La decisión de la Cámara de Casación despertó expresiones de alivio desde Juntos por el Cambio.
La Cámara de Casación Penal ratificó este martes la condena a cinco años y ocho meses de prisión que Julio De Vido había recibido oportunamente por su responsabilidad en la tragedia de Once.
Así lo dispusieron los integrantes de esa Cámara, Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Gustavo Hornos, quienes por mayoría resolvieron que la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 4 debía ratificarse. El juez Hornos propuso extender la sentencia contra el exministro por su responsabilidad en el estrago.
“Una noticia esperada!”, destacó la diputada nacional María Luján Rey, madre de una de las víctimas de esa tragedia, remarcando la ratificación de la condena a 5 años y 8 meses.
Su par Paula Oliveto destacó por su parte que “confirmaron la condena a De Vido x su responsabilidad en la tragedia de Once. Llámenlo como quieran. Yo celebro el fallo y espero que esto les brinde un poco de tranquilidad a los familiares que siguen sufriendo las ausencias”.
También celebró la diputada provincial Carolina Piparo, quien señaló que “De Vido es responsable de la Tragedia de Once y de las 52 vidas arrancadas, mi admiración a la lucha de cada familiar y en especial a la de mi amiga @MariaLujan_Rey”. Y agregó: “Esta condena muestra que la corrupción mata y que cuando el compromiso es con la verdad, hay justicia”.
También desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro destacó este martes que “se hizo Justicia. Celebro el fallo que confirma la condena a Julio De Vido por la tragedia de Once. Nuestro reconocimiento a todos los familiares y en particular a @MariaLujan_Rey por la perseverancia y lucha de tantos años”.
La última expulsión que se recuerde es la del catamarqueño Angel Luque. La suspensión más mentada fue la de Julio De Vido, hace tres años.
Por José Angel Di Mauro
El escándalo que dejó al diputado salteño Juan Ameri en las puertas de salida del Congreso de la Nación no tiene antecedentes en cuanto a características. Pero no es el primer caso de un legislador suspendido, ni tampoco será el primero que expulsan, si eso sucede.
El episodio más reciente sobre un legislador suspendido es el del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, cuyos fueros legislativos no lograron protegerlo cuando finalmente fue suspendido en 2017 e inmediatamente después se produjo su detención preventiva, que se extendió por más de dos años.
Pero no lo echaron del cuerpo. Aunque lo intentaron, en la sesión del 26 de julio de 2016, cuando el bloque Cambiemos impulsó esa medida extrema, obteniendo 138 votos afirmativos. Hubo 95 en contra, y faltaron 20 votos para los dos tercios necesarios para echar al exministro.
Pasadas las elecciones de medio término, el 25 de octubre de 2017 la Cámara dispuso finalmente su suspensión. Sin la presencia de la mayoría del bloque Frente para la Victoria, hubo 176 votos favorables a la suspensión y una sola abstención.
Pero si de expulsiones hablamos, la última que registra la historia legislativa argentina es la del diputado nacional catamarqueño Angel Luque (PJ), quien fue echado de la Cámara baja, acusado de “indignidad moral”. Su hijo Guillermo era uno de los acusados del crimen de María Soledad Morales ocurrido en 1990, y en el marco de un reportaje, el entonces diputado acusó al juez de la causa, José Luis Vengimiglia, de haber recibido 250 mil dólares para encarcelar a su hijo. Pero además dio una peculiar argumentación de defensa que terminó costándole la carrera, al señalar que tenía suficiente poder como para hacer desaparecer el cadáver si su hijo hubiera sido el verdadero asesino. La Cámara de Diputados lo expulsó en 1991.
Ese caso fue utilizado como antecedente en 1999, cuando la Cámara de Diputados impidió la asunción de Antonio Domingo Bussi, acusado por su participación en la dictadura y también de haber ocultado una cuenta bancaria en Suiza.
Al que sí desaforaron de manera contundente los diputados fue al exsubcomisario Luis Patti. Fue el 24 de abril de 2008, cuando tras un debate de más de siete horas se aprobó en Diputados su desafuero solicitado por el juez Alberto Suárez Araujo en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad. En rigor, Patti era diputado electo, pero no le habían permitido jurar, por lo que algunos sostenían que para poder desaforarlo debían primero autorizar su juramento. El desafuero fue aprobado por 196 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones.
