes bloques firmaron en la tarde de este martes un pedido para solicitar una sesión especial para el próximo miércoles 22 de marzo, destinada a abordar la temática de los créditos UVA.

Julio Cobos señaló que “durante todo el año pasado intentamos lograr una solución a la problemática de los créditos UVA; hicimos un acuerdo con las autoridades de la Cámara, logramos que se realizaran las reuniones de comisiones, escuchamos a las distintas partes y aun así, no logramos tener un dictamen y que baje al recinto”.

“No podemos dilatar más el tratamiento, por eso con el acompañamiento de legisladores y legisladoras de diferentes bloques, solicitamos una sesión especial para el 22 de marzo”, remarcó el mendocino en referencia al pedido suscripto por 41 diputados de todos los sectores, incluso el oficialismo.

Agregó el legislador radical que “diariamente, distintas personas que son tomadores de hipotecarios UVA reclaman que se retome el tratamiento del tema y como finaliza el periodo de extraordinarias y en cumplimiento del compromiso asumido, pido que nos aboquemos en forma urgente al tratamiento. Confío en que podamos llegar al recinto con una propuesta consensuada y unificada que contemple los requerimientos de todas las partes tal cómo lo expresaron oportunamente en los plenarios de comisiones”.

Además, Julio Cobos dijo que “desde hace meses cientos de familias peregrinan por bancos y juzgados buscando un salvavidas antes de que sea tarde. El problema existe y ha sido detectado por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo tomó medidas -congelamiento de las cuotas-, tanto la gestión anterior del Ingeniero Macri como la actual del presidente Alberto Fernández. El Poder Judicial receptó demandas de individuos y les dio la razón y hasta solicitó al Parlamento que avanzara con una ley nacional para brindar soluciones de fondo a todas esas familias. El Legislativo finalmente aceptó tratar el tema el año pasado, pero aún nos falta una solución definitiva. Quiero destacar que esta sesión ha sido solicitada por legisladores y legisladoras de diferentes fuerzas políticas, a quienes agradezco profundamente. Espero que podamos a partir del diálogo y el aporte de todos, encontrarlas y plasmarla en una ley”.

Finalmente, Cobos expresó que “la solución debe contemplar un esfuerzo compartido, debe lograr aliviar la situación de los tomadores, no desfinanciar al Estado ni perjudicar el ahorro ni al sistema bancario y debe reactivar el sistema de créditos hipotecarios. Nadie quiere que dejen de pagar sus compromisos, nadie quiere afectar el sistema de créditos, por el contrario, el objetivo es reactivarlo; tampoco nadie quiere perder su casa ni que la pierdan. Lo que no resolvemos desde la política lo resuelve la justicia. Todos queremos una solución viable, de esfuerzo compartido y sostenible en el tiempo y espero que el próximo 22 de marzo y en el recinto de la Cámara baja, aprobemos una ley que cumpla esos requisitos”.

Quiénes firman el pedido

Por la UCR, suscriben la solicitud los diputados Ricardo Buryaile, Mario Negri, Facundo Manes, Lisandro Nieri, Mario Barletta, Manuel Aguirre, Lidia Ascarate, Gabriela Lena, Miguel Bazze, Fernando Carbajal, Miguel Nanni, Martín Arjol, Soledad Carrizo, Juan Carlos Polini, Jimena Latorre, Víctor Hugo Romero, Jorge Rizzotti, Jorge Vara, Marcos Carasso, Pedro Galimberti y Julio Cobos.

Del Pro están Alvaro Martínez y Omar De Marchi.

Además están los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein; Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero); Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro); Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense); los cordobeses Carlos Gutiérrez y Natalia de la Sota (Córdoba Federal); Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Domingo Amaya (Encuentro Federal); Danya Tavela, Gabriela Brouwer de Koning y Marcela Antola (Evolución Radical), y Carlos Zapata (Ahora Patria).

Por el Frente de Todos, firmaron Roberto Mirabella, Eber Pérez Plaza, José Luis Gioja y Adolfo Bermejo.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de declaración ante el anuncio del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, de suspender su participación en el Tratado sobre la Reducción de Armas Estratégicas, conocido como New Start.

“Desde el inicio mismo de la invasión rusa a Ucrania, el Congreso de la Nación ha manifestado públicamente el fuerte rechazo a la guerra y hemos pedido por una solución pacífica de los conflictos y en el marco del derecho internacional”, recordó el legislador de Juntos por el Cambio.

Luego del reciente discurso del presidente Putin, el mendocino aseguró: “Estamos muy preocupados por la escalada que puede tomar este conflicto, mucho más cuando se refiere a tratados de no proliferación nuclear”. “La República Argentina siempre estará del lado de un desarme nuclear completo, verificable, transparente e irreversible y eso es importante dejarlo en claro”, remarcó.

El exvicepresidente insistió en la “preocupación” por “el anuncio del presidente de la Federación de Rusia de suspender la participación de su país en el único acuerdo bilateral de desarme nuclear que existe con Estados Unidos, a pocos días del primer aniversario de la invasión”. “Este tratado firmado en 2010 fue diseñado con la intención original de prevenir una guerra nuclear ya que limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que ambos países pueden desplegar y otorga a cada uno el poder de inspeccionar al otro. Este control mutuo permite mantener un estándar mínimo de no proliferación de armas nucleares, fundamental para mantener la paz; no darle continuidad es una mala noticia para todos los países del mundo”, explicó.

En su iniciativa, el radical señaló que “por una cuestión estratégica de seguridad internacional, se debe dar continuidad al desarme paulatino y progresivo y a la inspección de las instalaciones nucleares por parte de la comunidad internacional; para que cada una de las dos potencias firmantes necesita tener claro que la otra está cumpliendo su parte”.

“Los anuncios realizados por el presidente Putin se oponen a nuestra política de Estado de avanzar hacia un desarme nuclear completo, verificable, transparente e irreversible. Necesitamos un mayor compromiso por parte de los Estados poseedores de armas nucleares para lograr medidas concretas hacia el desarme y es, en este sentido, que considero oportuno que se exprese el Congreso de la Nación”, completó Cobos.

El vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados, Julio Cobos, presentó este jueves un proyecto para actualizar, mejorar y hacer más eficiente la Ley de Financiamiento Educativo.

De esa manera, expresó: “Argentina tiene una tradición importante en cuanto a legislación sobre aspectos relacionados a la Educación”, y agregó: “Una de esas leyes, surgida de un amplio consenso y con metas y objetivos claros, fue la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que introdujo cambios importantes en materia de financiamiento y articulación Nación con provincias”.

El proyecto establece un aumento de la inversión educativa con metas anuales en términos de porcentaje del PBI, como también definió el aporte de la Nación -un 40 por ciento- y de las provincias -un 60 por ciento- en ese aumento.

También, se estableció el destino prioritario del aumento de la inversión en términos de metas educativas, por ejemplo, la inclusión del 100 por ciento de los niños y niñas de 5 años en el nivel inicial, el acceso a escuelas primaria de jornada extendida por parte de al menos el 30% de los alumnos, incorporación de Tecnología de la información y comunicaciones, entre otras”, explicó el diputado nacional.

“A 18 años de la promulgación de esa ley, ha llegado la hora de rediscutirla, actualizarla y mejorarla. Insisto en este punto, es una muy buena ley por eso partimos de la misma base para proponer modificaciones; contamos con la ventaja de poder analizar lo sucedido en estas casi dos décadas de vigencia de la ley 26.075”, señaló

Del mismo modo, agregó: “Detectamos problemas que queremos subsanar; por un lado, el bajo aporte de Nación al sistema inicial, primario y secundario, por otro el nivel de discrecionalidad en el sistema de transferencia y la falta de planificación de los programas”.

En relación al cumplimiento de la meta de financiamiento, Cobos detalló que “las políticas educativas financiadas por el Estado nacional -es decir el 40% que éste aporta- se organizan en diferentes programas presupuestarios; con nuestra propuesta buscamos mejorar los fondos que computa la Nación para el cumplimiento de esta ley, y que pueda verse reflejado en una mejor distribución de los mismo en todo el sistema educativo y no como sucede en la actualidad que se concentra principalmente en las universidades, lo que resulta en un desfinanciamiento en los sectores más concentrados como son el nivel inicial, primario y secundario”.

“El financiamiento de esta población de alumnos se realiza en un 90% con recursos provinciales, y sólo un 10% con recursos aportados por Nación. Esto es unos de los puntos más importante que buscamos mejorar, si logramos transformarla en ley, en la práctica el financiamiento de los POA -plan operativo anual- se triplicaría en relación con la actualidad”, expresó.

Además, sostuvo que “otro gran problema que presenta la ley es la subejecución de las partidas asignadas a los diversos programas que integran el POA, ya que las provincias elevan este a principios de cada año y se aprueban varios meses después. Para ello, los convenios bilaterales deben integrar la Ley de Presupuesto de cada año, acompañado con la evaluación del grado de cumplimiento de las metas fijada del ejercicio anterior antes del 30 de septiembre del año anterior a su ejecución. Esto evitará dilatar la ejecución de los fondos, mejorando la asignación, planificación y evaluación de los recursos”.

Finalmente, Cobos expresó que “Creemos que es parte de las asignaturas pendientes que debemos solucionar, es decir una mayor inversión de la nación en los sectores más concentrados, un seguimiento de las metas establecidas, y una mejor distribución y planificación de los recursos”.

Este viernes el Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado de la Nación el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Estadístico Nacional -incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias- que buscar establecer “un sistema estadístico nacional moderno, fortalecer la autarquía y la independencia”.

Al respecto, el diputado nacional y vicepresidente tercero de la Cámara baja, Julio Cobos (UCR – Mendoza), explicó que la iniciativa “pretende crear un Sistema Estadístico Nacional aplicable incluso a municipios y provincias y crear un INDEC descentralizado y autárquico”, pero que “nuestra primera impresión es que no lo logra por diferentes motivos”.

“En primer lugar no se logra la independencia, por cuanto la designación del director ejecutivo o directora ejecutiva del INDEC debe en principio realizarse por el Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Senado de la Nación. No obstante, tal designación también puede hacerse en comisión solo por el Ejecutivo Nacional lo que implica, sin más, la total falta de independencia del funcionario que resulte designado”, consideró.

En ese sentido, comparó: “Un caso similar se da en el Banco Central donde su presidente carece de acuerdo del Senado desde que inició su mandato el presidente Alberto Fernández. Por lo tanto, la falta de independencia en el caso es más que evidente”.

En segundo término, Cobos señaló que “el proyecto establece que la remoción del director ejecutivo o de la directora ejecutiva será decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir sin intervención del Senado. Una muestra más de la falta de independencia, que coloca a la cabeza del supuesto organismo autárquico a tiro de decreto”.

Por último, el radical dijo que “se pretende una vigencia para las provincias y municipios, aunque no se las invita a adherir a la norma, lo que a priori implica un avance sobre las autonomías provinciales, algo que el Congreso no debe convalidar”, y agregó: “Es de esperar que durante el tratamiento de la norma, los señores y señoras legisladores corrijan los defectos citados y defiendan tanto la independencia del Poder Legislativo en la designación del director, como las autonomías provinciales en la aplicación de la norma”.

En reunión pre-campaña, el diputado nacional Julio Cobos mantuvo una reunión con el gobernador jujeño y presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien está anotado en la carrera presidencial dentro de Juntos por el Cambio.

“Le agradezco mucho su invitación a participar en el desarrollo del programa de gobierno a nivel nacional en el que viene trabajando con su equipo”, manifestó el mendocino luego del encuentro.

El exvicepresidente reveló que durante la reunión coincidieron en varios aspectos, entre ellos que “es necesario ordenar la administración nacional en lo relativo a fondos fiduciarios y empresas del Estado, que hoy originan más de 5 puntos de déficit del PBI”.

“Además, recuperar fondos específicos en materia habitacional y vial, que hoy están totalmente disminuidos. También descentralizar subsidios de transporte y energía, transfiriéndolos a las provincias de manera institucional, sistemática y sin margen de discrecionalidad”, continuó.

El legislador señaló que ambos hablaron sobre “la necesidad de avanzar en una reforma fiscal e impositiva, previo al ordenamiento del Estado; establecer un programa integral de inversión y generación de empleo para todas las regiones de Argentina; y crear herramientas para evitar la deserción escolar y mejorar la calidad educativa”.

Cobos explicó que “junto al equipo que acompaña a Gerardo, se está trabajando en lineamientos en materia de justicia, seguridad, salud y una clara definición del rumbo en política exterior”.

Finalmente, el diputado sostuvo: “Hace tiempo que las diferentes fundaciones y equipos técnicos que integran Juntos por el Cambio están trabajando en las propuestas; a su vez cada partido busca darle su perfil e impronta. Desde la Unión Cívica Radical debemos difundir nuestras propuestas para cada área, tanto hacia adentro del frente que integramos para coordinar con el resto de las fuerzas, como hacia afuera, para que la sociedad evalúe y conozca nuestra visión y nuestro objetivo”.

El vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados, Julio Cobos, presentó un proyecto de ley para garantizar el derecho al pago seguro de los consumidores y usuarios que realicen transacciones por medio de tarjetas de crédito, débito, prepagas o cualquier medio de pago electrónico de forma presencial en locales comerciales.

La iniciativa prevé que las transacciones que se realicen en forma presencial por medio de tarjetas de crédito, débito, prepagas o medios de pago electrónicos deberán hacerlo delante de ellos, debiendo el local comercial contar con los sistemas de pago que faciliten la operación. En caso de no cumplir con este requisito, se multará a los comercios con las sanciones que estipula la Ley del Consumidor. 

“Es costumbre en nuestro país que el consumidor entregue la tarjeta al comerciante para que sea éste quien realice la operación en el sistema electrónico de pago, y esto lo que buscamos evitar porque esta situación implica la pérdida del control por parte del consumidor o usuario de la tarjeta, lo que genera riesgos de posibles defraudaciones, aumenta la vulnerabilidad y pone en riesgo al usuario”, explicó Cobos, autor del proyecto.

Ademá, agregó que “la protección de datos personales es un tema crítico en la era digital y la proliferación de estafas relacionadas con este tipo de medios de pago nos motiva a proponer este proyecto para evitar que los consumidores pierdan de vista sus tarjetas. La tecnología existente permite que estas transacciones sean realizadas delante del cliente sin que sea necesaria la entrega de los plásticos -o cualquier otro soporte- que son personales”.

Acompañan esta iniciativa los diputados radicales: Gerardo Cipolini, Gabriela Lena, Karina Banfi, Ximena García, Roxana Reyes, Manuel Aguirre, Roberto Sánchez, Lisandro Nieri, Víctor Hugo Romero, Ricardo Buryaile, Soledad Carrizo, Jorge Rizzotti, Marcela Coli, Jorge Vara y Gustavo Bouhid.

Julio Cobos solicitó al Poder Ejecutivo que informe “sobre el estado de avance y conclusiones del relevamiento realizado por el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos concesionados (ETAHC), que tiene entre sus objetivos el relevamiento integral del estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional”.

El legislador mendocino explicó que “en marzo del año pasado, la Secretaría de Energía de la Nación definió la necesidad de evaluar el estado de las concesiones hidroeléctricas que fueron dadas por el Estado Nacional en los años 90 por un período de 30 años, conformando para ello un importante equipo de trabajo de profesionales de CAMMESA, IEASA (hoy ENARSA), el ENRE y el ORSEP y encargando específicamente una auditoría de las condiciones técnicas de los equipos de generación a IEASA (hoy ENARSA)”.

Asimismo, y en relación a esa evaluación, Cobos dijo que “se enfocaría en particular en el período de concesión de presas y centrales ubicadas en el Comahue que vence este año: Alicura, Piedra del Águila y El Chocón, todas sobre el río Limay en el límite entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Además, Arroyito, sobre el río Limay en el límite entre Río Negro y Neuquén y está incluida en el mismo contrato de Concesión que El Chocón. También, el complejo Cerros Colorados, sobre el río Neuquén en la provincia de Neuquén. Estas centrales concentran la mayor potencia hidroeléctrica propia de nuestro país, por lo cual son de suma importancia para asegurar el suministro eléctrico”.

“Dada la proximidad del vencimiento de estas concesiones -a las que se suman en los años siguientes otras en Mendoza, Salta, Chubut, Tucumán y San Juan- resulta imprescindible saber el estado actual de estas instalaciones que en algunos casos ya tienen más de 50 años de operación. El conocimiento del estado de las obras permitirá tomar las decisiones necesarias respecto a la futura operación de dichas centrales y eventuales modernizaciones, necesarias para seguir contando en el futuro con esa muy importante capacidad de producir energía hidroeléctrica, que como se sabe es absolutamente fundamental para un futuro con menos emisiones de bióxido de carbono, según los compromisos tomados por Argentina para el año 2050.

Finalmente, Cobos alertó que “existe un proyecto presentado en el Senado de la Nación, que contiene una propuesta respecto a la futura operación de las centrales, cuyo análisis implica investigar profundamente sobre el tema”. Ese proyecto presentado por el senador Parrilli implica dar la operación y el mantenimiento de las centrales a ENARSA en forma directa. Cobos indicó que “ENARSA que ha tenido y sigue teniendo innumerables problemas para llevar adelante las obras hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, no tiene la experiencia ni los recursos humanos para operarlas ni los recursos económicos para realizar los trabajos de modernización que se necesitan”.

Desde hace décadas, Argentina carece de una moneda atractiva para la ciudadanía, el peso ha perdido las funciones básicas que una moneda sana debe tener, por eso los argentinos se respaldan en el dólar como reserva de valor (para ahorrar) y para establecer ciertos precios de bienes y servicios (casas, autos, alquileres).

Recientemente, el Banco Central generó un nuevo instrumento financiero, una moneda remunerada en UVA, con el objeto de hacer más atractivo al cada vez más devaluado peso argentino; y ahora aparece la propuesta de crear una moneda común con Brasil con la posibilidad que sea extensiva al Mercosur, replicando la experiencia de Unión Monetaria llevada a cabo en Europa con la creación del Euro.

En este contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmaba al medio Financial Times “que comenzará el trabajo preparatorio para estudiar los parámetros necesarios para una moneda común, que incluye todo, desde cuestiones fiscales hasta el tamaño de la economía y el papel de los bancos centrales”.

Sin embargo, en declaraciones oficiales posteriores de ambos países se le fue bajando el alcance a la propuesta divulgada inicialmente, y destacaron que la idea es establecer una moneda “sólo para operaciones comerciales y financieras entre países”, bajando costos operativos y reduciendo nuestra vulnerabilidad externa. Ya no hablamos entonces de una moneda común que reemplace en un futuro al peso y al real. En este contexto, es importante aclarar que esta posibilidad de intercambio comercial ya existe, no configura ninguna novedad, y a lo sumo se podrá perfeccionar una herramienta que en la actualidad es muy poco utilizada por las empresas.

En octubre de 2008, Cancillería argentina presentaba el Sistema de Pagos en Moneda Local (SML) adoptado entre Argentina y Brasil. El sistema acordado por ambos Gobiernos hace ya 15 años, implica que el dólar deja de ser la moneda obligatoria de intercambio, y se instrumentó un mecanismo coordinado entre los bancos centrales de ambos países a fin de asegurar una cobertura legal y técnica adecuada al intercambio en pesos y reales.

El SML permite al importador y exportador pagar y cobrar en sus respectivas monedas locales, lo que excluye de cualquier actividad del mercado cambiario (compra/venta de dólares), eliminando costos financieros y administrativos que a veces actúan como una barrera para que PYMES accedan al mercado de comercio exterior.

Este sistema ha tenido muy bajo impacto y muy pocas operaciones (en relación al total) se realizan obviando al dólar como moneda de referencia. El Sistema de Pagos en Moneda Local no implica una integración monetaria entre países, cada país sigue teniendo soberanía monetaria y una moneda nacional, y no hay institución monetaria supranacional (como un Banco Central Regional). El mismo mecanismo de Pagos en Moneda Local también se firmó con países como Paraguay, Uruguay, China.

El SML es sólo un primer paso modesto para comenzar una negociación que finalice en una unión monetaria con moneda regional única, proceso que necesita décadas de continua confianza y coordinación de las políticas macroeconómicas, algo hoy inexistente.

Una moneda común y única en el Mercosur tendría ventajas importantes para los particulares, las empresas y las economías de los países que lo utilizan. Permitiría mayor facilidad con la que se pueden comparar los precios entre países (mayor competencia entre empresas beneficiando a los consumidores), mayor estabilidad de los precios, facilidad de ahorro, estabilidad y crecimiento económico, mercados financieros mejor integrados y más eficientes, mayor influencia en la economía mundial y una fuerte señal de identidad regional en los mercados internacionales. A su vez, una moneda única eliminaría los costos de las fluctuaciones de los tipos de cambio dentro de la región, lo que protegería a los consumidores y a las empresas de oscilaciones de los mercados cambiarios y monetarios, que hoy terminan atentando contra la confianza, desalentando la inversión y provocando inestabilidad económica.

Desde que la Unión Europea decidió crear una moneda única hasta su aparición, pasaron más de 30 años. En ese tiempo se discutieron y consensuaron exigentes criterios de convergencia que todos los países debían cumplir previamente para ingresar en la zona del Euro. Estos criterios, en síntesis, requerían que la inflación no fuese mayor que un 1,5% respecto a la media de los tres estados de la eurozona con menor inflación; un déficit presupuestario menor al 3% del PIB; una deuda pública que no superara el 60% del PIB; tipo de cambio sin volatilidad en relación al Sistema Monetario Europeo (bandas cambiarias, con imposibilidad de devaluar la moneda local unilateralmente); tasas de interés nominal a largo plazo que no debían ser superior en un 2% a la media de los tres estados con menores tasas de inflación, entre otras medidas.

En definitiva, Argentina y Brasil sólo podrán plantear la alternativa de moneda común cuando acuerden y pongan en marcha una convergencia macroeconómica similar a la establecida en el Tratado de Maastrich que dio origen al Euro. Esta convergencia macro es el único camino que daría factibilidad a una unificación monetaria integral.

En este contexto, algunas asimetrías macro con Brasil, básicas para la integración monetaria, son elocuentes. Nuestra inflación del 94,8% (interanual a diciembre 2022) contrasta con la inflación anual del 5,9 % en Brasil; la tasa de interés de referencia en Argentina multiplica por 5 a la de Brasil; existe una volatilidad cambiaria elevadísima con el resto de las monedas de la región, sumado a 17 tipos de cambio comerciales y financieros que coexisten (dólares mayorista, minorista, Coldplay, ahorro, Netflix, turista, blue, MEP, turista extranjeros, Cedear, Cripto, CCL, ADR, Bienes de Lujo, Tecno, Economías regionales, Qatar).

El proyecto de creación de una moneda común suena utópico e inoportuno sin una previa estabilización de la moneda argentina, una normalización y unificación gradual del mercado cambiario, una consolidación del equilibrio fiscal, y la generación de un escenario de sustentabilidad para la deuda pública (tanto del Tesoro como del BCRA).

