Se conoció un sondeo que favorece ampliamente a Juntos por el Cambio en esa provincia donde se elegirán en estas elecciones diputados y senadores nacionales.
Los candidatos de Juntos por el Cambio son amplios favoritos en la provincia de Mendoza, una de las que este año elige senadores nacionales. Así lo establece una encuesta de DC Consultores que acaba de difundirse, que prevé una gran diferencia a favor de los primeros candidatos de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo (Senado) y Julio Cobos (Diputados) para las próximas elecciones en esa provincia.
El sondeo establece que el exgobernador Cornejo es favorito (48,1%) para derrotar a la camporista Anabel Fernández Sagasti (20,9%). Con un 10,8% de indecisos, el trabajo le asigna a Rodolfo Vargas, de Republicanos Unidos, el tercer lugar (9,3%), a Marcelo Romano, del Partido Verde, un 6,2%; a Mercedes Llanos, de Vamos Mendocinos, un 2,6%; y a Jorge Pujol, de Compromiso Federal, un 2,1%.
Para Diputados, Cobos reúne un favoritismo del 36,5%, seguido lejos por Adolfo Bermejo (Frente de Todos), con un 14,8%. Josefina Canale (Republicanos Unidos), tiene un 7,3% de intención de voto; Gustavo Gutiérrez (Vamos Mendocinos), 12,4%; Carlos Iannizzotto (Partido Federal), 10,2; Noelia Barbeito, del FIT, 2,1%; y Mario Vadillo (Partido Verde), 4,8.
Pero no todas son loas para el oficialismo provincial. La decisión del gobernador Rodolfo Gutiérrez de ser candidato a senador suplente cosecha un importante rechazo. Par aun 34,5% eso despierta “indignación”, en tanto que un 12,1% dijo sentir “bronca” por ello. Solo un 9,5% lo consideró acertado, mientras que un 39% se mostró indiferente.
Un amplio 69,8% cree que Cambia Mendoza ganará las elecciones en esa provincia y apenas un 12,7% opina que lo hará el Frente de Todos. El sentido de esa sensación se extiende a nivel nacional: un 48,6% cre que Juntos por el Cambio ganará las elecciones nacionales, contra un 27,8% que señala al Frente de Todos como favorito.
Estas sensaciones tienen que ver seguramente con la imagen presidencial, que alcanza un 68,6% en el rubro “mala y muy mala”, contra apenas un 24,2% que la ve “buena o muy buena”.
La imagen del gobernador Suárez oscila entre un 44,3% que la califica como buena o muy buena, contra un 21,5% que la califica totalmente al revés.
Fuego cruzado. Acusaciones. Pocas propuestas y muchos dimes y diretes en el inicio de la campaña anticipada que se recalentó con los dichos de los legisladores Fernando Iglesias y Waldo Wolff sobre las visitas de la actris Florencia Peña a la Quinta de Olivos. Pero las olimpiadas de Tokio 2020 lograron robarse la atención de los políticos por unas horas.
El seleccionado de básquetbol de la Argentina perdió este martes con Australia por un holgado marcador de 97 a 59 en Saitama, por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero lo importante del partido fue el adiós de una leyenda del deporte argentino, Luis Scola.
El partido se frenó a poco menos de un minuto para ovacionar a Scola, campeón olímpico en Atenas 2004 y medallista de bronce en Beijing 2008, en su quinta participación en un juego, quien además fue abanderado en Río de Janeiro 2016.
En su redes sociales, el senador mendocino Julio Cobos (Juntos por el Cambio) manifestó que “el deporte mundial despide a un idolo, capitán de nuestra selección y orgullo de nuestro pais”.
“Luis Scola es una gran persona y un ejemplo para los jóvenes, que con talento y humildad, brilló por décadas en la alta competencia. Un gran homenaje para este gran hombre”, agregó Cobos.
Asimismo, el diputado porteño Emiliano Yacobitti (JxC) señaló: “Scola llevó por 20 años la camiseta de nuestro país Bandera de Argentina. Es el último integrante de la Generación Dorada que tantas alegrías nos trajo, y un ejemplo de esfuerzo y perseverancia. ¡Gracias!”, remarcó.
En tanto, el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, escribió: “Las manos de todos los pibes arriba”, en referencia a la victoria del seleccionado de voley masculino que logró una histórica victoria ante Italia, para pasar a semifinal de las olimpiadas en Tokio 2020.
Fue por el comportamiento del Gobierno en relación a la situación en Cuba. Los senadores de JxC cuestionaron la política “zigzagueante” de esta administración. La dura réplica de una oficialista.
La situación en Cuba estuvo muy presente en la sesión de este jueves en el Senado, donde la oposición reclamó una y otra vez la presencia del canciller Felipe Solá para analizar la reacción de nuestro Gobierno respecto de la crisis en la isla.
La primera en sacar el tema fue la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro – CABA), quien presentó una cuestión de privilegio contra Solá, advirtiendo que “no se puede comprender el silencio que está manifestando el canciller respecto de la situación social del pueblo cubano”. Reclamó una actitud distinta de parte de nuestro país con el “pueblo cubano”, enfatizando que “los que somos hermanos somos los pueblos, no los gobiernos”.
“Vemos que el mundo entero está manifestando su preocupación frente a que hay cubanos manifestándose en la calle, sea el reclamo que sea el que estén pidiendo, no es que hay reclamos y derechos que manifestamos que estén bien que se hagan cuando son los que nos interesan a nosotros. El derecho humano a reclamar es un derecho que se defiende siempre, aun cuando no estemos de acuerdo con el planteo”, remarcó la senadora porteña.
En otro pasaje recordó que en ese mismo Congreso, el presidente Alberto Fernández les dijo a los legisladores que “si en algunas de las cuestiones que él se había comprometido en su campaña se estaba equivocando, le pidió al pueblo argentino que salga a manifestarse y se lo recuerde”. En ese sentido destacó que “el mundo entero está mirando como nosotros como país, con nuestra historia, guardamos silencio frente a la violación del derecho humano básico de manifestarse. Vemos cómo se llevan a cubanos que no se saben dónde están. Vemos a periodistas que están detenidos por haber informado”, y lamentó que “por cuestiones políticas nos estemos callando ante la violación de derechos humanos de un pueblo. Porque lo hacemos en algunos casos sí y en algunos casos no”.
Tagliaferri concluyó advirtiendo que “pareciera que para el Gobierno nacional lo que son hermanos no son los pueblos, sino los gobiernos políticos afines. Y lamento que en Argentina, con nuestra historia sobre esta opinión, estemos callándonos viendo en la televisión como hay personas que están siendo detenidas y nadie sabe dónde están”.
En el mismo sentido fue que el radical fueguino Pablo Daniel Blanco pidió una moción de preferencia solicitando la comparencia del canciller en el Senado. “Que venga a explicar la política internacional en razón de que vemos con mucha preocupación el tratamiento, o no tratamiento, que se le está dando a la situación que está viviendo el pueblo de Cuba”. Ante ese reclamo, destacó el senador de JxC, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel “lo único que hizo fue reprimir”.
Luego señaló que en el transcurso del último año “nuestro Gobierno ha tenido una política muy zigzagueante en política de derechos humanos, advirtiendo que “un criterio tiene cuando algo sucede en Chile, o Colombia, y una actitud completamente distinta cuando pasa en Venezuela, Nicaragua, o ahora Cuba”.
Blanco se manifestó preocupado porque “nuestro presidente de la Nación diga que no tiene información suficiente sobre el tema, pero que el bloqueo se tiene que terminar. Y yo me pregunto cuál es la función que cumple el canciller que no le explica al presidente lo que está sucediendo en Cuba”.
Más adelante, el senador fueguino agregó: “No escucho a las Madres de Plaza de Mayo, al Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, no escucho al CELS, manifestarse sobre esta violación a los derechos humanos”.
“Vergüenza ajena”
Desde el oficialismo, la senadora tucumana Beatriz Mirkin ironizó respecto de los senadores de Juntos por el Cambio diciendo que “no se equivocan nunca”. A su juicio, ellos “siempre van por la equivocada, siempre plantean lo que no hay que plantear”.
“Hace 40 años que no los escucho decir que Cuba vive un bloqueo y que ese bloqueo los está destruyendo”, dijo. Y agregó: “No les permite comer, no les permite vivir, y a pesar de eso Cuba vive. Y entonces, cuando los escucho tan desesperadamente luchar por los derechos humanos, la verdad que yo siento vergüenza ajena”.
Ya durante el tratamiento de los pliegos de Marcela Losardo y Guillermo Nielsen, habló Julio Cobos en su condición de vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, para insistir con el pedido de una visita de Felipe Solá. “Me parece que es imprescindible la presencia del canciller, porque hay muchas cosas que nos gustaría escuchar de su propia persona: qué es lo que está pasando en el Mercosur; que está pasando con el tratado Mercosur – Unión Europea; qué pasa con la política argentina que tiene la visión de los derechos humanos en el caso de Venezuela, Nicaragua y ahora Cuba. Son muchos temas, por eso me parece que es oportuno, si tiene que defender la política exterior del Gobierno, es la oportunidad: esta es la casa de las leyes”.
En el inicio de la sesión, juró quien completará el mandato del senador fallecido. Luego varios de quienes fueron sus compañeros recordaron su memoria.
El inicio de la sesión de este jueves en el Senado estuvo dedicado enteramente a recordar la memoria de uno de los miembros de esa Cámara que partió la última semana hacia la eternidad: Carlos Alberto Reutemann.
Vinculado directamente con el deceso del santafesino, asumió en el inicio de la sesión quien completará su mandato hasta fin de año: su amiga Alejandra Vucasovich.
Inmediatamente después tomó la palabra para realizar un homenaje al Lole el mendocino Julio Cobos, quien recordó de entrada las dos pasiones del santafesino: por el automovilismo y la política, a la que llegó -recordó el mendocino- de la mano del expresidente Carlos Menem.
“Pudo además ser presidente, pero bueno, por decisión personal no quiso aceptar este desafío”, destacó Cobos, para agregar luego que “lamentamos muchísimo su ausencia. Nuestras condolencias profundas para todos sus seres queridos, sentimientos que seguramente irradia gran parte del pueblo argentino”.
“Lo vamos a extrañar”, concluyó Cobos.
Tras él, habló su colega Pablo Daniel Blanco, quien es además un apasionado del automovilismo que se definió como un admirador del Lole. Recordó cuando en la lejana Tierra del Fuego hacían una colecta entre varios para contratar el servicio y poder ver sus carreras. También evocó cuando 30 fanáticos “vinimos en el 74 para verlo correr en Buenos Aires, y la desilusión que nos llevamos cuando a poco del final se quedó sin nafta”.
“Cuando me tocó la responsabilidad de ser senador, tenía la satisfacción de decir que estaba al lado de alguien al que admiraba”, agregó, lamentando que le hubiese faltado sacarse una foto con él, pues solo compartió con Reutemann una sesión y luego vino la pandemia.
A continuación Alejandra Vucasovich hizo uso de la palabra por primera vez tras asumir. Y habló no solo como senadora, sino como amiga del fallecido senador. “Por un lado, es un honor estar compartiendo con ustedes este recinto por alguien que nos dejó hace muy poquitos días. Reutemann fue muy importante, fue una bandera para nuestro país; una persona que llevó a la Argentina a lo más alto del podio del automovilismo. Un hombre que terminada su carrera en el automovilismo, pudiendo vivir en cualquier lugar del mundo, volvió a su provincia, donde fue un chacarero más. Se mezcló con todos nosotros, hasta que un día lo invitaron a entrar a la política”.
Vucasovich recordó que lo pensó mucho antes de decidir si aceptaba entrar a la política. “Agarró su auto, recorrió la provincia y luego nos dijo a quienes estábamos cerca y queríamos que se incorporara, que íbamos a emprender este camino”, recordó.
La flamante senadora aseguró que “nos llevó a practicar la política de una manera muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Empezó a caminar pueblo por pueblo, vereda por vereda; tomaba contacto uno a uno con la gente. En el 91 llegó a ser gobernador de Santa Fe con un equipo muy reducido y en seguida se puso a trabajar, con honestidad”. Destacó que luego de ser por primera vez senador hasta el 99, “logró la hazaña casi inaudita de lograr casi el millón de votos en la provincia de Santa Fe fuera una de las pocas que no tuvieran que emitir cuasi monedas, porque ajustó el cinturón de la provincia”. Así y todo, aclaró, los empleados públicos de la provincia “cobraban al día, jamás aumentó un impuesto”.
“Fue un ejemplo, un distinto”, agregó, y al concluir señalo que “sabíamos que estaba enfermo, pero creíamos que iba a ser eterno. Nos dejó. Nos dejó un tipo diferente, y para mí y para muchos que tuvimos una amistad de casi 40 años, nos dejó un amigo. Así que hoy vengo a despedir, desde su lugar, a un amigo”.
A continuación, el presidente del bloque Pro, Humberto Schiavoni recordó su carrera deportiva, su integridad personal, su carrera política, y aseguró que “siempre encontré en él un hombre de infinita sensibilidad, y esa fue la causa por la que, como dijo Alejandra, pudiendo vivir en los mejores lugares del mundo, eligió comprometerse con su país”.
La riojana Clara Vega también evoco su memoria y especuló con que “si él hubiese aceptado ser presidente en el 2003, quizá otro hubiera sido el destino de este país”.
Desde el oficialismo se sumaron al homenaje el fueguino Matías Rodríguez y el puntano Adolfo Rodrígeuz Saá, quien trazó una semblanza de Reutemann desde que era niño, cuando “aprendió en su granja a manejar en un Ford A, también en un rastrojero”, a bordo del cual “dicen que cuando tenía 10 años ahí empezó a volantear. Iba con el rastrojero practicando lo que sería una virtud como deportista”.
Tras destacar toda su carrera deportiva y política, recordó que lo tenía sentado al lado cuando le ofrecieron a él ser presidente de la Nación. En ese momento recordó que luego de que él aceptara “me tomó la pierna, me la apretó y me dijo: ‘Adolfo, te vas a animar…’. Me lo dijo con admiración, con respeto. Me alentó en la difícil tarea que me imponía la historia”.
“Le rindo un homenaje al campeón, al político honesto”, concluyó Rodríguez Saá.
Por último, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, también recordó su pasado como deportista y hasta recordó haber estado en las pruebas de clasificación del Gran Premio de la Argentina en 1974. No pudo ver la carrera, pero sí la clasificación, y recordó que entonces los favoritos eran Jackie Steward, Emerson Fitipaldi, Ronnie Peterson… “Reutemann no figuraba, pero la verdad fue un despliegue impresionante, era pura fiesta. La esperanza era que Lole estuviera dentro del podio, al menos”, recordó. Y casi se impone en esa carrera, pero en la última vuelta “ya no pudo pasar”.
Mayans dijo haberle ofrecido a Reutemann ir a Formosa a atenderse, en “un centro de diagnóstico muy bueno que tenemos”, señaló. “Mirá, estoy bien atendido, pero no estoy bien”, contó que fue la respuesta de su colega.
“Tenemos un recuerdo muy lindo de él, era una muy buena persona, un político destacado; una persona muy apreciada por el pueblo argentino”, sintetizó Mayans.
José Mayans no dejó pasar la oportunidad de recordar también a “un amigo que nos dejó esta semana, Jorge Landau”. Recordó que fue diputado nacional y con él trabajó también en el Parlamento del Mercosur. Se quejó de que desde algún medio dijeran por esos días que cobraban en dólares, y aclaró que “nunca cobramos un solo peso en 8 años” por esa tarea. Landau, recordó el formoseño, se lo tomaba con humor: “Ahora que ganamos en dólares vale la pena venir al Mercosur”, decía con humor.
Y en memoria de Landau y de Reutemann, Mayans señaló, como decía Jesús, que “han partido a la vida del espíritu”.
A continuación, el Cuerpo cumplió un minuto de silencio por ambos.
El senador radical presentó un proyecto de ley que busca contribuir en la formación de los estudiantes desde la pedagogía del aprendizaje-servicio.
El senador nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de ley que propone la creación, en todos los ámbitos de la Educación Superior y la Educación Técnico Profesional, de la “Práctica Educativa Solidaria”, que se realizará en el marco de la formación profesional integral de sus estudiantes, a partir de la pedagogía del aprendizaje-servicio en contextos comunitarios.
El exvicepresidente explicó que “esta ley está orientada a promover prácticas solidarias vinculadas al sistema educativo para ser desarrolladas principalmente en los sectores sociales más vulnerables en términos de situación socioeconómica. Esta iniciativa sostiene una intención pedagógica de mejorar la calidad de los aprendizajes y una intención solidaria de ofrecer una respuesta participativa a una necesidad social”.
“La Práctica Educativa Solidaria pretende fomentar, articular y colaborar con las instituciones de educación superior en el desarrollo de políticas de extensión, focalizando el universo de las problemáticas sociales como campo de acción, con el objetivo de poner en juego los saberes construidos en los procesos de formación profesional de los estudiantes”, explicó el mendocino.
Además, el legislador radical expresó que “a partir de la Práctica Educativa Solidaria la educación superior puede contribuir, no sólo con su valiosa tarea de investigación y actividades de extensión universitaria, sino que también tiene la oportunidad de ofrecer un alto grado de integración de los aprendizajes con una alta calidad de servicio comunitario”.
“Queremos promover la solidaridad como una pedagogía eficaz para mejorar la calidad educativa y que a su vez contribuya a mejorar la vida en nuestras comunidades”, finalizó.
El senador radical aseguró que el canciller debe rendir cuentas sobre “decisiones en política exterior que nos tienen sorprendidos y preocupados”.
El senador Julio Cobos (UCR), vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara alta, reclamó la presencia en el Congreso del canciller Felipe C. Solá -en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional-, para informar sobre los principales lineamientos de la política exterior Argentina.
“Consideramos necesario que el canciller venga al Senado para dar explicaciones sobre las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, tanto en lo que se refiere a la disposición de restringir el cupo de personas que ingresan al país y que ha dejado a muchos argentinos imposibilitados de regresar a su patria, como a las decisiones en política exterior que nos tienen sorprendidos y preocupados”, sostuvo el mendocino.
El radical recordó que “la última visita de Solá al Senado fue el 29 de abril del 2020. Debido al tiempo transcurrido y a la necesidad de conocer las razones que respaldan las decisiones de nuestro país en la arena internacional, es que se hace necesaria su presencia”.
Entre algunas de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el exvicepresidente mencionó que “el pasado 24 de marzo, a través de un comunicado de Cancillería, se dio a conocer que la Argentina se retiró del Grupo de Lima, al considerar que las acciones de buscar aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes no condujeron a nada”.
“Con esta decisión, la Argentina se retiró de la denuncia que investiga la Corte Penal Internacional sobre violaciones a los derechos humanos, cuando los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dan cuenta de una represión continua y de múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo violaciones al debido proceso, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones”, enfatizó Cobos sobre Venezuela.
Asimismo, lamentó que “en otra medida a contramano de nuestra historia, el Gobierno tomó la decisión de abstenerse de acompañar la resolución de la OEA sobre ‘la situación en Nicaragua’ y así no condenó los abusos de poder del régimen de Ortega”. “Además, existen un gran número de inquietudes referidas a la posición argentina en diversos organismos internacionales que son necesarias clarificar”, agregó.
“Es necesario que nuestro país busque objetivos consensuados a nivel doméstico para maximizar sus posibilidades a nivel internacional y así satisfacer las demandas de los argentinos. En un mundo con desafíos constantes es necesario un mayor entendimiento respecto a lo que está sucediendo para poder proyectar de la manera más inteligente a la Argentina”, concluyó el senador.
El senador radical consideró a la media sanción de la ley de Zona Fría de insuficiente e insistió en dar tratamiento a su proyecto de ley para “llevar alivio” a los consumidores de garrafas.
El senador nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) consideró que a pesar de la media sanción de Diputados del proyecto de Zona Fría para reducir las tarifas de gas en regiones de bajas temperaturas “no queda claro qué sucede con la garrafa” en esos lugares. Por eso, propone que se considere servicio público.