Tampoco pudo sentarse nunca en su banca el exgobernador Raúl “Tato” Romero Feris, elegido senador nacional por Corrientes, al que directamente la Cámara Nacional Electoral impidió asumir en 2003 por “incompatibilidad ética”, a raíz de causas judiciales pendientes. Romero Feris había sido elegido senador nacional por el Partido Nuevo, pero su pliego no fue aprobado junto a los correspondientes a la mayoría de los nuevos miembros de la Cámara alta por demoras en la comunicación de la justicia electoral correntina. Quien impugnó entonces al “Tato” fue la exdiputada Araceli Méndez de Ferreyra, por considerar que estaba “inhabilitado moral y éticamente” para ocupar una banca.
Romero Feris había sido condenado por presuntos hechos de corrupción administrativa cometidos desde los cargos públicos que ejerció en Corrientes.
En 1995 el diputado justicialista Eduardo Varela Cid no fue desaforado sino suspendido hasta el final de su mandato por “desórdenes de conducta” tras haber admitido haber requerido colaboraciones a empresarios postales, a través de un bono, en el momento en que se oponía a la controvertida ley de Correos. Durante el lapso que duró la suspensión, perdió fueros, banca y dieta.
Otro caso sucedió en 2002 con la diputada peronista Norma Ancarani de Godoy, quien fue denunciada por el programa de televisión “Punto Doc”, que exhibió imágenes captadas con una cámara oculta que mostraban a la legisladora amenazando a un productor de ese envío televisivo con que iba a “matarlo a itakazos”. Esa investigación periodística versaba sobre el destino de ATN a fundaciones de discapacitados. Asediada en el Congreso, la diputada evitó su expulsión renunciando el 9 de abril de 2002, cuando ya la Comisión de Asuntos Constitucionales, que presidía Juan Manuel Urtubey, había aconsejado su expulsión “por desórdenes de conducta”.
En marzo de 2003, la oposición pidió la expulsión del senador Luis Barrionuevo, por su responsabilidad en los frustrados comicios catamarqueños. En esa oportunidad, la senadora Diana Conti advirtió que el tema no podía quedar en simples expresiones de repudio del Cuerpo, sino que el mismo debía “votar el desafuero de Barrionuevo”, quien era acusado de haber mandado a quemar urnas.
El líder gastronómico había sido impedido de participar en esos comicios porque la Constitución provincial le exigía un tiempo de residencia en la provincia que él no tenía para poder ser candidato. Lejos estuvo de resignarse a aceptar la decisión, e insistió hasta el final, presentando recursos que llegaron hasta la Corte Suprema. Las autoridades locales del Frente Cívico sabían que Barrionuevo sería un adversario temible en las urnas y realizaron la elección tal cual lo previsto, sin dar lugar a una postergación, ante lo cual el senador justicialista se consideró proscripto y actuó en consecuencia…
Lo que siguió fue una elección escandalosa, en la que los partidarios de Barrionuevo prohibieron el acto electoral en algunas escuelas y hasta quemaron urnas.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, que presidía Cristina Fernández de Kirchner terminó emitiendo un dictamen en el que recomendaba excluir del cuerpo a Barrionuevo bajo el cargo de “inhabilidad moral”. Sin embargo, al promediar la noche del 27 de marzo de 2003 el peronismo terminó salvándolo, aunque votó dividido, ya que ocho senadores del PJ votaron junto a la oposición y los provinciales para expulsarlo. Los votos en ese sentido fueron 37, diez más que los que optaron por salvarlo, pero seis menos que los necesarios para los dos tercios que hubieran dejado al gastronómico fuera del Senado. “Se perdió una oportunidad muy grande. Si el Senado anterior es recordado como el de la Banelco y el de Cantarero, éste será recordado como el del escándalo Barrionuevo. Vi a muchos senadores que le temen, otros que privilegiaron el espíritu del cuerpo; en mi caso, no le tengo miedo. Lo más grave de la decisión de mis pares es que Luis Barrionuevo se llevó puesto el Senado. Sucede que en Argentina hay una corporación política y ese es el drama central de esta democracia”, se quejó Cristina Kirchner.
Un caso menos recordado pero contundente fue el del senador puntano Raúl Ochoa, condenado en 2005 a dos años de prisión en suspenso y 9 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber votado dos veces en una elección. La Cámara alta, más propensa a proteger a sus miembros, no procedió a su desafuero y lo dejó concluir su mandato, a fines de ese año.
1991 Angel Luque
1995 Eduardo Varela Cid
1996 Eduardo Angeloz
1999 Antonio Bussi
2000 Sobornos del Senado
2002 Norma Godoy
2003 Raúl Romero Feris
2003 Luis Barrionuevo
2005 Luis Patti
2005 Raúl Ochoa
2017 Julio De Vido
La diputada nacional María Luján Rey expresó su “bronca” e “impotencia” por la liberación del exministro de Planificación, quien está condenado por el accidente ferroviario de 2012.