No existen atajos ni soluciones mágicas para nuestros problemas. La unificación monetaria del Mercosur puede ser el resultado de un arduo proceso, pero nunca la punta del ovillo. Antes debemos solucionar problemas económicos urgentes que aquejan a la sociedad argentina, que exigen la implementación de un programa de estabilización creíble y una imprescindible agenda de cambios estructurales.

A la hora de analizar las cuentas pendientes del Congreso este año, pican en punta alquileres y créditos UVA. Al menos, al día de hoy, y la factura está en la Cámara baja, donde se habían propuesto abordar el tema, pero se toparon con una realidad que -inflación mediante- complicó una solución al punto tal que ninguno de los dos temas ha llegado al recinto. Al menos al día de hoy.

Con la intención de revertir esta situación, la Comisión de Finanzas que encabeza la diputada del Frente de Todos Alicia Aparicio ha sido convocada para este miércoles a las 15 para continuar el debate de los deudores de créditos hipotecarios UVA.

Para refrescar la situación, vale recordar que el 13 de abril de este año, el diputado nacional radical Julio Cobos presentó un proyecto para renegociar los contratos, pero luego fue más allá al tratar de forzar junto a otros diputados de JxC una sesión especial para tratar esa problemática.

Alentado por lo que ya habían logrado con el tratamiento de la Ley de Alquileres, un día después de que la oposición pidiera una sesión especial para tratar Boleta Unica, el 28 de abril pasado solicitaron al presidente de la Cámara baja convocar a una sesión especial el jueves 5 de mayo para tratar de manera urgente el tema de los créditos UVA.

La propuesta suscripta por 28 diputados radicales contemplaba el tratamiento de dos proyectos: ese que el propio Cobos había presentado dos semanas antes, y otro del exdiputado Alvaro De Lamadrid denominado “rescate de deudores hipotecarios UVA”.

La movida tenía como intención forzar el tratamiento del tema, mas no del modo sugerido en la convocatoria, sino a través de un entendimiento con el oficialismo, que se alcanzó el 3 de mayo, cuando se acordó armar un esquema especial con 30 días para resolver la situación.

El presidente de la Cámara emitió una resolución unificando giros y convocando a que en 30 días se emitiera un dictamen consensuado.

En busca de una solución consensuada

El acuerdo suscripto entre el entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa, Germán Martínez, Mario Negri y Julio Cobos hablaba de “avanzar en la búsqueda de una solución consensuada para los actuales tomadores de créditos UVA, y perfeccionar los mecanismos actuales para promover créditos hipotecarios accesibles y sostenibles en el tiempo”.

Las comisiones que se ocuparían de trabajar en el tema serían las de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, que convocaron a una reunión informativa el 1 de junio de 2022, donde se presentaron funcionarios, exfuncionarios, especialistas y familias tomadoras de crédito.

En esa ocasión, la titular de Finanzascontó que habían acordado llevar adelante dos reuniones informativas y una reunión de debate.

En representación del colectivo UVA, la primera oradora dejó bien establecido el eje del problema. María Luisa Schwab, integrante de Hipotecarios UVA Tandil, contó su situación personal a partir del hecho de haber pedido un crédito para construir en mayo de 2017 en un lote de su propiedad: “Nos encontramos con que el primer desembolso no era la cantidad de dinero esperada”, contó, asegurando que “no hubo especulación por parte nuestra. No hicimos negocio, como algunos dicen”, y cuestionó “el aumento desmedido de las cuotas”.

“Ya hemos devuelto el monto otorgado y de ahora en más todo es ganancia de los bancos”, sintetizó.

A continuación habló Iván Kerr, exsubsecretario de Vivienda durante la gestión Cambiemos. “Durante 2016 el BCRA creó la UVA, que permitió que muchas familias de ingresos medios pudiera comprar su vivienda”, recordó, destacando el “boom” que generó entonces ese sistema, que rige hoy sin problemas en países vecinos. Pero admitió que la inflación generó problemas que trataron de atender adecuando el nivel de incremento de las cuotas, a través de un fondo fiduciario creado a esos fines que se aplicó para deudores del Procrear y del UVA.

“En noviembre de 2019 presentamos un proyecto de ley para que a partir del presupuesto siguiente las cuotas se comenzaran a tratar en función de un sistema de convergencia que evitara este salto inflacionario acumulado”, recordó, con el fin de “proteger a los deudores, pero también mejorar la calidad del crédito hipotecario para que volviera a ser utilizado en el futuro”. Sugirió como solución crear un fondo de compensación “simétrico”, para que los tomadores de créditos paguen sus cuotas ajustadas por salarios, y que los bancos sigan percibiendo las cuotas ajustadas por el CER y la UVA, vía un fondo compensador, cosa que funciona en otros países de manera “rentable”.

Kerr concluyó asegurando que “el crédito hipotecario necesita apoyarse sobre una economía estable con capacidad de proyectar en el mediano plazo. Hasta que eso no ocurra, este fondo compensador puede ser una herramienta para dar seguridad a quienes tomaron créditos hipotecarios”.

Durante el debate, se escucharon expresiones como la de Adrián Daniel Albor, presidente de una asociación civil que patrocina a deudores, que expresó la conclusión de que “los bancos se han convertido en lo micro en lo que el FMI es en lo macro a los estados”. Lo contradijo el economista Lucas Llach, quien también fue funcionario de la gestión anterior, que negó que ese fuera “un negocio de los bancos”. Y pensando a futuro, advirtió que “si queremos que el deudor pague menos de lo que se comprometió a pagar, estamos diciendo que haya pocos incentivos para el prestamista, que no es el banco sino los depositantes (…) Si no hay nadie que preste, no hay crédito”.

Llach le reclamó al Congreso “permitir que siga existiendo el crédito en la Argentina, y por lo tanto la indexación”, aclarando que la cuota UVA es el crédito más estable, pues contempla lo que fue la inflación en el mes anterior, por lo tanto “su variabilidad es mucho menor a la variabilidad que tienen todos los demás ítems”.

Advirtió por último que si se compensara a solo un grupo, que son los tomadores de créditos, habría que compensar también a los otros 47 millones de argentinos.

“El sistema UVA no falló por su mecanismo de indexación, sino por dos falsas premisas desechadas por la evidencia: que el aumento de la oferta de la vivienda va a bajar su precio y que la facilitación del crédito hipotecario aisladamente contribuye a resolver el problema de la vivienda. Cualquiera que entiende  un poco sobre el funcionamiento del mercado del suelo sabe de la formación de la renta y de las expectativas alcistas en contextos especulativos”, sostuvo por su parte la diputada Romina del Plá.

Una defensa encendida del sistema de créditos fue la que hizo Federico González Rouco, gerente de Créditos y Alquileres en el Instituto de Vivienda de CABA, que destacó que “hoy la mora es del 1,3%”, remarcando que los países que utilizan este tipo de sistema siguen manteniéndolos y relacionó todos los problemas a la inflación. “Es cierto, el capital aumenta”, reconoció, aclarando que “cada vez se venden menos UVA, pero todos los meses se deben pesos, que ajustados por inflación valen menos”.

Evolución del salario e inflación

La segunda reunión informativa tuvo lugar el 29 de junio pasado, con testimonios en primera persona como el de Sebastián Saúl Ignacio, representante de UVA Necochea, quien contó que había tomado un crédito a través del Banco Provincia en marzo de 2017 por 1.500.000 pesos a 15 años, para poder comprar su casa. Empezó pagando una cuota de 11 mil pesos y “hoy, en la cuota 73, deberíamos pagar 85 mil pesos, algo imposible de hacer”.

Entre la docena de oradores que se presentaron, el exdiputado mendocino José Luis Ramón sugirió que “las entidades financieras resignen esto de seguir cobrando el UVA y que al final del crédito el Estado de la Nación le reconozca la pérdida a los bancos, pero a los 30 años, cuando ya termina”.

Sobre el final de esa reunión, el diputado Cobos planteó el siguiente ejemplo: hoy día, el Banco Provincia da un crédito de 12 millones de pesos con tasa al 41%, con una cuota inicial de 410.915 de pesos y solicita más de un millón de pesos de ingresos. “Es imposible tomarlo”, indicó, para decir luego que “por un crédito UVA el Banco Francés ofrece hoy 12 millones de pesos a 20 años, a una tasa del 5% y la cuota inicial es de 80 mil pesos” y el ingreso requerido, más de 200 mil pesos.

El mendocino opinó que “más allá de la solución que tenemos que brindar desde el Congreso”, lo que hay que hacer es “recuperar el crédito a largo plazo o corto plazo para capital de trabajo”. Así las cosas, planteó que “el problema que tenemos es cómo resolvemos a los actuales beneficiarios de crédito”, y apuntó que “la evolución del salario hasta diciembre de 2018 superó a la inflación”, pero “a partir de ahí cae el salario con respecto al valor de la UVA”.

En ese marco reconoció que había “mucha coincidencia” entre los diputados y el propio Poder Ejecutivo en tratar de encontrar una solución, pero claramente los plazos pactados no se estaban cumpliendo, ni se iban a cumplir: habían fijado 30 días para emitir dictamen y llevaban casi 60, sin siquiera ponerse a discutirlo.

Sugirió ese día invitar a los bancos y al Poder Ejecutivo para la semana siguiente, para después avanzar en una iniciativa consensuada, pero nada de eso ocurrió. En efecto, las entidades financieras solicitaron posponer su visita ante los cambios registrados en el Ministerio de Economía.

Pedido a Cecilia Moreau

Por eso fue que el 11 de agosto pasado, ya con nueva presidenta al frente de la Cámara, el propio Cobos junto a Mario Negri le enviaron a Cecilia Moreau una carta para pedirle reanudar en comisiones el debate por los créditos UVA.

“El contexto inflacionario actual y el vencimiento el día 31 de julio pasado del Decreto 767, mediante el cual se congelaron las cuotas de aquellos que accedieron a un crédito UVA, vuelve más apremiante e incierta la situación de los beneficiarios”, enfatizaron los legisladores de Juntos por el Cambio, que concluyeron pidiéndole a Moreau “arbitrar los medios a su alcance para que se retome el tratamiento parlamentario de los créditos UVA a la mayor brevedad posible, para buscar unificar propuestas, lograr un dictamen y pronto tratamiento en sesión en la Cámara que usted preside”.

La visita de los bancarios

Finalmente el 1 de septiembre se realizó un nuevo plenario para recibir a autoridades de entidades y asociaciones bancarias. En esa oportunidad, Alicia Aparicio abrió el debate expresando el deseo de poder arribar en la próxima reunión a un dictamen de consenso “para aliviar la situación de quienes han tomado crédito en este sistema y ven peligrar la posibilidad de tener su casa propia”.

La primera expositora fue la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, que realizó una síntesis respecto a la situación hoy en día: “En el sistema hay una totalidad de 105 mil deudores UVA, de los cuales el 70% pertenecen a la banca pública. En el Banco de la Nación Argentina teníamos 48 mil créditos, de los cuales hoy están vigente 45 mil, y lo que tenemos que analizar es que el valor del UVA creció 919% desde la creación a la actualidad mientras que el UVI pasó de 846%”.

Además, explicó que, del total del sistema de créditos otorgados, “menos del 2% están en situación de morosidad, y en el Banco Nación 0,98%. De la demanda que hacen cada una de las personas, es que detectamos 4 o 5 temas problemáticos: que son la aceleración de la actualización de la cuota, en relación a la actualización del salario; los problemas en el repago de la deuda; el incremento del capital adeudado en pesos; y el aumento de los años de plazo por topeo de cuotas en relación al ingreso”.

Mariano Beltrami, gerente de Estudios Económicos Banco Provincia, brindó detalles respecto a los créditos otorgados por su institución: “En la actualidad el Banco Provincia tiene cerca de 15.600 créditos activos hipotecarios UVA, que totaliza un saldo actualizado por inflación de 102 mil 900 millones de pesos. Desde fines del 2019, el banco viene mostrando una caída importante en los saldos, y la cantidad de créditos otorgados”.

El gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) Alejandro Pérez, advirtió la necesidad de buscar una solución para los deudores, que “no afecte a las más de tres millones de familias que tienen problemas habitacionales, y deberían poder acceder a un crédito hipotecario para la vivienda en los próximos años”.

Claudio Cesario, presidente de ABA, consideró que es importante destacar se reunieron para analizar “uno de los temas más sensibles para la población”, que es el acceso a la vivienda, “posiblemente una de las mayores deudas que tenemos como sociedad y como Estado, que como garante y articulador de políticas de desarrollo habitacional, debe comprometerse en brindar las condiciones básicas e indispensables para posibilitar su acceso y financiamiento a largo plazo, eso sí, sin generar inflación. Y la inflación es la principal preocupación de todos los argentinos”.

Cerró el debate el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, que coincidió en que toca tratar un tema complejo, que “concierne a uno de los temas de fondo que tiene nuestra sociedad que es la necesidad cultural y social de que los argentinos tengan acceso a su vivienda”.

“Tenemos que encontrar un mecanismo permanente que permita salvar estas situaciones excepcionales y críticas cuando el salario real cae abruptamente y los procesos de negociación paritaria no pueden compensar esta situación con la velocidad que necesitan las familias para poder atender la cuota de un crédito que se ajusta por inflación”, indicó, al tiempo que advirtió que “hay que ser cuidadosos mirando la banca privada, que la solución que se busque no signifique la ruptura de contratos y que tampoco signifique la pérdida patrimonial de los bancos públicos”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller aclaró que el “problema de los tres millones de familias que no tienen acceso a la vivienda es uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina”, pero no es el motivo de este tratamiento: “Nosotros estamos reunidos en torno a un proyecto, que tiende a analizar cómo resolvemos la situación de los 90 mil deudores que tiene el sistema financiero a través del mecanismo UVA, y cómo hacemos que ese sistema pueda ser potable hacia adelante”, aclaró.

“Estamos tratando proyectos concretos que estamos tratando de mejorar y enriquecer. Teniendo en cuenta las variables que señaló el presidente del Banco Central, el tema de la no ruptura del contrato, y la posibilidad de los deudores de acceder a los deudores”, apuntó.

Todavía diputada, Victoria Tolosa Paz consideró que la propuesta que se ha elaborado respecto a la creación de un fondo compensador “puede ser una buena medida que no perjudica a la banca pública, que es la que tiene mayor cuantía de esos créditos otorgados”, y advirtió que “no todo tomador de crédito UVA tiene características para que el Estado salga a socorrer esa situación. Me sumo a que podamos elaborar en la comisión conjunta un perfil, a partir del cual tengamos más certezas”.

Este miércoles se verá si finalmente puede avanzarse en el dictamen prometido y llevar al recinto una propuesta concreta que le brinde una solución a más de cien mil tenedores de créditos afectados por esta situación.

El diputado nacional mendocino Julio Cobos explicó este miércoles que “el Presupuesto es un instrumento de planificación gubernamental que afecta a Nación, provincia y municipio. Tiene que tener las variables macroeconómicas que supuestamente se van a producir a lo largo del año y definir ingresos y egresos y ahí se definirá el superávit o el déficit fiscal. Necesitamos generar orden: la Administración Pública creció en la cantidad de Ministerios, con 29 fondos fiduciarios, 33 empresas del Estado; tenemos un país federal pero que sigue concentrando sus recursos la Nación y no los descentraliza y tienen que venir los intendentes para ver qué convenio firman, sería mucho más fácil si el presidente de la Nación se dedicase a las relaciones exteriores, defensa, educación, salud y obras nacionales y no municipales y provinciales”.

“Dentro del orden, también debe estar ordenado el Presupuesto. No se pueden agregar artículos que lo desvirtúan. Sabemos que es una herramienta que debe tener el Ejecutivo y que tiene que ser aprobado por el Congreso, pero resulta que desviamos la atención con una serie de artículos como el que se hace solidariamente responsable a las provincias por la deuda de Cammesa, a través de las deudas que generaron las distribuidoras, muchas concesionadas; ¿qué pasa con Edenor y Edesur, va a ser solidariamente responsable la Nación porque dependen de ella? Si es así, Mendoza, Córdoba, Santa Cruz, etc., van a ser doblemente solidaria con la Nación: a través de impuestos que seguramente vamos a tener que generar para pagar la deuda de Cammesa y a través de los recursos que se pretenden retener cuando las empresas distribuidoras no cumplan”, señaló el legislador mendocino.

Cobos señaló que “este Presupuesto tiene cosas que le sobra, cosas que le falta. ¿Cómo generamos crecimiento, desarrollo? No hay crédito hipotecario en Argentina. Hace meses que tratamos de cumplir con un acuerdo político para restaurar el sistema de crédito hipotecario en Argentina, solucionar el tema del pasado, de los créditos UVA tanto hipotecarios como prendarios, pero también ver un camino hacia adelante. Se ha descuidado algo que podría haber sido un incentivo para el crédito hipotecario hasta que encontremos una solución definitiva que está siendo postergada primero por la renuncia de (Martín) Guzmán, luego por esperar las medidas de la ministra (Silvia) Batakis, después vinieron los bancos, después que asumiera el ministro (Sergio) Massa, luego que votamos el presupuesto”.

Frente a lo señalado anteriormente, Julio Cobos propuso incorporar en el Presupuesto una modificación para aumentar la deducción de ganancias de los créditos hipotecarios. “El artículo 85 de la ley de Impuesto a las Ganancias habla en el tercer párrafo que se puede devengar los intereses bancario y hipotecario hasta la suma de 20.000 pesos. Esto data del 2001, es decir 20.000 dólares, si lo actualizamos hoy son 3 millones de pesos. Si lo analizamos por la inflación, que ha sido el 10.000% desde entonces, serían 2 millones de pesos. Lo que podemos fijar al menos como pauta razonable, que sea una cifra equivalente al mínimo no imponible que está en 330.000 pesos y guarda relación con un crédito mínimo que hoy paga una cuota de 60.000 y le serviría por lo menos para morigerar los efectos del crédito e incentivar el crédito. Le pido al presidente de la Comisión de Presupuesto que evalúe esta posibilidad de incorporar la modificación para actualizar ese importe”.

Finalmente, el legislador radical señaló que “el país está desordenado con una inflación que lo lleva a mayor pobreza, mayor desempleo, que falta cualquier tipo de inversión, sumado a la variedad del tipo de dólares. Recuperemos las variables, no alcanza con la meta del Fondo Monetario, tenemos que ir camino el superávit. Este país tuvo inflación de un dígito fuera de la convertibilidad y había tres puntos de superávit del PBI, un único tipo de dólar competitivo, balanza comercial positiva y reserva del Banco Central. Estas son las variables que tenemos que recuperar para ordenar nuestra economía, pero también debemos ordenar la administración”.

El diputado nacional Julio Cobos recorrió -junto a otros legisladores- diferentes establecimientos productivos de la provincia de Jujuy. Finalizado el mismo, Cobos señaló que “En estos días, invitados por el gobernador Gerardo Morales, pudimos recorrer distintos emprendimientos y observar sus ejes de gestión, basado en tres pilares: potenciar el turismo en toda la provincia, la reconversión de la matriz energética a la ampliación/diversificación de la matriz productiva; realmente es muy notable la transformación y el avance en estos aspectos”.

“Respecto del turismo, Jujuy, una de las provincias más linda del país, ha sabido aprovechar sus bellezas naturales para convocar -año a año- a una importante cantidad de turistas, con un gran impacto en la economía provincial. El desarrollo turístico está basado en la conectividad, como por ejemplo el tren turístico que se está ejecutando de 45 km vinculando diferentes puntos estratégicos de la provincia”, señaló Cobos.

Además, Julio Cobos explicó que la gestión del gobernador “ha sabido reconvertir su matriz energética apuntando a ejes centrales como lo es la energía solar fotovoltaica. En este caso visitamos la planta de Cauchari en la puna jujeña, a 4020 metros sobre el nivel del mar, que produce 400 MW en una extensión de 800 hectáreas. Es uno de los lugares de mayor radicación solar del planeta ya que su altura le permite eliminar el smog, ofrecer 260 días de sol al año y tener muy baja temperatura, todos factores favorables para una mejor producción de energía. Respecto de la matriz productiva es importante la tarea que se lleva adelante con la minería, concretamente con el litio, elemento de alto valor y muy demandado en el mundo, algo que atrae inversiones e impulsa el desarrollo de una minería sustentable en la provincia. Asimismo, el Gobierno provincial ha sabido potenciar el sector agroindustrial a partir de impulso a la producción del cannabis medicinal”.

Finalmente, Cobos señaló que “Jujuy es un ejemplo del desarrollo provincial y sus potencialidades, algo que también sucede con otros estados provinciales como por ejemplo Mendoza. El mejor programa de inversión y generación de empleo para Argentina sería tener saneadas las variables económicas, con inflación de un dígito, unificado el tipo de cambio, incentivo a las exportaciones sin ningún tipo de restricciones, y por supuesto la reducción de la presión impositiva. En el Congreso presentamos un proyecto genera una distribución institucional de incentivos, dentro de las regiones del país y dentro de cada una de ellas en cada provincia para llevar a cero la discrecionalidad.  Es fundamental que el Estado Nacional funcione como facilitador y promotor de este desarrollo y no como un obstáculo permanente al crecimiento regional” y agregó “Esto demuestra que con acciones diversas desde las provincias se puede aportar al desarrollo de la economía nacional, cambiando la matriz productiva y promoviendo la llegada de inversiones genuinas”.

Una de las promesas de campaña de Cambiemos fue la vuelta de los créditos hipotecarios, que llegaron de la mano de los créditos UVA, que como consecuencia de una inflación desenfrenada se han visto desvirtuados, transformándose en una espada de Damocles que pende sobre las cabezas de 120 familias que accedieron a dichos créditos.

Se trata de un tipo de préstamos hipotecarios lanzados en 2016, que ajustan su valor por inflación. Llegaron para dar dinamismo a un mercado muy deprimido desde el fin de la convertibilidad, pues los bancos habían abandonado los créditos hipotecarios a tasa fija, solicitando elevadas tasas de interés y mayores requisitos.

Durante el Gobierno de Cristina Kirchner, en 2012 surgió el Plan Procrear, que consistía en créditos a tasa subsidiadas, pero por sí solos no alcanzan a compensar el déficit habitacional, pues el sector público no tiene capacidad de movilizar los recursos necesarios para abastecer la demanda, y los bancos no podían competir contra las tasas de este plan, muy por debajo de la inflación.

Así las cosas, el crédito hipotecario en 2016 había pasado de casi 6% del PIB a 0,7%.

La unidad UVA nació el 31 de marzo de 2016, a un valor de $14,05. El valor inicial de una Unidad de Valor Adquisitivo a esa fecha se fijó de manera tal que fuera equivalente a la milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado testigo. Dado que el metro cuadrado testigo se ubicaba por entonces en $14.053, el valor inicial de la Unidad de Valor Adquisitivo fue de 14,053 pesos. Es decir, $14,05 para redondear.

Durante ese año subió un 22,85%, llegando al valor de 17,26. A lo largo de 2017, varió un 22,54%, alcanzando al 31 de diciembre de 2017 el valor de 21,15. Hoy su valor roza los $140.

La nueva línea de créditos UVA anunciada por el entonces presidente Mauricio Macri establecía una evolución de las cuotas con la inflación medida por el Indice de Precios al Consumidor (IPC). Estos préstamos tienen un plazo máximo de hasta 30 años.