“Más allá del voluntarismo del texto del proyecto aprobado ayer -por este jueves- en Diputados no queda claro qué sucede con la garrafa en las denominadas zonas frías y esto seguirá así si no se declara al GLP como servicio público. Se incluye la garrafa en el Fondo Fiduciario, pero no en el esquema de beneficios de rebaja. Lo que sí queda claro es que quienes están fuera de esas zonas y son usuarios de garrafas, seguirán padeciendo la arbitrariedad y falta de regulación en el precio”, argumentó el exvicepresidente.
El radical, autor del proyecto para declarar el GLP como servicio público, señaló que “el proyecto de subsidios al gas de la red domiciliaria alivia la situación de muchas familias, pero no recorta las diferencias e inequidades con miles de argentinos que utilizan gas en garrafa. Tengamos en cuenta que en Argentina hay más de 16 millones de usuarios de garrafas y que ni el conurbano ni las cuatro provincias que no tienen gas de red, se benefician con este proyecto de ley”.
En el mismo sentido, insistió en “la necesidad de declarar servicio público el Gas Licuado de Petróleo y así intervenir en el precio de las garrafas. El GLP no es servicio público, el gas por redes sí; por lo que tiene una fuerte regulación, derechos especiales para sus consumidores y se puede poner un tope al precio. Es una lástima que, a pesar de los proyectos presentados en el Congreso para corregir esta inequidad, no se tengan en cuenta a estas familias”.
“Argentina tiene una extensa red de gas natural, pero no llega a todas las localidades ni a todas las personas. Por eso la demanda social de garrafas de gas es muy grande. Frente a esa demanda, la respuesta del Estado resulta insuficiente, inequitativa o directamente inexistente. Queremos que se venda a precio regulado, razonable y uniforme en todo el país”, explicó Cobos.
El senador de la oposición concluyó: “Pido una vez más, que se trate con premura en el Senado mi proyecto número S679/20 para contemplar esta situación y llevar alivio a los consumidores de garrafas lo más pronto posible, más si tenemos en cuenta las bajas temperaturas que ya se hacen presente en nuestro país”.
La idea es del senador Julio Cobos. Se trataría de una comisión de seguimiento de los acuerdos internacionales sobre política ambiental.
El senador Julio Cobos propuso crear en el ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de los Acuerdos Internacionales sobre Política Ambiental, para que realice un seguimiento y control de eficacia de los Acuerdos Internacionales sobre Política Ambiental, ya que hoy no existe un seguimiento efectivo sobre la realización de las metas asumidas por la Argentina.
El exvicepresidente de la Nación explicó que “la comisión debe evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Argentina tras la firma, aprobación y ratificación de acuerdos internacionales sobre política ambiental, cambio climático y desarrollo sustentable. La fiscalización que realice el Congreso a través de esta comisión permitirá conocer el avance exacto en materia ambiental de los diversos organismos nacionales, provinciales o municipales, tras los compromisos asumidos a nivel internacional; aquí radica la importancia de la presente ley, que tiene como marco el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional”.
“Si bien el artículo 86 del Reglamento Interno del Senado prevé la creación de Comisiones Bicamerales o Bicamerales Mixtas para el estudio de materias de interés común o cuya complejidad o importancia lo tornen necesario, la sanción de una ley fortalece institucionalmente dicho ámbito y brinda una mayor dimensión a la importancia que se le otorga a su concreción”.
El legislador mendocino señaló que “la relevancia de las políticas ambientales y climáticas ha crecido de manera sostenida en el siglo XXI. Prueba de ello es la sanción de la Ley General del Ambiente (2002), el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (2004), la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (2019) y la Ley Yolanda (2020)”.
“El cambio climático afecta a todos los países de todos los continentes, alterando las economías nacionales y a las personas. En este contexto, resulta necesario que el Congreso de la Nación, en el marco de las facultades constitucionales otorgadas y a través de una Comisión específica, efectúe el seguimiento de los objetivos de los acuerdos en cuestión, verifique el cumplimiento de los mismos, sus resultados y las perspectivas de desarrollo futuro”.
“Debemos tomar medidas urgentes para abordar la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. Las metas ambientales que los gobiernos se imponen a la hora de firmar Tratados Internacionales deben ser fiscalizadas y fundamentalmente cumplidas para contribuir a la transformación de una Argentina con mayor capacidad de adaptación a las necesidades que el planeta y la humanidad nos demandan. Es a través del seguimiento y del diálogo técnico y político que podremos cumplir con los compromisos que nuestro país asume a nivel internacional y así eventualmente incrementar nuestras metas ambientales y climáticas”, finalizó Cobos.
A través de un proyecto suyo, esa distinción debería ser solo para jefes de Estado electos en elecciones democráticas.
El senador Julio Cobos presentó un proyecto de ley por el cual se establece que la condecoración “Orden de Mayo” debe ser otorgada exclusivamente a los soberanos o jefes de Estado que han sido electos mediante elecciones libres y competitivas.
El exvicepresidente de la Nación explicó que “la distinción ‘Orden de Mayo’ fue creada por decreto en el año 1946, y es la segunda orden otorgada por el Estado argentino. Debe su nombre a la Revolución de Mayo, que inició la construcción del Estado moderno. La Orden de Mayo es una condecoración otorgada a quienes con su esfuerzo contribuyen al progreso, al bienestar, a la cultura y al buen entendimiento y solidaridad internacionales con la República Argentina”.
“Entendemos que es necesario modificar los requisitos de la elección de la condecoración, dotándola de valores democráticos concordantes con los principios y la cultura política democrática de nuestro país. Por esa razón, el Collar de Mayo será otorgada solo a los soberanos o jefes de Estado electos mediante elecciones libres y competitivas. Esta propuesta va en línea con los ideales de los revolucionarios de mayo”, expresó Cobos.
El legislador mendocino señaló que “se equipara parte del proceso de las postulaciones con los nombramientos a embajadores, jueces y fiscales, entre otras postulaciones, obligando al Consejo que determina a quién otorgarle la Orden que remita al Congreso los antecedentes de los candidatos y la información en su poder. Los legisladores, en base a la información que tienen, podrán realizar descargos si así lo consideran. El Consejo será el que determinará si seguir o no con la postulación. Todo este proceso otorga mayor transparencia y notoriedad a toda la distinción”.
“Lo que se procura con la entrega de las condecoraciones es que aquellos que la reciban tengan una trayectoria prestigiosa, y evitar así la entrega del máximo honor de nuestro país a personas que no estén relacionadas con los valores democráticos de Argentina”, concluyó Cobos.
El senador radical criticó el alto costo del actual sistema impositivo para las exportaciones de las economías regionales.
El senador nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) cuestionó el actual sistema impositivo para las economías regionales al considerar que maneja costos que hacen la exportación “inviable”. Además, criticó el alcance de la última reforma de la ley IVA.
Cobos explicó que “las economías regionales necesitan un sistema impositivo que aliente las exportaciones, que reduzca los costos fiscales y financieros del comercio internacional. El Estado debe ser un promotor que ayude a los productores de las economías regionales a vender su producción al mundo y no a un costo que lo haga inviable”.
“Entendemos que el Estado debe alentar la exportación de bienes que implican la industrialización de la producción agrícola no pampeana, e incluir su ciclo productivo en la alícuota reducida del IVA, como lo hace con el complejo agroindustrial de la soja. La última reforma de la ley de IVA, la ley Nro. 27.467, amplía la alícuota reducida del IVA a residuos sólidos y subproductos de la industrialización de la soja, pero no tiene el mismo criterio para los procedentes de la industrialización de las frutas y verduras”, sostuvo el exvicepresidente.
Además, expuso el descuido de las exportaciones de materia prima tratada por complejos comparación con las exportaciones de soja. “Es necesario tratar la producción de mosto o jugos de uva de la misma manera que la producción agroindustrial de la soja”, argumentó.
“No es lo mismo exportar uvas frescas que exportar pasas de uvas, mosto, vinagres o vino a granel. Esto implica exportar trabajo de complejos agroindustriales, que también dan salida a los excesos de stock de frutas en las buenas cosechas, sin deprimir precios o saturar el mercado interno. Es trabajar en forma inteligente para desarrollarnos, para crecer, para dar trabajo en las provincias productoras, a todo el universo de posibilidades que abre la producción local”, explicó el senador mendocino.
El legislador de la Cámara alta resaltó la importancia de llevar a cabo una reforma de la ley de IVA para motorizar la industrialización. “Es algo que necesitan las provincias andinas para desarrollar más industrias, crear empleos y empresas, generar productos y no ventas a granel de productos agrícolas”, admitió.
Por último, Cobos manifestó: “Un primer paso para disminuir la regresividad del IVA es establecer alícuotas diferenciadas, que aún con sus defectos es mejor que lo que establece la ley, donde las exenciones derivan más en intereses sectoriales que en necesidades sociales. El otro objetivo de esta ley es la promoción de las exportaciones agrícolas de las economías regionales, algo tan necesario en muchas actividades. Argentina necesita un sistema tributario que exporte trabajo y no impuestos, y esta ley es un avance más en ese sentido”.
Advirtió sobre un anuncio oficial hecho para deudores del Banco Hipotecario y planteó la incertidumbre del resto de los afectados por el problema.
El senador nacional Julio Cobos ha hecho del tema de los créditos hipotecarios uno de los ejes de su gestión. En ese marco, suele insistir desde su banca sobre el problema de los deudores por los créditos UVA.
Una vez más lo hizo durante la sesión de este jueves, al presentar un pedido de preferencia para dos proyectos que van en idéntico sentido, referidos a dar solución a los créditos UVA, “ya que la angustia de la gente sigue siendo cada vez más grande”, según expresó. En ese sentido, Cobos reiteró que “se ha roto la equidad contractual en la relación de los ingresos de los deudores con las cuotas que tienen que pagar. Tanto la gestión anterior como la actual decretaron dos y tres congelamientos, respectivamente. El último venció en febrero. Ya estamos casi por entrar al mes 6 –a mitad de año– y la verdad es que no hay una solución estructural a la vista”.
“A partir de la ley de solidaridad que aprobó este cuerpo se encomendó al Banco Central una solución. Bueno, la solución no aparece”, agregó, reconociendo más tarde que “este problema lo originamos nosotros en la gestión anterior y este proyecto lo presentamos en la gestión anterior para encontrar una solución: es el mismo proyecto. Es el mismo proyecto, actualizado a las circunstancias de la evolución de los acontecimientos”.
Le contestó más tarde el presidente del bloque oficialista, José Mayans, quien precisó sobre ese tema que “ya estamos trabajando y es complejo. En primer lugar, porque el 75 por ciento fue otorgado por la banca pública, es decir, por el Banco Nación, por el Banco Provincia y por el Banco Ciudad. Fueron aproximadamente cien mil personas las que accedieron a esos créditos y estaban actualizados por el índice de inflación, o sea, UVA más CER. Obviamente, eso causó estragos”.
“Ahora bien, alguien tiene que hacerse cargo de esto, porque tiene que haber una decisión administrativa superior. Yo estuve hablando con el presidente del Banco Central y con la gente de los bancos, y ellos dicen: Nosotros por sí no podemos tomar este tipo de determinaciones; debe haber un decreto de necesidad y urgencia o tiene que haber una ley. Porque alguien tiene que pagar esto y nosotros no podemos decir: Les perdonamos tanto y ya está. El sistema no funciona así; el sistema tiene que venir acompañado de decisiones administraciones que son de nivel superior”, explicó el formoseño, para precisar luego que “para este nivel de decisión, obviamente, que el Poder Ejecutivo tiene que acompañar el tema, porque alguien tiene que pagar esto. Entonces, no es sencillo el tema por la situación que estamos atravesando”.
Este viernes, Julio Cobos destacó que “el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, hoy anunció medidas para un universo muy chico: 7.655 deudores del Banco Hipotecario, pero por ahora y para la gran mayoría de deudores, sigue la incertidumbre”. Agregó que “el ministro mencionó una circular del BCRA por la que se establece que ninguna cuota puede aumentar el 35%. Esto significa que, o se subsidian, o se aumentan las mismas, lo que haría interminable el crédito. Aparentemente, Banco Nación y Banco Provincia subsidiarían la diferencia, en el resto de los bancos no se sabe”.
En ese marco, el senador mendocino reclamó que “el Banco Central también debería regular la tasa de interés de los créditos UVA. Además de actualizar el capital, algunos bancos agregan hasta un 12% de interés, algo exagerado para este tipo de operatoria”.
Las iniciativas fueron presentadas por los radicales Cobos y Fiad ante la crítica situación que atraviesan las familias deudoras tras el descongelamiento de las cuotas.
Senadores de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, que preside la radical Silvia Elías de Pérez, debatirán este martes a partir de las 14 dos proyectos de ley sobre renegociación de los contratos de créditos hipotecarios UVA.
Las iniciativas fueron presentadas por los legisladores de la UCR Julio Cobos y Mario Fiad, respectivamente, y para poder ser tratadas en el recinto deberán pasar también por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce el oficialista Carlos Caserio.
El proyecto de Cobos busca establecer un marco para la regularización de los créditos UVA ante el reclamo de deudores hipotecarios, unas 105.000 familias cuya situación se ve agravada por el descongelamiento de las cuotas.
En ese sentido, se dispone que los bancos deberán presentar a los deudores hipotecarios el nuevo convenio, en el cual se podrá optar UVA o UVI como método de actualización.
La iniciativa además establece un marco normativo dentro de la Ley 27.271 “Casa Ahorro” para la UVA, que se aplicará a los préstamos hipotecarios con los requisitos establecidos para la UVI. El límite a la aplicación de intereses para los préstamos hipotecarios para vivienda única cuando se tomen en UVA o UVI pasaría a ser del 5% como máximo.
Por otra parte, los desembolsos pactados serán realizados en pesos, actualizados con la variación que experimente el valor de la UVA o UVI según corresponda, desde el otorgamiento del crédito a la fecha del desembolso.
El proyecto además propone la creación de un seguro para que, en el caso en que la evolución de la unidad tomada sea mayor al CVS, existan fondos que cubran esa diferencia. Esto, mediante la cobertura de un seguro para las cuotas que superan el 10% del desfasaje que se produce cuando el incremento de la cuota supera la evolución del CVS. También actualiza la deducción de impuesto a las ganancias para los préstamos hipotecarios.
Del mismo modo, suspende las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos hipotecarios en UVA para vivienda única familiar por el término de un año.
En tanto, el proyecto presentado por Fiad establece que las operaciones de créditos UVA y UVI sean actualizadas mediante el índice RIPTE (variación salarial), y agrega que la cuota mensual resultante no debe exceder el 35% del ingreso del grupo familiar del deudor. También dispone la suspensión por seis meses de las ejecuciones hipotecarias de viviendas adquiridas bajo esta modalidad.
El senador mendocino presentó un proyecto para modificar un artículo de la Ley de Impuestos Internos.
El senador nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 26 de la Ley 24.674 de Impuestos Internos, con el objetivo de fomentar el consumo de jugos naturales.
El exvicepresidente explicó que con esta ley “queremos incentivar el consumo y la producción de los jugos naturales, ya que es de gran utilidad tanto para la salud pública como para las economías regionales”.
“Sabemos que uno de los motivos que generan los impuestos selectivos es intervenir para desalentar unos consumos y favorecer otros. Esta modificación que proponemos favorece a que los empresarios prefieran utilizar como materia prima de las bebidas a los jugos naturales, en lugar de los artificiales”, explicó.
El radical señaló que “hoy la Ley de Impuestos Internos grava las ventas de bebidas analcohólicas en base a jugos naturales con una alícuota reducida del impuesto del 4% y las que no poseen jugos naturales la alícuota plena del 8%. Proponemos la exención de los Impuestos Internos para las bebidas producidas en base a jugos naturales, promoviendo que las empresas impulsen hábitos más saludables de consumo y, a la vez, generar más salida a la producción de uvas y otras frutas”.
El mendocino remarcó que “una ley que promueva la producción de bebidas en base a jugos de uva es un viejo anhelo de los productores, porque ofrece una nueva salida a la producción vitivinícola, más allá de la producción de vinos o fruta a granel”. “Una recorrida por las economías regionales muestra la abundancia de frutas que pueden ser utilizadas para la producción de jugos. De esta forma promovemos la actividad de los pequeños productores e incentivamos las economías regionales”, agregó.
“Resulta injusta una matriz productiva donde no hay mercado local para las frutas y se las excluye de los insumos de las bebidas sin alcohol. Los mismos beneficios que tienen los productores de uva lo gozarán aquellos que producen peras, manzanas, duraznos, naranjas o cítricos en general, dando a la producción de jugos un mercado más dinámico, demandante y con mayor continuidad en el tiempo”, finalizó.
El senador mendocino expresó su felicidad en las redes sociales.
“¡¡Muy emocionados con la llegada de nuestra beba, Isabella!! Felices de tenerte ya aquí, entre nosotros. ¡Bienvenida, te amamos hija!”, celebró alborozado este miércoles el senador nacional de Juntos por el Cambio Julio Cobos, que a los 65 años volverá a cambiar pañales.
El exvicepresidente de la Nación agradeció la atención de todo el personal de la Clínica de Cuyo de Mendoza, #particularmente nuestra eterna gratitud al doctor Ricardo De Gaetano y su hijo, nuestro amigo, Federico”.
El senador nacional está en pareja desde hace más de cinco años con Natalia Obón, con quien construyó una nueva familia con las tres hijas de ella, los tres hijos que él ya tiene producto de su primer matrimonio, y sus nietos.
A principios de noviembre del año pasado, cuando anunció la buena nueva, Cobos contó que su familia se agrandaría este año con “la llegada de nuestra cuarta hija, lo cual nos llena de muchísima dicha y felicidad y queremos compartirlo con nuestros seres queridos y amistades”.
En esa oportunidad ya contó que sabían el sexo del bebé y cómo se llamaría. “Te esperamos ansiosos, Isabella”, escribió entonces. Hoy Isabella ya llena de felicidad la vida de sus padres.
Por Julio Cobos. El senador nacional reflexiona sobre la urgencia de la renegociación de los créditos UVA.
En el marco del déficit habitacional endémico de Argentina, un sistema de crédito hipotecario siempre es bienvenido. Así sucedió con el sistema de créditos UVA ideado originalmente por directivos del BCRA de la gestión anterior. La ciudadanía se entusiasmó por la posibilidad de adquirir o construir casas, con cuotas accesibles y facilidades para acceder a los créditos (no se recargaba el interés en la evaluación del sueldo para calificar, por lo tanto se podía acceder a un mayor crédito). Todos sabemos lo que sucedió luego, la inflación generó una fuerte asimetría provocando que se rompiera la equidad contractual, poniendo en riesgo a todo el sistema. Como paliativo se establecieron cinco congelamientos del valor de la UVA que se realizaron en diferentes momentos entre agosto de 2019 y febrero del presente año, lo que provocó acumulación de deuda y ninguna solución estructural definitiva.
Desde hace tiempo vengo alertando sobre la situación de los créditos UVA y negar la existencia del problema es sólo profundizarlo, necesitamos encontrar una solución integral y llevar tranquilidad a cientos de familias en todo el país. A veces se pierde la verdadera dimensión y complejidad de la situación generada por este sistema de créditos. Es importante tener en cuenta que el universo UVA comprende a más de 105.000 familias con créditos hipotecarios y varias más comprendidas en créditos automotores, prendarios y personales. No hay medias tintas. Rota la equidad contractual, se deben renegociar los contratos de los créditos UVA.
Cuando el Congreso de la Nación sancionó la ley de Solidaridad Social, en su artículo 60 encomendó al Banco Central que analizara la situación y diera una solución, pero esa solución nunca llegó. En cambio, comenzaron a llegar mandamientos de ejecución hipotecaria, como le sucedió a una familia de San Rafael, Mendoza. Esta época ya la vivimos, no podemos repetirla. En forma preventiva y para evitar problemas a corto plazo, se deben suspender las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos UVA.
Hace tiempo, presenté un proyecto de ley en el Senado para buscar una solución integral, que sirva tanto para los créditos pasados como para los créditos futuros, que se encontrarán con los mismos conflictos. Una vez más, esta semana solicité que se avance en el tratamiento de ese proyecto que brinda diferentes herramientas, y que seguramente puede ser enriquecido y mejorado con el aporte de todos los sectores.
