El secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó este miércoles en el Salón Azul del Senado que las personas que perciben un plan social no buscan un trabajo en blanco y, por ende, prefieren “estar en negro”, por miedo a perder esa prestación. “Es filosófico”, consideró. 

“Siempre me pregunté por qué el INDEC no mide a las personas que tienen planes y que, por lo tanto, por tener esos planes, no buscan empleo. El INDEC mide a las personas que tienen empleo y muchos no buscan empleo porque tienen los planes”, expresó el funcionario. 

Y agregó: “¿Por qué un trabajador quisiera trabajar en negro? Porque sino se le saca el plan. Quiere ingresar a una relación laboral en negro y dice ‘a mí no me blanqueen, porque sino me van a sacar el plan’. Y eso hay que corregirlo, es un gran debate que tenemos que dar”. 

Desde Unión por la Patria, el senador José Mayans le preguntó “cuánto representan los planes en el presupuesto nacional”, para responder luego él mismo que es “el 5%”. “Ese 5% es un problema filosófico concreto, de cultura”, dijo Cordero. 

Especialista en temas laborales, el primer embate de este jueves contra la reforma laboral en el plenario celebrado en el Senado lo llevó adelante el senador camporista Mariano Recalde, quien interrogó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, detallando uno a uno cada uno de los artículos que incluye sobre el tema la ley de Bases. Y tras cuestionarlas con suma dureza, planteó que “estas normas no buscan seguridad jurídica, sino sometimiento. Y les aseguro que van a aumentar la litigiosidad, van a aumentar la inseguridad jurídica y generar mucho descontento social”.

Terminó advirtiendo que “no van a terminar con los derechos de los trabajadores con un DNU; no lo  hizo la dictadura tampoco con un decreto ley, y no lo van a hacer ahora tampoco con esta ley”.

A la hora de responder, el funcionario retribuyó primero el respeto que había planteado Recalde al principio de su intervención, a propósito del conocimiento mutuo que tenían, ubicados por supuesto en veredas opuestas. “Efectivamente yo parto de un lugar donde creo que él de muy buena fe intenta el bien para la Argentina, y yo desde donde estoy sentado, y el equipo con el cual estoy trabajando, buscamos lo mismo –dijo Codero-. Tenemos intereses comunes, más allá de que nos hemos encontrado sentados en defensa de intereses aparentemente contrapuestos, pero que en definitiva apuntan hacia el bien común”.

Según especificó Cordero, “lo que se busca desde el Estado con la presentación de estas normativas es la generación de empleo y seguridad jurídica”. En cuanto a la visión de la situación histórica, efectivamente consideró que “es cierto que en otras oportunidades se han intentado modificaciones  a las normas de trabajo, que no se han logrado y esta vez en un aspecto que han sido tamizadas por todo el debate previo que se ha tenido dentro y fuera del Congreso”.

“Quiero que sepan que estas multas que se están derogando están en esa Ley de Empleo: nacen en la ley que se critica y hoy cuando se intenta derogar, se protesta. Leyes que fueron evolucionando e involucionando a través del tiempo, llevando a lo que yo denomino un incentivo a la informalidad”, advirtió el secretario de Trabajo, para quien “uno puede construir un esquema normativo ideal que luego cuando contrasta con la realidad no se visualiza”.

Para Cordero, “si las normas no acompañan, si son riesgosas y crean un riesgo exagerado o imposible de ser controlado, esas normas impiden la contratación. Porque nadie quiere tomar un riesgo mayor al que la naturaleza representa”.

Cordero sostuvo que los agravamientos indemnizatorios para la informalidad, lo que hacen es fomentar la informalidad, por cuanto al trabajador le conviene ser informal, para que cuando rompa su contrato de trabajo pueda cobrar más. “¿No lo entendiste?”, interactuó con Recalde, y ejemplificó: “Hoy ese trabajador informal cobra 3 veces la indemnización de un trabajador normal, con las normas como están hoy”.

El funcionario explicó que “el desvío jurisprudencial ha sido tal que hoy nadie quiere contratar a nadie. Por eso tal vez estamos mirando una Argentina distinta. Yo veo una Argentina de informalidad, y es la que ve también la OIT”.

Por otra parte también señaló que para exista relación de dependencia tienen que existir tres conceptos: la dependencia técnica, la dependencia económica y la dependencia jurídica. “Pero luego, cuando venimos acá nos olvidamos, porque la propia Corte tiene dicho que el trabajo autónomo existe y cuando se pone el trabajador independiente se deja perfectamente claro en el texto, sin nada que sea sospechoso, y si no lo fuera, entonces podrán ir a reclamar a una justicia seguramente más rápida”, aseguró, remarcando que “el trabajador autónomo es una figura que no solo receptan los organismos internacionales, sino que la propia Corte ha dicho que existe, y es una figura muy útil y sana para generar trabajo”.

