El procurador general inicia juicio político a los camaristas que liberaron a Rigau

“Frente su patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal”, el procurador bonaerense Julio Conte Grand denunció a los camaristas Juan Alberto Benavídez y Alejandro Gustavo Villordo ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento. La denuncia analiza en profundidad la escandalosa decisión de los camaristas que, sin tener jurisdicción para hacerlo, admitieron […]

“Frente su patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal”, el procurador bonaerense Julio Conte Grand denunció a los camaristas Juan Alberto Benavídez y Alejandro Gustavo Villordo ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento.

La denuncia analiza en profundidad la escandalosa decisión de los camaristas que, sin tener jurisdicción para hacerlo, admitieron y dieron curso a un recurso de habeas corpus y en ese marco declararon la nulidad de la actuación policial contra Julio Rigau y todo lo actuado posteriormente en la causa, ordenando que fuera liberado y que le fueran restituidos el dinero secuestrado y las tarjetas bancarias, de las que no era titular.

En el marco del recurso contra esta decisión, quedó de manifiesto en la decisión del Tribunal de Casación Penal que los camaristas Benavídez y Villordo se “habían apartado de la ley”, según estima el procurador.

En efecto: los jueces Budiño y Mancini entendieron que la resolución de la Cámara debía ser anulada por razones lógicamente previas al análisis de su fundamentación de los recursos de los apelantes; es decir: que no era necesario adentrarse en los fundamentos de la apelación del fiscal general de La Plata ni del particular damnificado, porque la decisión de los jueces Benavídez y Villordo era palmariamente nula.

Afirmaron que ello era así porque que la Alzada había actuado “…excediendo los límites normativos que determinan su capacidad material de conocimiento y, por tanto, sin tener habilitada su jurisdicción (conf. art.405 del C.P.P.)”.

Destacaron que la Cámara “actuó por fuera de su jurisdicción, en tanto según la ley procesal vigente la orden de detención dictada por juez el competente no resulta impugnable por vía de habeas corpus en razón del veto producido en el art. 405, segundo párrafo del CPP, por el decreto de promulgación 2749/04 (con respecto a la ley 13.252), con lo que únicamente podía concluirse que contra tal acto jurisdiccional no resultaba posible interponer una acción de habeas corpus”.

Por lo tanto, el Procurador en su denuncia sostuvo que “la decisión de los jueces Benavides y Villordo se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario -canalizado, además, por una vía improcedente-, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular”.

También afirmó que “la materia objeto del petitorio tenía vía procesal adecuada en la causa en que se estaba discutiendo la excarcelación; tenía así́ un juez natural (precisamente juez de garantías); y con la admisibilidad de la vía extraordinaria se terminó apartando a dicho juez y suplantándoselo por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelación” y que “No debería pasarse por alto que la maniobra de sacar la causa de su juez natural es una actitud propia del fenómeno denominado forum shopping”.

Por otro lado, denunció que “la resolución ha generado una gran conmoción en el tejido social, el que se enfrenta a una decisión que terminaría por invertir las responsabilidades, diluyendo aquella que potencialmente podía caberle al detenido para, en definitiva, cargar las culpas sobre el accionar policial” y concluyó que “a raíz de lo señalado, no es osado considerar que, con su voto, los doctores Benavides y Villordo han reforzado el estado de desconfianza social en la judicatura”.

Así el procurador Conte Grand ofreció prueba y solicitó al Jurado el apartamiento preventivo de los camaristas mientras se sustancie el proceso.

Ahora se deberá sortear seis legisladores abogados y seis conjueces para integrar el jurado que, presidido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, decidirá sobre la eventual destitución de los magistrados.

Acusan a la fiscalía de Condomí Alcorta de ser “una de las ejecutoras” de Conte Grand

Una legisladora oficialista cuestionó la fiscalía por ser “una de las ejecutoras del trabajo sucio del procurador Conte Grand”

A la diputada provincial Susana González no le sorprendió que la denuncia presentada por Pablo Moyano al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, recaiga en la fiscalía “ejecutora del trabajo sucio del procurador de la corte”.

La legisladora y vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos en la legislatura bonaerense, se refirió a la denuncia presentada por el cosecretario general de la CGT Pablo Moyano “por tráfico de influencias y prevaricato en causas destinadas a lograr procesar y encarcelar a opositores políticos, dirigentes sociales, gremialistas” al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, causa que quedo radicada en la fiscalía número 16 a cargo de Juan Condomí Alcorta, con intervención del juzgado de garantías número 1 de Guillermo Atencio.

“Lamentablemente la causa quedo radicada en la fiscalía del Doctor Condomí Alcorta, una de las manos ejecutoras del trabajo sucio del procurador general de la Corte” dijo hoy la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados bonaerense.

La diputada provincial indicó que “todos nos hemos enterado ayer de una nueva denuncia efectuada por Pablo Moyano contra el Procurador bonaerense Julio Conte Grand por sus manejos en la formación de la causa en la que el ex presidente Mauricio Macri quería meter presos a los Moyano”.

“Lamentablemente este sistema nos recuerda a los sorteos de Comodoro Pro, donde siempre intervenía el Juez Lijo o el juez Bonadio, incluso para armar causas mellizas en post de perseguir a Cristina Kirchner, como también a los funcionarios de este gobierno”.