Estas formas de actualización por inflación permiten un más fácil acceso a los créditos, generaron que sea más fácil acceder a los créditos, debido a que la cuota inicial es más baja que la que existía antes, pero que haya más riesgo de repago a futuro.

Sucede que en los créditos con cuotas actualizables, la cuota inicial es baja y va aumentando junto con la inflación. Lo contrario sucede con los créditos a tasa fija, cuyas cuotas comienzan siendo elevadas y como el costo de cada una se mantiene en el tiempo, su valor real va cayendo con el transcurrir de los años.

El aumento del UVA fue del 37% anual, desde el 13 de mayo de 2021 hasta el 5 de enero de 2022. En esa fecha pasó al 39% anual, valor que se modificó el 17 de febrero de 2022, subiendo al 41,5% anual.

Con la introducción de los UVA, inicialmente existió un auge en materia de créditos hipotecarios, que pasó a ser del 1,3% del PIB. Sin embargo, para 2019 un crecimiento se estancó y comenzaron los congelamientos de cuotas. A partir de 2021, se modificó el sistema con la fórmula Hog.Ar, que sigue  la evolución salarial, con un tope mensual de 2% por encima de la inflación en el caso de que el salario aumentara por encima de la inflación.

Un informe de IDESA sobre el funcionamiento del sistema, precisa que entre abril de 2016 y diciembre de 2019, UVA (221%) e inflación (227) aumentaron a la par. Eso sí: el salario formal aumentó muy por debajo de las cuotas: 18%. Sin embargo, el deudor tomó un crédito para adquirir una propiedad dolarizada, con un dólar paralelo que subió el 386%. De tal manera, si bien su salario aumentó menos que su pasivo (la deuda), también se da que su activo (el inmueble) aumentó por encima de la deuda.

A la hora de precisar pros y contras del sistema, IDESA pone este ejemplo: supongamos que un trabajador formal que recibe un salario promedio (RIPTE) tomó un crédito UVA en abril de 2016 para adquirir una propiedad por 100.000 dólares. Como la relación préstamo/valor de la propiedad oscilaba entre 60% y 80% – asumamos un 70%-, por lo tanto, se otorga un crédito UVA equivalente a USD 70.000.

Consideremos, a su vez, condiciones estándar del mercado en aquel momento: crédito a 20 años, con una tasa UVA + 4% anual en un banco público y una relación cuota/ingreso inicial de 35%. De esta manera, el crédito será de 73.310 UVA (aproximadamente $1 millón de pesos en el momento inicial) y se paga una cuota inicial de unos $6.300 mensuales.

Bajo estas condiciones, para diciembre de 2019 el peso de la cuota respecto al salario se incrementó desde el 35% inicial a un 40%. No obstante, el peso del préstamo en relación al valor de la propiedad disminuyó del 70% inicial al 40%. Si bien es cierto que afrontar las cuotas UVA se hizo más difícil, también se hizo más difícil pagar un alquiler.

La conclusión es la de siempre: la elevada inflación que los sucesivos gobiernos no han logrado controlar, hace que cualquier sistema resulte inviable. Aunque también es cierto que la situación patrimonial del deudor mejoró, por cuanto el valor del inmueble aumentó por encima de la deuda.

El problema se le planteó al propio gobierno de Macri, con los picos de inflación de 2018 y 2019. Tras el resultado adverso en las PASO, el presidente de entonces dispuso el primer congelamiento de las cuotas. El mantenimiento del valor para viviendas valuadas en hasta 140 mil UVA, se mantuvo entre septiembre y diciembre de ese 2019 y Macri anunció que el Estado se haría cargo de la diferencia.

En campaña, Alberto Fernández planteó que en caso de ganar ofrecería “un plan de salida” para los tomadores de esos créditos hipotecarios. Hablaba de desdolarizar la cuota que se pagaba. “Y desdolarizar el precio”, añadió. Ahora bien, ya como presidente -según recuerda el sitio chequeado.com– planteó que su gobierno ya había brindado una solución al prorratear en 12 meses el pago del 26% de aumento acumulado de los 5 meses en que las cuotas habían estado congeladas.

Pero fue más lejos al advertir que esos préstamos eran contratos “entre particulares”, que establecían una cláusula de indexación que fue aceptada.

El primer día hábil de enero de 2020, el presidente Fernández prorrogó por ese mes el congelamiento de las cuotas, y el 28 de enero de 2020 el Banco Central anunció que a partir de febrero de ese año la diferencia sería pagada por los deudores y los bancos mediante un mecanismo de convergencia, contrariamente a lo que había dicho Macri respecto de que la diferencia sería afrontada por el Estado.

La hora de los congelamientos

Lo cierto es que Macri dispuso un congelamiento y Alberto Fernández luego otros tres, pero son salidas temporales que postergan una solución de fondo. Es así que la última semana el diputado nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) presentó un proyecto de ley para extender las condiciones establecidas por el DNU 767/20, que venció el 31 de julio pasado, para evitar el impacto de la inflación en las cuotas de los créditos UVA, hasta que se encuentre una solución de fondo en el Congreso de la Nación.

El proyecto de declaración de Cobos, a quien acompañan Mario Negri, Lisandro Nieri, Víctor Hugo Romero, Lidia Ascárate y Jimena Latorre, pide al PEN diagramar un nuevo esquema de convergencia, a partir del 31  de julio de 2022 a efectos de reducir el impacto negativo que la actualización de los créditos Unidades de Valor Adquisitivo tiene sobre los deudores.

El último decreto establecía desde el 1° de febrero de 2021 y hasta el 31 de julio de 2022 un nuevo sistema escalonado de convergencia para las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y estén ocupados y, asimismo, que las entidades financieras habiliten una instancia para considerar la situación de aquellos casos en los que el importe de la cuota a abonar supere el 35% de los ingresos.

En ese sentido, Cobos señaló que “estas disposiciones perdieron vigencia, así como el resto de los decretos referidos a la materia porque el aumento del Índice de Precios al Consumidor que para julio de 2022 es de 7,4% impacta directamente en un incremento sideral de las cuotas actualizadas por UVA; más aún sin un sistema de convergencia que reduzca ese impacto”, y ratificó: “Por eso y hasta que se logre una ley del Congreso -que debemos sancionar con celeridad- solicitamos esta prórroga al PEN”.

La sesión especial que no fue

Impulsor de los UVI como alternativa de crédito para acceder a la vivienda -que recuerda haberle ofrecido en su momento al entonces presidente Macri y que este escuchó con interés, mas no implementó-, Julio Cobos ha venido mostrando su interés desde hace mucho tiempo para encontrarle una solución a este grave problema. El 13 de abril de este año había presentado un proyecto para renegociar los contratos, pero luego fue más allá al tratar de forzar junto a otros diputados de JxC una sesión especial para tratar esa problemática.

Alentado por lo que ya habían logrado con el tratamiento de la Ley de Alquileres, un día después de que la oposición pidiera una sesión especial para tratar Boleta Unica, el 28 de abril pasado, solicitaron al presidente de la Cámara baja convocar a una sesión especial el jueves 5 de mayo para tratar de manera urgente el tema de los créditos UVA. La propuesta suscripta por 28 diputados radicales contemplaba el tratamiento de dos proyectos: ese que el propio Cobos había presentado dos semanas antes, y otro del exdiputado Alvaro De Lamadrid denominado “rescate de deudores hipotecarios UVA”.

La movida tenía como intención forzar el tratamiento del tema, mas no del modo sugerido en la convocatoria, sino a través de un entendimiento con el oficialismo, que se alcanzó el 3 de mayo, cuando se acordó armar un esquema especial con 30 días para resolver la situación. El presidente de la Cámara emitió una resolución unificando giros y convocando a que en 30 días se emitiera un dictamen consensuado.

El acuerdo suscripto entre Sergio Massa, Germán Martínez, Mario Negri y Julio Cobos hablaba de “avanzar en la búsqueda de una solución consensuada para los actuales tomadores de créditos UVA, y perfeccionar los mecanismos actuales para promover créditos hipotecarios accesibles y sostenibles en el tiempo”.

Las comisiones que se ocuparían de trabajar en el tema serían las de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, que convocaron a una reunión informativa el 1 de junio de 2022, donde se presentaron funcionarios, exfuncionarios, especialistas y familias tomadoras de crédito. En esa ocasión, la titular de Finanzas, Alicia Aparicio, contó que habían acordado llevar adelante dos reuniones informativas y una reunión de debate.

En representación del colectivo UVA, la primera oradora dejó bien establecido el eje del problema. María Luisa Schwab, integrante de Hipotecarios UVA Tandil contó su situación personal a partir del hecho de haber pedido un crédito para construir en mayo de 2017 en un lote de su propiedad: “Nos encontramos con que el primer desembolso no era la cantidad de dinero esperada”, contó, asegurando que “no hubo especulación por parte nuestra. No hicimos negocio, como algunos dicen”, y cuestionó “el aumento desmedido de las cuotas”.

“Ya hemos devuelto el monto otorgado y de ahora en más todo es ganancia de los bancos”, sintetizó.

A continuación habló Iván Kerr,exsubsecretario de Vivienda durante la gestión Cambiemos. “Durante 2016 el BCRA creó la UVA, que permitió que muchas familias de ingresos medios pudiera comprar su vivienda”, recordó, destacando el “boom” que generó entonces ese sistema, que rige hoy sin problemas en países vecinos. Pero admitió que la inflación generó problemas que trataron de atender adecuando el nivel de incremento de las cuotas, a través de un fondo fiduciario creado a esos fines que se aplicó para deudores del Procrear y del UVA.

“En noviembre de 2019 presentamos un proyecto de ley para que a partir del presupuesto siguiente las cuotas se comenzaran a tratar en función de un sistema de convergencia que evitara este salto inflacionario acumulado”, recordó, con el fin de “proteger a los deudores, pero también mejorar la calidad del crédito hipotecario para que volviera a ser utilizado en el futuro”. Sugirió como solución crear un fondo de compensación “simétrico”, para que los tomadores de créditos paguen sus cuotas ajustadas por salarios, y que los bancos sigan percibiendo las cuotas ajustadas por el CER y la UVA, vía un fondo compensador, cosa que funciona en otros países de manera “rentable”.

Kerr concluyó asegurando que “el crédito hipotecario necesita apoyarse sobre una economía estable con capacidad de proyectar en el mediano plazo. Hasta que eso no ocurra, este fondo compensador puede ser una herramienta para dar seguridad a quienes tomaron créditos hipotecarios”.

Durante el debate, se escucharon expresiones como la de Adrián Daniel Albor, presidente de una asociación civil que patrocina a deudores, que expresó la conclusión de que “los bancos se han convertido en lo micro en lo que el FMI es en lo macro a los estados”. Lo contradijo el economista Lucas Llach, quien también fue funcionario de la gestión anterior, que negó que ese fuera “un negocio de los bancos”. Y pensando a futuro, advirtió que “si queremos que el deudor pague menos de lo que se comprometió a pagar, estamos diciendo que haya pocos incentivos para el prestamista, que no es el banco sino los depositantes (…) Si no hay nadie que preste, no hay crédito”.

Llach le reclamó al Congreso “permitir que siga existiendo el crédito en la Argentina, y por lo tanto la indexación”, aclarando que la cuota UVA es el crédito más estable, pues contempla lo que fue la inflación en el mes anterior, por lo tanto “su variabilidad es mucho menor a la variabilidad que tienen todos los demás ítems”.

Advirtió por último que si se compensara a solo un grupo, que son los tomadores de créditos, habría que compensar también a los otros 47 millones de argentinos.

“El sistema UVA no falló por su mecanismo de indexación, sino por dos falsas premisas desechadas por la evidencia: que el aumento de la oferta de la vivienda va a bajar su precio y que la facilitación del crédito hipotecario aisladamente contribuye a resolver el problema de la vivienda. Cualquiera que entiende  un poco sobre el funcionamiento del mercado del suelo sabe de la formación de la renta y de las expectativas alcistas en contextos especulativos”, sostuvo por su parte la diputada Romina del Plá.

Una defensa encendida del sistema de créditos fue la que hizo Federico González Rouco, gerente de Créditos y Alquileres en el Instituto de Vivienda de CABA, que destacó que “hoy la mora es del 1,3%”, remarcando que los países que utilizan este tipo de sistema siguen manteniéndolos y relacionó todos los problemas a la inflación. “Es cierto, el capital aumenta”, reconoció, aclarando que “cada vez se venden menos UVA, pero todos los meses se deben pesos, que ajustados por inflación valen menos”.

Por el colectivo de créditos hipotecarios UVA, Perla Figueroa comentó entre lágrimas su situación personal, y concluyó con un pedido: “Ustedes tienen esta oportunidad de transformar nuestras vidas y las de los que podamos tomar los créditos de ahora en más”.

La segunda reunión informativa tuvo lugar el 29 de junio pasado, con testimonios en primera persona como el de Sebastián Saúl Ignacio, representante de UVA Necochea, quien contó que había tomado un crédito a través del Banco Provincia en marzo de 2017 por 1.500.000 pesos a 15 años, para poder comprar su casa. Empezó pagando una cuota de 11 mil pesos y “hoy, en la cuota 73, deberíamos pagar 85 mil pesos, algo imposible de hacer”.

¿Qué pasa si un tomador de crédito no puede pagar? Si se atrasan con el pago de tres cuotas consecutivas, sus viviendas podrán ser ejecutadas por los bancos sin juicio de ejecución. Ernesto Páez, representante de Hipotecados UVA de Mendoza, expresó en esa segunda reunión informativa que “aunque haya una solución de suspensión de remate, los intereses y la inflación siguen adelante”. Por eso reclamó “una solución definitiva y de fondo”, porque “siempre compensaron a los bancos y no a los deudores”. Y en la situación actual, “los tomadores UVA nunca podrán honrar sus deudas”.

Entre la docena de oradores que se presentaron, el exdiputado mendocino José Luis Ramón sugirió que “las entidades financieras resignen esto de seguir cobrando el UVA y que al final del crédito el Estado de la Nación le reconozca la pérdida a los bancos, pero a los 30 años, cuando ya termina”.

Sobre el final de esa reunión, el diputado Cobos planteó el siguiente ejemplo: hoy día, el Banco Provincia da un crédito de 12 millones de pesos con tasa al 41%, con una cuota inicial de 410.915 de pesos y solicita más de un millón de pesos de ingresos. “Es imposible tomarlo”, indicó, para decir luego que “por un crédito UVA el Banco Francés ofrece hoy 12 millones de pesos a 20 años, a una tasa del 5% y la cuota inicial es de 80 mil pesos” y el ingreso requerido, más de 200 mil pesos.

El mendocino opinó que “más allá de la solución que tenemos que brindar desde el Congreso”, lo que hay que hacer es “recuperar el crédito a largo plazo o corto plazo para capital de trabajo”. Así las cosas, planteó que “el problema que tenemos es cómo resolvemos a los actuales beneficiarios de crédito”, y apuntó que “la evolución del salario hasta diciembre de 2018 superó a la inflación”, pero “a partir de ahí cae el salario con respecto al valor de la UVA”.

En ese marco reconoció que había “mucha coincidencia” entre los diputados y el propio Poder Ejecutivo en tratar de encontrar una solución, pero claramente los plazos pactados no se estaban cumpliendo, ni se iban a cumplir: habían fijado 30 días para emitir dictamen y llevaban casi 60, sin siquiera ponerse a discutirlo.

Sugirió ese día invitar a los bancos y al Poder Ejecutivo para la semana siguiente, para después avanzar en una iniciativa consensuada, pero nada de eso ocurrió. En efecto, las entidades financieras solicitaron posponer su visita ante los cambios registrados en el Ministerio de Economía.

Pedido a Cecilia Moreau

Por eso fue que el 11 de agosto pasado, ya con nueva presidenta al frente de la Cámara, el propio Cobos junto a Mario Negri le enviaron a Cecilia Moreau una carta para pedirle reanudar en comisiones el debate por los créditos UVA.

“El contexto inflacionario actual y el vencimiento el día 31 de julio pasado del Decreto 767, mediante el cual se congelaron las cuotas de aquellos que accedieron a un crédito UVA, vuelve más apremiante e incierta la situación de los beneficiarios”, enfatizaron los legisladores de Juntos por el Cambio, que concluyeron pidiéndole a Moreau “arbitrar los medios a su alcance para que se retome el tratamiento parlamentario de los créditos UVA a la mayor brevedad posible, para buscar unificar propuestas, lograr un dictamen y pronto tratamiento en sesión en la Cámara que usted preside”.

Siendo el de la vivienda uno de los mayores problemas que tiene un país en crisis como la Argentina, no debe llamar la atención que tanto el debate sobre los créditos UVA y el de la Ley de Alquileres estén empantanados hoy en Diputados. Y que ambos tengan el mismo problema común, que hace imposible encontrar una solución que satisfaga a todos: una inflación elevada.

El diputado nacional y vicepresidente tercero de la Cámara baja, Julio Cobos (UCR – Mendoza), junto a legisladores de su bloque, presentaron un proyecto que propone extender las condiciones establecidas en el DNU 767/20 -que venció el 31 de julio pasado- para evitar el impacto de la inflación en las cuotas de los créditos UVA, hasta que se encuentre una solución de fondo en el Congreso de la Nación.

En el proyecto de declaración presentado solicitan que el Poder Ejecutivo Nacional diagrame un nuevo esquema de convergencia, en condiciones similares a las establecidas en el artículo 3° del decreto 767/20, a partir del 31 de julio de 2022 a efectos de reducir el impacto negativo que la actualización de los créditos por Unidades de Valor Adquisitivo tiene sobre los deudores.

“Solicité a la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que se retome y agilice el tratamiento en comisiones de la problemática de los créditos UVA porque la inflación crece mes a mes y el vencimiento del DNU 767/20 que congelaba las cuotas y establecía un sistema de convergencia hasta el mes de julio de 2022, complican aún más a las familias tomadoras de crédito”, explicó Cobos.

En tal sentido, el legislador agregó: “La situación de los deudores y el constante aumento del índice de precios al consumidor exige disposiciones urgentes y es el PEN el que cuenta con las herramientas adecuadas para ello, hasta tanto se sancione una ley”, y agregó: “Esto es en forma temporal hasta que el Congreso de la Nación sancione una ley que prevea soluciones definitivas a esta situación”.

“Tanto desde el PEN como desde el Congreso se adoptaron algunas soluciones parciales y temporales que a la fecha no se encuentran vigentes, ya que la última de ellas, establecía desde el 1° de febrero de 2021 y hasta el 31 de julio de 2022 un nuevo sistema escalonado de convergencia para las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y estén ocupados y, asimismo, que las entidades financieras habiliten una instancia para considerar la situación de aquellos casos en los que el importe de la cuota a abonar supere el 35% de los ingresos”, sostiene el proyecto entre sus fundamentos.

En ese sentido, Cobos señaló que “estas disposiciones perdieron vigencia, así como el resto de los decretos referidos a la materia porque el aumento del Índice de Precios al Consumidor que para julio de 2022 es de 7,4% impacta directamente en un incremento sideral de las cuotas actualizadas por UVA; más aún sin un sistema de convergencia que reduzca ese impacto”, y ratificó: “Por eso y hasta que se logre una ley del Congreso -que debemos sancionar con celeridad- solicitamos esta prórroga al PEN”.

La iniciativa es acompañada por los diputados Mario Negri, Lisandro Nieri, Víctor Hugo Romero, Lidia Ascárate y Jimena Latorre.

Los diputados de la UCR Julio Cobos y Mario Negri -jefe del bloque- le enviaron este jueves una carta a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, para pedirle que se reanude en comisiones el debate por los créditos UVA, luego que el último plenario se realizara el pasado 29 de junio.

“Junto a @marioraulnegri solicitamos a la Presidenta de @DiputadosAR que instrumente las medidas necesarias, para retomar el tratamiento en comisiones de la problemática de los créditos UVA. Esperemos poder contar pronto con un dictamen y tratarlo en sesión”, publicó en Twitter Cobos.

El mendocino señaló que “la situación inflacionaria actual, sumado al impacto de las cuotas que se recalcularán producto de los sucesivos congelamientos, son suficientes motivos para que abordemos una rápida solución”.

En la misiva enviada a la titular de Diputados se recordó que el 3 de mayo pasado se había logrado “un acuerdo parlamentario entre el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el presidente del bloque Frente de Todos, Germán Martínez; y el presidente de bloque de la UCR, Mario Negri, para avanzar en la búsqueda de una solución consensuada para la problemática de los créditos UVA”.

La situación inflacionaria actual, sumado al impacto de las cuotas que se recalcularán producto de los sucesivos congelamientos, son suficientes motivos para que abordemos una rápida solución. #UVA

— Julio Cobos (@juliocobos) August 11, 2022

En ese marco, se realizaron dos reuniones informativas de las comisiones de Finanzas y Presupuesto Hacienda, pero “cuando se iba a concretar la tercera y última, las entidades financieras solicitaron posponerla producto de los cambios efectuados en el Ministerio de Economía”.

“El contexto inflacionario actual y el vencimiento el día 31 de julio pasado del Decreto 767, mediante el cual se congelaron las cuotas de aquellos que accedieron a un crédito UVA, vuelve más apremiante e incierta la situación de los beneficiarios”, enfatizaron los legisladores de Juntos por el Cambio.

La carta concluye solicitando a Moreau que “tenga bien arbitrar los medios a su alcance para que se retome el tratamiento parlamentario de los créditos UVA a la mayor brevedad posible, para buscar unificar propuestas, lograr un dictamen y pronto tratamiento en sesión en la Cámara que usted preside”.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR) opinó este martes que la vicepresidenta Cristina Kirchner “lo está viendo a (Sergio) Massa como un mal necesario para ella y que sabe que tiene que hacer tareas que no le gustan a ella, como ajustar tarifas, y le ha dado un tiempo a la espera de resultados, pero independizándose de las medidas”.

Y, consultado sobre el grado de autonomía que se puede tener cuando se comparte espacio con CFK, el exvicepresidente contestó: “Mucha independencia no se puede tener”.

“Estamos transitando una situación crítica en la economía que se agravó con la crisis propia del Gobierno, los conflictos políticos entre el presidente y la vicepresidenta profundizaron la crisis económica”, señaló.

En declaraciones a radio La Red, el mendocino consideró que en Massa “han encontrado un delegado, un representante al que le han encargado esta tarea difícil de encauzar la economía con ciertas cosas que saben que hay que hacer, como reestructurar el gasto pública y recuperar confianza”.

En cuanto a la figura de Alberto Fernández, el legislador dijo: “Lo veo mal. No ha sabido ejercer la autoridad presidencial como corresponde; y ahora ha apelado a Massa para la reconstrucción de poder”.

Por otra parte, sobre las elecciones del próximo año, Cobos ratificó que apoya la idea de que el radicalismo tenga un candidato propio en unas PASO dentro de Juntos por el Cambio, de manera que haya “un mayor equilibrio del que tuvimos allá por la gestión del ingeniero (Mauricio) Macri“.