Debemos avanzar en medidas que permitan la renegociación de contratos para los préstamos hipotecarios de vivienda única otorgados en UVA por única vez, las cuotas de los créditos no deben aumentar por encima del valor del coeficiente de variación salarial, se deben bajar y limitar los intereses bancarios que son excesivos, también actualizar la deducción de los préstamos hipotecarios para el impuesto a las ganancias, y los desembolsos de los créditos deben ser actualizados con la variación que experimente el valor de la UVA desde el otorgamiento del crédito a la fecha del desembolso. También, se debe crear un seguro para que, en el caso en que la evolución de la unidad tomada sea mayor al CVS, existan fondos que cubran esa diferencia.
Debemos reconocer y es parte de la autocrítica necesaria, que durante nuestra gestión anterior se originó el problema porque no se controló la inflación. Ahora bien, el mismo fue heredado y transferido a la actual administración y si éste no se resuelve se magnifica y las responsabilidades se comparten. Sé de la preocupación de diferentes legisladores -tanto del oficialismo como de la oposición- respecto de este tema, les pido que lo abordemos en forma conjunta y se acelere su tratamiento en el Congreso de la Nación; porque lo verdaderamente importante es dar respuesta a miles de ciudadanos y evitar que pierdan sus casas y sus autos ante la imposibilidad de afrontar el pago de los créditos.
El senador mendocino pidió que el su proyecto de ley 1856/20 se trate lo antes posible.
En la sesión de este jueves el senador Julio Cobos (UCR-Mendoza) solicitó que se trate a la brevedad el proyecto de ley 1856/20 de su autoría, que establece la renegociación de contratos para créditos hipotecarios UVA, para “brindar soluciones de fondo a todas las familias que han solicitado estos créditos”.
El exvicepresidente de la nación explicó que “solicito que se le dé preferencia al proyecto de ley de renegociación de contratos para créditos UVA. Reitero este pedido porque se quedó en la comisión de Economía y estamos avanzamos muy lentamente, le pido al Secretario Parlamentario que arbitre los medios para que esto sea factible; lo mismo al presidente de la Comisión de Presupuesto”. Además, agregó que “este proyecto fue representado en agosto de 2020, pero es el mismo que presentamos en la gestión anterior; acá no proponemos un proyecto cuando somos oficialismo y otro cuando somos oposición”.
“Lamentablemente, en el día de ayer ya apareció el primer mandamiento de ejecución hipotecaria. En este caso de San Rafael, Mendoza, la familia Macaluso y Mir tiene que vender la casa, obviamente que la tasación que le dan no alcanza a pagar el préstamo, y esta es una excusa que se usa de que las casas se valorizan y por eso aumentan los créditos. Esta época ya la vivimos en otras circunstancias, entonces es necesario dar una solución. El caso de esta familia no es que va a vender la casa y se va a comprar una más chica, venderán la casa y además se quedarán con una deuda impagable y en la calle”, argumentó Cobos.
Asimismo, el legislador mendocino señaló que “en la ley que aprobamos de Solidaridad Social, en el artículo 60 se encomendaba al Banco Central a encontrar una solución, pero la solución no ha venido, entonces necesitamos una solución por ley. Lo único que se dispuso, tanto en la gestión anterior como en la administración del Presidente Fernández, son cinco congelamientos que han dado tranquilidad desde agosto de 2019 hasta febrero de 2021, pero lo único que han hecho es acumular deuda”.
Finalmente, sostuvo que “en virtud de que se rompió la equidad contractual, hay que sentarse a renegociar los créditos UVA. Con este proyecto proponemos un conjunto de medidas que van a dar un poco de tranquilidad a los más de 105.000 deudores hipotecarios”.
El proyecto de ley, entre otras características, establece pautas para los deudores hipotecarios actuales. Por un lado, solicita la renegociación de contratos para los préstamos hipotecarios de vivienda única otorgados en UVA por única vez. Además, los bancos deberán presentar a los deudores hipotecarios el nuevo convenio, en el cual se podrá optar UVA o UVI como método de actualización.
La iniciativa además establece un marco normativo dentro de la Ley 27.271 “Casa Ahorro” para la UVA, que se aplicará a los préstamos hipotecarios con los requisitos establecidos para la UVI. El límite a la aplicación de intereses para los préstamos hipotecarios para vivienda única cuando se tomen en UVA o UVI pasaría a ser del 5% como máximo.
Por otra parte, los desembolsos pactados serán realizados en pesos, actualizados con la variación que experimente el valor de la UVA o UVI según corresponda, desde el otorgamiento del crédito a la fecha del desembolso.
El proyecto además propone la creación de un seguro para que, en el caso en que la evolución de la unidad tomada sea mayor al CVS, existan fondos que cubran esa diferencia. Esto mediante la cobertura de un seguro para las cuotas que superan el 10% del desfasaje que se produce cuando el incremento de la cuota supera la evolución del CVS. También actualiza la deducción de impuesto a las ganancias para los préstamos hipotecarios.
En el mismo tono, suspende las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos hipotecarios en U.V.A. para vivienda única familiar por el término de un año y modifica la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia pública, para incorporar en la evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA a toda entidad bancaria, financiera y destino para el cual se hubiere contraído, hipotecario UVA; créditos prendarios UVA, préstamos personales UVA.
La propuesta es del senador Julio Cobos, para crear programas de fomento por regiones y provincias desde una visión integral sin perder de vista el concepto de la equidad
Luego que el Ejecutivo Nacional dictara el decreto 191/2021 para establecer un Régimen de Promoción de Empleo para el Norte Grande Argentino, Julio Cobos presentó un proyecto de ley de promoción integral del empleo y la inversión para todas las economías regionales de la República Argentina.
Consultado el senador sobre los alcances de su proyecto expresó que “las desigualdades en el desarrollo económico regional de Argentina han tenido un correlato directo con los problemas sociales relacionados con la pobreza, indigencia y la distribución del ingreso. Entendemos que lo planteado por el decreto del Poder Ejecutivo no soluciona las asimetrías reales. De hecho, si consideramos las estadísticas recientemente dadas a conocer por el INDEC, la pobreza en porcentaje de la población para el segundo semestre del año pasado, es mayor en la Zona Cuyo que en el Noroeste”.
El ex vicepresidente agregó que “promovemos un desarrollo más equitativo y sostenible a partir de la distribución de los beneficios por regiones”. Estas serían las siguientes:
· Región Cuyo integrada por La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza;
· Región Noroeste con Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero;
· Región Noreste formada por Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones;
· Región Pampeana con Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
· Región Patagonia con La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”
“Buscamos crear programas de fomento al empleo y la inversión por regiones y provincias desde una visión integral sin perder de vista el concepto de la equidad. La distribución se realizará conforme criterios objetivos tales como Producto Bruto Geográfico per cápita en la región, índice de industrialización, incidencia de la pobreza en la región y densidad de población”, explicó Cobos.
El legislador mendocino señaló que “los beneficios para nuevos proyectos productivos buscan el fomento directo a la creación de empleo, asignando cupos de crédito fiscal por hasta el 200% de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial de los nuevos puestos de trabajo generados. Tal crédito puede ser utilizado para cancelar en forma inmediata otros tributos nacionales. Además, para el fomento directo de la inversión, se contempla la creación de un bono crédito fiscal, endosable por única vez, por un valor equivalente al 50% de la inversión realizada, junto con sistemas de amortización acelerada de los bienes de capital e infraestructura generada por el nuevo proyecto”.
Cabe destacar que el proyecto prevé un régimen que dure en el tiempo y cuyo costo fiscal se incluya en el Presupuesto de cada año que apruebe finalmente el Poder Legislativo y que el mismo tiene su base en el proyecto S-2073/2010 presentado por la senadora (MC) Laura Montero.
PROYECTO-DE-LEY-REGIMEN-DE-PROMOCION-.pp_El senador radical presentó un proyecto de ley para abordar la conflictividad social en las escuelas.
El exvicepresidente de la nación Julio Cobos (UCR-Mendoza) presentó un proyecto para crear un “sistema nacional de convivencia escolar”. La idea, explicó, es que “aborde la conflictividad social, prevenga y mitigue la violencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional”.
El sistema establecería “las bases para la promoción, intervención y seguimiento institucional, así como la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia; con el fin de construir una sociedad democrática, participativa y pluralista, que fortalezca el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de niños, niñas y adolescentes”.
El legislador mendocino identificó que “los conflictos en el ámbito escolar afectan el ambiente de aprendizaje, con graves consecuencias para los niños en términos de salud mental; pudiendo provocar pérdida de confianza, trastornos psicológicos, ausentismo escolar, depresión e incluso el suicidio. El inadecuado tratamiento de las situaciones de conflicto es uno de los obstáculos que impiden a los estudiantes tener igualdad de oportunidades y de desarrollo en los ámbitos académicos y socioeconómicos, por eso queremos revertir esta situación”.
Por eso, comentó que “el proyecto que presentamos brinda una serie de herramientas, definiciones y protocolos para que la comunidad educativa pueda ser capaz de comprender la complejidad de formas en que se presenta la violencia, identificando estas circunstancias, las indisciplinas que distorsionan el clima escolar y las situaciones que constituyen bullying. Centrar la mirada en el bullying descuidando la violencia ocasional o a la inversa, minimizar la problemática atendiendo todas las situaciones de violencia como esporádicas, dificulta restituir el buen clima escolar con consecuencias en el aprendizaje”.
“Con normas que valoran la diversidad, la convivencia pacífica y la participación democrática de todos los actores de la comunidad educativa, pretendemos dar un marco de referencia que posibilite actuar en la prevención, detección, atención y seguimiento para cada tipo de situación de conflicto”, aseguró el radical.
El proyecto propone la creación de un Sistema Unificado de Convivencia Escolar que “permita analizar cada caso, documentar, activar protocolos adecuados a cada situación de conflicto y realizar su seguimiento. El sistema garantiza el derecho a la intimidad y confidencialidad de los datos de las partes involucradas. También se establece la Ruta de Atención para la Convivencia Escolar que deberán seguir las instituciones que conforman el Sistema Nacional en todos los casos en que se afecte la convivencia escolar”.
Por último, Cobos señaló que “nuestra intención es que la comunidad educativa tenga una mirada atenta en las relaciones de los alumnos y se gestione la convivencia de todos. Debemos asegurar un clima de bienestar en donde el docente pueda enseñar y el alumno aprender”.
El senador radical presentó la iniciativa atendiendo “la inquietud y necesidad expresada por la Asociación de Síndrome de Down de la Provincia de Mendoza”.
En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el senador Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de ley para instituir una “Libreta de Salud Infantil Inclusiva” como documento único de información, destinada al registro de los controles periódicos del estado de salud general de la población materno infantil y adolescente, que incluya información propia del Síndrome de Down y otras patologías discapacitantes y prevalentes en la población infantil.
El exgobernador de Mendoza manifestó que “si bien en nuestro país existe la Libreta de Salud para Niño/a, hay jurisdicciones que no cuentan con este documento y aquellas que lo poseen tienen diversas modalidades de registro. Necesitamos contar con un marco general a nivel nacional y que, a su vez, se amplíe el alcance de la población a la cual está destinado el documento. Es por eso que presentamos esta iniciativa”.
“Proponemos pautas mínimas comunes de elaboración de la libreta de salud infantil para tener un registro uniforme y permitir el seguimiento de la salud de niños, niñas y adolescentes. El proyecto amplía el horizonte de inclusión de los niños, niñas y adolescentes, incorporando a la libreta de salud de referencia a personas con discapacidad. Se considera la inclusión de la población infantil y adolescente con Síndrome de Down y se plantea la evaluación de acceso de otras patologías discapacitantes y prevalentes en la población infantil y adolescente del país”, explicó el radical.
El legislador insistió que “para la construcción de una ciudadanía diversa e inclusiva en términos de derechos, a los controles establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación para niños sin patología significativa de base, se incorporan a los niños, niñas y adolescentes con Síndrome de Down, y así lograr un adecuado seguimiento de su desarrollo y crecimiento, unificando las actuaciones profesionales en este sentido”.
“Esta iniciativa responde a la inquietud y necesidad expresada por la Asociación de Síndrome de Down de la Provincia de Mendoza (ADOM), que promueve el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, reveló.
Por último, Cobos sostuvo: “Pretendemos que el niño, niña y adolescente con Síndrome de Down y su familia se encuentren contenidos y acompañados por el sistema, brindándoles apoyo y orientación, como así también proveerles de información significativa para el ejercicio de sus derechos. El cuidado de la salud y la estimulación temprana les brindará mayores oportunidades para una vida plena”.
El proyecto es restrictivo que la legislación vigente porque incluye cualquier delito que según las leyes argentinas merezca pena privativa de la libertad.
El senador nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) presentó un proyecto para modificar la Ley de Migraciones. En ese sentido explicó que “días atrás se dio una polémica por un decreto del presidente Alberto Fernández que anulaba otro del presidente Mauricio Macri, el cual establecía modificaciones a la ley de Migraciones relacionadas a las prohibición de ingreso y permanencia a personas que cometieron delitos. Ese decreto de la gestión anterior fue declarado inconstitucional en algunos aspectos por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, lo que motivó que se derogara y se restableciera la vigencia de la Ley de migraciones”.
“Frente a esto, decidimos presentar una propuesta para dar el debate en el Congreso de la Nación y subsanar así los inconvenientes jurídicos y legales. Entendemos que es necesario establecer claramente las restricciones que impidan el ingreso de personas al país con causas penales y a su vez, ser más estrictos en la residencia temporaria y en los criterios de expulsión”, señaló el senador radical.
Respecto de las causales de prohibición de ingreso y permanencia y cancelación de residencia, el mendocino aseguró que “nuestra propuesta es más restrictiva que la legislación vigente porque incluye cualquier delito que según las leyes argentinas merezca pena privativa de la libertad, ya sea que se trate de condena firme o no, o tener antecedentes. En la ley actual es sólo para delitos de más de 3 años de pena privativa de la libertad para prohibición de ingreso y 5 años para cancelación de la residencia. Además, introducimos delitos que actualmente no están individualizados como el tráfico de órganos y tejidos y delitos de corrupción”.
Por otra parte y en relación a la reducción de los plazos de validez de la autorización de residencia precaria, Cobos indicó que “se propone pasar de 180 a 90 días, y la misma no resulta residencia válida a los efectos del arraigo necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización” y en cuanto a la expulsión que “la ley actual lleva implícita la prohibición de reingreso por un mínimo de 5 años para cualquier delito, por lo que proponemos un mínimo de 8 años en caso de delitos dolosos y 5 para delitos culposos, entre otras modificaciones. Esperamos que sea analizado y discutido en el Congreso”.
Ante la muerte de un trabajador, sus hijos podrían seguir cobrando la pensión después de los 18 años, si aún estudian.
El senador radical Julio Cobos presentó un proyecto de ley para extender la edad de quienes reciben pensión por estudio hasta los 25 años, en aquellos casos en los que se compruebe la continuación de los estudios.
“En la ley vigente, ante la muerte de un trabajador, el beneficio del retiro por invalidez podía ser concedido a las hijas o hijos solteros que no gozaran de una pensión hasta los 18 años de edad”, explicó el exvicepresidente y agregó que “nuestra propuesta extiende este beneficio hasta los 25 años en los casos que acrediten la continuación de los estudios secundarios, terciarios o universitarios en instituciones reconocidas por las respectivas autoridades educativas”.
Cobos mencionó que el proyecto contaba con la sanción del Senado, pero nunca fue tratado en Diputados. “El Código Civil y Comercial de la Nación establece la obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos en la etapa formativa, a fin de que puedan capacitarse en una profesión u oficio”, señaló el legislador, que agregó: “esa formación no se concluye a los dieciocho años, sino que la formación universitaria o terciaria excede esa edad”.
Para el exvicepresidente, esta ley “permitiría a los jóvenes culminar sus estudios y evitar la deserción del sistema educativo”. Además, el legislador radical manifestó que “esta iniciativa va en sintonía con el nuevo código Civil y Comercial. El Estado no debe eludir las mismas obligaciones para los casos de hijos mayores de edad, que son a su vez huérfanos de padre y/o madre con derecho a la pensión hasta cumplir los dieciocho años; debe asumir la obligación de asistencia a través de la pensión, equiparando la misma obligación que los padres hasta el momento que cumplan los veinticinco años o terminen sus estudios. El desarrollo futuro de esa persona va a ser potenciada en caso que logre concluir estudios terciarios o universitarios”.
El proyecto impulsa el uso de energías alternativas para los transportes terrestres con el fin de reducir las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.
El senador nacional Julio Cobos (UCR) presentó una iniciativa para crear un marco normativo que promueva el uso de vehículos impulsados por tecnologías de energías alternativas, en consonancia con un proyecto presentado por diputados de JxC.
El legislador radical explicó que “el presidente, en el discurso de apertura de sesiones ordinarias, hizo mención a la necesidad de impulsar el desarrollo de la producción de vehículos con movilidad sustentable”. Además, aseguró: “Nosotros, desde hace tiempo venimos trabajando en el tema, en función de diferentes acuerdos internacionales como el Acuerdos de París y el protocolo de Kioto”.
El mendocino aseguró que la migración a un sistema con vehículos eléctricos y sistemas alternativos de movilidad es “necesaria” en la lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica.
“Recordemos que las dos fuentes más importantes de emisiones de gases de efecto invernadero son la generación eléctrica y el transporte terrestre; éstas representan un 50% aproximadamente del total de emisiones generadas por la actividad humana. Por eso presentamos esta propuesta”, argumentó Cobos.
La propuesta busca “lograr que los vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas se incorporen en el mercado local, a un ritmo que permita el cumplimento de los objetivos internacionales de expansión de esta tecnología de transporte”.
“Argentina tiene una fuerte industria automotriz, la cual genera empleos de calidad. Debemos prepararnos para los próximos desafíos, para lo cual también debemos establecer un marco regulatorio que permita acelerar el ingreso de la nueva tecnología y lograr que la industria automotriz local se adapte”, señaló el senador nacional.
El proyecto propone una serie de estímulos para las personas jurídicas “que desarrollen en el país, por cuenta propia y como actividad principal, la producción de vehículos, sus repuestos, mantenimiento y estaciones de carga de energía”.
La iniciativa plantea que “los beneficiarios no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento del otorgamiento del beneficio. Ésta alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios, así como también a los derechos o aranceles a la importación y exportación”.
En otro de sus puntos, establece: “Los beneficiarios del presente régimen gozarán, por cada uno de sus trabajadores en relación de dependencia, debidamente registrados la reducción de los aportes patronales al Sistema Jubilatorio del 50% en el caso que el trabajo sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires y un 70 % en las demás jurisdicciones provinciales. Este beneficio se extenderá por el plazo de dos años desde la contratación”.
También se propicia “un bono de crédito fiscal transferible por única vez, equivalente al 10% de las ventas de vehículos sujetos a promoción en la presente ley, con periodicidad mensual”.
La iniciativa presenta: “Los beneficiarios del presente Régimen de Promoción de la Industria Automotriz Eléctrica quedarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del 15%”.
Al respecto, detalla: “A los efectos de computar el plazo en el cual debe amortizarse la construcción o compra de la Estación de Carga, en el Impuesto a las Ganancias el plazo máximo de amortización será de diez años, pudiendo optar el contribuyente por una amortización total el año de puesta en marcha”.
También plantea que “las empresas que compren vehículos impulsados por tecnologías de energías alternativas para su actividad gravada contarán con los siguientes beneficios fiscales: Podrán deducir íntegramente el valor de la compra en el primer ejercicio en el Impuesto a las Ganancias, en concepto de amortización acelerada; los gastos que demanden los automotores eléctricos serán deducibles sin aplicación del límite previsto en el inciso l del artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias; Incentivo adicional, los beneficiarios podrán obtener, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación, un bono de crédito fiscal transferible por única vez, equivalente al 10% del valor de compra del vehículo sujeto a promoción en la presente ley”.
La iniciativa además precisa que “los compradores podrán obtener un bono de crédito fiscal transferible por única vez, equivalente al 10% del valor de compra del vehículo sujeto a promoción en la presente ley, sin considerar su carga impositiva nacional. Dicho incentivo será computable como forma de pago de Obligaciones Tributarias a su cargo”.
El senador nacional Mario Fiad presentó con su par Julio Cobos una iniciativa en busca de contar con un registro que permita un control y seguimiento de cada dosis.
