A tan solo dos días para que el proyecto de Reforma Laboral sea debatido en el recinto de la Cámara alta, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó que con la iniciativa “buscamos devolverle el derecho esencial del trabajo a las personas”.

En una entrevista por A24, Cordero planteó: “Nosotros enviamos un proyecto completamente definido y muy consensuado entre todos los que trabajaron. Es un trabajo que se realizó con solvencia tomando datos de las necesidades reales de los trabajadores, de empleadores y cada uno de los actores del trabajo”.

“La ministra Sandra Pettovello busca que el trabajo esté inserto en una vida del ser humano desde que nace hasta que llega a su jubilación. Este es un elemento troncal tiene una visión diferente a la que uno puede tomar de cómo se viene tratando el tema”, aclaró y señaló: “Es una dignidad del trabajador obtener un trabajo de forma registrada, insertarse en la sociedad a través de sus cualidades intelectuales. Esto es lo que buscamos, devolverle el derecho esencial del trabajo”.

Entre los principales beneficios que da la iniciativa, enumeró: “El principal cambio es que tenemos una enorme informalidad desde hace muchos años y un estancamiento muy fuerte en el trabajo registrado en relación de dependencia en el país. Lo primero que va a dar es que todos los que no están incorporados en el mundo del trabajo a incorporarse de forma digna. Para el trabajador que está registrado, va a volver a generar esta situación de dinámica sana por lo cual no hay desconfianza estructural legislativa donde las interpretaciones pueden ser diferente. La norma actual no coincide con la realidad”.

Al ser consultado por las negociaciones con gobernadores y sectores gremiales por posibles cambios, Cordero aclaró: “Las negociaciones se están trabajando en el Senado de una manera muy prudente y siempre hay chances de negociar, pero la negociación es con los senadores”.

“Las personas tienen que saber que estar en blanco es un derecho y forma parte de algo que me va a beneficiar en el futuro. El Estado hace sus deberes y luego los privados tiene que hacer el suyo. Estamos haciendo las cosas ordenadamente y estamos muy esperanzados en este sentido”, concluyó.

Confirmada la sesión en el Senado el próximo 11 de febrero para tratar el proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó este jueves que "no se quita ningún derecho esencial" a través de esta reforma.

Según el funcionario, "hay motivos para que los trabajadores estén absolutamente esperando que esto suceda". En ese sentido, mencionó que hay "empleo registrado detenido desde 2011” y que la gestión de Javier Milei busca “reactivar la economía y generar trabajo formal”.

"Acá hay una instrucción de (Sandra) Pettovello de que no se quite ningún derecho esencial de los trabajadores. Y así se envió (el proyecto)", defendió el secretario que forma parte del Ministerio de Capital Humano.

Consultado en radio Rivadavia sobre una eventual medida de fuerza de la CGT, Cordero recordó que la central obrera tuvo parte en la mesa del Consejo de Mayo, donde se trató este tema.

"Yo no haría una medida de fuerza. Son costumbres que las personas no la ven con buenos ojos, pero cada uno, luego, es responsable de los actos que hace frente a la sociedad", dijo en relación al sindicalismo, que rechaza la reforma.

Por otra parte, respecto de cambios que prevé la iniciativa, como fraccionar las vacaciones, el funcionario opinó: "Los jóvenes, cuando quieran, van a poder partir las vacaciones. Los jóvenes no quieren irse 35 días de vacaciones todos juntos, muchas veces. Siempre se pone un límite de siete días porque no es el descanso semanal, son las vacaciones".

En cuando a las indemnizaciones, resaltó la creación del Fondo de Asistencia Laboral, con el objetivo de asistir sobre todo a PyMEs que quieran poner fin a relaciones laborales. "La indemnización continúa, aclarada, para no hacerse un juicio que dure años, que es un mes de sueldo por año de servicio, ese mes se toma según la mejor remuneración habitual y mensual. Ahora sí la van a cobrar", detalló.

En medio del debate político y sindical por la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, rechazó las acusaciones de la oposición y aseguró que el proyecto no contempla ninguna quita de indemnizaciones, al tiempo que defendió la iniciativa como una herramienta clave para motorizar el empleo formal.

“El objetivo central es generar puestos de trabajo genuinos en un contexto de estabilidad económica y crecimiento”, sostuvo el funcionario, quien afirmó que la propuesta apunta a corregir distorsiones históricas del sistema laboral sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.

Desde el Gobierno remarcan que la reforma se inscribe en una estrategia más amplia para recuperar el empleo asalariado y reducir los niveles de informalidad. En ese sentido, Cordero explicó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio una instrucción clara al equipo técnico: preservar los derechos esenciales mientras se introducen cambios que den previsibilidad al mundo del trabajo.

Uno de los puntos que el Ejecutivo busca aclarar es el impacto sobre el salario y las condiciones laborales. Según Cordero, la iniciativa no propone una reducción del salario real, sino que intenta disminuir los llamados “costos indirectos” que hoy desalientan la contratación de personal. “Hay riesgos que generan desconfianza en el empleador y terminan afectando la creación de empleo”, señaló.

En declaraciones radiales, el secretario también salió a responder uno de los cuestionamientos más repetidos por los sectores críticos: el supuesto recorte de beneficios laborales. En particular, negó modificaciones en el régimen de vacaciones y explicó que el único cambio previsto es la posibilidad de que empleador y trabajador acuerden su fraccionamiento, sin intervención estatal ni sanciones automáticas. “Las vacaciones siguen siendo exactamente las mismas”, afirmó.

Desde la cartera laboral sostienen que este enfoque busca darle mayor autonomía al trabajador para organizar su tiempo personal y laboral. Incluso, el proyecto contempla que quienes lo deseen puedan trabajar más horas para incrementar sus ingresos, siempre dentro de los límites establecidos por las normas de salud y seguridad.