“Lo que buscamos es que exista una Argentina regularizada -garantizó-. Que diga ‘soy autónomo’, y lo diga desde el principio, y no que permanezca en una situación irregular para después cobrar tres veces la indemnización. El trabajo es un derecho concreto de la persona que necesita fomentarse y no todo es relación de dependencia”.

Con relación al período de prueba, Cordero señaló que “hoy fruto de la falta de formación en la que nos encontramos muchas veces, a los tres meses todavía la persona no aprendió a funcionar, o no se adaptó a la realidad del contrato de trabajo en esa función específica. Entonces hoy lo que pasa es que no se le permite más tiempo para la prueba. Si hubiera 6 meses, tiene el elemento de que ambas partes pueden prolongar un período de conocimiento mutuo”.

Por último, señaló que la modificación de la indemnización “simplemente es una alternativa posible y elegida. No se modificó la ley de contrato de trabajo; sigue la indemnización, lo que sí sucede es que por convenio colectivo las partes pueden libremente buscar otro mecanismo. Uno que puede parecerse al de la industria de la construcción o no, pero lo hacen libremente”.

Julio Cordero concluyó repitiendo la misma pregunta que había hecho antes Mariano Recalde: ¿cómo se puede pensar que haciendo lo mismo se van a conseguir cosas distintas? “Es lo que pensamos hacer: no hacer lo mismo –respondió-. Algunos intentos de modificaciones en las normas no se produjeron… Esto es lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo, con un consenso que la sociedad de verdad está pidiendo a gritos”.

Con la presencia del secretario de Energía del Ministerio de Economía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el titular de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la cartera de Capital Humano, Julio Cordero, continuó este miércoles el debate en el plenario de comisiones de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

En la reanudación de esta reunión de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, el primero en hacer uso de la palabra fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien se refirió a la reforma laboral. Habló de la generación de empleo en la Argentina y la necesidad de “dar seguridad jurídica a los contratos, sean autónomos o de relación de dependencia”. Agregó que “nos mueve en este sentido la necesidad de entender que el derecho tiene que aplicarse en la realidad. El derecho es la cosa justa, que suceda en la realidad”.

Sostuvo que la que se ha puesto en debate es “una normativa de consenso”, y habló de “garantizar el derecho al trabajo”. Ello se garantiza, dijo, “en la seguridad de que alguien lo quiera contratar” al trabajador.

Luego fue el turno de Eduardo Rodríguez Chirillo, quien ya tuvo un paso muy activo por los plenarios de comisiones de la Cámara baja, cuando se trató allí dos veces la ley de Bases. El secretario de Energía explicó la situación en que se encontraba el sector a la hora de redactar la ley, pues de lo contrario “cuesta más entender porqué se trata en el capítulo de Energía cuestiones referidas a temas muy distintos”.

El funcionario explicó que en 2023, y en los últimos diez años, la balanza comercial energética daba una pérdida de 30 mil millones de dólares, un resultado que consideró no casual. “Desde hace dos décadas que se viene trabajando de un modo determinado”, dijo, aclarando que lo suyo no eran juicios de valor, sino que se basaba en datos.

“En ambos sectores, tanto en gas como en electricidad, teníamos un tema acuciante que era el tema de tarifas. Tuvimos que hacer una recomposición y una reasignación de subsidios. Pero en materia de electricidad, en generación encontramos situaciones muy particulares, donde los precios de generación de electricidad son muy elevados. Y que son contratos dolarizados elevados, celebrados en un momento donde el país tenía un riesgo país elevado, alta inflación y al durar muchos años los seguiremos pagando durante los próximos años, y es uno de los temas a revertir”, advirtió.

Rodríguez Chirillo sostuvo que “la generación que se encuentra instalada no funciona correctamente en su totalidad y se acerca mucho a la demanda máxima, que a veces crece de modo tal que hemos tenido que agotar en el verano todos los puntos de conexión para traer energía de todos los países vecinos”.

A esto se suma que la tarifa, en diciembre de 2023 solo cubría el 40% del costo total del servicio, aseguró. En ese sentido, agregó que “durante estas últimas dos décadas se ha decidido de una manera progresiva que el modelo que funcionaba anteriormente se dejaba de lado y se instalaba un modelo que funcionaba muy en tándem entre el Estado nacional y Camesa, donde se planificaban y ejecutaban todas las decisiones”.