El senador nacional Mario Fiad mostró su preocupación y repudió los hechos conocidos el viernes, cuando un periodista afín al Gobierno nacional comentó que había logrado vacunarse tras contactarse con el ministro de Salud de la Nación, Gines González Garcia.
Al respecto, Fiad expresó: “Gran parte del personal de salud sin vacunarse, miles de personas de riesgo sacando turno, y resulta que en el Ministerio de Salud de la Nación funciona un vacunatorio VIP para los amigos del poder. Esto es inadmisible, inmoral, irresponsable”.
Horas después de que este escándalo salió a la luz, trascendió que el caso del periodista no había sido el único, sino que políticos, sindicalistas y demás allegados al Ejecutivo, también se habían aplicado la dosis por fuera del protocolo de vacunación.
“Es una total falta de respeto y una clara muestra de desprecio hacia toda la sociedad. Esta acción no hace más que demostrar la falta de ética y de transparencia de la gestión del gobierno nacional”, aseguró el legislador jujeño.
En este marco, Fiad y el senador nacional Julio Cobos presentaron un proyecto para que se cree un Registro Nacional de Vacunados contra el Covid-19.
“Necesitamos transparencia y criterios estrictos en la asignación de las vacunas. Este registro permitirá un control y un seguimiento de cada dosis. Este sistema informará sobre dosis disponibles, las asignaciones a cada jurisdicción y los datos del receptor”, explicó el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Nación.
“Sabemos que faltan vacunas en el mundo en general, pero mucho más en la Argentina por la mala gestión realizada con los distintos laboratorios que la producen. Queremos que todos los argentinos se puedan vacunar, no permitiremos abusos de poder, no queremos atropellos ni privilegios”, dijo finalmente Fiad.
El proyecto fue presentado en la Cámara alta por el senador mendocino Julio Cobos.
El senador nacional Julio Cobos (UCR) propone definir el acceso al mercado de cambios para la cancelación de deudas y explicó que “las distorsiones en el mercado cambiario traen múltiples consecuencias, afectando a los compromisos asumidos entre partes. Por ello, queremos determinar claramente cuándo un deudor puede acceder al mercado de cambios para cancelar deuda en moneda extranjera, y cuando aplica el artículo 765 del Código Civil y Comercial”.
“Por un lado, si se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en nuestro país, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede dar el equivalente en moneda de curso legal. Por otra parte, la Circular A 6770 del BCRA del 31 de agosto de 2019 prohibió el acceso al mercado de cambios para el pago de deudas y otras obligaciones en moneda extranjera entre residentes, concertadas a partir de la fecha y para las obligaciones en moneda extranjera instrumentadas mediante registros o escrituras públicas al 30-08-19, se puede acceder a su vencimiento”, detalló el radical.
En esta línea, el mendocino precisó que “con esto, hay dos tipos de obligaciones de dar en moneda extranjera, las anteriores al 31 de agosto de 2019 y las realizadas a partir de esa fecha. Con respecto a la primera, hay que ser amplios en el acceso al mercado único de cambios, porque el criterio es demasiado estricto. Por eso, proponemos que para el pago de deudas y otras obligaciones en moneda extranjera instrumentadas por escritura pública, hipotecas, saldos de boletos de compra venta y demás instrumentos que posean sellado o fecha de certificación de firma que den fecha cierta, el BCRA autorice el acceso al mercado de cambios por parte del deudor y el depósito del mismo en una cuenta bancaria nominada en la moneda que se halla registrada la deuda a nombre del acreedor. El acreedor no podrá rechazar este medio de pago bancarizado”.
“Con respecto a los contratos firmados con posterioridad a la Circular que prohíbe el acceso al mercado de cambios, aplica el artículo 765 del Código Civil que establece el pago en el equivalente en moneda de curso legal, por eso damos precisiones del tipo de cambio a los fines de evitar conflictos de interpretación. Se podrán abonar tanto en la divisa en que se contrajo la deuda o de acuerdo a lo establecido en Código Civil, al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del cierre del día hábil anterior al pago, a opción del deudor sin que pueda contractualmente renunciar a este derecho. Se debe convertir el valor del dólar legal, libre de cualquier carga impositiva o retención presente o futura”, señaló el legislador.
Además, en su proyecto propone una modificación de la Ley de Defensa del Consumidor para “incluir específicamente toda relación que se genera entre particulares por la adquisición de bienes inmuebles sometidos o a someterse al régimen de propiedad horizontal o de conjuntos inmobiliarios”.
“La adquisición conocida como en ‘pozo’ suele ser objeto de una serie de abusos de quienes comercializan o desarrollan los emprendimientos. Éstos se manifiestan tanto en la etapa de formación del consentimiento (oferta) como en la etapa de perfeccionamiento del consentimiento (boleto de compraventa y posterior escritura). Por eso entendemos que es importante hacer expresa mención a ellas en la Ley de Defensa del Consumidor”, agregó.
Finalmente, Cobos indicó que “también hacemos referencia a la renuncia impuesta a los consumidores normalmente por quienes comercializan estos emprendimientos a lo dispuesto en el artículo 765 del Código Civil, lo que a la fecha y atendiendo a las restricciones cambiarias vigentes, torna muchas veces de imposible cumplimiento el contrato. Entre otros: multas por mora o imposibilidad de adquirir la propiedad de inmuebles cuya posesión en general ya ha sido otorgada”.
La voz cantante en el homenaje fue la de su comprovinciano Julio Cobos.
Fallecido el pasado 3 de enero, Raúl Baglini fue recordado este jueves en el Senado nacional, que supo transitar en su momento siendo presidente del bloque radical.
Encargado de despedirlo en esta Cámara fue el también mendocino Julio Cobos, quien definió al “Gordo” Baglini como “este gran hombre de la política, un intelectual, que atrapaba la atención con un discurso sin fisuras, mucho conocimiento filosófico, que nos dejó cosas muy sabias”, y citó puntualmente el recordado “teorema de Baglini”.
“Fue un abogado especializado en temas económicos, tributarios, que trascendía a la UCR; un hombre de muy buena relación con el resto de las fuerzas políticas. Fue un hombre de convicciones firmes, pero sin descalificaciones, lo que le permitió ganar el respeto de todos”, evocó Cobos.
Al hablar de su trayectoria, recordó que fue también candidato a gobernador de Mendoza. “No le alcanzó, perdió con José Bordón -contó-. Fue presidente del partido y presidente de la Comisión de Presupuesto. Hemos sentido mucho su partida los mendocinos, y ese sentimiento se irradió a nivel nacional”.
“Este gran hombre que dejó de existir a los 71 años, tras una larga enfermedad respiratoria, que ya no nos va a acompañar, pero que recordaremos siempre. Fue una gran persona”, concluyó.
El senador radical presentó una iniciativa para que no haya incrementos por seis meses y consideró que las entidades financieras “tienen que ser actores principales del esfuerzo colectivo”.
El senador nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto para dejar sin efecto el incremento de las comisiones por servicios no financieros que perciben los bancos por la prestación de servicios, retrotrayendo las mismas al valor establecido por el BCRA al 31 de diciembre de 2020.
Además, la iniciativa propone que estas comisiones no puedan aumentar durante 180 días, desde la sanción de la norma. Por último, dispone revertir el pago de la diferencia de las comisiones en exceso cobradas, a los treinta días de la entrada en vigencia de la ley.
El exvicepresidente expresó que “nadie desconoce las inmensas dificultades económicas que generó la pandemia durante el pasado año 2020. La economía argentina registró una caída histórica del 19,1%, cayendo fuertemente el empleo y aumentando la pobreza e indigencia. La mayoría de la sociedad vio perjudicada sus ingresos, con una marcada pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de una mayor inflación y en muchos casos aumentó el endeudamiento”.
“Por todo ello, se dispuso una serie medidas tales como congelamiento de alquileres, de cuotas hipotecarias, de salarios, entre otras; todas tendientes a palear la emergencia sanitaria y económica que transitamos y que aún estamos sufriendo”, recordó, sin embargo señaló que “en este contexto, donde se ha pedido un esfuerzo colectivo a la sociedad, los bancos aumentaron, desde enero hasta la fecha, un 40% las comisiones bancarias; algo realmente inaceptable”.
El legislador radical explicó que “el Banco Central de la República Argentina autorizó a las entidades financieras a establecer aumentos máximos de 9% en enero de 2021 y 9% en febrero de 2021 en las comisiones. Estos aumentos se aplican en productos fundamentales para los clientes como lo son las cajas de ahorros; tarjetas de débito adicionales; reposición de tarjetas de débito por robo o extravío; servicios de extracción de fondos a través de terminales en puntos de venta y de retiro de efectivo de cuenta por el propio titular o un tercero. Y en cuanto a las tarjetas de crédito a servicio de emisión, renovación, administración o mantenimiento de cuenta; reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío y tarjetas adicionales; entre otros”.
Asimismo, el mendocino remarcó que “como agravante, debemos considerar que durante el año 2020 el endeudamiento de las familias se incrementó mayoritariamente con las tarjetas de crédito. Como paliativo el Estado Nacional estableció dos refinanciaciones de nueve meses y tres meses de gracia con una tasa del 43% anual; estas cuotas como mínimo mantendrán cautivos a los usuarios de los bancos en el que financiaron sus tarjetas por todo el año 2021″.
“Teniendo en cuenta que el grueso de los clientes tienen un paquete de productos, las tarjetas de crédito no se venden por separado, los bancos aumentarán estos paquetes hasta un 40%, pero cada entidad bancaria aplicará su criterio y los usuarios no podrán hacer frente a esto y tampoco podrán cambiar de banco”, advirtió.
Finalmente, Cobos enfatizó que “los bancos también tienen que ser actores principales de ese esfuerzo colectivo; nadie pretende que no ganen o cobren por sus servicios, pero es indudable que las comisiones que manejan son ajenas a la realidad, deben bajarlas, revertir el pago de las comisiones en exceso cobradas, y no aumentarlas durante seis meses”.
Es con el fin de “mejorar las decisiones públicas en materia ambiental”, señaló el senador radical, que presentó un proyecto de ley en ese sentido.
El senador Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de ley que propone la inclusión de la Evaluación Ambiental Estratégica en la Ley 25.675, de Política Ambiental Nacional, como “instrumento esencial para el logro de sus objetivos”.
El mendocino explicó que “la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es una herramienta que permite instrumentar los principios y objetivos de la Ley General de Ambiente porque es una herramienta de evaluación previa y complementaria a las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos individuales”.
“En nuestro país se estudia el impacto de un proyecto individual mediante las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) sin existir un marco de referencia para la autorización de proyectos sometidos a estudio, cuya sumatoria puede generar impactos no contemplados en el análisis de casos individuales. Esta carencia legal es lo que fundamenta la necesidad de instrumentar en forma conjunta e integrada a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”, señaló.
El legislador radical sostuvo que “la EAE genera un marco de protección ambiental de mayor alcance territorial y temporal, posibilita una planificación estratégica en políticas, planes y programas gubernamentales. Es muy importante incluirla porque direcciona los recursos disponibles en el largo plazo y contribuye a la toma de decisión informada, consensuada y participativa. También, la participación pública en el proceso proporciona mayor transparencia en la toma de decisiones”.
“Entendemos que la EAE es fundamental para fortalecer los procesos de planificación y toma de decisiones gubernamentales con identificación de opciones de desarrollo más sustentables a lo largo del tiempo, brindando respuesta a los principios que rigen la política ambiental y constitucional de nuestro país”, finalizó Cobos.
El presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijóo, le pidió al senador que ratifique su acusación de haber recibido “una presión muy fuerte de la industria azucarera, que es un gran monopolio en nuestro país”.
El presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijóo, le pidió al senador Julio Cobos que “rectifique a la brevedad” la “grave e infundada acusación” de haber recibido “una presión muy fuerte de la industria azucarera, que es un gran monopolio en nuestro país”, con respecto al trámite del proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de los Alimentos.
En una nota dirigida a Cobos, el titular del CAA expresó el “profundo malestar causado por su falsa y agraviante afirmación, ya que la industria azucarera ni lo ha presionado ni es un monopolio, razón por la cual le solicito –dijo-, se rectifique públicamente y a través de los medios que hubieren difundido sus dichos”.
Feijóo expresó que de no mediar la rectificación de las declaraciones publicadas en el portal www.parlamentario.com, se “confirmará la sospecha que la intención de algunos que impulsan el proyecto es, precisamente, criminalizar al azúcar”.
El directivo precisó que “el Centro Azucarero Argentino ha concurrido a exponer su punto de vista sobre el proyecto en cuestión en reunión pública, por invitación de los presidentes de las Comisiones de Salud y de Industria y Comercio del Senado de la Nación, a quienes también envió sendas notas, en las que se dejó plasmada la posición sectorial, que en modo alguno podrían interpretarse como presiones, salvo que se espere un pensamiento único y obligado para todos”.
Al rechazar también la afirmación de que el sector azucarero constituye “un monopolio”, Feijóo detalló que “el sector industrial sucroalcoholero está conformada por 21 fábricas de azúcar y 12 deshidratadoras de alcohol, que procesan la caña de azúcar de 8.100 productores independientes, que reciben el 58% del azúcar que se produce, ya que todos operan por sistema de maquila; por lo tanto, es impensable que tal red productiva y comercial del azúcar pudiera conformar un monopolio”.
Asimismo, el presidente del CAA destacó en su nota dirigida a Cobos que “es llamativo que el exceso de alcohol esté ausente en un proyecto de prevención de las Enfermedades no Transmisibles, y es sugerente su silencio ante tal omisión, siendo ese un factor de alto riesgo para ellas, según lo señala la misma OMS en la que usted se escuda”.
El senador radical se manifestó en el marco de un evento organizado por la OMS y la OPS, y habló de la resistencia de algunos sectores sobre el tema.
Julio Cobos, coautor del proyecto de ley de etiquetado frontal, participó en el lanzamiento del “Etiquetado frontal como instrumento de política para prevenir enfermedades no transmisibles en la Región de las Américas”. El evento fue organizado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana para la Salud). Esta publicación resume la evidencia sobre el desempeño de los sistemas de Etiquetado Frontal en el cumplimiento de este propósito y proporciona una lista de preguntas frecuentes sobre el sistema de advertencias nutricionales, así como el modelo de perfil de nutrientes de la OPS.
Durante su exposición y consultado sobre las interferencias o intentos de frenar la ley de etiquetado, el senador mendocino expresó que “se presentaron distintos proyectos. Hace ya 5 años y casi en forma simultánea lo hicimos con la senadora (Anabel) Fernández Sagasti, que somos de distintos partidos políticos, y sin embargo trabajamos en conjunto porque la salud debe ser una política de Estado”.
“Y lo cierto es que desde el primer día tuvimos resistencia de algunos sectores. Tuvimos un apoyo grande de los ministerios de Salud, pero en un principio con dudas de la parte de Industria; algo que en esta gestión quedó saldado y nos permitió aprobarla en el Senado. Los argumentos han sido siempre los mismos: que demonizamos a los alimentos, el supuesto desempleo y fundamentalmente que tenemos que compatibilizar con Mercosur, este les diría que es el argumento que ha quedado, en virtud de que hemos ido -uno a uno- tirando por el piso los otros argumentos”, agregó el senador mendocino.
Cobos señaló que “también hemos tenido una presión muy fuerte de la industria azucarera que es un gran monopolio en nuestro país y también de la industria de la alimentación a partir de la entidad que los agrupa”.
“Yo lo que percibo, porque he escuchado a algún funcionario de Cancillería, que buscarán que se posponga hasta que el Mercosur defina un sistema, pero nosotros ya hemos dicho que no. Uruguay, miembro fundador del Mercosur, pone ahora en vigencia su sistema a partir del 01 de marzo, lleva 18 meses con la industria adecuándose; Chile, que es socio adherente, ya lo ha implementado. Además, en la ley incluimos un artículo, como en cualquier convenio internacional que debe ser ratificado por el Congreso Argentino, entonces existe la posibilidad de modificarla en caso de que haya un consenso dentro del Mercosur de algún otro sistema de etiquetado. No lo hemos querido dejar libre a la decisión del Mercosur, lo aplicamos como país y si luego se adopta otro sistema será motivo de una segunda discusión”, señaló el legislador.
Por otra parte y respecto del tratamiento de la ley en el Congreso, Cobos explicó que “teníamos un problema porque terminaron las sesiones ordinarias en Argentina, y salvo que el Presidente incorporara el tema en extraordinarias o extendiera el proceso de ordinarias, no podríamos tratarlo. Tuvimos la noticia que hay prórroga, y la verdad que insistimos mucho para que fuera incluido y la verdad que el Presidente lo ha incluido. Es decir que tiene que ser tratado en Diputados. Debemos trabajar en conjunto. Nosotros nos basamos muchos en el modelo de Chile con un formato similar y también incorporamos las leyendas al modelo de México. Esperamos que Diputados lo apruebe a la brevedad”.
Finalmente y consultado sobre la importancia de este tipo de publicaciones sobre el sistema de Etiquetado, el exvicepresidente señaló que “es sumamente importante este tipo de experiencias y a nosotros nos va a fortalecer -en este caso- para la discusión que estamos llevando en Diputados, para que vean que no es una inquietud de dos partidos políticos solamente y es algo mucho más global. Somos optimistas, pero no queremos bajar la guardia hasta que no esté sancionada la ley en Diputados. Queremos proteger ese derecho del consumidor a ser bien informado a la hora de consumir el producto procesado”.
Según la información oficial de la OPS, “el uso del etiquetado frontal es una de las herramientas de políticas clave para regular productos que contienen cantidades excesivas de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, y sodio, ya que informa de forma clara a los consumidores qué productos contienen cantidades excesivas de estos nutrientes críticos. Aplicar las advertencias utilizando el modelo de perfil de nutrientes de la OPS es fundamental para que los cambios en las decisiones de compra sean lo suficientemente significativos e impactantes como para que las dietas de la población logren las metas de ingesta de nutrientes recomendadas por la OMS”.
“La Argentina no es tan federal como nos venden, para nada”, expresó el senado mendocino, para quien “estamos desordenados política y administrativamente”.
El senador nacional Julio Cobos afirmó este sábado que “el país está desordenado y en el desorden es imposible crecer”, a la vez que indicó que en la Argentina “se perdió la visión a largo plazo”.
El exvicepresidente se refirió a una “desorganización entre Nación, Provincia y municipios” y señaló que el Ejecutivo acuerda “con los municipios pasando por encima al gobernador”, de modo que “Nación, Provincia y municipios compiten haciendo lo mismo y aparecen zonas grises”.
“No hay correlación de responsabilidades para combatir la inflación. Estamos desordenados política y administrativamente. Mientras no nos ordenemos, todo depende del que está arriba”, expuso el senador radical durante una entrevista con CNN Radio.
“La Argentina no es tan federal como nos venden, para nada”, aseveró.
La discusión entre oficialismo y oposición por la posible suspensión de las PASO “atañe a los partidos políticos”, sopesó. “Es una decisión del Congreso. Las primarias sirven para elegir a los mejores candidatos”.
La alternativa de cancelación, sostuvo, sugiere “intencionalidad política más que un ahorro de dinero por la pandemia. Los fines pueden ser loables, pero los objetivos son otros”.
Cobos consideró que los resultados del manejo de la pandemia “no han sido buenos a pesar de las medidas extremas. Pero debo admitir que no hubo saturación en las salas de terapia intensiva como pasó en países desarrollados, que tuvieron que elegir a quiénes les daban el respirador”.
Para el senador opositor, el Gobierno “no supo compatibilizar el manejo de la pandemia con la economía”, explicó. Y en cuanto a las alarmantes cifras de pobreza divulgadas por la Universidad Católica Argentina (UCA), el exgobernador de Mendoza aludió a “otro fracaso de la política”.
Con respecto a la campaña de vacunación contra el coronavirus, anunciada por Alberto Fernández, Cobos manifestó que “hay que fijar criterios en el Consejo Federal de Salud para establecer prioridades. Me parece bien que se utilice al Ejército y a las Fuerzas Armadas. Podemos hacer una buena campaña de vacunación. Esperemos que sea federal”.