Otro capítulo relevante de la reforma es la regulación del trabajo autónomo, una modalidad cada vez más extendida entre los jóvenes. Según Cordero, el objetivo es brindar un marco legal claro que evite que estos vínculos sean reinterpretados judicialmente como relaciones de dependencia, lo que —argumentó— termina desalentando su formalización. “Queremos que esos trabajos estén registrados y protegidos”, señalaron desde el área.

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta diseñada especialmente para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en los procesos de desvinculación. El fondo se financiaría con una detracción del 3% de las contribuciones patronales y permitiría a las pymes afrontar indemnizaciones o acuerdos sin comprometer su capital de trabajo.

Según explicó el secretario, este esquema no reduce el monto indemnizatorio, sino que busca ordenar el sistema, bajar la litigiosidad y evitar que los conflictos laborales deriven en procesos judiciales largos y costosos. “La idea es dar certezas, no achicar derechos”, insistió.

En el plano político, Cordero afirmó que mantiene conversaciones permanentes con representantes gremiales y se mostró confiado en el tratamiento parlamentario del proyecto. El debate se concentra actualmente en el Senado, donde el oficialismo apuesta a construir consensos para avanzar con una reforma que considera imprescindible.

“El país necesita adaptarse a las nuevas realidades del mundo del trabajo”, concluyó el funcionario, al advertir que sin cambios estructurales será difícil salir del estancamiento en el empleo asalariado y acompañar las transformaciones del mercado laboral.

A fin de acelerar los tiempos, el oficialismo inició este miércoles el tratamiento del proyecto para la reforma laboral en una reunión informativa en el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Con una lista larga de invitados a exponer, el primero en abrir la ronda de expositores fue Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien planteó que la modificación apunta principalmente al empleo privado que “se encuentra estancando desde hace años” porque e trabajo “es una actividad humana que requiere la más alta consideración”.

“Cuando uno observa las estadísticas y ve el desarrollo en el cual se entronca esta realidad que nos lleva tanto análisis desde hace años y entendemos que hace falta de manera imperiosa una modificación en el sentido de una modernización en el esquema laboral”, explicó.

Cordero informó que se citó a los distintos actores sociales, se iniciaron mesas de diálogo además de recabar todo tipo de datos y de detalles en la realidad del mundo de la producción y del trabajo.

“En este contexto se entendió que, si bien las normas laborales estaban enmarcadas en un ámbito de formalidad teórica, su aplicación en la práctica resultaba inoficiosa en muchos casos y requería de distintos elementos que propendieran a esta modernización que se remitió luego de un análisis muy profundo de los artículos de las normas a las cuales se hace alusión”, planteó.

Según Cordero: “Uno de los principales aspectos que se tuvo en cuenta fue la visión de las PyMES que son las más generadoras de empleo en el país y las necesidades que se fueron recabando en cada uno de los aspectos, en lo que tiene que ver con la conflictividad, en la litigiosidad, como en la cantidad de cargas adjuntas al trabajo que llevaban a que esto estuviera estancado desde hace tiempo”.

“Se hizo un trabajo muy fructífero, porque se hicieron tareas dentro del Consejo de Mayo donde se desarrollaron reuniones técnicas que permitieron el análisis con la participación de distintos actores sociales, de los cuestionamientos que se daban tanto de un lado y del otro, se analizaron las consideraciones que llevaban algunas características que hacían judicializable una relación que tenía que ser mucho más clara y accesible”, contó.

Así, manifestó que “se determinaron distintos estatutos en cuanto a que había temas de derechos individuales, colectivos, de cargas adicionales, de asociaciones sindicales, de determinados desarrollos que se producían en estos ámbitos, temas que había que solucionar de manera inmediata”.

“Nuestro pensamiento es que este proyecto de ley que se remite hoy es un proyecto que resulta extremadamente equilibrado, fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con el trabajo principal de pedido de la ministra Sandra Pettovello de que se conservaran los derechos esenciales de los trabajadores y esto es lo que se hizo. Este proyecto de ley conserva los derechos esenciales de los trabajadores”, precisó.

Así, sumó: “Se buscó una reducción significativa de los costos adicionales que llevan a una informalidad en el mundo del trabajo y hemos trabajado mucho para que esa informalidad vaya siendo de una manera dinámica trasladada a la formalidad, es decir, tenemos que lograr y lo que buscamos es que haya una transición de la informalidad a la formalidad. Esto lo piden los organismos internacionales y es lo que proponemos en el proyecto”.

Al cierre, consideró que “nos enfrentamos a un momento histórico en la Argentina que tiene un verdadero problema de empleo que tenemos el deber de solucionar. No podemos mirar para otro lado ni seguir teniendo solo diálogos que no lleven a resultados. Este gobierno busca que las soluciones lleguen al mundo laboral”.

“Lo que se busca con este proyecto es que haya elementos de confianza entre las partes. No es un trabajo aislado, es un trabajo técnico y desarrollado donde participaron diferentes ministerios y actores, para avanzar hacia un esquema que permitiera la presentación de un proyecto claro y conciso para que lleve a dar certeza a las relaciones laborales y a terminar con los equívocos que derivan a realizar reclamos judiciales y generaban incertidumbre y, en la práctica, que no haya trabajo en el país”, explayó.

“Estamos en un momento decisivo, este proyecto de ley es esencial para el país porque estamos en un punto donde la Argentina está despegando hacia una actividad económica que puede resultar formidable y necesita estos instrumentos claros para dar algo tan importante como el derecho al trabajo que las personas necesitan. Está pensado para las PyMES, para los jóvenes que quieren entrar al mundo laboral y para beneficio de todos. Eso va a permitir dar producción, trabajo y creación humana a toda la sociedad”, concluyó.

