Un extraterrestre que hubiese llegado a la Tierra por estos días se habría llevado una imagen por lo menos errada. La de una expresidenta mortalmente enojada con tres jueces que se han convertido en su peor pesadilla. La historia no siempre es tan lineal.

Al menos esta, tiene sus matices y supo de tiempos mejores. Mucho mejores.

Hubo un tiempo en el que el kirchnerismo se vanagloriaba de haber forjado una Corte Suprema prestigiosa, que vino a reemplazar una muy distinta, el doble de grande y emparentada con el poder central. Producto de esa tarea de orfebrería, el primer presidente de la dinastía K tuvo la posibilidad de escoger nada menos que a la mayoría de los miembros del Tribunal Superior: cuatro. Casi tantos como los que pudo elegir Raúl Alfonsín cuando gozó de la posibilidad de forjar parte de las instituciones desde cero. Pero no tantos como quien tiene el récord en la materia: Carlos Menem, que en sus diez años y medio de mandato tuvo la oportunidad de nominar a una decena de cortesanos. Nunca ningún presidente pudo tanto.

Sin más prolegómenos, veamos cuáles fueron los motivos para llegar al cuadro actual, con una expresidenta envenenada con el máximo tribunal y, lo que es peor para ella, definitivamente condenada.

La mayoría automática

Para comprender el escenario actual habrá que remontarse al origen que muestra justamente la génesis de esta Corte, que sucede a la que armó Carlos Menem poco después de llegar al poder y fue conocida despectivamente como “la mayoría automática”.

Sucede que poco después de asumir, el riojano cuestionó la composición de la Corte, que consideraba “alfonsinista”. Por eso en 1989 impulsó un proyecto de ley aumentando el número de miembros de 5 a 9 y, con mucho esfuerzo y renuncias -en el camino quedaron dos de los jueces designados en el 83 por Alfonsín, José Severo Caballero y Jorge Antonio Bacqué-, Menem consiguió ampliar la Corte al número deseado.

En febrero de 2002, tiempos del “que se vayan todos”, Eduardo Duhalde dio el visto bueno para impulsar el juicio político a todos los integrantes de ese tribunal. Sin éxito, por cierto, ya que en ninguno de los casos llegaron a obtener los 2/3 necesarios en la Cámara de Diputados para que prosperara esa medida. Más bien se consiguió el efecto contrario: se fue uno de los más prestigiosos integrantes de esa Corte, Gustavo Bossert. Presentó su renuncia el 21 de octubre de 2002, habiendo sido durante el fallido proceso iniciado durante el duhaldismo contra el Tribunal Superior el que menos acusaciones reunió para el pedido de juicio político. “Me han hartado los infundados cargos”, confesó Bossert al tomar tal decisión. Dijo entonces que las circunstancias que debió afrontar le habían “quitado el ánimo y hasta el entusiasmo que exige la tarea judicial, particularmente la vasta y compleja tarea de este tribunal a cuyo cargo está el dictado de varias miles de sentencias al año”, señaló.

Tan es así, que el hoy nuevamente diputado nacional Sergio Acevedo, que como presidente de la Comisión de Juicio Político de entonces había manejado ese proceso en 2002, consideró el de Bossert “un gesto que otros deberían imitar y contribuiría a recuperar el prestigio de la Corte”.

No fue lo que hicieron los otros jueces que, por el contrario, permanecieron en sus cargos hasta la llegada de Néstor Kirchner al poder. El santacruceño se encontró el 25 de mayo de 2003 con una Corte Suprema integrada por ocho miembros: Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez, Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Augusto Belluscio. Los cinco primeros habían sido designados por Menem.

Néstor Kirchner había llegado al poder con una debilidad de origen que era la escuálida cantidad de votos obtenida en las primeras elecciones realizadas tras la crisis de 2001. Sin haber podido validar sus pergaminos en un balotaje, reconocía su debilidad institucional que creyó desafiada cuando el presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno tuvo declaraciones que desataron la ira del santacruceño. Abordado por los periodistas en Tribunales, le habían preguntado si avalar el corralito bancario no era una forma de extorsionar al Gobierno, a lo que Nazareno respondió con un “dejate de joder”.

En rigor, Nazareno no había sido el primer apuntado por Kirchner, sino otro juez que no era parte de la mayoría automática: Carlos Fayt, a quien el kirchnerismo naciente acusaba de haber firmado el fallo que había redolarizado un depósito de San Luis en el Banco Nación, que había sido incluido en el corralito y pesificado, siendo que el propio Fayt tenía un depósito pesificado en el Banco Nación. Las aguas se calmaron con ese juez luego de que aceptara la devolución de su depósito en bonos a largo plazo.

En cambio Nazareno había amenazado al Gobierno con dictar un fallo redolarizador que precipitaría las demandas judiciales, comprometiendo al sensible sistema financiero. Kirchner lo consideró una “extorsión”.

Y lo dijo en junio de 2003, en el marco de una cadena nacional en la que criticó duramente a Nazareno por sus declaraciones públicas y su rol en la Corte, y llamó al Congreso a iniciar un juicio político contra él y otros miembros del tribunal. Dio inicio así a un nuevo proceso de juicios políticos contra el Tribunal Superior que esta vez se realizó de manera paulatina: uno por uno.

El primer enjuiciado fue obviamente Nazareno, que presentó su renuncia el 28 de junio de 2003, dos semanas antes de que se iniciara el proceso en su contra. “Es un paso muy importante para que la Justicia sea digna, honesta y creíble”, dijo al enterarse el entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz. El kirchnerismo fue entonces por el resto de los jueces.

Fue el turno entonces de Eduardo Moliné O’Connor, quien dejó claro de entrada que no pensaba en renunciar. El juicio avanzó entonces y el 14 de agosto de 2003 la Cámara baja aprobó por amplia mayoría el juicio político luego de encontrarlo culpable de “mal desempeño” en sus funciones en base a 9 acusaciones que formaron parte de la investigación. El Senado terminó suspendiéndolo en el cargo el 9 de octubre de 2003, y fue destituido el 4 de diciembre venidero, habiendo sido considerado culpable de 2 de las acusaciones.