“Veo muchos radicales que quieren acompañar a alguien del Pro, quizás porque están bien posicionados, pero también veo radicales que quieren ir solos, como el caso de (Gerardo) Morales o (Facundo) Manes. A mí no me disgusta ni la combinación, ni que vayan solos”, continuó y añadió que “lo más probable es que pueda ir una fórmula mixta, pero quizás compitiendo con una fórmula radical” en la interna.

En esa línea, elogió que “Manes es presidenciable” y “tiene empatía”, además de ser “uno de los que más convencidos está de que el radicalismo debe llevar un candidato propio”. “Se está preparando”, aseguró sobre su par en la Cámara baja.

Consultado sobre el gobernador cordobés Juan Schiaretti, el legislador expresó: “Schiaretti parece que lo quieren en todos lados, es una gran persona, un gran tipo, yo tengo una excelente relación con él. Desde el Peronismo Republicano se lo está queriendo sumar, pero esto genera algunos inconvenientes” entre los socios.

Finalmente, el mendocino abogó por que “ojalá lleguen los mejores y sea una competencia equilibrada, no como en 2015 cuando Macri sacó mucha diferencia con respecto a (Ernesto) Sanz y (Elisa) Carrió” y tomando nota de eso “construyó poder del Pro. Las pocas figuras que lo acompañaron eran designadas por el propio Macri, no porque se lo propusiera el partido radical”.

El diputado nacional Julio Cobos presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para crear un programa educativo y laboral para ayudar a miles de jóvenes en todo el país.

Al argumentar su iniciativa, Cobos explicó que “Argentina atraviesa momentos muy complejos que afectan a millones de ciudadanos y que requieren una atención prioritaria. Desde el Estado, también tenemos que ocuparnos que lo urgente no tape ni posponga lo importante, debemos frenar y revertir la tendencia negativa en cuanto en los índices educativos”.

“Hoy, 5 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años están excluidos del sistema educativo. Incremento en el abandono escolar y repitencia, bajo rendimiento en lengua y matemáticas, aumento de las brechas educativas conforme a los ingresos familiares, baja comprensión lectora son algunas de las situaciones que enfrentamos, todo agravado por la pandemia”, expresó el diputado mendocino que por eso volvió a insistir en “proponer un programa que ayude a terminar la trayectoria educativa a quienes, por la razón que sea no pudieron hacerlo, y a su vez a capacitarlos en oficios para facilitarles una salida laboral”.

“Tenemos que hacer realidad el cumplimiento de la obligatoriedad de la educación establecida por la ley 26.206 y no dejarla en una mera declaración de intenciones. La verdad es que estamos lejos de cumplir con eso, que además de un deber, es un objetivo irrenunciable porque busca formar generaciones y darles mayores y mejores herramientas a millones de personas. Tenemos que corregir ese desfasaje en la población de 18 a 24 años, utilizar toda la infraestructura con la que cuenta el Estado para transformarla en centros de educación y capacitación”, señaló Cobos.

El legislador mendocino recordó que “tuvimos una experiencia exitosa en Mendoza con el Servicio Cívico Voluntario. En aquella oportunidad se dio terminalidad educativa en un solo año para los alumnos que no completaban 8vo y 9no de EGB3 y el resultado fue una buena integración de chicos que habían abandonado la escuela; retomaron los estudios, se los capacitó y se les pagó una beca mientras duraba el curso. Eso podemos replicarlo a nivel nacional con un gran impacto”.

Agregó que “hoy la realidad es que más de la mitad de los estudiantes no terminan la secundaria y esto les disminuye la posibilidad de acceder a trabajo digno. Hay una relación directa entre educación y posibilidades de salir de la pobreza, por eso es tan alarmante el diagnóstico actual; según la UCA, 4 de cada 5 jóvenes de esta franja etaria que no estudian ni trabajan pertenecen a los estratos bajos y muy bajos de nuestra sociedad”. 

Cobos explicó que con el Programa Integral de Terminalidad Educativa y Capacitación Laboral: Servicio Cívico Voluntario se busca que “se utilice toda la infraestructura estatal disponible, entre ellas las de las Fuerzas Armadas, de organismos nacional, provinciales y municipales. En el último relevamiento realizado en el año 2010, algo más de 70 mil estudiantes en todo el país podían ser beneficiados con este estilo de programa, eso es el equivalente a 100 escuelas de 700 alumnos cada una de ellas. Espero que avance este proyecto en el Congreso y aprovechemos la infraestructura existente para reintegrar a millones de jóvenes al sistema educativo”.

En plena escalada del dólar y con preocupaciones por el número de la inflación, diputado nacional y vicepresidente tercero de la Cámara baja, Julio Cobos (UCR – Mendoza) planteó que el Gobierno debe acordar un programa conjunto y terminar con la interna para definir un plan económico que garantice estabilidad, motivo por el cual aseguró el “apoyo” de la oposición. Por otro lado, apuntó contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, porque “se siente con el poder político de desautorizar, de criticar y de vaciar de poder al presidente”.

“En Economía, no debe salir más de lo que entra. En 2005, con Roberto Lavagna de ministro de Economía, y la variable macroeconómica que llevaron al país a que haya inflación de 7%, la única vez que después del fin de la convertibilidad con inflación de un dígito, era que había 3 puntos de superávit del PBI, balanza comercial positiva, reservas de libres disponibilidades del BCRA, y un único tipo de cambio, un dólar competitivo y no había restricción de importaciones”, explicó en diálogo por la AM 550.

Y preguntó: “¿Por qué no intentan volver a esas medidas? Desde el 2010 Argentina no cambia”, y aconsejó: “Aprovechemos la experiencia porque por ahí algunas recetas no funcionan, pero ninguna puede funcionar cuando existe una variedad de tipo de cambio, cuando hay déficit fiscal, cuando no hay reservas”.

Para Cobos, el Frente de Todos debe poner en pie una mesa de acuerdos para darle solución al problema macroeconómico, que permita poder definir un plan de estabilidad y, también, resolver “sus problemas internos políticos porque acentúa la crisis económica”. Asimismo, aseguró que la oposición “está predispuesta” a apoyar al oficialismo ante la necesidad de un consenso o acuerdo para votar leyes.

“Si del Gobierno necesitan un acuerdo o un consenso para sacar leyes, para apoyar o no, criticar o sugerir ahí está la oposición para apoyar. Hemos sacado cosas en común cuando vimos que tienen sensatez y racionalidad. Para eso tenemos los bloques parlamentarios. El panorama es fácil de solucionar”, afirmó el legislador radical y enumeró: “Un rumbo económico, un gran consenso y que se pongan de acuerdo en el FdT y dejen atrás la crisis política que afecta la gobernabilidad del presidente”.

En referencia al plan de estabilización, el exvicepresidente aseguró que conllevará un alto costo, y detalló que “ningún plan económico funciona sin confianza, sin sentido, sin liderazgo. Esas cosas no están. No hay magia en la economía”.

Tras la asunción de Silvina Batakis al frente de Economía, Cobos señaló que la flamante ministra “no cuenta con el respaldo oficial necesario” porque “a la vicepresidenta no le han gustado las cosas que sugiere. El gobierno ha dicho que no se puede aplicar el proyecto de Salario Básico Universal y hay legisladores del FdT cristinistas que trabajan en eso, no se entiende”.

“No se apoyó al presidente con el FMI. Se perdieron dos años negociando con el Fondo para encontrar una salida que se la tuvo que dar la oposición porque la presidenta del Senado le votó en contra y no se buscó un camino alternativo”, cuestionó el mendocino y remarcó: “Se tienen que poner de acuerdo porque el rol no se entiende. El problema es que ella lo llevó a presidente, ella se siente con el poder político de desautorizarlo, de criticarlo, de vaciarlo de poder”.

A su parte, opinó sobre las recurrentes críticas del dirigente oficialista, Juan Grabois. “Me indigna sus palabras” porque “no ayudan en este momento”.

Por último, postuló que la UCR trabaja de cara a 2023 y resaltó las figuras de Gerardo Morales y Facundo Manes en el camino a la contienda presidencial. Además, destacó que Carolina Losada “está siendo bien vista desde el radicalismo”.

Argentina atraviesa uno de los momentos más complejos en los últimos años y las perspectivas no son buenas. Urge revertir que el Gobierno nacional revierta esta tendencia y logre poner en funcionamiento los sectores productivos del país para recuperar empleo, competitividad y crecimiento genuino.

Dentro de esos sectores, sabemos que la obra pública es un motor fundamental de crecimiento de empleo y desarrollo económico. También sabemos que en momentos de inestabilidad económica y en el contexto inflacionario que atravesamos, la incertidumbre paraliza obras, distorsiona precios, se demora o corta la cadena de pago y se termina afectando a miles de trabajadores.

Frente a este escenario, necesitamos implementar mecanismos para reactivar la construcción, eliminar incertidumbres, sincerar ofertas y garantizar el cumplimiento de los contratos. Es importante que esos compromisos a largo plazo mantengan la equidad contractual, para dar garantía a las partes y sostenibilidad al proyecto; por eso es fundamental que se sincere la oferta y quede en claro cada uno de los mecanismos.

Hoy tenemos un doble problema para mantener esa equidad: por un lado, el de las variaciones constantes de precios producto de la inflación y la suba de los costos -que debe reconocerse con algún mecanismo para redeterminarlos- y por otro lado, el costo financiero por la demora excesiva en los plazos de pago de los certificados de obra.

El régimen de variaciones de precios tiene que ser claro y preciso. A modo de ejemplo y en el tema de vivienda, una de las formas eficientes de subsanar este problema fue determinar los precios en Unidades de Vivienda (UVI) y pagarlos de igual forma; eso resuelve este inconveniente en ese rubro. Por ley se estableció la UVI como mecanismo para cotizar el valor actualizado en el tiempo de una vivienda equivalente a 90 m2 construidos; sin embargo, esto no ocurre en las obras viales e hidráulicas; por eso deberíamos avanzar con la implementación de una unidad con mecanismo de actualización.

Como mencionamos, el segundo problema que existe es el alto costo financiero generado por el período de espera. La administración pública normalmente establece el pago de los certificados de obra a sesenta o noventa días, y en ocasiones este plazo es aún mayor. Las empresas recurren al sistema financiero para poder financiar las obras y esa tasa de financiamiento es muy alta. Una forma de sincerar sería reconocer esa situación e incorporar en los pliegos la condición de pago de interés por la demora administrativa en el pago de certificados. Así se compensa la tasa de descuento que sufre la empresa constructora por parte del banco con el interés que reconoce el Estado por ese período específico de espera. 

Con esto, la cotización inicial que realiza la empresa sea lo más concreta y refleje el costo real, es decir el precio cierto de la obra. Además, si se sincera la oferta, se agiliza también los mecanismos de la administración para pagar lo más rápido posible.

Reactivar la obra pública significará trabajo, crecimiento y oportunidades para muchas familias. Frente a estos escenarios de inestabilidad hay que lograr previsibilidad para que la obra se mantenga y dinamice, es claro que sin certezas no hay desarrollo posible. 

En medio de una crisis interna oficialista tras la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, el fin de semana, y ante la designación para su reemplazo de Silvina Batakis, el diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) hizo un análisis del contexto político en el país y sostuvo que “A Alberto Fernández le están quedando pocos propios en el Gobierno”. También, consideró que la nueva titular de la cartera de Economía “no es una figura con peso político”, y expresó preocupación por “recibir un país que este diezmando” de acara a las elecciones 2023.

“Vivimos un fin de semana de mucha zozobra e incertidumbre porque el tema de la economía argentina está afectando mucho a la sociedad y se traduce en pobreza, desempleo, en falta de inversiones. Vivimos un fin de semana muy movido”, describió el radical en declaraciones a radio Delta FM 90.3.

Por consiguiente, sostuvo: “El discurso de Cristina (Kirchner) que ya se transforman en payadas. El presidente y la vicepresidenta, uno diciéndole sobre la lapicera, la otra contestándole y quedó opacado este acto con la renuncia intempestiva de Guzmán, sin conocimiento ni de la vicepresidenta, ni del presidente, al cual le debía informar y el eventual o postergado jefe de Gabinete o ministro de Economía, Sergio Massa, que tampoco estaba enterado del tema”.

“Ya estaba como anunciado, el anterior había sido Matías Kulfas que había sido apuntado dentro de las críticas de los ‘funcionarios que no funcionan’ por parte de la vicepresidenta y seguro que el número puesto iba a ser Guzmán y prefirió hacerlo en el medio del acto. Eso fue un mensaje”, manifestó el vicepresidente tercero de Diputados.

En esa línea, advirtió que “a Alberto Fernández le están quedando pocos propios en el Gobierno”.

“Nosotros no especulamos con esto porque el Gobierno, al no estar haciendo bien las cosas, esta pelea política quedamos, al menos, salpicados y la insatisfacción de la gente definitivamente es por la política, por acción o por omisión, porque la gente te pregunta ‘¿qué pueden hacer ustedes?’ y uno sabe las limitaciones que tenemos. Desde el Congreso, en Diputados o desde el Senado, que por ahí conseguimos una mayoría circunstancial y al otro día se nos caen como hojas de otoño los números para los proyectos. Es difícil”, expresó Cobos.

Respecto a las posibilidades de ganar en las elecciones 2023, opinó: “Si un Gobierno hace bien las cosas y uno se constituye en alternativa, más exigencia para la alternativa de tratar de pulir su propuesta, de enamorar, de ganar la simpatía de la gente”, pero consideró que “también para nosotros vemos con preocupación recibir un país que este diezmado eso también nos hace pensar que no es lo conveniente”.

“Ojalá que el Gobierno se encauce y que trate de calmar los ánimos porque un 80% de lo que está sucediendo es por la crisis política”, rezó el diputado mendocino y resaltó: “Guzmán, que no es de mi simpatía, ¿cuánto tiempo estuvo dando vuelta con el FMI por problemas internos porque no se ponían de acuerdo? Nosotros fuimos como un salvavidas, pero nos constó muchísimo pergeñar la forma de autorizar el acuerdo con el Fondo, pero ahí hizo mucho esfuerzo del ministro”.

Por otro lado, al ser consultado por la designación de Batakis al frente del Ministerio de Economía, expresó. “El próximo ministro de Economía tiene que tener peso político suficiente para generar certidumbre y buenas expectativas, Silvina Batakis no es una figura con peso político”.

“Me parece bueno que haya un recambio, pero quizás con una figura como Massa que busque equilibro y con peso político es una manera de manejar el Ministerio, que de una impronta o refundación. Hubiese sido bueno, pero las decisiones son del presidente”, cerró.

El diputado Julio Cobos presentó en 2019 un proyecto para la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, un instrumento orientado a implementar una base de datos unificada en todo el país, que contenga la información de los deudores alimentarios morosos.

Este proyecto obtuvo media sanción de forma unánime en el Senado de la Nación, pero “lamentablemente, la Cámara de Diputados no lo trató. Hay muy buena predisposición de parte de la presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, y de la de Comisión de Familia, Roxana Reyes -quienes además son autoras de proyectos similares-, de avanzar con el tratamiento y lograr un dictamen unificado. Esto es una buena oportunidad para acordar con las distintas fuerzas políticas y avanzar con el Registro”, explicó Cobos.

En este sentido, el diputado subrayó que “en Argentina, 7 de cada 10 padres no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos y esto se agravó en el último tiempo. Por eso buscamos dar una solución definitiva al problema generado por aquellos padres que luego de una separación, no cumplen con su obligación de proveer los recursos necesarios a sus hijos”.

Y agregó que “es fundamental que cumplan y no recurran a artilugios o vacíos legales para eludir sus responsabilidades”.

¿De qué trata el proyecto?

El legislador explicó que, con este proyecto, “proponemos crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) dónde quedarán inscritas aquellas personas que incumplieron una resolución judicial o un convenio homologado judicialmente, de prestar alimentos a hijos o familiares”.

“Esto permitirá llevar adelante acciones positivas y poner en marcha mecanismos para obligarlos a dar prioridad y cumplir con la cuota alimentaria”, añadió.

Además, explicó que la inscripción en el ReNDAM se realiza cuando “deban más de tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco en forma ininterrumpida, generando limitaciones para el desarrollo de la vida de los deudores alimentarios morosos. El registro en esa base de datos unificada en todo el territorio nacional, servirá para obstaculizar o frenar el curso de trámites o solicitudes que realicen”. “Por ejemplo, será necesario no estar en el ReNDAM para poder entre otras acciones, abrir cuentas bancarias, solicitar o renovar tarjetas de crédito o débito, o cualquier otro tipo de operaciones bancarias; realizar transferencias de inmuebles, trámites en los registros del automotor y créditos prendarios; sacar o renovar el pasaporte, licencias para conducir, solicitud de la matrícula profesional y el desempeño en cargos públicos, en cualquiera de los poderes del Estado y hasta el impedimento de salida del país hasta tanto cumpla con sus obligaciones”, afirmó Cobos.

0209-D-2022

La de Defensa Nacional fue la última comisión de la Cámara de Diputados en constituirse, y su titular, Alberto Asseff, convocó a reunirse este martes para analizar un amplio menú de temas. Entre ellos, concitaba especial atención el proyecto del diputado salteño Carlos Zapata para crear el servicio militar obligatorio comunitario para ciudadanos que no trabajan o estudian.

El encuentro contó con la presencia del presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), Darío Díaz Pérez, quien expuso al principio de la reunión un informe sobre esa institución. También participó de la reunión el anterior presidente de esa comisión, el diputado nacional (MC) Carlos Fernández, para defender uno de los proyectos para reformar el Régimen del personal militar, derogación de la Ley 19.101, que estaba puesto a consideración.

Ese y otros temas previstos para la jornada pasaron a asesores para su profundización, y entre ellos el proyecto del servicio militar. Tomada esa decisión, pidió la palabra el diputado Julio Cobos (UCR-Mendoza), quien se refirió a ese tema y a otro referido a los liceos, que él como exliceísta suele defender. Puntualmente sobre el proyecto del diputado Carlos Zapata contó su experiencia propia sobre una iniciativa al menos parecida.

Recordó que cuando gobernó su provincia, recurrió a las Fuerzas Armadas por dos temas: uno, porque cuando compraron cuatro aviones para utilizarlos en la lucha antigranizo los pilotos fueron capacitados en la Cuarta Brigada Aérea de esa provincia, con muy buenos resultados. Recordó el exvicepresidente que el comandante de esa unidad le comentaba de manera risueña esta paradoja: “Estamos preparados para esquivar las nubes, no para enfrentarlas”.

La otra cuestión por la que debió relacionarse con los militares de su provincia fue cuando decidieron implementar el Servicio Cívico Voluntario. “Había una gran deserción entre el 8vo y 9no año, y no teníamos lugar para generar un programa de inserción de esos chicos. Por eso recurrimos a la estructura ociosa que tienen en nuestro país las fuerzas armadas. Ellos tienen estructura y también la Universidad de Mendoza había hecho un convenio con ellos para utilizar sus instalaciones”, recordó Cobos.

En este caso firmaron un convenio con el entonces presidente Néstor Kirchner y el ministro de Defensa José Pampuro, por el cual 4.300 chicos cumplieron con ese programa desde enero hasta diciembre para concluir el último año de secundaria. “Los docentes los ponía la provincia, los instructores de los talleres sí eran del Ejército”, comentó el diputado, que agregó que los jóvenes eran instruidos en talabartería y mecánica automotor, entre otras actividades.

“De ahí en más buscamos a las universidades para que vinieran a asesorar a estos chicos en cuestiones como educación sexual; eran chicos en situación de vulnerabilidad”, precisó Cobos, concluyendo que fue “una buena experiencia”, al punto tal que más adelante, siendo senador, Pampuro presentó un proyecto orientado para las escuelas primaria y secundaria, que “se frenó”. Por eso pidió mirar esta iniciativa “con los ojos de que tenemos una estructura ociosa; no tengamos pruritos en este sentido con las fuerzas armadas. Ha pasado mucho tiempo, si es para reinsertar a nuestros chicos, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea pueden brindar esa posibilidad”.

Cobos concluyó poniéndose a disposición de los asesores para enviar a los que participaron en esa experiencia a brindar detalles.

A continuación, el presidente del bloque oficialista Germán Martínez, miembro de la comisión de la que fue vicepresidente, aclaró que ellos debían “mirar los temas con los ojos de la defensa nacional”, no necesariamente con los de la educación.

A su vez, la vicepresidenta Agustina Propato celebró la decisión adoptada con ese y otros proyectos: “Nos dimos la posibilidad de llevarlo nuevamente a asesores. Es un buen criterio, darles un plazo razonable para poder dar los debates necesarios. Debatamos acá si es el camino pero que nadie se sienta incomodado de expresar sus posiciones”.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) solicitó al Poder Ejecutivo un informe detallado del ingreso y circulación del avión Boing 747-3B3 (M), división de carga de la compañía Conviasa, demorado actualmente en el aeropuerto de Ezeiza.

El legislador radical explicó: “Estamos preocupados y queremos contar con información detallada sobre el avión matrícula YV3531 y sobre los pasajeros que venían a bordo. Queremos saber sus identidades, nacionalidades y si existe o no vinculaciones con la Fuerza Qudz, perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. También el origen del avión, su manifiesto de vuelo, los anteriores destinos del mismo en América del Sur, así como el manifiesto de vuelo de ese momento y cuáles fueron las razones que esgrimieron los tripulantes para ingresar a nuestro país”.

“Asimismo, queremos también conocer el rol que cumplieron los funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia Federal de Inteligencia en el ingreso y circulación de este avión”, explicó Cobos.

Pedí al Poder Ejecutivo un informe detallado del ingreso y circulación del avión, división de carga de la compañía Conviasa, demorado en el aeropuerto de Ezeiza, para contar con información detallada sobre ese avión y sobre los pasajeros que venían a bordo.

📷 @sebaborsero pic.twitter.com/RVXaCYKwAK

— Julio Cobos (@juliocobos) June 13, 2022

El diputado señaló que “el avión pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios aéreos (Conviasa), y anteriormente perteneció a la empresa iraní Mahan Air. No es un detalle menor señalar que ambas empresas están sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”.

Finalmente, el legislador nacional señaló: “Recordemos que la propia AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas solicitaron a las autoridades argentinas que se esclareciera todo lo referente a la presencia de este avión venezolano vinculado a Irán. Teniendo en cuenta los graves antecedentes que existen en nuestra historia reciente, es fundamental conocer en profundidad y accionar conforme sea necesario respecto de este vuelo”.

Hoy, se cumplen 100 años de la creación de YPF, un hito fundamental en la historia del petróleo en Argentina. El 3 de junio de 1922, durante la presidencia del radical Hipólito Yrigoyen, se creó la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Esta Dirección quedó a cargo de Enrique Mosconi, impulsor de la exploración y la explotación del petróleo en nuestro territorio, y modelo posteriormente adoptado por otros países de la región.

Lamentablemente, esas glorias quedaron en el pasado y atravesamos un presente complejo. La errática política en materia energética aplicada en las últimas décadas, con la pérdida del autoabastecimiento energético en el año 2011, una errónea política de subsidios a sectores que no debían recibirlos (en los últimos diez años los subsidios a la energía fueron superiores a los 134 mil millones de dólares), la falta de inversiones y la inexistencia de obras que permitan la reconversión de la matriz energética, entre otros aspectos, hacen que existan muchas cosas para recordar en el centenario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, pero pocas para festejar.