Tras presentar un proyecto en este sentido, el senador radical consideró “imperioso actualizar la normativa con el fin de garantizar seguridad de los pasajeros”.
El senador nacional Julio Cobos presentó un proyecto de ley para que los vehículos del servicio de transporte de pasajeros de media y larga distancia tengan la obligación de contar con cinturones de seguridad en todos los asientos.
El legislador de Juntos por el Cambio explicó que, en nuestro país el uso del cinturón de seguridad es obligatorio por ley, aunque existen ciertas excepciones, como es el caso de los vehículos del servicio de transporte de pasajeros de media y larga distancia, que solo están obligados a tener cinturones de seguridad en los asientos de la primera fila. “Consideramos imperioso actualizar la normativa con el fin de garantizar seguridad de los pasajeros, por lo que establecemos la obligatoriedad respecto a tener y usar cinturones de seguridad en todos los asientos de los micros de transportes de pasajeros”, señaló.
En este sentido, el exvicepresidente de la Nación manifestó que “muchas de las tragedias en las que se ven involucrados micros de media y larga distancia se podrían haber evitado de ser obligatorio el uso de los cinturones de seguridad. En el caso de los transportes de pasajeros, observamos que, ante algún choque o vuelco, los pasajeros son despedidos, arrastrados o muertos por no estar con el cinturón de seguridad abrochado”.
“Chocar a 50 km/h por hora equivale, por la fuerza del impacto, a caer de un cuarto piso. Teniendo en cuenta esto, es necesario que los ómnibus de transporte público de pasajeros, cuya velocidad máxima permitida es de 90 km/h, cuenten con cinturón de seguridad en los asientos de todas las filas. Esta es una una herramienta más para proteger a las personas que transitan por nuestro país”, concluyó Cobos.
El senador indicó que una gran parte de los residuos generados en el país pueden ser reciclados o reutilizados, “reduciendo significativamente la cantidad de residuos que llegan a disposición final”.
El senador nacional Julio Cobos presentó un proyecto de ley que busca disminuir el volumen de residuos domiciliarios que llegan a disposición final mediante la reducción, la reutilización y el reciclaje, tendiente al cuidado de la salud de la población y la preservación del medio ambiente.
El exvicepresidente de la Nación manifestó que “en nuestro país cada habitante genera más de 1kg. de residuos diarios, lo que equivale, en un año, a un total nacional de 16,5 millones de toneladas. El número es preocupante, no sólo por la cantidad, sino también por la falta de un tratamiento adecuado. Más de la mitad de los residuos generados en el país termina en basurales a cielo abierto, lo que produce problemas severos de salud y ambientales. Nuestro objetivo es reducir el volumen de residuos domiciliarios”.
En este sentido, sostuvo que “una gran parte de los residuos generados en el país puede considerarse posible de ser reciclados y/o reutilizados, reduciendo significativamente la cantidad de residuos que llegan a disposición final. Es por eso que nuestra iniciativa busca fomentar el ecodiseño, para garantizar que los productos sean fabricados para ser reutilizados, reparados o reciclados, impulsando el reingreso del producto al mercado y reduciendo al máximo los desechos en lugar de gestionarlos. Evitar el constante deterioro del medio ambiente, es uno de los principales objetivos que se deberá tener en cuenta al fabricar un producto”.
El legislador radical aseguró que “la participación de empresas privadas junto con una correcta gestión pública son claves a la hora de promover prácticas de economía circular. La reducción, reutilización y reciclaje disminuirá drásticamente la cantidad de los residuos domiciliarios que llegan a disposición final y, por lo tanto, se reducirán los costos presentes y futuros que generan los rellenos sanitarios”.
Por último, Cobos señaló que “debemos considerar como política de Estado el desarrollo e implementación de estrategias económicamente viables y ambientalmente seguras que resulten en la disminución de residuos domiciliarios. De esta manera, cada provincia y a su vez cada municipio podrá poner en marcha políticas de separación y reciclaje en el marco de una normativa nacional, en la medida que optimice el nivel de separación en origen. Necesitamos un cambio de concepción, que considere a los residuos como un recurso reutilizable que puede convertirse en ganancia, que genera numerosas fuentes de trabajo, protegiendo la salud de la población y preservando el medioambiente”.
La iniciativa del senador nacional tendría la finalidad de generar un abordaje que “permita la sostenibilidad de la agricultura y la protección de la salud y el medio ambiente”.
El senador nacional Julio Cobos presentó un proyecto de ley que tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para el uso apropiado de agroquímicos, con la finalidad de generar un abordaje unívoco y armonizado en todo el territorio nacional que permita la efectiva trazabilidad, la sostenibilidad de la agricultura y la protección de la salud y el medio ambiente.
El exvicepresidente de la nación expresó que “los productos agroquímicos han formado parte de las estrategias productivas y se convirtieron en una herramienta fundamental para los productores agrarios, pero también han producido efectos perjudiciales en el medio ambiente, contaminando cursos de agua, suelo, especies animales y vegetales e intoxicando personas. Los efectos perjudiciales que genera esta actividad en el medio ambiente y la salud responden a las mayores cantidades de productos agroquímicos que se aplican en cada nueva campaña debido a las resistencias que desarrollan las plagas, y a la posibilidad de improvisación por parte de los productores al no existir controles adecuados que regulen su actividad”.
“Consideramos necesario el control de productos agroquímicos, por ello esta ley prohíbe la aplicación de agroquímicos en áreas urbanas, la aplicación aérea de agroquímicos a doscientos metros de las áreas urbanas, asentamientos humanos y las escuelas rurales, como la aplicación terrestre, manual o mecánica, a cien metros de las áreas urbanas, asentamientos humanos y escuelas rurales”, agregó.
El senador mendocino explicó que la iniciativa funciona como marco bajo el cual se promueve una protección uniforme y común a todo el país. “Nuestro proyecto propone el tratamiento y la sanción de una ley de presupuestos mínimos de manejo integral de los productos agroquímicos, desde su producción o importación, comercialización y utilización hasta su disposición segura, con la finalidad de dar un tratamiento unívoco y armonizado en todo el territorio nacional”, manifestó en este sentido.
“Planteamos un sistema federal creado en el marco de la autoridad nacional, con la intención de aunar esfuerzos de recursos y acordar cuestiones trascendentes en un marco de consenso, utilizando la experiencia y disposición de tecnologías de la autoridad nacional. Con el objeto de asegurar el cumplimiento efectivo de este proyecto de ley, creamos el Registro Nacional de Agroquímicos como base de implementación del Sistema Nacional de Trazabilidad a fin de constituir un sistema de información que posibilite la realización de controles, la determinación de responsabilidades y la aplicación del Régimen Sancionador propuesto”.
Por último, Cobos destacó que “nuestro proyecto plantea un manejo racional e integral de productos agroquímicos, basado en nuevas tecnologías menos contaminantes, centrándose en la reducción del riesgo, la protección de la salud humana y ambiental, y el apoyo al desarrollo de una agricultura sostenible”.
El senador mendocino reveló en sus redes sociales que volverá a ser padre a los 65 años.
El senador mendocino Julio Cobos anunció este domingo en sus redes sociales que se encuentra en “la dulce espera”: volverá ser padre a los 65 años. El radical reveló que su pareja, Natalia Obón, se encuentra embarazada.
“Hace algo más de cuatro años y medio, con Naty construimos una gran familia, nuestra familia. Lo hicimos junto a sus tres hijas, las que me adoptaron como padre y yo a ellas como hijas, siempre manteniendo el amor incondicional y natural de ellas con sus padres, y el mío con mis hijos y mis adorados nietos”, introdujo el radical en una publicación que compartió en sus cuentas de Facebook e Instagram.
Y continuó: “Ahora damos otro paso. Nuestra familia se agrandará el año próximo con la llegada de nuestra cuarta hija, lo cual nos llena de muchísima dicha y felicidad y queremos compartirlo con nuestros seres queridos y amistades”.
“Pido a Dios que nos dé toda la salud del mundo, que nosotros nos encargaremos de darle todo el amor a nuestra futura hija. Pido a Dios, a esta altura de mi vida, que me brinde todo el tiempo necesario para poder criarla, educarla y disfrutarla, como lo he hecho con cada una de mis hijas e hijo; pero también para ´mañosearla´ como lo hago con mis nietos”, completó el exvicepresidente.
Y además contó el sexo del bebé y cómo se llamará: “Te esperamos ansiosos, Isabella”.
Isabella será la cuarta hija de Cobos, ya que el mendocino tiene tres hijos de su primer matrimonio: Agustín, Virginia y María Eugenia.
Cobos comenzó su romance con Obón en 2016, quien quedó en la mira en 2018 por su nombramiento en la Cámara Federal de Apelaciones en la Justicia Federal de Mendoza, habiéndose recibido de abogada hacía menos de un año y con estudios a distancia en la Universidad Siglo XXI. Su cargo como asesora del senador y su experiencia anterior como nutricionista levantaron la polémica y, finalmente, renunció antes de asumir.
Es para que el personal de casas particulares cobre la segunda cuota del sueldo anual complementario antes del 19 de diciembre. La iniciativa pertenece a Julio Cobos y recibió aval del Senado.
En la sesión de este jueves, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece que las empleadas domésticas deberán cobrar la segunda cuota del aguinaldo antes del 19 de diciembre, al igual que los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo.
La iniciativa, votada por unanimidad (65 votos a favor), fue presentada por Julio Cobos (UCR) y modifica el artículo 27 de la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, señalando que la segunda cuota del sueldo anual complementario deberá ser abonada “la última jornada laboral anterior al 19 de diciembre de cada año”.
La redacción actual de ese artículo fija “la última jornada laboral del mes de diciembre de cada año”, lo que retrasa el pago en perjuicio de las beneficiarias.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (FdT), sostuvo que la iniciativa “trae un poco de igualdad a las trabajadoras y trabajadores de las casas particulares, con respecto al resto de los trabajadores y trabajadoras comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo”.
“¿Cómo no vamos a estar de acuerdo?”, se preguntó, recordando que ese régimen “fue una iniciativa” del gobierno kirchnerista que “promovió un avance en la voluntad de adquirir derechos”. Hasta entonces, agregó, “se seguían manejando con el viejo Estatuto de 1956 que preveía, aparte de un montón de desigualdades, una indemnización por despido que era exactamente la mitad de lo que tienen asignado hoy”.
Para el pampeano, “este proyecto viene a subsanar un problema de vieja data”, y forma parte de la búsqueda de “ampliar y proteger derechos, sobre todo los de la mujer”.
A su turno, el legislador Mariano Recalde (FdT) consideró que el proyecto “es un acto de suma justicia” y “una corrección que si se quiere, menor, pero es muy simbólica”. No solo dijo que se trata de seguir “reforzando la perspectiva de género y la protección del trabajo de las mujeres”, sino que “estamos reivindicando el aguinaldo, algo que fue muy discutido en Argentina”, destacó el oficialista, y recordó “las dificultades y las luchas que costó consagrar este derecho”.
El autor del proyecto, el mendocino Julio Cobos (UCR) mencionó que en 2014 el exsenador Nito Artaza “propició que la segunda cuota del aguinaldo se materializara el 18 de diciembre”, una fecha clave por las fiestas y el fin de año.
“En ese momento quedó en la discusión qué pasaba con los trabajadores rurales y con el tema del trabajo en casas particulares”, señaló y apuntó que lo de los trabajadores rurales “se solucionó”. Por eso, ahora “estamos llevando igualdad, justicia, equidad y terminando con esta asimetría”, aseveró.
El proyecto aprobado establece que “si al abonar el mes de junio surgieran diferencias entre el sueldo anual complementario efectivamente abonado y el que correspondió abonar, el empleador debe abonar la diferencia con el salario de junio”.
“A fin de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario -agrega-, el empleador debe estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiera con el salario efectivamente devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario”.
Por último, el texto señala que “la diferencia que resultare entre la cuota devengada y la cuota abonada hasta el 18 de diciembre se integrará al salario del mes de diciembre”.
La iniciativa, que recibió dictamen favorable en comisión, les otorga un régimen jubilatorio igual al de los peones rurales. También se amplía la mensualidad que reciben los contratistas de diez a doce meses.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado dictaminó este martes a favor de un proyecto de Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) que amplía derechos de trabajadores y contratistas de viñas.
Por un lado, la iniciativa establece para trabajadores y contratistas un régimen jubilatorio igual al de los peones rurales, con la posibilidad de jubilarse a los 57 años -con 25 de aportes-, y por otra parte se amplía la mensualidad que reciben los contratistas.
Respecto del segundo punto, Fernández Sagasti explicó que en las viñas existe un “contrato laboral atípico” por el cual la mensualidad se paga por diez meses aunque los contratistas trabajen los doce meses del año, y sin derecho al aguinaldo.
Los contratistas además reciben el equivalente al 15% de la cosecha, pero según advirtió Fernández Sagasti, cuando entregan la uva no se les paga ni en efectivo ni en forma inmediata.
“Cuando entregan la uva no saben cuánto les van a pagar; recién en junio o julio les empiezan a pagar en doce meses la uva que entregaron en marzo o abril”, describió la autora del proyecto, y agregó que “no se le pagan aportes patronales ni obra social”.
Por eso, la iniciativa busca ampliar la mensualidad de diez a doce meses, conservando el pago del 15%.
Por otra parte, el dictamen firmado este martes establece un régimen previsional especial para trabajadores viñateros y contratistas de viñas, igual al que tienen los peones rurales.
De este modo, podrán jubilarse a partir de los 57 años, siempre que acrediten 25 años de servicios con aportes, y recibirán además un adicional del 2% para cubrir la diferencia de años de aportes.
“Todos los trabajadores agrarios tienen un desgaste físico importante porque tienen que trabajar todos los días a sol y a sombra, con frío y calor, los 365 días del año”, fundamentó Fernández Sagasti.
La senadora mendocina destacó que el proyecto beneficiara a “más de 44.000 trabajadores y más de 3.500 familias contratistas del país”.
Julio Cobos (UCR) elogió el proyecto y resaltó que “es un viejo anhelo” del sector y “una asimetría que hay que corregir”.
Por último, dio lugar a una broma: “No sé si Anabel va a ser nuevamente candidata a senadora, pero si se postula a Reina de la Vendimia seguro la van a elegir”.
En la reunión presidida por Daniel Lovera (Frente de Todos) también recibió dictamen un proyecto de Cobos que modifica el artículo 27 de la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
La modificación consiste en que las empleadas domésticas cobren el aguinaldo el día anterior al 19 de diciembre, al igual que el resto de los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo.
El senador radical Julio Cobos presentó un pedido de informes en el que consulta los motivos del Gobierno para desestimar a los “Neokit”, desarrollados por el CONICET.
El senador nacional Julio Cobos presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que informe las razones que llevaron al Ministerio de Salud a licitar y adjudicar 375.000 test rápidos a Laboratorios Abbot, por un valor de 1,9 millones de dólares, dejando de lado a los test “Neokit” de diagnóstico rápido desarrollados por el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y científicos y científicas del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein (Conicet-Fundación Pablo Cassará).
“Queremos saber las razones por las que se han desestimados los tests de producción nacional”, remarcó el radical, quien recordó que “el Instituto Milstein cuenta con la capacidad necesaria para producir 20.000 reacciones por día, además de que el Neokit Plus permite reducir a la mitad el tiempo y bajar notablemente los costos. Es una buena opción para poder incrementar la cantidad de test diarios y actuar en forma preventiva”.
El mendocino consideró que “con más de 200 días de cuarentena, el mayor problema ha sido la falta de testeos masivos, ya que Argentina se encuentra entre los últimos países en cuanto a cantidad de testeos por millón de habitantes”. “Sin embargo, y pese a tener esta respuesta a nivel local creada por el CONICET, el Gobierno decidió licitar y adjudicar, a la par del lanzamiento del Plan Federal Detectar, una compra de test rápidos a Laboratorios Abbot, por un valor de 1,9 millones de dólares”, señaló.
En ese sentido, el legislador de Juntos por el Cambio dijo que “es importantes saber los motivos” y subrayó que “nuestro país tiene la mejor calidad humana y científica para ofrecer diversas respuestas para combatir el Covid-19 y es un orgullo que nuestros científicos sean protagonistas en la lucha contra esta pandemia”.
“Es por ello que precisamos información para entender las razones que llevaron al Gobierno a desestimar las ofertas nacionales de test de diagnóstico rápido”, finalizó Cobos.
El senador radical participó de una reunión de la Mesa Interministerial, en el marco del Plan Argentina Contra el Hambre, durante la que se debatió la iniciativa de promoción de una alimentación saludable.
El senador nacional Julio Cobos (UCR) participó este lunes en la reunión de la Mesa Interministerial conformada en el ámbito del Plan Argentina Contra el Hambre, donde se debatió sobre proyectos relacionados con la promoción de una alimentación saludable a través de una ley de etiquetado. Participaron del encuentro funcionarios y legisladores del oficialismo y la oposición.
En relación a la tarea conjunta que se está realizando para lograr contar con una ley de etiquetado, el radical señaló que “la salud debe ser una cuestión de Estado, por eso no es casual esta confluencia de diferentes partidos con distintas visiones, pero capaces de compatibilizar un único proyecto que contemple los derechos de los consumidores a ser informado claramente”.
“El sobrepeso es un grave problema en nuestro país, los últimos estudios indican que en Argentina hay un 62% de sobrepeso y 38% de obesidad. Son valores muy altos. Esto es catalizador y genera otros problemas de salud como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Uno es producto de lo que come, por eso apuntamos a generar una buena nutrición”, sostuvo el mendocino.
Además, el legislador destacó “el trabajo conjunto que se viene realizando” y que se logró “confluir en un proyecto que esperamos sea tratado rápidamente, compatibilizando intereses de la industria y del agro, pero siempre priorizando el interés colectivo que representa la salud de nuestra población”.
“La industria debe avanzar en la reconversión como de hecho ya ha sucedido con muchas bebidas. Vamos a dar un marco legal sólido y luego quedarán en manos de la autoridad de aplicación las iniciativas que consideren oportunas, como por ejemplo los aspectos impositivos y tributarios, estimulando a través de la disminución de los mismos en los alimentos saludables, y castigos y sanciones a quien no se adecúen a los parámetros establecidos”, señaló.
Respecto del sistema de etiquetado a adoptar, Cobos dijo: “Queremos indicar claramente el camino en el texto de la ley, que el sistema adoptado no sea la letra chica de una póliza de seguro; la publicación tiene que ser clara, sin esconder nada y debe expresar si hay exceso de calorías, azúcar, sodio y grasas. A partir de ahí, damos la facultad al Poder Ejecutivo para adecuarlo a las normas del Mercosur. En este punto, no creo que sea conveniente dejarlo a la autoridad de aplicación y sí un camino”.
Por último, el senador reveló que legisladores de distintos bloques están trabajando “para lograr un pronto tratamiento y sanción en el Senado”. “Esperemos que avancemos pronto. Estamos en la puerta de dar sanción a este proyecto que es muy necesario, sobre todo en el momento actual que vivimos, porque con esta pandemia se potencian los factores de riesgos que queremos combatir y disminuir con esta ley”, agregó.
Por Julio Cobos. El senador nacional sostiene que la solución de fondo surge de una renegociación para restablecer la equidad contractual perdida.
Desde hace tiempo, la carga de la deuda que afrontan los tomadores del sistema UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) dificulta el pago de los compromisos. La equidad contractual –producto del cambio de condiciones- se ha roto y se requiere una nueva relación contractual que alivie la situación, dé previsibilidad y una solución estructural a aquellos que suscribieron créditos hipotecarios; prendarios y personales bajo esta modalidad. Por ello, proponemos un marco integral para la renegociación integral de los créditos hipotecarios otorgados en UVA.
Lamentablemente, en el gobierno del presidente Macri sólo se contemplaron los créditos PROCREAR y no se logró una solución completa, pero tampoco en el actual gobierno. Ante el reclamo de los ciento cinco mil deudores hipotecarios UVA, la medida adoptada fue el congelamiento de las cuotas como paliativo de la crisis. Se aplazó el problema atrasando la actualización de las mismas: las consecuencias serán cuotas e intereses más altos y en menor plazo.