En este sentido, detalló las acciones llevadas adelante por la AFI instándolo a detener a Hugo y Pablo Moyano, a pedido del gobierno de Macri, y explicó “primero actuaron tratando de persuadir al juez de garantías Gabriel Vitale, y ante su negativa le iniciaron un Jury de enjuiciamiento, luego cuando la causa paso a manos juez de Avellaneda Luis Carzoglio, que denunció esa maniobra de intromisión del Ejecutivo en el Judicial, utilizaron el mismo procedimiento”.

“No olvidemos que ambos jueces recibieron la visita de los dos miembros de la AFI, entre ellos Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI macrista, para que ambos jueces no solamente procesaran a los Moyano, sino dictaran su prisión preventiva” indicó.

Ante esta situación, lamentó que la denuncia efectuada por Pablo Moyano, presentada por su abogado, Daniel Llermanos quedara radicada en la Fiscalía número 16 a cargo de Juan Condomí Alcorta, ya que al igual que a los fiscales Marcelo Romero y Álvaro Garganta, les atribuyó ser “la mano ejecutora” de Héctor Bogliolo, fiscal general de La Plata, que “ni más, ni menos, acata las demandas permanentes en el armado de causas del  procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand”.

En este sentido, la Legisladora del FdT, sostuvo: “no creo que esta denuncia avance porque Condomí Alcorta no va a ir en contra su jefe natural” manifestó.

De igual modo, sostuvo que “tampoco irá en contra de aquel con quien tiene una relación y que le ha servido de base para armar causas y meter presos a opositores”.

Asimismo, remarcó que “de hecho, el intendente de Ensenada, Mario Secco va a juicio oral por una causa por “coacción agravada e intimidación pública” por su ingreso a la legislatura el 14 de diciembre de 2017 y en el marco de una represión de la policía a trabajadores del Banco Provincia, “armada” por Condomí Alcorta y Marcelo Romero.

En este sentido, precisó que en la oportunidad “quien estaba en turno era la doctora Leila Aguilar, y Condomí Alcorta no era el fiscal natural de la causa” afirmó la legisladora.

“Cuando yo denuncié esa situación, de manera inmediata Bogliolo, fiscal general de La Plata, firma un decreto donde releva a la doctora Leila Aguilar, bajo el argumento que había mucho trabajo en el turno de la fiscalía, y genera una fiscalía “dual” con intervención de Condomí Alcorta y Romero, algo que a vistas “le permitiera armar la causa para que luego el Juez Atencio, quien interviniente en la causa de la denuncia a Moyano, iniciara el proceso a Mario Secco por coacción agravada e intimidación pública”.

“Lamentablemente este sorteo nos recuerda a los sorteos de Comodoro Pro, donde siempre intervenía el Juez Lijo o el juez Bonadío, incluso para armar causas mellizas en post de perseguir a Cristina Kirchner, como también a los funcionarios de este gobierno” concluyó.

Mesa judicial bonaerense: Conte Grand se presentó ante la Comisión Bicameral

Los miembros de la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso calificaron de “poco convincente” las declaraciones del procurador general y anticiparon que citarán al exministro de Trabajo, Marcelo Villegas.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, presidida por Leopoldo Moreau, se reunió este jueves para recibir al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, indicado de avalar las presuntas maniobras que se llevaron a cabo en la denominada “mesa judicial bonaerense” durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

“Vengo a responder, pero no sé cuáles serán las preguntas que me van a formular. Cuando termine voy a hacer declaraciones”, afirmó Conte Grand al ingresar pasadas las 12 al edificio del Anexo del Senado donde se reunió la Bicameral de inteligencia.

Cabe recordar, que el procurador bonaerense decidió no asistir el pasado 18 de enero, cuando debía presentarse por primera vez, y había ofrecido responder por escrito las consultas de los legisladores de la subcomisión de espionaje, que depende de la Bicameral. Sin embargo, desde este grupo parlamentario que integran los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el radical de Juntos por el Cambio Miguel Bazze rechazaron esa posibilidad.

Como consecuencia de la reunión, Tailhade y Moreau anticiparon que citarán al exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y calificaron de “poco convincente” las declaraciones de Conte Grand ante la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso.

“Las palabras de Conte Grand fueron poco convincentes”, señaló el presidente de la Bicameral y precisó que “el procurador no explicó los motivos por el cual tenía un teléfono encriptado”.

En suma, manifestó que: “Fue una reunión muy extensa. Pudimos corroborar que esa reunión en el Banco Provincia, el ministro Villegas efectivamente involucró de manera directa a la Procuración y al procurador en particular. Conte Grand negó el involucramiento y aseguró que no se hacía cargo de los dichos de Villegas”. “La semana que viene vamos a citar al exministro Marcelo Villegas”, ratificó Moreau.

Por su parte, Tailhade, agregó: “Nos limitamos a hacer preguntas sobre su función y la relación con la Agencia Federal de Inteligencia”, y cuestionó que “no reconoció nada a pesar de las evidencias”. “Lomas de Zamora es uno de los centros donde ocurrió esto”, señaló el diputado y contó que Conte Grand “prometió enjuiciar a los fiscales implicados”, pero cuestionó que “las palabras no fueron convincentes”.

La subcomisión lleva a cabo una investigación a partir de la difusión de un video en el cual se registra una reunión celebrada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, donde funcionarios de la entonces gobernadora Vidal, agentes de inteligencia y empresarios mantuvieron un encuentro en el que supuestamente analizaron la conformación de una mesa judicial para armar causas contra organizaciones sindicales.

