Después de lo ocurrido en el Parlamento uruguayo, el diputado nacional Julio Cobos presentó un proyecto de ley para regular la eutanasia y la muerte asistida. El texto tiene por objeto reconocer el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas, a solicitar la interrupción de su vida y regular el procedimiento que ha de seguirse, establecer los mecanismos que permiten controlar y evaluar los procedimientos y las garantías que han de observarse.

“Se plantea una regulación que respeta la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables”, explicó el mendocino en los fundamentos de la iniciativa.

La iniciativa tiene giro a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías que preside Sabrina Ajmechet; a la de Acción Social y Salud Pública que está a cargo del tucumano de Unión por la Patria Pablo Yedlin; y a Legislación Penal que está comandada por la cordobesa bullrichista Laura Rodríguez Machado.

El pasado jueves el Senado de la República Oriental del Uruguay sancionó la iniciativa que consagra la eutanasia, bajo el nombre de Ley de Muerte Digna. De esta manera, el país vecino se convirtió en el primer país de Sudamérica en establecer un marco legislativo a la interrupción de la vida y su proceso sanitario. Por otro lado, Colombia y Ecuador no ha establecido leyes relacionadas, pero sí la han despenalizado.

El proyecto de ley presentado por el radical tiene como antecedentes a un texto impulsado por Alfredo Cornejo y Mariana Juri en el Senado en 2022 con el nombre de Ley de Buena Muerte. También, en la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto encabezó una iniciativa bajo el nombre de régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida. Ninguno de los dos prosperó en el recorrido legislativo.

De todos modos, el proyecto que presentó el diputado mendocino establece la conceptualización de ocho definiciones que funcionarán como variables en caso de que prospere la ley: la práctica eutanásica; la muerte asistida; la objeción de conciencia sanitaria; el consentimiento informado; la enfermedad grave e incurable; el padecimiento grave, crónico e imposibilitante; el médico responsable; y el médico consultor.

Por otro lado, explicó que “la decisión de solicitar la práctica eutanásica o muerte asistida ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento del paciente sobre su proceso médico, después de haber sido informado adecuadamente por el equipo sanitario responsable. En la historia clínica deberá quedar constancia que la información ha sido recibida y comprendida por el paciente”.

Entre los requisitos, propuso que se podrá en aplicar en caso de que el paciente sufra una enfermedad grave e incurable; con acceso a información clara y precisa sobre su proceso médico, las alternativas y posibilidades de actuación; se deberá prestar consentimiento informado a la práctica que se incorporará a la historia clínica; nacionalidad argentina o ser residente por un término no menor a doce meses, ser mayor de edad, y capaz al momento de la solicitud; y haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria, por escrito u otro medio.

“Si la muerte es el final de la vida, y está integrada desde un punto de vista biológico, el derecho a una vida digna debe conllevar también el derecho a una muerte digna”, añadió Julio Cobos. Por último, señaló que “desde la perspectiva de la autonomía de la voluntad de cada individuo y del derecho a disponer de nuestras vidas y de nuestra intimidad, introducir la eutanasia en nuestra legislación significaría la adquisición de un nuevo derecho con el cual se posibilita la solicitud de la interrupción de la vida ante determinadas condiciones reguladas”.

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No alcanza con eslóganes de campaña: la ciudadanía espera resultados. El Gobierno bajó la inflación, pero a costa de una importante recesión, producto de la gran pérdida del poder adquisitivo y de la necesidad de sostener el valor del dólar. Esto se logró interviniendo el mercado cambiario con las reservas del aún existente Banco Central, una medida que el mercado no ve con buenos ojos, lo cual se reflejó en la suba del riesgo país.

Fue una elección provincial que el propio oficialismo buscó nacionalizar. A partir de esta derrota contundente deberá replantear su política económica, pensando no sólo en lo financiero, sino también en el desarrollo y el aumento de la producción. Además, tendrá que rever la forma de relacionarse con la oposición para lograr un mayor consenso en los temas fundamentales que ha desconocido: las jubilaciones, la obra pública, la emergencia en discapacidad, las universidades, el respeto a las provincias, el envío al Congreso de un Presupuesto Nacional, entre otras responsabilidades.

Por último, la errada estrategia electoral oficialista provocó la división del Pro, el radicalismo y la propia Libertad Avanza, y logró que el peronismo se aglutinara. El resultado se vio hoy en las urnas: todo un mensaje para Cambia Mendoza, que deberá afrontar esta realidad en las próximas elecciones en nuestra provincia.

La política de vivienda del Gobierno nacional es un reflejo del desinterés por abordar una de las problemáticas más estructurales que enfrenta la Argentina: el acceso a la vivienda digna. A través de la reciente resolución que disuelve varios programas nacionales de vivienda como Casa Propia, Procrear y Argentina Construye, el Gobierno ha decidido trasladar una vez más sus responsabilidades a las provincias, dejándolas solas frente a un déficit habitacional creciente. Esta es la metodología del Estado ausente y en este caso el daño no se limita a la infraestructura de rutas con el abandono de la obra pública, sino que ahora también recae sobre los estados provinciales y deja al desamparo a millones de argentinos que, día tras día, luchan por acceder a un techo propio.

La decisión de eliminar programas de vivienda es un golpe a la clase media y los sectores más vulnerables, y también una muestra más de la decisión de este gobierno de no afrontar sus responsabilidades constitucionales. La vivienda, como derecho fundamental, es una obligación del Estado, sin embargo, esta administración ha decidido abandonar el terreno que le corresponde trasladando la carga a los gobiernos provinciales y municipales, sin brindarles el apoyo necesario.

El déficit habitacional en Argentina es una realidad que no podemos ignorar. Según el último censo alcanza a aproximadamente 3,24 millones de hogares y la brecha entre la oferta y la demanda de viviendas crece cada año, y la política del Gobierno no hace más que empeorarla. La falta de acceso a la vivienda digna limita la posibilidad de muchas familias de vivir de manera adecuada, e impide el desarrollo social, educativo y económico de los niños y jóvenes que crecen en condiciones precarias. El Estado tiene la responsabilidad de garantizarles a estas familias las condiciones necesarias para que sus hijos puedan desarrollarse, estudiar y crecer en un ambiente adecuado. Sin embargo, el Gobierno actual ha elegido abandonar este mandato.

En lugar de fortalecer el federalismo, el gobierno nacional actúa como un obstáculo para el desarrollo de las provincias, dejando de lado una política habitacional nacional coherente, sustentable y con incentivos para el acceso a la primera vivienda. Para colmo y cómo sucede con los ATN y el impuesto a los combustibles, el Ejecutivo retiene los fondos que corresponden legítimamente a las provincias, lo que agrava aún más la situación.

La eliminación de programas como Casa Propia, Procrear, y Argentina Construye deja al Estado con pocas herramientas para resolver este problema. Lo único que ofrece el gobierno nacional son créditos UVA y UVI, que aunque pueden ser un complemento, no son suficientes ni adecuados para cubrir las necesidades de millones de argentinos.

En este contexto, y si bien han aumentado la cantidad de créditos UVA otorgados, la inflación por arriba de los salarios y las altas tasas de interés hacen que prácticamente sea imposible que muchas familias puedan acceder a una vivienda propia. A pesar de los esfuerzos en el Congreso para revertir esta situación y la sanción que logramos en Diputados y luego no trató el Senado, el gobierno se ha negado a avanzar con las soluciones necesarias como por ejemplo la creación de un mecanismo de protección para los deudores.

Por otro lado, los créditos UVI que el Gobierno ofrece a las provincias no resuelven el problema real de la vivienda, ya que los costos de la construcción, dolarizados por la inflación, hacen que estos se vuelvan inaccesibles para la mayoría de las familias. Hoy, construir cuesta el doble en dólares que hace un año y medio atrás y ya hay muchos proyectos que se frenan o se atrasan por esta situación. Este modelo no es una solución, sino una medida paliativa que deja a las provincias a merced de una crisis habitacional que no pueden enfrentar sin la ayuda del Gobierno nacional.

La solución habitacional no puede depender de la improvisación y la transferencia de responsabilidades. Es necesario que el Estado Nacional asuma su rol y que se garanticen los recursos para que todas las familias argentinas, sin importar su condición social, puedan acceder a una vivienda digna.

Finalmente, en esta época de elecciones, seguramente el déficit habitacional sea tema de agenda. En ese marco, es una buena oportunidad para que los candidatos a ocupar una banca en el Congreso -más allá del espacio político que representen- realicen propuestas claras, sólidas y concretas, que nos permitan salir de este escenario tan complejo en el que nos encontramos, y asuman un compromiso claro para garantizar que los argentinos puedan tener el hogar que merecen.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un emplazamiento a la Comisión de Legislación General para modificar el huso horario en la República Argentina. El visto bueno fue conseguido con 151 votos positivos, 66 negativos y 8 abstenciones.

El tema fue incluido en el temario de esta sesión a través de tres proyectos presentados sobre el tema, correspondientes a los diputados Julio Cobos (UCR), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) y Gisela Marziotta (Unión por la Patria).

Impulsor del tratamiento de este tema, el mendocino Julio Cobos intervino en el inicio del breve tratamiento que tuvo el tema para sumar a los proyectos puestos a consideración uno similar de la salteña Pamela Calletti, presidenta del bloque Innovación Federal.

Cobos admitió que el tema carecía de dictamen, pero no porque hubiera sido presentado recientemente, pues llevaba año y medio esperando un tratamiento que sus impulsores solicitaron dos veces en Legislación General, sin que ese reclamo fuera atendido. El mendocino aclaró que habían consensuado la iniciativa en un dictamen unificado y si se lograba el consenso para tener los dos tercios podría ser sancionado a continuación. De lo contrario, pediría un emplazamiento, cosa que no fue necesaria porque los dos tercios se alcanzaron, con 151 votos afirmativos, 69 negativos y 2 abstenciones.

Suscintamente Cobos aclaró que la propuesta pretende “empalmar la verdadera hora oficial con la hora solar, ya que el oeste argentino padece este problema. Niños y trabajadores tienen afectado el rendimiento educativo y productivo por este tema”.

La propuesta prevé que la hora oficial pase a ceñirse en el huso horario 4 horas, en concordancia con la que le corresponde a la Argentina. Asimismo piden establecer la hora de 3 horas al oeste del meridiano en el período estival.

El período invernal estará comprendido entre el primer domingo de abril a las 0 horas y el 1 de septiembre de cada año, a las 0.

Los proyectos en líneas generales proponen derogar o modificar la Ley 26.350 y establecer como hora oficial en todo el país el huso horario de cuatro horas al oeste del meridiano de Greenwich.

“No puedo acompañar”, confesó el vicepresidente Julio Cobos ya bien entrada la madrugada, cuando forjaba su lugar especial en la historia. Remató su frase de esta manera: “Mi voto no es positivo. Pido perdón si me equivoco”.

“Mi corazón dice otra cosa. Pero esto no pone en riesgo el país, la gobernabilidad y la paz social. Quiero seguir siento el vicepresidente de todos los argentinos. El compañero de fórmula hasta el 2011”, señaló Cobos durante el discurso que dio esa madrugada cargada de tensión.

El recuerdo de ese episodio vale en tiempos en que otro gobierno de distinto color político vive una áspera pelea en la cima del poder, con un presidente definitivamente enfrentado con su vice. Aunque por circunstancias muy distintas a las que se vivían hace 17 años.

En la primera votación, al resultar empatada, el titular del Senado pidió un cuarto intermedio, casi suplicando “para buscar una solución más consensuada para tener una solución que la sociedad argentina está esperando”.

El presidente provisional del Senado, José Pampuro, le había dicho que tratara de “estirar”, a ver si mientras podía convencer al bloque de pasar a un cuarto intermedio.

El jefe de bloque oficialista Miguel Angel Picheto citó a Jesús, quien dijo: “Lo que hay que hacer, hagámoslo rápido”. Así, no aceptó el cuarto intermedio.

“Por la tranquilidad y seguridad personal de los legisladores, votemos”, sugirió el jefe de bloque radical Ernesto Sanz.

Cobos miró a Pampuro y el bonaerense abrió los brazos dándole a entender que ya no había nada que hacer.

“El momento más difícil de mi vida”

Luego de un mes de debates en el Parlamento sobre las retenciones móviles, a las 4.20 del 17 de julio, los 72 senadores nacionales acababan de debatir más de 17 horas y en el desenlace la votación resultó empatada en 36.

Esa sesión tuvo todos los condimentos. Incluso fue la primera vez en que habló en ese recinto el senador Carlos Menem.

El mendocino Julio Cobos explicó que “esto no tiene que traducirse en una derrota o una victoria para que se busque la paz social y el consenso entre todos”. Y a continuación afirmó: “Parece que el país está partido”.

“Me han tocado momentos difíciles en la vida. Hoy es el más difícil de mi vida. La historia me pone en esta situación muy difícil”, contó atribulado.

El resultado que tuvo la disputa por las retenciones móviles había sido adelantado por la revista Semanario Parlamentario, en su publicación Nº 934, del viernes 11 de julio. El título anticipatorio de esa edición era éste: “Empate técnico”.

“Lo que está esperando la ciudadanía, el campo, la gente, el Gobierno, nuestros hijos, es que de aquí salga una solución consensuada. Una solución que tomará el vicepresidente, pero que no traerá lo que todos están esperando”, decía el mendocino en tercera persona.

“Deseo que el Gobierno sea el mejor de todos. Pero ella -Cristina Fernández- delegó en el Congreso la solución de este conflicto. Se avanzó bastante en la Cámara de Diputados. Y se llegó aquí para que definan los representantes de las provincias argentinas”.

“Soy parte de este Gobierno. Pero yo sé que vengo de otro espacio político y me permite disentir. Por eso hice todo lo posible porque este tema tenía que llegar lo más consensuado posible y no llegó así”, dijo Cobos.

Una sesión maratónica

El vicepresidente Julio Cobos había dado inicio a la sesión el día anterior, a las 10.30, con 45 senadores presentes. El quórum no fue un obstáculo para comenzar, ya que todos los sectores políticos estuvieron sentados a la hora de dar comienzo al debate.

En primer lugar, hizo uso de la palabra la senadora Silvia Giusti, como miembro informante del oficialismo. La legisladora patagónica hizo un repaso del trámite parlamentario de las comisiones y reclamó “un voto a conciencia que no es compatible con la pérdida de gobernabilidad, todo lo contrario”. “Somos las instituciones la que otorgamos sentido a la vida en sociedad”, dijo la chubutense.

Tras siete horas de debate, el poroteo estaba empatado en 35. Las presiones habían logrado que los senadores indecisos optaran por apoyar al Gobierno nacional.

Uno de los indecisos develó la incógnita al anunciar que votaría a favor. El catamarqueño Ramón Saadi se había convertido en el voto 36.

A pesar de estar sufriendo una fuerte gripe y haberse especulado con que se ausentaría del recinto, el expresidente Carlos Menem hizo saber que se quedaría en su banca y votaría en contra.

Luego de once horas, la situación se le complicó al kirchnerismo en la Cámara alta porque el neuquino Héctor Lores anunció que no aceptaba cambiar su voto y apoyaría al campo.

Pasada la medianoche, el santiagueño Emilio Rached le confirmó a parlamentario.com “que hace cuatro meses me definí”. No dijo cómo votaría, pero estaba claro que era el voto 36 para el rechazo.

Así votaron

Oficialistas a favor: 33
Adriana Bortolozzi (Formosa)
Fabio Biancalani (Chaco)
Eric Calcagno (Buenos Aires)
José Pampuro (Buenos Aires)
Ana María Corradi de Beltrán (Santiago. del Estero)
Daniel Filmus (CABA)
Jorge Mayans (Formosa)
María José Bongiorno (Río Negro)
Miguel Angel Pichetto (Río Negro)
Liliana Fellner (Jujuy)
Haide Giri (Córdoba)
Guillermo Jenefes (Jujuy)
Nicolás Fernández (Santa Cruz)
Selva Forstmann (Santa Cruz)
Marcelo Fuentes (Neuquén)
Nanci Parrilli (Neuquén)
Ada Maza (La Rioja)
César Gioja (San Juan)
Marina Riofrío (San Juan)
Silvia Giusti (Chubut)
Marcelo Guinle (Chubut)
Pedro Guastavino (Entre Ríos)
Blanca Osuna (Entre Ríos)
Julio Miranda (Tucumán)
María Cristina Perceval (Mendoza)
Mónica Troadello (Mendoza)
Daniel Pérsico (San Luis)
Fabián Ríos (Corrientes)
Eduardo Torres (Misiones)
Elida Vigo (Misiones)
Silvia Gallego (La Pampa)
Luis Viana (Misiones).
Ramón Saadi (Catamarca)

Aliados K a favor: 3
Mario Colazo (Unidad Federalista-Tierra del Fuego)
Isabel Viudes (Partido Nuevo-Corrientes)
Ada Iturrez de Capellinni (Santiago del Estero)

Opositores en contra: 26
Carlos Menem (PJ- La Rioja)
Samuel Cabanchik (CC-Cap. Fed.)
María Eugenia Estenssoro (CC-Cap. Fed.)
Oscar Castillo (Frente Cívico y Social -Catamarca)
Teresita Colombo (Frente Cívico y Social-Catamarca)
Roberto Basualdo (Producción y Trabajo-San Juan)
María Rosa Díaz (ARI-Tierra del Fuego)
Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe)
Hilda González de Duhalde (Alianza Fte. Justicialista-Bs. As.)
Liliana Negre de Alonso (Alianza Fte. Justicialista-San Luis)
Adolfo Rodríguez Saá (Alianza Fte. Justicialista-San Luis)
Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa)
Alfredo Martínez (UCR-Santa Cruz)
Norberto Massoni (UCR-Chubut)
Gerardo Morales (UCR-Jujuy)
Roy Nikisch (UCR-Chaco)
Arturo Vera (UCR-Entre Ríos)
Luis Petcoff Naidenoff (UCR-Formosa)
María Dora Sánchez (UCR-Corrientes)
Ernesto Sanz (UCR-Mendoza)
Juan Pérez Alsina (PRS-Salta)
Delia Pinchetti de Sierra Morales (FR-Tucumán)
Carlos Salazar (FR-Tucumán)
Horacio Lores (MPN-Neuquén)
Carlos Rossi (Partido Nuevo-Córdoba)
José Carlos Martínez (ARI-Tierra del Fuego)

Oficialistas en contra: 8
Roberto Urquía (Córdoba)
Teresita Quintela (La Rioja)
Elena Mercedes Corregido (Chaco)
Sonia Escudero (Salta)
Juan Carlos Romero (Salta)
Rubén Marín (La Pampa)
Roxana Latorre (Santa Fe)
Carlos Reutemann (Santa Fe).

Aliados K en contra: 2
Pablo Verani (Concertación-Río Negro)
Emilio Rached (Frente Cívico-Santiago del Estero)

Somos plenamente conscientes de los problemas generados por las políticas del Gobierno nacional en materia de educación, ciencia y tecnología. En ese contexto, y por decisión del propio Ejecutivo, hoy no contamos con un Presupuesto Nacional, lo que afecta directamente la autonomía financiera que la Constitución Nacional le otorga al sistema universitario, volviéndola prácticamente inexistente.

El sistema educativo argentino atraviesa una etapa crítica, signada por la incertidumbre y el desfinanciamiento. Según el economista Alejandro Morduchowicz, los recursos nacionales destinados a educación cayeron un 44% en la comparación interanual 2023-2024. Los recortes más significativos se produjeron en Educación Básica, Formación Docente y otras áreas fundamentales, con una caída del 69%. En el caso de las universidades, la disminución fue del 23,9%, acumulando una caída del 32% al proyectar hasta 2025.

A comienzos de este mes, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, informó que a esa institución le faltan 260 millones de pesos mensuales para poder funcionar adecuadamente. Esto representa casi la mitad de su presupuesto operativo. A ello se suma la suspensión o cancelación de numerosos proyectos de investigación por falta de financiamiento. Esta situación repercute directamente en la calidad del salario docente y en la continuidad del personal académico, que cada vez más se ve obligado a dejar el sistema en busca de oportunidades laborales más dignas, ya sea en el exterior o en otras actividades dentro del país.

Debemos cuidar a nuestras universidades, porque han sido —junto con la escuela técnica y la educación pública de calidad— el motor de la movilidad social ascendente más importante que ha tenido la Argentina. Hoy, nuestros estudiantes, docentes e investigadores, formados en ese sistema, brillan en el mundo. No son excepciones: son parte de una larga historia de excelencia académica y científica. Nuestro país cuenta con cinco Premios Nobel, y con instituciones reconocidas internacionalmente como el CONICET, la CONAE, la UNCuyo, la UTN, entre muchas otras. Cada una de ellas representa lo que somos capaces de construir cuando el Estado invierte, acompaña y prioriza la educación.

Por eso, ante la falta de Presupuesto Nacional, impulsamos la aprobación del proyecto que establece un presupuesto específico para el sistema universitario, garantizando su autonomía y su funcionamiento adecuado. Este martes vamos a emplazar a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para avanzar con la aprobación de un presupuesto digno para nuestras universidades. Y no vamos a dejar de reclamar por la presencia activa del Estado en todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la superior.

Además, este miércoles también abordaremos otra situación urgente que merece nuestra total atención: la del Hospital Garrahan. No estamos hablando de un hospital más, sino de un hospital pediátrico de referencia nacional, que se ha transformado en un verdadero hospital federal. Solo en lo que va de 2024, atendió más de 354 mil consultas de niños y niñas provenientes de todo el país. El Garrahan simboliza lo mejor de nuestro sistema de salud pública: acceso, equidad y calidad. Por eso, al igual que con las universidades, es fundamental garantizarle los recursos que necesita para seguir cumpliendo su rol. Cuanto el Estado se ausenta en áreas sensibles como la salud y la educación, las consecuencias las paga toda la sociedad.

Seguir por el camino del desfinanciamiento y la desatención es condenar a nuestro sistema educativo, científico y sanitario a un futuro oscuro, pero aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. Tenemos la responsabilidad de tratar y aprobar estos proyectos de ley, y todos los diputados sin distinción partidaria, tenemos el deber institucional de dar quórum este miércoles y acompañar iniciativas que son claves para el presente y el futuro de la Argentina.

Con el proyecto de ley de financiamiento universitario como tema principal, la oposición dialoguista elevó este martes al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un petitorio para realizar una sesión especial el próximo miércoles 2 de julio a las 12. La nota lleva las firmas de Democracia para Siempre, dos radicales y un monobloquista ex UCR.

También, está contemplado en el temario la declaración de la emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan, en medio de los conflictos salariales. Por este tema, se han puesto a consideración dos textos que fueron presentados Encuentro Federal y Democracia para Siempre; y otro de Unión por la Patria.

Si bien ninguna de las dos iniciativas cuenta con dictamen, la idea central es que sean emplazados por el Cuerpo durante la sesión, fijando una fecha y horario de tratamiento en las respectivas comisiones. 

Los otros proyectos del temario son la creación de un programa nacional de salud mental, conocido como "ley de Alzheimer"; un nuevo régimen de incentivo para pequeñas y medianas empresas; modificación del huso horario; juicio por jurados en el ámbito de la administración de justicia federal; y modificación a la Ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia.

La única propuesta que cuenta con dictamen es la modificación al Régimen Legal de los DNU, tema que fue llevado sin éxito al recinto en noviembre pasado y que no prosperó por falta de quórum. La iniciativa cuenta con el rechazo explícito del Gobierno nacional, quien en aquella oportunidad, desactivó la sesión con la colaboración de los gobernadores provinciales.

A diferencia de lo que impone la ley vigente, los bloques dialoguistas consensuaron un despacho que establece plazos para tratar los decretos, la aprobación definitiva por parte de las dos cámaras, la caída definitiva con el rechazo de una sola y la posibilidad de aprobar artículos por separados sin tener que dejar vigente la totalidad del DNU.

Para las seis órdenes restantes, serán requeridos los dos tercios del Cuerpo para poder habilitar el tratamiento sobre tablas. Según supo este medio, la idea de quienes impulsan esta sesión es la de emplazar cada tratamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista José Luis Espert.

Firmaron el pedido presentado ante las autoridades de la Cámara baja Pablo Juliano (jefe de bloque), Marcela Coli, Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Marcela Antola, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Melina Giorgi, Juan Carlos Polini y Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; el monobloquista de Unidos Mario Barletta; y Julio Cobos y Natalia Sarapura de la Unión Cívica Radical.

 

El diputado nacional Julio Cobos señaló que “recientemente, la Dirección Nacional de Vialidad firmó un acuerdo con la provincia de Mendoza, para transferir durante un lapso de tres años el mantenimiento y conservación de algunos tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143. Fiscalía de Estado analizó el convenio y si bien dio su aval legal, realizó una advertencia respecto del posible perjuicio que el actual esquema de asignación de recursos nacionales puede perjudicar a la provincia y plantear una situación de inequidad con el resto de los estados provinciales”, y agregó “de ser así, es fundamental que Mendoza realice los reclamos correspondientes al Gobierno nacional para defender los derechos de los mendocinos”.

El legislador radical explicó que “en virtud de la observación formulada por la Fiscalía de Estado de Mendoza respecto al régimen fiscal vigente, que podría perjudicar tanto a nuestra provincia como a otras jurisdicciones, es importante aclarar el origen de parte del presupuesto de Vialidad Nacional” y agregó, “una porción significativa de dicho presupuesto proviene de impuestos específicos sobre los combustibles, particularmente del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, creado por ley en 2002. Estos tributos tienen una asignación específica: deben destinarse al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial a través del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte”.

“De acuerdo con el Decreto 976/01, el 28,58% de lo recaudado por estos impuestos debe aplicarse al financiamiento de obras viales dentro del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). El impuesto está compuesto por alícuotas y montos fijos que se actualizan mensualmente en función del precio del combustible”, señaló Cobos y agregó “estos recursos son recaudados por el Gobierno Nacional, pero no están siendo girados a la DNV por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, como corresponde por ley. Cabe recordar, además, que el desvío de fondos constituye un posible delito y una doble injusticia: es injusto que las provincias, que ya han cedido parte de su coparticipación mediante esta afectación específica, deban además utilizar recursos propios para financiar obras que no son de su competencia directa”.

El diputado explicó que con este pedido “queremos advertir que si el Gobierno Nacional no está transfiriendo estos fondos conforme lo establece la normativa vigente, y les está dando un destino diferente, corresponde exigir el cumplimiento de la ley. De lo contrario, debería derogarse la asignación específica, permitiendo así que esos recursos regresen directamente a las provincias”.

“Según lo manifestado por distintas entidades gremiales, entre enero y diciembre de 2024 la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos fue de 2.520.915 millones de pesos. En el primer bimestre de 2025, de los 600.000 millones de pesos recaudados por el mismo concepto, solo se transfirieron 18.000 millones a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), cuando deberían haberse transferido 86.000 millones conforme lo establece el Decreto 976/01, que reglamenta la Ley 23.966. Esto significa que se giró apenas el 20,96% de los fondos que le corresponden al organismo”.

Finalmente, Cobos dijo esperar “que el Ejecutivo Nacional dé respuestas para saber si se está perjudicando a las provincias y que la SIGEN y la AGN intervengan. La realidad es que esta política de abandono de la obra pública del gobierno nacional afecta seriamente a la infraestructura de las provincias, aumenta considerablemente los costos logísticos por el aumento de los seguros, afecta a la seguridad vial de millones de usuarios que transitan día a día y atenta contra el federalismo”.

Un saludo a otra persona no es un gesto de grandeza, es un gesto de educación. Mientras el presidente de la Nación una vez más, denegando el saludo a la vicepresidenta y al jefe de Gobierno, no está a la altura de la institucionalidad que le demanda su cargo y representación; el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue contundente y aleccionador en su homilía. Ojalá el Primer mandatario comprenda cada una de las cosas que nos dijo -y le dijo- el obispo y que entre otros aspectos hacen a su responsabilidad como presidente de todos los argentinos.

García Cuerva criticó fuertemente a quienes "difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad, o una obra; los que odian y justifican su desprecio; el terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente". Todos sabemos perfectamente porque lo vemos a diario, que es el propio presidente quien realiza -y alienta a sus seguidores- mensajes de odio, de difamación y maltrato desde las redes sociales. Ojalá recapacite y entienda el profundo daño que genera.

Adhiero profundamente al pedido del arzobispo, “venimos a pedirle a Dios que nuestra Argentina se cure y viva. Experimentamos que se está muriendo la fraternidad, se está muriendo la tolerancia, se está muriendo el respeto; y si se mueren esos valores, se muere un poco el futuro, se mueren las esperanzas de forjar una Argentina unida, una Patria de hermanos". La responsabilidad es de todos, pero fundamentalmente de quienes circunstancialmente dirigen los destinos de este país. Este es un mandato social que va más allá de lo cívico y tiene que ver con la dimensión moral y humana que no puede ser dejada de lado bajo justificaciones y pretextos de construcción de poder. El otro, el que piensa diferente, no es un enemigo, es simplemente un adversario y la razón no es absoluta ni infalible para nadie.

Es fundamental entender y seguir este mensaje del arzobispo "Tenemos necesidad de diálogo, de forjar la cultura del encuentro, de frenar urgentemente el odio. Démonos otra oportunidad, no podemos construir una Nación desde la guerra entre nosotros. Todo acto de violencia es condenable, y quiebra el tejido social". Va mucho más allá de las formas, hace a la dimensión ética y moral de la construcción de nuestra nación, al ejemplo que damos a millones de chicos que miran, escuchan y toman como referencia las acciones de los adultos y construir en el disenso, desde la humanidad y el profundo respeto por el otro. Una lección que el presidente Milei, más temprano que tarde, deberá aprender y poner en práctica.

Feliz día de la Patria.

A partir de los recientes hechos de público conocimiento, el diputado radical Julio Cobos encabezó la presentación de un proyecto de ley para la protección del Régimen Electoral frente a la desinformación generada por contenidos manipulados con Inteligencia Artificial y montajes audiovisuales.

“Estamos ante un fenómeno que todavía es inconmensurable e imprevisible y como toda acción que impacta en la vida de las personas, tiene su uso y difusión una dimensión ética y moral y los límites son aún difusos”, presentó Cobos. Asimismo, advirtió que “esta clase de contenidos puede difundirse viralmente y afectar la voluntad del electorado o socavar la confianza en los resultados electorales”.

La presentación del proyecto de ley reunió gran consenso entre el espectro político de la Cámara de Diputados. Atilio Benedetti del radicalismo; Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; Marcela Coli, Danya Tavela, Marcela Antola, Carla Carrizo y Melina Giorgi de Democracia para Siempre; Mario Barletta, monobloquista santafesino; Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica; Marcela Pagano de La Libertad Avanza; y los mendocinos Adolfo Bermejo, Liliana Paponet, Martin Aveiro y Lourdes Arrieta fueron quienes acompañaron el texto con su firma.

La noche previa a las elecciones porteñas, se viralizó en X un video creado con Inteligencia Artificial donde, tras un trabajo de montaje audiovisual, aparecía Mauricio Macri anunciando una falsa baja de la candidatura de Silvia Lospennato. El hecho fue repudiado por la oposición dialoguista y desde el Pro elevaron la correspondiente denuncia judicial.

Sobre este episodio, agregó que “recientemente hemos vivido un episodio en las elecciones de Ciudad de Buenos Aires, con un video falso creado con esta tecnología que llegó a tener más de 14 millones de vistas y circuló por los teléfonos de todos los ciudadanos”. Luego, enfatizó que “esto es peligroso e inaceptable”.

Con relación al uso malintencionado de contenido manipulado con Inteligencia Artificial, cargó que “su efecto concreto es difícil de medir, pero claramente generó una situación falsa que perjudicó a uno de los sectores que competía en los comicios”. “Más allá de que después se desmintió la veracidad del mismo, el daño estaba hecho”, lamentó Cobos.

“En los próximo meses Argentina enfrentará su primer proceso electoral nacional en un contexto de inteligencia artificial generativa, donde la desinformación impulsada por esta tecnología puede contaminar de forma inédita los ecosistemas informativos”, expresó.

Cerca del cierre, el diputado mendocino manifestó: “Actuemos antes que esto suceda y tiña de forma irremediable la contienda electoral. Por eso proponemos la modificación del Código Nacional Electoral, en límites temporales y procedimientos específicos, para evitar el uso de contenidos manipulados con fines de desinformación electoral”.