En gas pasaba algo parecido, explicó. Con una ausencia de señales del mercado para alentar inversiones, en el que el Estado pretendió aumentar la producción a través de distintos tipos de contratos, dijo. “Con precios que en su momento quizá eran los que correspondían y hoy son precios muy altos y muy caros que tiene que pagar la demanda.

Adicionalmente importábamos gas de Bolivia a un precio más alto y adquiríamos barcos con gas natural licuado, y se vendía acá a un precio más barato”, señaló Rodríguez Chirillo, que puntualizó también que “los cuadros tarifarios tampoco reflejaban el precio del servicio y las inversiones estatales no llegaban a tiempo, eran costosas pero no llegaban a tiempo”. Puso el ejemplo del Gasoducto Néstor Kircher, que estimó “podría haber estado 4 años antes”.

El secretario de Energía habló de objetivos como priorizar la autosuficiencia económica y financiera del sistema. “Significa que la tarifa refleja el costo del servicio sin que el subsidio se involucre respecto de la tarifa –señaló-. La tarifa no refleja lo que la gente puede pagar, sino que tiene un costo determinado. Luego el subsidio va a estar en relación a la capacidad de pago que tiene la gente”.

El segundo objetivo es normalizar los mercados, contó. “En el caso del gas, se pasa de un modelo que deja el autoabastecimiento interno y la soberanía energética como principio general para la explotación del gas, para pasar a ser un país exportador”, sostuvo el funcionario, que habló entonces de la necesidad de modificar la Ley de Hidrocarburos, donde “se trata de aprovechar la ventana de oportunidad que tenemos para explotar nuestras riquezas”. Al respecto recordó que “en 2050 no se va a explotar más ni petróleo ni gas, por tanto la ley (vigente), que es del año 60 y que ha funcionado durante muchos años, la hemos aggiornado a los momentos actuales para maximizar la renta, maximizando las condiciones a suministro interno”.

Explicó que el cambio sustancial es que “las empresas, los operadores, no tienen que pedir un permiso que le otorgue la Secretaría de Energía de una manera precaria, y se transforma en un derecho que tienen las empresas a poder exportar. Si generan un costo interno, se tienen que hacer cargo del mismo”.

Rodríguez Chirillo adelantó que en materia de electricidad, el ambio de modelo establece que las responsabilidades pasan a ser de la oferta y la demanda. “Camesa deja de hacer contratos con los generadores, quienes los harán con los distribuidores, que tienen la capacidad económica a través de la tarifa para pagar los contratos de los generadores”.

El tercero de los objetivos es cambiar el esquema de inversión pública por inversión privada, agregó. La propia Ley de Hidrocarburos lo permite, pero hay otros incentivos, como el RIGI, o la iniciativa privada para infraestructura u obra pública.

Con la nueva ley se propone modificar en favor de las provincias un mejoramiento en las regalías, que antes se pagaban en pesos fijos y ahora se pagan en relación con una cantidad de barriles, conforme esté el precio del barril, entonces la regalía sube.

Sobre el final de su exposición comentó que en el futuro los usuarios podrán elegir el tipo de distribuidor energético que los abastezca, lo que provocó la reacción del senador Carlos Linares, quien planteó que en el interior no hay oferentes, sino un solo proveedor. “Va a haber comercializadores que van a contratar a la red correspondiente, y habrá una empresa que hará un contrato con la gente”, respondió el funcionario.

“¿En la Patagonia va a haber competencia?”, planteó el senador chubutense de UP, a lo que Rodríguez Chirillo aclaró que hablaba de los grandes centros urbanos. Tampoco sucede eso con la telefonía, repuso Linares. “Estoy de acuerdo; estoy hablando de los grandes centros urbanos”, insistió el secretario.

Agregó el funcionario que “se establecerá que el generador comprará su propio combustible, no como desde 2013m que Camesa se encarga de eso, y se va a crear un mercado competitivo. También proponemos la unificación de los entes. Hace 30 años uno podía entender que la electricidad y el gas requerían distintas regulaciones. El tiempo y la experiencia internacional muestran que la energía se convirtió en un tema que está en la agenda del clima. Y la energía es electricidad y gas, no podemos seguir teniendo distintos entes par aun mismo tema”, concluyó.

La política nuclear

En su intervención, la senadora Anabel Fernández Sagasti arrancó dando su opinión respecto del plan del gobierno de Javier Milei. Tiene que ver con la flexibilización tributaria, laboral y ambiental. Lamentablemente no nos equivocamos y este es el camino que está tomando el Gobierno nacional”, señaló.

La senadora mendocina preguntó puntualmente por la política nuclear del Gobierno, e hizo un planteo sobre la interrupción de la construcción del reactor nuclear Carem. Rodríguez Chirillo anunció que se continuará con las centrales nucleares. Sobre el Carem, detalló que está construido en un 63% y que se planea su terminación para el año 2028.