Recientemente se relanzó el PROCREAR utilizando el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), algo que implementó Uruguay y que cuando recuperó su mercado laboral, el índice creció por encima de la tasa de interés y de los índices de actualización. Necesitamos, esperamos y queremos una reactivación económica en nuestro país; pero cuando suceda, perjudicará a los que tomen esta opción, porque el CVS muy probablemente estará por encima del índice de la construcción.
La adquisición de una propiedad en una economía como la nuestra es prácticamente imposible sin ahorro. La Ley de Casa de Ahorro que estableció la Unidad de Vivienda (UVI), fue creada con el objeto de fomentar el ahorro para acceder a una vivienda, por ello refleja en su cálculo el metro cuadrado de una vivienda. Contrariamente, se pensó a la UVA con el objeto de consumo y no sólo para créditos hipotecarios sino para acceder a créditos personales y prendarios de otros bienes. El acceso al crédito que posibilitaron los préstamos UVA terminó por endeudar a los tomadores y hacer colapsar el sistema de crédito hipotecario, cuyo acceso se encuentra nuevamente cerrado.
La solución de fondo surge de una renegociación para restablecer la equidad contractual perdida. El nuevo marco que proponemos, define las condiciones para préstamos hipotecarios futuros y establece pautas para los deudores hipotecarios actuales, en los siguientes criterios:
Argentina necesita recuperar su economía, el ahorro y el crédito; esto será imposible bajo las actuales condiciones. Pedimos compromiso a todas las fuerzas políticas para encontrar una solución definitiva para los deudores hipotecarios, por eso proponemos un nuevo régimen general que regula las pautas de renegociación de los préstamos UVA.
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se pronunció por sostener el consenso histórico de que alguien de la región ocupe la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo.
Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, que preside Jorge Taiana, se manifestaron este viernes a favor de respaldar que sea un latinoamericano el que ejerza la presidencia de la institución, tal como sucede desde su creación en 1959.
En un encuentro realizado por videoconferencia, los miembros de la comisión acompañaron una iniciativa presentada por Taiana, y el senador radical Julio Cobos que va en sintonía con una declaración formulada por los excancilleres argentinos de la democracia que llama a “sostener el histórico consenso para que la presidencia del BID sea ocupada por un representante de naciones latinoamericanas”.
Al defender el proyecto, Taiana recordó que desde el momento de creación del banco, el entonces presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, había reconocido que teniendo en cuenta que la entidad tendría como principal objetivo el desarrollo de los países, era lógico que la presidencia la ocupara un latinoamericano y la vicepresidencia un estadounidense.
Taiana subrayó que “era lógico que esto fuera así ya que los Estados Unidos aportaron el 30 por ciento de las acciones del BID”. Recordó que hubo pronunciamientos en la misma línea de los ex presidentes, Julio María Sanguinetti; Fernando Henrique Cardoso; Ricardo Lagos; Luis Inazio Lula Da Silva y el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera y de México, Andrés Manuel López Obrador.
El senador por Buenos Aires recordó que “Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, calificó de inoportuno el momento en el que se va a realizar la elección del próximo presidente del BID, ya que esto será antes de los elecciones para Presidente de los Estados Unidos”.
Originalmente la elección está pensada para el 11 y 12 de septiembre. Taiana comentó que “varios representantes de los Estados Unidos solicitaron aplazar la fecha para el mes de marzo de 2021 y que esto se fundamentaba en razones lógicas: 1. Está mal violar la tradición y costumbre histórica de que el presidente sea latinoamericano. 2 No se sabe quién será el triunfador de los comicios en los Estados Unidos. 3 Esto podría generar un inconveniente adicional. A la inconformidad de los países latinoamericanos, si finalmente es electo para la presidencia del BID un norteamericano, se le podría sumar que el nuevo titular de la entidad también se vea enfrentado a la Casa Blanca, si ésta es gobernada por un signo partidario diferente al del titular del BID.
Taiana señaló que “era importante actuar con rapidez ya que, el BID es importante y hasta el momento funcionó correctamente”. En este punto informó que se iniciarán conversaciones con comisiones parlamentarias de otros países latinoamericanos para acercar posiciones para un pronunciamiento conjunto.
En la sesión también se aprobaron los siguientes proyectos:
Del senador Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) y la senadora Cristina López Valverde (FdT), que manifestaron su beneplácito por haberse cumplido 75 años de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De los senadores Inés Blas (FdT); Dalmacio Mera (FdT); María Clara del Valle Vega (Fuerza Cívica Riojana ) y Oscar Castillo (Frente Cívico y Social), que manifestaron su beneplácito porque el 19 de junio de 2020 el Papa Francisco declaró beato al catamarqueño Fray Mamerto Esquiú.
Del senador José Neder (FdT) y otros, manifestando su dolor y solidaridad con el pueblo del Líbano y concretamente de Beirut, por la reciente explosión que se cobró la vida de, hasta el momento, 140 personas y numerosos heridos y daños materiales. El senador Neder junto a las senadoras Lucila Crexell (Bloque Movimiento Neuquino) y Silvia Sapag (FdT), además de manifestar su solidaridad con el pueblo libanés, recordaron a sus abuelos inmigrantes, las dificultades que enfrentaron y que asimismo, los tres senadores tienen familia en el Líbano.
Por Julio Cobos. El senador nacional quiere que se legisle en torno a un vacío legal como es la gestación por sustitución, una figura que admite como “compleja”.
La gestación por sustitución es un procedimiento de técnicas de reproducción humana médicamente asistida, a través del cual una persona denominada gestante lleva adelante un embarazo para otra persona o una pareja denominada padres procreacionales, con el fin de que el niño o niña que nazca tenga únicamente vínculos de filiación con estos últimos. Es una práctica cada vez más importante en nuestra sociedad, como una alternativa de acceso a la condición de ser padre o madre, para aquellas personas que quieren formar una familia y no pueden hacerlo.
Este procedimiento se realiza en distintas partes del mundo, incluso en Argentina, pero existe un vacío legal que atenta contra la seguridad jurídica y los derechos de las partes intervinientes y resulta discriminatorio para casos que, ya sea por alguna patología preexistente o porque se trate de parejas de igual sexo, no pueden llevar adelante el embarazo. Para estas personas, la gestación por sustitución representa la única opción de tener un hijo genéticamente propio.
Esta falta de legislación ha provocado diversos fallos judiciales sujetos a la discrecionalidad de los magistrados, por lo que es necesario contar con una ley que brinde las garantías, despeje la incertidumbre y no dé margen a especulaciones o abusos.
El deseo de procrear mediante el uso de las técnicas de reproducción humana asistida es un derecho fundamental implícito y que emerge de la Constitución Nacional; además de un derecho humano consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La gestación por sustitución es una figura compleja, por lo que es conveniente e imperioso establecer reglas claras que determinen con precisión el vínculo de filiación a favor de los padres procreacionales, de modo que cuando nazca el niño o niña sea inmediatamente inscripto como hijo de quienes han querido ser sus padres y/o madres. Hoy, por ejemplo, existen casos de nacidos bajo esta técnica que en su DNI figuran el nombre y apellido de la gestante y de uno de los padres; algo que claramente es incorrecto. Las personas nacidas por gestación por sustitución deben ser inscriptos como hijos de los padres procreacionales y el acta de nacimiento consignar ese vínculo, sin dejar constancia de la gestante.
Una ley es la mejor forma de garantizar el interés superior de niño nacido mediante esta técnica, y otorgar seguridad jurídica tanto al procedimiento en si, como a todas las personas intervinientes. Proponemos un marco jurídico que permita un procedimiento ágil y que evite dilaciones judiciales; pero también seguro, con las garantías necesarias para las partes al exigir requisitos de cumplimiento ineludible y el control inexcusable del Estado sobre los centros médicos que llevan a cabo el procedimiento.
Con esta ley garantizamos el pleno acceso a la gestación por sustitución como derecho y orden simbólico, donde el amor filial reposa en el deseo de ser padre y/o madre más allá de la relación sexual y de la mera naturaleza. Esperamos contar con el acompañamiento y la aprobación de los demás legisladores y hacer realidad esta ampliación de derechos para muchos ciudadanos que buscan construir una familia.
El senador de la UCR presentó un proyecto de ley para que se garanticen todos los derechos para las partes y afirmó que esta práctica “es cada vez más trascendente en nuestra sociedad”.
Ante el vacío legal existente y la necesidad de garantizar los derechos de todas las partes intervinientes, el senador Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de ley para regular el alcance, las relaciones, consecuencias jurídicas y el procedimiento de gestación por sustitución.
El exvicepresidente de la Nación explicó que con la iniciativa se busca “garantizar el interés superior de niño nacido mediante esta técnica, y otorgar seguridad jurídica tanto al procedimiento en si como a todas las personas intervinientes, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos”.
“La gestación por sustitución es una práctica cada vez más trascendente en nuestra sociedad, como una alternativa de acceso a la condición de ser padre o madre, de aquellas personas que quieren formar una familia y no pueden hacerlo por imposibilidad de gestar o de llevar a término un embarazo, ya sea por razones de salud como puede ser la infertilidad, o por razones de orientación sexual, identidad de género o sexo”, señaló.
El radical sostuvo que el proyecto “permite un procedimiento ágil, evitando dilaciones judiciales que muchas veces hacen que el derecho de los padres procreacionales se vea frustrado; pero también seguro, con las garantías necesarias para las partes, al exigir requisitos de cumplimiento ineludible y el control inexcusable del Estado sobre los centros médicos que llevan a cabo el procedimiento”.
“La gestación por sustitución es una figura compleja, por lo que es conveniente e imperiosa la necesidad de que se establezcan reglas claras que determinen con precisión el vínculo de filiación a favor de los padres procreacionales, de modo que cuando nazca el niño pueda ser inmediatamente inscripto como hijo de quienes han querido ser sus padres y/o madres”, subrayó.
El mendocino afirmó que “el deseo de procrear o la voluntad procreacional mediante el uso de las técnicas de reproducción humana asistida es un derecho fundamental implícito y que emerge de la Constitución Argentina; además de un derecho humano consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
“Sin embargo, hoy no se encuentra regulado por ley y con este proyecto pretendemos cubrir esta falencia”, argumentó y precisó que “si bien el Código Civil y Comercial establece reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, desde su sanción en el 2015 no avanzó en la regulación de la gestación por sustitución, que estaba prevista en el anteproyecto de reforma en un artículo que expresamente la regulaba, el cual fue quitado en el debate parlamentario”.
El legislador indicó que, esto último, “ha provocado diversos fallos judiciales que quedan sujetos a la discrecionalidad del magistrado, por lo que debemos contar con una ley que brinde todos los resguardos jurídicos y no de margen a especulaciones o abusos”.
“Estamos convencidos que con este proyecto de ley se garantiza el pleno acceso a la gestación por sustitución como derecho y orden simbólico, donde el amor filial reposa en el deseo de ser padre y/o madre más allá de la relación sexual y de la mera naturaleza”, concluyó.
El senador nacional presentó un proyecto para que el consumo se calcule a partir de “la última medición real” y para que se amplíe de tres a seis la cantidad de facturas impagas antes del corte.
El senador nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto para que se realice una reliquidación de todas las facturas emitidas de los servicios de luz, gas y agua, y que su consumo sea calculado a partir de la última medición real previa a la declaración de la emergencia sanitaria por Covid-19.
Además, la iniciativa propone que se considere como trabajo esencial el control de los medidores de los servicios públicos y la atención presencial en las sedes administrativas de las empresas.
De acuerdo al texto presentado por el mendocino, los reintegros deberán ser efectuados en la primera factura emitida luego de la lectura real. Asimismo planteó que “se amplíe la cantidad de facturas impagas previo al corte de tres a seis consecutivas o alternadas”.
“Una consecuencia del aislamiento obligatorio fue el cese del control de los consumos de los servicios públicos con medidores domiciliarios, como la luz, el gas y el agua. Para determinar los consumos a partir de mediados de marzo, las empresas los estimaron en cantidades equivalentes a las realizadas en el mismo período del año anterior. De esta forma, un comercio que fue obligado a cerrar por el aislamiento debe pagar como si hubiera consumido la misma cantidad de luz, gas o agua que el año anterior; aun cuando no haya consumido nada. Esto generó una factura disociada totalmente de la realidad que, en muchos casos, no se pagó”, explicó el radical.
El exvicepresidente consideró que “corresponde habilitar el control de los medidores en todo el país y realizar una nueva liquidación de las facturas emitidas por los servicios públicos de luz, gas y agua, a partir de los consumos reales desde la declaración de la emergencia sanitaria”. “Queremos asegurar que se computen todos los cargos fijos y los consumos reales y no un estimado”, agregó.
Cobos recordó que si bien el Poder Ejecutivo, a través del DNU 311/20, “dispuso la posibilidad de tener tres facturas impagas consecutivas o alternadas”, ante la extensión de la cuarentena “y la consecuente caída de ingresos, corresponde ampliar a seis la cantidad de facturas impagas necesarias para que recién la empresa pueda ordenar el corte del servicio a las personas con alto nivel de vulnerabilidad”, sostuvo.
Julio Cobos pide ampliar los fondos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción a los empleados del sector privado en un 50%
El senador Julio Cobos presentó una iniciativa para que el Poder Ejecutivo, en forma urgente y en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país por la Covid-19, amplíe en un 50% de los fondos que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) distribuye a los empleados del sector privado por el mes de junio de 2020, a fin de garantizar el pago de la cuota de junio del Sueldo Anual Complementario.
El exvicepresidente de la Nación explicó que “la paralización de la actividad productiva provocada por la pandemia ha impactado con dureza en los ingresos de las empresas y crea incertidumbre en los empleados. Es por ello que solicitamos para el mes de junio, la ampliación de los fondos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción a los empleados del sector privado en un 50%, para que puedan cobrar el aguinaldo”.
“El Gobierno creó el ATP que entre sus beneficios figura el salario complementario, que consiste en una asignación que hoy perciben 1.800.000 trabajadores del sector privado y que abona el Estado nacional -agregó-. Primero se contemplaba como un aporte extraordinario para el pago de los salarios de abril, luego para los de mayo y hoy se están realizando los ajustes para el salario de junio, pero se está excluyendo al aguinaldo. Solicitamos que esto no sea así y se contemple también los montos necesarios para el pago del aguinaldo”.
Cobos señaló que “producto del parate generado por el asilamiento ordenado por el Estado para evitar la propagación del coronavirus, las arcas de las empresas están exhaustas y no subsidiar el pago del medio aguinaldo repercutirá negativamente en toda la economía, postergando otros pagos, incluidos los tributarios. Por ello, solicito que se asista al sector privado para el pago de la cuota correspondiente del Sueldo Anual Complemetario”.
En tiempos en los que la actividad ha sido asimilada por todo el mundo ante el aislamiento que ha impuesto la pandemia, el senador presentó su proyecto.
Mientras la Cámara de Diputados comenzará a debatir la próxima semana en comisión una serie de proyectos sobre el tema, en la Cámara alta el senador Julio Cobos presentó un proyecto de ley que tiene por objeto regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TICs).
El exvicepresidente de la Nación señaló que “nuestra propuesta está orientada a regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y facilitar su utilización en el ámbito nacional dentro del marco del trabajo registrado. Es necesario establecer pautas de teletrabajo que permitan la generación de mejores condiciones laborales a través de las TICs, posibilitar la empleabilidad de las personas teletrabajadoras, fomentar el empleo juvenil, impulsar el teletrabajo como mecanismo de inserción laboral de personas con discapacidad, con problemas de adicciones en proceso de recuperación, y de distintos grupos vulnerables”.
“La pandemia mundial por Coronavirus Covid-19 nos ha obligado a replantear nuevas formas laborales y es nuestro deber resguardar los derechos de las personas involucradas, garantizando los principios de igualdad, reversibilidad y voluntariedad. Sabemos que el Teletrabajo, que es realizado total o parcialmente en lugares distintos de los establecimientos del empleador, presenta desafíos como nueva cultura de organización laboral al fomentar la formación de equipos de trabajo multidisciplinarios y remotos con horarios flexibles y trabajo por resultados. Además, es importante promover una mayor conciliación entre la vida personal, familiar y laboral de las personas que trabajan”.
El legislador mendocino afirmó que “con esta modalidad de trabajo aparecen nuevos aspectos a ser considerados como la disponibilidad del teletrabajador, que trae aparejado el derecho a la desconexión. Los horarios son flexibles, siempre respetando la jornada laboral, el tiempo y habitualidad de trabajo que se acuerdan previamente para que tanto empleadores como trabajadores conozcan la disponibilidad del teletrabajador y si existe o no una rutina presencial”.
“El teletrabajo debe instrumentarse a través de un contrato individual o colectivo voluntario, consensuado por el trabajador y el empleador, con pautas claras para el desarrollo de la función. Las personas teletrabajadoras gozan de los mismos derechos, beneficios y obligaciones de aquellos trabajadores que presten igual tarea en los establecimientos del empleador, todos están sujetos a la legislación vigente y a los Convenios Colectivos de Trabajo”.
“En la actualidad, el teletrabajo es una alternativa cada vez más utilizada, que permite conciliar la vida personal, laboral y familiar, funciona como un mecanismo de inserción laboral y promueve la continuidad del empleo cuando circunstancias excepcionales impiden la realización del trabajo en forma presencial, por lo cual es necesaria su regulación”, concluyó Cobos.
Así se expresó el senador Julio Cobos luego de la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de Mendoza, con el discurso a la Asamblea Legislativa del gobernador Rodolfo Suárez.
El gobernador mendocino Rodolfo Suárez inauguró este viernes las sesiones ordinarias en su provincia, con una referencia ineludible a las acciones realizadas para enfrentar la crisis generada por la propagación del coronavirus. “La prioridad fue y es mantener la tasa de infección en niveles controlables y reducir el daño mediante la ayuda social y la asistencia a todos los sectores. Además, el gobierno de Mendoza reaccionó en forma rápida, con medidas oportunas y correctas, anticipándose incluso al gobierno nacional. Se ha hecho un esfuerzo grande para reforzar con equipamiento, recursos y personal a diferentes áreas críticas como salud y seguridad, entre otras -señaló Cobos-. Además, comparto el reconocimiento a todos los actores del poder legislativo que se adaptaron rápidamente para poder continuar con las tareas y dar soporte, propuestas y alternativas a las acciones del Ejecutivo”.
Por otro lado, Cobos celebró el envío del proyecto de reforma institucional acotada, excluyendo expresamente la reelección del gobernador de la provincia, e ir a un sistema unicameral del Poder Legislativo, con representación poblacional y territorial. “Esto es muy bueno porque moderniza, pero preserva la calidad institucional de la provincia. Siempre lo he dicho, la no reelección del gobernador es un activo institucional que debemos preservar y mantener. También, rescato el esfuerzo que se realiza para mantener una buena relación con el gobierno nacional, con permanente diálogo y avalando las decisiones trascendentes adoptadas por el presidente de la Nación”, expresó.
“Terminar con el mito que los recursos del Estado son infinitos, los egresos deben tener relación con los ingresos. No se puede distribuir lo que no se tiene”, dijo el gobernador y es la realidad que enfrentamos, señaló Cobos, quien remarcó que los próximos meses “serán aún más difíciles y revertir este proceso de deterioro económico va a demorar tiempo. Más allá de la coyuntura y las dificultades que la pandemia del Covid-19 plantea a Mendoza y al mundo, tenemos que lograr una provincia productiva y en este punto es positivo en anuncio de la creación del Consejo Económico, Ambiental y Social, integrado por representantes de todos los sectores”.
Destacó Cobos que “el gobernador planteó el trabajo en tres ejes: calidad de información y modernización, sustentabilidad de las actividades económicas para lograr una economía sana, y la internalización de la economía de Mendoza. En ese sentido, rescato la puesta en marcha de medidas para el desarrollo agrícola, el aumento de la eficiencia de la lucha antigranizo, la promoción de las áreas del conocimiento para dar valor agregado y por supuesto la ejecución de un de las obras más importantes para el país, Portezuelo del Viento, que en junio se realizará la licitación y a fines de este año comenzaría su construcción. También, es importante el envío del proyecto de ley de promoción industrial. Esto permitirá articular la producción de materia prima con el desarrollo industrial, a través de diferentes beneficios fiscales para empresas que se instalen en parques industriales”.