Los puntos principales del proyecto de ley

El proyecto de ley presentado por Julio Cobos propone la incorporación del Capítulo IV ter del Código Nacional Electoral, con el nombre de “Protección del Régimen Electoral frente a la desinformación generada por contenidos manipulados”.

Luego define los conceptos de contenido manipulado; contenido materialmente engañoso; plataforma digital de gran alcance; medio de comunicación audiovisual; publicidad electoral; y período de restricción.

Después, establece un protocolo de eliminación obligatoria de contenidos: “Las plataformas digitales de gran alcance deberán desarrollar e implementar procedimientos técnicos para detectar y eliminar contenidos materialmente engañosos si se cumplen las siguientes condiciones”.

Y contempla dentro de esta eliminación obligatoria a contenido que muestra a una persona candidata realizando o diciendo algo que no hizo ni dijo; a una autoridad electoral diciendo o haciendo algo falso que pueda socavar la confianza en el proceso electoral; o muestre a una autoridad electa diciendo o haciendo algo falso que afecte la percepción sobre la legitimidad del proceso electoral.

También exige un plazo para la eliminación y un etiquetado hasta que se efectúe esa eliminación, siendo este no mayor a 48 horas desde su reporte. Sobre la etiqueta propuesta, aparecerá como “este [imagen/audio/video] ha sido manipulado y no es auténtico”, siendo visible y que permita al usuario acceder a más información explicativa con un clic.

Por último, señaló que quedan exceptuados los contenidos publicados por medios periodísticos que acompañen dicho contenido con una advertencia clara sobre su carácter ficticio; las transmisiones en medios de comunicación que formen parte de coberturas periodísticas, documentales o comentarios de interés público, siempre que se incluya una advertencia clara sobre su falsedad; y contenido satírico o paródico.

Al abrir este martes la lista de oradores de la sesión en la Cámara de Diputados en homenaje al papa Francisco, fallecido este lunes, el diputado radical Julio Cobos recordó el día que Jorge Bergoglio lo visitó en medio del conflicto con el campo en 2008. Además, durante su discurso ponderó que siempre buscó la paz y "se preocupó por los sectores más humildes".

"Lo conocimos acá mucho antes de ser papa y nos brindó la posibilidad de tener un papa por primera vez no europeo, y en este caso argentino", señaló y mencionó que lo conoció cuando era obispo. "Me congratuló escucharlo en cuatro oportunidades que estuve reunido con él", contó el mendocino, siendo la primera ocasión cuando asumió como vicepresidente.

Cobos calificó a Bergoglio como "un hombre de mucha sensibilidad social y que luchaba por la paz". Y relató que "cuando estábamos en pleno conflicto con el campo" en 2008, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, el entonces arzobispo lo fue a visitar en nombre de la Conferencia Episcopal Argentina "tratando de encontrar una salida que brindara paz y tranquilidad al pueblo argentino".

"Fue un hombre que estaba preocupado por la educación, porque entendía que la educación era la forma de incluir socialmente a los sectores más humildes", agregó.

En alusión a su nombre como Sumo Pontífice, el legislador afirmó que "eligió Francisco en honor a su orden religiosa" de los franciscanos. "Toda su gestión como papa no pudo desprenderse de esa orden religiosa, que justamente tiene que ver con la preocupación por los sectores más humildes, por la paz, por la inclusión social", sostuvo.

También recordó que en una ocasión fue recibido por él en Santa Marta, donde "irradiaba humildad, sencillez".

"Venimos a despedir a un hombre que en 12 años visitó más de 60 países y pudo transformar la Iglesia, o por lo menos intentar cambios profundos; adaptar la Iglesia a los cambios sociales y culturales que transitaba la humanidad y el mundo. Por eso su legado va a ser reconocido como un hombre que quiso cambiar muchas cosas", valoró y lo calificó como "una gran persona".

El diputado nacional Julio Cobos, junto a legisladores de otros bloques, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por la posible firma de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y una eventual salida de Argentina del Mercosur, después de lo planteado por el presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa.

"En el marco de la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei hizo referencia a la posibilidad de establecer un acuerdo comercial con Estados Unidos y agregó que 'para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuesto a flexibilizar o, incluso, llegado el caso, a salir del Mercosur'. Frente a esta declaración, y por la implicancia política y el impacto social, diplomático y económico que puede traer esta medida, pedimos al Ejecutivo un detallado informe", señaló el mendocino.

El radical subrayó que "si bien el presidente ya había esbozado su escepticismo hacia este bloque comercial, el sábado anunció la posibilidad concreta de salirse de nuestra principal plataforma de desarrollo económico y concertación política". "El Mercosur es desde hace décadas el paraguas comercial, político y diplomático desde dónde y en el cual nos relacionamos con el mundo. Esto tiene una gravitación muy importante para las economías regionales, por lo que de avanzarse en este sentido se deben hacer todos los análisis de impacto y posibles escenarios”, afirmó.

En ese sentido, el legislador advirtió que "esta decisión representaría un cambio de 180° en la política exterior argentina, con consecuencias difíciles de dimensionar. Sólo para tener una idea, en los últimos 5 años las exportaciones Argentina promediaron los USD 14.000 millones. De este modo, tomar acciones contra el Mercosur significaría en los hechos que trabajo argentino y bienes y servicios con valor agregado, que provienen de todas las provincias, pierdan -a priori- mercados de exportación”.

“La historia del Mercosur es la historia misma de nuestra región. Desde la firma del Tratado de Asunción de 1991, la consolidación del Mercosur ha favorecido a la cooperación y complementación entre gobiernos, actores económicos y sociales de los países que lo integramos, generando la multiplicación del volumen del comercio intra-bloque y herramientas de financiamiento e infraestructura para una mayor integración física y productiva", sostuvo.

Cobos manifestó que "claro que falta mucho por hace y corregir, pero el camino recorrido tiene un valor muy alto a la hora de pensar dejar de pertenecer a este bloque". "Como plataforma de desarrollo económico y concertación política, el Mercosur es la vía fundamental para definir estrategias y políticas en clave regional”, continuó.

Además, el exvicepresidente reclamó que, en caso de avanzar con una medida de este tipo, se discuta en el Congreso. "Por la relevancia del tema y dado que existen diferentes opiniones respecto del mecanismo de salida de un país miembro del Mercosur, consideramos que toda salida de nuestro principal bloque comercial y de integración pase por el Congreso de la Nación”, dijo.

“Una salida potencial del bloque generaría un golpe contundente al intercambio comercial con los demás países miembros, por lo que se debería llevar adelante una política de diplomacia específica y muy cuidada con cada uno de ellos. Por eso es una decisión multidimensional que va más allá de lo comercial: tendrá impacto económico, diplomático y político con nuestros países vecinos y principales socios comerciales, fundamentalmente Brasil”, observó.

Finalmente, Cobos planteó: “Queremos profundizar los lazos comerciales con nuestros socios comerciales, para facilitar la colocación de nuestros productos en los mercados internacionales y la búsqueda de inversiones que colaboren con un mayor desarrollo, pero todo esto tenemos que hacerlo desde la firme convicción de que es con nuestro país dentro del Mercosur, donde podremos brindar certidumbre y mayor margen de acción a nuestras naciones en las negociaciones internacionales”.

En el pedido de informes se solicitan detalles sobre cuáles han sido las iniciativas y propuestas del gobierno actual para negociar, dentro del marco del Mercosur, un acuerdo de libre comercio entre EE. UU. y el bloque.

También, que se indique si es de interés del Gobierno nacional abandonar el Mercosur y "en caso de ser afirmativo señale el procedimiento estipulado a seguir para hacerlo efectivo". "Cuáles serán los costos que se generarían en caso de abandonar el Mercosur, y el impacto en cada provincia de la Argentina; y cuáles son los estudios de impacto que se han realizado para una potencial realización de un acuerdo de libre comercio con los EE.UU., a nivel bloque y a nivel país", son otras de las consultas.

Por último, se pide que se indique "si se han realizado estudios de impacto a nivel estructural de una salida del bloque del Mercosur, en particular, en lo que respecta a un posible escenario, en el cual nuestro principal socio comercial, Brasil, modificase su posición con respecto a su política arancelaria" y "cómo afectará esta medida a los tratados en curso entre el Mercosur y la Unión Europea".

El proyecto de resolución fue acompañado por los diputados Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Natalia Sarapura, Gabriela Brouwer de Koning, Atilio Benedetti, Gerardo Cipolini, Lisandro Nieri, Liliana Paponet, Adolfo Bermejo (UCR); Marcela Antola, Danya Tavela, Carla Carrizo (DpS); Marcela Campagnoli (CC) y Lourdes Arrieta (FC-EL).

La muerte de la pequeña Kim, de apenas siete años, deja un daño irreparable en su familia; no hay palabras que cicatricen la herida de tanta injusticia.

Su muerte, causada por adolescentes, vuelve a poner en discusión la necesidad de un nuevo régimen penal juvenil que contemple la baja de la edad de imputabilidad. Evaluemos las experiencias y resultados de países de la región que ya lo han hecho y avancemos.

Esto como medida punitiva, pero también necesitamos medidas preventivas. Un chico de 12 ó 13 años debe estar en la escuela y no en la cárcel. Basta de mirar para otro lado con la obligatoriedad en educación, que hoy no se cumple.

La escuela es obligatoria y la responsabilidad es de todos: del Estado, de los padres y los alumnos. Con el servicio militar obligatorio se hacía cumplir su obligatoriedad: si no te presentabas te iban a buscar. Debemos encontrar el mecanismo para cumplir con la obligatoriedad de la educación.

Dimos un paso importante con la Cédula Escolar Nacional para tener un seguimiento diario de la asistencia de los alumnos. Lamentablemente, esta ley sancionada en la presidencia de Macri no fue reglamentada. Alerté de esto al Gobierno de Alberto Fernández, sin respuestas, también al actual subsecretario de Educación, quedando a la espera de su implementación.

Otro programa propuesto, pero que sólo logró media sanción del Senado, fue el Servicio Cívico Voluntario (no obligatorio) basada en una experiencia exitosa en Mendoza. Consistió en utilizar las instalaciones ociosas de las Fuerzas Armadas para dar terminalidad educativa y capacitación en oficios (carpintería, electricidad, pintura, etc.) es decir educación dual. Deberíamos retomarlo y aplicarlo en todo el país y así se lo he trasmitido al actual gobierno.

El Ejecutivo y el Legislativo debemos abordar el problema de la deserción escolar para exigir el cumplimiento de la obligatoriedad escolar.

Bajemos la edad de imputabilidad, pero también hagamos realidad la obligatoriedad. Saquemos a los chicos de la calle y pongámoslos en las escuelas, les haremos un bien a ellos, a sus familias y a la sociedad.

Tras la abstención de Argentina en una votación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reclamaba la salida “de inmediato y sin condiciones” de las tropas rusas de Ucrania, un grupo de diputados nacionales, encabezados por el radical Julio Cobos, presentaron un proyecto solicitando al Ejecutivo Nacional que informe de manera precisa el porqué de la decisión de abstenernos en la votación del proyecto “Promoción de una paz amplia, justa y duradera en Ucrania”, a tres años de la invasión rusa en Ucrania.

“Es llamativo ya que hace apenas unos meses el presidente declaraba que ‘apoyamos a Ucrania y creemos que nadie tiene derecho a invadir a otro país y acá hay claramente un invasor que es Rusia y alguien que fue invadido y atacado que es el caso de Ucrania’. De esta forma abandonamos sin lógica alguna, el hasta ahora firme y explícito apoyo que nuestro país a Ucrania, desde el inicio mismo de la invasión rusa, en febrero 2022”, planteó Cobos.

En ese sentido, indicó que al abstenerse en la votación “el gobierno argentino mostró -una vez más- una conducta errática, inconsistente y particular en cuanto a política exterior. Sin explicación mediante pasamos del discurso del presidente Milei en la Cumbre Global por la Paz en Ucrania en el cual expresó en nombre del pueblo argentino ‘nuestro máximo apoyo al pueblo de Ucrania, a nuestro amigo el presidente Zelenski’, a abstenerse en la votación de la resolución de la Asamblea General de la ONU, que exigía a Rusia retirar por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares. ¿Cuál es la fundamentación en términos de política exterior de esta medida?”.

El legislador mendocino explicó que “esta postura de Argentina frente al conflicto Rusia-Ucrania proviene de la administración anterior, pero fue notablemente profundizada por la actual gestión, haciendo explícito en diversas ocasiones el apoyo del presidente Milei a Ucrania y al presidente Volodímir Zelenski. Días atrás se efectuó una reunión de ambos presidentes en el Foro de Davos 2025 en Suiza; el 27 de diciembre de 2024 sendos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica para profundizar las relaciones entre nuestros países; en junio del 2024 tuvo lugar la ya mencionada participación del presidente Milei en la Cumbre Global por la Paz en Ucrania.  Incluso el presidente de Ucrania otorgó al presidente de Argentina la Orden de la Libertad “por sus contribuciones personales en el fortalecimiento de las relaciones entre los estados de Argentina y Ucrania y en la defensa de la integridad de la soberanía del territorio de Ucrania”. Finalmente, vale traer como antecedente la presencia del propio presidente ucraniano en la asunción del primer mandatario en Argentina”.

Finalmente, Cobos señaló que además “no fue sólo el Ejecutivo quien en infinidades de oportunidades expresó el acompañamiento argentino al reclamo legítimo de Ucrania, también lo realizamos varios sectores desde el Congreso de la Nación. Desde finales de febrero del 2022 alertamos sobre la necesidad de cumplir con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el cese definitivo de las hostilidades y de las violaciones a la integridad territorial y a la soberanía de Ucrania”.

“Nuestra posición ha sido clara y constante a lo largo de estos años. Consideramos que Rusia ha violado principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, como el respeto a la soberanía de los estados, el no uso de la fuerza y el pleno respeto de los derechos humanos. Argentina tiene una profunda tradición pacifista y de respeto al derecho internacional, pero una vez más la decisión del Ejecutivo nos pone en una postura endeble y cuestionable en el concierto de Naciones”.

Acompañan el proyecto: Banfi, Karina; Quetglas, Fabio; Brouwer de Koning, Gabriela; Campagnoli, Marcela; Tavela, Danya; Antola, Marcela; Benedetti, Atilio; Rizotti, Jorge; Stolbizer, Margarita.

El mismo día en el que se comunicó oficialmente la decisión del Gobierno nacional de retirar a la República Argentina de la OMS, Julio Cobos presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para expresar su preocupación por las posibles consecuencias negativas de esta decisión, y a su vez solicitar la revisión de la misma.

“Creo que el Gobierno comete un error al retirar a nuestro país de la Organización Mundial de la Salud, y me parece que es importante que revea esta decisión y vuelva sobre sus pasos porque las consecuencias a corto y mediano plazo pueden ser perjudiciales para Argentina”, señaló allí el diputado nacional radical.

El comunicado oficial se refiere a una supuesta evidencia que indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia y la verdad que no es así. También señala que asume competencias que no le corresponden y limita la soberanía de los países. Ante ello, Cobos pide conocer cuáles serían los límites que se impusieron a nuestro país. “De existir sería fundamental conocerlos”, señaló.

“La OMS funciona como organismo rector de la salud alrededor del mundo que, en base a evidencia científica generada en diferentes instituciones, produce recomendaciones para orientar la toma de decisiones y asesorar en el diseño y ejecución de estrategias sanitarias. Esta integración es muy importante, porque masifica el conocimiento que la sociedad científica tiene de la salud y busca mejorar la vida de las sociedades; a mi entender no se explica que dejemos de participar en algo así”, expresó el diputado mendocino.

Por otra parte, Cobos recordó que “hay un principio superior y es el de la cooperación internacional, algo que nos caracteriza a nivel mundial y ha sido eje rector de nuestra política exterior a lo largo de décadas. Esta mala decisión adoptada por el Gobierno, se suma a otras de igual tenor como las polémicas votaciones en el marco de las Naciones Unidas. La realidad es que esta decisión se produce días después de que el presidente de los Estados Unidos firmase una orden ejecutiva de retirar a Estados Unidos de la organización. Al parecer el verdadero motivo es la alineación en torno a la política del nuevo presidente de ese país”.

Cobos continuó señalando que “hay una evidente conducta errante y peculiar en lo que respecta a las decisiones de nuestro país en diversos organismos internaciones: al voto negativo de nuestro país en la Resolución sobre la necesidad de intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar toda forma de violencia hacia las mujeres y a las niñas hay que sumarle, para dar unos ejemplos, la reciente votación en contra de la Resolución sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea General, la decisión de ausentarse durante la votación del Pacto para el Futuro y el reciente cambio de Canciller argumentado en una votación que respondía a una postura histórica de nuestra Nación”.

Por último, Cobos dijo que la OMS funciona como un organismo rector de la salud alrededor del mundo, que entre otras actividades elabora el listado de medicamentos esenciales, la clasificación internacional de enfermedades, el Reglamento Sanitario Internacional, produce recomendaciones basadas en evidencia científica para la toma de decisiones y asesora en el diseño y ejecución de estrategias sanitarias. Además, continuó, “el trabajo mancomunado de naciones a través de la OMS se traduce en mejoras en las condiciones sanitarias, corrección de desigualdades sociales en salud, establecimiento de listado de medicamentos esenciales, mejora de cobertura de vacunas, políticas de desarrollo de recursos humanos en salud, apoyo a países más pobres, establecimiento de consensos para enfermedades y condiciones de salud, entre un gran abanico de temas de cooperación, ¿qué justifica quedar fuera de esto?”.

Y concluyó advirtiendo que “estas acciones colocan a Argentina en un sendero que poca relación tienen con nuestro interés nacional y nuestra larga tradición en política exterior. Encomendamos al Ejecutivo a rectificar este tipo de decisiones en los diversos organismos internacionales”.

En vísperas del debate que definirá el destino de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, los bloques definen qué postura adoptarán en la sesión del jueves, mientras que algunos diputados adelantan su posicionamiento individual. Es el caso del radical Julio Cobos, quien alertó que “suspender las PASO (nacional o provincial) es casi eliminarlas”.

“Es como los impuestos ‘temporales’, termina siendo para siempre”, ejemplificó. Para el diputado mendocino “no hay justificación alguna para suspenderlas, de hecho todos reconocen que mejoran la oferta electoral y amplían la democracia”.

“Ahorrar se ahorra con boleta única y ya existe, y como dijo el gobernador de Mendoza: ‘Las malas decisiones de la ciudadanía también tienen su costo y son más altos que las elecciones a veces’”, abundó Cobos a través de un hilo de la red social X.

Cobos puso en duda el valor de eliminarlas, atribuyéndole ese deseo a los gobiernos. “Dicen que las PASO no sirven, pero la realidad es que los que circunstancialmente ocupan el poder, buscan evitar la competencia y fuerzan listas únicas y no debería ser así; por el contrario, se debería promover la participación y no restringirla”.

A continuación, Cobos dio una serie de elementos que justifican mantener las elecciones PASO, a saber:

☑ Dan representatividad a las distintas expresiones partidarias y del frente electoral (quita poder al aparato partidario).

☑ Permiten una mayor participación por afuera de la estructura partidaria a ciudadanos independientes.

☑ Fortalecen y promueven la competencia transparente dentro de los partidos y espacios políticos, para luego competir contra los otros.

☑ Promueven la diversidad de ideas, la pluralidad de voces y amplían la gama de propuestas.

Así las cosas, Julio Cobos considera que “la aplicación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son un salto de calidad institucional y de fortalecimiento democrático. Debemos sostenerlo en el tiempo para mejorarlo, aprendiendo de la experiencia y promoviendo que los partidos las utilicen correctamente”.

Y concluyó: “Lamentablemente algunos no lo entienden así y esquivan la competencia con excusas. No hay que tener miedo a la participación ciudadana ni limitar los mecanismos, por el contrario, hay que presentar propuestas superadoras y realizar mejores gestiones de gobierno”.

Un grupo de diputados nacionales que integran Unión por la Patria y el bloque radical presentaron un proyecto de ley para pedirle al Poder Ejecutivo Nacional que declare como zona de desastre y decrete la emergencia económica, productiva, hidráulica, vial, rural, de comunicación y social, por el plazo de 90 días, en las localidades de Mendoza afectadas por las tormentas que vienen azotando a la región desde hace semanas.

Por el mismo texto, piden por la creación del Programa Hidráulico ante la Emergencia Climática (PROHEC) que tiene como objetivos centrales activar de modo inmediato los fondos del Tesoro nacional vinculados a obras hidráulicas ubicadas en la zona afectadas; y la constitución de un fondo especial de asistencia hidráulica mediante la reasignación de partidas presupuestarias de acuerdo a las facultades del Jefe de Gabinete, destinados a la construcción de obras hidráulicas necesarias que permitan mitigar los efectos de las tormentas y contingencias climáticas.

La iniciativa lleva las firmas de los diputados mendocinos Adolfo Bermejo, quien encabeza el proyecto de ley, Martín Aveiro y Liliana Paponet, de Unión por la Patria. Mientras que Julio Cobos acompañó con su rúbrica por la bancada de la Unión Cívica Radical.

“La situación es grave, queda demostrado toda vez que hay tormentas, pero ahora a las nefastas consecuencias del granizo en zonas productivas, le sumamos los anegamientos e inundaciones en zonas urbanas; producto de la total paralización de obras hidráulicas con recursos nacionales en la provincia de Mendoza”, aseveró Bermejo.

En esa línea, en los fundamentos, explicó que “sabemos que en muchos casos la cosecha significa el único ingreso de estas familias y la pérdida de estos ingresos no solo genera una situación de quebranto y rotura en la cadena de pagos, sino también obliga a los productores a abandonar las estructuras de producción lo que impacta en una drástica disminución de las fuentes de empleo rural”.

“Entendiendo la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, las dinámicas de producción, transformación y comercialización de alimentos es evidente que el capital circulante para garantizar los procesos es intensivo y por este motivo en cualquier economía regional el financiamiento es un factor clave”, añadieron en el texto.

Por último, expresaron que “sería importante tomar dimensión de esta problemática que se irá profundizando año tras año y requiere nuevas acciones, es por eso que entendiendo al sector agropecuario como indispensable en materia recaudatoria para nuestro país y en especial para las provincias”.

Un grupo de diputados mendocinos presentó un proyecto de declaración para exigirle al Poder Ejecutivo que declare el estado de emergencia y desastre agropecuario en los departamentos de la zona este y sur de la provincia, con especial atención sobre las localidades de La Paz, San Rafael y General Alvear, las cuales se vieron afectadas por un grave temporal ocurrido este 6 de enero. El texto lleva la firma de tres integrantes de Unión por la Patria y un radical.

Asimismo, solicitan al Ministerio de Capital Humano, al de Economía, a la Secretaría de Trabajo y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y sus organismos de asistencia técnica, articulando con el gobierno provincial y los municipios, que apliquen fondos destinados a agricultores familiares, pequeños y medianos productores y agropymes en forma de subsidios de rápida ejecución que permitan a los afectados sostener las fuentes de trabajo rural, recuperar los cultivos afectados y evitar el abandono de las explotaciones dañadas.

“La cosecha significa el único ingreso de estas familias y la pérdida de estos ingresos no sólo genera una situación de quebranto y rotura en la cadena de pagos, sino también obliga a las y los productores a abandonar las estructuras de producción lo que impacta en una drástica disminución de las fuentes de empleo rural”, sostuvieron en los argumentos.

Además, los legisladores consideraron que “sería importante tomar dimensión de esta problemática que se irá profundizando año tras año y requiere nuevas acciones", entendido "al sector agropecuario como indispensable en materia recaudatoria para nuestro país y en especial para las provincias”.

El proyecto de declaración lleva las firmas de Adolfo Bermejo, Liliana Paponet y Martín Aveiro, de Unión por la Patria; y de Julio Cobos, de la UCR.

Julio Cobos junto a diferentes legisladores nacionales, presentó un proyecto de repudio a la detención del gendarme Agustín Nahuel Gallo en Venezuela, y solicitó su inmediata liberación.

Gallo, detenido ilegalmente en territorio venezolano, ingresó a ese país desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, cruzando el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, para dirigirse a la localidad venezolana de Táchira.

El diputado mendocino expresó: “Nos preocupa mucho y repudiamos la detención arbitraria e injustificada en Venezuela del suboficial argentino, Agustín Nahuel Gallo, quien ingresó en ese país el 8 de diciembre pasado por motivos familiares y posteriormente fue detenido e incomunicado. Reclamamos al gobierno de Nicolás Maduro la inmediata liberación del soldado argentino y el esclarecimiento de las evidentes irregularidades cometidas en la vecina república venezolana”.

El diputado mendocino señaló que “por la información con la que se cuenta hasta ahora, sabemos que el suboficial argentino Agustín Gallo, quien es oriundo de Catamarca y que está asignado para el cumplimiento de sus tareas en la localidad de Uspallata, Mendoza, se dirigió a Venezuela para visitar a su familia, es decir por razones particulares que nada tienen que ver con sus funciones en la fuerza; de hecho Desde Gendarmería Nacional Argentina informaron que se encontraba en Venezuela con licencia anual ordinaria, autorizada por esa institución, y que su presencia en ese país no tiene relación directa con operaciones oficiales. Aun así, y con la excusa de que su objetivo era ejercer tareas de espionaje, fue detenido en un procedimiento irregular, arbitrario e injustificado realizado por las autoridades venezolanas”.

“Ante las evidentes irregularidades pedimos que los organismos correspondientes de Venezuela, brinden información oficial sobre el paradero y el estado del gendarme argentino, conforme lo establecen las normas internacionales y el respeto a los derechos humanos; algo que claramente vulnera en forma sistemática el régimen del presidente Nicolás Maduro”.

“Manifestamos nuestra preocupación y repudio por estos eventos al margen de la ley que violan sistemáticamente el respeto irrestricto por los derechos humanos que nuestro país ha defendido de manera histórica, y una vez más hacemos votos por una pronta normalización de la situación en la República Bolivariana de Venezuela”, finalizó Julio Cobos.

Por el mal estado de la Ruta Nacional N°7, el diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) presentó un proyecto de declaración para exigirle al Gobierno nacional que declare el estado de emergencia de la infraestructura vial por el plazo de un año, con el fin de reanudar las obras paralizadas en la zona.

El pedido del radical refiere concretamente en el tramo de Alta Montaña, desde Potrerillos hasta el límite con la República de Chile. En diferentes sectores de este tramo se presentan graves problemas de infraestructura vial, debido a la falta de mantenimiento y a la gran densidad de tránsito en ambas direcciones.

“La decisión del gobierno nacional de no realizar obra pública y retener fondos, ha impactado negativamente en las rutas nacionales de todo el país y especialmente en las de Alta Montaña, que requieren un mantenimiento e intervención casi permanente”, cuestionó el diputado radical.

Acompañaron la iniciativa los diputados nacionales Pamela Verasay, Adolfo Bermejo, Martín Aveiro, Marcela Antola, Mario Barletta, Gerardo Cipolini, Gabriela Brouwer de Koning y Melina Giorgi; y también Margarita Stolbizer de Encuentro Federal.

En virtud de la declaración de la emergencia, Cobos reiteró que “la combinación de muy mal estado de la ruta con mucho movimiento de camiones y autos ha llevado a graves accidentes que ocurren con mayor frecuencia, y en general terminan con víctimas mortales teniendo en cuenta la mayor peligrosidad de un camino de montaña, en los cuales muchas veces la sola pérdida del dominio de un vehículo lleva a la muerte”.

“Nadie quita la responsabilidad en los accidentes a los imprudentes al volante, pero el costo de las vidas que se pueden perder por accidentes relacionados con la ruta en mal estado es simplemente incalculable, más aún, es inadmisible”, concluyó Julio Cobos.

La Ley de Presupuesto es fundamental para la administración del Estado y la planificación de las acciones del gobierno nacional y el de las provincias que componen esta Nación. El Presupuesto es una hoja de ruta que otorga previsibilidad, certeza y orden; gestionar sin presupuesto es una anomalía democrática que no se puede hacer costumbre.

La Ley de Administración Financiera contempla excepciones, incluso podría justificarse lo ocurrido este año, ante la compleja situación fiscal heredada por el Gobierno que recién iniciaba su gestión; pero ¿cómo justificar un año más sin Presupuesto en Argentina? Imposible e injustificable, no existe margen alguno para que en 2025 el Poder Ejecutivo Nacional funcione nuevamente reconduciendo el presupuesto 2023.

Si a pesar de las advertencias se intenta repetir esta maniobra, implicaría que el 70% de los Gastos Corrientes y de Capital se ejecutarían bajo absoluta discrecionalidad del Poder Ejecutivo, con un esquema de modificaciones presupuestarias dispuestas por decisiones administrativas del Jefe de Gabinete de Ministros o por DNU. Forzar la institucionalidad para garantizarse discrecionalidad en el manejo de recursos no es una opción válida.

Se pretende así instalar como hábito un vicio institucional con debilidad democrática y anti republicano. Estas anomalías institucionales son muy similares a las utilizadas en algunas gestiones anteriores, es decir que buscan poner en práctica las mismas políticas que se criticaban en el pasado, en ese sentido la actitud es sumamente similar.

El mandato constitucional exige que sea el Congreso de la Nación el responsable de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración general. Sin embargo, en Argentina transitamos un camino de debilitamiento del rol del Poder Legislativo, que al parecer no logra aprobar el verdadero nivel de gasto, y ahora tampoco la deuda como consecuencia del DNU 846/2024, que habilita al Ejecutivo a realizar canjes de títulos en cualquier moneda, sin pasar por el Congreso.

Sin presupuesto no hay control, no hay brújula ni visión de país compartida. Asimismo, la ausencia de presupuesto también socava los cimientos del federalismo fiscal al no existir un marco claro de distribución de recursos, se genera una incertidumbre que debilita las autonomías provinciales y fomenta la discrecionalidad territorial en la asignación de fondos. Esta falta de previsibilidad en la transferencia de fondos nacionales promueve inestabilidad financiera en las provincias, dificultando la planificación y ejecución de políticas públicas. Además, la discrecionalidad promueve clientelismo político ante la ausencia de reglas claras en la asignación de fondos.

Un nuevo año sin presupuesto aprobado derivará en potenciales conflictos legales entre Nación y provincias ante posibles incumplimientos de leyes y pactos. Por ejemplo, la compensación del Pacto Fiscal firmado en 2017, cuyas actualizaciones no suelen aplicarse con automaticidad y ello genera que los recursos recibidos por las provincias lleguen pérdidas reales; o las asignaciones específicas del impuesto a combustibles utilizadas para financiar el Fondo Compensador de Transporte Público de Pasajeros que fue eliminado, pero el Tesoro se quedó con esa porción cuando y la misma debería ser coparticipable. Ambos son ejemplos de fondos que corresponden por Ley a provincias y el Poder Ejecutivo retiene. Estos acuerdos, entre otros, podrían formalizarse en el Presupuesto 2025 y evitar futuros conflictos legales.

Un federalismo fiscal sano requiere de un presupuesto transparente y participativo, y debe ser un proceso inclusivo que permita a las provincias expresar sus necesidades y participar en la toma de decisiones. Entre las Provincias asoman puntos en común, por ejemplo, la necesidad de priorizar partidas de obra pública y educación, las cuales resultan estratégicas y de elevada sensibilidad para los gobiernos provinciales.

No es una buena práctica que el Presupuesto se haya convertido en una promesa incumplida en forma sistemática, por eso es necesario recuperar el equilibrio de poderes y devolver al Congreso su atribución republicana de controlar y decidir sobre la ejecución del gasto público.

Finalmente, si el oficialismo decide cancelar la discusión en comisiones y el Ejecutivo no llama a extraordinarias para avanzar con su tratamiento, nos queda a la oposición esta semana en la Cámara de Diputados para adoptar una decisión respecto del Presupuesto 2025. Sin Presupuesto, no.

El 29 de octubre del 2020 la Cámara de Senadores aprobó la ley sobre la Promoción de la Alimentación Saludable, con 64 votos afirmativos, 3 negativos y cero abstenciones. El 26 de octubre del año siguiente y ya en Diputados, con 200 votos a favor, 22 negativos y 16 abstenciones la iniciativa se transformó en ley. Así nació la comúnmente llamada Ley de Etiquetado.