Su destitución por esa vía fue un hecho histórico, pues no sucedía algo así desde 1947.

El 23 de octubre de ese mismo año la Comisión de Juicio Político que presidía el diputado tucumano José Falú había abierto el proceso de enjuiciamiento contra Guillermo López, quien renunciaría el 22 de octubre de 2003.

Paralelamente, Néstor Kirchner designaba en la Corte al primer cortesano que eligió: Raúl Eugenio Zaffaroni, que asumió en lugar de Eduardo Nazareno

Designado en tiempos de Alfonsín, a Enrique Petracchi también le iniciaron un proceso que la Comisión de Juicio Político desestimó en marzo de 2004, cuando verificó que no había recibido una transferencia de 580 mil dólares en tiempos del rebalanceo telefónico. En cambio sí se inició un proceso contra Adolfo Vázquez, quien al ver que la causa avanzaba rápidamente presentó su renuncia el 2 de septiembre de 2004.

De los jueces de la mayoría automática, Antonio Boggiano era el último que quedaba y el Senado terminó destituyéndolo el 29 de septiembre de 2005, con el voto de los 56 senadores presentes en la sesión.

Mientras tanto, Néstor Kirchner había ido cubriendo los cargos que se desocupaban. El 9 de junio de 2004 designó a Elena Highton de Nolasco, quien se convirtió así en la segunda mujer en ser nominada en la Corte Suprema argentina en la historia, pero la primera en el marco de un gobierno democrático, ya que su antecesora era Margarita Argúas, designada durante el Gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston. Highton de Nolasco reemplazó a Eduardo Moliné O’Connor.

Por Adolfo Vázquez, Kirchner eligió a Ricardo Lorenzetti para reemplazarlo, el 12 de diciembre de 2004. En tanto que otra mujer, Carmen Argibay, asumió en la Corte el 3 de febrero de 2005 en lugar de Guillermo López.

Concluido el proceso de renovación, permanecían en la Corte que encontró Kirchner Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, designado este último por Eduardo Duhalde.

Un decreto fundacional

Un dato fundamental de esta historia lo constituye el decreto 222/2003 firmado por Néstor Kirchner el 19 de junio de 2003, que establecía un nuevo procedimiento para la designación de jueces de la Corte. Fue presentado con el objetivo de “transparentar y democratizar” el proceso de selección de magistrados, estableciendo el mecanismo de audiencias públicas por el cual los magistrados debían someterse a interrogatorios donde se evaluaría su idoneidad.

Se estableció un mecanismo de audiencias públicas por el cual los candidatos debían someterse a audiencias donde se evaluara su idoneidad; con participación ciudadana, ya que se habilitaba un período para que los ciudadanos, ONG, universidades y otras instituciones pudieran presentar observaciones u objeciones sobre los postulantes.

El kirchnerismo reivindicó esa medida como un hito en la refundación institucional de la Corte Suprema de Justicia.

La reducción de la Corte

Y el paso siguiente fue su reducción. La impulsó la entonces senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner, en su condición de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Fue en 2006, cuando presentó una ley para volver la cantidad de jueces de la Corte a su número histórico de cinco miembros. “Es la primera vez en toda la historia de la República Argentina que alguien, pudiendo nombrar dos miembros de la Corte sin modificar una  sola coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y retoma el camino de los cinco miembros”, dijo en su discurso el 29 de noviembre de 2006, cuando se convirtió en ley la norma que derogaba la normativa impulsada por Menem para llevar el número de integrantes de la Corte a 9.

La ley fue promulgada el 15 de diciembre de 2006 y representó la frutilla del postre de esa reforma judicial original que el kirchnerismo impulsó para fortalecer la independencia del Poder Judicial y revertir la influencia menemista en la CSJN.

“El decreto 222 marcó un hito. Que en una Argentina donde se cambiaban las normas para ampliar la Corte, quien hoy puede designar a dos miembros, renuncie a hacerlo es algo inédito”, planteó también Cristina Kirchner en el recinto de la Corte.

Ya fuera del Gobierno nacional que encabezó durante dos períodos, Cristina Fernández de Kirchner confesaría su arrepentimiento por esa decisión. Fue en 2016, ya en tiempos de Cambiemos, cuando comenzó a sufrir el asedio judicial, por entonces encabezado por el juez Claudio Bonadio. El magistrado la había convocado para indagarla sobre la causa “dólar futuro”, y así regresó a Buenos Aires desde el sur. Mantuvo reuniones con las bancadas kirchneristas del Congreso. El 21 de abril de ese año se reunió con 23 senadores en el Instituto Patria, y en el transcurso de la conversación criticaron la designación “en comisión” de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar la Corte Suprema. La expresidenta se refirió a eso como “un pecado de origen” del Gobierno de Mauricio Macri.

Durante esa charla, se habló de la necesidad de ampliar la cantidad de miembros del máximo tribunal, cosa en la que coincidió Cristina. Hizo en ese contexto su primera autocrítica, por haber impulsado diez años antes la reducción del número de integrantes de la Corte. Debió haber hecho lo contrario, reflexionó, y se mostró partidaria de dividir al tribunal en salas especializadas, una idea de Eugenio Zaffaroni.

 

El origen de la ruptura

La relación respetuosa entre los gobiernos kirchneristas y la justicia en general -y la Corte Suprema en particular- tuvo momentos de tensión, pero comenzó a desmadrarse promediando la segunda gestión de Cristina Kirchner. Fue especialmente en 2013, cuando algunos fallos contra iniciativas clave del Gobierno de Cristina comenzaron a alterar el trato.