Sin ir más lejos, por estas semanas atravesamos en todo el país, producto de la improvisación y la falta de planificación, graves problemas con el abastecimiento de gasoil, lo que perjudica al transporte, a la generación de energía, a la industria, y eleva los costos logísticos en un contexto económico ya bastante difícil. Las bajas temperaturas auguran un agravamiento de la situación, más allá del anuncio de importar mayor cantidad de este combustible.

Es innegable la importancia y preponderancia de YPF en el sistema energético de nuestro país que depende el 85% del petróleo y el gas natural, en gran parte aportado por esta empresa. Según el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, YPF produce el 47% del petróleo, casi el 30% del gas natural y el 55% de los combustibles refinados. Las noticias no son buenas, la producción de petróleo y gas de YPF va en caída, a lo que se le agrega la caída de reservas lo que plantea un escenario a futuro bastante complejo.

A finales del año pasado, la empresa YPF (USD 1.377 millones) valía el 90% menos que en el 2008 y su deuda superaba los 7.400 millones de dólares. Esto limita la capacidad de inversión de la empresa, haciendo que se agrave la situación a medida que transcurre el tiempo. Además, más del 80% de los ingresos de la misma dependen del mercado local, por lo que queda sujeta a la intervención en los precios que realiza continuamente el propio Estado Nacional.

A lo anterior, le agrega incertidumbre la demanda radicada en los tribunales de Nueva York por la expropiación de YPF que hizo el Estado nacional en el año 2012 (con la estatización del 51% de las acciones de YPF S.A. -Ley 26.741-) y que todo indica que no serán noticias favorables para nuestro país; esperemos que finalmente no suceda porque será un perjuicio para Argentina en general y para YPF en particular.

Asimismo, y más allá de lo hecho en materia de hidrocarburos, es importante analizar la matriz energética y la falta de reconversión de la misma hacia energías renovables como la eólica, solar, etc. Seguimos con una matriz preponderantemente fosilizada. Debemos recuperar la soberanía energética y reconvertir la matriz cambiando su composición, pero en lugar de incentivar este tipo de obras como parques eólicos y solares o la construcción de represas como Portezuelo del Viento, se dilatan las mismas o directamente se descartan.

Lo mismo con la demorada obra del gasoducto Néstor Kirchner, fundamental para el abastecimiento de gas a más de la mitad del territorio nacional y para establecer las bases de una matriz exportadora de este combustible. Una vez más Argentina desperdicia, por la falta de obras como este gasoducto y la inexistencia de una planta de licuefacción de gas, condiciones históricas en los términos de intercambio de un commodity como el gas licuado, que garantizaría el ingreso de divisas y el crecimiento de reservas internacionales, tan necesarias en el contexto macroeconómico actual.

YPF posee un pasado que nos enorgullece, pero un presente que nos preocupa. Un siglo atrás, el Estado Argentino ponía en marcha YPF, orgullo nacional y nave insignia de la política petrolera durante décadas. Hoy, cien años después, los problemas son grandes y los desafíos aún mayores. Esperemos estar todos a la altura para revertir este presente.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de ley de promoción integral del empleo y generación de inversiones para todas las economías regionales de la República Argentina.

“El mejor programa de inversión y generación de empleo para Argentina sería tener saneadas las variables económicas, con inflación de un dígito, unificado el tipo de cambio, incentivo a las exportaciones sin ningún tipo de restricciones, y por supuesto la reducción de la presión impositiva, por eso no es el camino adoptar una mayor cantidad de impuestos o modificar el régimen tributario para aumentarlos, como tampoco aumentar las retenciones”, señaló el mendocino.

Pese a las complicaciones en el terreno económico, el exvicepresidente argumentó que su iniciativa “es el marco ideal de desarrollo y crecimiento y tenemos una propuesta complementaria que entendemos beneficiará a todas las regiones y provincias de nuestro país”.

“El sistema que proponemos es para aprovechar la potencialidad de cada región. Tenemos en un amplio territorio nacional con mucha diversidad, lo que nos permite generar riqueza, desde la cordillera hasta la costa marítima y diversos tipos de clima; por eso queremos aprovechar al máximo estas ventajas propias de nuestra geografía”, explicó.

Sobre el proyecto, detalló que “genera una distribución institucional de incentivos, dentro de las regiones del país y dentro de cada una de ellas en cada provincia para llevar a cero la discrecionalidad. Este se complementa con una propuesta que presentamos los legisladores por Mendoza, con la disminución de contribuciones patronales tendientes a generar más inversión y trabajo. Así como recientemente propusimos una distribución institucional de los subsidios del transporte, en igual sentido proponemos este sistema de distribución equitativo e institucional”.

Lo que se busca con la iniciativa es “crear programas de fomento al empleo y la inversión por regiones y provincias desde una visión integral sin perder de vista el concepto de la equidad”, definió. Los criterios que se adoptan para la distribución de los beneficios son: el Producto Bruto Geográfico per cápita en la región; el índice de industrialización en la región -cociente entre la cantidad de ocupados industriales cada mil habitantes de la región y la cantidad de ocupados industriales cada mil habitantes del total país-; la incidencia de la pobreza en la región, medido en términos de Necesidades Básicas Insatisfechas; y la densidad de población en la región (habitantes/Km2).

Cobos expresó que “las desigualdades en el desarrollo económico regional de Argentina han tenido un correlato directo con los problemas sociales relacionados con la pobreza, indigencia y la distribución del ingreso. Por eso promovemos un desarrollo más equitativo y sostenible a partir de la distribución de los beneficios por regiones”.

Dichas regiones serían: Cuyo, integrada por La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza; Noroeste, con Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero; Noreste, formada por Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones; Pampeana, con Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Patagonia, integrada por La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”.

El legislador precisó que su proyecto prevé que “los beneficios para nuevos proyectos productivos buscan el fomento directo a la creación de empleo, asignando cupos de crédito fiscal por hasta el 200% de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial de los nuevos puestos de trabajo generados. Tal crédito puede ser utilizado para cancelar en forma inmediata otros tributos nacionales”.

“Además, para el fomento directo de la inversión, se contempla la creación de un bono crédito fiscal, endosable por única vez, por un valor equivalente al 50% de la inversión realizada, junto con sistemas de amortización acelerada de los bienes de capital e infraestructura generada por el nuevo proyecto. En relación al cupo fiscal total anual, no podrá ser inferior al 1% ni superior al 3% del cálculo de los Recursos Corrientes y de Capital de la Administración Nacional”, añadió.

Cabe destacar que el proyecto prevé un régimen que dure en el tiempo y cuyo costo fiscal se incluya en el Presupuesto de cada año que apruebe finalmente el Poder Legislativo, y que el mismo tiene su base una iniciativa presentada por la exsenadora Laura Montero, en 2010.

La iniciativa del radical fue acompañada por sus pares de bloque Mario Negri, Pamela Verasay, Jimena Latorre, Lisandro Nieri, Omar De Marchi, Álvaro Martínez, Ricardo Buryaile y Mario Barletta.

Legisladores de Juntos por el Cambio solicitaron este jueves al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que convoque el próximo jueves 5 de mayo, a una sesión especial para tratar en forma urgente la problemática de los créditos UVA.

La solicitud se da un día después de que también desde la oposición, pero en este caso impulsada por el diputado Florencio Randazzo, se pidiera una sesión especial para tratar una reforma electoral a través de la cual se implemente la boleta única, para el mediodía de ese mismo día.

En este caso el pedido fue impulsado para las 15 por el diputado radical mendocino Julio Cobos, quien desde hace tiempo insiste con la cuestión de los créditos UVA. En este caso sugiere el tratamiento de dos proyectos sobre esta cuestión: uno propio, que acompañan otros diputados radicales, sobre renegociación de los contratos para créditos hipotecarios de vivienda única otorgados por UVA; como así también uno del exdiputado nacional radical Alvaro De Lamadrid, acompañado por otros legisladores del radicalismo y el Pro, denominado “rescate de deudores hipotecarios UVA”.

“Nadie desconoce la situación que atraviesan los tomadores de créditos UVA, se ha roto la equidad contractual por lo cual debemos brindar desde el Congreso de la Nación, alguna solución surgida del acuerdo entre oficialismo y oposición”, señalan quienes impulsan esta sesión, considerando que “no podemos dejar la solución de este problema al arbitrio de la justicia, tenemos que lograr un marco legal nuevo. ​Urge avanzar con una ley para los préstamos UVA que defina las condiciones para préstamos hipotecarios futuros y establezca una renegociación para los deudores hipotecarios actuales; es decir solucionar lo anterior pero también dar un marco de certidumbre para reactivar la por ahora inexistente posibilidad de acceder a créditos”.

Renegociacion-Cred-UVA-1

En el marco del Día Internacional de la Tierra, el diputado nacional Julio Cobos presentó un proyecto para establecer presupuestos mínimos para el uso apropiado de agroquímicos, con el objeto de generar un abordaje armonizado en todo el territorio nacional que permita la efectiva trazabilidad, la sostenibilidad de la agricultura y la protección de la salud y el medio ambiente. 

El exvicepresidente de la nación explicó que “los productos agroquímicos forman parte de las estrategias productivas y son una herramienta fundamental para los productores agrarios, pero también producen efectos perjudiciales en el medio ambiente, contaminando cursos de agua, suelo, especies animales y vegetales, e intoxicando personas. Esto, debido a las mayores cantidades de productos agroquímicos que se aplican en cada nueva campaña debido a las resistencias que desarrollan las plagas, y a la posibilidad de improvisación por parte de los productores, al no existir controles adecuados que regulen su actividad”. 

“Consideramos necesario el control de estos productos agroquímicos, por ello establecemos un Área de Protección Ambiental en dónde se prohíbe la aplicación en áreas urbanas, la aplicación aérea a doscientos metros de las áreas urbanas, asentamientos humanos y las escuelas rurales; la aplicación terrestre a cien metros de las áreas urbanas, asentamientos humanos y escuelas rurales”. 

Julio Cobos explicó que “buscamos una correcta y racional utilización de agroquímicos, de nuevas tecnologías menos contaminantes, el uso de plaguicidas específicos y asegurar que, a los efectos del buen uso de los mismos, se apliquen aquellos que cumplan con los requisitos de los registros nacionales e internacionales. Además, prevenir y disminuir los riesgos de intoxicación de toda persona relacionada con el uso y manejo de los agroquímicos y sus envases; evitar la contaminación de alimentos y del ambiente con residuos tóxicos y/o peligrosos para impedir el desequilibrio de los ecosistemas y contribuir al desarrollo sustentable de nuestra producción agropecuaria”. 

El diputado nacional mendocino señaló que con esta ley se crea un Registro Nacional de Agroquímicos para implementar un sistema nacional de trazabilidad de agroquímicos, destinado a identificar en forma individual y unívoca a cada uno de los agroquímicos alcanzados por esta ley, informar y efectuar su seguimiento en las distintas etapas de evolución del producto. Asimismo, se crea la Receta Agronómica Digital, como documento que confecciona el director técnico al indicar o recomendar la aplicación de agroquímicos. 

Finalmente, y respecto de las sanciones, el legislador señaló que “dependerán de la gravedad, reincidencia y naturaleza, y podrán ser apercibimiento, multas, suspensión de la actividad por un tiempo determinado y la clausura temporaria o permanente, total o parcial. La aplicación de las sanciones previas no excluye la aplicación de las sanciones civiles o penales que pudieran corresponder”. 

Por último, Cobos destacó que “con este proyecto queremos lograr un manejo racional e integral de productos agroquímicos, basado en nuevas tecnologías menos contaminantes, centrándose en la reducción del riesgo, la protección de la salud humana y ambiental, y el apoyo al desarrollo de una agricultura sostenible”. 

En una jornada marcada por la emoción y la alegría, se entregó en el salón de los pasos perdidos del Congreso de la nación la “Mención de Honor diputado nacional dr. Juan Bautista Alberdi” al cantautor Mario Rubén González, conocido popularmente como “Jairo”, en reconocimiento a sus más de 50 años de trayectoria artística y como destacada personalidad de nuestra cultura popular. 

Artista consagrado en nuestro país, la región y en Europa, Jairo se ha destacado desde el inicio y a lo largo de su carrera no sólo por su música sino por su compromiso social, así como su defensa de los valores democráticos y republicanos. 

Jairo recibió la distinción de manos del vicepresidente tercero de la cámara baja, Julio Cobos, acompañado por el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer y la diputada (MC) Gisela Scaglia, impulsora del reconocimiento. 

En el acto estuvieron presentes familiares, amistades personales y personalidades destacadas de nuestra cultura, como Juan Carlos Baglietto, Amelita Baltar, Carlos Bianchi, Fernando Bravo, Rudy Chernicof, Bobby Flores, Lito Vitale y Julia Zenko, entre otros. Además, participaron del evento el ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Enrique Avogadro, diputadas y diputados nacionales, invitadas e invitados especiales y autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación. 

Entre las presencias destacadas, cabe mencionar la de su hijo Yaco González, en compañía de su pareja Chantal Abad, sus nietos Juana y Francisco González Posse, a quienes se sumaron en vivo a través de la plataforma Webex sus hijos Iván y Mario (desde París) y Lucía (desde Milán), quienes sorprendieron a Jairo con una comunicación en simultáneo, en lo que sin dudas fue uno de los momentos más significativos y emocionantes de la tarde. Para finalizar, el propio Jairo interpretó tres canciones: “Los enamorados”; “Samba del pañuelo” (junto a Juan Falú) y el cierre con “Lamento del Indio Chaco”, dada la coincidencia de la fecha de la distinción con la que se conmemora el Día de los Pueblos Originarios. 

La “Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi” constituye el máximo galardón que otorga la H. Cámara de Diputados de la Nación a aquellas personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que, en general, realcen los valores democráticos y republicanos. 

El diputado nacional Julio Cobos explicó que “con los datos de inflación del mes de marzo recientemente publicados por el INDEC, los precios al consumidor subieron 6,7% en marzo y su proyección anualizada del 64%, volvemos a plantear alternativas para resolver la problemática de los tomadores de créditos UVA; entre ellas que estos sean actualizados tomando como tope el Coeficiente de Variación salarial (CVS). De hecho, este criterio se adoptó con los créditos Procrear, pero estos representan un porcentaje muy bajo de la totalidad de créditos hipotecarios otorgados; urge ampliar ese universo”.

Asimismo, el legislador radical precisó que “volvemos a presentar un proyecto de ley referido a esta temática, en esta oportunidad en la Cámara de Diputados, como ya lo hicimos durante la gestión del por entonces presidente Mauricio Macri, y en la gestión actual del presidente Alberto Fernández, lamentablemente sin tratamiento a la fecha. Lo hacemos porque entendemos que en virtud de que se rompió la equidad contractual, hay que sentarse a renegociar los créditos UVA. Con este proyecto proponemos un conjunto de medidas que van a dar un poco de tranquilidad a los más de 105.000 deudores hipotecarios”.

El nuevo marco propuesto en el proyecto de ley define las condiciones para préstamos hipotecarios futuros y establece pautas para los deudores hipotecarios actuales, con los siguientes criterios:

• Renegociación de contratos para los préstamos hipotecarios de vivienda única otorgados en UVA por única vez.
• Los bancos deberán presentar a los deudores hipotecarios el nuevo convenio, en el cual se podrá optar UVA o UVI como método de actualización.
• Establece un marco normativo dentro de la Ley 27.271 “Casa Ahorro” para la UVA, que se aplicará a los préstamos hipotecarios con los requisitos establecidos para la UVI.
• Límite del 5% como máximo, a la aplicación de intereses para los préstamos hipotecarios para vivienda única cuando se tomen en UVA o UVI.
• Los desembolsos pactados serán realizados en pesos, actualizados con la variación que experimente el valor de la UVA o UVI según corresponda, desde el otorgamiento del crédito a la fecha del desembolso.
• Crea un seguro para que, en el caso en que la evolución de la unidad tomada sea mayor al CVS, existan fondos que cubran esa diferencia. Esto mediante la cobertura de un seguro para las cuotas que superan el 10% del desfasaje que se produce cuando el incremento de la cuota supera la evolución del CVS.
• Actualiza la deducción de impuesto a las ganancias para los préstamos hipotecarios. 
• Suspende las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos hipotecarios en U.V.A. para vivienda única familiar por el término de un año.
• Modifica la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia pública, para incorporar en la evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA a toda entidad bancaria, financiera y destino para el cual se hubiere contraído, hipotecario UVA; créditos prendarios UVA, préstamos personales UVA.

El senador nacional Alfredo Cornejo presentó un proyecto de ley que apunta a mejorar las condiciones para la creación de empleo formal, especialmente en el sector PyME. El objetivo es lograr un equilibrio en sus cuentas y que los ayude a ser más competitivos y rentables, sostuvo el autor en la presentación de la norma, junto a los legisladores radicales mendocinos.

La propuesta lleva también las firmas de Jimena Latorre, Mariana Juri, Pamela Verasay, Julio Cobos y Lisandro Nieri, y soluciona la falta de actualización en la detracción, sobre la base imponible de las contribuciones patronales.

“La alta presión fiscal, la necesidad de descomprimirla y de trabajar en la eficiencia del gasto para dejar de asfixiar al sector privado con presión impositiva, como hace la Nación en la actualidad, nos motivó a presentar esta propuesta”, puntualizó el exgobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.

Se toma una detracción mensual de $40.000 para los empleadores del sector privado, quienes podrán deducir hasta un máximo de 25 trabajadores por empleador.

Destacan los impulsores de la norma que el mecanismo de detracción tiene un impacto pleno en empleadores que tienen menos de 25 trabajadores. A partir de entonces comienza a reducir muy gradualmente su impacto, a medida que aumenta el trabajo de los empleadores. De este modo, se minimizan los efectos adversos sobre los incentivos de las empresas, cuando se pasa a una nómina mayor de trabajadores (que podría afectar las decisiones de tomar un trabajador más en el margen).

Señaló Cornejo que “en nuestro país la diferencia entre el costo laboral para el empleador y el salario neto del empleado alcanza el 34,6%, mientras que el promedio de América Latina es del 24,6%”.

Este esquema fiscal impacta sobre la capacidad que tiene el sector PyME de generar empleo registrado, precisó el presidente del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado.

La norma plantea a su vez su posterior actualización automática de la detracción, por Indice de Precios al Consumidor a partir de enero de 2023.

En la agricultura, las agroindustriales, las que prestan servicios turísticos y gastronómicos, entre otras, pese a tener salarios medios bajos, el costo de la mano de obra es significativo en su estructura de costos.

Por lo tanto, el proyecto adquiere relevancia en estas empresas (en el presente ejercicio y en los futuros mediante la actualización) y es de esperar que incentive a la contratación de nuevos trabajadores, y en especial de los menos calificados, en el sector PyME.

La norma impulsada por los legisladores mendocinos, para empleadores de menos de 5 trabajadores, la propuesta actúa como una reducción de las contribuciones patronales cercana al 50%.

Entre 6 y 25 trabajadores, la caída promedia el 40%; entre 26 y 40 trabajadores, la reducción es del 28%. Entre 41 y 50, llega al 19%. Y entre 50 y 100 trabajadores, la baja promedia un 12%.

El proyecto destaa que existe un universo de  poco más de 6,2 millones de trabajadores asalariados privados registrados. Si se toma un mínimo no imponible de $40.000 y se aplica hasta un máximo de 25 trabajadores por empleador, se obtiene como resultado un costo fiscal estimado de 0,3% del PBI.

El senador Alfredo Cornejo agregó: “Si nos asociamos políticos con empresarios, podemos dar mayor certidumbre. Estas medidas serían más fuertes si las blanqueara el Ejecutivo dentro de un plan económico”. “Lamentablemente van en otra dirección y están fracasando en el control de la inflación y reducción del déficit”, advirtió Cornejo, para recordar que “el Gobierno Nacional aumentó 19 impuestos, creó 6 nuevos y no ha podido bajar la inflación, tampoco aumentar el empleo registrado y mucho menos hacer crecer la economía por encima de lo que ya estaba en el 2019”.

Y concluyó: “Iniciativas como las que estamos presentando son pro sector privado, inversión, tomar empleo, y hacer crecer la economía de forma más sostenida”.

Presentamos un proyecto de ley que apunta a mejorar las condiciones para la creación de empleo formal, especialmente en el sector PYME. El objetivo es lograr un equilibrio en sus cuentas y que los ayude a ser más competitivos y rentables. pic.twitter.com/PliBo2QhhU

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 11, 2022

Julio Cobos presentó un proyecto en la Cámara de Diputado de la Nación para cambiar el horario oficial del país, modificando el huso horario actual (-3) y llevarlo a (-4), que es el que corresponde.

El diputado radical explicó que la propuesta consiste por un lado, en “establecer como Hora Oficial en toda la Argentina, la del huso horario de cuatro horas al Oeste del meridiano de Greenwich, que es en realidad la que nos corresponde dentro del Sistema Internacional de los Husos Horarios. Por otro, facultamos al Poder Ejecutivo, en caso que se considere necesario, a modificar la hora correspondiente al huso horario de tres horas al Oeste de meridiano de Greenwich, para la época correspondiente al periodo estival, y que sea éste quien fije la fecha de iniciación y de terminación del mismo. Argentina se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso de -5 horas; sin embargo, usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4”.

“Asimismo, proponemos a los países integrantes del Mercosur a establecer sus horas oficiales, dentro de sus respectivos husos horarios, coordinando sus fechas de modificación; para facilitar, entre otras, las relaciones de las actividades comerciales, bursátiles, bancarias y de transporte. Dicha coordinación propondrá el mayor aprovechamiento de la luz solar en procura de un uso eficiente de la energía, la preservación de los recursos naturales y un menor gasto de la población en consumo de energía eléctrica”, dijo Julio Cobos.

Cobos fundamenta este proyecto en los informes realizados por especialistas del Conicet a través del Instituto Nacional de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE), y en el proyecto del diputado provincial Jorge Andrés Difonso, recientemente presentado en la Legislatura de la provincia de Mendoza.

También en antecedentes provinciales, pues recuerda que en 2004, durante su gobernación en la provincia de Mendoza, se modificó el huso horario con el fin de aprovechar mejor la hora solar. En este mismo sentido, el entonces gobernador José Octavio Bordón, en los años 1991 -1992, empleó el huso horario -4 para el invierno y el huso horario -3 para el verano.

En relación con el impacto negativo en alumnos y alumnas de todo el territorio nacional, Julio Cobos expresó que “la educación es uno de los principales sectores damnificados en el desfasaje entre la hora solar y la hora oficial. La gran mayoría de los alumnos, en las distintas latitudes del país comienzan su jornada en plena oscuridad, produciéndose así un efecto negativo en su desempeño escolar. Actualmente en Mendoza, la hora reloj de inicio de las actividades escolares es a las 8 de la mañana, pero en realidad corresponde a las 6:30 de la hora solar”.