La diputada nacional María Luján Rey (Pro) afirmó que Julio De Vido “debería estar cumpliendo la pena por la Tragedia de Once”, caso en el que fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Al ser consultada por su sensación sobre la liberación del exministro de Planificación, dispuesta por el Tribunal Oral Federal N°1, la legisladora dijo sentir “bronca, impotencia y que esto no se termina nunca, que las víctimas tenemos que estar siempre atrás buscando la Justicia”.
Madre de Lucas Meghini Rey, una de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012, María Luján Rey resaltó que De Vido “no pasó un solo día preso por esta causa, en la que fue condenado”.
“Si no está cumpliendo esa pena es porque todavía Casación no lo resuelve”, señaló y consideró “inentendible” que esta Cámara “todavía no se expida”. “¿Por qué a esta instancia superior no se le vencen nunca los plazos? ¿Por qué pueden hacer este manejo de los tiempos?”, se preguntó en diálogo con radio La Red.
En ese sentido, la diputada indicó que “ya lleva un año y casi medio” la revisión de la sentencia, mientras que en ese tiempo “nos hubiéramos ahorrado muchas veces de tener que explicar que De Vido no es un preso político, es un político preso”.
“El sistema está hecho para favorecer a los delincuentes”, agregó.
Fuertes críticas desde Juntos por el Cambio tras la decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal 1. “Están consiguiendo lo que buscan, la impunidad”, advirtieron.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio se manifestaron de manera crítica tras la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de dejar en libertad al exministro Julio De Vido. “Van por todo”, coincidieron al manifestar su rechazo a través de las redes sociales.
“La liberación de Julio De Vido no es otra cosa que una señal tremenda sobre la impunidad que busca el Gobierno y sus maniobras contra la Justicia”, señaló el diputado y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.
Su comprovinciano Luis Petri expresó por su parte: “Liberan a De Vido, piden intervención del Poder Judicial de Jujuy, eliminan la Agencia de Protección de Testigos, anuncian reformas a la Justicia estrictamente vinculada a casos de corrupción. Estamos asistiendo a la ejecución del ‘Plan Impunidad 2020’”.
Otro radical, el diputado Alvaro De Lamadrid, sostuvo que “la corrupción ha sido la partera de todas nuestras desgracias. Hay dos países: el que clama por justicia y oportunidades y los que asociaron la política al delito y buscan impunidad. El Gobierno recompensa la corrupción. Sobraron bolsos faltó República”.
“Siguen liberando delincuentes, ahora le toca el turno a un peso pesado de la corrupción K, Julio De Vido”, dijo por su parte la diputada Gabriela Burgos (UCR – Jujuy), mientras que el radical santafesino Gonzalo Del Cerro señaló: “Siendo candidatos empezaron con amenazas, siendo gobierno fueron más allá, y están consiguiendo lo que buscan, la impunidad de los delitos de corrupción. La libertad de Julio De Vido es un cachetazo a la sociedad, a las víctimas de la masacre de once. Solo falta que los jueces que lo investigaron tengan que ponerse ellos la tobillera electrónica y presentarse una vez por mes a su lujoso country”.
Otros dos radicales mendocinos salieron a criticar la liberación del exministro. “Julio De Vido sale en libertad. Un daño enorme a la República y una señal inequívoca de lo que busca el Gobierno: otra vez, la independencia judicial está en peligro”, señaló Claudia Najul, en tanto que Federico Zamabride dijo que “De Vido aprovecha las trampas del sistema para zafar. El día que entendamos que la corrupción mata cambiaremos la Argentina”.
La Coalición Cívica ARI sostuvo que “el fallo del Tribunal Oral Federal número 4 sobre Julio de Vido es una liberación política”.
“No deja alertarnos que, a ochenta días de iniciado el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se haya ordenado la liberación de De Vido, un ícono de la corrupción kirchnerista”, señalaron desde la CC ARI.
“Éramos los locos, cuando allá por el año 2004 lo llamábamos el cajero de (Néstor) Kirchner. Lo denunciamos, lo investigaron y lo condenaron. Y ahora que volvieron, lo liberaron”, afirmaron. “De Vido nunca fue un preso político, pero su liberación claramente sí lo es”, agregaron.
Asimismo señalaron que “desde la Coalición Cívica ARI seguiremos luchando contra la corrupción, como lo hizo Elisa Carrió desde el inicio de su participación política, y nuestro partido desde su fundación”.
El comunicado concluye diciendo que “a dos años del juicio por la tragedia de Once seguimos esperando que la Justicia confirme la condena del tribunal oral a De Vido por su responsabilidad en el hecho”.