Un momento clave fue el que sobrevino con la Ley de Medios. Y si bien la Corte declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también estableció límites al uso de la publicidad oficial y defendió la libertad de expresión, lo que fue interpretado como una advertencia al Gobierno.

Siempre tiempista, el tribunal emitió ese fallo trascendente dos días después del resonante triunfo de Sergio Massa en las elecciones intermedias de 2013. Y más allá de que representara un bienvenido reconocimiento para el kirchnerismo, varios puntos del fallo generaron malestar en ese Gobierno. por ejemplo, que la Corte estableciera que los grupos de medios, como Clarín, que debían desprenderse de licencias por superar los límites establecidos, debían ser indemnizados por el Estado. Esta exigencia fue vista como una concesión a ese grupo y como una carga económica para el Estado que el kirchnerismo no esperaba ni deseaba.

El fallo también incluía fuertes advertencias al gobierno sobre cómo debía aplicarse la ley. Por ejemplo, advertía que los medios públicos no debían ser instrumentos de propaganda oficial; que el organismo regulador (AFSCA) debía ser independiente del poder político; y exigía transparencia en la distribución de la publicidad oficial y respeto por la igualdad y el debido proceso.

Pero ya la relación venía herida a partir de lo sucedido con la reforma judicial que el kirchnerismo impulsó en el año 2013. Pomposamente presentada como “Democratización de la Justicia”, el proyecto K consistió en un paquete de seis leyes propuestas por el Poder Ejecutivo, que el Congreso terminó aprobando el 25 de abril de 2013.

Entre los objetivos que declaraba el Gobierno K para implementar esa reforma se destacaba la intención de hacer más transparente y accesible el Poder Judicial; democratizar el acceso a cargos judiciales; y agilizar los procesos judiciales.

Entre las medidas que incluía el paquete de medidas, una de las más controversiales era sin duda la reforma del Consejo de la Magistratura, que ampliaba el número de miembros y establecía que sus integrantes serían elegidos por voto popular. Eso fue muy criticado por sectores que lo consideraban una forma de politizar el órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces.

Por otra parte se creaban tres nuevas cámaras para descomprimir la Corte Suprema y acelerar los procesos judiciales. También se limitaba el uso de medidas cautelares que pudieran frenar decisiones del Gobierno, lo que fue visto como un intento de restringir el control judicial sobre el Ejecutivo.

Fue un procedimiento veloz impulsado en un año electoral en el que podía cambiar la relación de fuerzas en el Congreso, como en efecto sucedió. Cristina Kirchner anunció la reforma judicial el 8 de abril de 2013, durante un acto en la Casa Rosada en el que presentó los seis proyectos de ley. Diputados aprobó buena parte de esa reforma en una extensa sesión que duró casi un día completo el 25 de abril de 2013. El Senado la convirtió en ley el 8 de mayo.

La reforma fue fuertemente resistida por la oposición, el Colegio de Abogados, ONGs y sectores del Poder Judicial, y finalmente la Corte Suprema declaró inconstitucionales partes clave de la misma, especialmente la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el 18 de junio de 2013.

Fayt en la mira

A diferencia de su esposo, Cristina no pudo designar a ningún nuevo juez en la Corte, a pesar de haber sido presidenta en dos períodos y haberse producido vacantes. Tras la renuncia de Zaffaroni, ella propuso a Roberto Carlés, un joven jurista cercano al kirchnerismo, cuyo pliego nunca fue tratado en el Senado.

Antes de dejar el poder, retiró el pliego de Carlés y de manera testimonial -pues era obvio que no serían tratados- mandó los pliegos de Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín como reemplazos de Zaffaroni y Fayt. Fue a finales de octubre de 2015, a poco del balotaje que terminaría ganando Mauricio Macri, quien al asumir retiró esos pliegos y propuso -ya se sabe cómo y lo hemos dicho- otros dos que sí fueron aprobados por el Senado.

Zaffaroni había renunciado el 31 de octubre de 2014, al haber alcanzado la edad máxima permitida por la Constitución para ocupar un lugar en el máximo tribunal, mientras que Fayt había dejado posdatada su renuncia al 11 de diciembre venidero.

Precisamente con Fayt había mantenido el kirchnerismo una relación tormentosa en sus últimos tiempos, cuando ese gobierno -molesto por sus fallos- comenzó a buscar con él generar una vacante. Empezó entonces a bombardear al reconocido jurista con el argumento de su edad avanzada. Carlos Fayt tenía más de 97 años y seguía en funciones, justificándose en que el límite de 75 años que había dispuesto la reforma constitucional de 1994 no corría para él, que había sido nombrado antes de esa reforma. Además, una acordada de la propia Corte lo respaldaba.

El kirchnerismo lo había puesto en la mira, cuestionando su salud mental. El entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández puso en duda la capacidad de Fayt para ejercer su cargo, especialmente después de que firmara una acordada que ratificaba a Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte.

El oficialismo llegó a impulsar una subcomisión especial en la Cámara de Diputados para investigar el estado de salud de Fayt. Fueron convocados médicos y se llegó a solicitar un examen para evaluar su capacidad. Presionaron también con impulsar un juicio político, pero a pesar de todo eso Fayt resistió, con la opinión pública a su favor, lo mismo que sectores del derecho y por supuesto la oposición parlamentaria que lo blindó ante el juicio político que no pudo avanzar.

Carlos Fayt no quiso darle el gusto a Cristina de irse antes que ella, y así es que anunció su renuncia en septiembre de 2015, efectiva a partir de diciembre de ese año, poco antes del cambio de gobierno.

Las denuncias de lawfare

Ya fuera del poder, Cristina Kirchner comenzó a recorrer los tribunales por las causas que tomaron impulso con ella ya fuera del Gobierno. Así es que comenzó a denunciar lawfare. Su tirria era con buena parte de la justicia que ella quiso reformar sin éxito, y obviamente fue potenciando su enojo con una Corte que ya no era la que había forjado su esposo entre 2003 y 2007.