A continuación, fue el turno de Daniela Ramos, subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, quien agregó que el país necesita “un proceso fuerte de inversiones que nos va a posibilitar generar empleo y crecer”. En ese sentido, destacó que “eso es fundamental para las PyMES, para devolver al sector productivo su competitividad y la posibilidad de normalizar la economía para que las empresas puedan producir de manera eficiente e insertarse en el mundo”.

Ramos aclaró que ese proceso “requiere de inversiones importantes para poder transitar los procesos de la transformación digital que está atravesando a la industria a nivel global, poder mejorar el parque de maquinarias”, por lo que destacó el trabajo que el Gobierno viene llevando a cabo como “el abaratamiento de los bienes de capital que permitirá la transformación tecnológica de las empresas, le eliminación de los derechos de exportación”.

“Esta ley viene a generar la posibilidad de que las empresas puedan abaratar el costo de capital de las inversiones”, resaltó y agregó: “El proyecto está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas hasta tramo 2 con determinados umbrales de inversión. Este régimen viene a poner en un pie de igualdad a las empresas PyMES respecto de los grandes proyectos de inversión”.

Ramos informó que se habla de “inversiones extraordinarias por encima de la media usual de cada empresa lo que permite asegurar que no estamos frente a medidas que generen costo fiscal, sino que se piensan en inversiones incrementales que van a generar ingresos para sostener el equilibrio fiscal”.

Como segundo punto del proyecto, indicó que establece la posibilidad de la amortización acelerada que depende de los distintos tipos de bienes con distintas características mientras que el tercer punto refiere a la devolución anticipada del IVA derivado de las inversiones.

“Todas estas herramientas contribuyen a hacer más fácil, para las empresas más pequeñas, la adopción de tecnológica, las inversiones para la ampliación de su capacidad productiva para exportar y comerciar con muchos países. Confiamos en que es una herramienta importante para apoyar el crecimiento de las PyMES. Esta ley va a contribuir a que puedan volver aquellas empresas con capacidades de generar empleo que es la principal demanda del país porque hace más de 10 años le cuesta generar trabajo en el sector privado”, concluyó.

En disconformidad con la composición de las comisiones, pero participando del debate, pidió la palabra el senador Mariano Recalde (FNyP) quien contradijo la explicación de Cordero: “Esta ley es todo lo contrario” porque el empleo “no está estancado, está en caída desde que Milei es presidente se perdieron 250.000 puestos de trabajo”, y ratificó: “El trabajo no está estancado, cerraron 22 mil empresas”.

Recalde sostuvo que “nunca” una ley laboral logró que se genere empleo y “menos una reforma que reduzca derechos y abarate el costo laboral”. Así, comparó que los años donde mayor generación de empleo hubo fueron períodos donde “no se tocaron las leyes laborales y se ampliaron derechos”. Basándose en datos de ARCA, Recalde ejemplificó que en el 2003 había 334.000 empresas inscriptas, en noviembre de 2015 pasó a 568.737 empresas inscriptas “más de 4 millones de puestos de trabajo”, pero a partir de ahí “empezó la reducción de la cantidad de empleo”.

“El empleo lo genera la actividad económica que está por el piso porque hay una recesión brutal en el país”, reclamó Recalde y advirtió que “los argumentos para sostener la flexibilización laboral son brutal.  Promueven la informalidad, alientan la evasión y el fraude laboral. Este proyecto de ley zanja todas las discusiones a favor del empleador, no hay equilibrio”.

Recalde enumeró una serie de artículos con mayor disconformidad como la eliminación del contrato laboral eventual por un “contrato a plazo fijo”, la provisión de alimentos en comercios cercanos “¿les van a dar un vale? ¿de qué monto?” preguntó; salarios dinámicos para que “el empleador quite aumentos salariales” y consultó “¿qué es el mérito del trabajador, cómo se determina?”; la quita de la participación de los trabajadores en los logros de la empresa; fraccionan las vacaciones; el banco de horas “es una porquería”; entre otras.

Cordero aclaró que “la ley va a aplicar a los nuevos trabajos… las normas no son de aplicación retroactiva, salvo que lo diga expresamente. Hay algunos institutos que son de aplicación retroactiva y por eso hay juicios pendientes”.

El Gobierno nacional debió ceder ante la presión opositora y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se comprometió a prorrogar el decreto 514/21 que compatibiliza los planes sociales con el trabajo rural registrado. La senadora salteña Nora del Valle Giménez había impulsado un proyecto de ley que le daba marco normativo a la medida.

“Hoy logramos torcerle el brazo al Gobierno y comprometerlo para que deba prorrogar el decreto que garantiza condiciones dignas para los trabajadores, arraigo local y genera previsibilidad para los productores de las Economías Regionales”, anticipó la senadora de Unión por la Patria.

¡Victoria para los Trabajadores Rurales!
Logramos el compromiso de continuidad en la compatibilidad de programas sociales y empleo registrado.

Hoy es un día muy importante. El Secretario de Trabajo, Julio Cordero, se comprometió en Diputados a dar continuidad a la política de… pic.twitter.com/ruLxEJvCiz

— Nora del Valle Giménez (@noragimenezok) October 23, 2025

Del mismo modo, la presidenta de la Comisión de Economías Regionales planteó que “ahora vamos a trabajar fuertemente para que también esta política pública se convierta en una ley que asegure el acceso a la seguridad social, la AUH, la tarjeta alimentar y otros beneficios sociales de los trabajadores rurales”.

Las iniciativas impulsadas por Giménez contaron con la colaboración de UATRE, RENATRE y la CAME. El tema estuvo en su agenda desde el inicio de su gestión parlamentaria, donde luego el gobierno del Frente de Todos motorizó a través de los decretos 514/2021 y 423/23.