En síntesis, para Cobos el gobernador realizó “un diagnóstico duro, realista y necesario, anuncios viables, propuestas de ley innovadoras y una muestra de apertura y diálogo importante para Mendoza; para preservar su calidad institucional y lograr el desarrollo productivo. Esperemos que esto se plasme en mejoras sostenibles para todos los mendocinos”.
El senador nacional radical advirtió la necesidad de que el Estado evite complicaciones financieras a los pequeños emprendimientos mediante el cobro de impuestos sobre ingresos pasados.
El senador nacional Julio Cobos consideró que, en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país por el Covid 19, el Estado debe evitar complicaciones financieras a los pequeños emprendimientos mediante el cobro de impuestos sobre ingresos pasados. Por ello, solicitó al Poder Ejecutivo diferentes medidas para aliviar la situación de los monotributistas.
“En primer lugar, solicitamos la condonación tanto del monotributo impositivo como social, a partir del pago correspondiente a marzo de 2020 y hasta dos meses calendarios terminada la declaración de emergencia sanitaria, para aquellos sectores no esenciales. Además, solicitamos suspender por 180 días las exclusiones de oficio del Régimen Simplificado y que se permita que los excluidos del Monotributo, desde el 2019 hasta la fecha, que puedan volver, por única vez, a optar por este Régimen”, señaló el senador mendocino.
Al respecto, el legislador radical comentó que “la emergencia sanitaria ha llevado a la suspensión de las actividades no esenciales. Eso ha causado que estos monotributistas hayan perdido sus ingresos, pero mantengan su obligación tributaria a merced de sus ingresos reales obtenidos en el año 2019. El Estado presume que a la fecha los ingresos serán similares a un promedio de ese año, algo que es claramente incorrecto”.
“Con esta iniciativa queremos reparar la injusticia que sufren hoy los monotributistas, quienes se han visto obligados a cerrar sus negocios y a pagar la nómina salarial. El Estado no puede cobrar un impuesto por una actividad inexistente. En este contexto una condonación de pago impositiva temporal permite sostener el capital de trabajo y hacer que, al finalizar la cuarentena, el esquema de deudas sea menor”, manifestó el legislador.
Por último, Cobos señaló que “esta medida les brindará un importante alivio para atravesar la crisis hasta que superemos la pandemia a más de 3.365.000 personas que son monotributistas en nuestro país”.
El senador nacional presentó una iniciativa para modificar el artículo 131 del Código Penal y dar mayor protección a los menores ante el delito de grooming.
El senador nacional Julio Cobos presentó un proyecto de ley para dar mayor protección a los menores ante el delito de grooming, modificando el actual artículo 131 del Código Penal para corregir su redacción, que originó muchas críticas por su inaplicabilidad y por su vaguedad y dar más precisión al mismo.
El exvicepresidente de la Nación explicó que “el aislamiento social preventivo y obligatorio en el que nos encontramos a causa de la pandemia del virus Covid-19 incrementó en forma exponencial el uso de internet y de las redes sociales, generando un grave peligro a los menores ante la posibilidad de sufrir el delito de grooming, es decir la acción deliberada por parte de un mayor con el propósito de lograr que el niño o niña realicen acciones de índole sexual”.
Al respecto, advirtió que hoy existe un mayor riesgo de que nuestros menores se contacten con desconocidos, por lo tanto, “insistimos con que resulta fundamental darle precisión al Código Penal. Proponemos establecer claramente que el sujeto activo que comete el delito debe ser un mayor de edad ya que con la redacción actual se estaría incluyendo a los menores imputables. Además, proponemos distinguir a los sujetos pasivos menores de trece años -que nunca pueden dar su consentimiento- y los menores que tengan entre trece y dieciséis años cuando se realice mediante engaño, abuso de autoridad o intimidación; ya que corresponde que se vincule con los otros tipos penales de delitos contra la integridad sexual, evitando así contradicciones”.
El legislador radical señaló que también planteó que, si el adulto que comete grooming brinda datos falsos sobre su identidad o edad, la pena mínima se eleve a doce meses. “Estas propuestas fueron oportunamente fueran consensuadas con expertos y especialistas en el tema, tratando de superar las críticas dadas al texto actual”, indicó.
“Definir la acción penal en forma precisa y estricta brindará mayores herramientas a la justicia para combatir este delito. Recordemos que según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el grooming es el tercer delito más lucrativo, después del narcotráfico y tráfico de armas, cada año. Así resulta indispensable no solo concientizar a los jóvenes y a sus familiares, sino contar con una legislación mas clara para facilitar la tarea de los jueces”, aseguró Cobos.
A través de un proyecto, el senador Julio Cobos pide declarar “servicio público” el GLP.
El senador nacional presentó un proyecto en el Senado de la Nación para que se declare como servicio público el Gas Licuado de Petróleo y así intervenir en el precio de la garrafa de gas.
Cobos explicó que “el Gas Licuado de Petróleo no es servicio público, mientras que el gas por redes sí; por lo que tiene una fuerte regulación, una serie de derechos especiales para sus consumidores y se puede poner un tope al precio. Las garrafas, en cambio, suben sus precios sin control real alguno. Queremos que se vendan a precio regulado y uniforme en todo el país y para eso necesitamos que avance este proyecto. Si antes esto lo consideraba necesario, en este contexto creo que es imprescindible”.
El exvicepresidente de la Nación señaló que “Argentina tiene una extensa red de gas natural, pero no llega a todas las localidades ni a todas las personas. Por eso, la demanda social de garrafas de gas es muy grande y prioritaria para satisfacer las necesidades básicas de miles de familias. Frente a la demanda de este servicio esencial, la respuesta que hoy brinda el Estado resulta insuficiente e inequitativa”.
“En tiempos de pandemia con la gente aislada en sus casas, la calefacción es prioritaria, por eso el precio de la garrafa de gas debe ser tratado como un servicio público y regulado por el Estado. El Estado debe preocuparse para que sean precios razonables y no como hoy sucede que, una vez más, se prioriza a quienes están conectados a la red de gas natural y no a quienes carecen de la misma”, señaló el senador.
Cobos explicó que “Hay dieciséis millones de usuarios de garrafas de gas. Muchos viven -como en Mendoza- en zonas muy frías del país. Mis comprovincianos de Malargüe pueden dar fe de ello, pese a ser el único departamento patagónico de la provincia y ser una importante fuente de combustibles para el país. El GLP es el combustible que utilizan los sectores más desprotegidos del país a lo que hay que sumar cuatro provincias donde no existe gas por redes en su territorio: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones”.
“Esta desprotección legal se agrava por los abusos que se dan en la red de comercialización de garrafas. Creemos que no alcanza con un precio sugerido. Necesitamos que YPF S.A, como empresa líder en el mercado, tenga una activa participación para garantizar el precio fijado”, explicó el senador y agregó “El mercado de distribución de gas comprimido se encuentra atomizado. El Estado debe actuar como facilitador de una distribución más equitativa y justa del producto, y para ello debe tener un rol central YPF S.A., una empresa de mayoría estatal y con presencia en todo el país. Es un error dejar al mercado lo que el Estado debe garantizar y procurar, velando siempre por la igualdad y bienestar de toda la sociedad”.
Finalmente, Cobos recordó que dicho proyecto “cuenta con el apoyo y el aval de asociaciones de defensa al consumidor y defensorías del pueblo de diferentes partes del país. Por eso buscamos igualar los derechos y permitir que millones de argentinos accedan a una garrafa de gas con una tarifa justa y uniforme en todo el territorio”.
Considerando que el uso de medios electrónicos es fundamental en esta coyuntura, el senador sugiere alentar la utilización del plástico.
El senador nacional Julio Cobos llamó a proporcionar beneficios para aquellos comercios que acepten pagos con tarjetas. Para el exvicepresidente de la Nación, se debe tener en cuenta que los comercios están atravesando una situación muy compleja para mantenerse abiertos, conservar los empleados y renovar el stock de los insumos que necesitan. Y en este contexto, “el uso de los medios electrónicos es fundamental para evitar la circulación de efectivo teniendo en cuenta que el uso del dinero en papel billete, es un medio de contagio adicional en las circunstancias de pandemia que afrontamos en el mundo”.
“Ante este contexto, proponemos que la acreditación de los importes correspondientes a las ventas en las cuentas de los establecimientos adheridos se haga en un plazo máximo de 24 horas para las operaciones con tarjeta de débito. Para los sistemas abiertos, la suma de la tasa de intercambio y la tasa de adquirencia será de 0% para las operaciones que se realicen con tarjetas de débito, y no podrá ser superior al 2% para las operaciones que se realicen con tarjetas de crédito”, recomendó el senador mendocino.
Cobos señaló que “si bien la disminución de los aranceles o tasas que abonan los comercios a las tarjetas de créditos consiguió en el 2016 media sanción en la Cámara de Diputados, su tratamiento en el Senado se postergó y perdió estado parlamentario”. Por ello resulta necesario “volver a poner en agenda este tema tan importante, además de estimular el uso de medios electrónicos facilitando a los comercios que aún no han bancarizado su operatoria lo hagan sin costo, y aquellos que ya cuentan con este sistema puedan reducir sus gastos”.
En tiempos de coronavirus, el senador mendocino quiere darle marco legal a una práctica puesta en boga por imperativo de las circunstancias.
El senador nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de ley para promover la provisión de servicios médicos a la población, mediante redes de telemedicina que permitan la atención a distancia del paciente y las consultas por medios electrónicos.
El exvicepresidente explicó que la iniciativa “busca garantizar que los agentes del seguro de salud y las entidades de medicina prepaga cubran y aseguren el cumplimiento de las prestaciones médicas que se realicen en forma virtual o remota, permitiendo la comunicación interactiva entre el paciente y el profesional”. Además, la propuesta indica que se permitiría “la atención de consultas online mejorando la accesibilidad y evitando traslados innecesarios o prohibidos en circunstancias excepcionales”.
“Entendemos que las prestaciones básicas esenciales garantizadas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), y también las referidas a la salud mental, pueden cumplirse aprovechando el uso de las diversas tecnologías que hoy disponemos, las cuales nos permiten establecer comunicaciones en tiempo real por videoconferencia o de manera diferida mediante una plataforma de gestión de teleconsultas, con beneficios tanto para la comunidad, como para los equipos de salud”, expresó el mendocino.
El proyecto del legislador radical señala que “la implementación deberá considerar los aspectos legales, regulatorios, de seguridad y privacidad de la información”. “En el contexto de emergencia nacional con aislamiento social y obligatorio la telemedicina es indispensable”, enfatizó.
Cobos manifestó que “las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deben asegurar las herramientas para dinamizar la relación entre los prestadores de servicios de salud con los ciudadanos, y toda acción que permita el intercambio de información mediante canales alternativos, que eviten el desplazamiento de las personas”.
“Enfrentamos un cambio de paradigma respecto de varias prácticas cotidianas y el sistema de salud no escapa de esta situación, por lo que por lo que debemos priorizar una nueva modalidad de trabajo a distancia que permita desarrollar una gestión eficiente orientada a la prevención, promoción y asistencia de los usuarios del sistema de salud”, finalizó el senador.
Para el senador Julio Cobos, lo que se vivió el viernes pasado en los bancos de las grandes ciudades es algo que “no puede volver a pasar”.
El senador Julio Cobos presentó un proyecto de ley por el cual los bancos que tengan cuentas de trabajadores del sector público o privado, de los haberes o prestaciones de la seguridad social o planes de ayuda social; deberán emitir una tarjeta de débito por cada titular y por cada apoderado en forma gratuita y enviar la misma a los domicilios registrados por cada uno de ellos.
El exvicepresidente de la Nación explicó que “a pesar de que una amplia mayoría de los beneficiarios previsionales o de programas sociales tienen una cuenta bancaria y asociada a ella una tarjeta de débito, no surge de la normativa actual la obligación de las entidades bancarias de entregar las tarjetas de débito. Lo sucedido el pasado viernes, cuando miles de jubilados hicieron largas colas a fin de retirar los fondos que el ANSeS había depositado en sus cuentas, es algo que no puede volver a pasar. Deben brindarles a los jubilados y a quienes reciben planes sociales, las tarjetas de débito que les corresponden para que puedan extraer su dinero y evitar que deban concurrir a los bancos para proveerse de efectivo”.
“Al margen del grave problema de salud pública que dicha situación ocasionó, también se evidenció que a nueve años de sus aperturas no todas las cuentas previsionales contaban con su respectiva tarjeta de débito. Esta ley no pretende regular las colas en los bancos de jubilados sino actuar contra las causas que las generaron: la no emisión y distribución de las tarjetas, obligando a las entidades financieras a distribuirlas y habilitarlas en forma remota”, señaló Julio Cobos.
El legislador mendocino manifestó que “es indispensable que los jubilados cuenten con la tarjeta que le permita comprar con cargo a la misma en comercios, retirar efectivo de los cajeros automáticos o de comercios y realizar pagos con cargo a la cuenta mediante los cajeros automáticos o homebanking. También estipulamos que cuenten con esta tarjeta los apoderados a fin de que puedan realizar las mismas tareas en caso de que al titular le resulten complejas o no pueda realizarlas”.
“Ante la emergencia sanitaria el Estado debe llegar ágil con los fondos de ayuda social y permitir que los jubilados y pensionados reciban sin dificultad ni contratiempos sus beneficios previsionales y los refuerzos que prevea el Poder Ejecutivo. La falta de las tarjetas -y el increíble desinterés para proveerlas- atentan contra la salud pública”.
Por último, Cobos aseguró que “en este contexto, los bancos deben ser responsables de distribuir los instrumentos que permitan a los jubilados acceder a sus haberes que tienen depositados y quitarle una angustia más a quienes hoy se encuentran aislados físicamente de sus familias”.
Por Julio Cobos. El senador nacional propone una serie de medidas para aliviar el impacto que la crisis tendrá sobre la economía.
La situación actual obligó a adoptar medidas necesarias para priorizar la salud de las personas. Esto repercute en la economía de cada familia, en PyMEs, empresas y en las recaudaciones de municipios, provincias y del Estado nacional.
Para aliviar esta situación proponemos adoptar diferentes acciones mientras dure la emergencia:
1) Medidas fiscales para las PyMEs
2) Líneas de crédito para pago de salarios
3) Prohibición de Corte de Servicios Públicos y Telefonía Celular
4) Aumento de Límite de las Tarjetas de Crédito y Descubierto Bancario
5) Seguro de desempleo
6) Obras Sociales y Medicina Prepaga
7) Constancia de deudas para Ejecuciones Fiscales PYMEs
De la emisión de boletas de deuda para ejecuciones fiscales a las PYME.
8) Actividad de la Construcción Privada
En esta particular coyuntura, el senador nacional formuló su solicitud a obras sociales y prepagas, al tiempo que pidió la utilización de recetas virtuales.
El senador nacional Julio Cobos solicitó a las obras sociales y las empresas de medicina prepaga que en esta emergencia cubran las prestaciones médicas necesarias que se realicen en forma virtual o remota, y que se habilite la recepción de recetas virtuales en las farmacias de todo el país.
Al respecto, el senador Julio Cobos señaló que “sabemos que la situación que atravesamos producto de la pandemia del coronavirus ha trastocado y modificado la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo, provocando una fuerte y necesaria restricción de desplazamiento de las personas fuera de sus domicilios. Es por eso que organismos gubernamentales, instituciones académicas, empresas, etcétera, se están adaptando a nuevas formas de prestación de servicios para darles continuidad”.
“Lo mismo sucede con muchos profesionales de la salud y en este punto, las obras sociales y prepagas también deben hacerlo. Además, requerimos que se adapten los sistemas para que las farmacias contemplen las recetas digitales, algo que existe en algunos casos, pero no está masificado su uso. Esto es fundamental para evitar la concentración y el traslado de personas”, agregó el legislador.
El legislador mendocino explicó que “pedimos que se garanticen las prestaciones a todas las personas que deban cumplirlas mediante medios electrónicos de comunicación o virtuales, reemplazando las consultas ambulatorias que implican un traslado. A modo enunciativo, pueden ser consultas de psicología, medicina clínica, pediatría, deportología, y todas aquellas que crea necesaria y defina la autoridad competente” y agregó, “se deberá garantizar el pago de honorarios a los profesionales de atención, cualquiera sea el vínculo contractual con las obras sociales y las empresas de Medicina Prepaga, en caso de reemplazar prestaciones de atención presencial por modalidades virtuales o telefónicas, mientras dure el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno Nacional”.
Un claro ejemplo es el de las consultas psicológicas. Al respecto, Cobos señaló que “queremos que se aseguren las prestaciones psicológicas que no se pueden cumplir en forma presencial debido a la imposibilidad de trasladarse, pero que se realicen a través de medios electrónicos y video conferencias como Skype u otros sistemas existentes, y que sean cubiertas por los prestadores, asegurando la atención al paciente y el honorario correspondiente al profesional de la salud”.
Por Julio Cobos. El senador toma como buena señal el diálogo de los distintos sectores políticos y científico-técnicos, convocados para un trabajo mancomunado y definitivo.
El mundo atraviesa una de las más grandes crisis vistas en muchas décadas que afecta nada más ni nada menos que a la salud del ser humano; poniéndonos a todos a reflexionar, a alterar nuestro ritmo habitual y a reestructurar prioridades. También, nos obliga a dejar diferencias de lado, enseñándonos hacia dónde mirar. Argentina no está exenta a los profundos efectos de esta pandemia y sabemos que aún quedan semanas muy difíciles por delante. En estos momentos complejos es importante poner foco en lo que la naturaleza nos fuerza a ver y que por nuestro individualismo lo tenemos mucha veces perdido, una sociedad unida por un mismo fin: solidarizarnos y cuidarnos.
El gobierno nacional y las administraciones provinciales -sin banderías políticas- trabajan en forma coordinada al servicio de la comunidad, para mitigar el impacto de la pandemia. El presidente de la Nación y su gabinete han hecho hasta aquí un correcto manejo de la situación, con medidas concretas y a tiempo. Desde la oposición hemos aportado propuestas, alternativas y apoyo a la conducción de la crisis que realiza el Ejecutivo. Es importante resaltar el diálogo de los distintos sectores políticos y científico-técnicos, convocados para un trabajo mancomunado y definitivo en la toma de decisiones, a partir de un diagnóstico global y no signado por una parcialidad o por intereses sectoriales. Esto es una buena señal y es fundamental que se mantenga e incremente en los días venideros.
Cada sector de la sociedad da su ejemplo, desde los comunicadores dejando diferencias de lado e informando con responsabilidad, como así también cada uno de los actores que la realidad los coloca en su mejor hacer: médicos, enfermeros, policías, comerciantes, docentes, etc.
La necesidad de reducir al mínimo el contacto social para evitar la propagación del virus y el crecimiento exponencial de las personas contagiadas, obligó a suspender las clases en todos los niveles en todo el territorio nacional. Esto exige un esfuerzo encomiable de autoridades, docentes, alumnos, padres y madres; para suplir con otro tipo de herramientas, la imposibilidad de tener presencia física en las escuelas. Clases virtuales, plataformas educativas del Ministerio de Educación de la Nación y de los estados provinciales, grupos en redes sociales para compartir tareas y materiales y la impresión en papel para llegar a los lugares donde la tecnología aún no llega. Este esfuerzo colectivo por la educación es en sí mismo una enseñanza y nos interpela como sociedad a trabajar por y para el bien común, a ponernos en el lugar del otro.
Días atrás y entendiendo la gravedad de la situación, propusimos diversos proyectos de ley para colaborar en esta emergencia: exenciones impositivas y medidas paliativas para sectores económicos más afectados, elaboración de alcohol en gel por personas en contexto de encierro, alumnos de escuelas secundarias, terciarios y universidades e integrantes de las fuerzas armadas; para luego distribuirse en escuelas, salas de primeros auxilios, geriátricos, estaciones de transporte público, entre otras. Hubo varios ejemplos solidarios en distintos puntos del país. Alumnos y profesores de escuelas y universidades fabricaron alcohol en gel en sus laboratorios, también presos en la cárcel de Mendoza, y el propio Ministerio de Defensa instruyó la elaboración de estos productos al personal militar.