No pocas veces ese tribunal quedó en la mira K durante la gestión de Cambiemos, pero una de las más notorias fue con el controvertido fallo dictado el 3 de mayo de 2017 que aplicaba el beneficio del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Se trataba de un beneficio establecido por la Ley 24.390 que estuvo vigente entre 1994 y 2001, y que permitía computar doble el tiempo de la prisión preventiva que excediera los dos años. El caso específico beneficiaba a Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por su participación en secuestros y torturas cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura militar. Muiña había estado detenido preventivamente desde 2007, por lo que su defensa solicitó aplicar el 2x1 para reducir su condena.

La Corte convalidó ese fallo con un resultado dividido: 3 a 2. Votaron a favor Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes argumentaron que debía aplicarse el principio de la ley penal más benigna, aunque la ley ya había sido derogada; mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se pronunciaron en contra.

El fallo generó una enorme reacción negativa, con movilizaciones en todo el país, rechazo de organismos de derechos humanos y llevó al Congreso a sancionar de manera exprés una nueva ley, la 27.362, que aclaraba que el beneficio del 2x1 no podía aplicarse a delitos de lesa humanidad.

En diciembre de 2018, la misma Corte revirtió su postura en otro caso (Rufino Batalla), estableciendo que el 2x1 no era aplicable a crímenes de lesa humanidad. Esta vez, la mayoría fue de cuatro votos contra uno.

Las “reformas” de Alberto Fernández

Cambiemos perdió las elecciones de 2019 y Cristina volvió al poder, aunque formalmente integrando tan solo la fórmula con quien ella designó para encabezar, Alberto Fernández. Quien contradiciendo sus dichos de antaño también enarboló el discurso del lawfare y hasta llegó a reunirse con Lula en 2019, siendo él candidato presidencial y el brasileño estando preso en un penal de Curitiba.

Los operadores judiciales durante la gestión de Alberto fueron siempre camporistas y todo lo que impulsó durante su gestión tuvo detrás el impulso cristinista. Como la reforma judicial que presentó en 2020, una de las más ambiciosas de su gestión, que supuestamente venía a despolitizar y transparentar el funcionamiento del Poder Judicial; desconcentrar el poder de decisión en pocos jueces federales, y agilizar los procesos judiciales, especialmente en causas complejas como corrupción, narcotráfico y trata de personas.

El Gobierno de Alberto Fernández se propuso fusionar los 12 juzgados federales criminales con los 11 de penal económico en la Ciudad de Buenos Aires. Además, duplicaría la cantidad de juzgados para evitar la concentración de poder en pocos magistrados.

Un grupo de juristas de renombre fue convocado para asesorar al Ejecutivo sobre posibles reformas estructurales, incluyendo el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.

El proyecto fue aprobado por el Senado en agosto de 2020, pero nunca fue tratado en la Cámara de Diputados. La falta de consenso político y las críticas de la oposición, que lo consideraban un intento de influir en causas judiciales sensibles, frenaron su avance.

El choque entre el kirchnerismo y la Corte se intensificó a partir de un fallo del máximo tribunal de diciembre de 2021 sobre el Consejo de la Magistratura. Recordemos que estaba vigente desde 2006 una ley impulsada por Cristina Kirchner, que había reducido la cantidad de miembros del Consejo de 20 a 13, como así también excluía al presidente de la Corte de su conducción. Esto aumentaba el peso de los representantes políticos dentro del organismo.

El fallo de la Corte de diciembre de 2021 declaraba inconstitucional esa reforma de 2006, argumentando que rompía el equilibrio de representación exigido por la Constitución. Así las cosas, ordenaba volver a la composición anterior (20 miembros) y designaba al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como titular del Consejo.

El kirchnerismo, especialmente desde el Senado bajo la presidencia de Cristina Kirchner, resistió la implementación del fallo. Hubo maniobras para designar representantes propios en el Consejo, lo que generó nuevas tensiones con la Corte y hasta un fallo que invalidó lo actuado. Desde entonces, el conflicto se convirtió en un símbolo de la disputa más amplia entre ese oficialismo y el Poder Judicial.

En el ínterin, el Congreso no había logrado consensuar una nueva ley, como sugería el máximo tribunal, pero dando un tiempo perentorio, por lo que se volvió a la estructura previa a 2006. El kirchnerismo denunció un “golpe institucional” por parte de la Corte, mientras que el tribunal defendió su rol como garante de la Constitución.

La ampliación de la Corte 

Otro intento que quedó en la nada fue el de ampliar el número de integrantes del máximo tribunal. Fue en 2022, y originalmente el proyecto pretendía elevar el número de cortesanos de 5 a 25, con el argumento de asegurar una representación federal, garantizar la paridad de género y mejorar la eficiencia y pluralidad del Tribunal Supremo.

El proyecto avanzó en el Senado, donde fue aprobado el 22 de septiembre de 2022 con 36 votos a favor y 33 en contra. Eso sí, durante el debate, se modificó la propuesta original y se redujo la cantidad de miembros proyectados de 25 a 15. Fue a instancias del gobernador rionegrino, cuyo voto en el Senado era clave.

Pero a pesar de la media sanción, el proyecto no fue tratado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no contaba con los votos necesarios para aprobarlo. La oposición lo rechazaba de plano, acusando al kirchnerismo de querer politizar la Corte y presionar al Poder Judicial en medio de causas judiciales sensibles para Cristina Fernández de Kirchner.

La relación del cuarto gobierno kirchnerista con la Corte Suprema estuvo marcado por constantes cortocircuitos, como el que generó otro fallo del Tribunal Superior, en este caso sobre la coparticipación de CABA, emitido el 21 de diciembre de 2022.

Fue una decisión clave en el conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la distribución de fondos coparticipables, que tuvo su origen dos años antes, cuando en plena pandemia el presidente Fernández firmó un decreto reduciendo el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, del 3,5% al 2,32%, con el argumento de destinar esos fondos a la provincia de Buenos Aires para atender una protesta salarial de la Policía Bonaerense.