En la sesión del senado del 2 de octubre, Giménez alertó sobre el vencimiento de este decreto y pidió preferencia para tratar el proyecto de su autoría. En el mismo sentido, se expresaron el secretario general de la UATRE José Voytenco y el titular del área de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez, quienes reclamaron que el Gobierno extienda la compatibilidad para un universo de alrededor de 200 mil familias de trabajadores rurales.

Por sexta vez consecutiva se reunió este miércoles la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch, donde expuso el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, quien planteó que la gestión “busca efectivamente tener una eficiencia en la inserción laboral, un déficit que tenemos hace tiempo” y para lograr ese objetivo es necesario “mantener el equilibrio fiscal”.

Abrió la ronda de expositores el abogado Julio Gabriel Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien criticó la gestión anterior porque “había una desarticulación entre distintos elementos que tenían que conformar un tronco común que es el desarrollo de la persona durante su vida porque se dejaba de lado algunos conocimientos necesarios en un mundo moderno para encontrar un trabajo digno de calidad. El trabajo estaba, pero la persona no tenía las actitudes para tomarlo”.

En esa línea, explicó que se plantearon dos ejes dentro del Ministerio de Capital Humano como la proyección en el tiempo que “nos llevara a pensar en formar a las personas desde que nacen en un contexto de crecimiento sano”, y el otro eje a lo inmediato porque “teníamos que abordar los dos elementos de manera unificada”.

“En la proyección y en la urgencia se empezó a trabajar en la primera secretaría que es Niñez y Familia pensando que una persona que está bien alimentada desde pequeño tiene mayores actitudes de aprendizaje a la época que necesita estudiar”, indicó y explicó que, por ese motivo, se aumentó la AUH, los planes: “Ahí hubo un carácter inmediato donde se eliminó la intermediación, se llegó a las familias de una manera más eficiente y efectiva a los efectos de permitir que el niño en edad de desarrollo tuviera todo lo necesario con un fuerte incremento”.

Cordero sostuvo que “en la Argentina la educación primaria se encuentra por competencia en cabeza de las provincias, se desarrollaron planes a los efectos de empezar a poder otorgar las capacidades básicas de la persona cuando tuviera que ingresar al mundo del trabajo”.

En lo que respecta al ámbito laboral, explicó que “se desarrollaron diversas acciones e importantes que están más centradas en el pensamiento que tenemos desde el Gobierno. El trabajo no es un elemento más de la sociedad, sino que es central porque tiene una dimensión económica porque el trabajo beneficia a la persona que lo recibe, también al que lo da porque recibe una contraprestación, a la sociedad en su conjunto porque se generan bienes y servicios”.

En otro aspecto, indicó que “hay que profundizar a futuro el aspecto personal de lo que uno recibe en su espíritu cuando trabaja. El trabajo nos permite una inserción social desde lo personal. Queremos que el trabajo no se vea como una mercancía o mercadería, porque el mundo que viene requiere que incorporemos estas dimensiones diferentes del trabajo y que lo llevemos de una manera clara y de una forma legislativamente adecuada”.

El secretario de trabajo detalló que la quinta dimensión se trata de “la dignidad del trabajo porque lleva a un pensamiento de que es infinitamente más importante de lo que cobro por él, si bien el dinero es fundamental, la trascendencia del trabajo es superior a eso”.

“La Ley de Contrato de Trabajo tiene en esta línea una acepción muy buena que dice que, si uno le paga al trabajador, pero no le da tareas se puede considerar despedido. La Ley piensa en la importancia y dignidad del trabajo y de la incorporación a ello. Esto lleva a un orden social”, resaltó.

“Para nosotros es valioso el trabajo en relación de dependencia porque ordena la vida del ser humano. Es valioso el trabajo autónomo y toda la actividad humana que se presenta de una manera prístina para permitir desarrollar lo que somos porque fabricamos riqueza a través de la producción y el trabajo. El dinero es un medio o instrumento, pero si uno crea más dinero artificialmente eso no produce riqueza, simplemente la quita o distribuye entre los mismos. Tenemos que lograr que la Argentina pueda producir y trabajar, ese es el foco”, expresó.

Cordero planteó la inteligencia artificial y la robótica “son instrumentos fantásticos para la humanidad” que hay que aprovechar como herramientas, pero indicó que “tenemos que tener en claro que son al servicio del ser humano y que se incorpora dentro de la actividad, no es excluyente”. “Para que el trabajo sea tomado como digno, tenemos que desarrollar una legislación y protocolos que permita que el ser humano sea el centro del trabajo”, señaló.

Respecto del Presupuesto, afirmó: “Se buscó darle un enorme foco dentro de lo que son los programas de entrenamiento para el trabajo, de inserción laboral, donde se busca que el Estado ocupe un rol más pequeño dando lugar al sector privado que es el que produce riqueza en la sociedad y tratando de darle al Estado sus funciones”.

“Si logramos este equilibrio que permite que el Estado se achoque lo suficiente para permitirle al sector privado ese crecimiento, podemos crear una sociedad magnífica y una Argentina que nos merecemos”, resaltó y agregó: “En este esquema es fundamental mantener el equilibrio fiscal, los principios que el presidente vino a marcar y queremos acompañar este desarrollo”.

Entre los puntos del Presupuesto, detalló: “Tenemos gasto de personal que están presupuestados en $93.000.804.000 que representan el 9,81% del presupuesto; bienes de consumo en la suma de $1.318.000.000 que representan el 0,14%, servicios no personales como alquileres $22.900.000 que representan el 2,4% del presupuesto, bienes de uso por 527.000 representando el 0,06%, programas de empleo y formación $838.059.000 que representa el 87,60%. Claramente el fuerte peso y la gestión busca algo que efectivamente tenga una enorme eficiencia en la inserción laboral de un déficit que tenemos hace tiempo”.