Debemos mantener esta vocación de trabajo en familia para ayudar a nuestros hijos y proteger a adultos y a los sectores vulnerables de la sociedad y a cuidar el planeta que parece aliviado con el “parate” temporal de la actividad humana. Asimismo, debemos profundizar esta vocación de diálogo entre oficialismo y oposición para acordar políticas que permitan cumplir metas colectivas y recuperar el desarrollo de Argentina.
Frente a los días difíciles que vivimos y los que seguramente vendrán vale mucha rescatar estas actitudes solidarias, dialoguistas y fundamentales para el crecimiento colectivo. Espero que al final de esta etapa, esto sea una enseñanza duradera que nos una en otras circunstancias también difíciles, que nos necesitarán a todos juntos.
Aprendamos la lección, repliquemos el ejemplo.
Julio Cobos es senador de la Nación por la UCR de la provincia de Mendoza
Propuesta del senador Cobos para preservar el empleo en las pymes y empresas del sector, afectadas fuertemente por el parate.
El exvicepresidente de la Nación Julio Cobos presentó en el Congreso un proyecto de ley con un paquete de medidas para mitigar el impacto de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, en el sector turístico, en las Pymes y en las economías regionales.
Al respecto, Cobos explicó que “estamos ante una crisis sanitaria que se suma a una crisis económica que nuestro país arrastra desde hace tiempo. Por eso con esta iniciativa queremos defender las fuentes de trabajo, nuestras empresas y nuestra economía. Hoy en día, el turismo receptivo y emisivo es prácticamente nulo, hay muchas familias que dependen de esta actividad por lo cual, hasta que la situación se normalice, el sector financiero que tanto ha ganado en los últimos tiempos debe hacer un esfuerzo para colaborar con la situación de las empresas y preservar el empleo; esto en completa sintonía con el pedido que realizó el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez”.
La iniciativa comprende dos aspectos básicos: políticas activas del Estado frente a la emergencia y el establecimiento de reglas de juego permanentes entre el fisco y las pymes respecto a los atrasos en los pagos impositivos. En cuanto al problema de las emergencias y el rol del Estado para frenarlas, puntualiza el senador mendocino, “se establecen medidas para los afectados por este contexto, como la prohibición de embargos por parte de la AFIP de saldos bancarios o designar recaudadores en las empresas y la prohibición de cortes de servicios públicos mientras dure esta situación excepcional. También se solicita que se brinden préstamos mensuales por la mitad de la nómina salarial durante la emergencia, a devolver una vez terminada la misma en caso que no se realicen despidos y se disponen beneficios en la devolución del préstamo si se mantiene la cantidad de empleados registrados. Reitero, el objetivo es preservar el empleo mientras dure esta crisis global”.
Además, el legislador radical comentó que “faltan planes de carácter general para abonar deuda judicializada con mayor plazo que las no judiciales. Por eso establecemos instrucciones para el modo de la ejecución fiscal, dónde se impide los embargos en el sistema financiero previos a la sentencia, permitiendo embargar otros bienes; algo que no estaba incluido en el marco de la emergencia fiscal. Asimismo, establecemos que las obligaciones tributarias impagas deberán ser iniciadas como mínimo a partir de los 120 días en las pymes más grandes, y a 270 días del año siguiente al de la mora para las pymes más pequeñas. De esta manera, se evita que las ejecuciones fiscales de la AFIP reemplacen a las gestiones por mora temprana”.
Por último, el senador mendocino dijo que “el Estado debe cuidar a los sectores más pequeños de la economía y brindarle las herramientas para que, cuando se supere la emergencia, estén de pie y dispuestos a reactivar el entramado productivo. Es por ello que solicitamos también que se duplique el límite de las tarjetas de crédito y de los acuerdos de cuenta corriente mientras dure la emergencia; se otorguen préstamos blandos a PYMES y se brinden subsidios del Estado a la tasa de interés”.
El senador nacional presentó un proyecto para que las personas varadas en el exterior no abonen este tributo, creado en diciembre pasado mediante la Ley de Solidaridad Social.
El senador nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto para las personas varadas en el exterior, a raíz de la pandemia del coronavirus, no tengan que pagar el impuesto PAIS, creado en diciembre pasado mediante la Ley de Solidaridad Social.
El radical consideró que, a partir de la medida de suspender los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de las zonas afectadas, “tenemos que tomar medidas que brinden ayuda y alivio a aquellos que se encuentran afectados por esta situación”.
“Con esta iniciativa proponemos disponer la exención del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) a todas aquellas personas alcanzadas por el tributo que se encuentren fuera de la República Argentina”, señaló.
Además, en la iniciativa se solicita que “esta exención se aplique desde el día 12 de marzo de 2020 hasta la fecha en que las personas en esa situación reingresen a la Argentina; esto para gastos vinculados exclusivamente a alimentación, alojamiento, transporte y salud, con un límite diario total de consumos de 300 dólares”.
Por último, el exvicepresidente expresó: “Atentos a que nos encontramos ante un escenario muy dinámico, pedimos que estas medidas se apliquen ante el caso que pueden existir en el futuro nuevas normas internacionales, nacionales o provinciales que restrinjan el tránsito de personas y por lo tanto se dilate aún más el retorno de los residentes argentinos a nuestro país”.
De acuerdo al proyecto, la autoridad de aplicación sería la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Al referirse al nuevo conflicto con el campo, Miguel Pichetto evoca la pelea de hace 12 años. Afirma que entonces el error del Gobierno kirchnerista fue creer que el campo iba por el poder, y en realidad era una discusión económica. Y la emprende contra “el mundo planero”.
Por José Di Mauro y Oscar Benini
– ¿Qué opina de la pelea que vuelve a darse con el campo?
– Me parece un error; me parece que el presidente tiene que agotar y hacer el máximo esfuerzo para impedir que esta discusión se viralice. Entendemos que hay una situación fiscal compleja en la Argentina, pero me parece que 33% con la soja a la baja, y con un valor del dólar oficial que está por debajo del contado con liqui o del blue, el dólar exportación está casi a 40 pesos, con lo cual me parece que es muy finita la rentabilidad del sector. Y me parece que hoy hay que incorporar un nuevo tema en el tablero de las políticas impositivas y de las decisiones que se toman con el campo, con la producción primaria y la agroindustria: es el mundo este que no se sabe adónde va, y que puede impactar fuertemente sobre los productos y los alimentos. Hay que ver qué pasa con China, con las exportaciones de la Argentina en materia de alimentos. Creo que son procesos que obligan a por lo menos no ponerse intransigente, a no repetir la historia del pasado, y a no calificar al campo como los malos de la película… Yo creo que la experiencia de la 125 fue una verdadera tragedia para el Gobierno de ese momento, porque además implicó la ruptura con el campo, definitiva, y nunca se reparó. No hay que repetirla, creo que hay que sentarse en la mesa, y bueno, entender los procesos y ver cómo se compatibilizan los intereses, y ver hasta donde el mercado fija reglas que pueden hacer imposible el pago de ese 33%. Estamos a dos puntos de la máxima retención que tuvo el sector.
– Ya que estamos ahí, volvamos 12 años para atrás. Ese último discurso, con Cobos pidiendo un cuarto intermedio, ¿usted estaba de acuerdo con darlo?
– Yo intenté buscar los marcos de acuerdo con carácter previo a ese momento tan tremendo de la madrugada. Hablé con la presidenta, porque yo sabía ya a las 21 que el escenario era de empate y que Cobos iba a desempatar para el otro lado. Y que iba a plantear la posibilidad de un acuerdo, por lo tanto yo se lo transmití a la presidenta… Porque a mí, el que me lo informa es el senador Pablo Verani, que venía de hablar con Julio Cobos. El ya falleció, era un hombre al cual respetaba y con el que tenía una relación de afecto personal, había sido el gobernador de mi provincia y yo había competido con él por la senaduría, pero teníamos un trato personal que ustedes saben que era de mucho respeto. El me vino a decir: “Mirá, esto está así; Julio Cobos va a pedir un cuarto intermedio y si no sale va a votar en contra”. Yo le dije a la presidenta que estábamos en riesgo de perder; ella me dijo que iba a hablar con el jefe de Gabinete para que hablara con Cobos; hoy el jefe de Gabinete es el presidente de la Nación, y Julio es senador. Pero entonces él estaba arriba en su oficina encerrado y me acuerdo que estaba hasta con su familia. Eran momentos de mucha tensión, pero a las 4 de la mañana ya no había lugar para un cuarto intermedio… Había una tensión extraordinaria, yo fui consecuente con la orden que recibí de la presidenta en ese momento. Ella me dijo: “Hacé votar y que cada uno se haga responsable”.
– Y Néstor Kirchner estaba vivo…
– Estaba vivo y activo, y también me planteó exactamente lo mismo. No había ninguna posibilidad de arreglar, porque creo que el Gobierno confunde una cuestión de intereses económicos con una lucha por el poder en ese momento. Creo que fue el gran error, y que eso tiene que ver con el Néstor fuera del poder, del Gobierno, porque ella tenía posiciones mucho más rígidas en términos de la negociación… No iba a negociar. Pero la confusión es creer que el campo iba por el poder, iba a debilitarla a ella, a querer sustituir el poder del Gobierno ese que en ese momento era muy fuerte, que venía de un triunfo electoral. Hacía 8 meses habíamos ganado la elección de manera muy importante, con un Gobierno que tenía orden fiscal, que tenía una serie de condiciones realmente muy buenas y que las exportaciones estaban volando a 600 dólares la tonelada. El error fue creer que la batalla con el campo no era económica, sino política. Y fue un error, creo que era económica; los sectores productivos defendían su renta.
– ¿Ahora se está planteando lo mismo? El campo dice que no los entienden.
– Hoy las condiciones son distintas: la soja está a 300, hay tendencias complejas en el mundo, hay una pandemia, no se sabe para dónde va la producción, la economía, la producción de los países; no sería extraño que muchos países se cierren… Lo que digo es que hay que mantener el diálogo abierto con los sectores productivos, no son “parásitos”, como dijo el señor (Juan) Grabois… Los parásitos me parece que están más cerca de Grabois, yo creo que el “mundo planero” te mata y vive del esfuerzo de los que trabajan, así que la verdad que esa calificación a la gente que produce me parece demencial. Creo que hay exteriorizaciones muy complejas en la Argentina, como calificar también a los jueces de “sarnosos”. Lo mismo que eso que dijo el presidente, que “siempre quieren ganar más”… Me parece que son ofensas gratuitas.
Se desató cuando el radical Juan Carlos Marino pidió preferencia para dos proyectos suyos sobre Portezuelo del Viento. Le salió al cruce su correligionario Julio Cobos.
Es bien conocida la áspera disputa que hay entre pampeanos y mendocinos pro la represa Portezuelo del Viento. Lo curioso es que esa grieta quedó claramente expuesta este jueves en plena sesión del Senado. Y enfrentando a pampeanos y mendocinos… del mismo partido.
Todo arrancó al principio de la sesión el radical pampeano Juan Carlos Marino planteó una preferencia para dos proyectos de su autoría relacionados precisamente con Portezuelo del Viento. En uno de ellos solicitaba la suspensión de la ejecución hidráulica de la represa hasta contar con un estudio del impacto ambiental en la cuenca del río Colorado, y por otro lado pedía suspender la transferencia a la provincia de Mendoza de los recursos de financiación para la obra.
Al exponer, el senador Marino puso como ejemplo lo sucedido en el pasado con las represas Los Nihuiles I y II, a consecuencia de las cuales “nos quedamos sin el río Atuel”. Lo cual, afirmó, dejó un tercio del territorio pampeano “desértico”.
Así las cosas, “cuando uno se quema con leche, ve pasar una vaca y llora”, graficó respecto de la construcción de Portezuelo del Viento. Y como la obra se hará sobre el río Grande, un afluente del Colorado, la misma “ya no va a afectar solamente a La Pampa, sino también a las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires”.
La respuesta vino de un correligionario. La dio el senador Julio Cobos, quien habló además en nombre de su compañera de bancada Pamela Verasay y la peronista Anabel Fernández Sagasti. Cobos sostuvo que lo que sucedió con el Atuel no necesariamente irá a suceder con esta obra, y resaltó que en tiempos de cambio climático, lo mejor para un río “es regularlo”, función que cumple una presa que embalsama el agua cuando no se necesita y la entrega cuando hace falta. Según Cobos, “esta obra no genera un solo metro cúbico de consumo, porque está planificada para generar energía eléctrica”, afirmó Cobos, agregando que “la obra está en marcha” y ya se han girado fondos. Lo que hizo el presidente Alberto Fernández, dijo, fue “cumplir con los acuerdos que originalmente firmó el presidente Néstor Kirchner.
La peronista Norma Durango salió a replicarle. Pampeana ella, afirmó que sus comprovincianos saben muy bien qué pasó con Los Nihuiles y con el tema del Atuel.
Incómodo ante la situación planteada, Marino aclaró que no quería enemistarse con los senadores mendocinos. Resaltó su amistad con Cobos y Verasay, pero aclaró que “estamos hablando de personas y de agua. Yo no quiero entrar en ningún conflicto”, e insistió con dar preferencia para sus proyectos.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, pidió pasar el tema a comisión y discutirlo allí, pero la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner, replicó que Marino había pedido que se votara. “Hay que votar. No sea antidemocrático”, lo chicaneó.
Ante la polémica generada y tras una larga discusión, Marino terminó retirando su moción. “Que Dios nos ayude como siempre… Los mendocinos, difícil”.
Impulsor del sistema UVA, el senador Cobos quiere que el BCRA contemple no sólo a los tomadores de préstamos hipotecarios, sino también a quienes tomaron préstamos prendarios y personales
El senador Julio Cobos presentó un proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 60 de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, para que el Banco Central evalúe el desempeño del sistema UVA cualquiera sea la entidad bancaria, financiera y destino para el cual se hubiere contraído.
El exvicepresidente de la Nación mantuvo reuniones con deudores de préstamos UVA que no son hipotecarios y considera que son válidos los reclamos que plantean. “Por eso, esta iniciativa tiene por objeto que el Banco Central incluya en su estudio de desempeño y las consecuencias del sistema UVA, no sólo a los tomadores de préstamos hipotecarios, sino también a quienes tomaron préstamos prendarios y personales, teniendo en cuenta que el índice de inflación modificó las circunstancias en que se tomaron esos compromisos, lo que llevó a los tomadores a una situación de endeudamiento y crisis que dificulta el pago de los compromisos”, señaló el legislador mendocino.
Destaca Cobos que “la inflación alcanzó en el 2019 el 52,9%, si tenemos en cuenta que año a año ha habido una divergencia entre las metas de inflación y que el promedio de los salarios está por debajo de estos índices, no resulta justo que no se hayan tomado medidas que permitan aliviar la situación crítica que afrontan todos los deudores del sistema de créditos UVA”.
“Entendemos que la carga de la deuda que afrontan los tomadores del sistema UVA los ahoga e impide el pago de sus compromisos, es necesario tomar una decisión que alivie la situación de aquellos que suscribieron créditos hipotecarios, prendarios y personales; y que se encuentre una solución que se refleje en el poder adquisitivo actual”, precisó el senador Cobos.
El senador nacional Julio Cobos presentó un proyecto en “repudio y rechazo” por la participación de este equipo en un torneo panamericano.
El senador nacional Julio Cobos presentó un proyecto para repudiar y rechazar la inclusión de un equipo de bádminton autodenominado “Falklands Island” en un torneo que se lleva a cabo en Brasil
Julio Cobos explicó que presentó la iniciativa para rechazar la inclusión del equipo bajo el nombre de “Falklands Islands” en la competencia denominada “Pan Am Cup”, que organiza la Confederación Brasileña de Bádminton, que se inició el día 13 de febrero en El Salvador, Bahía y se extenderá hasta el domingo 16”.
Al respecto, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado advirtió que esta situación “desconoce absolutamente la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido reconocida por las Naciones Unidas sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
Ante esta situación Cancillería Argentina solicitó a los consulados en Salvador de Bahía y Río de Janeiro, y a la Embajada ante Brasil la realización de gestiones ante los organizadores del torneo y las autoridades brasileñas a fin de resaltar que las Islas Malvinas no son un Estado reconocido por la comunidad internacional. “Apoyamos el reclamo legítimo realizado por la Cancillería Argentina”, señaló en este sentido el exgobernador mendocino.
Asimismo, el senador advirtió que “otro aspecto complejo y que nos preocupa es que en la web de la Confederación Brasileña de Bádminton, al consultarse la información del torneo, se observa que se consigna a las Islas Malvinas como una entidad separada de la República Argentina y se las identifica con el ilegítimo pabellón”.
Finalmente, Cobos expresó que “la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, no es sólo un viejo reclamo por nuestra integridad territorial -ante uno de los últimos resabios coloniales que aún quedan en el mundo- es también, una cuestión que afecta intereses estratégicos actuales y futuros de nuestro país y de la región del Cono Sur, zona considerada de paz por los países que la integran. Ante este nuevo acto unilateral realizado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, reafirmamos que el único camino posible para la recuperación de las Islas es la vía diplomática, el diálogo y la paz”.
Por Julio Cobos. El senador nacional advierte la necesidad de encontrar medidas complementarias en beneficio de beneficios de todos los tomadores de crédito.
El déficit habitacional en Argentina es un problema de décadas y siempre significa un desafío para cada gestión que comienza. Muchas han sido las propuestas, con diferentes resultados, para crear mecanismos que den acceso a la vivienda propia.
Años atrás, propusimos y sancionamos en el Congreso de la Nación una ley (N°27.271) que establece la Unidad de Vivienda conocida como UVI, la cual se actualiza por el costo de la construcción, reflejando el valor del metro cuadrado construido. Simultáneamente, los directivos del Banco Central, a quienes dimos a conocer nuestro proyecto, decidieron lanzar en forma unilateral y sin que estuviera la ley, la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) con un mecanismo de actualización diferente que incorpora la variación de la inflación. Esta disposición del BCRA no tenía todos los cinturones de seguridad que sí tenía nuestra ley, por lo que después el presidente Mauricio Macri tuvo que emitir varios decretos complementarios.
¿Por qué se hizo así? No tengo respuestas, pero el resultado fue que, en el origen del sistema, por apuro o desconocimiento, la UVA surgió con un criterio diferente a la UVI y fue la más utilizada por el sistema bancario. Lo que sí sé es que la Unidad de Vivienda (UVI) refleja de forma mucho más fidedigna la realidad del mercado al que se apunta, es decir a préstamos destinados a la construcción o adquisición de vivienda.
Desde marzo de 2016, el BCRA publica ambos índices (UVA y UVI) porque con este último se licitan obras. Hoy, el IPV actualiza los certificados a las empresas en función de este índice que representa al metro cuadrado y no lo hace por la UVA porque ésta incorpora componentes distintos al otro índice, cosa que es bastante lógico y que debería haber sido adoptado para todo el sistema; pero el BCRA prefirió motorizar la UVA y a los bancos les fue conveniente.
En épocas de crisis, el índice de la construcción se retrae porque hay menos demanda, baja la mano de obra, etc; por lo que termina siendo algo favorable para el tomador del crédito. Tal es así que actualmente la diferencia entre la UVI y la UVA es del 11,27% (al 31 de enero del corriente año el valor de la UVI es de 44,08 pesos y el de la UVA de 49,05pesos). Esto no es menor, por ejemplo, en un préstamo de cuatro millones de pesos esa diferencia entra las unidades representan 495 mil pesos sólo de capital, sin contar la disminución de los intereses.
Por la ley que sancionamos recientemente en el Congreso, el BCRA debía que realizar un estudio de la evolución de la UVA. Hasta ahora las medidas adoptadas apuntan a suspender el congelamiento y a amortiguar esa suspensión, lo que en un principio no parece ser una solución de fondo. Este sistema estaba basado en un proceso de baja inflación como el que se planteó a inicios del gobierno de Mauricio Macri, condición necesaria para mantener la equidad de los contratos a lo largo del tiempo. Como eso no sucedió, presentamos diversos proyectos de ley durante la gestión anterior con propuestas para dar soluciones a los problemas existentes y hoy los ponemos a disposición de la actual administración para lograr darles protección a los tomadores de créditos, entre ellas:
Está claro que la solución de fondo es que baje la inflación, pero considero que estas medidas son complementarias, realizables y pueden aplicarse para beneficios de todos los tomadores de crédito.