Finalmente, el diputado nacional mendocino dijo que “cada Estado tiene la capacidad de definir su hora oficial porque no existe un tratado internacional que obligue a las partes a adoptar una opción particular. Sin embargo y por lógicas razones de coordinación, la mayoría de los países elige definir su hora oficial a partir de UTC, manteniendo la armonía con el sistema de husos horarios. Argentina hoy tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial, lo que afecta no solo al consumo de electricidad sino también al desempeño escolar de nuestros alumnos. Por eso buscamos lograr una mayor coincidencia entre la hora solar y la oficial, y así activar el sistema circadiano de cada persona”.

En la previa del 40° aniversario del inicio de la guerra en Malvinas, el diputado nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto al respecto.

“Es importante reconocer y homenajear a los héroes caídos, a sus familiares y a los veteranos de Malvinas. Además, desde todos los sectores debemos reafirmar el derecho inalienable de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como nuestra disposición a reanudar las negociaciones de soberanía con el Reino Unido, para dar una solución definitiva a esta situación colonial. Creemos y defendemos la paz de la misma forma que sostenemos nuestro legítimo reclamo soberano”, expresó el radical.

El exvicepresidente recordó que “Argentina, en su condición de heredera de los territorios españoles en el Atlántico Sur, ejerció de manera permanente sus derechos sobre las islas. Sin embargo, el 3 de enero de 1833 este ejercicio de la soberanía fue interrumpido mediante un acto de fuerza por el Reino Unido, que expulsó a las autoridades argentinas y a los pobladores de las Islas Malvinas; esto quebró nuestra integridad territorial”.

El mendocino señaló que “cuatro décadas atrás, el 2 de abril de 1982, se inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Este aniversario del comienzo de la guerra nos interpela como argentinos, y nos reafirma la necesidad de mantener viva la memoria y la reivindicación legítima e irrenunciable de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur”.

Además, Cobos adelantó que, como hizo en años anteriores, este próximo 2 de abril también estará presente en los homenajes que se realizarán en Río Grande y Ushuaia.

“Trabajamos para una solución definitiva a la controversia y a la recuperación de los territorios, siempre respetando los principios del derecho internacional, y conforme a lo que dice nuestra Constitución Nacional en su primera Disposición Transitoria que establece que ‘La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino’”, continuó el legislador.

Finalmente, Cobos enfatizó que “Argentina ha expresado reiteradamente su disposición a dialogar con el Reino Unido sobre este tema y mantiene su firme voluntad de negociar para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía conforme lo dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas y múltiples pronunciamientos de la comunidad internacional. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, el diputado nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de ley que propone “instituir una Libreta de Salud Infantil como documento único de información, destinada al registro de los controles periódicos del estado de salud general de la población materno infantil y adolescente, pero que además incluya información propia del Síndrome de Down y de otras patologías discapacitantes y prevalentes en la población infantil”.

El mendocino explicó que, de acuerdo a su iniciativa, “estas libretas de salud se proveerán gratuitamente, garantizando el acceso sin trámites a toda la población y contendrá información diversa como datos personales, peso, talla, perímetro cefálico, edad gestacional, puntaje de APGAR, grupo sanguíneo, factor RH, anomalías y malformaciones detectadas, patologías intercurrentes; tablas de crecimiento y desarrollo de la OMS, tensión arterial, calendario de vacunación, controles audiológicos, oftalmológicos y odontológicos; entre otros”.

En relación específica con el Síndrome de Down, deberán incluir “tablas de crecimiento y desarrollo para el Síndrome de Down, información y controles para la intervención temprana y evaluación médica continua; y respecto de otras patologías discapacitantes según lo determine la autoridad de aplicación de la ley”.

El exvicepresidente señaló que “esta iniciativa acompaña a las adecuaciones que nuestro país ha realizado en su normativa interna a los preceptos internacionales en pos de garantizar la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad desde la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Actualmente, existen jurisdicciones que no cuentan con este documento y aquellas que lo poseen tienen diversas modalidades de registro. Por eso, presentamos este proyecto para contar con un marco general a nivel nacional y ampliar el alcance de la población a la cual está destinado el documento de referencia. Se proponen pautas mínimas comunes de elaboración de la libreta de salud infantil con el objeto de establecer un registro uniforme y permitir el seguimiento de la salud de niños/as y adolescentes”.

“A los controles establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación para niños sin patología significativa de base, se incorporan a los niños, niñas y adolescentes con Síndrome de Down, con el objeto de lograr un adecuado seguimiento de su desarrollo y crecimiento, unificando las actuaciones profesionales en este sentido. En Argentina el promedio de esta alteración genética es de 20.1 por cada 10.000 nacimientos, la segunda cifra más alta en comparación con el resto de países Iberoamericanos”, agregó el radical.

Finalmente, Cobos dijo que con este proyecto “respondemos a la inquietud y necesidad expresada por la Asociación de Síndrome de Down de la Provincia de Mendoza (ADOM) que, promoviendo el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, trabaja junto a las familias por la inclusión, la atención temprana, la educación, el trabajo y la vida independiente de las personas con Síndrome de Down. Pretendemos que el niño/a y adolescente con Síndrome de Down y su familia se encuentren contenidos y acompañados por el sistema, brindándoles apoyo y orientación, como así también, proveerles de información significativa para el ejercicio de sus derechos. El cuidado de la salud y la estimulación temprana les brindará mayores oportunidades para una vida plena”.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) aseguró que “están los votos para que el Senado pueda convertir en ley esta semana o la semana entrante” el proyecto que avala el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de 44 mil millones de dólares contraída durante la gestión de Mauricio Macri.

“Yo creo que en el Senado habrá los votos necesarios, se habla de unos 20 votos del Frente de Todos (FdT) y unos 30 votos de JxC, por lo cual yo creo que entre esta semana y la semana entrante se votará”, afirmó Cobos en diálogo con FM Nacional Rock.

Asimismo, sobre la mecánica del tratamiento del proyecto en el Senado, el exvicepresidente consideró que la presentación prevista en la Cámara alta del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y del ministro de Economía, Martín Guzmán, “tendrá que ser distinta a lo que vimos en Diputados, porque el proyecto fue modificado y deberían hablar sobre el nuevo dictamen y no el anterior, referido al programa económico”.

El legislador se refirió así a la media sanción que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo obtuvo en la Cámara de Diputados y que tras intensas negociaciones sólo incluyó la autorización al Gobierno para refinanciar la deuda, pero se quitó el artículo donde se fijaban las metas económicas que había introducido el Ministerio de Economía como parte de la iniciativa.

“En el Senado, las normas reglamentarias son distintas, y desde que hay dictamen tienen que pasar siete días para su tratamiento, pero este es un proyecto corto y seguramente los senadores ya han seguido de cerca el tratamiento en Diputados”, amplió.

En este sentido, afirmó que “si hay aval de la Cámara para dar los dos tercios, el trámite podría finiquitarse en el transcurso de esta semana”.

En alusión al mensaje de Alberto Fernández en la apertura del 140° período de sesiones ordinarias, el diputado nacional Julio Cobos (UCR) opinó que “el presidente sólo le habló a su sector interno, tratando de resolver diferencias políticas, perdiendo así una buena oportunidad de dirigirse a todos los argentinos”.

“Las internas en el oficialismo han frenado proyectos importantes y en ocasiones paralizado la acción del Congreso”, remarcó el radical, que señaló que “las propuestas enunciadas en la apertura de sesiones pasadas no se han concretado, principalmente por los desacuerdos internos del partido gobernante, lo mismo con relación a las sesiones extraordinarias, que fueron convocadas pero que no se efectivizaron”.

En esa línea, el mendocino afirmó que “desde la oposición hemos estado y estamos predispuestos a acompañar los proyectos que beneficien a la sociedad, pero necesitamos que el oficialismo supere sus disidencias internas y trabajemos en forma conjunta una agenda parlamentaria enmarcada en un modelo de país”.

“El presidente de la Nación reconoció que la inflación es el principal problema que tiene la Argentina y el principal desafío del Gobierno que debe resolver. Luego de Venezuela tenemos la inflación más alta de la región, algo que pega directamente en el poder adquisitivo de los argentinos y funciona como un impuesto que afecta más a los que menos tienen; pero vemos que el titular del Ejecutivo sólo habló de multicausalidad y no explicitó ni las medidas, ni la estrategia integral para frenarla y revertirla”, observó el exvicepresidente.

Sobre otro tramo del mensaje presidencial, Cobos expresó que “acierta el presidente en señalar que la obra pública es un gran motor generador de trabajo y desarrollo, sin embargo vemos que dilata una decisión fundamental como lo es la construcción de la represa Portezuelo del Viento que activaría gran parte de la industria local”.

“Es importante avanzar con la formalidad en el empleo para revertir los altos índices de pobreza e indigencia que tiene nuestro país. Anunció una ley de empleo joven que erradique el trabajo en negro y transforme planes sociales en trabajo formal, debemos analizar en forma concreta la forma de llevarlo adelante; pero en definitiva esto implica una reforma laboral que el propio presidente negó en su discurso”, analizó el diputado de Juntos por el Cambio.

En alusión a la referencia de Alberto Fernández sobre el acuerdo con el FMI, el legislador apuntó: “Hubiera sido oportuno que las cámaras del Congreso conociéramos los aspectos del acuerdo previo al discurso del presidente, algo que al parecer ocurrirá en el transcurso de esta semana. Por lo expresado por él, consiste en la refinanciación del préstamo original, que se pagará dentro de cuatro años y medio, iniciándose los pagos en el 2026 y terminando de pagarse en 2034. Según lo expresado, no habrá reforma previsional ni laboral, ni políticas de ajuste como exigencias del FMI. Está bien que no existan condicionamientos, pero el presidente debe ocuparse de revertir la situación actual que implica una informalidad del 38% de los trabajadores y más del 80% de los jubilados cobran la jubilación mínima de 32.650 pesos; y esto sólo se consigue con reformas estructurales”.

“El Presidente anunció un conjunto de temas a enviar al Congreso y la realidad que los 21 proyectos que envió el año pasado, ninguno se convirtió en ley; esperamos que ahora no ocurra lo mismo porque en definitiva son anuncios que quedan sólo en eso”, finalizó.

Ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, el diputado nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto para “condenar los hechos y expresar preocupación por las operaciones militares llevadas a cabo por la Federación Rusa en Ucrania, tras los bombardeos acontecidos en las diversas ciudades ucranianas y las incursiones militares rusas en ese país”.

“Instamos al gobierno ruso a cumplir con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y al cese definitivo de las hostilidades y de las violaciones a la integridad territorial y a la soberanía de Ucrania, y reiteramos nuestro firme compromiso con el principio de la solución pacífica de las controversias internacionales, ya que solo por esta vía se aseguran soluciones justas y duraderas”, señaló el mendocino en la iniciativa.

Además, el radical subrayó que “el accionar ruso representa una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas, tal como ha declarado su Secretario General, Antonio Guterres, ya que viola el principio de integridad territorial y de soberanía de Ucrania”.

El exvicepresidente remarcó que “la invasión rusa sobre Ucrania va en contra del derecho internacional y se enmarca en lo establecido en la Resolución 3314 de la Asamblea General, que en su artículo 3 se caracterizará como acto de agresión a, en primer lugar, la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él; y en segundo término al bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado”.

Finalmente, Cobos expresó que “Argentina tiene una profunda tradición pacifista y de respeto al derecho internacional, por eso exhortamos a la comunidad internacional a rechazar estos hechos de extrema violencia y actuar para frenarlos lo más rápido posible. No existe una solución militar, por el contrario, el diálogo y la diplomacia deben ser las vías que utilizar por las distintas partes involucradas para llegar a una salida pacífica y concertada a la situación”.

La importancia estratégica para Mendoza de construir la presa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento es innegable y está fuera de toda discusión. Por eso me interesa recuperar algunas conclusiones de un estudio realizado en el año 2017 por la Universidad Nacional de Cuyo, en el que se muestra el impacto económico de Portezuelo, tanto en Malargüe como en el resto de la provincia. Quizás algunos de estas palabras sirvan para convencer a quienes dudan de lo vital que es contar con Portezuelo del Viento.

¿Por qué defender Portezuelo?

En primer lugar, por el impacto positivo que tendrá sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) en Malargüe y en sectores estratégicos de Mendoza.

Según cálculos estimados por la UNCuyo, Portezuelo aumentaría gradualmente el volumen del PBG de Malargüe en un 8%. A su vez, la hidroeléctrica aumentaría un 11,2% el volumen del sector “Electricidad Gas y Agua de Mendoza” provincial durante la etapa de generación, y permitiría incrementar el volumen del PBG de “Construcciones” de Mendoza en promedio un 8% por año durante la etapa de desarrollo de las obras.
Además, en relación al turismo, el estudio destaca que Portezuelo tendría el potencial de generar 1.200 nuevas plazas de alojamiento; beneficiando al sector hotelero, gastronómico y comercial del sur provincial, y ampliando la oferta turística de nuestra provincia.

En segundo término y respecto del impacto esperado sobre el Nivel de Empleo, si se consideran los principales impactos ocupacionales (sector construcción, operación de la presa y turismo) Portezuelo generaría 1.200 nuevos puestos de trabajo por año.

En tercer lugar y en relación con la proyección del impacto en las finanzas provinciales y municipales que puede tener la realización de Portezuelo del Viento, se calculó que los ingresos anuales por generación eléctrica aproximarían los USD 66 millones en el período de operación plena de la presa. De dichos ingresos, Mendoza se beneficiaría directamente con recursos fiscales provenientes de las regalías, el canon, y la utilidad operativa (si asumimos que la presa será de gerenciamiento provincial). En definitiva, si sumamos estas fuentes de recursos, Mendoza incrementaría sus recursos fiscales un promedio de USD 37,5 millones anuales, lo cual representa un 20% de la inversión pública prevista para este año (proyecto de Presupuesto 2022). A su vez, para Malargüe, las reglarías de Portezuelo podrían alcanzar los USD 951 mil por año.

¿Defenderlo de qué, de quién?

Defender Portezuelo de aquellos mendocinos o habitantes de otras provincias que no quieren tener una visión federal y a largo plazo; que piensan, dicen y obran de espaldas al sur provincial, de los que prefieren hacer política de la coyuntura para llevar agua a su molino y no hacer uno de los espejos de agua más importante de Argentina; de aquellos que no entienden que Portezuelo es un derecho de Mendoza y que es un beneficio para todos, incluso para ellos.

Defender Portezuelo es defender Mendoza porque es dinero de los mendocinos invertido en una obra para mendocinos, para los de hoy pero fundamentalmente para los del mañana; porque es pensar en las generaciones futuras, no solo en trabajo, desarrollo y producción para el presente, para que los habitantes del futuro tengan en Mendoza agua, trabajo, electricidad y un oasis y polo turístico único.

Defender Portezuelo del Viento es defender el empleo, el desarrollo y el futuro de Mendoza; por eso la persistencia, la paciencia y la perseverancia a lo largo de estos años. Defendámoslo, porque Portezuelo es Mendoza.

En reiteradas oportunidades escuchamos que a Argentina le falta un rumbo económico, que no hay un plan, que la macroeconomía está enferma y que así no podemos crecer; entre otras consideraciones.

Necesitamos definir un modelo de país, saber a dónde queremos llegar, por qué ir hacia allí y cómo hacerlo, y a partir de eso establecer una hoja de ruta, una agenda en función de ese itinerario. Nuestro accionar debe regirse por una visión integral surgida de un diagnóstico que nos proyecte hacia el futuro, no podemos vivir improvisando de acuerdo a la coyuntura, emparchando problemas sin implementar soluciones de fondo. Por eso entendemos que para establecer la agenda parlamentaria primero debemos definir un modelo de país para que todas las propuestas legislativas vayan en función del mismo, algo que de lo que hoy carecemos, o tenemos muy parcialmente.

Argentina, por su Constitución, su historia y sus recursos, tiene el potencial de definirse hacia adelante como un país verdaderamente federal, con un sólido equilibrio institucional entre sus tres poderes, con una economía sólida y diversificada que le permita insertarse en el mundo y que tome a la educación, el conocimiento y el desarrollo científico como base para el desarrollo humano. Si aceptamos estas premisas que permitan redefinir el rumbo y modelo de nuestro país será más sencillo entonces construir una agenda parlamentaria de amplio consenso.

Un país verdaderamente federal. Leyes que permitan una redefinición de responsabilidades y funciones de las tres jurisdicciones: municipal, provincial y nacional; con una descentralización institucional real de recursos, con un nuevo esquema impositivo, donde las provincias coparticipen a la Nación y una Ley de Presupuesto que contemple la heterogeneidad y las características regionales de nuestra Nación.

División de poderes. Esto hace a la calidad institucional y a la fortaleza del sistema democrático, limitando las facultades delegadas del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo, recuperando a los DNU como excepción y no como regla y con una justicia eficiente y eficaz que no sea influenciada por el poder de turno.

Una economía sólida y diversificada. Argentina necesita ordenar sus variables económicas y todo proyecto debe conducir a disminuir el déficit fiscal y lograr el superávit fiscal, unificar el tipo de cambio, tener inflación de un dígito, créditos a tasas razonables, desarrollo sustentable y generación de fuentes de trabajo genuinas. En tal sentido, debemos llevar adelante una política exterior inteligente y pragmática en la relación con los otros Estados, para fortalecer el posicionamiento e inserción de Argentina en el mundo. Asimismo, incentivar y diversificar las exportaciones para ganar nuevos mercados y sostenerlos en el largo plazo.

Estas son las mejores condiciones para llevar adelante programas de inversión en materia agro-industrial, en el sector automotriz, en el energético y en el científico tecnológico; si no logramos estas bases mínimas todas las iniciativas se convertirán en nuevas frustraciones.

Por último (pero no menos importante, sino todo lo contrario) debemos devolverle a la educación el rol preponderante que supo tener en nuestra historia. Argentina supo liderar la educación en toda América Latina, era un modelo a imitar, tanto su escuela primaria como secundaria, sus escuelas técnicas y por supuesto sus universidades, generadoras de premios Nobel y de científicos reconocidos alrededor del mundo. Debe ser una prioridad absoluta recuperar ese camino que ya fue trazado, pero ahora con miras al mundo del siglo XXI y siempre teniendo en cuenta que el conocimiento es la mayor riqueza de un país, no es un lujo de los países ricos, es lo que nos va a sacar de este espiral decadente y nos va a impulsar al desarrollo. Y para eso hay que invertir en nuestra gente, en todos y cada uno de los argentinos.

Ya sabemos que no hay viento favorable si uno no sabe dónde va. Por eso, si logramos acordar estos puntos básicos y esenciales, será más fácil la tarea de lograr consensos entre todas las fuerzas y sectores y construir así una agenda parlamentaria sólida y con mirada de largo plazo, porque cada proyecto estará entonces en función de ese modelo de país que soñamos construir. Podemos hacerlo, debemos hacerlo.

La masa creciente de subsidios, un eslabón más del círculo vicioso de nuestra economía, atenta contra la estabilidad macroeconómica y el resultado es que lo que algunos no pagan vía tarifas se termina pagando con creces mediante una alta carga impositiva al consumo de bienes esenciales y el oculto impuesto inflacionario.

La caída en el poder adquisitivo y el consecuente aumento en la pobreza son datos de la realidad y están a la vista. Por eso, lo que a priori se presenta como un beneficio para millones de conciudadanos, termina siendo perjudicial para todos, en especial para los sectores de menores recursos, quienes pagan impuestos y sufren el impacto de la inflación de forma mucho más gravosa que aquellos sectores que se benefician con los subsidios energéticos. El sistema de subsidios tal como está planteado resulta sumamente regresivo.

La magnitud de esas distorsiones genera un círculo vicioso que se intensifica y produce efectos de nocivas consecuencias sociales: aumento del déficit fiscal, mayor emisión, inflación y pobreza, atraso cambiario, déficit en la balanza comercial por mayor importación de energía y la consecuente caída de reservas. Para dimensionar un poco la situación, en una economía tan frágil como la nuestra, los subsidios energéticos en el 2021 representaron USD 10.500 millones en 2021, es decir el 2,6% del PBI y el 75% del déficit primario.

La asimetría e inequidad federal.

Si analizamos la composición y distribución de los subsidios energéticos durante el 2021, vemos que el 70% fueron a CAMMESA para cubrir subsidios a la energía eléctrica que se focalizan mayormente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El atraso tarifario del AMBA provocó que los usuarios paguen sólo el 35% del costo de generación total del sistema y se alejen de los valores de referencia internacional. Como resultado, las inversiones en el sector se vieron afectadas y con ellas la calidad de los servicios.

Durante los últimos dos años, las actualizaciones del 20% de tarifas que Nación (ENRE) autorizó para el Área Metropolitana (EDENOR y EDESUR) siguen resultando muy inferiores a las actualizaciones implementadas por el resto de las distribuidoras provinciales. Contrariamente, gran parte de las distribuidoras provinciales vienen aumentando las tarifas a mayor ritmo que el AMBA. Hoy, la tarifa de un hogar tipo en AMBA es apenas del 40% de la tarifa que se paga en Mendoza, Córdoba o Neuquén. Por eso, actualmente el 60% de los subsidios están focalizados en el AMBA, donde residen el 40% de los usuarios, evidenciando una profunda sobre-representación y su consecuente injusticia en términos de equidad. Es decir, la inequidad no es sólo social sino también federal.

La insuficiente respuesta oficial

Estos subsidios generan una deuda de las Distribuidoras con CAMMESA que se refinancia en el tiempo a tasa negativa pagamos todos los argentinos con mayor inflación. Sin embargo, la visión que el Gobierno plantea para 2022 es fijar los precios para que el impacto final en la factura de los usuarios no sea mayor al 20%, cuando la inflación proyectada para este año es mayor al 50% y los costos de generación se proyectan para ser mucho mayores.

Por otro lado, el ENRE presentó una segmentación tarifaria en la cual aproximadamente el 10% de la población de la zona metropolitana pasará a pagar la tarifa plena. Este resultado reduciría apenas el 2% de los subsidios energéticos de 2021, algo así como USD 220 millones, lo que resulta absolutamente insuficiente.

En definitiva, la propuesta oficial está lejos de solucionar los problemas. De aplicarse la misma conllevaría a un sensible aumento de los subsidios energéticos en dólares; aumentaría la vulnerabilidad macro, sería un obstáculo al acuerdo con el FMI y tendría consecuencias directas en la inflación y la pobreza.

Vale destacar nuevamente que esta situación se genera por los subsidios tarifarios otorgados universalmente en AMBA. Tal cual lo están haciendo provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Neuquén; se debe volver a promover el sistema de tarifa social o subsidio focalizado en las familias vulnerables económicamente; los criterios ya se definieron y acordaron en el pasado, e incluso se siguen aplicando en varias jurisdicciones. Adicionalmente, se deben eliminar los subsidios diferenciales para el Área Metropolitana, situación que resulta de extrema inequidad territorial e injusticia para con los usuarios. Evidentemente, la respuesta oficial es insuficiente frente a la magnitud del problema. Hay que hacer cambios de fondo, resta la decisión política para hacerlo.