A instancias de Horacio Rodríguez Larreta, la Ciudad presentó un amparo ante la Corte y consiguió una cautelar a su favor. Allí se ordenaba que el Estado le transfiriera a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables, de forma diaria y automática a través del Banco Nación.

Como había habido en el ínterin una ley que respaldó lo dispuesto por decreto en 2020, el fallo de la Corte suspendía la Ley 27.606, estableciendo que mientras se resolvía la cuestión de fondo, el Estado nacional debería abstenerse de aplicar esa ley que había reducido la participación de CABA en la coparticipación.

El fallo reafirmaba también que desde la reforma constitucional de 1994, la Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen de gobierno autónomo, y por lo tanto debe participar plenamente en el sistema federal de coparticipación.

El juicio político a la Corte

Y llegamos al principal punto de quiebre entre el kirchnerismo y el Tribunal Superior, que fue cuando el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner impulsó un proceso de juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El propio Alberto Fernández anunció públicamente el 1 de enero de 2023 que impulsaría el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. La decisión se basaba originalmente en fallos judiciales que el oficialismo consideraba parciales o contrarios a la Constitución; y filtraciones de chats entre funcionarios judiciales y políticos que, según el kirchnerismo, evidenciaban connivencia y falta de imparcialidad.

El pedido fue presentado en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, a sabiendas de que nunca prosperaría, pues ese oficialismo no contaba con los 2/3 necesarios para que el proceso pudiera llevarse a cabo después en el Senado. Así y todo ese oficialismo dedicó todo su último año en el poder a debatir casi semanalmente el tema en la Comisión de Juicio Político, centrando sus acusaciones en la supuesta malversación de fondos del Poder Judicial; fallos que según el oficialismo violaban la división de poderes, e irregularidades en el manejo del Consejo de la Magistratura.

Pasaron las elecciones presidenciales y la comisión, que ya había perdido casi todo el impulso inicial, terminó emitiendo un dictamen que nunca llegó al recinto. Ese oficialismo nunca lo mandó a sabiendas de que no contaba con los dos tercios.

No hubo entonces consecuencias para los jueces de la Corte, que jamás atendieron los requerimientos que desde esa comisión se les hicieron.

Para entonces, Cristina Fernández de Kirchner ya había sido condenada por un tribunal oral por corrupción. El fallo fue ratificado luego por la Cámara y -hace pocos días- convalidado por la Corte Suprema de Justicia. Sellando una ruptura definitiva entre el kirchnerismo y el máximo tribunal.

Unión por la Patria calificó el fallo como parte de una "persecución política, mediática y judicial". La expresidenta habla desde hace tiempo de un “Partido Judicial” que busca condicionar la voluntad popular, y calificó a los jueces de la Corte como un “triunvirato de impresentables” y “monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos”, sugiriendo que no actúan con independencia sino bajo presiones externas.

Respecto del caso en sí, la defensa de Cristina cuestiona la incorporación de pruebas como el llamado “plan limpiar todo”, que habría sido introducido de forma irregular por el fiscal Diego Luciani. Alegaron que se violó el principio de congruencia y que hubo manipulación del proceso.

Amén de ello, sostienen que el fallo tiene un efecto proscriptivo, ya que impide a Cristina Kirchner presentarse como candidata, lo que consideran un intento de excluirla del juego democrático.

Como sea, por tratarse de la Corte Suprema, la decisión es definitiva. Como definitiva es la ruptura de una relación que, como queda claro en este informe, supo ser muy distinta.

La diputada nacional Lucila Masín (FdT-Chaco) hizo referencias este martes acerca del proceso de juicio político contra los miembros de las Corte Suprema y apuntó contra JxC: “Tenemos una oposición con un comportamiento que defiende los intereses corporativos y no los intereses del pueblo argentino”.

Además, la diputada chaqueña cuestionó que “la Corte Suprema no dio garantías a los derechos conquistados del pueblo argentino en su conjunto”. “Este juicio político también tiene que ver con la coparticipación que le quitaron a la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Entrevistada en Radio Rebelde, Masín señaló que este jueves “quedarán definidos los testigos a citar”, y consideró que el juicio político “puede prosperar”. “Va a durar el tiempo que tenga que durar”, aclaró en alusión a la extensión del proceso, algo que divide aguas dentro del propio oficialismo.

Por otra parte, la kirchnerista recordó cuando en el año 2003 el expresidente Néstor Kirchner llevó a juicio político a los entonces ministros de la Corte Suprema, y llevó a cabo la destitución del juez Eduardo Moliné O’Connor, además de las renuncias de Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez.

En el final, Masín afirmó que espera que cada tema tratado en el Congreso sea sancionado y aclaró que en la reunión de Comisión de Juicio Político de este jueves -la cual ella integra- se definirán cuáles de los 14 pedidos de enjuiciamiento al máximo tribunal de justicia avanzarán con su tratamiento, es decir, cuáles denuncias se tomarán como admisibles de todas las allí presentadas.

Por José Angel Di Mauro

Creado durante la reforma constitucional de 1994 a instancias del radicalismo, el Consejo de la Magistratura no ha encontrado desde entonces una composición que satisfaga plenamente a las partes. En rigor, bastaría con que cumpliera plenamente con los objetivos para los cuales fue ideado y claramente la justicia da cuenta diariamente de que los resultados no han sido los buscados.

Cuentan los memoriosos que Raúl Alfonsín -clave en la reforma acordada con Carlos Menem, recordar el Pacto de Olivos- era reacio a aceptar la presencia de la Corte Suprema en el seno de ese organismo, a sabiendas de las intenciones del entonces presidente detrás de tal objetivo: poner al frente del Consejo a Julio Nazareno, el riojano que presidía por entonces el Tribunal Superior. No hace falta recordar aquello de “la Corte menemista”, pero finalmente el expresidente radical dio el brazo a torcer. Al fin y al cabo, el amigo de Menem no estaría eternamente al frente de la Corte.