El amplio consenso conseguido se logró sobre la base del diálogo de las distintas fuerzas políticas que componen ambas cámaras, frente a la necesidad de luchar contra la malnutrición en todas sus formas, problema en continuo aumento en todo el mundo, pero de forma particularmente rápida en América Latina. Fue una forma concreta de enfrentar la pandemia de obesidad en la población, fundamentalmente la obesidad infantil; es decir que el Congreso dio respuesta a un problema real e innegable, aunque parece ahora que algunos con suma liviandad quieren darle la espalda a la salud de la población.

La ley tiene múltiples propósitos, busca mejorar la calidad de la dieta de nuestra población, brindar información más sencilla a la ciudadanía, advertir en los envoltorios de los alimentos los excesos de componentes que pueden ser nocivos para la salud como tales azúcares, sodio y grasas saturadas, entre otros. De esta manera, se prioriza los derechos del consumidor a contar con información clara, precisa y veraz. Gracias a este sistema las personas tienen herramientas para orientar mejor la alimentación familiar, siempre el poder de decisión queda en manos del consumidor; es decir que no cercenan derechos, por el contrario, se amplían.

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son la principal causa de muerte en el mundo. Gran parte de estas enfermedades se encuentran relacionadas con la alimentación, que en general es un factor modificable, un hábito, por lo tanto, pueden ser prevenidas o reducir su riesgo. Por eso la Ley de Etiquetado Frontal en Argentina representa un avance fundamental en la lucha por la salud pública, proporcionando a los consumidores herramientas claras para tomar decisiones informadas sobre su alimentación.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, junto a CEPEA y la carrera de Licenciatura en Nutrición de la UCA, publicaron información relevante sobre los posibles efectos que ha tenido la implementación del etiquetado frontal en el país. El mismo reveló que alrededor de la mitad de las personas encuestadas prefiere elegir una alternativa de compra, en caso de que haya disponible un producto sin sellos o con menos sellos.  A su vez, la intención de compra de productos con sellos de advertencia disminuye a medida que las personas prestan atención a la información y consideran la saludabilidad del producto.

Estos comportamientos de consumo pueden ser mejorados, adaptados a una dieta más saludable y el etiquetado frontal apunta a eso, porque mejora al consumidor, pero también a la industria que debe ofrecer mejores productos.

Si bien existen algunos estudios, en el caso de Argentina aún es muy corto el periodo de tiempo en el que lleva implementada en forma efectiva la norma, por lo que aún falta rodaje para medir el impacto real de esta política; pero sí podemos citar la experiencia de otros países que llevan más tiempo con el sistema de etiquetado, por ejemplo: Chile.

Etiquetado frontal: la experiencia chilena. En un estudio presentado a mediados del año pasado sobre los efectos de equilibrio de las políticas de etiquetado de alimentos se demostró que, en ese país, a partir del etiquetado frontal, bajó el consumo de productos que se percibían como más saludables de lo que realmente eran, y la industria tuvo que modificar sus productos para hacerlos más sanos. Respecto de la demanda, el etiquetado es más eficaz cuando los consumidores tienen creencias erróneas sobre la salubridad de los productos, algo que los sellos colaboran a clarificar y alertar y dar la posibilidad de elegir.

De ese estudio también se desprende, por ejemplo, en el caso de los cereales, que muchas empresas reformularon sus producciones para adecuarse a la normativa; observando una reducción de la concentración calórica y de azúcar de los productos de cereales ofrecidos en el mercado. Dicho de una forma más simple: la industria tiene la capacidad de ofrecer alimentos más sanos y esto está bien que suceda. Es decir que generó modificaciones positivas tanto desde la oferta (adaptación de las empresas a la norma) como de la demanda (cambios en los hábitos de consumo).

En el campo de las políticas públicas, con cada avance que se realiza se abre un nuevo espacio que analizar. Aún es temprano para medir el impacto de esta política, en términos de consumo de alimentos y de prevalencia de obesidad, pero seguramente irán surgiendo datos que permitan perfeccionar la norma, no anularla sin fundamentos ni respaldo científico. Es un recurso más que se pone a disposición de la ciudadanía, y que es fundamental complementar con otras acciones tendientes a mejorar la salud de la población, como la promoción de las meriendas saludables, políticas educativas que generen hábitos de alimentación saludable, la promoción de la práctica deportiva, etc.

Estos procesos son lentos y conllevan un tiempo sustancial en lograr modificar los hábitos que se proponen, sin embargo, la experiencia comparada nos indica que vamos por un buen camino, por eso les recuerdo a aquellos que quieren adoptar medidas simplistas o que responden a la presión de la industria, que la salud comienza por la alimentación y es nuestra responsabilidad hacer que esto no sea un simple enunciado.

Fuerte impacto causaron en el Congreso las últimas decisiones del Gobierno en el plano internacional. No su acercamiento a Donald Trump, sino las votaciones en la ONU, lo cual se ha visto expresado a través de la presentación de proyectos.

Y, en el caso de Unión por la Patria, un pedido para que el flamante canciller se presente en la Cámara baja para dar explicaciones sobre el tema.

En este caso se trata de un proyecto de la diputada Mónica Macha, quien en sus redes sociales calificó de “papelón” lo que a instancias del presidente Javier Milei se ha votado en Naciones Unidas.

“Presentamos un proyecto para interpelar al canciller y que venga a la Cámara de Diputados a dar explicaciones”, señaló la diputada kirchnerista en referencia a Gerardo Werthein. Y agregó: “Mientras el mundo entero vota a favor de la lucha contra la violencia de género, Milei manda a su canciller a votar en contra. Es grave y es peligroso”.

La diputada Macha presentó un proyecto de resolución en el que solicita la presencia de Werthein, invocando el artículo 71 de la Constitución y el artículo 204 del reglamento de la Cámara, para que el canciller responda por qué la Argentina se abstuvo de votar en favor de la resolución de la ONU que pide un compromiso más firme de los países para mitigar los efectos del cambio climático, siendo Argentina signatario de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que tiene entre sus objetivos fundamentales la lucha contra el cambio climático.

Al respecto, preguntó si “en un contexto global en el que el cambio climático representa una amenaza para la vida de millones de personas, especialmente para las poblaciones más vulnerables, ¿no considera que la abstención de Argentina en esta votación envía un mensaje contradictorio respecto a su compromiso con la protección del medio ambiente y la justicia climática?”.

Quiere saber también por qué Argentina no apoyó el texto que insta a los países miembros a adoptar medidas más estrictas para proteger a las mujeres frente al acoso en línea, la difusión no consentida de imágenes privadas y otras formas de violencia digital. Siendo que nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales que exigen la protección de los derechos de las mujeres, como la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”, pregunta Macha “cómo se alinea el voto negativo de Argentina en esta votación con su compromiso de garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres en el entorno digital”.

Le recuerda Macha que el año pasado el Congreso argentino adoptó la Ley Olimpia, contra la Violencia Digital como parte de sus esfuerzos para combatir la violencia de género, y ahora en el ámbito internacional, se negó a apoyar esta resolución en la ONU.

“¿Por qué Argentina no apoyó la reciente resolución de la ONU que aboga por la protección de los derechos territoriales, culturales y sociales de los pueblos indígenas a nivel global?”, es otra de las preguntas que desde UP quieren que el canciller responda, atento al voto negativo argentino en una resolución que pide a los países miembros garantizar la autodeterminación de los pueblos indígenas y su derecho a la tierra.

Finalmente advierte que el Gobierno retiró a su delegación de la 29° conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas (COP 29) que se celebra en Bakú, por lo que piden explicaciones sobre tal proceder.

Otros proyectos

En el mismo sentido, la diputada Natalia Sarapura presentó junto a un grupo de diputados radicales un proyecto de declaración expresando su más enérgico repudio por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de votar en contra de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada “Intensificación de los Esfuerzos para Prevenir y Eliminar Todas las Formas de Violencia Contra las Mujeres y las Niñas en Espacios Digitales” durante la 50ª sesión plenaria de la Tercera Comisión en el 79° período de sesiones. Esta resolución reafirma la importancia de adoptar medidas efectivas y coordinadas para erradicar todas las formas de violencia de género en entornos digitales, donde las mujeres y niñas son particularmente vulnerables.

Otro diputado radical, Julio Cobos, presentó un proyecto de resolución repudiando la decisión del Gobierno de votar en contra de la misma resolución.

“El día 14 de noviembre del corriente una nueva votación en la Asamblea

General colocó a nuestro país en las antípodas de nuestro interés nacional y de la defensa de los derechos humanos, bandera que históricamente hemos alzado en materia de política exterior”, señaló el legislador mendocino.

También la diputada de UP Roxana Monzón presentó un proyecto de declaración repudiando la decisión del Ejecutivo de “aislarse del resto de los países miembros de la ONU votando en contra de la resolución en favor de las culturas de los pueblos originarios”. Una iniciativa similar presentó el radical Fernando Carbajal, en formato de pedido de informes verbales al canciller Werthein sobre el voto negativo en la ONU por la resolución relacionada con los derechos de pueblos indígenas.

La lista sigue: Margarita Stolbizer, acompañada por los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, presentaron un pedido de informes sobre el retiro de la delegación argentina de la COP29 de Naciones Unidas sobre el cambio climático.

Mientras propios y extraños hacen números pensando en la sesión pedida por la oposición para este martes en Diputados, habrá que sumar al radical Julio Cobos, quien este domingo detalló porqué es necesario aprobar uno la reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia.

“La Constitución Nacional establece el sistema representativo, republicano y federal de gobierno, basado en la división de poderes. Ningún poder puede arrogarse para sí atribuciones de otro. Esto da un marco institucional y equilibrio a la democracia”, arrancó en un extenso hilo de la red social X, donde arrancó citando la excepcionalidad. “La Constitución Nacional también contempla casos en dónde el presidente puede ejercer atribuciones legislativas: cuando el Congreso le delega facultades, o cuando emite un decreto. En Argentina vivimos de emergencia en emergencia, esto permite al Poder Ejecutivo solicitar facultades delegadas”, planteó.

Al hablar de “la asimetría”, Cobos señaló que “los DNU tienen el mismo efecto práctico que una ley, pero menos exigencia: para su validez sólo se requiere la aprobación de una de las cámaras, e incluso son válidos si ninguna los trata. El DNU es un atajo que saltea los pasos virtuosos del camino de una ley”.

Así las cosas, se refirió a “los abusos”. Recordó que entre 1853 y 1989 se emitieron 25 decretos. Los 35 años restantes (de Menem a la actualidad) se emitieron 1.418 DNU. “La normalización de la excepcionalidad desvirtuó el objetivo y los límites del instrumento”, concluyó el legislador radical.

Recordó entonces que la propuesta de la oposición es “corregir la ley”, de modo tal que para tener validez un DNU deberá contar con la aprobación de ambas cámaras; más allá de otros cambios como por ejemplo si los DNU abordan más de dos temáticas (como el DNU 70/23) permitir el rechazo a la aprobación parcial.

Se refirió luego a “la urgencia”, advirtiendo que “por comodidad del gobernante de turno o por la imposibilidad de construir las mayorías necesarias, se pospuso durante años la modificación de la ley que regula los DNU. Hoy esa mayoría es posible, hay que avanzar”.

Cobos se refirió entonces a la oportunidad, y enfatizó que “este es el debate que tenemos por delante y el oficialismo debería aceptar que se mejora la calidad institucional y corrige falencias de la ley sancionada en el 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner”. Resumió entonces en “menos discrecionalidad, más institucionalidad y equilibrio de poderes para fortalecer la democracia”.

Recientemente, el INDEC publicó los índices de pobreza e indigencia correspondientes al 1° semestre de este año: 52,9 % y 18,1%. Al comparar esos valores con los de un año atrás se observa que la pobreza subió de 40,1% a 52,9% aumentando un 32%, y la indigencia pasó del 9,3% al 18,1%, un 95% más. Este complejo escenario social se agrava aún más cuando vemos la situación de niños y adolescentes: la pobreza alcanza un 67,1% de los menores de 17 años y el 27,3% está en una situación de indigencia, es decir no llegan a alimentarse bien. Estos números son catastróficos para un país que -en teoría- puede alimentar a 400 millones de personas.

El presidente plantea como objetivos alcanzar el nivel de Alemania, o al menos el de Irlanda en unos 20 años. Niños que sufren carencias básicas alimenticias tienen problemas en su desarrollo tanto a nivel físico como intelectual, lo que implica grandes limitaciones en sus capacidades futuras personales y también en el desarrollo de nuestro país. Con hambre no hay desarrollo posible.

Las soluciones propuestas durante los gobiernos anteriores no resolvieron este problema, y año tras año, gestión tras gestión, la situación social empeoró. Asimismo, el ajuste del actual gobierno profundizó esa crisis social y por el momento no se avizoran políticas específicas de contención social.

En países que han pasado de la pobreza al desarrollo en las últimas décadas, como Corea del Sur o Singapur, vemos un trabajo conjunto entre estado y sector privado, con fuerte inversión tanto en el sistema educativo como en infraestructura.

¿Qué podemos hacer entonces? Por un lado, asegurar que los niños estén bien alimentados y se eduquen; esto no puede esperar 20 años, debemos priorizarlo ahora. Por otro, generar trabajo genuino que incorpore a personas que hoy están fuera del sistema laboral.

Para cumplir con lo primero, necesitamos hacer efectiva la jornada completa en la escuela primaria e incluir asistencia alimentaria dónde se requiera. Es claro que no puede implementarse en forma inmediata en todo el país, pero para frenar esta tendencia y revertirla, debemos enfrentar con premura las situaciones más críticas como las que se dan en el Gran Resistencia, Formosa, La Rioja, Concordia y Santiago del Estero, las ciudades con peores índices.

Por otra parte, identificar obra pública con corrupción es efectista, pero no deja de ser una falacia reduccionista. Como hemos mencionado otras veces, se necesita un Estado eficiente que interactúe y trabaje con el sector privado, pero también que sea brazo ejecutor de obras primordiales para el desarrollo de la nación. Las obras son fundamentales para el desarrollo y la mejor forma de llevarlas a cabo es dándole previsibilidad y asegurando el repago al sector privado (peajes en autopistas, porcentaje en el mercado energético, etc.).

Una y otra vez miramos el modelo chileno y es un buen punto de referencia, pero esto a Chile primero le implicó el desarrollo de una legislación específica, una estabilidad monetaria y jurídica y que se puedan sacar libremente divisas al exterior, sin cepos. Es decir que ese sistema por ahora no es viable en Argentina.

La obra pública es una fuente de trabajo importante ya que demanda una gran diversidad de oficios. En ese sentido, se puede desarrollar un plan piloto de infraestructura educativa para las localidades con mayor índice de pobreza, utilizando las herramientas disponibles: obra pública, iniciativas privadas y donaciones. Estas obras podrán ser edificios nuevos, ampliaciones o remodelaciones de estructuras existentes, lo cual implica la posibilidad de participación de empresas medianas y pequeñas.

Las obras deben ser definidas por el estado, construidas por empresas privadas con obligación de contratar mayoritariamente mano de obra local y pagadas por el estado en sus distintos estratos, tomando créditos internacionales o en bancos nacionales con un repago conjunto con sistemas similares a los ya usados en el pasado, por ejemplo, el 50 % a cargo del estado nacional, un 35 % a cargo de la provincia y un 15 % a cargo del municipio. A modo de incentivo, el estado nacional podrá hacer una reducción del IVA para este plan, la provincia exceptuar a la obra del impuesto a los ingresos brutos y el municipio eliminar las tasas municipales. También, y en el marco de la responsabilidad social empresaria, las empresas pueden apoyar a través de donaciones ya sea en dinero, en infraestructura, conectividad, capacitación docente o alimentos para las escuelas.

Referentes del siglo XIX como Sarmiento y Avellaneda hicieron grandes inversiones en educación fundando escuelas en todo el país, permitiendo que Argentina en pocos años se transformara en unos de los países con menos analfabetos y más ricos del mundo. Sigamos ese ejemplo, primero en estas ciudades piloto y luego cuando mejore la situación macroeconómica del país, desarrollando un plan de infraestructura educativa en toda su extensión.

La única forma de garantizar un futuro mejor a los argentinos es cortando esta inercia y frenando la pobreza y la indigencia, esta es la gran deuda de la democracia. No es un número, son millones y millones de niños que esperan de nosotros acciones concretas para mejorar su calidad de vida. Con empleo de calidad combatimos la pobreza, pero la derrotaremos definitivamente con educación.

Un grupo de diputados radicales, encabezados por el mendocino Julio Cobos, presentó un pedido de informes al Gobierno Nacional para saber si se va a proceder al cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas (ENOHSA) tal como anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, y, en caso afirmativo, indique cómo se realizará tal cierre ya que dicho organismo fue creado por la Ley 24.583.

También en la iniciativa solicitan que se informe cuáles son las denuncias de corrupción realizadas durante la actual gestión relacionadas con el ENOHSA, dado que el ministro Caputo denominó en sus declaraciones que el ente era un “Antro de corrupción” y “Caja negra de la política”.

Además, quieren saber qué sucederá con las obras en ejecución por el ENOHSA y cómo se llevarán a cabo. En suma, piden que el ministro Caputo, el secretario de Obras Públicas de la Nación Luis Giovine y el subsecretario de Recursos Hídricos, Andrés Rodríguez se presenten en la comisión de Obras públicas de la Cámara de Diputados a fin de explicar las razones del anunciado cierre, y cómo se gestionarán en el futuro las obras de agua potable y saneamiento.

El proyecto es acompañado con las firmas de los diputados Marcela Coli, Mario Barletta, Danya Tavela, Adolfo Bermejo, Atilio Benedetti, Carla Carrizo, Marcela Antola, Melina Giorgi, Gerardo Cipolini, Martín Aveiro y Lisandro Nieri.

El diputado nacional del radicalismo Julio Cobos solicitó al Gobierno nacional que indique las características y las implicancias de los diferentes puntos acordados con Reino Unido en la reunión que oportunamente mantuvieron los cancilleres de ambos países.

“Queremos conocer cuáles serán las medidas concretas en materia de conservación de pesquerías en las que se anunció que se va a avanzar, porque esto es estratégico para los intereses soberanos y económicos de nuestro país. Además, es importante saber de qué manera la propuesta alcanzada entre las partes beneficia los interés permanentes e irrenunciables de la República Argentina en lo relacionado a la Cuestión Malvinas”, detalló el legislador radical.

“En el marco del derecho internacional y de la defensa irrenunciable de nuestra soberanía sobre las islas, es muy importante avanzar en el diálogo con el Reino Unido. También, es algo muy complejo y caro a los sentimientos del pueblo argentino, por eso es fundamental que esto se realice con todos las precauciones y salvaguardas posibles”, señaló Julio Cobos y agregó “en este sentido no es menor lo la preocupación por este tema, expresada por la vicepresidenta, quién aseguró que la propuesta de acuerdo ‘es contraria a los intereses de nuestra nación’, ya que propone ‘entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de hecho que puedan seguir depredando nuestros mares’, y agregó que ‘ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación’”.

“Una vez más, reiteramos la reivindicación legítima e irrenunciable de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, porque es un objetivo permanente que nos guía hacia la búsqueda de una solución definitiva a la controversia y a la recuperación de los territorios, respetando los principios del derecho internacional, tal como reza nuestra Constitución Nacional en su primera Disposición Transitoria”, puntualizó el legislador de la UCR.

Por último, señaló que “dada la amplitud interpretativa de lo anunciado hasta ahora y la implicancia que estos acuerdos pueden tener en la Cuestión Malvinas, fundamental para los intereses soberanos de nuestra nación, entendemos que es crucial contar con toda la información posible. Instamos al gobierno nacional a que esclarezca las implicaciones de este acuerdo con el Reino Unido, y que toda negociación con la contraparte tenga como objetivo final la recuperación de nuestros territorios, acorde al mandato de la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Este domingo 22 de septiembre, durante el 79° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se adoptó por consenso el “Pacto para el futuro”. El mismo fue respaldado por 143 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero Argentina no votó y tanto el presidente Javier Milei como la canciller Diana Mondino lo criticaron en sus discursos.

El diputado nacional del radicalismo Julio Cobos explicó que “junto a legisladores de diferentes espacios políticos presentamos un proyecto para rechazar la decisión del gobierno nacional -que entendemos errada y de consecuencias imprevisibles- de no participar en la votación del llamado “Pacto para el Futuro”, durante el 79° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York”.

Además, los diputados nacionales acompañaron el rechazo con un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Cobos explicó que “esta decisión adoptada por el presidente Javier Milei abre un escenario de incertidumbre y posibles consecuencias negativas para Argentina. Por eso queremos saber los motivos de ausentarse de la votación por el Pacto para el Futuro y los posibles impactos negativos de la misma”, y agregó: “Esto no es menor, nos preocupa que esto afecte el proceso de incorporación a la OCDE y cómo repercute en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sustentable -los ODS- aprobada por todos los Estados miembros de Naciones Unidas en septiembre del 2015”.

“En política internacional es prioritario ser precavido con las formas y con el fondo de las cuestiones –agregó el mendocino-. Palabras que se dicen y decisiones que se adoptan repercuten y traen consecuencias incluso más allá de las gestiones que circunstancialmente las realizan. En este sentido vemos con preocupación el impacto que puede tener en las inversiones extranjeras, más teniendo en cuenta el recientemente aprobado RIGI. También, en las certificaciones que nuestros productos hacen del cumplimiento de los ODS y hasta en los tratados y acuerdos que previamente hemos firmado y asumido compromisos como Nación inserta en el mundo”.

Finalmente, y en términos de posicionamiento político, Cobos criticó la postura adoptada porque “en la práctica, no hay diferencia entre disociarse como hizo Argentina y oponerse expresamente al Pacto del Futuro. No haber asistido nos colocó junto a naciones profundamente cuestionadas -incluso por nuestro país- que votaron en contra, como la República Popular Democrática de Corea, la República Islámica de Irán, la República de Nicaragua, la Federación de Rusia, la República de Sudan y la República Árabe Siria. ¿Cuál es el análisis geopolítico de esto, cuáles son los objetivos de ubicarse en un lugar claramente equivocado?, no está claro y por eso es fundamental que respondan detalladamente el pedido de informe”.

Para los legisladores que han hecho este planteo, la decisión del Gobierno ha colocado a nuestro país del lado de gobiernos autocráticos que poca relación tienen con nuestro interés nacional y nuestra larga tradición en política exterior.

Un grupo de legisladores de diferentes sectores políticos presentó en la Cámara de Diputados un proyecto por los alarmantes resultados del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Además, expresamos su “total apoyo a la labor de esa misión que presenció una intensificación del aparato represivo del Estado, lo que significó un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, expresó el diputado radical Julio Cobos.

“Desde la Cámara de Diputados queremos -una vez más- dar expreso respaldo a la defensa irrestricta de los derechos humanos, así como a la democracia como régimen político en la hermana República Bolivariana de Venezuela”, señaló el legislador mendocino.

El proyecto fue presentado por Cobos y cuenta con el acompañamiento de sus colegas Karina Banfi, Fernando Iglesias, Damián Arabia, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Martín Aveiro, Guillermo Montenegro, Soledad Carrizo, Damián Arabia, Manuel Aguirre, Marcela Antola, Melina Giorgi, Roxana Reyes, Margarita Stolbizer y Marcela Campagnoli.

Cobos explicó que “el informe presentado recientemente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, muestra la evolución de violaciones graves de los derechos humanos cometidas en Venezuela en el período que va del 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. Dentro de ese lapso, el acontecimiento central fue la elección presidencial celebrada el 28 de julio de 2024, cuyos resultados fueron cuestionados dentro y fuera del país y como da cuenta el informe, las protestas postelectorales fueron fuertemente reprimidas y dejaron un balance de 25 muertos y cientos de heridos y detenidos”.

El informe señala que las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.  Solo en julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron detenidas. Estos individuos, incluidos más de un centenar de niños, algunos con discapacidades, fueron acusados de terrorismo e incitación al odio.

Además, Cobos expresó que conforme a los resultados del informe, “se demostró que las detenciones fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso y los procedimientos penales iniciados contra los detenidos violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso, haciendo nula o inexistente la justicia para los detenidos”.

Finalmente, Cobos dijo que “Argentina ha adoptado la defensa de los derechos humanos como un pilar fundamental de nuestra política exterior, por eso entendemos que, más allá de las diferencias políticas o pertenencias partidarias, tenemos que repudiar estos actos violatorios y reclamar ante la comunidad internacional para defender al pueblo venezolano”.

Tras la presentación del presidente Javier Milei en el Congreso, los legisladores comenzaron con el análisis de la letra chica del Presupuesto 2025. En ese sentido, el radical Julio Cobos advirtió que se trata de un proyecto "sin prioridad para la educación".

"En su mensaje al Congreso, el presidente señaló que 'lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley', incluyendo solamente seguridad, justicia y defensa, y agregó que cualquier otra cuestión la resuelve el mercado, o los gobiernos subnacionales. ¿Y la salud, la obra pública y fundamentalmente la educación? Gobernar es administrar prioridades y la educación no es prioritaria para esta gestión", observó.

El diputado mendocina apuntó que "en relación con la educación inicial y media, el proyecto de Presupuesto 2025 suspende el artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba el financiamiento del sistema; aspirando a una inversión consolidada (Estado nacional, provincias y CABA) del 6% del PIB".

Por otra parte, en la previa de que se confirme el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, Cobos analizó las partidas destinadas en el proyecto para las universidades nacionales y resaltó que del mismo "se desprende que los fondos estimados se encuentran muy lejos de lo necesario para el normal funcionamiento". "Mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estimó 7.2 billones, el proyecto enviado por el Ejecutivo establece 3.8 billones, es decir casi la mitad", indicó.

El exvicepresidente señaló que "esto se suma a una situación del sistema educativo ya de por sí muy compleja: los primeros ocho meses de este año, las transferencias a provincias por FONID cayeron un 90%; las inversiones en infraestructura educativa un 96%; y el financiamiento a Universidades Nacionales un 30%". "En 2025 se consolidarían estas caídas en la inversión educativa", alertó.

Julio Cobos señaló que “la situación planteada por la ex primera dama no es exclusividad de ella; muchas mujeres en todo el país atraviesan situaciones similares, incluso peores. Siete de cada diez padres no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos. Lamentablemente, el proyecto de deudores alimentarios que le daría protección legal y herramientas, duerme en el Senado de la Nación”.

El legislador radical planteó que “el proyecto de creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos implica costo cero para el Estado y 100% de beneficio para los chicos y madres damnificadas. Por eso, y antes que este que este año pierda estado parlamentario, le pido a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, al presidente de la Comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala, y a los senadores en general que traten el proyecto que oportunamente aprobamos en Diputados”.

Cobos recordó que el proyecto ya fue tratado y aprobado en el Senado en el año 2019 “y no es un antecedente menor porque quiere decir que ambas Cámaras estuvieron de acuerdo, pero perdió estado parlamentario; no queremos que suceda lo mismo”.

“Es necesario tener un registro nacional cuando hay registros en provincias, porque el que incumple trata de evadir sus obligaciones. Cuando un registro provincial y su legislación pone alguna barrera para sacar el carnet de conductor, el documento de identidad, abrir una cuenta bancaria, etc; lo terminan realizando en otra provincia”, señaló Cobos y explicó que “queremos por un lado darle más herramientas a la justicia y por otro asegurar que se cumpla efectivamente las prestaciones alimentarias fijadas. Si no se cumple lo pautado, traerá consecuencias y limitaciones al deudor moroso en su vida personal, laboral y comercial”.

El exvicepresidente explicó que la inscripción en el ReNDAM se realiza cuando “deban más de tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco en forma interrumpida, generando limitaciones para el desarrollo de la vida de los deudores alimentarios morosos. El registro en esa base de datos unificada en todo el territorio nacional, servirá para obstaculizar o frenar el curso de trámites o solicitudes que realicen. Por ejemplo, será necesario no estar en el ReNDAM para poder entre otras acciones, abrir cuentas bancarias, solicitar o renovar tarjetas de crédito o débito, o cualquier otro tipo de operaciones bancarias; realizar transferencias de inmuebles, trámites en los registros del automotor y créditos prendarios; sacar o renovarse el pasaporte, licencias para conducir, solicitud de la matrícula profesional y el desempeño en cargos públicos, en cualquiera de los poderes del Estado y hasta el impedimento de salida del país hasta tanto cumpla con sus obligaciones”.

“Es una ley muy importante porque su principal objetivo es la protección de la parte más débil de la relación desigual que se da entre esos padres y sus hijos, y lograr eficacia y efectividad en el cumplimiento de las sentencias, Por eso es fundamental que se trate y apruebe”, concluyó Cobos.

El Gobierno evalúa sacar por un Decreto de Necesidad y Urgencia el cobro de propinas de forma digital, idea que celebró en redes el diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) autor de uno de los proyectos presentados en la Cámara baja.

El radical recordó en un posteo en su red social “X” que en marzo del corriente año presentó una iniciativa para facilitar el cobro de propinas a los trabajadores con tarjeta de crédito, débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico; incluso que se incorpore en el mismo medio que se efectúe el pago del servicio o el producto vendido.

En marzo presentamos el proyecto #PropinaDigital para facilitar el cobro de propinas a los trabajadores. El gobierno tomó la idea y busca sacarla vía DNU, lo ideal sería darle fuerza de ley. Una muestra más de que la intervención inteligente del Estado es necesaria y bienvenida. pic.twitter.com/pWDgugJJxM

— Julio Cobos (@juliocobos) July 16, 2024

Cobos resaltó que “esto no imposibilita de ninguna forma que la propina pueda ser concretada en efectivo. La propina es de fundamental importancia para miles de trabajadores y con este proyecto facilitamos la percepción de la misma”.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Julio Cobos, presentó un proyecto de declaración por el cual le exige al Gobierno Nacional que se realice, en el marco del Pacto de Mayo, la reglamentación e implementación de la Ley de Cédula Escolar Nacional.

El legislador radical señala que esta iniciativa “es herramienta eficaz para mejorar el sistema educativo y combatir la delincuencia juvenil desde una estrategia proactiva y superadora, al centrar los esfuerzos en la prevención, intervención temprana y rehabilitación”.

“En el año 2019, el Congreso de la Nación aprobó el Programa Cedula Escolar Nacional (Ley 27.489), el que prevé saber en tiempo real la asistencia de los alumnos las escuelas de todo el país, y establece mecanismos interdisciplinarios para efectivizar esa asistencia en caso de deserción escolar”, recordó.

Además, mencionó que propone “acompañar a las familias y dotar al Poder Ejecutivo de toda la información necesaria para desarrollar políticas educativas de acuerdo a la necesidad real que el sistema informa, ya que se nutre de la información automática y relevante que el SINIDE brinda”.

En esa línea, manifestó: “En el contexto actual de Argentina, la problemática de la delincuencia juvenil ha adquirido una relevancia significativa en el debate público”, y agregó que “la creciente participación de menores en actividades delictivas y la preocupación por su rehabilitación y reinserción en la sociedad requieren una respuesta integral y multifacética”.

En efecto, se refirió al Pacto de Mayo que se realiza este 9 de julio e indicó que el presidente de la Nación, Javier Milei, “debe proponer la implementación inmediata de la Ley de Cédula Escolar como una herramienta fundamental para abordar estos desafíos”.

Agregó, además, que “en lugar de enfocarse únicamente en medidas punitivas, la Ley de Cédula Escolar fomenta la rehabilitación y reintegración de los jóvenes en conflicto con la ley, al proporcionar un seguimiento constante y apoyo educativo, se crean oportunidades para que los menores rectifiquen su comportamiento y se reincorporen positivamente a la sociedad”.

“Esto beneficia a los propios jóvenes, y también contribuye a la reducción de la reincidencia delictiva a largo plazo”, afirmó el mendocino Julio Cobos.

Para terminar, consideró que “la implementación de la Ley de Cédula Escolar en el marco del Pacto de Mayo representaría una estrategia integral y preventiva para abordar la delincuencia juvenil en Argentina”. “Al centrar los esfuerzos en la prevención, intervención temprana y rehabilitación, se puede reducir significativamente la necesidad de bajar la imputabilidad de los menores”, señaló.

Por último, Cobos afirmó que “este enfoque no solo protege a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, sino que también fortalece el tejido social y promueve una sociedad más segura y equitativa”.

La educación es la columna vertebral del desarrollo de un pueblo y las políticas educativas son, por sus profundos efectos a lo largo de generaciones, las más relevantes que debe adoptar cada gestión de gobierno.