En el mundo globalizado en el que vivimos, la diplomacia presidencial resulta una manifestación fundamental de la política exterior de un país. y cada visita a otro Estado representa una señal que los actores internacionales interpretan de distintas maneras. Las llamadas “giras presidenciales” son importantes para el crecimiento del país y el desarrollo de los lineamientos de política internacional; mucho más cuando hay negociaciones tan complejas con organismos internacionales y sus Estados miembros. 

Las visitas de los máximos mandatarios son programadas con meses de antelación, pero la realidad es que el momento elegido por Alberto Fernández de visitar Rusia dista de ser el ideal, ya que se encuentra ensimismada en un conflicto de larga data con Ucrania, de repercusiones aún impredecibles. El reciente lunes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debió reunirse de manera urgente por la crisis en Kiev. Los potenciales desenlaces de esta historia tienen en vilo a los máximos referentes de las relaciones internacionales. 

Es en este marco que el Presidente de Argentina decide visitar Moscú, pero no con la crisis del Donbass, zona al Este de Ucrania, en la cabeza, sino con la renuncia del Presidente de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados tras un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional.  

En la reunión entre Fernández y Putin, el mandatario argentino manifestó la necesidad de “dejar la dependencia grande de Argentina con los Estados Unidos y el FMI” y la oportunidad de que Argentina se transforme en “la puerta de entrada de Rusia en América Latina”. Exagerar e impostar la retórica antiimperialista en vísperas de una ardua negociación con el Fondo no pareciera ser la estrategia más inteligente en estos momentos y más después de pedir al Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden que interceda a nuestro favor. 

La desmesura del oficialismo termina exagerando la importancia estratégica de Rusia para Argentina. Rusia tiene una economía menor que la de países como Italia, Corea del Sur e inclusive Brasil. En un mundo en el cual las energías renovables adquieren cada vez mayor relevancia, la economía rusa se sigue basando en la producción de hidrocarburos, en la venta de carbón y gas. Hoy, Rusia se coloca lejos de los principales destinos comerciales de nuestro país: Según datos del INDEC del 2021, se ubica en la posición 31 en el orden de los máximos consumidores de productos argentinos. Y si bien, siempre es loable la idea de diversificar la política exterior, se debe realizar con asidero en nuestras necesidades, con coherencia y tacto. 

El camino de la diplomacia argentina debe basarse en la equidistancia de las potencias y comerciar con ellas para poder conseguir el mayor rédito posible. Rusia se encuentra 124 en el ranking de The Economist de calidad democrática, su presidente, tras más de dos décadas en el poder, podrá ser electo de manera consecutiva hasta 2036, y su respeto a los derechos humanos ha sido criticado por organismos como Amnisty o Humans Right Watch. 

En las relaciones internacionales la sutileza en las expresiones se recompensa porque incide en el resultado final de los objetivos perseguidos. Lamentablemente, pareciera que el Presidente no entendió esto y sus declaraciones desafortunadas destinadas a su grupo interno terminan generando más inseguridades en un contexto que necesita de certezas. 

Con estas actitudes y expresiones, realmente desconcierta la actitud del oficialismo, porque pareciera que hacen todo lo posible para boicotear el acuerdo alcanzado por ellos mismos. Necesitamos responsabilidad y templanza en el decir y en el actuar para garantizar el mejor acuerdo posible para Argentina. 

Máximo Kirchner está en boca de todos luego de su inminente renuncia como presidente del bloque de Diputados del FdT por “no compartir la estrategia utilizada y los resultados obtenidos en la negociación con el FMI”. Respecto a eso, el vicepresidente tercero de la Cámara baja y exsenador nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) afirmó que “la renuncia de Máximo expresa el silencio de Cristina (Kirchner)”.

En diálogo en Radio Rivadavia, Cobos expresó: “Máximo Kirchner es una figura de peso igual que su madre ostentan el poder real político. Hay un poder institucional que ejerce el presidente de la Cámara, pero el poder real político pasa por la presidencia del Senado y por el expresidente del bloque del Frente de Todos”.

“Esto mina la autoridad presidencial, tiene un impacto en la economía porque se trata de una renuncia con causa y la causa es un acuerdo que no quieren acompañar que duró más de dos años, mucho tiempo para mi gusto”, remarcó el exgobernador mendocino y agregó: “Un ministro de Economía (Martín Guzmán) que estuvo abocado prácticamente a este tema y cuando comenzaba a generarse un punto de inflexión para ver un plan económico, aparece esta renuncia que por otra parte expresa el silencio de Cristina”.

En ese sentido, precisó que “el acompañamiento del Parlamento para un presidente es fundamental y si no se siente respaldado origina problemas de gobernabilidad cosa que ya viene desde antes de la fórmula presidencial”.

“Es muy fácil tratar de esquivar el término ajuste, lo cierto es que el país con el término del déficit fiscal tiene otro ajuste más grave que es la inflación y la disminución del poder adquisitivo. Cada vez son menos las variables que tenemos para sostener el déficit fiscal porque hay problemas de endeudamiento y se recurre a emisión descontrolada y pérdida de reservas estamos con más inflación. Para llegar a los datos que se quieren hay que reducir el gasto público”, explicó el diputado radical.

Y agregó: “Ojalá podamos acompañar la generación de producción, de trabajo, pero esto se logra con una economía real y racional y no con distintos tipos de cambio y no con una brecha cambiaria, no restringiendo importaciones y exportaciones, va todo a contra pelo a cualquier incentivo de inversión”.

“Es un problema de relación con un organismo, con el cual ciertas cosas hay que cumplirlas. Por otra parte, Argentina forma parte del Fondo Monetario y recibe plata el año pasado recibió casi 5 millones de dólares y ahí no decimos nada. Hay que hacer un esfuerzo para reordenar la economía”, señaló Cobos.

Y finalizó: “Hay una actitud totalitaria en el kirchnerismo de controlar todo y de generar un adversario, necesita siempre alguien con quién pelearse y en este caso acordar con el Fondo no cae bien en el núcleo duro”.

“Mediante el decreto 879/2021 el Ejecutivo Nacional modifica -una vez más- las reglas de juego de la industria aerocomercial. En la prestación de los servicios de cabotaje, fijando regímenes de precios máximos y mínimos, los cuales impactarán negativamente en la demanda y en la oferta de vuelos. Esta medida afecta la conectividad de todos los argentinos; impidiendo que más argentinos viajen por el país, para trabajar y generar mayor actividad económica, no sólo turística”, planteó el diputado nacional mendocino Julio Cobos (UCR).

Además, sostuvo que el decreto tiende a restringir la asignación de rutas internacionales con criterios de reciprocidad, dando preferencia a las aerolíneas nacionales. “Lo dicho resulta un criterio anacrónico en un mundo globalizado y con un impacto negativo frente a la falta de oferta de vuelos luego de la pandemia. Argentina necesita conectarse al mundo y esta decisión va justamente a contramano”, expresó el exgobernador mendocino.

Es por eso que Cobos solicitó al Poder Ejecutivo que informe diversos aspectos relacionados con la determinación de precios máximos y la conformación de un sistema de bandas de precios para ser aplicadas a los servicios internos regulares de transporte aerocomercial.

El legislador radical planteó una serie de preguntas al Poder Ejecutivo Nacional, por ejemplo: ¿qué fundamentos llevan concluir que el objetivo expresado en los considerandos de “asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios” puede lograrse fijando precios mínimos? Ello dado que el precio de un producto o un servicio es una función de la oferta y la demanda del referido servicio, y que subiendo el precio necesariamente se impacta en una menor demanda, consideró Cobos.

Preguntó además cuáles son las prácticas “ruinosas” a que hace referencia en los considerandos que generan una “efímera ventaja” en el consumidor. Asimismo, solicitó se informe “cómo tales prácticas que benefician al consumidor pueden resultar contrarias al interés general. Concretamente aclare cómo un aumento de precios de los pasajes aéreos puede implicar un beneficio al interés general”.

Cobos quiere conocer la cantidad de ejercicios económicos analizados de los estados contables de las empresas transportistas, y cuáles empresas transportistas fueron analizadas.

También pide respecto de Aerolíneas Argentinas que se informe si la fijación de precios mínimos genera ventajas de mercado o competencia desleal frente al resto de las compañías aéreas que operan en el mercado interno.

Por José Angel Di Mauro

Los memoriosos la recuerdan como una de las votaciones históricas del Congreso de la Nación. Fue en la sesión iniciada el miércoles 14 de marzo de 1984: el Gobierno de Raúl Alfonsín llevaba apenas tres meses y se definía en el Senado -un ámbito que donde ni siquiera entonces el no peronismo alcanzó a ser mayoría- la suerte del proyecto de reordenamiento sindical, conocido como la Ley Mucci. Ya en la madrugada del jueves 15, el Gobierno de Alfonsín perdió esa votación por dos votos (24 a 22), y todos recuerdan al neuquino Elías Sapag como el factor clave de la derrota radical, pues si votaba a favor había empate y definía Víctor Martínez.

Más cerca en el tiempo y ya con videos a color que nos refrescan la memoria, en la madrugada del 17 de julio de 2008 al entonces vicepresidente Julio Cobos le tocó desempatar el 36 a 36 que había dado la votación sobre la resolución 125. Quedó en la historia su voto “no positivo”, como así también la sonora derrota del Gobierno de Cristina Kirchner en el Congreso.

¿A qué vienen estos ejemplos? A que es absolutamente excepcional que un oficialismo pierda una votación para una sesión que ha convocado. Menos aún el primer paso, la media sanción. Los oficialismos solo convocan sesiones en las que tienen asegurado el quórum -porque históricamente es su obligación conseguirlo- y garantizados los votos para aprobar la ley que desean. Eso no implica que no puedan sufrir derrotas legislativas, cosa que suele suceder cuando no son mayoría. Le pasó varias veces al gobierno anterior, el primero en minoría en ambas cámaras en cien años. Pero solo con sesiones que convocaba la oposición, y en esos casos lo resolvía negociando, haciendo caer la sesión retaceando el quórum, o si la derrota se consumaba, vetando. Fue lo que hizo Mauricio Macri con la Ley Antidespidos y la que retrotraía el valor de las tarifas a noviembre de 2017. Y es lo que hacía también el kirchnerismo durante sus 12 años en el poder, cuando estaba en aprietos. ¿Cómo lo afrontó Miguel Pichetto al presidir el bloque oficialista del Senado en el período 2009-2011 cuando se quedó sin mayoría en esa Cámara? “Hice una tarea defensiva, de resistencia”, detalló ante quien esto escribe para el libro “Gobernar en Minoría”.

Para ese mismo texto -que deberían releer quienes hoy gobiernan siendo minoría- el entonces ministro del Interior Rogelio Frigerio explicaba que “en el Congreso es tan importante lograr el número para pasar tus leyes, como lograr el número para que no te metan leyes que te perjudican”.

El Frente de Todos no debió convocar a la sesión del jueves sin la certeza de contar con los números que le permitieran aprobar la Ley de Leyes. Pero en la previa anticipaban una irrealidad que solo tenía sentido si terminaba siendo cierta. Como la de anticipar la agenda de la próxima semana. Todos estimaban la aprobación del proyecto en la madrugada del viernes y daban por descontado un rápido tratamiento la semana siguiente en el Senado, donde sería convertido en ley seguramente el 29 o 30 de diciembre. Sin embargo voceros oficiales hicieron correr la intención de emitir dictamen de comisión en este mismo lunes, para llevarlo al recinto al día siguiente.

Imposible según las normas que se cumplen a rajatabla en el Senado, donde se aguarda una semana entre la firma del dictamen y el tratamiento en el recinto. A menos que la oposición estuviera dispuesta a dar los dos tercios para habilitar tal cosa. Imposible.

Sí se especulaba la última semana con que una parte de Juntos por el Cambio se abstuviera de modo tal de que el oficialismo pudiese tener la ley por mayoría simple: no hace falta con esta ley mayorías especiales.

El bloque completo de la Coalición Cívica estaba dispuesto a tomar esa actitud y todos lo sabían. Pero cambió de postura el miércoles por la noche, cuando percibió que en las negociaciones algunos cambiaban esa abstención por favores en el texto del proyecto. El titular del bloque, Juan Manuel López, confesó al inicio del debate del jueves que esa abstención hubiera tenido “un propósito y una estrategia: tener una abstención de más de 132 votos, que es lo que podía sacar el voto negativo; votar algunos artículos en particular en contra y obligar al oficialismo a negociar, y llevarnos algo más que un título de esa votación”. En su mea culpa público, dijo que eso no iba a ser posible “porque no lo pudimos coordinar”. Confesó además de Juntos por el Cambio que “llegamos atropellándonos entre nosotros” y lo atribuyó a “una falta de coordinación que tiene que ver con una falta de institucionalidad que tiene la Argentina, que tienen los partidos políticos, y ni hablar de las alianzas de gobierno”.

Fue el mismo Juan Manuel López el que cuando en el desenlace de la sesión las diferencias en JxC se habían hecho públicas -la reunión del último cuarto intermedio, en el Salón Delia Parodi, para resolver si aceptaban la vuelta a comisión del proyecto, fue muy dura, se nota la falta de una conducción homogénea-, salió a aclarar que “en Juntos por el Cambio hay unidad. Acá estamos todos juntos, con mucha responsabilidad”.

La pregunta del millón es si hubo impericia, la intención de “quemar las naves” -esa frase fue deslizada en la noche previa a la sesión por un legislador opositor respecto de lo que percibía en el oficialismo-, o una deliberada actitud de Máximo Kirchner. Las tres alternativas son muy posibles.

Pero hubo algo que no puede pasar desapercibido. Durante la sesión se van elaborando y difundiendo listas de oradores que permiten establecer cuándo hablará cada uno y, sobre todo, cuándo puede concluir la sesión. En los mismos nunca figuró el jefe del bloque oficialista, sino curiosamente Victoria Tolosa Paz. Es habitual que Máximo Kirchner delegue cierres de debates en otros diputados, aunque nunca cuando se trata nada menos que del Presupuesto. Sin embargo, alrededor de las 7 de la mañana apareció otro listado con más nombres del oficialismo, como Federico Fagioli, Leopoldo Moreau, Marcela Passo y Marisa Uceda, reconfigurándose los cierres ya sin Cristian Ritondo, con Alejandro “Topo” Rodríguez del interbloque Federal, y en una curiosa apuesta al misterio para el cierre figuraba “FDT”.

Para esos instantes se habían reanudado las negociaciones y existía la certeza de una postergación hasta la semana que viene, de ahí que se interpretara el agregado de oficialistas como la intención de alargar un poco el debate mientras discutían a puertas cerradas, pero llamó la atención que se hubieran elegido nombres que elevaran el tono de confrontación que hasta entonces mayormente no había tenido la sesión. Nada recomendable para cuando justamente están por votar.

El aire enrarecido aumentó cuando comenzaba a hablar el oficialista Itai Hagman: llegaron los jefes de JxC con la propuesta de devolver el proyecto a comisión y comenzaron a transmitirle las novedades al resto del interbloque en el recinto. Algo que daba pie a diversas posturas, con una gran cantidad de diputados que no estaban de acuerdo, y eso se armaron conciliábulos en pleno recinto, que despertaron la reacción de talibanes del oficialismo como Rodolfo Tailhade, que les gritó de mala manera que salieran del recinto para hacer sus reuniones. “Están tratando de consensuar una posición”, le aclaró desde la presidencia el mendocino Omar De Marchi, de JxC. No era necesario decirle que hablaban de una oferta que les acababa de hacer el Gobierno.

Fue el propio Alberto Fernández quien habló con los jefes de JxC para convencerlos de evitar que la sangre llegara al río. Y trabajosamente se llegó a esa decisión al cabo de una tensa reunión de la oposición, que quedó anulada cuando Máximo Kirchner -como diría Pichetto- incendió la pradera.

El mayor perjuicio de no tener presupuesto es el efecto que ello ocasiona en las negociaciones con el Fondo Monetario. Es lo que le reprocha el presidente a la oposición, aunque quisiera transmitirle también su enojo, y no puede, al hijo de su vicepresidenta. Por el contrario, se mostró este sábado a su lado en el acto del PJ bonaerense.

Al asumir la presidencia del partido, Máximo graficó a su invitado como un presidente acosado por los otros poderes, incluido el mediático. “Confiá, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decí lo que tenemos que hacer, para dónde ir y ahí nosotros vamos a acompañar”, le dijo.

Como no había ido allí para pasarle facturas, Alberto se las pasó a la oposición, recordando que “a Cristina la dejaron sin presupuesto en 2010 y a mí me dejaron sin Presupuesto en 2022. Pero miren: Cristina en 2010 siguió gobernando y yo en 2022 voy a seguir gobernando”.

Una diferencia: en 2010 el Frente para la Victoria evitó ir a una sesión que perdería; no tuvo Presupuesto, pero tampoco derrota.

En el último tramo de una sesión que comenzó pasadas las 14 horas, la Cámara de Senadores dio media sanción con 54 votos afirmativos a dos proyectos de ley en materia de salud de personas con discapacidad, uno propone modificar la ley de prevención de discapacidades en el recién nacido, mientras que el otro tiene como objetivo asegurar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21 – síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.

La modificación de la Ley de Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido 26.279 recae sobre su artículo primero para que establezca que “al listado de estudios que deben practicarse en los recién nacidos se incorpora la detección de cardiopatías congénitas asintomáticas mediante oximetría de pulso”.

Por otro lado, el proyecto de Diagnóstico Humanizado presentado por el senador Julio Cobos y el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, busca: “Asegurar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21 – síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido, mediante una adecuada comunicación interpersonal e información objetiva y actualizada de la condición informada”.

Entre los objetivos se destacan: “Proveer a los progenitores información completa, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, pronóstico, opciones y servicios de salud y de apoyo para las personas con síndrome de Down y sus familias; Promover la capacitación en el modelo social de discapacidad y sensibilización de los equipos de salud para generar las instancias de diálogo y provisión de la información al o los progenitores que reciban este diagnóstico; Promover la atención oportuna y estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de síndrome de Down para asegurar su calidad de vida en igualdad de oportunidades y contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad, evitando la difusión de estereotipos o el surgimiento de nuevas formas de discriminación”.

En tanto, establece que la autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo y tendrá como funciones: “Promover la formación y capacitación continua a profesionales de la salud sobre la comunicación a las familias con un diagnóstico de síndrome de Down y sobre los derechos de las personas con discapacidad; elaborar y difundir un protocolo respecto de la comunicación y la información que debe proveerse”.

“Generar, colectar y sistematizar la información respecto a la cantidad de casos diagnosticados con síndrome de Down al solo efecto de ser utilizados por el sistema de salud con la debida protección de los datos personales; difundir cartelería en los establecimientos de salud respecto de los derechos de los progenitores que reciben un pronóstico o diagnóstico y de las personas con síndrome de Down; difundir en su página web toda información necesaria y útil para el tratamiento y desarrollo de las actividades de personas con síndrome de Down y sus familias; etc.”, agrega.

En suma, respecto a la comunicación que realicen los profesionales y/o los equipos de salud debe reunir las siguientes condiciones: “Realizarse en un ámbito de intimidad y privacidad, asegurar la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas y consultas; ser empática, en lenguaje claro, actualizada, neutral, respetuosa de la dignidad de las personas con discapacidad y en formatos accesibles con una perspectiva en derechos humanos”.

Cobos explicó: “Estoy muy conforme con la aprobación de este proyecto, que busca asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido; a través de un marco general que garantice una adecuada comunicación e información completa, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, pronóstico, opciones y servicios de salud y de apoyo para las personas con Síndrome de Down y sus familias. Entendemos que con esto damos respuestas a una demanda legítima de organizaciones de familiares de chicos con Síndrome de Down, relacionada con la forma de abordar el diagnóstico y la necesidad de contar con toda la información posible”.

“Al momento del diagnóstico prenatal o posnatal, se tiene que brindar información en los términos de la ley 26.529 y la vinculada a la condición diagnosticada, recomendaciones de seguimiento clínico, recursos, grupos y asociaciones de acompañamiento y contención de las personas con discapacidad y sus familias, servicios sanitarios y de apoyo públicos y de la sociedad civil, así como los sitios de interés para usuarios que reciban el diagnóstico prenatal o postnatal del Síndrome de Down”, señaló el senador mendocino.

Y expresó: “Por eso, promovemos la capacitación y sensibilización de los equipos de salud para generar instancias de diálogo y provisión de la información a quienes reciban este diagnóstico, y la atención oportuna y estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de Síndrome de Down para asegurar su calidad de vida en igualdad de oportunidades”.

“Este proyecto tiene relación directa con otro de mi autoría que es el de la ampliación de la Libreta de Salud, que es un documento único que reúne toda la información concerniente al Estado de la salud en general, desarrollo psicofísico, control de vacunaciones declaradas obligatorias y demás datos relevantes para su bienestar y calidad de vida. La Libreta vigente no incluye las curvas de crecimiento y desarrollo, ni los controles necesarios para niños y adolescentes con Síndrome de Down. Nuestra intención es que los niños con Síndrome de Down y su familia se encuentren contenidos por el sistema, brindándoles apoyo y orientación, como así también, proveerles de información significativa para el ejercicio de sus derechos”, explayó el legislador radical.

Desde el bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical anunciaron a través de un comunicado que el cordobés Mario Negri fue elegido presidente del espacio, en tanto el actual senador nacional y diputado electo Julio Cobos será nominado por el radicalismo como vicepresidente tercero de la Cámara baja en la sesión preparatoria de este martes en la que jurarán los nuevos legisladores.

“Siempre estaremos en el bloque UCR defendiendo los valores del radicalismo, luchando por la República y respetando a rajatabla el contrato electoral con la ciudadanía. No es tiempo de especulaciones mezquinas. Que la sociedad esté tranquila: nunca seremos cómplices del Gobierno”, expresaron los 33 diputados radicales que integran la bancada de la UCR.

En reunión de bloque se resolvió ratificar a Negri como presidente de cuerpo, mientras que Karina Banfi fue elegida vicepresidenta primera; Martín Arjol vicepresidente segundo y vicepresidenta tercera quedó Lidia Ascárate. En tanto, Miguel Bazze será el secretario general y la secretaria legislativa quedará en manos de Soledad Carrizo.

Los diputados radicales explicaron que al igual que cada vez que se renueva el Congreso, el bloque realizó” un ejercicio de democracia interna para elegir sus autoridades. Un sector propuso un nombre dos semanas atrás para conducir la bancada, pero perdió ante el sector ampliamente mayoritario que sostuvo la continuidad de Negri”.

“Sorpresivamente, ante un resultado adverso, hoy 12 legisladores decidieron quebrar el Bloque de la UCR. Esto es una práctica claramente antidemocrática e injustificable. Nos preocupa que se le dé la espalda a lo que la sociedad votó el 14 de noviembre: un radicalismo unido para derrotar al populismo”, expresaron los diputados radicales.

Y cuestionaroon: “Las descalificaciones y agravios hablan de quienes los profieren. Nosotros solo nos ocuparemos, como único bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, de fortalecer los valores de nuestro partido, sin soberbia. La sociedad espera respuestas y soluciones a los problemas acuciantes del país y en ello nos focalizaremos”.