En ese encuentro, donde también estuvo presente el intendente de La Plata, Julio Garro, el entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que manifestó a los presentes sus deseos de contar con “una Gestapo” -la policía política del régimen nazi- para perseguir a los gremios, y aseguró además que la Procuración -a cargo de Conte Grand- estaba al tanto de las maniobras que debían orquestarse desde esa mesa judicial para armar causas contra los dirigentes sindicales.

En base a una serie de testimonios, los integrantes de la subcomisión investigan si ese encuentro se concretó a pedido de la Gobernación que encabezaba Vidal.

Este miércoles declaró ante la subcomisión la exfuncionaria del Banco Provincia (Bapro) Emilia Jaime, quien admitió que “a pedido del extitular de esa entidad Juan Curuchet reservó la sala para la reunión de la mesa judicial de 2017”.

Fuentes parlamentarias explicaron que Jaime manifestó que se dedicaba, entre otras funciones como secretaria de Curuchet, a mandar los mails para reservar los lugares para determinadas reuniones con lo cual confirmó la información que surgió de los mails donde pide por tres días la sala de multiuso en la cual se grabó esa reunión.

Los voceros señalaron que la exfuncionaria expresó que “solo cumplía órdenes de Curuchet y que solo estuvo en sus funciones en el Banco Provincia con ese funcionario ya que luego se retiró de la institución”.

Jaime pidió la sala de reuniones como figura en los mails que tiene la subcomisión y que fueron entregados por las actuales autoridades del Banco Provincia.

Por otra parte, el exgerente de Recursos Institucionales Hernán Stella pidió postergar su declaración hasta febrero por cuestiones particulares. Su convocatoria apunta a que explique por qué no hay registro del ingreso de quienes participaron de la reunión de la denominada “mesa judicial bonaerense”, aunque fuentes vinculadas al caso dijeron que ese salón no dependía del exfuncionario sino de otra área del Bapro.

La semana pasada, la subcomisión realizó una visita ocular a la sede porteña del Bapro ubicada en Mitre y San Martín, en el microcentro. En ese marco, los miembros del cuerpo se reunieron con el exjefe de seguridad del edificio Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que “históricamente nunca hubo cámaras en el lugar”.

Conte Grand se presentará este jueves en el Congreso

Convocado por la subcomisión que investiga la existencia de una supuesta mesa judicial bonaerense, el procurador general bonaerense aseguró su asistencia.

Sigue muy activa la subcomisión creada por los legisladores para investigar la existencia de una supuesta mesa judicial que delataría un video que impulsó como denuncia la titular de la AFI, Cristina Caamaño. Se trata de un desprendimiento de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia que está integrada por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el radical Miguel Bazze.

Esta subcomisión recibió este miércoles el testimonio de Emilia Jaime, exfuncionaria del Banco Provincia que colaboraba con el extitular de esa entidad en tiempos de María Eugenia Vidal, Juan Curuchet. Jaime fue la encargada de reservar la sala para la reunión captada en un video en la que se hablaba de la situación judicial del dirigente gremial Juan “Pata” Medina y que fue motivo de la denuncia impulsada por la interventora de la AFI.

Interrogada por los legisladores, Emilia Jaime contó que era la encargada de enviar los mails para reservar los lugares para determinadas reuniones y confirmó entonces haber pedido ese salón, a instancias de su jefe.

Para este jueves al mediodía se espera un plato fuerte de esta investigación, pues se presentará el procurador general de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, quien ya había sido convocado para el 18 de enero, pero no se presentó, ofreciendo en cambio responder por escrito, cosa que los legisladores rechazaron e insistieron con la convocatoria. Esta vez el funcionario asistirá, según se confirmó este miércoles.

Blanca Osuna: “Conte Grand está mencionado en el video, debe presentarse a declarar”

“La semana pasada, la comisión entrevistó a varias personas en relación a ese video, Conte Grand tiene la responsabilidad de presentarse”, manifestó la diputada oficialista.

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT) e integrante de la subcomisión Bicameral de Inteligencia afirmó que el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, fue citado a declarar por la causa “Gestapo sindical” porque “está explícitamente mencionado” en el video de la reunión celebrada en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia donde supuestamente se analizaba el armado de causas judiciales contra los gremios.

“La semana pasada, la comisión entrevistó a varias personas en relación a ese video. Conte Grand tiene la responsabilidad de presentarse por la función que ocupa y por la ley de inteligencia”, precisó la legisladora.

En ese sentido, Osuna se refirió a la negativa de Conte Grand de presentarse ante la subcomisión Bicameral y formular en cambio un descargo por escrito, siendo finalmente citado nuevamente para el 27 de enero y manifestó: “Esperamos que efectivamente se presente el 27 de enero. Lo primero que hicimos en la subcomisión tras ver esas imágenes fue presentarnos ante el Consejo de la Magistratura requiriendo el juicio político para los jueces (Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens) ya que buscaron excusar la responsabilidad de quienes están involucrados en una práctica ilegal y antidemocrática como es el uso del espionaje como una política de estado”.

Ante la posibilidad de que sean citados el expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, Osuna indicó que “la subcomisión debe analizar todos los elementos en función de lo que la ley establece”.

Valdés: “Todos los que tengan vinculación van a ser citados por la Bicameral de Inteligencia”

Miembro de esa comisión, lamentó que el procurador Conte Grand no se presente este martes como había sido citado y responsabilizó a Mauricio Macri de todos los episodios de espionaje.