Argentina tiene a la educación en su ADN, durante el siglo XIX y siglo XX puso en marcha grandes transformaciones educativas que impactaron positivamente en varias generaciones, tanto en cantidad como en calidad. Lamentablemente y es necesario reconocerlo, hace décadas que atravesamos un fuerte proceso de crisis educativa. La marchas y contramarchas en cuanto a políticas específicas, los vaivenes políticos, la falta de financiación y el deterioro en el tejido social, son algunas de las variables que repercutieron y repercuten negativamente en el sistema, y hacen que hoy tengamos una merma importante en la calidad educativa.

Esto no es gratis para una sociedad, y quizás sea la mayor deuda para con las generaciones futuras, no podemos seguir aceptando el declive y hacer como que nada pasa. Argentina perdió el rumbo y la educación es el único camino para dejar un mejor país a nuestros hijos.   Hoy, estamos ante una nueva oportunidad. El presidente finalmente y con gran acierto, luego de que lo solicitáramos desde diferentes sectores políticos, incluyó a la Educación en el denominado Pacto de Mayo.

En este marco y teniendo en cuenta que ya existe un camino recorrido, se torna imperiosa la reglamentación y aplicación efectiva de la Ley 27.489, de Cédula Escolar Nacional. Esta ley se aprobó hace ya cinco años, sin embargo, aún no está plenamente operativa.

La Cédula Escolar es una estrategia de abordaje integral al sistema educativo. En primer lugar, da información en tiempo real de la asistencia de los alumnos a las escuelas de todo el país, y establece mecanismos interdisciplinarios para efectivizar esa asistencia en caso de posible o efectiva deserción escolar. Además, dota al Poder Ejecutivo de toda la información necesaria para desarrollar políticas educativas de acuerdo a la necesidad real del sistema, ya que se nutre de la información automática y relevante que brinda el SINIDE. Es decir, sistematiza información crucial sobre la población educativa y permite generar respuestas acordes a las necesidades de la misma.

Por otra parte, el incremento de la delincuencia juvenil ha generado un acalorado debate en nuestra sociedad, respecto de la baja en la edad de imputabilidad de los menores. La realidad es que la simple modificación de la edad legal no aborda las raíces profundas de la problemática. Creo firmemente que la Cédula Escolar Nacional es una solución proactiva y preventiva que puede complementar las políticas de justicia juvenil. En lugar de enfocarnos únicamente en medidas punitivas, ésta fomenta la rehabilitación y reintegración de los jóvenes en conflicto con la ley al proporcionar un seguimiento constante y apoyo educativo, se crean oportunidades para que los menores rectifiquen su comportamiento y se reincorporen positivamente a la sociedad. Esto beneficia a los propios jóvenes, y también contribuye a la reducción de la reincidencia delictiva a largo plazo.

La creciente participación de menores en actividades delictivas y la preocupación por su rehabilitación y reinserción en la sociedad requieren una respuesta integral y multifacéticay la Cédula Escolar emerge como una herramienta fundamental para abordar estos desafíos. La delincuencia juvenil tiene un doble efecto negativo a corto y mediano plazo. Por un lado, afecta inmediatamente a la seguridad pública, y por otro al desarrollo integral de los jóvenes involucrados; ¿qué generaciones formamos para el futuro? La participación de menores en delitos no solo genera un impacto negativo en las víctimas y sus familias, sino que también tiene consecuencias devastadoras para los propios menores, quienes se ven atrapados en un ciclo de criminalidad y marginalización.

La recopilación de datos a través de la cédula escolar permite una intervención temprana y coordinada entre diferentes sectores, incluyendo educación, salud, y servicios sociales. Esta colaboración multidisciplinaria es esencial para abordar todas las dimensiones que hacen a la delincuencia juvenil. Al trabajar juntos, estos sectores pueden ofrecer un soporte integral a los menores y sus familias, mitigando los factores de riesgo y promoviendo un entorno favorable para su desarrollo.

Por eso solicito que se realice, en el marco del Pacto de Mayo, la reglamentación e implementación de la Ley de Cédula Escolar Nacional, como una herramienta eficaz para mejorar el sistema educativo y combatir la delincuencia juvenil desde una estrategia proactiva y superadora, al centrar los esfuerzos en la prevención, intervención temprana y rehabilitación.

Que todos los alumnos del país cumplan con su trayectoria escolar en tiempo y forma, porque ese es el verdadero legado para una Argentina mejor.

Los diputados nacionales del bloque de la UCR Pablo Cervi (Neuquén) y Julio Cobos (Mendoza) presentaron proyectos de resolución solicitando que el Poder Ejecutivo informe sobre las medidas que se están evaluando ante la falta de abastecimiento de gas en todo el territorio nacional.

Al respecto, Cobos señaló que “todos sabemos lo que ha ocurrido con la falta de abastecimiento de gas en todo el país, cuando recién comienzan las temperaturas bajas. Por eso es fundamental conocer las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo Nacional para evitar que, producto de la improvisación o la impericia, suceda esto nuevamente”.

“Ante la falta de gas la secretaría de Energía comunicó que se priorizaría el consumo residencial y se suspendía el servicio interrumpible de gas a industrias y a las estaciones de servicio de GNC. Sin embargo, según informaron diversos medios luego el corte llegó a casi todos los usuarios no residenciales, interrumpibles y no interrumpibles, por ejemplo, no funcionó el día 28 de mayo ninguna estación de GNC en el país, aun las que tenían contratos no interrumpibles”, planteó el mendocino.

En esa línea, manifestó: “Todo esto en un contexto dónde al parecer existían informes que advertían la situación crítica y la inacción de las autoridades respectivas. Por eso es muy importante conocer el tenor del problema, cuando por los medios, funcionarios hablan de grandes inversiones para exportar gas, y en la primera ola de frío, resulta que no se puede abastecer la demanda interna”.

“En tal sentido, solicité al oficialismo que informe, en relación al periodo comprendido entre diciembre del año pasado y el mes de mayo del corriente año, el estado de avance de las obras de construcción de las estaciones compresoras de gas del gasoducto Néstor Kirchner, el volumen de gas entregado desde la República de Bolivia, las compras en volúmenes y costos de Gas Natural Licuado realizadas, y la programación de entregas desde la fecha hasta el mes de octubre del presente año. También, la demanda diaria de gas natural por redes durante el presente mes de mayo en millones de m3”, explicó.

Además, el legislador mendocino también requirió información sobre “las razones que llevaron a cortar el servicio de gas en contratos pactados como ininterrumpibles y las causas de la demora en la adquisición de cargas de GNL por buque que impidieron dar servicio. Asimismo, buscamos conocer si la Secretaría de Energía tenía conocimiento desde principios de este año, de los informes técnicos que indicaban que a un aumento de demanda la oferta de gas efectiva iba a ser insuficiente ante una ola de frío como la que se presentó recientemente, y finalmente si se realizaron en este mes importaciones de gasoil para suministrar combustibles a las centrales térmicas duales que pueden funcionar a gas natural o gasoil”.

“Debemos estudiar el tema y proponer medidas para que esta situación no vuelva a ocurrir previendo las obras y las medidas necesarias para evitar nuevas crisis antes que se terminen esas obras”, finalizó Cobos.

Cervi analizó: “Somos un país rico en recursos que no puede garantizar el abastecimiento de gas por la falta de una mirada de mediano y largo plazo. La política energética debe trascender gobiernos”.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR), junto a otros legisladores de su bloque, presentó un proyecto expresando “preocupación” por la decisión del Reino de España de llamar en consulta sine die -es decir, sin plazo determinado- a la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez; “máxime cuando hablamos de una Nación con la que nos une estrechos vínculos históricos, sociales, económicos y culturales”, subrayó. 

En ese sentido, el exvicepresidente sugirió al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre “todas las acciones necesarias para el normal restablecimiento de relaciones bilaterales con España, en consonancia con la histórica relación estrecha entre ambos países”. 

“Vemos con inquietud los diversos eventos que se han producido en estos últimos días que son de público conocimiento. Con este proyecto queremos explicitar la necesidad que existe de reencauzar las relaciones bilaterales con el Reino de España”, señaló el radical, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja.

El mendocino recordó que “Argentina y España han cultivado y sostenido una estrecha relación bilateral que se remonta a los orígenes mismos del surgimiento de nuestra Nación. Además, España es uno de los socios más importantes de nuestra Nación, con relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación de larga trayectoria e intensidad. Sólo para dar un ejemplo y dimensionar el estrecho vínculo que nos une, vale resaltar que la colectividad española alcanza las 495.000 personas a las que prestan servicios cinco Consulados Generales en Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Córdoba y Mendoza y las Consejerías sectoriales de la Embajada de España”.

“A pesar de esta histórica unión entre dos países hermanos, este año ha habido una escalada sostenida del deterioro de esa relación y pensamos que es contraproducente para ambas naciones”, advirtió.

El legislador agregó que España “ha mantenido una posición muy relevante en Argentina en el terreno de las inversiones, siendo el segundo país inversor detrás de Estados Unidos. España es un socio histórico de Argentina. No sólo en el plano comercial, sino también en lo cultural. La Unión Europea es el socio comercial que más invierte en Argentina luego de China y Brasil. Y las empresas españolas son las de mayor peso dentro de ese bloque continental con presencia en suelo argentino”.

Para finalizar, Cobos pidió: “Instamos a un pronto restablecimiento total de las relaciones bilaterales entre ambos países hermanos, con el fin de mantener y fortalecer los lazos fraternales y los vínculos de amistad y colaboración con el pueblo español, voluntad compartida por todo el pueblo argentino”.

El proyecto fue acompañado por sus pares Lisandro Nieri, Karina Banfi, Pamela Verasay, , Gabriela Brouwer de Koning, Roxana Reyes, Natalia Sarapura, Mariano Campero, Marcela Antola, Marcela Coli, Roberto Sánchez, Mario Barletta, Danya Tavela, Gerardo Cipolini, Soledad Carrizo, Adolfo Bermejo, Maria Liliana Paponet y Martín Aveiro. 

 

Julio Cobos, junto con legisladores de diferentes espacios, presentó un proyecto solicitando información al Poder Ejecutivo Nacional sobre cuestiones vinculadas al cable emitido por el canal oficial de X “BRICS News”, referido a la exploración y descubrimiento de yacimientos hidrocarburíferos.

Al respecto, el diputado mendocino indicó que “recibimos con preocupación las noticias que circulan sobre el continente Aantártico. Días atrás, la cuenta oficial de la agrupación BRICS en la plataforma X, informó que al parecer Rusia descubrió reserva de petróleo y gas en la Antártida, por un valor estimado de 511 mil millones de barriles de petróleo, y la verdad que esto enciende una luz de alarma. Por eso queremos creemos importante contar con toda la información posible y conocer si el Gobierno nacional estaba al tanto de las operaciones de exploración de yacimientos hidrocarburíferos que ha estado llevando la Federación Rusa en el Continente Blanco”.

“Queremos saber si el Gobierno nacional tenía conocimiento de las reservas que se mencionan, fruto de las operaciones de exploración de yacimientos hidrocarburíferos que ha estado llevando la Federación Rusa, y fundamentalmente conocer las acciones realizadas, o que se realizarán con respecto a la defensa del interés nacional y de la legítima pretensión soberana argentina, en el marco del Tratado Antártico de 1959 y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, también conocido como Protocolo de Madrid”, señaló Cobos y agregó “tenemos que tener en cuenta lo dispuesto en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, que busca dar una amplia protección del medio ambiente de la Antártida, y de los ecosistemas dependientes o asociados y es parte del Sistema del Tratado Antártico”.

Finalmente, Cobos recordó que “Argentina reivindica el denominado Sector Antártico Argentino, cuya superficie es de aproximadamente 1.461.597 km², de los cuales 965.314 km² corresponden a tierra firme. El cual forma parte del territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, aunque está sujeto al régimen del Tratado Antártico, firmado en diciembre de 1959 por doce países (Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión del África del Sur, Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos), dispone que la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Y prohíbe toda medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, la realización de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de armas. Sólo autoriza el empleo de personal o equipo militares para investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico”.

Acompañan la iniciativa los diputados Carlos Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Ricardo López Murphy, Pablo Cervi, Gerardo Milman, Rocío Bonacci, Tito Stefani, Leandro Santoro, Damián Arabia, Silvana Giudici, Jorge Neri Araujo y Hilda Aguirre.

Atento a su reconocida preocupación por el tema de los créditos hipotecarios, el diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza), junto a legisladores de diferentes sectores presentaron un proyecto que modifica la ley de impuesto a las Ganancias para deducir los intereses de los créditos hipotecarios, otorgados por la compra o la construcción de inmuebles destinados a casa habitación, hasta el límite del 100% del importe correspondiente a la ganancia no imponible establecido en el inciso a del artículo 30 de esa ley.

Al respecto, Cobos señaló que “la Ley de Impuesto a las Ganancias autoriza deducciones previas para establecer la ganancia neta sujeta al impuesto, entendiendo que existen gastos que no configuran ganancias imponibles. Entre esas deducciones figuran los intereses correspondientes a créditos hipotecarios, actualmente se puede deducir 20 mil pesos al año. Ese monto está congelado desde el año 2001, mientras que la inflación acumulada a lo largo de los últimos 20 años superó el 10.000%”, y agregó que “al no haberse actualizado esa deducción, hoy resulta casi inexistente, siendo tal el desfasaje que no alcanza siquiera para deducir el interés pagado durante un mes, por eso queremos corregir ese desfasaje y darle un mecanismo de actualización”.

Cobos entiende que lo lógico es tomar como referencia lo que sucede con los alquileres. En ese sentido señala que “el límite vigente para deducir de alquileres es hasta el 40% del alquiler de la vivienda, siempre que ese monto no supere la ganancia no imponible, que para el ejercicio 2024 sería de $ 1.089.368 al año y ajustaría por inflación. Con este proyecto establecemos para los intereses de los créditos hipotecarios exactamente el mismo parámetro que existe para los inquilinos con sus alquileres”.

“Proponemos igualar la deducción por intereses a la deducción por ganancia no imponible establecida en el artículo 30 inciso a de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Este monto se actualiza todos los años por lo que la deducción por intereses también quedaría actualizada, evitando así nuevos desfasajes. De este modo, así como reconocemos que el espíritu del impuesto a las ganancias debe permitir la deducción de servicios básicos como salud y educación, también debemos volver a poner en valor en el esquema del impuesto el acceso a la vivienda”, explicó Cobos.

Además, el legislador mendocino dijo que “esta propuesta implica un considerable alivio para los deudores de créditos hipotecarios tomados bajo el sistema de actualización por Unidades de Valor Adquisitivo -UVA-, así como un fuerte incentivo a la toma de nuevos créditos ante el reciente lanzamiento de nuevas líneas hipotecarias por diversos bancos públicos y privados”.

“Si simulamos un crédito hipotecario de unas 80.000 UVA -unos USD 75.000 al MEP- en un plazo a 20 años y con una tasa del 4,5%, la relación deducción-intereses de ese primer año sería del 33%, y esta relación sería cada vez mayor, porque los intereses por el sistema francés representan en la cuota una fracción cada vez menor. Por eso es importante que avance y se convierta en ley ya que constituye un beneficio considerable para actuales y futuros tomadores de crédito”.

Acompañan el proyecto de Cobos sus pares radicales Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz, Lisandro Nieri, Roxana Reyes, Manuel Aguirre, Melina Giorgi, Pedro Galimberti, Roberto Sánchez, Gerardo Cipolini, Marcela Antola, Francisco Monti, Mario Barletta y Fabio Quetglas; de Unión por la Patria Liliana Paponet y Daniel Arroyo, Margarita Stolbizer (HCF) y Guillermo Montenegro (LLA).

El diputado nacional Julio Cobos (UCR) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, informe detalles de la línea de créditos hipotecarios ajustables por UVA, lanzada recientemente por el Banco de la Nación Argentina.

“Dada la gran necesidad que existe en la ciudadanía de contar con líneas de créditos hipotecarios para acceder a la vivienda, es importante que el sistema bancario sea claro con las ofertas que están surgiendo en este sentido. Es por eso que realicé este pedido de informes al Banco de la Nación Argentina, uno de los bancos más importantes del país y el principal en cuanto a los créditos hipotecarios se refiere, para conocer claramente las condiciones a las que se deben atener quienes apliquen al crédito”, sostuvo el mendocino.

Además, señaló que "en la presentación oficial de la nueva línea de préstamos hipotecarios, el presidente de la institución anunció que a los tomadores de crédito se les permitirá topear la cuota, aplicando al préstamo un ajuste a través del coeficiente de variación salarial, y sólo si ese ajuste es menor que la cuota ajustada por UVA, se producirá el tope".

"Las diferencias en los montos se trasladarán al final del préstamo actualizadas por UVA y el saldo que resulte será pagado con un préstamo personal o una extensión de la hipoteca, y esto tendrá un costo adicional del 1,5 mensual. Es decir que está la opción de que el crédito se ajuste por variación salarial pagando un seguro, pero ello no implica que si la inflación supera al salario la diferencia se cancela en ese momento con el referido seguro, al contrario: se acumula deuda al final del crédito”, explicó el radical.

En esa línea, se preguntó: “En este contexto, ¿cuál es el fundamento económico y financiero para que un deudor que opta por una sobre tasa del 1,5% para topear la cuota calculada en función al coeficiente de variación salarial, deba devolver las diferencias UVA-CVS al final del crédito? Con este criterio, contratar el seguro implica elevar la tasa del crédito de 4,5% a 6%: en un crédito a 30 años la cuota a pagar cada mes se elevaría un 20%, en uno a 20 años el seguro contratado aumenta la cuota a pagar un 15%. En definitiva, entre 15% y 20% más de cuota por tener el seguro”.

En el proyecto también se solicitó que "se establezca la Tasa Interna de Retorno (TIR) esperada para un Crédito Hipotecario UVA con una tasa nominal anual (TNA) del 4,5%. Asimismo, la TIR esperada para un Crédito Hipotecario UVA con una TNA del 4,5% con más la sobretasa del 1,5% ofrecida por el BNA como herramienta de tope sobre la cuota calculada por la evolución del UVA y del coeficiente de variación salarial”.

Finalmente, Cobos sugirió al BNA que "analice la propuesta aprobada en Diputados con relación a los créditos UVA futuros. Allí el seguro efectivamente cancela descalces entre inflación y salario -no pospone al final del crédito- a través de un fondo compensador constituido por el esfuerzo compartido del sistema financiero y el deudor hipotecario".

"La diferencia es fundamental: el fondo del proyecto con media sanción aporta a los bancos la diferencia entre inflación y salarios y la cancela, el actual propuesto por el BNA no lo cancela, traslada la deuda al final y ofrece un nuevo crédito para cancelarla. Ello implica una vez más la generación de deudas que los tomadores nunca terminan de pagar”, comparó.

 

 

Frente al surgimiento de nuevos créditos hipotecarios en el sistema bancario, el diputado nacional Julio Cobos (UCR -Mendoza) alertó sobre las condiciones con las que se pretende otorgarlos y reclamó al Senado de la Nación que apruebe la media sanción que viene de Diputados.

Cobos remarcó que “como lo hemos sostenido todos estos años, Argentina necesita en forma imperiosa un sistema de crédito hipotecario robusto, perdurable en el tiempo y fiable; que permita disminuir el déficit habitacional y dé acceso a la vivienda propia a millones de familias a lo largo del territorio nacional. Eso no tiene discusión y debe ser una política de Estado que involucre a todos los sectores, al bancario fundamentalmente”.

“En estas semanas, vemos que los bancos vuelven lentamente a ofrecer créditos bajo el sistema UVA, lo cual a priori es una buena noticia en este contexto, pero hay dos cosas muy importantes que no podemos soslayar y hacen a la realidad. Por un lado, algunas de las condiciones de esos créditos, con cero riesgo -como siempre- para los bancos y todo el peso sobre los posibles tomadores, nada de esfuerzo compartido; y por otro, nadie parece tener en cuenta, a miles de familias que tienen créditos UVA y que necesitan que el Congreso avance con la ley que aprobamos en Diputados”, planteó.

El radical explicó que “el Banco de la Nación Argentina ofrece una línea de crédito con características bastante particulares. Para que el crédito se ajuste por variación salarial se debe pagar un seguro, pero esto no implica que si la inflación supera al salario la diferencia se cancele en ese momento con el seguro, al contrario: se acumula deuda al final del crédito. Con este criterio, contratar el seguro implica elevar la tasa del crédito de 4,5% a 6%. En un crédito a 30 años la cuota a pagar cada mes se elevaría un 20%, en uno a 20 años el seguro contratado aumenta la cuota a pagar un 15%. En definitiva... entre 15% y 20% más de cuota por tener el seguro”.

🚨‼️ El BNA ofrece #créditosUVA con características particulares. Para que el crédito se ajuste por variación salarial pagas un seguro, PERO no implica que si la inflación supera la cuota se cancele en ese momento con el seguro, al contrario: acumula deuda al final del crédito. pic.twitter.com/fffm2EWUCN

— Julio Cobos (@juliocobos) May 9, 2024

El legislador mendocino manifestó: “Lo más conveniente es la propuesta que aprobamos en Diputados y espera ser tratada en Senado, porque el seguro cancela descalces entre inflación y salario -no pospone al final del crédito- a través de un fondo compensador constituido por el esfuerzo compartido del sistema financiero y el deudor hipotecario”, y reiteró: “Esta diferencia es fundamental: el fondo del proyecto que aprobamos aporta a los bancos la diferencia entre inflación y salarios y la cancela, el actual propuesto por el BNA no lo cancela, traslada la deuda al final y ofrece un nuevo crédito para cancelarla”.

Y agregó: “Es como si contratas el seguro de un auto, lo pagas todos los meses; el día que chocas te lo arreglan y tiempo después te dicen "devolveme el valor del arreglo actualizado”.

Finalmente, Cobos sugirió que “respecto a estas nuevas iniciativas del sistema bancario para otorgar créditos UVA, sugiero que se tome la propuesta que hicimos oportunamente para que el seguro realmente garantice la cuota menor entre la relación UVA-CVS y que el Senado apruebe finalmente la ley que esperan las familias que tomaron esos créditos en el pasado. Todos queremos que vuelva el crédito a la Argentina, pero que surja de un esfuerzo compartido viable y lógico de todas las partes”.

El diputado nacional Julio Cobos junto a otros legisladores presentó un proyecto solicitando información al Poder Ejecutivo Nacional referida a las acciones a seguir frente al vencimiento de las concesiones de diferentes complejos hidroeléctricos de Argentina.

“Presenté un proyecto para conocer en detalle la hoja de ruta que adoptará el Gobierno nacional frente al vencimiento de las concesiones de distintos complejos hidroeléctricos, vitales para el sistema energético de Argentina. Las presas y centrales hidroeléctricas son bienes estratégicos del Estado de alto costo que deben ser protegidos y controlados permanentemente, y además la producción hidroeléctrica es una porción importante de la oferta de energía eléctrica del sistema interconectado”, indicó el legislador radical, que agregó: “Dada la importancia de estas obras concesionadas por el Estado Nacional debería definirse una política de estado, preferentemente con un acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias que son propietarias del recurso hídrico”.

En ese sentido, Cobos señaló que “según recientes informes periodísticos, el gobierno estaría previendo que las centrales pasen al Estado y sean operadas por Energía Argentina S.A. (ENARSA) hasta volverlas a concesionar, sin que se conozcan fechas y procesos de licitación algunos. Esto plantea algunas inquietudes ya que por un lado ENARSA no cuenta con el conocimiento, ni la capacidad operativa para esta tarea y por otro se encuentra -de aprobarse la ley bases- entre las empresas sujeta a privatización. Por eso y para despejar todo tipo de dudas pedimos aclarar qué sucederá con los complejos hidroeléctricos que en teoría administrará transitoriamente el Estado, ante un eventual proceso de privatización de ENARSA, concretamente si estos estarán incluidos o no en ese proceso y de ser así bajo qué forma”.

Detalles del pedido de informes

1. Informe si los contratos de concesión de las presas y centrales hidroeléctricas de El Chocón, Arroyito, Cerros Colorados y Alicura que vencieron en agosto de 2023 y fueron prorrogados hasta el 19 de mayo, serán o no prorrogados nuevamente, lo cual es posible hasta el 11 de agosto del 2024.
2. Informe si el contrato de concesión de la presa y central hidroeléctrica de Piedra del Águila que venció en diciembre de 2023 y fue prorrogado hasta el 28 de junio, será o no prorrogado nuevamente, lo cual es posible hasta el 28 de diciembre del 2024.
3. Informe si las presas y centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el río Atuel (Nihuil I, Nihuil II, Nihuil III y Valle Grande), a la finalización del contrato de concesión el 1° de junio del presente año serán devueltas, como corresponde, a la provincia de Mendoza.
4. Informe si a la finalización contractual las presas y centrales hidroeléctricas, en caso que vuelvan al Estado, serán operadas por ENARSA. De ser así, indicar con qué recursos humanos, técnicos y económicos contará para realizar esa operación. A su vez y dado que ENARSA según el proyecto de ley de Bases está sujeta a privatización, señale si se incluirán dentro de ese proceso a las concesiones hidroeléctricas o se prevé licitarlas en forma independiente.
5. Informe en caso de que las obras hidroeléctricas se liciten en forma independiente e individual, si se han comenzado los procesos correspondientes, y en caso en que no se haya hecho, cuándo se completarán los pliegos de licitación, cuál será la fecha prevista para publicar la licitación y qué duración tendrá el nuevo período de operación.

Acompañan el proyecto los diputados Natalia Sarapura, Danya Tavella, Marcela Antola, Margarita Stolbizer, Pedro Galimberti, Jorge Rizotti, Mariio Barletta, Pablo Cervi, Emilio Monzó, Carla Carrizo, Roxana Reyes y Pamela Verasay.

Poquito después de medianoche, a la sesión todavía le faltaba un largo trecho, cuando la diputada Cecilia Moreau, al frente en ese momento de la sesión, expresó: “Aprovecho para saludar al diputado Julio Cobos, que hace minutos empezó el día de su cumpleaños en este recinto”.

El mendocino se sonrió con ganas y mostró su dedo pulgar en alto, mientras era aplaudido por sus pares. Habrá sido para el mendocino sin dudas un cumpleaños inolvidable.

Conocido el histórico fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que determinó que los atentados a la embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994, fueron organizados por Irán y llevados a cabo por la organización terrorista Hezbollah, el diputado nacional Julio Cobos presentó un proyecto de juicio en ausencia.

La iniciativa, presentada junto a varios legisladores del bloque UCR, va en línea con el pedido realizado por la Justicia al Congreso de la Nación y en relación con el atentado terrorista a la AMIA.

Julio Cobos señaló que “con esta iniciativa que presentamos nuevamente, proponemos modificar el artículo 290 del Código Procesal Penal para incorporar el denominado Juicio por Ausencia, porque entendemos que se debe incluir en la ley procesal esta figura que permite que los imputados por delitos de lesa humanidad puedan ser juzgados en el país, aunque los mismos se encuentren en el extranjero. La realidad es que nuestro Código Procesal penal no regula la continuación del proceso ante la ausencia del imputado, por el contrario, lo suspende y es precisamente esto lo que queremos modificar”.

“Este proyecto es una representación de uno que presentamos oportunamente -en el año 2017- en el Senado de la Nación y que considera la mayoría de las propuestas previas, incluso la que presentamos en el año 2014 con Luis Petri, en la Cámara baja. Muchos legisladores han trabajado este tema tan importante y existe jurisprudencia suficiente en fallos de la justicia de Argentina. Concretamente si logramos transformarlo en ley, se podrá avanzar con la realización del juicio en ausencia para lograr el juzgamiento de los responsables y la búsqueda de verdad en aquellos casos de crímenes de lesa humanidad”, dijo el legislador mendocino.

“La Cámara Federal de Casación Penal días atrás sentenció que el ataque contra la Embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah, y que la voladura de la AMIA fue un crimen de ‘lesa humanidad’. Además, esto es muy importante, en la sentencia solicita tanto al Ejecutivo como al Legislativo a definir a la brevedad políticas públicas en relación a la instauración del proceso en ausencia. Esta presentación es una respuesta concreta a ese pedido”.

Cobos señaló que “con este proyecto se permite la continuación del proceso penal en ausencia del imputado rebelde y hasta su total finalización, cuando un pedido de extradición formulado por nuestro país fuese denegado o no tuviere respuesta en el plazo establecido y el Poder Ejecutivo no admita el juzgamiento en aquel país, esto luego de transcurrido 6 meses desde la recepción del pedido de extradición”.

“Aquellos que voluntariamente se ausentan de la jurisdicción de los jueces naturales de una causa no pueden tener una mayor protección de la ley que quienes se someten a la jurisdicción. Por eso entendemos que con esta iniciativa brindamos una solución jurídica a las víctimas de delitos contra los derechos humanos, como por ejemplo las víctimas del atentado a la AMIA, satisfaciéndose al mismo tiempo, derechos constitucionales como el de conocer la verdad y garantizar el debido proceso legal, aún para los imputados rebeldes; en ningún caso se vulnera el derecho a la legítima defensa ni a todas las garantías procesales, lo que buscamos es justicia, no venganza. Por eso esperamos contar con el apoyo de todos los bloques y transformar esta propuesta en ley”.

Firman el proyecto junto a Cobos sus pares Rodrigo de Loredo, Gerardo Cipolini, Danya Tavela, Natalia Sarapura, Mario Barletta, Carla Carrizo, Lisandro Nieri, Marcela Antola, Manuel Aguirre, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Melina Giorgi y Gabriela Brouwer de Koning.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Julio Cobos (UCR – Mendoza), propuso este miércoles cambiar el huso horario en toda la región argentina para ahorrar energía.

El radical lo explicó a través de su perfil en x y amplió que “Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial (-3) y el huso horario que realmente nos corresponde (-4) y esto provoca varios inconvenientes”.

“Por eso presenté un proyecto para modificar el horario oficial en todo el territorio nacional y llevarlo al huso horario correcto”, agregó en relación a la iniciativa que llevó al Congreso.

Además, señaló que nuestro país “se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso -5. Sin embargo, usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4”.

En este caso, lo que Julio Cobos propone sería adelantar una hora los relojes de todo el país y así poder aprovechar mas tiempo las horas de luz. De esta manera se busca promover el ahorro de energía.

Cabe recordar que cuando el mendocino fue vicepresidente de la Nación durante el primer mandato de Cristina Kirchner (2007 – 2011), esta medida fue llevada a cabo durante los veranos de los años 2008 y 2009.

NOTICIA EN DESARROLLO

El diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza), acompañado por otros diputados del radicalismo, presentó un proyecto a través del cual solicita al Gobierno nacional que informe de manera precisa y detallada sobre los proyectos desarrollados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), CAREM-25 y RA-10, que estarían paralizados. “Son proyectos estratégicos y fundamentales para Argentina”, afirmó.

El legislador solicita que el Gobierno detalle las razones que motivaron la decisión de detener la construcción de estas obras, que indique si esa detención es permanente o si existe un plazo estimado para su reanudación dada la importancia estratégica de las mismas; que informe si el Gobierno nacional tiene estipuladas las fechas de finalización de las obras nucleares anteriormente mencionadas y cuáles son, además del grado de avance de ambas obras y el presupuesto previsto para esas obras, actualizado a marzo de 2024.

El día 27 de marzo, el secretario General de UOCRA Seccional Zárate, Julio González, confirmó la desvinculación de un gran número de trabajadores que ejecutaban sus tareas en la obra del reactor nuclear CAREM-25 y en la finalización y puesta en marcha del RA-10. Además, se ha difundido en distintos medios de prensa la detención de dichas obras.

“El CAREM es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina, a través del cual nuestro país reafirma su capacidad para el desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares, perfilándose como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia (SMR, por sus siglas en inglés). Asimismo, la construcción del reactor nuclear de investigación RA-10, de flujo neutrónico suficientemente alto como para garantizar su utilización en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la producción de radioisótopos, la irradiación de materiales y combustibles nucleares, las investigaciones científicas y tecnológicas y la medicina nuclear, está siendo desarrollada íntegramente en Argentina por la Comisión Nacional de Energía Atómica e INVAP”, recordó Cobos.

El legislador pregunta además qué recursos presupuestarios en cuota a devengar se ha asignado a la Comisión de Energía Atómica durante el primer trimestre de 2024, qué transferencias efectivamente se hicieron y cuáles son los montos acumulados desde el 1°de enero del presente año hasta la fecha y cuál es el número exacto de despidos vinculados a estos proyectos, así como los recortes presupuestarios que han sufrido las obras.