Un salario dinámico en la Reforma Laboral

Cordero aseguró que están trabajando por "convenios de actividad" contemplando todas las actividades del país. "Luego las empresas o particularmente los empleadores que pueden y que negocian con sus propios sindicatos particulares en las propias empresas o con los mismos trabajadores, generan un diferencial hacia arriba para permitir pagarle a los trabajadores mejor. Esto es algo con lo que nosotros venimos trabajando especialmente en hace 2 meses, que es un es un plan de incremento eh salarial dinámico. Y esto es lo que muestra cuando ustedes ven las estadísticas ese diferencial entre los salarios llamados de 'convenio' y los 'salarios reales', que son los que marcan las  empresas y los trabajadores en lo que lleva ARCA".

"El salario real es muy superior y debe serlo al salario básico paritario. Antes el salario básico paritario servía para paliar inflación. Cuando la inflación va bajando, ahora las negociaciones tienen que tratar de otra cosa y ese salario básico tiene que permitir que los empleadores le paguen más y mejor a los trabajadores, que también generen un diferencial y se destaquen. Cuando nosotros hablamos de la palabra 'dinámico', significa que hay trabajadores que conservan su puesto. No queremos que se baje la cantidad de trabajadores, lo que nosotros queremos es que continuando la cantidad de trabajadores e incrementándose la cantidad de trabajadores, los salarios generen este diferencial por mérito y esto es fundamental porque es ese dinamismo que se está proponiendo en el sentido de ahora reunirnos con los sindicatos para encontrar esos elementos objetivos que permitan ese diferencial para las calificaciones", explayó.

La palabra de los diputados

Desde Unión por la Patria, el diputado Sergio Palazzo criticó la situación del salario mínimo, vital y móvil que “cayó en un 34%” y se agravó la situación porque solo alcanza a cubrir un 27% de la canasta básica.  También, cuestionó que hay 127.000 puestos de trabajos no registrados más y 321.000 puestos de trabajo menos porque “si no existe ningún castigo para las empresas que no registran a los trabajadores, difícilmente lo hagan”.

Sobre la reforma laboral que desde UP consideran “regresión laboral” porque debe ser “progresiva, inclusiva y mejorar”, apuntó: “Vuelven a hablar de cosas que en el país ya han pasado y fracasaron porque duplicaron la desocupación. Tenemos que trabajar en la laboralización de los trabajadores de plataformas”.

A su turno, el diputado de izquierda Juan Carlos Giordano indicó que se cerraron “30 empresas por día y 236.000 despidos. Los salarios perdieron un 30% de puntos frente a la inflación acumulada. El INDEC informó que el 80% de los argentinos reciben menos de 900.070 pesos mensuales”. Además, criticó: “La reforma laboral anti obrera pro patronal ya se vivió con Menem donde se remató el ferrocarril, empresas de teléfono, cable, etc. El país quedó hundido y el presidente lo halaga”. “La reforma laboral significa convenios con empresas, periodos de prueba de 3 a 6 u 8 meses abaratando despidos y rotación a pruebas, el verso de la industria del juicio.

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, encabezó el cierre del Encuentro de Derecho del Trabajo, realizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y expresó que “la estabilidad en el empleo ya no es el valor más atractivo para las nuevas generaciones de trabajadores”.

En rigor de sus funciones, relató: “Tuvimos una reunión con la CGT muy buena y queremos armar una mesa de trabajo tripartita. Tenemos que sentarnos a escucharnos, porque es con confianza que se construyen las relaciones en sociedad”, y agregó: “Buscamos dar las condiciones básicas para dar seguridad jurídica para entender el trabajo como derecho humano, sea autónomo o en relación de dependencia, no como mercancía”.

En el encuentro disertaron, el doctor Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, jueces del fuero laboral, abogados de los principales estudios jurídicos del país y dirigentes sindicales y de entidades empresarias.

El titular de la entidad señaló: “En materia de cálculo de indemnizaciones laborales vemos una nueva fuente de desigualdad a lo largo del país, con fórmulas disímiles en cada jurisdicción".

En tanto, Miguel Haslop, presidente de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio, apuntó: "El mundo del trabajo asalariado ha ido cambiando y debemos adaptarnos a la realidad. Esto que pasa a nivel global, que lo vemos con el teletrabajo y la IA lo vivimos también en Argentina donde sumamos los problemas sociales y de litigiosidad".

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó este miércoles en el Salón Azul del Senado que las personas que perciben un plan social no buscan un trabajo en blanco y, por ende, prefieren “estar en negro”, por miedo a perder esa prestación. “Es filosófico”, consideró. 

“Siempre me pregunté por qué el INDEC no mide a las personas que tienen planes y que, por lo tanto, por tener esos planes, no buscan empleo. El INDEC mide a las personas que tienen empleo y muchos no buscan empleo porque tienen los planes”, expresó el funcionario. 

Y agregó: “¿Por qué un trabajador quisiera trabajar en negro? Porque sino se le saca el plan. Quiere ingresar a una relación laboral en negro y dice ‘a mí no me blanqueen, porque sino me van a sacar el plan’. Y eso hay que corregirlo, es un gran debate que tenemos que dar”. 

Desde Unión por la Patria, el senador José Mayans le preguntó “cuánto representan los planes en el presupuesto nacional”, para responder luego él mismo que es “el 5%”. “Ese 5% es un problema filosófico concreto, de cultura”, dijo Cordero. 