De ahí que surgió la composición actual del Consejo, que ahora ha vuelto a los orígenes a partir de que la Corte Suprema de Justicia actual declarara la inconstitucionalidad de la ley de 2006 que impulsó la entonces senadora nacional y primera dama (mejor dicho, primera ciudadana) Cristina Fernández de Kirchner.

Ese detalle viene perfecto para observar que el órgano constitucional que tiene a su cargo la selección de jueces federales y nacionales, como así también el control disciplinario de los mismos y la administración del Poder Judicial de la Nación ha sido siempre una obsesión de la actual vicepresidenta.

Al punto tal que ese fue el detonante de su expulsión del bloque oficialista, allá por 1997. En efecto, todos recordarán las posturas rebeldes que la entonces joven primera dama de Santa Cruz asumía en el bloque que en esos tiempos conducía el entrerriano Augusto Alasino. Mas no fueron sus permanentes rechazos a las posturas oficiales los causales de la expulsión de Cristina. Si bien sus actitudes y cuestionamientos habían tenido a maltraer a sus “compañeros” de bancada, la supremacía que el peronismo ejercía en la Cámara alta le permitía darse el lujo de “tolerar” la rebeldía patagónica. Cosa que hicieron más allá de los constantes pedidos de expulsión que se escuchaban -no sólo querían echarla del bloque, sino del propio partido- por sus permanentes cuestionamientos a la gestión oficial.

Pero la gota que colmó la paciencia de Alasino y compañía fue la negativa de la senadora a apoyar el texto de creación del Consejo de la Magistratura, con lo que le impidió a su bancada lograr el número necesario para insistir con la sanción original del proyecto. Como dijimos, corría 1997 y eran tiempos en que Menem y Eduardo Duhalde extendían al Senado su anticipada pulseada por la sucesión en 1999, y en la Cámara alta se quiso dar una muestra de que allí el poder menemista era aún real y concreto.

Mas no la echaron. Con la intención de que ella misma se apartara de la bancada, según confiaron fuentes del propio oficialismo, la mesa directiva del bloque resolvió expulsarla de las comisiones de las que formaba parte.

La medida fue sorpresiva y la involucrada se enteró al cabo de una reunión de comisión celebrada el 7 de mayo de 1997, cuando le llegó un memo al despacho en el que le indicaban que había quedado fuera de todas las comisiones que integraba: Relaciones Exteriores y Culto; Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios; Educación; Familia y Minoridad; Economías Regionales; Coparticipación Federal de Impuestos; Asuntos Administrativos y Municipales, y hasta de la Bicameral de Esclarecimiento del Atentado a la Embajada de Israel y la AMIA. La nota estaba firmada por el jefe de los senadores justicialistas, Augusto Alasino, y el secretario general del bloque, Angel Pardo. Allí se indicaba además quiénes serían los senadores que la sustituirían en esos grupos de trabajo.

El senador entrerriano Héctor Maya se encargó ante la prensa de justificar los motivos que llevaron al bloque a tomar la inédita medida: “Nosotros venimos registrando una serie de cuestiones donde la senadora Kirchner se maneja con excesiva individualidad, lo cual es respetable, pero no es muy común dentro del peronismo... En un bloque hay que debatir, pero para mantener la unidad de un cuerpo es necesario que nos sometamos a distintas reglas”.

La senadora santacruceña tomó la decisión como “un castigo a la provincia de Santa Cruz”, según expresó. Y agregó: “Yo soy representante de una provincia y del Partido Justicialista de esa provincia. Seré una minoría disidente, pero tenemos el derecho de serlo”. Cuando le preguntaron si creía ver en esa maniobra el intento de forzar su renuncia al bloque, ella dijo que no se iría del justicialismo. “Yo voy a seguir defendiendo a muerte mi derecho a poder discernir democráticamente”, esgrimió.

Según transcribe el libro Cristina K. La dama rebelde (Sudamericana, 2004), la decisión adoptada por la conducción del bloque justicialista generó un vendaval de críticas que no hizo más que fortalecer la posición de Cristina Kirchner. Un grupo de diputados justicialistas suscribió un proyecto de resolución de la diputada santacruceña Rita Drisaldi manifestando su discrepancia con semejante actitud. “Esta medida priva a la provincia de Santa Cruz de ejercer plenamente su autonomía, ya que impide la labor de uno de sus representantes electos constitucionalmente”, señalaba el proyecto suscripto además por Irma Roy, Mario Das Neves, Rodolfo Gazzia, Julio Migliozzi, Julio Salto, Fernando Maurette, Darci Sampietro, Carlos Vilches, Sara de Amavet y Sergio Acevedo.

A partir de ello se abrió un debate sobre si la representación en las comisiones corresponde al legislador o al bloque. De hecho, al comunicarle el bloque la decisión al presidente del Cuerpo, Carlos Ruckauf, éste les advirtió que la medida era antirreglamentaria: “Muchachos, según los antecedentes de la Cámara, la separación de un senador no puede hacerse sin su consentimiento”, aclaró el entonces vicepresidente de la Nación.

Ante las circunstancias, el bloque decidió revisar la resolución y, habida cuenta de la intención de la señora Fernández de Kirchner de dar pelea, resolvieron no dar más vueltas y directamente separarla de la bancada. Eduardo Menem, Bauzá, Yoma y Alasino fueron algunas de las voces de peso que se pronunciaron por semejante decisión y pusieron las primeras firmas que se recolectaron para echar a Cristina.

“Cuando mi voto en contra no alteraba el resultado que quería mi bloque, no hubo problemas. Pero ahora que mi voto era decisivo en busca de los dos tercios que necesitaban para aprobar el Consejo de la Magistratura, me castigan”, argumentó la legisladora, enfatizando que lo suyo no era indisciplina, sino que nunca aceptaría “disciplinarme para una asociación ilícita”.