El diputado nacional y miembro de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia Eduardo Valdés se refirió a la decisión del procurador bonaerense de no asistir a la citación al Congreso y señaló que “es una pena que (Julio) Conte Grand se haya excusado de dar explicaciones en el Congreso”.

En diálogo con El Destape Radio, el legislador planteó que “cuando a uno lo denuncian de algo que no tiene nada que ver, a mí me arde el estómago de ir a la justicia donde me convoquen a demostrar mi inocencia”.

“La honestidad se tiene que probar inmediatamente”, resaltó.

Asimismo añadió que “Conte Grand perdió una oportunidad muy importante para explicar por qué tenía un teléfono encriptado de la AFI cuando era jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires y por qué estaba en contacto directo con la AFI nacional”.

“Conte Grand sabe que la Ley de Inteligencia está por encima de cualquier situación que él tenga como procurador no corresponde que se manifieste por escrito”, indicó Valdés. Asimismo señaló que “la ostentación del poder quedó clara hace 15 días se juntaron a comer el jefe de los fiscales Conte Grand con el ex presidente Mauricio Macri a la vista de todos”.

“Va viendo la sociedad que el espionaje ilegal que llevó adelante el Gobierno de Macri a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires cuando espió a su hermana y a los familiares de la AMIA”, indicó Valdés. En ese marco se explayó: “Desde allí hasta hoy han pasado incontables espiados: familiares de las víctimas del ARA San Juan, la propia familia de Mauricio Macri, funcionarios de su propio Gobierno”.

“En todos estos casos de espionaje político yo no tengo dudas que no fueron ni Arribas ni Majdalani, es Mauricio Macri el que manda a hacer todo”, aclaró. Y además planteó: “Todos los que tengan vinculación con estas actividades tienen que venir a dar explicaciones a la bicameral”, concluyó Eduardo Valdés.

Conte Grand no se presentará este martes en el Congreso y vuelven a citarlo

A través de una nota enviada a la Bicameral de Inteligencia, el procurador se mostró dispuesto a contestar las preguntas por escrito. La respuesta de Leopoldo Moreau.

El procurador general bonaerense Julio Conte Grand fue convocado para este martes por la subcomisión dependiente de la Bicameral de Control de los organismos de Inteligencia para investigar la existencia de una supuesta mesa judicial en la provincia de Buenos Aires, a partir de la difusión de las imágenes de una reunión de 2017 en la que exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional María Eugenia Vidal y empresarios analizaban estrategias sobre causas judiciales contra gremialistas.

El funcionario judicial respondió este lunes a través de una nota remitida al titular de la comisión bicameral, Leopoldo Moreau, en la que advierte que no ha recibido mayores precisiones sobre el sumario de investigación que una subcomisión está instruyendo y si bien expresa su “plena disposición para colaborar con las tareas de la comisión y con la mencionada subcomisión”, entiende que procede “dar respuesta por escrito a las consultas y requerimientos informativos que dispongan”.

Se basa para ello en el alcance que le asigna a esa comisión la Ley 25.250, ante lo cual solicita que “se tenga a bien tramitar la solicitud por ese medio, ratificando mi manifiesta colaboración con vuestra tarea”.

Ante ello, el presidente de la bicameral, Leopoldo Moreau, insistió en requerir la presencia física del funcionario, entendiendo que el requerimiento “se encuentra en el marco de las facultades que la ley mencionada ut supra le confiere a la comisión que presido”.

“Su comparencia responde a la posibilidad de dar respuesta a requerimientos de carácter político institucional que los legisladores de la subcomisión de investigación parlamentaria convocada con motivo de una denuncia solicitaron realizarle”, puntualizó Moreau a través de una nota enviada este lunes al procurador general de la Provincia.

Aclara el legislador kirchnerista que “lejos de constituir la solicitud en cuestión parte de un proceso de características penales”, responde a “la labor de control parlamentario propio del sistema democrático”. Por eso entiende Moreau que “no resultan procedentes al caso las prerrogativas que la legislación procesal dispone para determinadas investiduras frente a un requerimiento jurisdiccional, al concederles la posibilidad de dar cuenta por escrito quedando exceptuados de la obligación de comparecer”.

Tras ampararse además en las facultades que le concede la Constitución Nacional, el titular de la Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia considera que la respuesta de Conte Grand, en caso de persistir en su postura, “lesionaría inequívocamente instituciones fundamentales del sistema federal y republicano que las mismas provincias han decidido establecer”.

Así las cosas, la nota concluye reprogramando el encuentro para el jueves 27 de enero a las 12.

Integrante de la bicameral y de la subcomisión referida, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade fue muy duro con el funcionario y a través de las redes sociales calificó de “vergonzoso” lo de Conte Grand, por pretender “condicionar el trabajo de una comisión investigadora del Congreso Nacional”.

El legislador posteó la presentación del procurador afirmando que “no está a la altura del cargo y de la democracia”.

Causa “Gestapo”: Conte Grand fue citado por la mesa judicial bonaerense al Congreso

El procurador general bonaerense fue citado para este martes 17 a la subcomisión de Inteligencia del Congreso Nacional, en el marco de la investigación sobre la denominada mesa judicial durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

El procurador general bonaerense Julio Conte Grand fue convocado por la mesa judicial bonaerense al Congreso Nacional para este martes, tras la difusión de las imágenes de la reunión de 2017 en la que exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional María Eugenia Vidal, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para armar causas judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.