Especialista en temas laborales, el primer embate de este jueves contra la reforma laboral en el plenario celebrado en el Senado lo llevó adelante el senador camporista Mariano Recalde, quien interrogó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, detallando uno a uno cada uno de los artículos que incluye sobre el tema la ley de Bases. Y tras cuestionarlas con suma dureza, planteó que “estas normas no buscan seguridad jurídica, sino sometimiento. Y les aseguro que van a aumentar la litigiosidad, van a aumentar la inseguridad jurídica y generar mucho descontento social”.

Terminó advirtiendo que “no van a terminar con los derechos de los trabajadores con un DNU; no lo  hizo la dictadura tampoco con un decreto ley, y no lo van a hacer ahora tampoco con esta ley”.

A la hora de responder, el funcionario retribuyó primero el respeto que había planteado Recalde al principio de su intervención, a propósito del conocimiento mutuo que tenían, ubicados por supuesto en veredas opuestas. “Efectivamente yo parto de un lugar donde creo que él de muy buena fe intenta el bien para la Argentina, y yo desde donde estoy sentado, y el equipo con el cual estoy trabajando, buscamos lo mismo –dijo Codero-. Tenemos intereses comunes, más allá de que nos hemos encontrado sentados en defensa de intereses aparentemente contrapuestos, pero que en definitiva apuntan hacia el bien común”.

Según especificó Cordero, “lo que se busca desde el Estado con la presentación de estas normativas es la generación de empleo y seguridad jurídica”. En cuanto a la visión de la situación histórica, efectivamente consideró que “es cierto que en otras oportunidades se han intentado modificaciones  a las normas de trabajo, que no se han logrado y esta vez en un aspecto que han sido tamizadas por todo el debate previo que se ha tenido dentro y fuera del Congreso”.

“Quiero que sepan que estas multas que se están derogando están en esa Ley de Empleo: nacen en la ley que se critica y hoy cuando se intenta derogar, se protesta. Leyes que fueron evolucionando e involucionando a través del tiempo, llevando a lo que yo denomino un incentivo a la informalidad”, advirtió el secretario de Trabajo, para quien “uno puede construir un esquema normativo ideal que luego cuando contrasta con la realidad no se visualiza”.

Para Cordero, “si las normas no acompañan, si son riesgosas y crean un riesgo exagerado o imposible de ser controlado, esas normas impiden la contratación. Porque nadie quiere tomar un riesgo mayor al que la naturaleza representa”.

Cordero sostuvo que los agravamientos indemnizatorios para la informalidad, lo que hacen es fomentar la informalidad, por cuanto al trabajador le conviene ser informal, para que cuando rompa su contrato de trabajo pueda cobrar más. “¿No lo entendiste?”, interactuó con Recalde, y ejemplificó: “Hoy ese trabajador informal cobra 3 veces la indemnización de un trabajador normal, con las normas como están hoy”.

El funcionario explicó que “el desvío jurisprudencial ha sido tal que hoy nadie quiere contratar a nadie. Por eso tal vez estamos mirando una Argentina distinta. Yo veo una Argentina de informalidad, y es la que ve también la OIT”.

Por otra parte también señaló que para exista relación de dependencia tienen que existir tres conceptos: la dependencia técnica, la dependencia económica y la dependencia jurídica. “Pero luego, cuando venimos acá nos olvidamos, porque la propia Corte tiene dicho que el trabajo autónomo existe y cuando se pone el trabajador independiente se deja perfectamente claro en el texto, sin nada que sea sospechoso, y si no lo fuera, entonces podrán ir a reclamar a una justicia seguramente más rápida”, aseguró, remarcando que “el trabajador autónomo es una figura que no solo receptan los organismos internacionales, sino que la propia Corte ha dicho que existe, y es una figura muy útil y sana para generar trabajo”.

“Lo que buscamos es que exista una Argentina regularizada -garantizó-. Que diga ‘soy autónomo’, y lo diga desde el principio, y no que permanezca en una situación irregular para después cobrar tres veces la indemnización. El trabajo es un derecho concreto de la persona que necesita fomentarse y no todo es relación de dependencia”.

Con relación al período de prueba, Cordero señaló que “hoy fruto de la falta de formación en la que nos encontramos muchas veces, a los tres meses todavía la persona no aprendió a funcionar, o no se adaptó a la realidad del contrato de trabajo en esa función específica. Entonces hoy lo que pasa es que no se le permite más tiempo para la prueba. Si hubiera 6 meses, tiene el elemento de que ambas partes pueden prolongar un período de conocimiento mutuo”.

Por último, señaló que la modificación de la indemnización “simplemente es una alternativa posible y elegida. No se modificó la ley de contrato de trabajo; sigue la indemnización, lo que sí sucede es que por convenio colectivo las partes pueden libremente buscar otro mecanismo. Uno que puede parecerse al de la industria de la construcción o no, pero lo hacen libremente”.

Julio Cordero concluyó repitiendo la misma pregunta que había hecho antes Mariano Recalde: ¿cómo se puede pensar que haciendo lo mismo se van a conseguir cosas distintas? “Es lo que pensamos hacer: no hacer lo mismo –respondió-. Algunos intentos de modificaciones en las normas no se produjeron… Esto es lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo, con un consenso que la sociedad de verdad está pidiendo a gritos”.

Con la presencia del secretario de Energía del Ministerio de Economía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el titular de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la cartera de Capital Humano, Julio Cordero, continuó este miércoles el debate en el plenario de comisiones de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

En la reanudación de esta reunión de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, el primero en hacer uso de la palabra fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien se refirió a la reforma laboral. Habló de la generación de empleo en la Argentina y la necesidad de “dar seguridad jurídica a los contratos, sean autónomos o de relación de dependencia”. Agregó que “nos mueve en este sentido la necesidad de entender que el derecho tiene que aplicarse en la realidad. El derecho es la cosa justa, que suceda en la realidad”.