El proyecto es acompañado por los diputados Mario Barletta, Pedro Galimberti, Manuel Aguirre, Gabriela Brouwer de Koning, Carla Carrizo, Marcela Antola, Martín Arjol, Alfredo Vallejos, Marcela Coli y Gerardo Cipolini.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR - Mendoza), junto a varios legisladores radicales, presentó un proyecto para facilitar a los trabajadores el cobro de las propinas a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico.

“La evolución del mundo digital ha provocado cambios en la forma de consumo y pagos. La irrupción de las billeteras digitales ha hecho que cada día se utilice más estos mecanismos y menos la utilización de dinero físico”, explicó Cobos y sumó: “En este contexto, Argentina no cuenta a la fecha con legislación que regule los medios de pago para que los clientes puedan abonar y los trabajadores puedan percibir propina. Esto no es un detalle menor porque la propina, en determinados sectores de servicios, compone un importante porcentaje en el ingreso de los trabajadores”.

El legislador radical agregó: “En algunos rubros de la actividad económica, especialmente el gastronómico, la propina es un uso habitual; lo mismo con los ya muy difundidos servicios de delivery. Este crecimiento de los medios de pago sin efectivo tales como tarjetas de crédito, débito, billeteras virtuales y demás medios electrónicos; muchas veces implica un problema o un impedimento para que el trabajador perciba su propina. En ese sentido, no existe un sistema claro que permita al cliente incluir la propina en el mismo medio de pago que utiliza para la cancelación del servicio recibido o el producto adquirido. Queremos con esta propuesta llenar ese vacío legal”.

“Incluimos la posibilidad que el trabajador pueda hacerse de la propina a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico”, contó respecto de la iniciativa.

Para ello, precisó que “el BCRA deberá dictar las normas necesarias a los efectos de la inmediata implementación del sistema a efectos de que el cliente pueda incluir la propina en la transacción por el mismo medio de pago por el que se efectúe el pago del servicio prestado o el producto vendido al cual se vincula la misma. Esto no imposibilita de ninguna forma que la propina, en caso de que así suceda, pueda ser concretada en efectivo”.

Por último, explicó que se establece que el empleador “tiene la obligación de aplicar la tecnología disponible para que los clientes puedan incluir las propinas en la transacción por el mismo medio de pago por el que se efectúe el pago del servicio o producto al cual se vincula la propina y en ninguna circunstancia el empleador podrá disponer de los montos percibidos en concepto de propina. Entendemos que la propina es de fundamental importancia para miles de trabajadores y con este proyecto facilitamos la percepción de la misma”.

Acompañan con su firma el proyecto los diputados Marcela Antola, Mario Barletta, Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Fernando Carbajal, Pablo Cervi, Mariela Coletta, Pedro Galimberti, Melina Giorgi, Natalia Sarapura y Martín Tetaz.

Un grupo de diputados de la UCR, encabezados por Julio Cobos, presentó un proyecto de resolución que solicita la citación del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a fin de que asista a brindar un informe de gestión en sesión informativa, de acuerdo lo establece la Constitución Nacional.

Desde que asumió, al funcionario no se lo ha escuchado en declaraciones públicas. Sin embargo, más allá del informe por escrito, está obligado a concurrir a exponer y responder preguntas en el Parlamento. Aunque, de 1994 hasta ahora, esta obligación no fue respetada a rajatabla por los exjefe de Gabinete.

"Legisladores de @diputadosucr citamos al Jefe de Gabinete a @DiputadosAR tal como lo establece la Constitución. En el contexto político-económico actual es fundamental que el Ejecutivo informe al Congreso, depositario de la representatividad federal, las acciones del oficialismo", escribió en sus redes Cobos.

El mendocino recordó que la Constitución Nacional en su artículo 101 establece que "el Jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71".

"A través de este proyecto esperamos que se retome esta saludable práctica democrática que, además de contribuir a la publicidad de los actos de gobierno, es indispensable para que los legisladores y la ciudadanía conozcamos la marcha de los asuntos de Estado", agregó el mendocino.

El diputado nacional Julio Cobos presentó junto a un grupo de diputados radicales un pedido de informes referido a la decisión oficial de suspender la obra pública.

El legislador mendocino explicó que “sabemos que el oficialismo tomó la decisión de suspender la obra pública, pero es fundamental conocer en detalle lo que esta decisión implica porque afecta directamente a millones de personas. Originalmente se aclaró que las obras con financiamiento internacional como las que cuentan con crédito del BID, del Banco Mundial o la CAF, seguirían su marcha normal. Esto es particularmente importante, ya que esos créditos de no ser utilizados pagan sobrecargos o multas. Es decir, es más oneroso no usarlos que sí hacerlo”.

“También se indicó que se respetarían los contratos en ejecución -observó-. Sin embargo, diversos medios informan que todas las obras públicas están paradas, sean con financiación del Tesoro o de un organismo multilateral de crédito, las empresas constructoras no reciben pagos desde noviembre, se han despedido a más de 70.000 obreros de la construcción y si esto continúa empezarán los despidos del personal permanente de las empresas”.

“Entendemos que la obra pública no es un gasto, sino una inversión necesaria para mejorar la calidad de vida de millones de habitantes del país. Hoy en Argentina, casi el 40% de la población aún no tiene cloacas y hay un déficit habitacional de más de tres millones de viviendas, está claro que si baja la inflación a tasas internacionales podrá reaparecer el crédito hipotecario; sin embargo, con los salarios medios actuales es imposible acceder a una vivienda. Por eso es necesario, con control y la transparencia necesaria, continuar con los planes de vivienda social existentes o generar nuevos más eficientes y accesibles”, señaló Cobos.

El ex gobernador de Mendoza indicó que “las grandes obras públicas tienen un impacto directo en el desarrollo productivo y comercial del país. Será muy difícil incrementar las exportaciones si no tenemos rutas adecuadas y modernas, infraestructura ferroviaria y portuaria actualizadas para hacerlo. Seguramente en algunos casos se podrá implementar la inversión privada, pero aún en el modelo chileno que el presidente de la Nación toma como ejemplo a seguir, sólo el 7 % de las obras públicas se hace por iniciativa privada”.

Para el diputado radical, “es entendible y loable buscar el déficit cero, pero no ejecutar obras ya contratadas con financiamiento internacional, no sólo no baja el déficit, sino que lo sube ya que se deben pagar cargos adicionales por no cumplir los términos de los créditos acordados y fundamentalmente, tienen un impacto social negativo muy grande que no puede ser desatendido por el Estado. Pensar en el futuro de una Nación y el modelo de país no puede estar reducido a un proceso de achicamiento o desguace, fundamentalmente debe estar apalancado en un proceso de construcción y desarrollo”.

Qué se pide conocer

A continuación, detalle del informe solicitado al Poder Ejecutivo en relación con la obra pública:

1. a) Organigrama administrativo del Ministerio de Infraestructura y Secretarías que lo integran; así como de Vialidad Nacional y del Ente Nacional de Obras Públicas y Saneamiento (ENOHSA).
2. b) Detalle de las obras públicas nacionales con financiación de fondos multilaterales internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Mundial, u otros; que están en ejecución así como su estado de avance porcentual certificado en los meses de diciembre del año 2023 y enero del año 2024, indicando el ente u organismo o empresa pública que las ha licitado, considerando sólo las obras cuyo monto básico de licitación fuese igual o mayor a 1000 millones de pesos.
3. c) Detalle de obras públicas nacionales financiadas por el Tesoro Nacional que están en ejecución y su grado de avance porcentual certificado en los meses de diciembre del año 2023 y enero del año 2024, indicando el ente u organismo o empresa pública que las ha licitado, considerando sólo las obras cuyo monto básico de licitación fuese igual o mayor a 1000 millones de pesos.
4. d) Planes de vivienda social en ejecución, en particular los desarrollos urbanísticos del Procrear II y cuáles se han suspendido.
5. e) Detalle de la política de vivienda que realizará el gobierno y si se prevén esquemas de financiación para primera vivienda.
6. f) Modalidad y plazo de implementación del sistema de obras por iniciativa privada “a la chilena” conforme lo manifestado por el presidente en su discurso de asunción el día 10 de diciembre de 2023.

Acompañan el proyecto los diputados Rodrigo de Loredo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Roberto Sánchez, Mario Barletta, Gerardo Cipolini, Natalia Sarapura, Marcela Antola, Manuel Aguirre y Marcela Coli.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) se mostró esperanzado a una semana de la asunción de Javier Milei como presidente de la nación, el próximo domingo 10 de diciembre y afirmó que desde el radicalismo le van a dar “gobernabilidad” y que el acompañamiento en las leyes “dependerá del contenido de las mismas”.

En diálogo por Radio Mitre, el mendocino sostuvo: “La esperanza la tenemos todos los argentinos. El presidente ha sufrido una transición buena de candidato a presidente electo y ahora la tendrá de presidente electo a presidente”.

Sobre dar gobernabilidad al futuro presidente, el legislador expresó: “Hay buena predisposición de todas las fuerzas políticas”, y planteó: “Acompañarlo en las leyes dependerá del contenido de las mismas”.

Siguiendo con esa línea apuntó: “En los temas que más preocupan a los argentinos como lo son economía y seguridad se respaldó en hombres de Juntos por el Cambio, como lo son Caputo (Luis) y Patricia Bullrich, en los otros cargos abrió el juego”.

En cuanto a la decisión del futuro partido gobernante de candidatear a propios para la presidencia de Diputados y Senadores -ya se confirmó que serán Martín Menem y Francisco Paoltroni, respectivamente-, el exvicepresidente opinó: “Viene bien que en diputados y senadores haya gente de La Libertad Avanza porque están en la línea sucesoria”.

“No conozco a Martin Menem, pero le vamos a facilitar las cosas, tampoco esta tan difícil ser presidente de la Cámara de diputados, en líneas generales lo vamos a acompañar”, aseguró Cobos y, sobre la idea de la “ayuda” a Martín Menem, generalizó: “Hay que dejar de lado las mezquindades que siempre están de moda en la política”.

Por otro lado, se refirió a la posición de la Unión Cívica Radical tras las elecciones y diferenció al partido centenario de sus socios en la alianza Juntos por el Cambio: “El Pro tiene más problemas que nosotros en esto de querer formar un cogobierno”, y aportó: “Decidimos con los gobernadores que no vamos a formar parte de este gobierno, somos oposición para ser el día de mañana una alternativa”.

“El radicalismo le va a dar gobernabilidad a Javier Milei”, aseguró el exsenador y manifestó con deseo: “Ojalá Milei se arrepienta de lo que dijo del radicalismo, así se arrepintió de lo que dijo del Papa”.

A Juntos por el Cambio, la ciudadanía nos asignó diferentes roles en los tres niveles de gobierno: municipios, provincia y Nación, de aquí que hoy nuestra fuerza tiene representación legislativa y ejecutiva a lo largo y a lo ancho de todo el país y quedó fuera de la disputa por la presidencia de la Nación.

La ciudadanía que nos votó fue para ser un nuevo gobierno, una alternativa tanto a la continuidad del gobierno actual, como también algo distinto a la propuesta de Javier Milei, no para ser oposición. No conseguimos el apoyo de la mayoría del electorado y es por eso que el resultado de la elección nos dio el rol de oposición, y es precisamente desde dónde debemos ubicarnos frente al nuevo gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre.

Al haber quedado afuera del balotaje, ser neutral significa que -orgánica e institucionalmente- no hay pronunciamiento a favor o en contra de alguna de las dos fórmulas que se enfrentarán en esa segunda vuelta. Es una decisión individual de la ciudadanía que definirá finalmente quién conducirá los destinos de Argentina los próximos cuatro años.

Debemos ser prudentes en nuestras declaraciones y respetar la neutralidad acordada en nuestro espacio. La neutralidad lleva consigo la abstención de cualquier manifestación a favor de uno u otro candidato o del tipo de voto, de todos aquellos que tenemos responsabilidad partidaria y/o institucional, sean legisladores, intendentes, gobernadores, autoridades partidarias, etc.

El fin es preservar la unidad de nuestro espacio que ya tiene asignado un rol por parte de la ciudadanía, si esa neutralidad no se cumple afectamos la consolidación del mismo y el mandato ciudadano. Tenemos muy en claro a quiénes representamos y que no somos los dueños de los votos de nadie y de ahí la prescindencia de nuestro espacio frente al balotaje.

Queremos fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio y representar a los argentinos que nos votaron, pero también mantener la institucionalidad de nuestro país. Por eso encontrarán siempre en nuestros legisladores la responsabilidad necesaria para trabajar en proyectos que se requieran para transformar los problemas estructurales que enfrentamos en materia de economía, seguridad y educación, entre otros.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR-JxC), junto a varios legisladores de diferentes espacios políticos, presentó un proyecto que propone modificaciones a la Ley de Tránsito (N°24.449), con el objetivo de “corregir una serie de inequidades y problemas que se dan en la práctica y afectan a miles de personas”. 

Al respecto, el mendocino sostuvo: “Luego de transcurridos casi 30 años desde la sanción de la ley, advertimos algunas deficiencias -tanto de la norma como su reglamentación- que dificultan la aplicación y la seguridad del sistema. Por eso es muy importante que, en base a la experiencia acumulada todo este tiempo, actualicemos y modifiquemos esta norma”.

Sobre la iniciativa, el radical explicó que “en primer lugar, para personas hasta 65 años, proponemos aumentar el plazo de validez de las licencias de conducir de 5 a 10 años para evitar que cada 5 años tengan que realizar un nuevo trámite para obtener la habilitación. Además, y con el mismo fundamento, queremos extender el plazo de vigencia de las licencias de conducir de 3 a 5 años para los mayores de 65 años y menores de 70; para los mayores de 70 años extenderlo de 1 a 2 años, eliminando también la obligación de rendir el examen teórico práctico, requiriéndose sólo el psicofísico”.

“El sistema actual sanciona con la caducidad de la licencia cualquier cambio de datos de las personas que no fuera informado a la autoridad de aplicación, generando un gran perjuicio a miles de usuarios. Además, la caducidad de pleno derecho de la licencia frente a estos hechos implica un grave riesgo para el sistema, ya que expone a los conductores muchas veces en la situación de conducir con una licencia caduca -por ejemplo, quien cambia de domicilio-, sin saberlo. Esto tiene graves consecuencias para el sistema de seguro contra terceros y la cobertura de responsabilidad civil, afectando a terceros que ninguna responsabilidad tienen en el hecho. Por eso proponemos que sea el propio Registro Nacional de las Personas quien tenga la obligación de informar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cualquier cambio en los datos de las personas que se le informen”, ahondó Cobos. 

En ese sentido, el diputado señaló que “esto perjudica a la ciudadanía y no tiene sentido porque el Estado no puede requerir del ciudadano a través de sus diversas agencias, información que ya tiene en su poder. Mucho menos sancionar con la caducidad de pleno derecho, la omisión por parte del ciudadano de informar al propio Estado, datos que aquel ya le dio”, agregó.

Finalmente, el legislador expresó que es necesario llenar un vacío legal de la ley vigente y su reglamentación, por eso “se crean dos nuevas categorías de licencia de conducir para vehículos de arrastre. Por un lado la que denominamos Clase B3, para automóviles, camionetas, vans de uso privado y casas rodantes motorizadas hasta 4.500kg. de peso total, esta incluye la clase B.1 y B.2.Por otro, también se crea la Clase B3.1 para automóviles, camionetas, vans de uso privado y casas rodantes motorizadas hasta 4.500kg. de peso con un acoplado de hasta 1.500kg. o casa rodante no motorizada”.

Además de legisladores de Juntos por el Cambio, acompañaron el proyecto los oficialistas Eber Pérez Plaza, Liliana Paponet y Daniel Arroyo; y los diputados del interbloque Federal Alejandro “Topo” Rodríguez y Florencio Randazzo. 

Luego de la media sanción del proyecto de reforma de la Ley de Alquileres, el diputado nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) aseguró: “Buscamos dar previsibilidad en este marco de incertidumbre”. 

“Todos sabemos el contexto económico en el que estamos viviendo y el impacto de la inflación en la vida cotidiana. El peor escenario respecto de la Ley de Alquileres era dejar las cosas como estaban, porque el contexto económico actual generó una multiplicidad de acciones. Entendemos que originalmente la ley buscó dar protección y garantías tanto al locador como al locatario, pero la realidad es que hoy en la práctica se establecieron diversas relaciones contractuales por fuera de la ley, lo que genera un vacío jurídico, y así se empeoraron las condiciones retrayendo inclusive la oferta que hoy intentamos recuperar”, analizó. 

El mendocino explicó que “lo que se logró en la Cámara de Diputados aprobando el dictamen de minoría es que se reduzca el plazo del contrato de tres a dos años; en cuanto al plazo para ajustar se deja libertad para que acuerden las partes en un período que va de cuatro meses a un año, y finalmente que se acuerde entre partes el sistema de ajuste a adoptar, ya sea índice de precio mayorista, consumidor, variación del salario o cualquier combinación de índices que acuerden las partes”.

“Algo muy importante a destacar es que incluimos en esta modificación diferentes incentivos para los locatarios con el objetivo de reactivar la oferta de inmuebles. Aprobamos una serie de incentivos fiscales para aquellos que destinen sus inmuebles a alquiler de casa habitación familiar. En primer lugar, se les facilita su registración en el monotributo, pudiendo ejercer sus actividades comerciales y a la vez registrar hasta tres propiedades para alquilar, tienen la posibilidad de pagar menos Bienes Personales por las propiedades destinadas a alquiler de casa habitación familiar siempre que no superen el mínimo exento y se los libera de pagar el impuesto al cheque”, enumeró.

Por último, Cobos reiteró su pedido al Senado para que apure la ley sobre los créditos UVA: “Necesitamos que la Cámara alta aborde con urgencia el tema de los créditos UVA que tratamos en Diputados hace un par de meses, con la intención de recuperar el crédito hipotecario, hoy ausente en nuestro país, para que los actuales inquilinos también puedan acceder en un futuro no muy lejano a su vivienda propia”.

Hacer realidad la presa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento es una tarea ineludible del próximo gobernador de Mendoza. Esta es una obra que trasciende generaciones y su importancia estratégica para Mendoza y la región es innegable. Además, y a esta altura cómo negarlo, desistir de Portezuelo del Viento que es un compromiso con todos los mendocinos en general y con los habitantes del sur en particular, es darle la razón al oficialismo pampeano y a su oportunismo político. Primero Mendoza, eso debe ser una prioridad absoluta para quién ocupe el cargo de gobernador.

El convenio original y acuerdos posteriores

Los orígenes del reconocimiento de los derechos de Mendoza. El gobernador Arturo Lafalla inició reclamos por los decretos del presidente Carlos Menem, pidiendo que se restituyeran a Mendoza las sumas de dinero que por coparticipación dejaba de percibir Mendoza debido a la desgravación de impuestos a empresas del régimen de promoción industrial que beneficiaba a provincias vecinas. Al ser por decreto y no por una ley como establece la Constitución Nacional, eran inconstitucionales. El por entonces Procurador de la Nación, Nicolás Becerra, dictaminó que Mendoza tenía razón, pero su dictamen no era vinculante para la Corte. Por eso Mendoza solicitó una resolución extrajudicial para recibir el pago de los impuestos no percibidos y así se logró ese acuerdo político que contemplaba el pago total, como si se hubiera ganado un juicio; de ahí el desistimiento porque la Nación reconoció por primera vez lo que se reclamaba.

En ese momento se decidió que el dinero se transformara en una gran obra para Mendoza: la provincia licitaba y construía la represa y la Nación se haría cargo de los costos de Portezuelo del viento. La obligación que asumió la Nación era y es por la totalidad de la obra, sea cual fuere el valor. Así en el convenio firmado en mi gestión con el gobierno nacional en 2006 se indica: “El Gobierno Nacional toma a su cargo el financiamiento en territorio de la Provincia de Mendoza de la obra denominada "Presa y Central Portezuelo del Viento" que integra el proyecto denominado "Aprovechamiento Integral de los Recursos Hídricos del Río Grande - Trasvase del Río Grande al Río Atuel" de acuerdo a los montos indicados en el Anexo I del presente Acuerdo”.

Esto fue una decisión estratégica con visión de largo plazo, preservando el valor de la obra, y que fuera una realidad más allá de quién y cuándo se realizara la misma, es decir logramos garantizar el valor real de la obra actualizada en el tiempo porque sabíamos que su ejecución requería un largo plazo. El convenio fue el reconocimiento explícito de la Nación y fue el mejor reaseguro para nuestra provincia.

En el año 2019 y ya con el proyecto definitivo, el gobernador Cornejo firmó un convenio con el gobierno nacional actualizando el monto original del 2006 a un valor total de 1023 millones de dólares, con un mecanismo de transferencias para enfrentar la ejecución de la obra. Tal como lo indica el compromiso firmado, los fondos que se giran se deben destinar a Portezuelo del Viento u otras obras de generación hidroeléctrica: “Las letras intransferibles serán depositadas en una cuenta comitente de la Provincia en el Banco de la Nación Argentina y sus servicios serán transferidos a un fideicomiso que será constituido por la Provincia a los fines de la ejecución de la obra y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial".

El desafío que viene

Para dar un destino distinto a esos fondos de Mendoza debería acordarse con el futuro presidente, pero además se tendría que explicar muy bien a los habitantes del sur mendocino por qué esta promesa postergada por décadas y contando con los recursos necesarios, no será una realidad. Abandonar, aceptar los caprichos de La Pampa y ocupar los fondos en otros destinos sin dar la discusión y ganarla, no es la opción correcta. Esperamos que el próximo mandatario provincial esté a la altura del desafío y concrete esta obra de generación de energía fundamental para Mendoza.

Además, de desistir con la realización de Portezuelo del Viento dejaríamos un mal antecedente porque aceptaríamos las arbitrariedades que se nos pretenden imponer, condicionando cualquier otra obra que se pretenda hacer a futuro y debilitando así la factibilidad de los mismos.

Si al final y a pesar de todo el camino es la resignación, tampoco debemos perder la oportunidad de desarrollar otra obra de generación en nuestros ríos, que con el producido de la misma se pueden concretar escuelas, hospitales, canales, caminos, etc. Este círculo virtuoso de invertir en generación y reinvertir lo obtenido le seguirá proveyendo de beneficios a la provincia y a toda la ciudadanía. Entiendo que este fue el espíritu de lo establecido en el convenio del 2019 que como dijimos hablaba de Portezuelo del Viento u otra obra de generación, pero siempre de generación hidroeléctrica. El próximo gobierno podrá ver el inicio de las obras de generación, pero lo producido lo verán los subsiguientes. Se entiende que la tentación es grande, pero hay que pensar como estadista y en las futuras generaciones.

Si concretamos Portezuelo del Viento y regulamos el río más caudaloso de nuestra provincia que al día de hoy no lo está, tendremos múltiples beneficios. Así considerando un precio medio para el mercado mayorista eléctrico, solo la producción de energía implicará un ingreso de más de 50 millones de dólares por año que tendrá un impacto positivo importante sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) en el sur provincial, fundamentalmente Malargüe, y en sectores estratégicos de Mendoza. Si además sumamos otras centrales hidroeléctricas hoy concesionadas a nivel nacional que volverán a posesión de la provincia el año próximo, se podrá generar un fondo con el cual construir nuevas obras que aseguren energías limpias y mayor garantía de riego a futuro.

Asimismo, no podemos dejar de lado la importancia de la continuidad de los actos de gobierno. El actual gobernador Rodolfo Suarez tomó la decisión de impulsar tanto Portezuelo del Viento -volviendo al proyecto original que requiere menos obras complementarias- como El Baqueano sobre el río Diamante.  Se ha iniciado un nuevo estudio de impacto ambiental solicitado por el COIRCO y ya se realizan distintas acciones para que, con otro gobierno nacional, Mendoza pueda hacer las obras que necesita para consolidar su desarrollo en energías limpias.

Defender Portezuelo es defender Mendoza. Por eso una vez más, convocamos a todos los sectores a defender la construcción del mismo y a nuestra autonomía para administrar esos recursos, porque pertenecen a todos los mendocinos y deben ser invertidos en una obra para mendocinos, para los de hoy, pero fundamentalmente para los del mañana, porque las generaciones que vienen necesitan energías limpias, trabajo, producción y un oasis y polo turístico único.

Defender Portezuelo del Viento es defender el empleo, el desarrollo y el futuro de Mendoza; por eso la persistencia, la paciencia y la perseverancia a lo largo de estos años. Defendámoslo, porque Portezuelo es Mendoza.

El diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) presentó un proyecto para impulsar propuestas de aprendizajes personalizadas a las necesidades enfocadas en estudiantes con discapacidad y dificultades de aprendizaje.

La iniciativa fue tratada durante el mandato de Roberto Mirabella como senador nacional (2019 - 2021), junto a legisladores de otros espacios políticos que dieron el visto bueno al proyecto, pero en 2022 perdió estado parlamentario. En este nuevo período vuelve a presentarse con las firmas del santafesino y Julio Cobos.

El texto propone que los estudiantes con necesidades de apoyos tienen derecho a estar incluidos en instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria del Sistema Educativo Nacional.

Además, especifica que las escuelas deben admitir la inscripción y reinscripción de los estudiantes con necesidades de apoyo. El rechazo por cualquier razón, sin una justificación fehaciente, “será considerado un acto de discriminación”.

“Este proyecto busca derribar barreras de aprendizaje y participación, a fin de garantizar una educación equitativa de calidad para todos y todas, con una perspectiva pedagógica centrada en el respeto a la diversidad, la universalidad y la no discriminación”, expresó el diputado.

Además, sostuvo que “esta iniciativa es para todos los estudiantes que necesitan acompañamiento para llevar adelante sus trayectorias educativas en cualquier institución de gestión pública o privada de nuestro país, según los lineamientos de la Ley Nacional de Educación Nacional”.

Del mismo modo, agregó que “se trata de una iniciativa con sustento en la generación de acuerdos entre las familias, los equipos de apoyo, las instituciones y los estudiantes para lograr una trayectoria escolar basada en reconocer el conjunto de saberes adquiridos de cada estudiante”.

“La educación inclusiva y de calidad es un derecho humano. Este proyecto busca derribar barreras de aprendizaje y participación, a fin de garantizar una educación equitativa de calidad para todos y todas, con una perspectiva pedagógica centrada en el respeto a la diversidad, la universalidad y la no discriminación”, señaló el diputado.

Por último, Mirabella explicó que “la educación requiere actualizaciones y ajustes constantes, en especial ante una sociedad diversa, plural y que está siempre en evolución”. “En este marco se insertan las diferentes capacidades de las personas que acceden al sistema educativo en todas sus modalidades y niveles obligatorios, y sus necesidades al momento de ejercer su derecho a la educación”, concluyó.

A menos de una semana para que el Congreso vuelva a funcionar tras el receso invernal, el diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) hizo un particular pedido al Senado de que “salga de la parálisis” y trate dos proyectos fundamentales que ya cuentan con media sanción de Diputados: Créditos UVA y el Registro de Deudores Alimentarios.

La Cámara alta, a cargo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no sesiona desde hace ya cuatro meses y el último intento fue el pasado 12 de julio la cual terminó cayendo por falta de quórum en la que, durante las expresiones en minoría, el oficialismo culpó a la principal bancada opositora.

En ese contexto, hay numerosos proyectos que aguardan ser tratados o, muchos de ellos, convertirse en ley porque tienen media sanción de Diputados. Por ese motivo, Cobos expresó su reclamo a través de las redes sociales: “Necesitamos que el Senado salga de la parálisis y trate temas fundamentales para la sociedad”.

“Hay proyectos aprobados en Diputados que no avanzan. Después de años de discusión se logró consensuar -entre otros- dos temas: Créditos UVA y deudores alimentarios”, remarcó y destacó que “ambos temas fueron apoyados por los diputados nacionales por Mendoza en forma mayoritaria, tanto del oficialismo como de la oposición, y tratados en diferentes sesiones consensuadas”.

En tanto, solicitó: “Necesitamos que se debatan. Apelamos a las autoridades del Senado, de comisiones, de bloque y en particular a los senadores por Mendoza, para que las impulsen y encuentren la forma de separar temas conflictivos que hoy frenan leyes beneficiosas para muchas familias”.

El proyecto que busca llevar un alivio a los deudores de créditos UVA logró la media sanción en la Cámara baja el 5 de julio del corriente año, mientras que la iniciativa que propone la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos fue aprobada en Diputados el 9 de noviembre de 2022 y presentada en el Senado recién el 5 de marzo de 2023.

Con el interbloque Juntos por el Cambio dividido, en la madrugada de este jueves se dio media sanción por 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones al proyecto de ley que busca llevar un alivio a los deudores de créditos UVA, un universo de casi 100 mil personas.

Las fisuras en el principal interbloque opositor, que habían quedado expuestas en comisiones, cuando la UCR firmó, junto al Frente de Todos, el dictamen de mayoría, mientras que el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz impulsó uno de minoría, que acompañaron con disidencias el Pro y la CC-ARI, se reflejaron en el tablero de votación.

Además del Frente de Todos, votaron a favor del proyecto los diputados del Frente de Izquierda y el interbloque Provincias Unidas. También los miembros de la UCR, aunque un pequeño puñado se abstuvo.
En Juntos por el Cambio, la división fue transversal no solo a nivel interbloque, sino en cada bloque, ya que, en el Pro, Evolución Radical y la CC-ARI hubo quienes votaron en contra y quienes lo hicieron por la abstención. Por La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarruel; por Avanza Libertad, José Luis Espert; y por Buenos Aires Libre, Carolina Píparo, se opusieron.

De acuerdo al texto aprobado, consensuado entre distintas propuestas, se crea el “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, y se establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

A su vez, la iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023.

Entre otros puntos, se determina que quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central.

Se prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.

Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)”, tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI. El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores.

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.

Las voces a favor y en contra

La titular de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio (FdT – Buenos Aires) inició el debate como miembro informante y explicó varios puntos del dictamen de mayoría: “El FFCPH se constituirá con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos UVA promovidos recientemente”.

Así también, advirtió que “se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales”. Asimismo, aclaró que ni el Tesoro Nacional, ni el Banco Central “promoverán líneas de crédito similares”.

Finalmente, aseguró que ningún beneficiario del crédito Uva que se encuentra en calidad de moroso “no será desalojado ni embargado”. “No habrá medidas cautelares ni judiciales en perjuicio de los deudores”.

Así, propuso tres modificaciones, una de ellas en el final del artículo 3 para agregar la frase “serán asumidos por orden causado”. En el artículo 7 se agrega en el primer párrafo “si de los saldos adeudados vigentes al momento de ejercer la opción implica que el importe de la cuota a abonar supera el 30% de los ingresos actuales considerando en/los deudores y computados en igual forma a lo previsto en el momento del otorgamiento de la financiación a opción del deudor se podrá extender la duración del plazo en no más del 25% de aquel originariamente pactado”. El artículo 24 en el primer párrafo debe decir “fondo fiduciario de compensación y promoción hipotecario”.

De la vereda de enfrente, el economista Martín Tetaz explicó las diferencias con dictamen de minoría que presentó: “No puede haber crédito UVA con una moneda inestable, pero es beneficioso con un contexto sin inflación”. “Nuestro planteo es no crear un problema donde no existe”, agregó.

En esa línea, clasificó los puntos que diferenciaron a su proyecto con el que mencionó la diputada preopinante: “No es cierto que el que sacó crédito UVA debe más que antes, al contrario, debe menos en dólares”, y añadió: “No es un problema del mecanismo UVA, es un problema de la alta inflación porque es un sistema justo que exige devolver exactamente lo mismo que prestó”.

“Hasta que no se recupere la brecha entre el salario real y el valor del metro cuadrado no habrá créditos hipotecarios”, indicó Tetaz. Así también, propuso que se incluya la posibilidad que la familia opte por atar su cuota a un índice de salarios.

Finalmente, explicó la posibilidad de crear un mecanismo para que la persona venda su casa con el crédito UVA. “El crédito más barato del mercado vale tres veces más que el más alto del UVA”, cerró.

El impulsor del debate sobre Créditos UVA, el radical Julio Cobos (Mendoza) expresó: “Buscamos recuperar el crédito hipotecario que no existe porque se rompió la equidad contractual entre el salario y el crédito tratando de ajustar”.