El audio de esa filmación reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General con el objetivo de perjudicar a sindicalistas.

El jueves pasado, el comisario bonaerense Hernán Cassasa confirmó a los legisladores de ese cuerpo que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la mesa judicial macrista y en los cuales se detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban.

Cassasa, que ostentaba el grado de subcomisario en 2017, declaró ante los miembros de ese grupo de trabajo, integrado por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Bazze.

En ese sentido, Tailhade detalló en una entrevista con radio Del Plata, que “Conte Grand también fue citado por la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia para explicar por qué tenía un teléfono encriptado entregado por la AFI durante el gobierno de (Mauricio) Macri”.

También remarcó que “el expresidente entregó teléfonos encriptados a alrededor de 150 personas, muchas de las cuales no tenían absolutamente nada que ver ni con la AFI ni con el propio gobierno nacional como, por ejemplo, Daniel Angelici, Nicolas Caputo, el abogado personal de Macri, parte del equipo de Vidal y la propia exgobernadora”.

“No hay ninguna justificación para que Conte Grand tenga un teléfono encriptado proporcionado por el servicio de inteligencia argentino”, advirtió.

Por otra parte, el diputado miembro de la Comisión Bicameral manifestó que “los 23 gremios que fueron intervenidos por la gestión macrista pueden denunciar ante ese grupo parlamentario si la AFI participó eventualmente del armado de alguna causa contra ellos o en procedimientos que hayan terminado con una intervención”.

“Hasta el momento, la comisión cuenta con denuncias de UOCRA de La Plata, el sindicato de Fleteros, ambos con dirigentes presos en Bahía Blanca, y del sindicato de Astilleros Río Santiago y de Camioneros, entre otros”, según detalló el diputado.

En el caso de Camioneros, Tailhade recordó que “dos agentes de inteligencia de máxima jerarquía en la AFI fueron a apretar al juez Luis Carzoglio para que detuviera a Pablo y a Hugo Moyano”.

Fuentes parlamentarias señalaron que, además de recibir a Conte Grand, este martes se buscará tomar declaraciones a dos representantes de dos empresas para establecer cuál de ellas comercializó el equipamiento con el que se grabó la reunión realizada en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia. Por último, Tailhade ponderó que tanto el juez Kreplak como la fiscal Ana Russo, que llevan adelante la causa, están a la altura de las circunstancias.

Gestapo: la subcomisión de Inteligencia recibirá al subcomisario Hernán Cassasa

El encuentro se dará este jueves al mediodía. Este miércoles estaba prevista una reunión con dos empresarios que aparecen en el vídeo, pero finalmente no asistieron.

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La subcomisión de la Bicameral de Inteligencia creada para investigar sobre el vídeo de la “Gestapo” antisindical, en la que exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, exagentes de la AFI y empresarios conversan sobre denuncias contra dirigentes gremiales, recibirá este jueves desde el mediodía al subcomisario Hernán Cassasa.

Se trata del policía de la Bonaerense a quien se le atribuyen audios en los que menciona el supuesto accionar de una “mesa judicial” contra sindicalistas, integrada por exfuncionarios del gobierno de Cambiemos, y en el que incluso haría referencia directa al procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

De la reunión con Cassasa también formará parte el presidente de la bicameral, el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau.

En tanto, este miércoles se suspendió la reunión que estaba prevista con los empresarios Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO) y Ricardo José Alconada, presidente de OCSA, quienes participaron del vídeo y fueron imputados por la fiscal federal de La Plata Ana Miriam Russo.

Precisamente por esa resolución, los empresarios “mandaron dos presentaciones pidiendo que se considere esa situación” y señalaron que “iban a dar las explicaciones primero ante el juez y después iban a comparecer en la comisión”, reveló a parlamentario.com uno de los legisladores que conforma la subcomisión.

Previamente, este martes se había suspendido otro encuentro con empresarios: uno de ellos argumentó estar aislado por Covid, mientras que los otros dos están fuera del país.

El grupo designado para llevar a cabo la investigación está integrado por los diputados oficialistas Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade. En tanto, por Juntos por el Cambio fue designado el diputado radical Miguel Bazze.

Por otra parte, la subcomisión ya recibió un informe de la empresa Axis Communications, cuya firma aparece en la marca de agua de la grabación de la reunión de 2017 en instalaciones del Banco Provincia, pieza audiovisual que motivó la denuncia por parte de la AFI.

La firma internacional detalló que no vende sus productos en la Argentina, sino que tiene la representación legal y otras dos empresas locales hacen esas tareas.

La próxima semana la subcomisión tendrá una cita clave: espera recibir el 18 de enero al procurador Conte Grand, fuertemente señalado desde el kirchnerismo.

Valicenti sostuvo que “cada vez hay más elementos que implican a Conte Grand”

El presidente de la bancada de diputados oficialistas consideró que “todas las fuerzas políticas deberían acompañar el pedido de juicio político” al funcionario.

El diputado del FdT César Valicenti afirmó que “aparecen cada vez más elementos” que vinculan al Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand “en una red de espionaje”.

En declaraciones a El Destape Radio, señaló que “la decisión política del FdT es avanzar en el juicio político contra el procurador, se trata de una herramienta que habilita la Constitución de la provincia de Buenos Aires”, señaló el diputado.