Sostuvo que la que se ha puesto en debate es “una normativa de consenso”, y habló de “garantizar el derecho al trabajo”. Ello se garantiza, dijo, “en la seguridad de que alguien lo quiera contratar” al trabajador.

Luego fue el turno de Eduardo Rodríguez Chirillo, quien ya tuvo un paso muy activo por los plenarios de comisiones de la Cámara baja, cuando se trató allí dos veces la ley de Bases. El secretario de Energía explicó la situación en que se encontraba el sector a la hora de redactar la ley, pues de lo contrario “cuesta más entender porqué se trata en el capítulo de Energía cuestiones referidas a temas muy distintos”.

El funcionario explicó que en 2023, y en los últimos diez años, la balanza comercial energética daba una pérdida de 30 mil millones de dólares, un resultado que consideró no casual. “Desde hace dos décadas que se viene trabajando de un modo determinado”, dijo, aclarando que lo suyo no eran juicios de valor, sino que se basaba en datos.

“En ambos sectores, tanto en gas como en electricidad, teníamos un tema acuciante que era el tema de tarifas. Tuvimos que hacer una recomposición y una reasignación de subsidios. Pero en materia de electricidad, en generación encontramos situaciones muy particulares, donde los precios de generación de electricidad son muy elevados. Y que son contratos dolarizados elevados, celebrados en un momento donde el país tenía un riesgo país elevado, alta inflación y al durar muchos años los seguiremos pagando durante los próximos años, y es uno de los temas a revertir”, advirtió.

Rodríguez Chirillo sostuvo que “la generación que se encuentra instalada no funciona correctamente en su totalidad y se acerca mucho a la demanda máxima, que a veces crece de modo tal que hemos tenido que agotar en el verano todos los puntos de conexión para traer energía de todos los países vecinos”.

A esto se suma que la tarifa, en diciembre de 2023 solo cubría el 40% del costo total del servicio, aseguró. En ese sentido, agregó que “durante estas últimas dos décadas se ha decidido de una manera progresiva que el modelo que funcionaba anteriormente se dejaba de lado y se instalaba un modelo que funcionaba muy en tándem entre el Estado nacional y Camesa, donde se planificaban y ejecutaban todas las decisiones”.

En gas pasaba algo parecido, explicó. Con una ausencia de señales del mercado para alentar inversiones, en el que el Estado pretendió aumentar la producción a través de distintos tipos de contratos, dijo. “Con precios que en su momento quizá eran los que correspondían y hoy son precios muy altos y muy caros que tiene que pagar la demanda.

Adicionalmente importábamos gas de Bolivia a un precio más alto y adquiríamos barcos con gas natural licuado, y se vendía acá a un precio más barato”, señaló Rodríguez Chirillo, que puntualizó también que “los cuadros tarifarios tampoco reflejaban el precio del servicio y las inversiones estatales no llegaban a tiempo, eran costosas pero no llegaban a tiempo”. Puso el ejemplo del Gasoducto Néstor Kircher, que estimó “podría haber estado 4 años antes”.

El secretario de Energía habló de objetivos como priorizar la autosuficiencia económica y financiera del sistema. “Significa que la tarifa refleja el costo del servicio sin que el subsidio se involucre respecto de la tarifa –señaló-. La tarifa no refleja lo que la gente puede pagar, sino que tiene un costo determinado. Luego el subsidio va a estar en relación a la capacidad de pago que tiene la gente”.

El segundo objetivo es normalizar los mercados, contó. “En el caso del gas, se pasa de un modelo que deja el autoabastecimiento interno y la soberanía energética como principio general para la explotación del gas, para pasar a ser un país exportador”, sostuvo el funcionario, que habló entonces de la necesidad de modificar la Ley de Hidrocarburos, donde “se trata de aprovechar la ventana de oportunidad que tenemos para explotar nuestras riquezas”. Al respecto recordó que “en 2050 no se va a explotar más ni petróleo ni gas, por tanto la ley (vigente), que es del año 60 y que ha funcionado durante muchos años, la hemos aggiornado a los momentos actuales para maximizar la renta, maximizando las condiciones a suministro interno”.

Explicó que el cambio sustancial es que “las empresas, los operadores, no tienen que pedir un permiso que le otorgue la Secretaría de Energía de una manera precaria, y se transforma en un derecho que tienen las empresas a poder exportar. Si generan un costo interno, se tienen que hacer cargo del mismo”.

Rodríguez Chirillo adelantó que en materia de electricidad, el ambio de modelo establece que las responsabilidades pasan a ser de la oferta y la demanda. “Camesa deja de hacer contratos con los generadores, quienes los harán con los distribuidores, que tienen la capacidad económica a través de la tarifa para pagar los contratos de los generadores”.

El tercero de los objetivos es cambiar el esquema de inversión pública por inversión privada, agregó. La propia Ley de Hidrocarburos lo permite, pero hay otros incentivos, como el RIGI, o la iniciativa privada para infraestructura u obra pública.

Con la nueva ley se propone modificar en favor de las provincias un mejoramiento en las regalías, que antes se pagaban en pesos fijos y ahora se pagan en relación con una cantidad de barriles, conforme esté el precio del barril, entonces la regalía sube.

Sobre el final de su exposición comentó que en el futuro los usuarios podrán elegir el tipo de distribuidor energético que los abastezca, lo que provocó la reacción del senador Carlos Linares, quien planteó que en el interior no hay oferentes, sino un solo proveedor. “Va a haber comercializadores que van a contratar a la red correspondiente, y habrá una empresa que hará un contrato con la gente”, respondió el funcionario.

“¿En la Patagonia va a haber competencia?”, planteó el senador chubutense de UP, a lo que Rodríguez Chirillo aclaró que hablaba de los grandes centros urbanos. Tampoco sucede eso con la telefonía, repuso Linares. “Estoy de acuerdo; estoy hablando de los grandes centros urbanos”, insistió el secretario.