De esa manera, explicó que “a partir de septiembre del 2018, el salario perdió valor” y con esto “buscamos apuntalar al sistema hipotecario para reconstruirlo”. “Los tres poderes del Estado debieron intervenir en este tema que ya tiene 11 proyectos que se presentaron, y llevamos cuatro años debatiendo el tema”.

Además, sostuvo que “la morosidad no existe porque hubo cuotas congeladas”, y agregó que “el que saca un crédito UVA, lo último que deja de pagar es el crédito de la vivienda”.

“El problema lo generó el Estado con los altos índices inflacionarios, aunque la propiedad se revaloriza, pero la gente compra para vivir no para hacer negocios”, señaló.

Del mismo modo, afirmó que “para construir consensos hay que ceder”. Igualmente, definió que “si el país recupera los valores normales de inflación, esta ley va a resultar abstracta”. “Los créditos UVA representan el 2 por ciento de los préstamos y el 0,9 de los privados y es un problema insignificante para el sistema financiero”, cerró.

A su turno, el presidente del bloque de la CC-ARI, Juan Manuel López, contó que es tenedor de un crédito UVA y planteó: “Me parece que esa situación, por más de que esto no sea según las diferentes clasificaciones de los conflictos de interés, es un estándar que hay que cumplir de exponer los intereses que los legisladores tenemos a la hora de realizar nuestras votaciones”.

“La situación de los legisladores en materia de conflicto de interés es diferente a la de los funcionarios del Ejecutivo porque nosotros no somos reemplazables por un superior o trasladar la cuestión a otro ministerio. Las distintas previsiones que hay intentan que la posibilidad de que algún conflicto se presente se resuelva con la manifestación, al menos, del posible conflicto del legislador”, contó y planteó que es algo que los legisladores deben hacer “en cada oportunidad”.

Así, adelantó: “En ese sentido no estoy a favor del dictamen de mayoría. En mi caso en particular voy a votar en contra porque el dictamen y la propuesta de Tetaz me parecía más inteligente para mantener la herramienta del Crédito Hipotecario y para dar algunas soluciones al pequeño universo del 1% de los tenedores de créditos que no puede cumplir y al porcentaje indeterminado que les cuesta demasiado cumplir con esa obligación. El crédito hipotecario tiene una exención impositiva que tiene más de 20 años nominada en 20 mil pesos desde el 2000”.

“Hay algunas soluciones que podría haber implementado este Congreso y decidió no hacerlo por distintas razones. Yo en general las desconozco. En diciembre del 2019 el Congreso votó una Ley ómnibus con una infinidad de artículos en la que uno de ellos le encomendaba al Banco Central alguna solución utilizando la teoría de la imprevisión y, gasta ahora, el Banco Central ha demorado en dar solución. Seguimos trabados en promover soluciones. Tenemos que rechazar el dictamen de mayoría y reconocer que el problema de la inflación no lo ha solucionado nadie en cuatro años”, cerró López.

El economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) señaló que los contratos que, por esta ley se van a alterar, son contratos mercantiles y explicó que son “voluntarios, no coactivos”. “Que el Estado use su fuerza coactiva para modificar los contratos voluntarios, es una afectación de las reglas de juego severas en cualquier sociedad y más en un país que acumula 9 default y 5 confiscaciones de depósito”.

En segundo lugar, planteó: “Si el origen no es el sistema financiero, supongamos que hubiera deudores de vivienda única que fueron financiados por los promotores o por una escribanía, la desigualdad ante la ley es brutal. Acá lo único que es contemplado en casos iguales son los deudores del sistema financiero. No hay explicación de por qué tienen que ser tratados diferentes los deudores financieros o escribanía, más aún ¿por qué se endeudan en UVA y no en dólares o en ladrillos o en cualquier otro índice? ¿cuál es la razón? A mí me resulta incomprensible”.

“La suspensión de acciones judiciales, eso es muy grave hacerlo por ley porque significa que suspendemos los derechos de los actores por un acto príncipe y eso, naturalmente a largo plazo, afecta severamente, no a este mercado que prácticamente no existe, más aún para ser total transparente yo hubiese sugerido que nadie se endeudara porque en nuestro país no hay cultura para tener mercado de capitales, ni financieros, no hay cultura de deudas, entonces en la idea acá hay diputados que dicen que desconozcamos las deudas de todo tipo…por suerte esto tampoco es culpa del FMI, pero siempre está el mismo latiguillo”, planteó.

En cuarto lugar, manifestó: “El problema de la acción de la política pública es el problema de los casos aislados que tengan una verdadera dificultad y, en ese caso, lo que debería votar el Congreso es una ley para prever esos casos y, como el grueso de las deudas son de la banca pública casi el 80% son prestamos que el Estado no interviene, pero si el único que da estos préstamos son los bancos estatales. En ese caso bastaría una disposición del Poder Ejecutivo generando una alternativa de financiamiento”.

“Con esta ley se está poniendo un impuesto a los depósitos. Es un milagro que hoy alguien deposite en la Argentina, al que deposita hay que darle un beso en la mejilla porque confiscamos los depósitos cinco veces, hemos defaulteado la deuda cinco veces, y ahora la idea brillante que tenemos es ponerles un impuesto a los depósitos porque nadie va a creer que va a ser trasladado porque sería absurdo que alguien piense eso”, sumó.

En tanto, comparó: “Esta idea de los UVA se usa hace 60 años en Chile con las sociedades de fomento, en Uruguay, en ambos países a creado un mercado de crédito que es 20 veces que el mercado argentino; destruyendo esto estamos dolarizando. Es incomprensible de por qué en Chile y en Uruguay funciona y acá no”.

“El problema no es la inflación, no es verdad, sino que el nivel de vida en el país está bajando porque cada vez nos descapitalizamos más, nos empobrecemos más y fomentamos actividades que nos empobrecen, informalizando el mercado de trabajo, cada vez más pobres y menos productivos. Ese es el problema, no se arregla con una ley, se arregla cambiando las políticas e instituciones. Acá les gusta pulverizar el patrimonio de los bancos estatales con este tipo de medidas y hacer más regresivo el sistema impositivo”, remató.

Por su parte, el economista José Luis Espert (Avanza Libertad) sostuvo que con esta ley “será peor el remedio que la enfermedad”, minimizó el problema de los créditos UVA al comparar que “es utilizar un tanque de guerra para matar a un mosquito”.

En esa idea, el nuevo integrante del interbloque de JxC expresó: “El Congreso se está metiendo en un contrato entre privados que afectará la seguridad jurídica”. “Vamos a agregar más intromisión del Estado solo por 1400 casos, encima fue intervenido por varios Decretos de Necesidad y Urgencia”, cuestionó. 

“Nos vamos a poner a los bancos en contra y pedirán mayor tasa de interés a los próximos beneficiarios de créditos hipotecarios. Este proyecto es una caja de pandora”, señaló. “El verdadero problema es la tasa de inflación y no le estamos dando solución a los inquilinos al no derogar la ley de alquileres”, cerró.

Promediando el debate del tema, la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Paula Penacca, contextualizó el debate en el recinto que están dando para “intentar resolver un gran problema que nuestro proyecto político no generó, que nuestra gestión no generó”.

Y apuntó contra el gobierno de Cambiemos: “Es un problema que comenzó en 2016 cuando el macrismo en ese momento en le Gobierno, decidió crear ese tipo de crédito y, además, rompió una política crediticia, de acceso a la vivienda, que fue construida desde la concepción de la vivienda como un derecho que había existido desde el 2012 que fue el PROCREAR”.

En esa línea, respaldó el PROCREAR como una política de “acceso a la vivienda digna que se llevó adelante durante el gobierno de Cristina Kirchner significó poder inculcar ese derecho de tener vivienda digna. Lo que significó para le pueblo 197 mil créditos en solo 3 años, una inversión porque para nosotros esto no es un gasto que representó el 0,4 del PBI, la generación de 440 mil puestos de trabajo como un beneficio extra, y una capacidad de cobro casi total, solo el 0,05% de incobrabilidad”.

“Fue una política 100% virtuosa y no fue la única. No solo dejamos en el 2015 esta política virtuosa, sino también una sociedad con bajísimos niveles de endeudamiento y no solo las familias, sino la deuda estatal y empresarial”, ponderó y apuntó contra la oposición: “No nos sorprende que hayan llevado esta política porque en la Ciudad de Buenos Aires lo llevan hace 16 años”.

En el cierre, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, consideró que “cuando se aprobó la ley, si se hubiera aprobado con estas cosas que estamos proponiendo en esta modificación, no hubiéramos tenido ningún tipo de problema”. El porteño reveló que en 2016, cuando el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger le comentó el proyecto, él le dijo que “iba a terminar muy mal”, porque el crédito se ajustaba por un índice que no era el del ingreso de los tomadores del préstamo. “Era claro que la política que ellos venían a aplicar era la política de depreciación del salario”, cuestionó.

En su intervención, el oficialista aclaró que esta discusión “no se trata de negocios inmobiliarios, sino que un determinado sector de la sociedad, con un determinado nivel de ingresos, que puede llegar a la vivienda”, pero enfatizó que “esta no es la solución del problema de la vivienda en Argentina, ni por asomo” ya que “hacen falta políticas públicas de otra envergadura”.

Al mencionar el tema de la inflación, que se tocó durante todo el debate, el diputado comparó: “La inflación es a la economía lo que la fiebre a una persona. Las personas no se enferman de fiebre, tienen fiebre y hay que buscar la razón por la que la tienen”. “Se habla de la inflación como un fenómeno autónomo y hay que dar la discusión de por qué hay inflación”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó como causas “la puja distributiva a favor de los grupos económicos” y que hasta el FMI “reconoció que los altos niveles de deuda generan inflación”. “Claro que hay que atacar la inflación, pero no hay que atacarla generando recesión, generando ajuste para hacerle pagar las consecuencias a la población. Hay que atacarla metiéndose con la puja distributiva, con las ganancias de los grandes grupos económicos y con los que fugan. El problema no es el déficit fiscal, sino los que fugan, los que no pagan, los que se la llevan”, remarcó.

Finalmente, ponderó que con el radical Julio Cobos “hemos consensuado este dictamen después de un arduo trabajo que muestra que se pueden llegar a acuerdos y todos hemos concedido”. “Esto no resuelve el problema, pero lo morigera; resuelve la situación para atrás de los deudores vigentes y crea una expectativa positiva hacia adelante para quien quiera tomar un crédito de acá en adelante”, finalizó.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR) formó parte de la delegación argentina en la sesión del Comité Especial de Descolonización.

En 1961, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un Comité Especial para examinar la aplicación de la declaración sobre la descolonización. Actualmente, el Comité analiza la situación de los 17 territorios no autónomos pendientes de descolonización (entre los que se encuentra la cuestión de las Islas Malvinas), y adopta resoluciones para cada caso.

“Una vez más las Naciones Unidas, a través del Comité de Descolonización, reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, e instó, a través de una resolución presentada en esta oportunidad por la República de Chile, a ambos países a negociar para encontrar una solución pacífica a la controversia. Este pedido se realiza todos los años debido a la necesidad de mantener vigente la Cuestión Malvinas y, en particular para nosotros, de hacer expreso nuestro reclamo soberano ante la comunidad internacional", expresó Cobos al cierre de la sesión.

Además, el radical destacó que se haya dado en el marco del Día de la Bandera, "para reclamar ante Naciones Unidas y todo el mundo, nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Ojalá pronto volvamos a ver flamear la celeste y blanca en las islas, territorio nacional argentino”.

“Reclamamos ante la comunidad internacional nuestros legítimos e irrenunciables derechos soberanos sobre estos territorios. Este objetivo permanente nos guía hacia la búsqueda de una solución definitiva a la controversia y a la recuperación de los territorios, respetando los principios del derecho internacional", agregó el mendocino.

Finalmente, Cobos ratificó que "las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional argentino. Las islas se encuentran ocupadas ilegalmente por el Reino Unido y por eso son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Defendemos la solución pacífica del conflicto y la necesidad de establecer un diálogo bilateral con el Reino Unido para resolver la cuestión Malvinas”.

La comitiva oficial estuvo integrada además por sus pares Rosana Bertone, Carolina Yutrovic, Mabel Caparrós (FdT-Tierra del Fuego); Eduardo Valdés (FdT-CABA), Graciela Camaño (IB-Buenos Aires) y Alberto Asseff (Pro-Buenos Aires). También participaron los senadores nacionales por Tierra del Fuego María Eugenia Duré (FdT) y Pablo Blanco (UCR).

El diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) celebró el triunfo electoral de JxC en Mendoza y en San Luis y expresó: “Queremos fortalecer la UCR dentro del espacio JxC y por eso entendemos que tiene que haber fórmulas propias”. Por otro lado, bregó para ques e emita dictamen sobre los Créditos UVA que será debatido este miércoles en Diputados en un plenario de comisiones.

En diálogo por la AM 990, el vicepresidente tercero de la Cámara baja se refirió a los triunfos electorales de JxC este fin de semana: “La elección en Mendoza fue buena y tuvo una muy buena participación. Con un triunfo importante de lo que es Cambia Mendoza, pero con la sorpresa que uno de los candidatos que enfrenta a Alfredo Cornejo, Luis Petri, sacó el 40% de los votos en la interna con lo cual está encumbrando un principio de liderazgo y renovación dentro de lo que es Cambia Mendoza. El segundo lugar fue para Omar de Marchi que pertenecía a un dirigente del Pro y decidió formar parte de la elección por fuera de Cambia Mendoza y sumó dirigentes de distintos sectores de la política mendocina y el tercer lugar fue para el FdT con el 16% de los votos”.

“Fue una elección muy reñida en cuanto a votos individuales y conquistó el espacio con un claro triunfo a 20 puntos de Cambia Mendoza”, ponderó.

Sobre las elecciones en San Luis, opinó: “Muy buena elección de Claudio Poggi. Fue muy buen gobernador y la gente de San Luis lo quiere y lo valora mucho y confió en él. Hizo una buena elección y va a hacer una buena gobernación. Así se rompe el Gobierno que año tras año se han ido pasando y traspasando los hermanos Rodríguez Saá y con el condimento especial que Adolfo formó parte de lo que es Cambia San Luis y apoyó a Poggi en una pelea que tiene hace años con su hermano Alberto”.

“Queremos fortalecer la UCR dentro del espacio Juntos por el Cambio y por eso entendemos que tiene que haber fórmulas propias y lo cierto es que  uno ve que va obteniendo triunfos en municipios, en intendencias, en gobernaciones y falta consolidar un liderazgo a nivel nacional que está naciendo una fuerza tanto con Facundo Manes como con Gerardo Morales, no es tarea sencilla, pero no cabe la menor duda que la UCR va a tener una buena representación las próximas elecciones y fortaleciendo su postura de partido tradicional con principios y convicciones para encarar el desafío de las PASO”, cerró al respecto.

Créditos UVA

Por otro lado, fue consultado por el tema de los Créditos UVA cuyo debate será retomado este miércoles en un plenario de comisiones: “Se rompió la equidad contractual porque en todo contrato de largo plazo debe regir un equilibrio de mantenimiento de las condiciones. La relación de porcentaje respecto del salario se rompió. Hubo en los primeros contratos celebrados entre 2017 y 2018 se mantuvo, pero luego comenzó la inflación a escala por encima de los salarios y esto originó angustia y reclamos judiciales. Congelamientos decretados por ambos presidentes, pero ninguno de los dos dio soluciones de fondo”.

“En lo personal vengo insistiendo con proyectos para que se de una solución justa, un acuerdo compartido entre beneficiarios y bancos y hemos llegado un proyecto de acuerdo y vamos a ver qué pasa el miércoles en el plenario para ver si logramos uno o dos dictámenes que brinden una solución porque hoy no tenemos créditos hipotecarios en Argentina y por eso tenemos los problemas de alquileres porque la oferta cada vez es menor porque no hay créditos que tiendan a disminuir el déficit estructural de viviendo del país y tratamos de dar  una solución hacia el pasado y el futuro”, planteó Cobos.

Así, sostuvo que “la gran inflación que tenemos es un problema para el inquilino, para preservar a la durabilidad de los contratos por 3 años y esto es un inconveniente porque perjudica a ambos”.

“Se estudió mucho a una solución y se llegó a dos dictámenes, pero no hay un convencimiento en general que ninguno de los dos proyectos vaya a dar una solución al problema y por eso no se trata y llevan más de un año los dictámenes y no se trata”, afirmó sobre la Ley de Alquileres y aseguró que “pedimos que, mientras tanto, deroguen la Ley mientras estudiamos una nueva y mientras mejoran las condiciones macroeconómicas. Es algo que tenemos que resolver con los Créditos UVA porque son problemas que tienen los argentinos y veremos cómo se encamina esto dentro de la agenda de Diputados”.

El diputado nacional mendocino Julio Cobos presentó lo que definió como “un proyecto para corregir una situación injusta en las licencias establecidas en la ley de contrato de trabajo, específicamente en relación a la licencia por nacimiento prematuro, ya que no contempla la excepcionalidad de estos casos y lo que implica tanto para el recién nacido como para su familia”.

El legislador radical señaló que “el artículo 177 de la ley de contrato de trabajo se refiere a los nacimientos pretérmino, pero sólo establece que se acumulan los 90 días asignados al pos parto, algo que no refleja las necesidades reales de la persona nacida, ni mucho menos contempla el estado en particular ni las situaciones especiales que deberán afrontar sus progenitores una vez producida el alta hospitalaria. Por eso proponemos que para el caso de nacimiento prematuro la licencia por nacimiento sea, a partir del alta hospitalaria de la persona recién nacida, de noventa días corridos para los casos de bajo riesgo y de 120 días para los de alto riesgo. En caso de nacimiento a término, pero considerado de bajo o alto riesgo, la licencia será equivalente a la de nacimiento prematuro. Para acceder a esos plazos la persona gestante debe presentar en ANSeS el certificado de nacimiento prematuro y fecha de alta hospitalaria, si no lo hace se tomará la licencia de noventa días desde el día del parto”.

“Está comprobado que el regreso al hogar de los niños y niñas con baja edad de gestación en determinados casos requiere de cuidados específicos intensivos, como por ejemplo vigilar la respiración, por lo que las personas a cargo deben conocer su patrón habitual y controlar los movimientos del tórax, los ruidos que hace al respirar y la cantidad de respiraciones por minuto.  En algunas situaciones se suma a esto el monitoreo de las apneas leves o la administración de medicamentos y oxígeno adicional. Esto se sumas a varios factores que requieren la atención permanente luego del alta hospitalario del recién nacido. Con esto queremos graficar el grado de excepcionalidad que sucede en la realidad de esas familias, pero que la legislación no contempla”.

Asimismo, el diputado radical indicó que “como está la ley, esa licencia posparto puede haber sido consumida en los pasillos de neonatología incluso sin alta debida para regresar a la casa. Esto es injusto e inequitativo, no sólo para la familia sino también para la persona nacida que pasó sus escasos meses de vida en una institución médica sin el cobijo permanente de sus afectos. Por eso proponemos modificar la ley y aumentar los días de licencia ante nacimientos prematuros”.

Además, Cobos explicó que “conforme a la legislación vigente se establece una desigualdad en los derechos laborales, ya que ante un nacimiento pre término, no es lo mismo trabajar en el sector público o en el privado, ser docente o trabajador o trabajadora agraria, desempeñar funciones en la administración pública nacional o en la provincia de Buenos Aires o en La Pampa, porque no hay un criterio unificado a nivel nacional. Queremos dar un piso de referencia que garantice el principio de igualdad ante la ley y asegure los derechos establecidos en el decálogo de Unicef del 2010 respecto de los derechos de los y las recién nacidas prematuras, en especial el que consagra que “la persona nacida de parto prematuro tiene derecho a ser acompañada por su familia todo el tiempo. Es algo que se ha trabajado bastante en el Congreso incluso lo presentamos anteriormente en conjunto con el ex diputado nacional sanrafaelino Federico Zamarbide, pero que sin embargo aún no logramos que sea plasmado en ley, espero que logremos aprobarla y corrijamos esta situación”.

El vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados, Julio Cobos presentó un proyecto para crear un bono de puntaje nacional para facilitar la presentación de documentación a docentes que se trasladan a otras provincias.

El diputado radical explicó que “el país cuenta con un Sistema Educativo Nacional, pero cada jurisdicción tiene sus propias reglamentaciones y formas independientes de adhesión e implementación de las leyes nacionales, las cuales inclusive se presentan en distintos momentos según sea la provincia”.

“Esto no solo trae inconvenientes a la hora de pensar en calidad educativa ya que son distintos los contenidos que estudia un chico de una provincia con otra, también a los docentes al momento de postularse y ejercer su labor”, señaló.

Del mismo modo, expresó: “Si un docente decide mudarse a otra provincia, sería muy fácil de pensar que puede con su bono de puntaje presentarse a trabajar sin inconvenientes en el nuevo lugar, pero no es así, realmente hoy para los docentes es como comenzar de nuevo”.

Además, agregó que “tiene que volver a presentar certificaciones que muchas veces no reconocen el mismo puntaje que en su lugar de origen, incluso esto se da en capacitaciones de programas nacionales: un mismo programa puede tener distintos puntajes en diferentes provincias”.

También, sostuvo que “es incomprensible dicha situación siendo que vivimos en un mismo país, estudian los mismos contenidos y todos educan a ciudadanos argentinos”. “Por eso presentamos este proyecto buscando subsanar esta inequidad y dando mayor certeza a los docentes de todo el país”, indicó.

“La idea es crear un bono de puntaje que les permita a los docentes trabajar en cualquier lugar y jurisdicción del territorio nacional con el único requisito de poseer un bono nacional”, señaló Cobos.

Por último, el mendocino explicó que “el proyecto no busca eliminar los bonos provinciales, sino que funcionen a la par. Cada provincia podrá decidir si lo adopta como único sistema o convive con los dos”, y cerró: “Unificar criterios de evaluación es una tarea que debe asumir el Estado. Esta ley es solo un paso para facilitar el acceso laboral de nuestros docentes, mejorar la calidad educativa y encaminarnos a la carrera horizontal docente”.

Varios diputados nacionales del bloque de la Unión Cívica Radical, encabezados por Pedro Galimberti, presentaron un proyecto de resolución para que el Gobierno informe sobre la situación del país respecto de su pertenencia al Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

Al igual que Galimberti, acompañaron con su firma esta iniciativa los diputados radicales Manuel Aguirre, Martín Arjol, Lidia Ascárate, Gustavo Bohuid y Julio Cobos.

Galimberti expresó: “Según declaraciones recientes de funcionarios, el Gobierno argentino habría enviado una carta al organismo solicitando el retiro de la Nación Argentina del mismo”, agregó: “El 5 de mayo, representantes de los demás países miembros emitieron una declaración sobre la intención de Argentina de cesar su membresía”

El autor del proyecto de resolución sostuvo que le dijeron, de otras naciones, que ven con sorpresa la comunicación realizada por la República Argentina, y que existe la intención de ser reconsiderada su membresía, aunque por ahora continuará contando con su participación plena en la institución.

El diputado señaló que “la situación es preocupante ya que, según la información publicada por el Ministerio de Economía hay en ejecución 25 proyectos financiados con recursos del FONPLATA, por un monto de 602,56 millones de dólares, de los cuales 346,23 millones de dólares -el 57 por ciento- tienen previsto su desembolso entre 2023-2027. Esto nos preocupa ya que, de ser verídica la información, la misma se tornará efectiva en un año, es decir, durante el siguiente período presidencial”.

"Estas son las razones que nos llevaron a presentar el proyecto para tener una declaración de certeza respecto de cómo está el país en cuanto al FONPLATA. Además, interesa saber qué deuda tiene el país con dicho organismo y, en caso de que efectivamente se haya solicitado el retiro de la Argentina del mismo, cómo se realizará el plan de pago de las obligaciones pendientes y cómo continuará el financiamiento de las obras a finalizar luego de 2023", señaló Galimberti.

Una de las obras que se desarrolla con este Fondo en Entre Ríos es la refuncionalización del Centro de Frontera Concordia - Salto (Uruguay), adjudicada el 19 de octubre de 2021 y las tareas se iniciaron en septiembre de 2022, por un monto inicial de 475 millones de pesos, a finalizar en 2024. Aunque posteriormente, en el listado de Obras que Inciden en Ejercicios Futuros, adjuntada al artículo 11 de la Ley de Presupuesto 2023 (Ley 27.701), se enmarca esta obra a finalizar en 2025, con una asignación total de 632,9 millones de pesos.

“Estas obras son sólo unos ejemplos de los proyectos en ejecución con recursos del FONPLATA que, ante una eventual retirada de la Nación de este organismo de crédito, quedarían comprometidos su finalización”, advirtió Galimberti.

El domingo pasado, la diputada nacional Susana Laciar (Producción y Trabajo – San Juan) obtuvo el triunfo en las elecciones para intendenta de la capital sanjuanina y expresó que “los sanjuaninos estamos despertando de este modelo de corrupción y atropello a las instituciones”.

Además, Laciar advirtió que “nos reunimos con todos los referentes y han respetado nuestra propuesta de representar a Juntos por el Cambio en San Juan”. “Somos un modelo diferente al modelo populista que viene gobernando la Argentina”, aseveró.

En declaraciones a Radio Perfil, la jefa comunal de la Ciudad de San Juan afirmó que “nosotros formamos parte de Juntos por el Cambio” pero recordó que “en 2007 integramos el Frente para el Cambio que iba anexado al Frente para la Victoria junto al radicalismo en nuestro espacio provincial, pero poco duró”.

En esos años, Laciar y el senador nacional Roberto Basualdo apoyaban a la expresidenta Cristina Kirchner que tenía como como compañero de fórmula al vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados, Julio Cobos, pero “nos fuimos en la época de la 125”, remarcó.

“No íbamos a quedarnos en el partido de una vicepresidenta condenada por corrupción”, señaló Laciar, y concluyó: “Debemos ir por el camino de la democracia y las instituciones, y terminar con el populismo y la corrupción”.

A su regreso de Corea del Sur, donde participó de la Cumbre Mundial por la Paz, el diputado nacional Julio Cobos (UCR) se reunió con parlamentarios y científicos en Estambul, Turquía, para formalizar encuentros con universidades de la región. Más precisamente, facultades de ingeniería abocadas a evaluar la respuesta estructural de edificios, puentes y viaductos, producto del terremoto que sufrió ese país y Siria, registrado el 6 febrero pasado.

El exvicepresidente recordó: “Apenas ocurrió esa catástrofe que se cobró 40.000 vidas, cientos de miles de heridos, y más de 300 mil viviendas y edificios que requieren ser reconstruidos, solicité al Congreso de la Nación que nuestro país expresara su solidaridad y se pusiera a disposición. Ahí iniciamos contactos con la embajada de Turquía en Argentina para poder canalizar las donaciones y logística".

"En ese trabajo conjunto con el embajador de Turquía en Argentina, Süleyman Ömür Budak, planificamos mi presencia en este país y la reunión con el congresista Ali Sahin y el vicerrector de la prestigiosa Universidad Técnica de Estambul, profesor doctor Mustafa Kumral”, reveló.

En tal sentido, el mendocino fue portador de dos cartas de intención de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, firmada por su decana, Patricia Infante, y de las autoridades de la UTN Facultad Regional de Mendoza, ingeniero José Balacco y Miguel Tornello.

“Estoy muy conforme porque la respuesta del vicerrector de la Universidad Técnica fue muy positiva y se va a avanzar con el convenio de cooperación, algo sumamente importante para ambos países, y en particular para Mendoza, tanto por ser una zona sísmica como por el desarrollo que tiene sobre esta materia”, destacó el legislador.

Cobos explicó que “es común que en estos tipos de eventos cuando se producen sismos de esta magnitud, se analizan, sobre todo en los centros de investigación ubicados en zonas sísmicas como Mendoza, San Juan, etc., a efecto de evaluar el comportamiento y la respuesta estructural ante el impacto de los sismos producidos. Cada sismo tiene características particulares y siempre los que llegan a nivel destructivo son profundamente analizados para ver modificaciones de las normas de diseño sismo resistente y así preservar ante todo los daños estructurales sobre todas las vidas ante terremotos destructivos, así que para Mendoza es prioritario este tipo de intercambio como se ha producido en los terremotos de Japón y de México, entre otros, por la importancia que tienen a nivel académico y científico, y obviamente el impacto en la sociedad de cada país”.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) disertó en Cumbre Mundial por la Paz, en Corea del Sur, invitado por la Universal Peace Federation International (UPF). En su exposición, se refirió a los desafíos contemporáneos para el orden global y el camino para alcanzar la paz mundial.

Además de Cobos, en representación de Argentina fueron viajaron el presidente del Congreso Mundial Interreligioso, doctor Gustavo Guillermé, y el expresidente Eduardo Duhalde, quien a último momento desistió por razones personales.

Cobos explicó que “la UPF es una ONG con estatus Consultivo General del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y a esta cumbre por la paz asisten dirigentes de diversos países del mundo. Se espera el aporte, entre otros, de experiencias personales para una convivencia pacífica, aportes a la paz en la península de Corea, situación sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, alternativas frente a situaciones de desigualdad, terrorismo y narcotráfico, perspectivas de cooperación e integración de América Latina”.

“En tiempos desafiantes como los que vivimos y estando aquí presente, no quiero dejar de hacer un llamado para que todos los pueblos del mundo vivan juntos en paz y mantener vivo el sueño de la reunificación de la Península de Corea. El tiempo nos ha enseñado el incalculable valor de la vida en armonía y en prosperidad, algo que los pueblos del mundo anhelamos y merecemos”, señaló el exvicepresidente en la apertura de su discurso.

El legislador radical hizo referencia a una experiencia personal que lo marcó en relación "al valor incalculable de la paz y el impacto en el individuo". “A fines del año 1978, siendo alumno egresado del Liceo Militar, estuve a cargo de una compañía en la frontera de mi país con la vecina República de Chile, a punto de entrar en guerra por un diferendo territorial. La oportuna intervención y mediación del papa Juan Pablo II trajo paz a nuestra región y evitó el derramamiento de sangre entre hermanos. Era muy joven y estuvimos a punto de iniciar una guerra, agradezco infinitamente que haya primado el diálogo y el acuerdo para la paz", recordó y resaltó: "De hecho, luego de esa crítica situación podemos decir que logramos transformar la energía puesta en el conflicto en potenciar nuestros vínculos de cooperación y hoy nuestra relación con la República de Chile es un ejemplo frente al mundo de cómo podemos resolver las diferencias con la mirada puesta en la paz y la mutua comprensión”.

Además, el exgobernador de Mendoza llevó el reclamo por las Islas Malvinas. "Siendo este un foro internacional tan importante, y como lo hemos realizado siempre en cada uno de este tipo de reuniones, reiteré nuestro legítimo reclamo soberano sobre las Islas Malvinas”, contó. "Mencioné la situación de nuestras Islas Malvinas, por las que hemos sufrido en carne propia el infortunio de la guerra. Es aún una asignatura pendiente que necesita del diálogo y el compromiso efectivo, que asegure un acuerdo pacífico y justo, dando cumplimiento a la resolución 2065, entre otras, de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Por otra parte, el diputado de Juntos por el Cambio habló sobre “la falta de cumplimiento del derecho internacional, que ponen en riesgo la paz regional o la paz mundial. Ante los lanzamientos de misiles del Corea del Norte, o la invasión a otro país por apetencia territorial. No es posible que Corea del Norte ejecute lanzamientos de misiles que, hasta por error, pueden afectar a millones de inocentes; como tampoco es admisible que Rusia haya decidido invadir Ucrania para concretar un supuesto sueño imperial que, lejos de ello, se convirtió en una pesadilla de muerte y destrucción para la ciudadanía de ambos países”.

"La paz no es algo abstracto, es tangible e impacta en la vida de cada ser humano que habita este planeta. Como me sucedió en la historia que conté al inicio, como seguramente debe haber un ejemplo en cada uno de ustedes. Nos unen valores universales e inalterables de suma importancia en el progreso de nuestros pueblos. Construyamos juntos las oportunidades para un nuevo orden mundial sustentado en la paz, la reconstrucción de los liderazgos, la representación legítima y el desarrollo armónico y mutuo de todas las naciones del mundo”, completó.

Luego de terminado el encuentro, Cobos se reunió con el embajador de Argentina en Corea del Sur, Alfredo Carlos Bascou.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) presentó un proyecto en la Cámara baja para que el Ministerio de Salud autorice la producción y liberación de machos estériles del mosquito responsable de transmitir el dengue, con el fin de cortar la reproducción y disminuir la población silvestre de la plaga.