Como puede verse, el Consejo de la Magistratura ha estado desde sus orígenes en el ojo de la tormenta, por lo que amerita recurrir a los archivos para conocer todos los hitos que marcaron a esta institución hasta la actualidad. De ahí que bien podríamos caracterizar esta historia como “25 años sin dar con una buena ley”. Porque de lo contrario no estaríamos recurriendo a la ley original, de 1997, y debatiendo una nueva ley en la que oficialismo y oposición lejos están de ponerse de acuerdo.

Para llegar a los orígenes de la institución Consejo de la Magistratura debemos remontarnos a 1994, cuando la Asamblea Constituyente incluyó en el artículo 114 de la Constitución reformada la creación del organismo que se encargaría de confeccionar listas de candidatos para tribunales inferiores, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces e imponer sanciones.

Tres años después y transcurrido el episodio de la expulsión de Cristina Kirchner del bloque oficialista, el 10 de diciembre de 1997 fue sancionada la Ley 24.937, que el Ejecutivo que encabezaba Carlos Saúl Menem, promulgó el 30 de diciembre.

Ya en 1998 comenzó a funcionar, en el mes de noviembre, el Consejo de la Magistratura, presidido por Julio Nazareno. Además de Nazareno, integraban ese primer Consejo de la Magistratura los jueces Bindo Caviglione Fraga, Claudio Kiper, Margarita Gudiño de Argüelles y Javier Fernández Moores.

Por el Poder Legislativo estaban en esa primera conformación del Consejo los senadores Augusto Alasino, Ricardo Branda, José Antonio Romero Feris y Horacio Usandizaga, y los diputados nacionales Melchor Cruchaga, Juan Carlos Maqueda, Oscar Massei y Miguel Angel Pichetto.

En representación de los abogados estaban Juan Gersenobitz, Diego May Zubiría, Ángel Garrote y Eduardo Orio; mientras que por el ámbito científico y académico asumieron Juan Gemignani y Humberto Quiroga Lavié.

Por el Poder Ejecutivo Nacional estaba Julio Comadira, un reconocido catedrático que en tiempos de Duhalde condujo de manera eficiente la Sindicatura General de la Nación y que durante la presidencia de Menem fue jefe de Gabinete del ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo.

La reforma de la ley del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Fernández de Kirchner tuvo media sanción del Senado el 22 de diciembre de 2005. La misma reducía de 20 a 13 miembros ese organismo y fue aprobada por 45 votos a favor y 16 en contra, correspondientes al radicalismo y partidos provinciales.

Criticada por instituciones judiciales y organismos no gubernamentales, la iniciativa fue defendida por la senadora Kirchner, que negó que se intentara producir un bloqueo de las decisiones del  órgano y criticó a “la corporación de jueces y abogados” por ejercer una fuerte presión para mantener el “status quo”.

Uno de los más críticos en ese debate fue el senador radical Rodolfo Terragno, quien expresó en la sesión del 22 de diciembre de 2005: “El oficialismo pasará de tener el 25% a tener el 38%. Nadie puede entrar a la justicia si el Ejecutivo le pone bolilla negra, y nadie saldrá de ella si el Ejecutivo le tira un salvavidas. Esto genera sospecha sobre el objetivo de esta iniciativa”.

La norma se convirtió en ley en la Cámara de Diputados el 22 de febrero de 2006 por 148 votos a favor, 89 en contra y dos abstenciones.

A ese número llegó el Frente para la Victoria con los votos de 113 diputados oficialistas, 20 diputados del Peronismo Federal y 5 radicales.

Fue miembro informante por el oficialismo en ese debate el salteño Juan Manuel Urtubey, quien presidía por entonces la Comisión de Asuntos Constitucionales, y buscó descalificar los cuestionamientos al asegurar que “aquellos que se verán afectados en la posición de poder que habían alcanzado van a sostener con fiereza su lugar”. Tras ello, le endilgó al actual Consejo “ineficiencia” y un “sesgo corporativo”.

Integrante del Consejo de la Magistratura por entonces, la diputada del ARI Marcela Rodríguez retrucaba: “Curiosamente quienes se oponen a la reducción de los miembros de la Corte Suprema para agilizar los trámites defienden la reducción del Consejo”, calificando a la reforma impulsada desde el oficialismo como “el mayor retroceso del Poder Judicial desde la reducción de la Corte Suprema por parte de Carlos Menem”.

Al momento de la votación en general, el Frente para la Victoria no contó con la presencia de Rafael Bielsa y Oscar Massei, este último integrante del Consejo de la Magistratura original, como ya hemos indicado. Ambos diputados se ausentaron del recinto para no dejar sentado su rechazo al proyecto.

Más datos relevantes: esa votación fue la génesis del alejamiento del radicalismo de los diputados de ese origen que respondían al gobernador -por entonces radical- Gerardo Zamora. Eran Daniel Brue -hoy en el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja- y Cristian Oliva, quienes recibieron desde la gobernación santiagueña la orden de votar junto al oficialismo. En la bancada de la UCR aseguraron que inicialmente ambos querían votar en contra de la iniciativa oficial, pero una conversación de Zamora con un funcionario del Gobierno alcanzó para revertir la decisión. Ese funcionario era Alberto Fernández, por entonces jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. El cambio generó fuertes cruces entre legisladores del partido centenario, al tiempo que las autoridades partidarias advertían sobre la posibilidad de aplicar sanciones a los “disidentes”. Así las cosas, los santiagueños adelantaron a sus colegas de bancada su determinación de formar un grupo aparte, cosa que terminarían formalizando.