“Es algo que nosotros estábamos seguros que existía en la provincia de Buenos Aires porque pasaba a nivel nacional. Había una red organizada para la persecución política y el disciplinamiento de los dirigentes gremiales con el armado de causas”, señaló.

Para el diputado, “cada vez aparecen más elementos y detrás de estos elementos hay una decisión política de iniciar el juicio político (contra el procurador) que ya cuenta con la voluntad de todos los diputados del FdT y estamos en conversación con todas las fuerzas políticas”.

Señaló que “esto es un hecho de una gravedad institucional muy importante, más allá de la discusión política con los espacios políticos”.

“Que el Procurador General de la provincia, el jefe de los fiscales esté implicado en una red de espionaje y persecución es un delito muy grave y estamos garantizando el estado de derecho, cosa que la fuerza política que gobernó entre 2015 y 2019 no hizo”, sostuvo.

En tanto Valicenti calificó como “una falta de respeto” las declaraciones de María Eugenia Vidal, quien diez días después de haberse presentado la denuncia explicó que el encuentro registrado se trató de una reunión de trabajo.

“Hablar de una mesa de trabajo cuando todos vimos el video es una falta de respeto hacia los bonaerenses y la política en general y no se ajusta a la realidad. Es subestimar a quien pueda darle una interpretación medianamente inteligente a eso que salió a la luz”, puntualizó el legislador de Olavarría.

No obstante, el bloque de los diputados bonaerenses de Avanza Libertad, que conduce el diputado Guillermo Castello e tiene tres integrantes, confirmó que no dará quórum para que la Legislatura trate ese pedido contra el procurador.

En el mismo sentido se expresaron los dos diputados de Cambio Federal y los 41 diputados de Juntos, que suman en conjunto 46 escaños con lo que se estaría imposibilitando la sesión.

De ese modo, se reducen las posibilidades del FdT de reunir el quórum para una sesión extraordinaria que trate la conformación de una comisión que deberá construir las medidas de prueba y recoger testimonios, para luego concretar la acusación contra Conte Grand ante el Senado bonaerense.

Comisión que para su conformación solo requiere la mayoría simple, aunque para luego poder elevar la acusación al senado sí requiere de los dos tercios.

Desde Avanza Libertad calificaron como “panfleto político” la acusación a Conte Grand

A través de un comunicado, el espacio libertario adelantó que “no darán quórum al tratamiento del pedido de juicio político al procurador general de la Suprema Corte”.

Mientras el oficialismo intenta acelerar el impulso de juicio político contra el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, quien aparece mencionado en el polémico video del 2017 de la reunión en la que el por entonces ministro de Trabajo de la actual diputada nacional María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, hablaba de una “Gestapo” para “terminar con los gremios”, desde el espacio de Avanza Libertad adelantaron su decisión de no dar quórum y argumentaron que siempre “defenderán la división de poderes”.

A través de un comunicado el bloque Avanza Libertad, presidido por Guillermo Castello, expresaron que “defenderá siempre la división de poderes y la independencia judicial como medios fundamentales para evitar los abusos del poder y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos”.

En ese sentido, calificaron el “reciente pedido de juicio político contra el procurador general de la Suprema Corte” como un “claro embate a la institucionalidad y la seguridad jurídica”, y por ese motivo “este bloque no nos prestaremos a una maniobra que carece de fundamento jurídico y hemos decidido no dar quórum para su tratamiento”.

“Los ataques partidistas a organismos constitucionales afectan gravemente tanto la política como la economía, al facilitar la acumulación de poder y la conformación de un capitalismo de amigos que concentra riquezas y dispersa pobreza”, aseguraron.

En esa misma línea, señalaron: “Las inversiones genuinas, las que generan trabajo, huyen de los lugares en los que sus frutos no están jurídicamente garantizados y dependen de decisiones políticas de mayorías circunstanciales”.

Por último, calificaron que “la acusación contra el procurador general parece más un panfleto político que una petición jurídica”, y denunciaron que “carece de la más mínima prueba de cargo, lo que confirma que obedece a motivaciones partidarias espurias y no a genuinas preocupaciones institucionales”.

Legisladores de Juntos respaldaron la continuidad de Conte Grand

A través de un comunicado se pronunciaron en defensa de la institucionalidad “para evitar la colonización de la Justicia por parte del kirchnerismo”.

Diputados y senadores provinciales bonaerenses emitieron un comunicado este jueves denunciando el interés por “desestabilizar y forzar la renuncia” del procurador general de la provincia de Buenos Aires.

“Frente a los ataques reiterados de distintos referentes del oficialismo provincial, sin sustento legal, que desde que comenzó su gestión han intentado desestabilizar y forzar la renuncia del procurador general, Juntos por el Cambio sostiene la necesidad de respetar el marco institucional y los fundamentos democráticos previstos por la Constitución”, expresaron a través de un comunicado.

En el mismo, recuerdan que el procurador general Julio Conte Grand fue elegido por el voto de todos los bloques legislativos en el Senado de la Provincia, y advierten que “la metodología del oficialismo demuestra, una vez más, que persigue fines ajenos a una sana democracia, y arremete contra las instituciones a fin de conseguir impunidad para su fuerza política”.

Por esta razón Juntos por el Cambio expresó su compromiso a “no avalar con su voto el atropello institucional bajo la forma de juicio político que propone el oficialismo”.