“Atravesamos una compleja situación epidemiológica respecto del dengue y la fiebre chikungunya. Más de 41 mil casos de dengue, 39 muertos y circulación en la mayoría de las provincias, configuran un panorama que preocupa y entendemos que, a las medidas de prevención y control conocidas, podemos sumar otra estrategia para combatir la plaga", señaló el radical.

Y propuso: "Queremos llevar desde Mendoza una técnica similar a la que utilizamos para combatir la plaga de la mosca del Mediterráneo. Es importante que se ponga en conocimiento de todas las provincias y países de la región, que existe una metodología desarrollada para diseminar mosquitos machos esterilizados y así cortar la reproducción del denominado mosquitos tigre”.

El exvicepresidente destacó que “Mendoza es reconocida en el mundo por el control de la denominada mosca del Mediterráneo, a partir de la liberación aérea y terrestre de moscas estériles producidas en la Bioplanta del ISCAMEN". "Esta técnica del insecto estéril se basa en un método de control de natalidad del insecto/plaga a combatir y nos permite proteger la producción agrícola y poder cumplir con los estándares para exportar al mundo. Esto se hace a partir de la producción de insectos que se crían y esterilizan de forma masiva y luego se liberan al ambiente; estos machos esterilizados al unirse con las hembras silvestres interrumpen el ciclo biológico del insecto, disminuyendo la población silvestre de la plaga. Esto mismo se puede realizar con el mosquito tigre, responsable de la trasmisión de dengue y chikungunya”, explicó.

Cobos mencionó además que en su provincia "se desarrolló la Técnica del Insecto Estéril (TIE) para el control del mosquito que inocula los virus dengue, zika y chikungunya. Por eso, en el 2019 el Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Mendoza (ISCAMEN) firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Energía Atómica para desarrollar la técnica que permite controlar la proliferación del mosquito".

"El ISCAMEN posee una larga trayectoria y reconocimiento en el desarrollo de esta técnica, además cuenta con la infraestructura y los recursos humanos especializados necesarios para la producción de mosquitos machos estériles para liberar en las zonas afectadas por la enfermedad”, ponderó y dijo que este organismo "ya ha realizado las pruebas necesarias para producir el mosquito estéril y por eso pedimos al Ministerio de Salud que acelere todo el proceso requerido para analizar la viabilidad, autorizar este procedimiento y comenzar la producción". "Pensemos que esto será un importante aporte para toda la región de América del Sur”, finalizó el legislador.

En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados sancionó por unanimidad, con 210 votos, una ley sobre diagnóstico humanizado del Síndrome de Down, con el objetivo de brindar contención y acompañamiento a las familias que reciben la noticia durante el embarazo o el nacimiento de su hijo/a.

La iniciativa, que venía siendo reclamada fuertemente desde ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), había tenido media sanción del Senado en diciembre de 2021, impulsada por quien fuera en ese momento senador, el radical Julio Cobos.

En tanto, en diciembre del año pasado, se incluyó en los temarios de sesiones que se frustraron y no se pudieron realizar en la Cámara baja.

La presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Mónica Fein (PS-Santa Fe), defendió el proyecto que tiene como objetivo “discutir la necesidad de abordar un cambio de paradigma en el sistema de salud, en el vínculo entre el sistema de salud y las personas”.

“Específicamente nos están pidiendo que busquemos humanizar aún más el sistema de salud, buscando la herramienta donde el diagnóstico y los pronósticos puedan generar en el vínculo médico-paciente una relación diferente”, señaló la diputada socialista.

Resaltó la importancia de “este proyecto que fue impulsado por familiares, madres, padres, organizaciones como ASDRA”, y agregó: “Como integrante de la comisión, todos sabemos que hay permanentemente actualizaciones científicas, tecnológicas, pero muchas veces se dedica poco tiempo en profundizar cómo los vínculos, el contexto, acompañan y cuidan a una familia en un momento tan importante como el nacimiento de un niño o niña”, señaló.

Fein consideró que “es momento de pensar el paradigma del sistema. Pensar cómo el sistema muchas veces no le da el tiempo para que ese vínculo se profundice y pueda acompañar de otra manera”, y cerró resaltando que esta iniciativa tuvo aprobación unánime en el Senado, y la misma “no hace más que profundizar un concepto que todos los que estamos en salud creemos: humanizar, generar vínculos, fortalecer la información y acompañar y cuidar a aquellos que más lo necesitan”.

A continuación, la diputada Anahí Costa (FdT-Catamarca) destacó que esta iniciativa “reconoce derechos fundamentales, como son el acompañamiento y la contención a los pacientes y sus familias. Todos hemos recibido en algún momento de nuestras vidas diagnósticos de nuestra persona o los que nos rodean, y siempre deben ser humanizados. Por supuesto que es importante lo que se dice, pero más importante aún cómo se dice”.

El proyecto “tiene un objeto central que es la información y capacitación de los equipos de salud. Promover la apertura temprana para asegurar la calidad de vida. Y no solo abarca al diagnóstico de Trisonmia 21, sino también a otras patologías asociadas a la discapacidad”, agregó,  para resaltar que “escuchar a las mamás y papás contando sus experiencias con respecto al momento de recibir el diagnóstico, es movilizador, nos deja una gran enseñanza y debemos trabajar muchísimo en eso”.

A su turno, la diputada Dina Rezinovsky (Pro-CABA) celebró el tratamiento de este proyecto que en pocos minutos sería ley. “Es un día de mucha alegría para miles de familias en todo el país, y creo que es un antes y un después para las familias que pueden llegar a vivir en sus vidas alguna vez la necesidad de tener esta ley”, señaló.

Luego dijo que mucho había hablado durante los debates en comisión, y que se preguntaba a sí misma qué decir esta vez, y encontró la respuesta en un posteo de Instagram que graficaba una situación en particular sobre cómo una familia llegó a un diagnóstico. El posteo representaba mejor que nada el tema y lo leyó. Contó el caso de “Romi”, que acababa de dar a luz a Fausti. “¿No entendiste mami, no?”, le preguntaba una persona del servicio médico. Su compañero ya no le sostenía la mano y había salido de la sala de  partos. Cuando obstetras y parteros recibieron a su hija, le dijeron: “Mamá, tu hija puede tener un problema genético”. Ella seguía en shock y ante la pregunta de si no había entendido, respondió que no. “Es muy probable que tenga síndrome de Down”, completaron.

Ya en su cuarto, para ella debía ser el día más feliz de su vida y se lo convirtieron en una pesadilla. Romi no puede dejar de llorar –leyó la diputada Rezinovsky-, y se preguntaba “por qué me pasa esto a mí”. En ese momento le traen a su hija y se produce el primer click: “Es lo que siempre soñé, es nuestra familia”, dice Romi. El segundo click se da por la noche, cuando su compañero comienza a buscar a asociaciones como ASDRA para que lo contengan e  informe.

“Que esta ley sirva para que las familias nunca tengan que p asar por situaciones como esta”, concluyó la diputada.

Impulsor de la ley en su mandato como senador, el diputado Julio Cobos (UCR-Mendoza) destacó que “afortunadamente en nuestro país tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil que complementan la labor del Estado, y que por ahí nos indican el camino a seguir o las sugerencias a los legisladores sobre problemáticas que viven en carne propia. Este es un típico caso”. El proyecto es “simple pero necesario”, afirmó y expresó: “Yo celebro que esto se transforme en ley”. 

Durante su discurso hizo un pedido especial a las presidentas de las comisiones de Salud (Mónica Fein) y Familias (Roxana Reyes) sobre la cuestión de que “la libreta de salud no contempla los parámetros de crecimiento y desarrollo para los chicos con síndrome de Down”. “Esto no tiene ningún costo, simplemente son dos o tres hojas de libreta que hay que incorporar”, explicó. 

Poniendo el foco en la responsabilidad de los profesionales, el diputado Luis Di Giacomo (JSRN-Río Negro) dijo que quería “llamar la atención sobre el aspecto del diagnóstico humanizado”, sobre el cual hay proyectos para distintos tipos de enfermedades.

“Lo que hay que cambiar es la formación de los profesionales de salud, en general, y de los profesionales de la educación, para que de alguna manera puedan superar los prejuicios, que los tienen como cualquiera dentro de la sociedad, y puedan emitir un juicio razonado respecto de quien tienen enfrente para ser atendido, educado o acompañado en lo laboral”, sostuvo el presidente de la Comisión de Discapacidad. 

En esa línea, el rionegrino consideró que “habría que hacer una ley para que aquel que no trate bien a un paciente o una persona, como se lo merece, y… tiene que ir preso, se le tiene que sacar la matrícula, tiene que tener el castigo a lo que no está haciendo correctamente. Porque lo correcto es que atienda humanizadamente”. 

En un discurso muy emotivo, pues se basó en su experiencia personal, el diputado José Luis Gioja (FdT-San Juan) manifestó: “No tengo dudas que este proyecto será una política pública muy importante en el área de salud”. “A nivel personal soy un afortunado por contar en mi vida con mi hijo, más allá de su condición, sin ‘peros’. No hay un pero que menoscabe la felicidad de tener un hijo tan especial”. 

Puntos principales de la ley

De acuerdo a la flamante norma, el diagnóstico deberá hacerse mediante una adecuada comunicación interpersonal e información objetiva y actualizada de la condición informada.

Los objetivos de la ley son: proveer a los progenitores información completa, precisa y actualizada; promover la capacitación en el modelo social de discapacidad y sensibilización de los equipos de salud.

También, promover la atención oportuna y estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de síndrome de Down para asegurar su calidad de vida en igualdad de oportunidades; y contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad, evitando la difusión de estereotipos o el surgimiento de nuevas formas de discriminación.

Entre sus funciones, la autoridad de aplicación tendrá que: promover la formación y capacitación continua a profesionales de la salud; elaborar y difundir un protocolo respecto de la comunicación y la información que debe proveerse a las personas cuyo hijo en gestación o recién nacido recibe un diagnóstico de síndrome de Down; generar, colectar y sistematizar la información respecto a la cantidad de casos diagnosticados; y difundir cartelería en los establecimientos de salud respecto de los derechos de los progenitores.

La ley establece que la comunicación que realicen los profesionales deberá realizarse en un ámbito de intimidad y, de forma presencial o a través de un medio de comunicación o plataforma tecnológica, que haga posible sostener una comunicación interpersonal de calidad y garantice su privacidad; asegurar la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas y consultas; y ser empática, en lenguaje claro, actualizada, neutral, respetuosa de la dignidad de las personas con discapacidad y en formatos accesibles con una perspectiva en derechos humanos.

A su vez, se indica que "al momento del diagnóstico prenatal o posnatal, deberá proveerse información en los términos de la Ley 26.529 (Derechos del Paciente) y la vinculada a la condición diagnosticada, recomendaciones de seguimiento clínico, recursos, grupos y asociaciones de acompañamiento y contención de las personas con discapacidad y sus familias, servicios sanitarios y de apoyo públicos y de la sociedad civil, así como los sitios de interés para usuarios que reciban el diagnóstico prenatal o posnatal del síndrome de Down".

A pesar de que para este miércoles fue convocado un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda para tratar el controvertido tema de los créditos Uva, un grupo de diputados encabezados por el vicepresidente tercero de la Cámara baja, Julio Cobos (UCR) mantiene el pedido de sesión especial para este miércoles 22 de marzo.

La sesión especial está directamente ligada a lo que ocurra en el plenario de comisiones donde se analizarán once proyectos sobre este tema presentados en el ultimo tiempo, que durante 2022 tuvo varias reuniones sin encontrar solución al problema que afecta más de 100.000 familias.

Cobos explicó que en la sesión convocada para este miércoles 22 de marzo a las 14 buscarán tratar el proyecto de ley de renegociación de los contratos para créditos hipotecarios de vivienda única otorgados en unidad de valor adquisitivo.

En otra instancia, el radical explicó: “Desde hace meses cientos de familias peregrinan por bancos y juzgados buscando un salvavidas antes de que sea tarde. El problema existe y ha sido detectado por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo tomó medidas -congelamiento de las cuotas-, tanto la gestión anterior del ingeniero Macri, como la actual del presidente Alberto Fernández”.

Del mismo modo, amplió: “El Poder Judicial receptó demandas de individuos y les dio la razón y hasta solicitó al Parlamento que avanzara con una ley nacional para brindar soluciones de fondo a todas esas familias. El Legislativo finalmente aceptó tratar el tema el año pasado, pero aún nos falta una solución definitiva. Quiero destacar que esta sesión ha sido solicitada por legisladores de diferentes fuerzas políticas, a quienes agradezco profundamente. Espero que podamos a partir del diálogo y el aporte de todos, encontrarlas y plasmarla en una ley”.

El diputado nacional y vicepresidente tercero de la Cámara baja, Julio Cobos (UCR – Mendoza) analizó la situación actual del país. Habló de las candidaturas dentro del interbloque opositor y resaltó: “Teniendo candidatos cada espacio se fortalece JxC y se habla de un único plan de gobierno independiente de quien gane”. Por otro lado, criticó que “hoy en día la agenda esta vinculada al Poder Judicial”, afirmó que Cristina Kirchner “no está proscripta”, y consideró que al presidente “se le ha ido socavando el poder”.

También resaltó el lanzamiento de la candidatura del actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En el plano económico, analizó la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y volvió a pedir por el tratamiento de los Créditos UVA.

En una larga entrevista por la AM 990, Cobos recordó el conflicto que se originó con la resolución 125 y opinó: “Lamentablemente poco hemos aprendido, porque a veces es solo un conflicto, pero tiene que servir para aprendizaje para no cometer errores con lo cual el mensaje que dejó el conflicto de la 125. Primero si hay decisiones equivocadas hay que dar una marcha atrás y volver a empezar e ir encausando la decisión política errónea y no morir con las otras cuecas a costa de todos, porque trae consecuencias como la que ocurrió con la 125 que transformó una legislación económica en un conflicto social. No había en las góndolas mercadería, estaban las rutas cortadas, hubo enfrentamientos entre la gente del campo y militante. Esto nos tiene que dejar una lección”.

“La segunda lección es el rol que tienen que tener presidente y vice que tienen que trabajar codo a codo, consensuando medidas a tomar y hoy ha demostrado que poco se ha aprendido de aquella situación que ya hace 15 años, que para algunos fue el origen de la grieta y que, hoy por hoy, la falta de diálogo, la falta de consenso, que todo se mide que ‘si vos lo presentas entonces yo no te doy la venia para que todo suja’, se convierte en una agenda que hoy está todo vinculado al Poder Judicial dejando de lado los temas de seguridad, económicos, la ley de alquileres, los créditos hipotecarios”, criticó.

En un párrafo aparte, aclaró que “la postura de no presentarnos a las comisiones y debatir fue solo en extraordinarias”, y comentó: “Yo he pedido sesión especial para el miércoles que viene a las 14 para resolver el problema de los créditos hipotecarios”.

Créditos UVA

Al respecto, Cobos explicó: “Cuando se dieron los créditos había una proporción entre el valor de la cuota del crédito y el salario y eso representaba un porcentaje. En todo contrato se debe mantener lo que se llama equidad contractual a lo largo del tiempo y si se rompe esa equidad hay que ver qué mecanismos se usan para compensar”.

“Lo cierto es que la inflación en el momento en el que se sacaron los créditos había una proyección de la inflación del 10%, mas menos 2%, y que se fue acelerando y ya el último de la gestión de Mauricio Macri se puso un congelamiento en agosto de 2019 para que no se aumentara la cuota mientras se encontraba una solución”, relató.

En esa línea, criticó que “la solución no vino, vino Alberto e hizo tres congelamientos sin ninguna solución, al contrario, porque esos congelamientos no implicaban que se daban por cancelados los aumentos. Se acumuló deuda tanto de capitales como de intereses que se incorporaron en un número más de cuota del préstamo, pero la deuda siguió aumentando”.

A su vez, precisó que “el proyecto que tenemos dice que se retrotraiga el valor de la cuota a agosto de 2019 fecha del primer congelamiento y se actualice con la evolución del salario y que se genere un fondo compensador porque los bancos tienen garantías de los depósitos, que para aquellos bancos que han prestado estos créditos, esos fondos puedan atender esas diferencias y que el Estado pueda aportar de manera voluntaria para fomentar los créditos hipotecarios”.

Lanzamiento de la candidatura de Gerardo Morales

De cara a los próximos comicios y tras el lanzamiento de la candidatura a la presidencia de la Nación de Gerardo Morales -titular de la UCR-, el diputado mendocino aseguró que existe “la posibilidad de entrecruzar dentro de nuestro espacio político hombres y mujeres que pertenezcan a JxC, nosotros tenemos el peronismo republicano que lidera Miguel Ángel Pichetto, quizás Gerardo Morales ha expresado esta visión porque le ha tocad gobernar Jujuy con un compañero del peronismo”.

“Teniendo candidatos cada espacio, se fortalece JxC porque la sociedad pude elegir y a veces hay matices hay perfiles distintos, hay candidatos que les gustan más y todo suman y se habla de un único plan de gobierno, se habla de un solo gobierno independientemente de quién gane”, destacó Cobos.

Renegociación con el FMI

En el plano económico, el exgobernador por Mendoza manifestó que “el fondo siempre interviene en los procesos de transición de países que se encuentran en crisis financiera”, ante lo que se sinceró: “A mí no me gusta que se recurra al fondo, pero no había opciones porque cuando se recurre al Fondo ya no hay posibilidades de confianza en el mercado interno y las tasas de interés vuelan por las nubes por el riesgo país”.

“El fondo facilita el dinero para lograr la estabilidad, y después el fondo confía en el que país se recupere para pagar la deuda. Hoy esta instalada la inestabilidad porque, si bien se frenó la crisis económica, pero sigue constante la inflación arriba de 6 puntos y el riesgo país por las nubes que impiden aún salir del endeudamiento”, advirtió.

Y explicó: “Lo que dice el fondo es lo que pide de aumentar las reservar, son medidas que hay que a ver en países que buscan estabilidad, pero hoy por hoy tenemos tanta incertidumbre en la economía que se agrava con la diversidad de dólar y que hace que el ministro saque el dólar vino, cuando lo lógico y razonable es que haya un solo tipo de cambio”.

Gobierno Nacional

Por último, opinó que “Cristina no está proscripta porque hasta que no haya sentencia firme de la corte no entra en rigor lo que decreto la cámara por la causa de vialidad mientras se apele”.

Por otro lado, expresó: “Creo que Alberto tenía más poder como jefe de Gabinete que como presidente. Había hecho una buena gestión, ordenaba los ministerios y actuaba bajo la decisión que le daba Néstor Kirchner”.

“No ha ejercido la autoridad como correspondió a la hora de tomar decisiones y ordenar la relación con la vicepresidenta”, consideró el radical y lanzó: “Se le ha ido socavando el poder, porque de origen el poder se lo dio ella al elegirlo como presidente y no supo administrar la relación. Lo hacen culpable de muchas cosas como si ellos no fuesen parte del gobierno”.

El vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados, Julio Cobos (UCR – Mendoza), habló este jueves de la situación que afronta la ciudad de Rosario y opinó que “habría que actuar con una fuerza especial antinarcotráfico para lograr resultados”.

Del mismo modo, el radical expresó: “Si uno hace una encuesta, el 90 por ciento te va a decir que hay que intervenir con las fuerzas militares por la inacción del Gobierno”, y explicó: “El Gobierno recurre a la desesperación para intervenir. El tema del narcotráfico es un delito federal”.

En declaraciones a CNN Radio, Cobos detalló que el problema del narcotráfico no es solo una cuestión militar, sino que “es un tumor que llega a policías, jueces y funcionarios”. Así también, amplió: “Tiene que ser fuerte la inteligencia criminal en esta lucha”.

“No solo se resuelve con fuerzas policiales, se necesita una coordinación entre todas las fuerzas. Lo más lógico sería el reemplazo de gendarmería por el ejército en las fronteras”, señaló el exvicepresidente de la Nación.

Por otro lado, sostuvo que “cualquier mención del ejercito hiere susceptibilidades, pero hay que ir actualizando su rol mediante capacitación y perfeccionamiento”. “Falta una visión integral de la seguridad en Argentina”, siguió.

Consultado por la interna dentro de Juntos por el Cambio, Cobos explicó: “Lo primero que tiene que hacer es JxC es ensamblar una propuesta de Gobierno en seguridad para unificar una idea y respaldar al espacio político”. “Si el radicalismo se fortalece con un gran candidato fortalece a todo el espacio”, indicó.

Asimismo, manifestó: “Los radicales queremos fortalecer el espacio y tenemos la oportunidad de obtener un gran resultado”, y concluyó: “El miércoles acompañare al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en el lanzamiento de la precandidatura”.

Legisladores de diferentes bloques firmaron en la tarde de este martes un pedido para solicitar una sesión especial para el próximo miércoles 22 de marzo, destinada a abordar la temática de los créditos UVA.

Julio Cobos señaló que “durante todo el año pasado intentamos lograr una solución a la problemática de los créditos UVA; hicimos un acuerdo con las autoridades de la Cámara, logramos que se realizaran las reuniones de comisiones, escuchamos a las distintas partes y aun así, no logramos tener un dictamen y que baje al recinto”.

“No podemos dilatar más el tratamiento, por eso con el acompañamiento de legisladores y legisladoras de diferentes bloques, solicitamos una sesión especial para el 22 de marzo”, remarcó el mendocino en referencia al pedido suscripto por 41 diputados de todos los sectores, incluso el oficialismo.

Agregó el legislador radical que “diariamente, distintas personas que son tomadores de hipotecarios UVA reclaman que se retome el tratamiento del tema y como finaliza el periodo de extraordinarias y en cumplimiento del compromiso asumido, pido que nos aboquemos en forma urgente al tratamiento. Confío en que podamos llegar al recinto con una propuesta consensuada y unificada que contemple los requerimientos de todas las partes tal cómo lo expresaron oportunamente en los plenarios de comisiones”.

Además, Julio Cobos dijo que “desde hace meses cientos de familias peregrinan por bancos y juzgados buscando un salvavidas antes de que sea tarde. El problema existe y ha sido detectado por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo tomó medidas -congelamiento de las cuotas-, tanto la gestión anterior del Ingeniero Macri como la actual del presidente Alberto Fernández. El Poder Judicial receptó demandas de individuos y les dio la razón y hasta solicitó al Parlamento que avanzara con una ley nacional para brindar soluciones de fondo a todas esas familias. El Legislativo finalmente aceptó tratar el tema el año pasado, pero aún nos falta una solución definitiva. Quiero destacar que esta sesión ha sido solicitada por legisladores y legisladoras de diferentes fuerzas políticas, a quienes agradezco profundamente. Espero que podamos a partir del diálogo y el aporte de todos, encontrarlas y plasmarla en una ley”.

Finalmente, Cobos expresó que “la solución debe contemplar un esfuerzo compartido, debe lograr aliviar la situación de los tomadores, no desfinanciar al Estado ni perjudicar el ahorro ni al sistema bancario y debe reactivar el sistema de créditos hipotecarios. Nadie quiere que dejen de pagar sus compromisos, nadie quiere afectar el sistema de créditos, por el contrario, el objetivo es reactivarlo; tampoco nadie quiere perder su casa ni que la pierdan. Lo que no resolvemos desde la política lo resuelve la justicia. Todos queremos una solución viable, de esfuerzo compartido y sostenible en el tiempo y espero que el próximo 22 de marzo y en el recinto de la Cámara baja, aprobemos una ley que cumpla esos requisitos”.

Quiénes firman el pedido

Por la UCR, suscriben la solicitud los diputados Ricardo Buryaile, Mario Negri, Facundo Manes, Lisandro Nieri, Mario Barletta, Manuel Aguirre, Lidia Ascarate, Gabriela Lena, Miguel Bazze, Fernando Carbajal, Miguel Nanni, Martín Arjol, Soledad Carrizo, Juan Carlos Polini, Jimena Latorre, Víctor Hugo Romero, Jorge Rizzotti, Jorge Vara, Marcos Carasso, Pedro Galimberti y Julio Cobos.

Del Pro están Alvaro Martínez y Omar De Marchi.

Además están los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein; Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero); Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro); Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense); los cordobeses Carlos Gutiérrez y Natalia de la Sota (Córdoba Federal); Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Domingo Amaya (Encuentro Federal); Danya Tavela, Gabriela Brouwer de Koning y Marcela Antola (Evolución Radical), y Carlos Zapata (Ahora Patria).

Por el Frente de Todos, firmaron Roberto Mirabella, Eber Pérez Plaza, José Luis Gioja y Adolfo Bermejo.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de declaración ante el anuncio del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, de suspender su participación en el Tratado sobre la Reducción de Armas Estratégicas, conocido como New Start.

“Desde el inicio mismo de la invasión rusa a Ucrania, el Congreso de la Nación ha manifestado públicamente el fuerte rechazo a la guerra y hemos pedido por una solución pacífica de los conflictos y en el marco del derecho internacional", recordó el legislador de Juntos por el Cambio.

Luego del reciente discurso del presidente Putin, el mendocino aseguró: "Estamos muy preocupados por la escalada que puede tomar este conflicto, mucho más cuando se refiere a tratados de no proliferación nuclear". "La República Argentina siempre estará del lado de un desarme nuclear completo, verificable, transparente e irreversible y eso es importante dejarlo en claro”, remarcó.

El exvicepresidente insistió en la "preocupación" por "el anuncio del presidente de la Federación de Rusia de suspender la participación de su país en el único acuerdo bilateral de desarme nuclear que existe con Estados Unidos, a pocos días del primer aniversario de la invasión". "Este tratado firmado en 2010 fue diseñado con la intención original de prevenir una guerra nuclear ya que limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que ambos países pueden desplegar y otorga a cada uno el poder de inspeccionar al otro. Este control mutuo permite mantener un estándar mínimo de no proliferación de armas nucleares, fundamental para mantener la paz; no darle continuidad es una mala noticia para todos los países del mundo”, explicó.

En su iniciativa, el radical señaló que “por una cuestión estratégica de seguridad internacional, se debe dar continuidad al desarme paulatino y progresivo y a la inspección de las instalaciones nucleares por parte de la comunidad internacional; para que cada una de las dos potencias firmantes necesita tener claro que la otra está cumpliendo su parte”.

"Los anuncios realizados por el presidente Putin se oponen a nuestra política de Estado de avanzar hacia un desarme nuclear completo, verificable, transparente e irreversible. Necesitamos un mayor compromiso por parte de los Estados poseedores de armas nucleares para lograr medidas concretas hacia el desarme y es, en este sentido, que considero oportuno que se exprese el Congreso de la Nación”, completó Cobos.

El vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados, Julio Cobos, presentó este jueves un proyecto para actualizar, mejorar y hacer más eficiente la Ley de Financiamiento Educativo.

De esa manera, expresó: “Argentina tiene una tradición importante en cuanto a legislación sobre aspectos relacionados a la Educación”, y agregó: “Una de esas leyes, surgida de un amplio consenso y con metas y objetivos claros, fue la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que introdujo cambios importantes en materia de financiamiento y articulación Nación con provincias”.

El proyecto establece un aumento de la inversión educativa con metas anuales en términos de porcentaje del PBI, como también definió el aporte de la Nación -un 40 por ciento- y de las provincias -un 60 por ciento- en ese aumento.

También, se estableció el destino prioritario del aumento de la inversión en términos de metas educativas, por ejemplo, la inclusión del 100 por ciento de los niños y niñas de 5 años en el nivel inicial, el acceso a escuelas primaria de jornada extendida por parte de al menos el 30% de los alumnos, incorporación de Tecnología de la información y comunicaciones, entre otras”, explicó el diputado nacional.

“A 18 años de la promulgación de esa ley, ha llegado la hora de rediscutirla, actualizarla y mejorarla. Insisto en este punto, es una muy buena ley por eso partimos de la misma base para proponer modificaciones; contamos con la ventaja de poder analizar lo sucedido en estas casi dos décadas de vigencia de la ley 26.075”, señaló

Del mismo modo, agregó: “Detectamos problemas que queremos subsanar; por un lado, el bajo aporte de Nación al sistema inicial, primario y secundario, por otro el nivel de discrecionalidad en el sistema de transferencia y la falta de planificación de los programas”.

En relación al cumplimiento de la meta de financiamiento, Cobos detalló que “las políticas educativas financiadas por el Estado nacional -es decir el 40% que éste aporta- se organizan en diferentes programas presupuestarios; con nuestra propuesta buscamos mejorar los fondos que computa la Nación para el cumplimiento de esta ley, y que pueda verse reflejado en una mejor distribución de los mismo en todo el sistema educativo y no como sucede en la actualidad que se concentra principalmente en las universidades, lo que resulta en un desfinanciamiento en los sectores más concentrados como son el nivel inicial, primario y secundario”.

“El financiamiento de esta población de alumnos se realiza en un 90% con recursos provinciales, y sólo un 10% con recursos aportados por Nación. Esto es unos de los puntos más importante que buscamos mejorar, si logramos transformarla en ley, en la práctica el financiamiento de los POA -plan operativo anual- se triplicaría en relación con la actualidad”, expresó.

Además, sostuvo que "otro gran problema que presenta la ley es la subejecución de las partidas asignadas a los diversos programas que integran el POA, ya que las provincias elevan este a principios de cada año y se aprueban varios meses después. Para ello, los convenios bilaterales deben integrar la Ley de Presupuesto de cada año, acompañado con la evaluación del grado de cumplimiento de las metas fijada del ejercicio anterior antes del 30 de septiembre del año anterior a su ejecución. Esto evitará dilatar la ejecución de los fondos, mejorando la asignación, planificación y evaluación de los recursos”.

Finalmente, Cobos expresó que “Creemos que es parte de las asignaturas pendientes que debemos solucionar, es decir una mayor inversión de la nación en los sectores más concentrados, un seguimiento de las metas establecidas, y una mejor distribución y planificación de los recursos”.

Este viernes el Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado de la Nación el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Estadístico Nacional -incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias- que buscar establecer “un sistema estadístico nacional moderno, fortalecer la autarquía y la independencia”.

Al respecto, el diputado nacional y vicepresidente tercero de la Cámara baja, Julio Cobos (UCR – Mendoza), explicó que la iniciativa “pretende crear un Sistema Estadístico Nacional aplicable incluso a municipios y provincias y crear un INDEC descentralizado y autárquico”, pero que “nuestra primera impresión es que no lo logra por diferentes motivos”.

“En primer lugar no se logra la independencia, por cuanto la designación del director ejecutivo o directora ejecutiva del INDEC debe en principio realizarse por el Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Senado de la Nación. No obstante, tal designación también puede hacerse en comisión solo por el Ejecutivo Nacional lo que implica, sin más, la total falta de independencia del funcionario que resulte designado”, consideró.

En ese sentido, comparó: “Un caso similar se da en el Banco Central donde su presidente carece de acuerdo del Senado desde que inició su mandato el presidente Alberto Fernández. Por lo tanto, la falta de independencia en el caso es más que evidente”.

En segundo término, Cobos señaló que “el proyecto establece que la remoción del director ejecutivo o de la directora ejecutiva será decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir sin intervención del Senado. Una muestra más de la falta de independencia, que coloca a la cabeza del supuesto organismo autárquico a tiro de decreto”.

Por último, el radical dijo que “se pretende una vigencia para las provincias y municipios, aunque no se las invita a adherir a la norma, lo que a priori implica un avance sobre las autonomías provinciales, algo que el Congreso no debe convalidar”, y agregó: “Es de esperar que durante el tratamiento de la norma, los señores y señoras legisladores corrijan los defectos citados y defiendan tanto la independencia del Poder Legislativo en la designación del director, como las autonomías provinciales en la aplicación de la norma”.

En reunión pre-campaña, el diputado nacional Julio Cobos mantuvo una reunión con el gobernador jujeño y presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien está anotado en la carrera presidencial dentro de Juntos por el Cambio.

"Le agradezco mucho su invitación a participar en el desarrollo del programa de gobierno a nivel nacional en el que viene trabajando con su equipo”, manifestó el mendocino luego del encuentro.

El exvicepresidente reveló que durante la reunión coincidieron en varios aspectos, entre ellos que “es necesario ordenar la administración nacional en lo relativo a fondos fiduciarios y empresas del Estado, que hoy originan más de 5 puntos de déficit del PBI".

"Además, recuperar fondos específicos en materia habitacional y vial, que hoy están totalmente disminuidos. También descentralizar subsidios de transporte y energía, transfiriéndolos a las provincias de manera institucional, sistemática y sin margen de discrecionalidad", continuó.