Agregó el funcionario que “se establecerá que el generador comprará su propio combustible, no como desde 2013m que Camesa se encarga de eso, y se va a crear un mercado competitivo. También proponemos la unificación de los entes. Hace 30 años uno podía entender que la electricidad y el gas requerían distintas regulaciones. El tiempo y la experiencia internacional muestran que la energía se convirtió en un tema que está en la agenda del clima. Y la energía es electricidad y gas, no podemos seguir teniendo distintos entes par aun mismo tema”, concluyó.

La política nuclear

En su intervención, la senadora Anabel Fernández Sagasti arrancó dando su opinión respecto del plan del gobierno de Javier Milei. Tiene que ver con la flexibilización tributaria, laboral y ambiental. Lamentablemente no nos equivocamos y este es el camino que está tomando el Gobierno nacional”, señaló.

La senadora mendocina preguntó puntualmente por la política nuclear del Gobierno, e hizo un planteo sobre la interrupción de la construcción del reactor nuclear Carem. Rodríguez Chirillo anunció que se continuará con las centrales nucleares. Sobre el Carem, detalló que está construido en un 63% y que se planea su terminación para el año 2028.

El problema que tiene ese reactor, dijo el funcionario, es que el mismo requiere casi 200 millones de dólares anuales, y remarcó que “no es un monto menor”. “Todavía no está el modelo económico por el cual se pueda explotar el Carem”, observó, señalando que el Gobierno está buscando que haya un modelo económico donde haya un interesado.

“Va a tener que terminarse con un poco de fondos privados y públicos. Sin saber para qué se va a explotar, si se consiguen fondos privados y gente interesada en decir que ‘cuando se termine yo quiero un modelo para poder explotarlo’, perfecto”, concluyó.

Ante la consulta sobre si se busca privilegiar el abastecimiento interno o la exportación, Rodríguez Chirillo aclaró que “no hay una prioridad de la exportación sobre el abastecimiento interno. Lo importante es la balanza energética, que de positiva”. Agregó que “lo que se cambia como mecanismo ese que antes se había optado por el autoabastecimiento interno, pero no lo alcanzábamos tan fácil; tan es así que tuvimos que importar gas de Bolivia y traer barcos gasificadores”.

En otro pasaje, el secretario de Energía dijo que “no se está proponiendo volver a lo de (Carlos) Menem, me parece que el sector energético cambió muchísimo desde hace 30 años para acá. La transición energética a mí me parece un tema central; las energías renovables, el hidrógeno verde, hay un montón de temas que tenemos el reto como país para volver a desarrollar. Entonces, decir que esto es volver al modelo de Menem me parecería un error”.

Finalmente el Gobierno de Javier Milei eligió a quien reemplazará a Omar Yasín al frente de la Secretaría de Trabajo, luego de que resolvieran echar a ese funcionario tras haberle endilgado la responsabilidad principal del supuesto “error” de firmar un decreto de aumento para la plana mayor de la función pública del 48%.

El designado es Julio Cordero, un  abogado laboralista de la UCA, miembro del Grupo Techint, quien en su calidad de vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA) participó el 26 de septiembre del año pasado del inicio del debate sobre la reducción de la jornada laboral.

En esa oportunidad expuso ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados y se mostró muy crítico de esa medida. Tras manifestarse “a favor del diálogo social”, Cordero dijo que ese debate “es relativo a qué consideramos nosotros que está bien o que está mal, y qué precisamos limitar o fomentar”.

“Este debate no lleva 100 años, lleva mucho más. En la religión se dice que el hombre fue expulsado del paraíso y tuvo que trabajar. Entonces, nos preguntamos si el trabajo es un castigo o es aquello por lo cual hemos llegado a donde estamos”, expresó.

Cordero defendió que “el trabajo es algo verdaderamente maravilloso” y “la nueva dimensión del trabajo es una dimensión humana”. “La OIT hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo al trabajo, probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, hacerlo mejor, generar un mejor clima en el lugar de trabajo, y eso no se logra necesariamente limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada ¿cómo será?”, observó.

En esa línea, continuó: “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas  diarias o 48 horas semanales”.

El hombre de la UIA continuó su alocución con preguntas sobre si habría beneficios con este cambio. “Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿qué habrá que hacer? ¿Mejorar la productividad en ese tiempo? ¿Qué hacemos, apuramos a la gente a que trabaje más rápido?”, interrogó.

También, se preguntó si “tanto dudamos de las negociaciones colectivas. Porque en las negociaciones colectivas se han establecido jornadas totalmente diferentes de acuerdo a las actividades”. “¿El Estado a qué viene? ¿El Estado a qué viene a disponer una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas? ¿Por qué no dejamos a la autonomía colectiva? Que nadie puede negar que en Argentina es fuerte y sólida”, enfatizó.

Sobre la comparación con países que ya lo han implementado, Cordero argumentó que “en otros países no existen las multas al empleo que existen acá, que fomentan el empleo informal, ¿entonces qué hacemos con eso? Es un tema que pedimos que se debata y ni en agenda está”.

“La realidad argentina es distinta. Tenemos que debatir en la realidad que tenemos, con los problemas que tenemos”, aseguró y finalizó: “El derecho al trabajo es de la persona (ratificado por pactos internacionales). No hay ningún derecho a cercenar, si la persona quiere trabajar puede hacerlo con los límites que se establecen”.

Cuando concluyó, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley (FdT), lo corrigió: “En 1935 la OIT cambió su primer convenio de 48 horas y desde 1935 a la fecha determina 40 horas”. Cordero negó que así fuera y reitero que “el límite máximo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales”. “Es el convenio 47, se googleá y se ve”, cerró la oficialista.