“La democracia supone el equilibrio de poderes, no la vocación hegemónica de la suma del poder público con fines espurios”, concluye el comunicado de los senadores y diputados provinciales de JxC.

Denunciaron a la senadora Juliana Di Tullio

Así lo reveló la bonaerense en sus redes sociales, donde lamentó que “algo anda mal en la democracia”. “No me voy a callar”, avisó.

A raíz de su discurso durante la última sesión en el Senado, en el que cargó contra exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, y periodistas, denunciaron este miércoles a la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio.

Así lo reveló la propia legisladora en sus redes sociales, donde remarcó: “35 de 38 años de recuperación democrática que soy una militante. Desde que era una nena! Hoy me hicieron por primera vez en toda mi vida política, una denuncia”.

En ese sentido, la oficialista lamentó que “algo anda mal en la democracia para que a una Senadora Nacional la denuncien en Comodoro Py por sus dichos en el recinto”.

“No tengo pelos en la lengua ni miedo para enfrentar a las mafias. No me voy a callar. Inventen, difamen, ataquen, peguen…”, desafió Di Tullio.

Y agregó que “la democracia está contra las cuerdas por la mafia y la vamos a defender”, al tiempo de reclamar: “#RenunciaALosFuerosConteGrand”.

En la denuncia, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N°2, el abogado Santiago Dupuy de Lome acusó a la senadora por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos.

En la sesión del pasado 29 de diciembre, Di Tullio presentó sobre tablas un proyecto de declaración en repudio a los dichos del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, quien aparece en un vídeo junto a agentes de la AFI, exfuncionarios y empresarios conversando sobre una denuncia contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, y en el que se lo escucha decir que si por él fuera tendría una “gestapo” contra los gremios.

Tonelli defendió a Conte Grand: “Es una persecución política claramente”

El diputado del Pro respaldó al procurador general bonaerense, luego del pedido de juicio político por parte del Frente de Todos en la Legislatura.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) salió en defensa del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, luego del pedido de juicio político en su contra presentado por legisladores provinciales del Frente de Todos.

Es una persecución política claramente. Julio Conte Grand es un funcionario excelente, un hombre decente, recto, bien intencionado, con una buena formación jurídica, que siempre actúa de acuerdo con las normas, respetando las leyes”, sostuvo el macrista.

En declaraciones a radio Futurock, el legislador consideró que “el kirchnerismo quiere sacarlo para poner allí un procurador adicto, un procurador propio” y “todo lo que se dice (en su contra) es falso y motivado por cuestiones políticas”, consideró.

Además, el porteño enfatizó que Conte Grand “nunca ha sido dirigente de Juntos por el Cambio, nunca ha sido autoridad partidaria ni nada que se le parezca… ahora, posiblemente sí vote por Juntos por el Cambio, ¿y qué? Los kirchneristas votan por el kirchnerismo”.

Consultado por el vídeo en el que exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios y agentes de la AFI aparecen conversando sobre una causa a impulsar contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, y precisamente sobre la frase del exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, sobre que si fuera por él tendría una “gestapo” contra los gremios, Tonelli expresó: “Es una frase extremadamente desafortunada e inapropiada”.

“Me parece bien que la Justicia investigue si hubo allí o no algún delito. Nada en ese episodio es normal, ni el supuesto tenor de la conversación, ni el hecho de que esa reunión haya sido filmada, ni que el vídeo aparezca años después”, observó el diputado.

Sobre eso, agregó que “todo es anormal y todo llama la atención” y “hay que averiguar quién la filmó, por qué, si hubo una orden, por qué aparece ahora”.

No obstante, negó que haya existido “un entramado de espionaje ilegal” durante el gobierno de Mauricio Macri. “Eso no es cierto”, respondió, y recordó el fallo de la Cámara Federal que revocó los procesamientos de los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

En alusión a esa decisión judicial, el macrista apuntó que se determinó que hubo “actividades de espionaje ilegal llevadas a cabo de manera individual” por agentes que “lo hicieron por su cuenta, por iniciativa propia”.

Diputados del FdT piden juicio político contra el Procurador Conte Grand

En pleno el bloque del FdT realizó la presentación de un proyecto formal para que se inicie un juicio político al procurador general de la Suprema Corte y titular del Ministerio Público bonaerense.

El bloque de diputados del FdT presentó un pedido de juicio político al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, en el marco de una acusación de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Lo anunciaron en una conferencia de prensa el presidente del bloque, el diputado de Olavarría César Valicenti, junto al vicepresidente de la Cámara el diputado massita Rubén Eslaiman y la diputada Susana González, última presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

Conforme marca el inciso 2 del art. 73 de la Constitución bonaerense, es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

En el texto presentado por los 43 legisladores del oficialismo, se detallan elementos salientes, para avanzar en el juicio político, tales como “la pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre”.

Otro elemento que se menciona es “la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal”.

Y por último también se señala como causante del inicio de la investigación “la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas, que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre”.

La presentación contra el jefe de los fiscales bonaerenses se suma a declaraciones públicas de distintos dirigentes y referentes políticos y sociales luego de conocerse el video en el que el exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, expresa su deseo de armar una “Gestapo” antisindical, implicando además de a otros funcionarios de su gobierno, a empresarios y agentes de la AFI.

Al respecto, titular de la bancada del oficialismo César Valicenti señaló que “hemos sido testigos las y los bonaerenses, las y los argentinos en el periodo 2015-2019 de una dinámica política, mediática y judicial de la que fue víctima la sociedad en su conjunto, porque sin ese método de persecución, disciplinamiento y espionaje no se podría haber avanzado en un proyecto económico, político y de una mirada de función del estado”.