El legislador señaló que ambos hablaron sobre "la necesidad de avanzar en una reforma fiscal e impositiva, previo al ordenamiento del Estado; establecer un programa integral de inversión y generación de empleo para todas las regiones de Argentina; y crear herramientas para evitar la deserción escolar y mejorar la calidad educativa”.

Cobos explicó que “junto al equipo que acompaña a Gerardo, se está trabajando en lineamientos en materia de justicia, seguridad, salud y una clara definición del rumbo en política exterior”.

Finalmente, el diputado sostuvo: “Hace tiempo que las diferentes fundaciones y equipos técnicos que integran Juntos por el Cambio están trabajando en las propuestas; a su vez cada partido busca darle su perfil e impronta. Desde la Unión Cívica Radical debemos difundir nuestras propuestas para cada área, tanto hacia adentro del frente que integramos para coordinar con el resto de las fuerzas, como hacia afuera, para que la sociedad evalúe y conozca nuestra visión y nuestro objetivo”.

El vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados, Julio Cobos, presentó un proyecto de ley para garantizar el derecho al pago seguro de los consumidores y usuarios que realicen transacciones por medio de tarjetas de crédito, débito, prepagas o cualquier medio de pago electrónico de forma presencial en locales comerciales.

La iniciativa prevé que las transacciones que se realicen en forma presencial por medio de tarjetas de crédito, débito, prepagas o medios de pago electrónicos deberán hacerlo delante de ellos, debiendo el local comercial contar con los sistemas de pago que faciliten la operación. En caso de no cumplir con este requisito, se multará a los comercios con las sanciones que estipula la Ley del Consumidor. 

“Es costumbre en nuestro país que el consumidor entregue la tarjeta al comerciante para que sea éste quien realice la operación en el sistema electrónico de pago, y esto lo que buscamos evitar porque esta situación implica la pérdida del control por parte del consumidor o usuario de la tarjeta, lo que genera riesgos de posibles defraudaciones, aumenta la vulnerabilidad y pone en riesgo al usuario”, explicó Cobos, autor del proyecto.

Ademá, agregó que “la protección de datos personales es un tema crítico en la era digital y la proliferación de estafas relacionadas con este tipo de medios de pago nos motiva a proponer este proyecto para evitar que los consumidores pierdan de vista sus tarjetas. La tecnología existente permite que estas transacciones sean realizadas delante del cliente sin que sea necesaria la entrega de los plásticos -o cualquier otro soporte- que son personales”.

Acompañan esta iniciativa los diputados radicales: Gerardo Cipolini, Gabriela Lena, Karina Banfi, Ximena García, Roxana Reyes, Manuel Aguirre, Roberto Sánchez, Lisandro Nieri, Víctor Hugo Romero, Ricardo Buryaile, Soledad Carrizo, Jorge Rizzotti, Marcela Coli, Jorge Vara y Gustavo Bouhid.

Julio Cobos solicitó al Poder Ejecutivo que informe “sobre el estado de avance y conclusiones del relevamiento realizado por el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos concesionados (ETAHC), que tiene entre sus objetivos el relevamiento integral del estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional”.

El legislador mendocino explicó que “en marzo del año pasado, la Secretaría de Energía de la Nación definió la necesidad de evaluar el estado de las concesiones hidroeléctricas que fueron dadas por el Estado Nacional en los años 90 por un período de 30 años, conformando para ello un importante equipo de trabajo de profesionales de CAMMESA, IEASA (hoy ENARSA), el ENRE y el ORSEP y encargando específicamente una auditoría de las condiciones técnicas de los equipos de generación a IEASA (hoy ENARSA)”.

Asimismo, y en relación a esa evaluación, Cobos dijo que “se enfocaría en particular en el período de concesión de presas y centrales ubicadas en el Comahue que vence este año: Alicura, Piedra del Águila y El Chocón, todas sobre el río Limay en el límite entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Además, Arroyito, sobre el río Limay en el límite entre Río Negro y Neuquén y está incluida en el mismo contrato de Concesión que El Chocón. También, el complejo Cerros Colorados, sobre el río Neuquén en la provincia de Neuquén. Estas centrales concentran la mayor potencia hidroeléctrica propia de nuestro país, por lo cual son de suma importancia para asegurar el suministro eléctrico”.

“Dada la proximidad del vencimiento de estas concesiones -a las que se suman en los años siguientes otras en Mendoza, Salta, Chubut, Tucumán y San Juan- resulta imprescindible saber el estado actual de estas instalaciones que en algunos casos ya tienen más de 50 años de operación. El conocimiento del estado de las obras permitirá tomar las decisiones necesarias respecto a la futura operación de dichas centrales y eventuales modernizaciones, necesarias para seguir contando en el futuro con esa muy importante capacidad de producir energía hidroeléctrica, que como se sabe es absolutamente fundamental para un futuro con menos emisiones de bióxido de carbono, según los compromisos tomados por Argentina para el año 2050.

Finalmente, Cobos alertó que “existe un proyecto presentado en el Senado de la Nación, que contiene una propuesta respecto a la futura operación de las centrales, cuyo análisis implica investigar profundamente sobre el tema”. Ese proyecto presentado por el senador Parrilli implica dar la operación y el mantenimiento de las centrales a ENARSA en forma directa. Cobos indicó que “ENARSA que ha tenido y sigue teniendo innumerables problemas para llevar adelante las obras hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, no tiene la experiencia ni los recursos humanos para operarlas ni los recursos económicos para realizar los trabajos de modernización que se necesitan”.

Desde hace décadas, Argentina carece de una moneda atractiva para la ciudadanía, el peso ha perdido las funciones básicas que una moneda sana debe tener, por eso los argentinos se respaldan en el dólar como reserva de valor (para ahorrar) y para establecer ciertos precios de bienes y servicios (casas, autos, alquileres).

Recientemente, el Banco Central generó un nuevo instrumento financiero, una moneda remunerada en UVA, con el objeto de hacer más atractivo al cada vez más devaluado peso argentino; y ahora aparece la propuesta de crear una moneda común con Brasil con la posibilidad que sea extensiva al Mercosur, replicando la experiencia de Unión Monetaria llevada a cabo en Europa con la creación del Euro.

En este contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmaba al medio Financial Times “que comenzará el trabajo preparatorio para estudiar los parámetros necesarios para una moneda común, que incluye todo, desde cuestiones fiscales hasta el tamaño de la economía y el papel de los bancos centrales”.

Sin embargo, en declaraciones oficiales posteriores de ambos países se le fue bajando el alcance a la propuesta divulgada inicialmente, y destacaron que la idea es establecer una moneda “sólo para operaciones comerciales y financieras entre países”, bajando costos operativos y reduciendo nuestra vulnerabilidad externa. Ya no hablamos entonces de una moneda común que reemplace en un futuro al peso y al real. En este contexto, es importante aclarar que esta posibilidad de intercambio comercial ya existe, no configura ninguna novedad, y a lo sumo se podrá perfeccionar una herramienta que en la actualidad es muy poco utilizada por las empresas.

En octubre de 2008, Cancillería argentina presentaba el Sistema de Pagos en Moneda Local (SML) adoptado entre Argentina y Brasil. El sistema acordado por ambos Gobiernos hace ya 15 años, implica que el dólar deja de ser la moneda obligatoria de intercambio, y se instrumentó un mecanismo coordinado entre los bancos centrales de ambos países a fin de asegurar una cobertura legal y técnica adecuada al intercambio en pesos y reales.

El SML permite al importador y exportador pagar y cobrar en sus respectivas monedas locales, lo que excluye de cualquier actividad del mercado cambiario (compra/venta de dólares), eliminando costos financieros y administrativos que a veces actúan como una barrera para que PYMES accedan al mercado de comercio exterior.

Este sistema ha tenido muy bajo impacto y muy pocas operaciones (en relación al total) se realizan obviando al dólar como moneda de referencia. El Sistema de Pagos en Moneda Local no implica una integración monetaria entre países, cada país sigue teniendo soberanía monetaria y una moneda nacional, y no hay institución monetaria supranacional (como un Banco Central Regional). El mismo mecanismo de Pagos en Moneda Local también se firmó con países como Paraguay, Uruguay, China.

El SML es sólo un primer paso modesto para comenzar una negociación que finalice en una unión monetaria con moneda regional única, proceso que necesita décadas de continua confianza y coordinación de las políticas macroeconómicas, algo hoy inexistente.

Una moneda común y única en el Mercosur tendría ventajas importantes para los particulares, las empresas y las economías de los países que lo utilizan. Permitiría mayor facilidad con la que se pueden comparar los precios entre países (mayor competencia entre empresas beneficiando a los consumidores), mayor estabilidad de los precios, facilidad de ahorro, estabilidad y crecimiento económico, mercados financieros mejor integrados y más eficientes, mayor influencia en la economía mundial y una fuerte señal de identidad regional en los mercados internacionales. A su vez, una moneda única eliminaría los costos de las fluctuaciones de los tipos de cambio dentro de la región, lo que protegería a los consumidores y a las empresas de oscilaciones de los mercados cambiarios y monetarios, que hoy terminan atentando contra la confianza, desalentando la inversión y provocando inestabilidad económica.

Desde que la Unión Europea decidió crear una moneda única hasta su aparición, pasaron más de 30 años. En ese tiempo se discutieron y consensuaron exigentes criterios de convergencia que todos los países debían cumplir previamente para ingresar en la zona del Euro. Estos criterios, en síntesis, requerían que la inflación no fuese mayor que un 1,5% respecto a la media de los tres estados de la eurozona con menor inflación; un déficit presupuestario menor al 3% del PIB; una deuda pública que no superara el 60% del PIB; tipo de cambio sin volatilidad en relación al Sistema Monetario Europeo (bandas cambiarias, con imposibilidad de devaluar la moneda local unilateralmente); tasas de interés nominal a largo plazo que no debían ser superior en un 2% a la media de los tres estados con menores tasas de inflación, entre otras medidas.

En definitiva, Argentina y Brasil sólo podrán plantear la alternativa de moneda común cuando acuerden y pongan en marcha una convergencia macroeconómica similar a la establecida en el Tratado de Maastrich que dio origen al Euro. Esta convergencia macro es el único camino que daría factibilidad a una unificación monetaria integral.

En este contexto, algunas asimetrías macro con Brasil, básicas para la integración monetaria, son elocuentes. Nuestra inflación del 94,8% (interanual a diciembre 2022) contrasta con la inflación anual del 5,9 % en Brasil; la tasa de interés de referencia en Argentina multiplica por 5 a la de Brasil; existe una volatilidad cambiaria elevadísima con el resto de las monedas de la región, sumado a 17 tipos de cambio comerciales y financieros que coexisten (dólares mayorista, minorista, Coldplay, ahorro, Netflix, turista, blue, MEP, turista extranjeros, Cedear, Cripto, CCL, ADR, Bienes de Lujo, Tecno, Economías regionales, Qatar).

El proyecto de creación de una moneda común suena utópico e inoportuno sin una previa estabilización de la moneda argentina, una normalización y unificación gradual del mercado cambiario, una consolidación del equilibrio fiscal, y la generación de un escenario de sustentabilidad para la deuda pública (tanto del Tesoro como del BCRA).

No existen atajos ni soluciones mágicas para nuestros problemas. La unificación monetaria del Mercosur puede ser el resultado de un arduo proceso, pero nunca la punta del ovillo. Antes debemos solucionar problemas económicos urgentes que aquejan a la sociedad argentina, que exigen la implementación de un programa de estabilización creíble y una imprescindible agenda de cambios estructurales.

A la hora de analizar las cuentas pendientes del Congreso este año, pican en punta alquileres y créditos UVA. Al menos, al día de hoy, y la factura está en la Cámara baja, donde se habían propuesto abordar el tema, pero se toparon con una realidad que -inflación mediante- complicó una solución al punto tal que ninguno de los dos temas ha llegado al recinto. Al menos al día de hoy.

Con la intención de revertir esta situación, la Comisión de Finanzas que encabeza la diputada del Frente de Todos Alicia Aparicio ha sido convocada para este miércoles a las 15 para continuar el debate de los deudores de créditos hipotecarios UVA.

Para refrescar la situación, vale recordar que el 13 de abril de este año, el diputado nacional radical Julio Cobos presentó un proyecto para renegociar los contratos, pero luego fue más allá al tratar de forzar junto a otros diputados de JxC una sesión especial para tratar esa problemática.

Alentado por lo que ya habían logrado con el tratamiento de la Ley de Alquileres, un día después de que la oposición pidiera una sesión especial para tratar Boleta Unica, el 28 de abril pasado solicitaron al presidente de la Cámara baja convocar a una sesión especial el jueves 5 de mayo para tratar de manera urgente el tema de los créditos UVA.

La propuesta suscripta por 28 diputados radicales contemplaba el tratamiento de dos proyectos: ese que el propio Cobos había presentado dos semanas antes, y otro del exdiputado Alvaro De Lamadrid denominado “rescate de deudores hipotecarios UVA”.

La movida tenía como intención forzar el tratamiento del tema, mas no del modo sugerido en la convocatoria, sino a través de un entendimiento con el oficialismo, que se alcanzó el 3 de mayo, cuando se acordó armar un esquema especial con 30 días para resolver la situación.

El presidente de la Cámara emitió una resolución unificando giros y convocando a que en 30 días se emitiera un dictamen consensuado.

En busca de una solución consensuada

El acuerdo suscripto entre el entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa, Germán Martínez, Mario Negri y Julio Cobos hablaba de “avanzar en la búsqueda de una solución consensuada para los actuales tomadores de créditos UVA, y perfeccionar los mecanismos actuales para promover créditos hipotecarios accesibles y sostenibles en el tiempo”.

Las comisiones que se ocuparían de trabajar en el tema serían las de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, que convocaron a una reunión informativa el 1 de junio de 2022, donde se presentaron funcionarios, exfuncionarios, especialistas y familias tomadoras de crédito.

En esa ocasión, la titular de Finanzascontó que habían acordado llevar adelante dos reuniones informativas y una reunión de debate.

En representación del colectivo UVA, la primera oradora dejó bien establecido el eje del problema. María Luisa Schwab, integrante de Hipotecarios UVA Tandil, contó su situación personal a partir del hecho de haber pedido un crédito para construir en mayo de 2017 en un lote de su propiedad: “Nos encontramos con que el primer desembolso no era la cantidad de dinero esperada”, contó, asegurando que “no hubo especulación por parte nuestra. No hicimos negocio, como algunos dicen”, y cuestionó “el aumento desmedido de las cuotas”.

“Ya hemos devuelto el monto otorgado y de ahora en más todo es ganancia de los bancos”, sintetizó.

A continuación habló Iván Kerr, exsubsecretario de Vivienda durante la gestión Cambiemos. “Durante 2016 el BCRA creó la UVA, que permitió que muchas familias de ingresos medios pudiera comprar su vivienda”, recordó, destacando el “boom” que generó entonces ese sistema, que rige hoy sin problemas en países vecinos. Pero admitió que la inflación generó problemas que trataron de atender adecuando el nivel de incremento de las cuotas, a través de un fondo fiduciario creado a esos fines que se aplicó para deudores del Procrear y del UVA.

“En noviembre de 2019 presentamos un proyecto de ley para que a partir del presupuesto siguiente las cuotas se comenzaran a tratar en función de un sistema de convergencia que evitara este salto inflacionario acumulado”, recordó, con el fin de “proteger a los deudores, pero también mejorar la calidad del crédito hipotecario para que volviera a ser utilizado en el futuro”. Sugirió como solución crear un fondo de compensación “simétrico”, para que los tomadores de créditos paguen sus cuotas ajustadas por salarios, y que los bancos sigan percibiendo las cuotas ajustadas por el CER y la UVA, vía un fondo compensador, cosa que funciona en otros países de manera “rentable”.

Kerr concluyó asegurando que “el crédito hipotecario necesita apoyarse sobre una economía estable con capacidad de proyectar en el mediano plazo. Hasta que eso no ocurra, este fondo compensador puede ser una herramienta para dar seguridad a quienes tomaron créditos hipotecarios”.

Durante el debate, se escucharon expresiones como la de Adrián Daniel Albor, presidente de una asociación civil que patrocina a deudores, que expresó la conclusión de que “los bancos se han convertido en lo micro en lo que el FMI es en lo macro a los estados”. Lo contradijo el economista Lucas Llach, quien también fue funcionario de la gestión anterior, que negó que ese fuera “un negocio de los bancos”. Y pensando a futuro, advirtió que “si queremos que el deudor pague menos de lo que se comprometió a pagar, estamos diciendo que haya pocos incentivos para el prestamista, que no es el banco sino los depositantes (…) Si no hay nadie que preste, no hay crédito”.

Llach le reclamó al Congreso “permitir que siga existiendo el crédito en la Argentina, y por lo tanto la indexación”, aclarando que la cuota UVA es el crédito más estable, pues contempla lo que fue la inflación en el mes anterior, por lo tanto “su variabilidad es mucho menor a la variabilidad que tienen todos los demás ítems”.

Advirtió por último que si se compensara a solo un grupo, que son los tomadores de créditos, habría que compensar también a los otros 47 millones de argentinos.

“El sistema UVA no falló por su mecanismo de indexación, sino por dos falsas premisas desechadas por la evidencia: que el aumento de la oferta de la vivienda va a bajar su precio y que la facilitación del crédito hipotecario aisladamente contribuye a resolver el problema de la vivienda. Cualquiera que entiende  un poco sobre el funcionamiento del mercado del suelo sabe de la formación de la renta y de las expectativas alcistas en contextos especulativos”, sostuvo por su parte la diputada Romina del Plá.

Una defensa encendida del sistema de créditos fue la que hizo Federico González Rouco, gerente de Créditos y Alquileres en el Instituto de Vivienda de CABA, que destacó que “hoy la mora es del 1,3%”, remarcando que los países que utilizan este tipo de sistema siguen manteniéndolos y relacionó todos los problemas a la inflación. “Es cierto, el capital aumenta”, reconoció, aclarando que “cada vez se venden menos UVA, pero todos los meses se deben pesos, que ajustados por inflación valen menos”.

Evolución del salario e inflación

La segunda reunión informativa tuvo lugar el 29 de junio pasado, con testimonios en primera persona como el de Sebastián Saúl Ignacio, representante de UVA Necochea, quien contó que había tomado un crédito a través del Banco Provincia en marzo de 2017 por 1.500.000 pesos a 15 años, para poder comprar su casa. Empezó pagando una cuota de 11 mil pesos y “hoy, en la cuota 73, deberíamos pagar 85 mil pesos, algo imposible de hacer”.

Entre la docena de oradores que se presentaron, el exdiputado mendocino José Luis Ramón sugirió que “las entidades financieras resignen esto de seguir cobrando el UVA y que al final del crédito el Estado de la Nación le reconozca la pérdida a los bancos, pero a los 30 años, cuando ya termina”.

Sobre el final de esa reunión, el diputado Cobos planteó el siguiente ejemplo: hoy día, el Banco Provincia da un crédito de 12 millones de pesos con tasa al 41%, con una cuota inicial de 410.915 de pesos y solicita más de un millón de pesos de ingresos. “Es imposible tomarlo”, indicó, para decir luego que “por un crédito UVA el Banco Francés ofrece hoy 12 millones de pesos a 20 años, a una tasa del 5% y la cuota inicial es de 80 mil pesos” y el ingreso requerido, más de 200 mil pesos.

El mendocino opinó que “más allá de la solución que tenemos que brindar desde el Congreso”, lo que hay que hacer es “recuperar el crédito a largo plazo o corto plazo para capital de trabajo”. Así las cosas, planteó que “el problema que tenemos es cómo resolvemos a los actuales beneficiarios de crédito”, y apuntó que “la evolución del salario hasta diciembre de 2018 superó a la inflación”, pero “a partir de ahí cae el salario con respecto al valor de la UVA”.

En ese marco reconoció que había “mucha coincidencia” entre los diputados y el propio Poder Ejecutivo en tratar de encontrar una solución, pero claramente los plazos pactados no se estaban cumpliendo, ni se iban a cumplir: habían fijado 30 días para emitir dictamen y llevaban casi 60, sin siquiera ponerse a discutirlo.

Sugirió ese día invitar a los bancos y al Poder Ejecutivo para la semana siguiente, para después avanzar en una iniciativa consensuada, pero nada de eso ocurrió. En efecto, las entidades financieras solicitaron posponer su visita ante los cambios registrados en el Ministerio de Economía.

Pedido a Cecilia Moreau

Por eso fue que el 11 de agosto pasado, ya con nueva presidenta al frente de la Cámara, el propio Cobos junto a Mario Negri le enviaron a Cecilia Moreau una carta para pedirle reanudar en comisiones el debate por los créditos UVA.

“El contexto inflacionario actual y el vencimiento el día 31 de julio pasado del Decreto 767, mediante el cual se congelaron las cuotas de aquellos que accedieron a un crédito UVA, vuelve más apremiante e incierta la situación de los beneficiarios”, enfatizaron los legisladores de Juntos por el Cambio, que concluyeron pidiéndole a Moreau “arbitrar los medios a su alcance para que se retome el tratamiento parlamentario de los créditos UVA a la mayor brevedad posible, para buscar unificar propuestas, lograr un dictamen y pronto tratamiento en sesión en la Cámara que usted preside”.

La visita de los bancarios

Finalmente el 1 de septiembre se realizó un nuevo plenario para recibir a autoridades de entidades y asociaciones bancarias. En esa oportunidad, Alicia Aparicio abrió el debate expresando el deseo de poder arribar en la próxima reunión a un dictamen de consenso “para aliviar la situación de quienes han tomado crédito en este sistema y ven peligrar la posibilidad de tener su casa propia”.

La primera expositora fue la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, que realizó una síntesis respecto a la situación hoy en día: “En el sistema hay una totalidad de 105 mil deudores UVA, de los cuales el 70% pertenecen a la banca pública. En el Banco de la Nación Argentina teníamos 48 mil créditos, de los cuales hoy están vigente 45 mil, y lo que tenemos que analizar es que el valor del UVA creció 919% desde la creación a la actualidad mientras que el UVI pasó de 846%”.

Además, explicó que, del total del sistema de créditos otorgados, “menos del 2% están en situación de morosidad, y en el Banco Nación 0,98%. De la demanda que hacen cada una de las personas, es que detectamos 4 o 5 temas problemáticos: que son la aceleración de la actualización de la cuota, en relación a la actualización del salario; los problemas en el repago de la deuda; el incremento del capital adeudado en pesos; y el aumento de los años de plazo por topeo de cuotas en relación al ingreso”.

Mariano Beltrami, gerente de Estudios Económicos Banco Provincia, brindó detalles respecto a los créditos otorgados por su institución: “En la actualidad el Banco Provincia tiene cerca de 15.600 créditos activos hipotecarios UVA, que totaliza un saldo actualizado por inflación de 102 mil 900 millones de pesos. Desde fines del 2019, el banco viene mostrando una caída importante en los saldos, y la cantidad de créditos otorgados”.

El gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) Alejandro Pérez, advirtió la necesidad de buscar una solución para los deudores, que “no afecte a las más de tres millones de familias que tienen problemas habitacionales, y deberían poder acceder a un crédito hipotecario para la vivienda en los próximos años”.

Claudio Cesario, presidente de ABA, consideró que es importante destacar se reunieron para analizar “uno de los temas más sensibles para la población”, que es el acceso a la vivienda, “posiblemente una de las mayores deudas que tenemos como sociedad y como Estado, que como garante y articulador de políticas de desarrollo habitacional, debe comprometerse en brindar las condiciones básicas e indispensables para posibilitar su acceso y financiamiento a largo plazo, eso sí, sin generar inflación. Y la inflación es la principal preocupación de todos los argentinos”.

Cerró el debate el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, que coincidió en que toca tratar un tema complejo, que “concierne a uno de los temas de fondo que tiene nuestra sociedad que es la necesidad cultural y social de que los argentinos tengan acceso a su vivienda”.

“Tenemos que encontrar un mecanismo permanente que permita salvar estas situaciones excepcionales y críticas cuando el salario real cae abruptamente y los procesos de negociación paritaria no pueden compensar esta situación con la velocidad que necesitan las familias para poder atender la cuota de un crédito que se ajusta por inflación”, indicó, al tiempo que advirtió que “hay que ser cuidadosos mirando la banca privada, que la solución que se busque no signifique la ruptura de contratos y que tampoco signifique la pérdida patrimonial de los bancos públicos”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller aclaró que el “problema de los tres millones de familias que no tienen acceso a la vivienda es uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina”, pero no es el motivo de este tratamiento: “Nosotros estamos reunidos en torno a un proyecto, que tiende a analizar cómo resolvemos la situación de los 90 mil deudores que tiene el sistema financiero a través del mecanismo UVA, y cómo hacemos que ese sistema pueda ser potable hacia adelante”, aclaró.

“Estamos tratando proyectos concretos que estamos tratando de mejorar y enriquecer. Teniendo en cuenta las variables que señaló el presidente del Banco Central, el tema de la no ruptura del contrato, y la posibilidad de los deudores de acceder a los deudores”, apuntó.

Todavía diputada, Victoria Tolosa Paz consideró que la propuesta que se ha elaborado respecto a la creación de un fondo compensador “puede ser una buena medida que no perjudica a la banca pública, que es la que tiene mayor cuantía de esos créditos otorgados”, y advirtió que “no todo tomador de crédito UVA tiene características para que el Estado salga a socorrer esa situación. Me sumo a que podamos elaborar en la comisión conjunta un perfil, a partir del cual tengamos más certezas”.

Este miércoles se verá si finalmente puede avanzarse en el dictamen prometido y llevar al recinto una propuesta concreta que le brinde una solución a más de cien mil tenedores de créditos afectados por esta situación.

El diputado nacional mendocino Julio Cobos explicó este miércoles que “el Presupuesto es un instrumento de planificación gubernamental que afecta a Nación, provincia y municipio. Tiene que tener las variables macroeconómicas que supuestamente se van a producir a lo largo del año y definir ingresos y egresos y ahí se definirá el superávit o el déficit fiscal. Necesitamos generar orden: la Administración Pública creció en la cantidad de Ministerios, con 29 fondos fiduciarios, 33 empresas del Estado; tenemos un país federal pero que sigue concentrando sus recursos la Nación y no los descentraliza y tienen que venir los intendentes para ver qué convenio firman, sería mucho más fácil si el presidente de la Nación se dedicase a las relaciones exteriores, defensa, educación, salud y obras nacionales y no municipales y provinciales”.

“Dentro del orden, también debe estar ordenado el Presupuesto. No se pueden agregar artículos que lo desvirtúan. Sabemos que es una herramienta que debe tener el Ejecutivo y que tiene que ser aprobado por el Congreso, pero resulta que desviamos la atención con una serie de artículos como el que se hace solidariamente responsable a las provincias por la deuda de Cammesa, a través de las deudas que generaron las distribuidoras, muchas concesionadas; ¿qué pasa con Edenor y Edesur, va a ser solidariamente responsable la Nación porque dependen de ella? Si es así, Mendoza, Córdoba, Santa Cruz, etc., van a ser doblemente solidaria con la Nación: a través de impuestos que seguramente vamos a tener que generar para pagar la deuda de Cammesa y a través de los recursos que se pretenden retener cuando las empresas distribuidoras no cumplan”, señaló el legislador mendocino.

Cobos señaló que “este Presupuesto tiene cosas que le sobra, cosas que le falta. ¿Cómo generamos crecimiento, desarrollo? No hay crédito hipotecario en Argentina. Hace meses que tratamos de cumplir con un acuerdo político para restaurar el sistema de crédito hipotecario en Argentina, solucionar el tema del pasado, de los créditos UVA tanto hipotecarios como prendarios, pero también ver un camino hacia adelante. Se ha descuidado algo que podría haber sido un incentivo para el crédito hipotecario hasta que encontremos una solución definitiva que está siendo postergada primero por la renuncia de (Martín) Guzmán, luego por esperar las medidas de la ministra (Silvia) Batakis, después vinieron los bancos, después que asumiera el ministro (Sergio) Massa, luego que votamos el presupuesto”.

Frente a lo señalado anteriormente, Julio Cobos propuso incorporar en el Presupuesto una modificación para aumentar la deducción de ganancias de los créditos hipotecarios. “El artículo 85 de la ley de Impuesto a las Ganancias habla en el tercer párrafo que se puede devengar los intereses bancario y hipotecario hasta la suma de 20.000 pesos. Esto data del 2001, es decir 20.000 dólares, si lo actualizamos hoy son 3 millones de pesos. Si lo analizamos por la inflación, que ha sido el 10.000% desde entonces, serían 2 millones de pesos. Lo que podemos fijar al menos como pauta razonable, que sea una cifra equivalente al mínimo no imponible que está en 330.000 pesos y guarda relación con un crédito mínimo que hoy paga una cuota de 60.000 y le serviría por lo menos para morigerar los efectos del crédito e incentivar el crédito. Le pido al presidente de la Comisión de Presupuesto que evalúe esta posibilidad de incorporar la modificación para actualizar ese importe”.

Finalmente, el legislador radical señaló que “el país está desordenado con una inflación que lo lleva a mayor pobreza, mayor desempleo, que falta cualquier tipo de inversión, sumado a la variedad del tipo de dólares. Recuperemos las variables, no alcanza con la meta del Fondo Monetario, tenemos que ir camino el superávit. Este país tuvo inflación de un dígito fuera de la convertibilidad y había tres puntos de superávit del PBI, un único tipo de dólar competitivo, balanza comercial positiva y reserva del Banco Central. Estas son las variables que tenemos que recuperar para ordenar nuestra economía, pero también debemos ordenar la administración”.

El diputado nacional Julio Cobos recorrió -junto a otros legisladores- diferentes establecimientos productivos de la provincia de Jujuy. Finalizado el mismo, Cobos señaló que “En estos días, invitados por el gobernador Gerardo Morales, pudimos recorrer distintos emprendimientos y observar sus ejes de gestión, basado en tres pilares: potenciar el turismo en toda la provincia, la reconversión de la matriz energética a la ampliación/diversificación de la matriz productiva; realmente es muy notable la transformación y el avance en estos aspectos”.

“Respecto del turismo, Jujuy, una de las provincias más linda del país, ha sabido aprovechar sus bellezas naturales para convocar -año a año- a una importante cantidad de turistas, con un gran impacto en la economía provincial. El desarrollo turístico está basado en la conectividad, como por ejemplo el tren turístico que se está ejecutando de 45 km vinculando diferentes puntos estratégicos de la provincia”, señaló Cobos.

Además, Julio Cobos explicó que la gestión del gobernador “ha sabido reconvertir su matriz energética apuntando a ejes centrales como lo es la energía solar fotovoltaica. En este caso visitamos la planta de Cauchari en la puna jujeña, a 4020 metros sobre el nivel del mar, que produce 400 MW en una extensión de 800 hectáreas. Es uno de los lugares de mayor radicación solar del planeta ya que su altura le permite eliminar el smog, ofrecer 260 días de sol al año y tener muy baja temperatura, todos factores favorables para una mejor producción de energía. Respecto de la matriz productiva es importante la tarea que se lleva adelante con la minería, concretamente con el litio, elemento de alto valor y muy demandado en el mundo, algo que atrae inversiones e impulsa el desarrollo de una minería sustentable en la provincia. Asimismo, el Gobierno provincial ha sabido potenciar el sector agroindustrial a partir de impulso a la producción del cannabis medicinal”.

Finalmente, Cobos señaló que “Jujuy es un ejemplo del desarrollo provincial y sus potencialidades, algo que también sucede con otros estados provinciales como por ejemplo Mendoza. El mejor programa de inversión y generación de empleo para Argentina sería tener saneadas las variables económicas, con inflación de un dígito, unificado el tipo de cambio, incentivo a las exportaciones sin ningún tipo de restricciones, y por supuesto la reducción de la presión impositiva. En el Congreso presentamos un proyecto genera una distribución institucional de incentivos, dentro de las regiones del país y dentro de cada una de ellas en cada provincia para llevar a cero la discrecionalidad.  Es fundamental que el Estado Nacional funcione como facilitador y promotor de este desarrollo y no como un obstáculo permanente al crecimiento regional” y agregó “Esto demuestra que con acciones diversas desde las provincias se puede aportar al desarrollo de la economía nacional, cambiando la matriz productiva y promoviendo la llegada de inversiones genuinas”.