15 provincias integradas al bloque

El bloque estará constituido por 5 diputados bonaerenses (Facundo Manes, Karina Banfi, Sebastián Salvador, Miguel Bazze y Fabio Quetglas), 4 diputados de Mendoza (Julio Cobos, Pamela Verasay, Lisandro Nieri y Jimena Latorre), 4 de Córdoba (Mario Negri, Soledad Carrizo, Marcos Carasso y Víctor Hugo Romero), 3 de Santa Fe (Mario Barletta, Ximena García y Juan Martín), 2 de Entre Ríos (Gabriela Lena y Pedro Galimberti), 2 de Chaco (Juan Carlos Polini y Gerardo Cipolini), 2 de Jujuy (Jorge Rizzotti y Gustavo Bohuid), 2 de Corrientes (Jorge Vara y Manuel Aguirre), 2 de Formosa (Fernando Carbajal y Ricardo Buryaile), 2 de Tucumán (Lidia Ascárate y Roberto Sánchez) y uno por las provincias de La Pampa (Marcela Coli), Santa Cruz (Roxana Reyes), Misiones (Martín Arjol), Salta (Miguel Nanni) y Catamarca (Francisco Monti).

Ante las críticas de Evolución respecto a que “tenían que conducir como los que habían ganado en las PASO”, el espacio de Negri resaltó que en sus filas también habrá “grandes triunfadores en sus distritos y mucha renovación”. De hecho, destacaron que los principales dirigentes radicales que ganaron en sus distritos forman parte de la bancada. Es el caso de Roxana Reyes que derrotó al kirchnerismo en Santa Cruz; Martín Arjol que triunfó en Misiones; Mario Barleta en Santa Fe; Gustavo Bohuid en Jujuy; Manuel Aguirre en Corrientes; Marcela Coli en La Pampa (primera mujer del partido que ingresa a la Cámara baja por este distrito). Además, Facundo Manes, “emblema de la renovación del radicalismo bonaerense” -remarcaron- también es parte del bloque radical, lo mismo que los dirigentes que hicieron históricas elecciones en Chaco, Formosa, Tucumán, Entre Ríos, por ejemplo.

El bloque de @diputadosucr designó a sus autoridades para el período 2021-2023. @marioraulnegri continuará al frente del mismo.
"No es tiempo de especulaciones mezquinas, vamos a respetar a rajatabla el contrato electoral con la ciudadanía", señalaron los diputados. pic.twitter.com/bHmWjW0zBJ

— Bloque UCR – HCDN (@diputadosucr) December 6, 2021

El senador nacional Julio Cobos (UCR) se reunió este martes con el economista Alfredo Romano, autor del libro “Dolarizar, un camino hacia la estabilidad económica”.

“Alfredo plantea una interesante propuesta para estabilizar nuestra economía y fortalecer el sistema monetario, y creo que es importante estudiarla en profundidad, discutir su alcance y ver su viabilidad”, expresó al respecto el mendocino.

Para el exvicepresidente, el planteo de “finalizar con el bimonetarismo es una alternativa más, no la única, para superar esta crisis de inflación alta, devaluación y moneda débil que tiene Argentina”.

No obstante, aclaró que “un proceso de dolarización no puede ser una estrategia aislada, debe ser acompañado de medidas laborales y fiscales de incentivo a la inversión y al desarrollo económico”.

“El mejor programa económico debe lograr una inflación de un dígito, tasa de interés de un dígito y la unificación del tipo de cambio. Nada de esto es viable si no recuperamos la confianza en la moneda, algo que lamentablemente se ha perdido en el país, y que lo único que promueve es la especulación financiera y la exclusión de miles de personas”, sostuvo el radical.

Por último, opinó que “pensar en la dolarización de la economía es una buena propuesta inicial y contamos con experiencias en otros países, como Ecuador, por ejemplo, para ser estudiadas y poder medir el impacto de esto”.

El senador nacional Julio Cobos fue el encargado de homenajear el triunfo de Raúl Ricardo Alfonsín en las elecciones del 30 de octubre de 1983 que representaron la vuelta de nuestro país a la democracia.

De ese histórico momento se cumplen 38 años, recordó, como también comentó que él votó entonces a los 26 años. “Hoy los chicos pueden hacerlo a los 16”, deslizó.

“Alfonsín obtuvo el triunfo contra un buen candidato que era (Italo Argentino) Luder”, recordó el senador mendocino, que destacó que en esa oportunidad “el pueblo se inclinó por este hombre del radicalismo que no en vano no solo es llamado por nosotros ‘el padre de la democracia’; es un hombre que se irradió más allá de las fronteras de nuestro partido”. A partir de ahí, destacó, “se fue democratizando América latina”.

“Con altibajos, con vaivenes, lamentablemente tenemos muchas deudas después de 38 años. Hoy la democracia está consolidada, pero hay que seguir cuidándola todos los días”, concluyó.

El senador mendocino Julio Cobos no se quedó de brazos cruzados y salió a poner presión en el interbloque de Juntos por el Cambio para que de quórum este martes en la sesión especial convocada por el Frente de Todos en Diputados.

Allí se tratará la ley de Etiquetado Frontal y dos proyectos de ley que ya tienen media sanción del Senado y que tienen el objetivo de mejora las condiciones laborales y jubilatorias de trabajadores de viñas, según el propio Cobos.

Sr. Presidente del bloque UCR, @marioraulnegri, pidan sesión especial con los temas de interés de JxC, pero también faciliten el tratamiento de la #LeydeEtiquetado y las leyes que mejoran las condiciones laborales y jubilatorias de trabajadores de viñas. Esto es lo prioritario.

— Julio Cobos (@juliocobos) October 4, 2021

El mensaje en Twitter fue dirigido al jefe del interbloque de JxC, Mario Negri, quien horas antes había anticipado que la principal fuerza opositora no iba a sentarse en las bancas hasta que el oficialismo logre reunir el quórum, lo que hace peligrar el inicio de la sesión porque el FdT no tiene los números necesarios para alcanzar los 129 diputados necesarios.

El oficialismo llamó a una sesión especial sin consensuar con la oposición. Tras la derrota deberían tener más humildad.

JxC tiene postura mayoritaria a favor del etiquetado frontal, pero no sumaron temas clave como la emergencia educativa.

El FdT deberá conseguir el quórum.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) October 4, 2021

En ese marco, Cobos escribió: “Sr. Presidente del bloque UCR, @marioraulnegri, pidan sesión especial con los temas de interés de JxC, pero también faciliten el tratamiento de la #LeydeEtiquetado y las leyes que mejoran las condiciones laborales y jubilatorias de trabajadores de viñas. Esto es lo prioritario”.

Alguien que le salió al cruce a Cobos fue el jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, quien tuiteó: “Hay muchas cosas prioritarias señor senador. Le paso el teléfono de Negri por privado. Estamos trabajando para que no nos atropellen, para que se respete el resultado electoral y para sacar todos los temas que se necesiten. Quédese tranquilo”.

Hay muchas cosas prioritarias señor senador. Le paso el teléfono de Negri por privado. Estamos trabajando para que no nos atropellen, para que se respete el resultado electoral y para sacar todos los temas que se necesiten. Quédese tranquilo. https://t.co/tdSFS6f599

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) October 4, 2021

El senador nacional Julio Cobos (UCR) reveló que “ante la suspensión del proceso de aprobación de emergencia de la vacuna contra Covid-19 ‘Sputnik V’ por parte de la Organización Mundial de la Salud” le solicitó al Poder Ejecutivo “que suspenda la compra y la administración de la vacunación con la Sputnik hasta que la OMS la apruebe”. “Es importante avanzar con los demás contratos de vacunas que sí están aprobadas”, agregó.

En este contexto, el radical recordó que “a fines del año pasado y en el marco de la Ley 27.573, el Ministerio de Salud de la Nación autorizó de emergencia la vacuna rusa Sputnik V contra la Covid-19 y se comenzó la inoculación con la vacuna en todo el país”. “A la demora que sufrimos por falta de entrega del segundo componente de esa vacuna, ahora se agrega que la Organización Mundial de la Salud suspendió el proceso para darle su aval, por una serie de infracciones detectadas durante la inspección en una de sus plantas. Esto genera incertidumbre a futuro, por lo que lo más recomendable es suspender la adquisición e inoculación de la misma e intensificar esos procesos con vacunas que sí cuenten con el aval de la OMS”, insistió.

El legislador mendocino señaló que “el Gobierno nacional debe brindar la mayor certidumbre posible para acceder a aquellos ciudadanos que todavía se muestran escépticos de aplicarse el inoculante contra la Covid-19. Es necesario supeditar la compra y administración de la vacuna Sputnik V a la aprobación de la OMS para ser incluida dentro de su lista de uso en emergencias (EUL). Es a través de este proceso que se logrará una legitimación total del inoculante ruso a nivel internacional, dotando también de mayores libertades a quienes se han protegido con esta vacuna, y aumentando así el número de personas que deseen inocularse contra la Covid-19”.

Finalmente, Cobos dijo que “es a través de la evaluación, adquisición y administración de todas las opciones de vacunas contra la Covid-19 aprobadas por la OMS que alcanzaron el ‘gold standard’, que se logrará la vacunación masiva. Ese es el camino a seguir”.

Luego de la reapertura de diversas actividades en todo el país, algunas aún continúan con cierta incertidumbre. Por este motivo, el senador nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional para que explique la planificación de la reapertura de “las fronteras internacionales, los plazos estipulados y los requisitos”, ya que la actividad turística “reactiva la economía y facilita el ingreso de divisas”.

“Conocer los planes del Gobierno Nacional en lo concerniente a la reapertura del turismo internacional, la normalización de los vuelos de cabotaje, las normativas de admisión de los viajeros internacionales y el cupo de ingreso al país”, plantea el texto presentado por el senador radical y sostiene que “para fortalecer el turismo nacional es necesario brindar mayor previsibilidad y claridad sobre la reapertura de los vuelos, con un calendario de apertura de fronteras que permita a los turistas internacionales planificar sus viajes con antelación”.

En esta línea, cuestiona que “entidades y cámaras turísticas han enviado diversas notas al Ministerio de Turismo de la Nación, ninguna de las cuales fue respondida”, ante lo que “el sector se encuentra a la espera de una reanudación de su actividad, con los cuidados y protocolos correspondientes. El turismo internacional es un mecanismo eficaz para reactivar la economía y que facilita el ingreso de divisas de manera instantánea”.

“Las diferentes cámaras turísticas de la Argentina han expresado la importancia de esta actividad para miles de familias que dependen de la pronta reanudación del sector. En Mendoza concretamente necesitamos poder recibir a turistas a través de nuestros pasos terrestres y del aeropuerto internacional”, expresó Cobos.

Además, el legislador radical señaló que “es de vital importancia, debido a las características geográficas de nuestro país, la normalización de los vuelos de cabotaje para así lograr una mayor conectividad al interior de la Argentina. En tal sentido, solicitamos activar los mecanismos necesarios a fin de contribuir en la economía de diversos profesionales independientes y Pymes”, y concluyó que “se necesita una planificación concreta de la reapertura de las fronteras internacionales, con plazos estipulados, y requisitos precisos y prudentes para recibir pasajeros”.

El cuerpo del texto detalla que se solicita al Poder Ejecutivo Nacional:

1- Informe cuando está contemplado la fecha de reanudación y normalización de los vuelos internacionales, detallando el calendario de reapertura de las fronteras.

2- Detalle el plan previsto para la reanudación y normalización de la actividad y de la frecuencia de los vuelos de cabotaje comerciales regulares y no regulares.

3- Informe cuando se tiene estipulado la reapertura de los diversos pasos fronterizos entre la República Argentina y sus países limítrofes para el tránsito de viajeros y turistas.

4- Informe las normativas y condiciones de admisión de los viajeros internacionales que deseen ingresar al país ya sea por vía aérea o terrestre.

Por estos días, en la agenda de política económica se discuten los niveles de endeudamiento del país durante las últimas administraciones gubernamentales. La argumentación presenta varias aristas: ¿quién endeudó más al país?, ¿es mejor la deuda en pesos que en dólares?, ¿es preferible deuda intra-sector público que con acreedores privados? 

La información oficial es clara: la tendencia anual de crecimiento de la deuda durante la gestión del actual presidente -medida en una misma moneda- resulta sensiblemente mayor a la observada en los dos gobiernos previos. Esta conclusión no cambia si se analiza sólo la deuda bruta de la Administración Central (Tesoro) o la deuda del BCRA.  

Desde el Gobierno nacional se argumenta que existiría una deuda “buena” o deseable, y una deuda “mala” o no deseable; la deuda deseable sería aquella tomada en pesos y con acreedores locales u organismos del mismo Gobierno mientras que la no deseable, es la deuda en dólares con acreedores externos. En este contexto, es cierto que el incremento de la deuda que generó la administración del presidente Macri, elevó la deuda en dólares y con acreedores externos (principalmente el FMI), mientras que la gestión actual está elevando la deuda primordialmente en pesos y con acreedores locales y organismos gubernamentales como el BCRA. 

¿Resulta técnicamente correcto pensar que, sólo por estas atribuciones, una deuda es preferible a otra? Definitivamente no. Destacar que una deuda que crece a los niveles actuales, resultará sostenible simplemente porque está en pesos y es financiada en gran parte por el BCRA es un diagnóstico erróneo.  

Si la comparamos -por ejemplo- con un crédito bancario, la deuda es buena siempre y cuando el pago del mismo surja de ingresos genuinos y suficientes y no de otros créditos que vengan a cubrir ese déficit y lo incrementen exponencialmente. Ese déficit sí constituye una deuda mala, como el fiscal que implica deuda y emisión, es decir inflación. El verdadero problema de Argentina es que no logra disminuir el déficit fiscal, por lo que todo el endeudamiento está destinado a deudas anteriores. Carece de sentido instalar la discusión sobre la deuda en pesos o dólares porque finalmente es deuda en sí. 

Creer que la deuda intra-sector público es deseable ha comprometido el patrimonio del BCRA, ha promovido una emisión monetaria inflacionaria, y ha impactado adversamente en los ahorros del sistema previsional al utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a tasas negativas.  

Entonces, ¿qué hace que la deuda sea sostenible?, ¿en qué debería poner foco el Gobierno? 

a) Las condiciones de endeudamiento no son buenas, empeoran y expresan el costo del descrédito hacia la política económica. 

b) Estamos lejos de consolidar un programa económico que asegure el crecimiento sostenido: brecha cambiaria del 80%, presión tributaria sin techo, restricciones crecientes para importar y movimiento de capitales, difícil acceso al financiamiento privado, mal clima de negocios. 

c) El déficit proyectado para 2021 y su trayectoria, no resultarían un problema complejo en un país con buenas condiciones para su financiamiento y buenas perspectivas de crecimiento sostenido. Sin embargo, Argentina carece hoy de ambas condiciones. 

Hoy estamos alejados de los principios sobre los cuales se podría defender un nivel de endeudamiento sostenible, con aumento del déficit fiscal, alta emisión e inflación, baja en el poder adquisitivo y crecimiento sostenido de la pobreza. Una dinámica de endeudamiento insostenible como la actual, puede generar consecuencias económicas y sociales severas, sin importar la moneda en la cual se emita la deuda y quien la financie. La inercia de la deuda genera una alarma, afecta la confianza y el crecimiento de la economía. Negar la situación agrava el problema. 
 

Hace algo más de un año -con bastante incertidumbre- desconocíamos si el mundo iba a tener una vacuna contra la Covid 19. Hoy, aceptamos con naturalidad la existencia y necesidad de más de media docena de ellas, que han desacelerado el efecto devastador de la pandemia, tanto en vidas como en la economía mundial.  

Este éxito sin precedentes en cuanto a velocidad e impacto, no se hubiese logrado sin la ciencia ni la capacidad productiva para llevar sus resultados a la práctica. Asimismo, los científicos no habrían existido sin un proceso educativo previo, ese que forma desde la infancia para que un día un grupo de personas descubra, por ejemplo, la cura o al menos un paliativo.  

Por eso, una vez más lo que ha salvado a la humanidad de una profunda devastación no son solamente las vacunas, que en todo caso son una consecuencia, sino la educación en la que invirtieron durante décadas los países que la elaboraron, y la fabricaron, convencidos de que ese era el camino acertado. Las respuestas provinieron del ámbito educativo-científico-tecnológico.  

En Argentina se planteó la falsa dicotomía de salud o economía, una elección imposible e innecesaria. Perdidos en el laberinto de hallar la salida común para ambas, en gran medida se ignoró la única puerta que lo resuelve y que nos salvará a futuro de casi todo: hablo de la educación. El gobierno Nacional decidió cerrar las escuelas durante demasiado tiempo y otro tanto hicieron las universidades, causando el abandono escolar de al menos un millón de chicos y chicas según datos oficiales, y un fuerte deterioro en la calidad educativa.  

La educación es la solución y no el problema y es la forma más eficiente de garantizar el desarrollo de la sociedad; por eso debemos de inmediato, revertir esta tragedia.  

Hay herramientas, como la ley de la Cédula Escolar nacional que Mendoza vía el GEM aplica de modo ejemplar, y permite tener un diagnóstico, saber quién está y quién no en el sistema y salir a rescatarlos. Lo que se hace en Mendoza debe aplicarse de manera efectiva en todo el país. 

Hay que avanzar a la doble escolaridad para todos. ¿Cómo? De forma bimodal: aumentar las horas de clases combinando presencialidad y virtualidad, profundizando lo aprendido en estos meses en la opción digital.  Para ello hay que invertir más, esto implica una nueva ley de financiamiento educativo que incremente la inversión en educación en relación al PBI.  

Hay que poner a las Universidades a liderar estos cambios, tienen la infraestructura, el personal y el conocimiento para hacerlo. Deben tener sus puertas abiertas y salir a la calle, al territorio, mediante por ejemplo la puesta en marcha de pasantías universitarias solidarias. 

Los países que lideran el mundo, y que apuestan hace décadas por la educación, han sido finalmente quienes descubrieron, elaboraron y fabricaron en tiempo récord la vacuna contra el coronavirus. Por eso creo que nuestro país debe recuperar el sistema educativo y concentrar todas sus políticas en rescatarlo, fortalecerlo y transformarlo en un sistema robusto. Hay que avanzar con urgencia y decisión, entender que la educación es el antídoto, la vacuna que una vez más, nos salvará como sociedad. 

En medio de la sesión del Senado de la Nación, el senador mendocino Julio Cobos hizo un alto y recibió en su despacho al conductor de La Voz Argentina, Alejandro “Marley” Wiebe, con un objetivo específico: la subrogación de vientre.

Con el espíritu de avanzar en el debate sobre proyecto de ley que brinde un marco legal a la gestación por sustitución, Cobos recibió a Marley para que aporte su experiencia en la subrogación de vientre que dio vida a su hijo Mirko.

En sus redes sociales, el legislador radical publicó: “Recibí a Marley en el Congreso de la Nación, para hablar de los proyectos de Gestación por Sustitución que hemos presentado y que buscan dar cobertura legal a cientos de hombres y mujeres que quieren formar una familia”.

“Argentina debe dar una respuesta legal a esta realidad”, dijo Cobos, quien agradeció a Marley por “su interés en el tema y su ayuda para darlo a conocer y visibilizarlo”.

Recibí a @marley_ok en el Congreso de la Nación, para hablar de los proyectos de #GestaciónPorSustitución que hemos presentado y que buscan dar cobertura legal a cientos de hombres y mujeres que quieren formar una familia. Argentina debe dar una respuesta legal a esta realidad. pic.twitter.com/QebuiplCRG

— Julio Cobos (@juliocobos) August 19, 2021

Por su parte, Marley escribió en Twitter: “Gracias por recibirme”.

Gracias por recibirme!

— MARLEY – ALE WIEBE (@marley_ok) August 19, 2021

Hace 4 años, el conductor de televisión anunciaba el nacimiento de su hijo: “Mirko nació el 27 de octubre de 2017 gracias a la subrogación de vientre en los Estados Unidos”.

Por unanimidad (56 votos positivos), el Senado aprobó un proyecto de declaración que expresa la “preocupación” por la situación que vive Afganistán ante la vuelta del régimen talibán, al tiempo que pide que se respeten especialmente los derechos humanos de las niñas y mujeres de ese país.

En un breve debate, el radical Julio Cobos, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, leyó el texto y destacó que en pocas horas “se logró consensuar” la iniciativa, que también recibió la venia de Cancillería.

Sobre el tema se explayó más en profundidad la oficialista Norma Durango, quien manifestó en nombre de todas las senadoras “la solidaridad y el apoyo” para con las mujeres afganas. “Estos días nos hemos informado a través de las redes sociales y los medios de comunicación de la terrible realidad que viven las niñas, los niños, y en especial las mujeres en Afganistán”, arrancó.

La presidenta de la Banca de la Mujer sostuvo que “son tristes y premonitorias noticias que nos alertan, sobre todo, sobre el peligro que se cierne sobre la libertad y la vida de las niñas y mujeres afganas, a partir de la toma del poder del régimen talibán y la programación de un emirato regido por la ley islámica”.

“Por supuesto que respetamos las creencias, las costumbres y la cultura de cada país, pero necesitamos manifestar nuestro rechazo total a cada forma de violencia y opresión que se ejerce sobre todos los ciudadanos, pero en especial sobre las mujeres afganas”, señaló.

La pampeana mencionó que sobre la situación del país se redactó “un manifiesto feminista que ya acumulaba ayer por la mañana más de 60 mil firmas”, muchas de ellas pertenecientes a reconocidas figuras de todos los ámbitos.

Incluso, “nuestro país, a través de la Cancillería, ha firmado con varios países una declaración donde hace un llamado a las autoridades afganas para garantizar la protección de las y los habitantes”, resaltó, y habló también de otras declaraciones emitidas por otras entidades y organismos.

Durango afirmó que con la vuelta de los talibanes, tras 20 años, “las mujeres vuelven a ser invisibilizadas y tienen menos derechos que las infancias”. Además, las conquistas alcanzadas en “pequeños espacios y derechos”, como su participación “en la vida política, económica y social de su país, hoy quedan relegadas del espacio público y confinadas a la oscuridad de sus viviendas”.

“El gobierno anterior había llegado a tener cuatro ministras, una gobernadora provincial, y en 20 provincias una vicegobernadora de asuntos sociales”, informó la senadora, que destacó que “a pesar del conflicto y del siempre presente riesgo las mujeres afganas han conseguido ser profesionales”. “Con la llegada del régimen talibán todo lo conseguido por las mujeres afganas se perderá si el mundo mira para otro lado”, completó.

A través de la declaración aprobada, el Senado expresa “su preocupación por el desarrollo de los eventos en Afganistán y hace un llamado a todos los actores con el fin de lograr una convivencia pacífica, respetando las obligaciones internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, en especial el de todas las mujeres y niñas afganas”.

Además, llama a “exhortar a los actores políticos que ejercen el poder a que se respeten los Derechos Humanos, la dignidad y las libertades fundamentales de todas las personas, incluyendo especialmente a las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad; e instar a restablecer de inmediato la seguridad y el orden civil y que se facilite la necesaria ayuda humanitaria”.