“La Provincia no estaba exenta de ese mecanismo cuyo fin último era disciplinar a la sociedad organizada para que no tenga niveles de crítica contra el modelo de fuga de capitales, endeudamiento, destrucción del aparato productivo e intento de eliminación de la política que se ejecutó durante 4 años”, agregó el diputado de La Cámpora.

Para terminar, el jefe de los diputados del oficialismo dijo que “como representantes del pueblo tenemos el deber de avanzar con el juicio político, mecanismo que nos confiere la Constitución provincial, al Procurador General Julio Conte Grand, involucrado como actor clave en este proceso”.

Por su parte, Susana González consideró que “en esta provincia, con la aprobación de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, se sentaron bases de la AFI cuyo objetivo era investigar, perseguir, encarcelar a actores que tenían que ver con la política, el sindicalismo y las organizaciones sociales, incluso a estudiantes secundarios y hasta a familiares del submarino ARA San Juan”.

También añadió que “la filmación que se dio a conocer no es más que una pequeña parte de todo lo desplegado por la mesa judicial, de lo que el gobierno de Macri y de Vidal realizaron en nuestra provincia, en un intento de disciplinamiento a jueces, juezas, fiscales y fiscalas, cuando no querían fallar conforme a los intereses del modelo político y económico del ex presidente y de la ex gobernadora”.

“Desde nuestro bloque avalamos por unanimidad este pedido de juicio político a Conte Grand para decir basta de atropellos, de espionaje y de Gestapo”, dijo el diputado Rubén Eslaiman.

Rubén Eslaiman calificó de “incompatible” el accionar de Conte Grand.

“El accionar del Procurador General es incompatible con la autonomía y la independencia del desempeño del Ministerio Político y por ello estamos aquí dando curso a la máxima instancia que nos brinda la Constitución bonaerense, a los fines de buscar la respuesta que el pueblo se merece y por lo tanto vamos a buscar consensos con los demás bloques políticos”, agregó el diputado de San Martín.

A su vez, los legisladores adelantaron que se pedirán oficios a la AFI y se citará a declarar a dirigentes políticos, gremiales, funcionarios y ex funcionarios, entre ellos a Gabriel Vitale, Enrique Ferrari, Pablo y Hugo Moyano, Natalia Roussillon, Cristina Caamaño, Roberto Cipriano García, Gustavo Ferrari, Marcelo Villegas, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Sebastián De Stéfano y a Juan Pablo Allan.

“En nuestro carácter de representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires y tras haber tomado conocimiento de situaciones de inusitada gravedad institucional en las que incurrió el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia Julio Conte Grand, nuestra facultad se transforma en un imperativo legal y moral”, sostiene la argumentación que acompaña el pedido de los diputados del FdT.

Procuradores y fiscales salen al cruce de Juliana Di Tullio

Representantes de todo el país reaccionaron ante la fuerte embestida de la senadora nacional contra el procurador bonaerense Julio Conte Grand.

“El mismo (Marcelo) Villegas dice: Ya lo hablé con (Julio) Conte Grand. ¡El procurador! ¡El procurador que todavía hoy no renunció; no renunció! ¡No renunció! Salió este video y Conte Grand sigue siendo el procurador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué garantías tenemos los bonaerenses, las bonaerenses, de tener una Justicia no digo seria –no estoy hablando de seriedad, estoy hablando de democracia–, sino democrática?”. De esa manera se expresó el miércoles pasado la senadora nacional Juliana Di Tullio en su intervención durante la sesión sobre Bienes Personales, al pedir el tratamiento sobre tablas de un proyecto de repudio hacia las declaraciones del exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, sobre la intención de crear una Gestapo contra los gremios.

En su intervención, la senadora kirchnerista insistió en cargar contra el procurador general de la provincia de Buenos Aires, al señalar sobre el final de su intervención que no quería inmiscuirse con la tarea de los legisladores provinciales bonaerenses, pero afirmó su postura de que Conte Grand “debería tener un pedido de juicio político urgente. Ese señor parece que no va a renunciar. Hay que llenarlo de juicios políticos, aunque perdamos. Aunque perdamos la votación hay que hacerle juicio político”.

Esa intervención despertó la reacción del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, que salió al cruce de Di Tullio por considerar sus expresiones “desmedidas e injuriantes”.

A juicio de los procuradores y fiscales de todo el país, sus dichos “lesionan en excesiva directo el funcionamiento normal de las instituciones y constituyen una afectación de la sana convivencia institucional y el respeto por la división de poderes”.

El comunicado está suscripto por procuradores y fiscales generales de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos , Córdoba, San Luis, La Pampa y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reclama “moderación y seriedad, evitando que al emitir pareceres se comprometa, incluso como objetivo único aparente, el honor de funcionarios, en el caso de otras jurisdicciones y poderes”.

Alertaron que semejantes expresiones deben ser enmarcadas en “una serie de sucesos que, en distintos ámbitos provinciales, vienen configurando un ataque a los ministerios públicos, lesionando sensiblemente su autonomía e independencia”.

Y concluyó: “Nuestros consejos ratifican su compromiso democrático, y la ferviente defensa de una imprescindible coexistencia republicana, que presupone la plena autonomía e independencia de los poderes constituidos”.