El problema que tiene ese reactor, dijo el funcionario, es que el mismo requiere casi 200 millones de dólares anuales, y remarcó que “no es un monto menor”. “Todavía no está el modelo económico por el cual se pueda explotar el Carem”, observó, señalando que el Gobierno está buscando que haya un modelo económico donde haya un interesado.

“Va a tener que terminarse con un poco de fondos privados y públicos. Sin saber para qué se va a explotar, si se consiguen fondos privados y gente interesada en decir que ‘cuando se termine yo quiero un modelo para poder explotarlo’, perfecto”, concluyó.

Ante la consulta sobre si se busca privilegiar el abastecimiento interno o la exportación, Rodríguez Chirillo aclaró que “no hay una prioridad de la exportación sobre el abastecimiento interno. Lo importante es la balanza energética, que de positiva”. Agregó que “lo que se cambia como mecanismo ese que antes se había optado por el autoabastecimiento interno, pero no lo alcanzábamos tan fácil; tan es así que tuvimos que importar gas de Bolivia y traer barcos gasificadores”.

En otro pasaje, el secretario de Energía dijo que “no se está proponiendo volver a lo de (Carlos) Menem, me parece que el sector energético cambió muchísimo desde hace 30 años para acá. La transición energética a mí me parece un tema central; las energías renovables, el hidrógeno verde, hay un montón de temas que tenemos el reto como país para volver a desarrollar. Entonces, decir que esto es volver al modelo de Menem me parecería un error”.

Finalmente el Gobierno de Javier Milei eligió a quien reemplazará a Omar Yasín al frente de la Secretaría de Trabajo, luego de que resolvieran echar a ese funcionario tras haberle endilgado la responsabilidad principal del supuesto “error” de firmar un decreto de aumento para la plana mayor de la función pública del 48%.

El designado es Julio Cordero, un  abogado laboralista de la UCA, miembro del Grupo Techint, quien en su calidad de vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA) participó el 26 de septiembre del año pasado del inicio del debate sobre la reducción de la jornada laboral.

En esa oportunidad expuso ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados y se mostró muy crítico de esa medida. Tras manifestarse “a favor del diálogo social”, Cordero dijo que ese debate “es relativo a qué consideramos nosotros que está bien o que está mal, y qué precisamos limitar o fomentar”.

“Este debate no lleva 100 años, lleva mucho más. En la religión se dice que el hombre fue expulsado del paraíso y tuvo que trabajar. Entonces, nos preguntamos si el trabajo es un castigo o es aquello por lo cual hemos llegado a donde estamos”, expresó.

Cordero defendió que “el trabajo es algo verdaderamente maravilloso” y “la nueva dimensión del trabajo es una dimensión humana”. “La OIT hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo al trabajo, probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, hacerlo mejor, generar un mejor clima en el lugar de trabajo, y eso no se logra necesariamente limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada ¿cómo será?”, observó.

En esa línea, continuó: “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas  diarias o 48 horas semanales”.

El hombre de la UIA continuó su alocución con preguntas sobre si habría beneficios con este cambio. “Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿qué habrá que hacer? ¿Mejorar la productividad en ese tiempo? ¿Qué hacemos, apuramos a la gente a que trabaje más rápido?”, interrogó.

También, se preguntó si “tanto dudamos de las negociaciones colectivas. Porque en las negociaciones colectivas se han establecido jornadas totalmente diferentes de acuerdo a las actividades”. “¿El Estado a qué viene? ¿El Estado a qué viene a disponer una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas? ¿Por qué no dejamos a la autonomía colectiva? Que nadie puede negar que en Argentina es fuerte y sólida”, enfatizó.

Sobre la comparación con países que ya lo han implementado, Cordero argumentó que “en otros países no existen las multas al empleo que existen acá, que fomentan el empleo informal, ¿entonces qué hacemos con eso? Es un tema que pedimos que se debata y ni en agenda está”.

“La realidad argentina es distinta. Tenemos que debatir en la realidad que tenemos, con los problemas que tenemos”, aseguró y finalizó: “El derecho al trabajo es de la persona (ratificado por pactos internacionales). No hay ningún derecho a cercenar, si la persona quiere trabajar puede hacerlo con los límites que se establecen”.

Cuando concluyó, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley (FdT), lo corrigió: “En 1935 la OIT cambió su primer convenio de 48 horas y desde 1935 a la fecha determina 40 horas”. Cordero negó que así fuera y reitero que “el límite máximo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales”. “Es el convenio 47, se googleá y se ve”, cerró la oficialista.