“No puede ser que en aspectos básicos y fundamentales, los diputados que responden a provincias donde gobierna el radicalismo voten a favor del Gobierno (nacional) a efectos de lograr alguna medida que signifique algún beneficio para su provincia”, expresó entonces nada menos que el expresidente Raúl Alfonsín, mientras que el Comité Nacional que entonces presidía el mendocino Roberto Iglesias difundía un comunicado para anunciar la expulsión de los afiliados diputados que habían votado a favor de la reforma del Consejo de la Magistratura. Estos eran los citados Brue y Oliva, más el catamarqueño Genaro Collantes, el correntino Ricardo Colombi y el rionegrino Hugo Cuevas, quienes se alinearon con la transversalidad que promovía en esos tiempos Néstor Kirchner.

La ley aprobada recibió el número 26.080, y la composición del Consejo se redujo de la siguiente manera: los jueces pasaron de 4 a 3; los legisladores de 8 a 6; los representantes de abogados de 4 a 2.

La reforma de 2013

En el futuro habría un nuevo intento para modificar la composición del Consejo de la Magistratura. Fue en 2013, en el marco de la reforma judicial que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presentó como la “Democratización de la Justicia”. El 25 de abril de ese año, tras una sesión de 24 horas cargada de tensión, se aprobó a las 6 de la mañana esa polémica norma por 130 votos a favor y 123 en contra. En rigor, eran seis los proyectos discutidos y entre ellos figuraba la reforma del Consejo de la Magistratura.

Entre los que votaron en contra vale mencionar a 5 diputados del Frente para la Victoria: los sindicalistas Facundo Moyano y Omar Plaini; el riojano Jorge Yoma; la bonaerense Mabel Müller; y Blanca Blanco de Peralta, esposa del gobernador de Santa Cruz. También votaron en contra un puñado de aliados habituales del oficialismo: Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), Julio Ledesma (Corriente de Pensamiento Federal), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino) y Mariana Veaute (Frente Cívico Catamarca).

Previsiblemente el tema se judicializó, pero el Gobierno de entonces siguió actuando como si las causas no fueran a prosperar. Así publicó en el Boletín Oficial el decreto 577/13, convocando a los ciudadanos a elegir en las elecciones legislativas integrantes del Consejo de la Magistratura. Conforme lo indicado por la nueva ley, el decreto establecía que el Consejo pasaría a ser de 19 miembros: 3 jueces; 3 representantes de abogados; 6 representantes de los ámbitos académicos o científicos; 6 legisladores y 1 representante del Ejecutivo.

El 11 de junio de 2013 la jueza federal María Romilda Servini decretó la inconstitucionalidad del voto popular para la elección de consejeros y anuló la convocatoria, el nuevo número de integrantes para el Consejo de la Magistratura y el voto popular para elegir consejeros. Una semana más tarde, la Corte resolvió por per saltum en la sentencia que se conoció como “Caso Rizzo” declarando inconstitucional la reforma, con el único voto en disidencia de Eugenio Zaffaroni.

La última embestida contra la ley de 2006

El 19 de noviembre la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la inconstitucionalidad de la ley que establecía la composición del Consejo de la Magistratura, por no respetar el “equilibro” entre los estamentos que exige la Constitución. Fue la causa sobre la cual, años después, se expediría el Tribunal Superior.

Esa demanda llegó a la Corte Suprema recién en el año 2017. A partir de ello, el Máximo Tribunal debería resolver sobre el pedido de inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2006 impulsado en su momento por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Por entonces gobernaba Mauricio Macri y hacia fines de ese año el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que modificaba el régimen legal de la Magistratura, proponiendo una composición de 16 miembros, incorporándose un juez o jueza y 2 abogados/as. Como se ve, el proyecto que impulsaba en esos días el Gobierno de Cambiemos no sumaba a miembros de la Corte, de ahí que al defender la propuesta del actual Ejecutivo en el Senado se hiciera notar que su proyecto no difería demasiado del presentado por la administración anterior.

Cuando se hace referencia al tiempo que a la Corte Suprema le demandó resolver sobre la inconstitucionalidad o no de la ley de 2006 se omite que ese Tribunal siempre privilegió que fuera la política la que resolviera el tema y así evitar intervenir. Estaba claro que el Gobierno de Cristina Kirchner no modificaría la norma que precisamente ella había promovido siendo senadora y más no habiendo prosperado la reforma judicial de 2013. La CSJN esperaba que el Gobierno de Cambiemos lo hiciera, pero el proyecto de 2017 no llegó nunca al recinto, y así fue que hacia fines de 2021 el Máximo Tribunal dejó trascender que finalmente resolvería el tema como lo hizo.

Por eso fue que el 6 de diciembre el Gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, elevando la cantidad de miembros de 13 a 17. Once días más tarde, el 17 de diciembre de 2021, la Corte Suprema confirmó el fallo de cámara de 2005 y declaró inconstitucional la composición vigente del Consejo de la Magistratura aprobada en 2006, exhortando al Congreso para que “en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo del a Magistratura”. En caso de que no lo hiciera en el plazo de 120 días, el Consejo volvería a su vieja composición de 20 miembros.

Si bien el Poder Ejecutivo incluyó el proyecto de reforma del Consejo en extraordinarias, no se trató. Pasarían 106 días hasta que el oficialismo decidiera iniciar su tratamiento en el Senado. Recién el 22 de marzo arrancó en esa Cámara el debate y el proyecto llegó al recinto el 7 de abril, obteniendo media sanción por 37 votos a favor y 33 en contra.

El plazo impuesto por la Corte Suprema vencía ocho días después y todavía no habían sido conformadas siquiera las comisiones que deberían tratar el tema en Diputados.

Eso recién sucedió el 11 de mayo pasado. Un mes antes, el 18 de abril, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ocupó la presidencia del Consejo.

Los nuevos miembros titulares del Consejo juraron el 20 de abril, a excepción de los dos representantes del Congreso de la Nación, que lo harían recién el 19 de mayo, tras una intensa pulseada entre oficialismo y oposición por los dos lugares en disputa. Juntos por el Cambio confiaba que sendas bancas le correspondían, como segunda minoría, pero el oficialismo sacó un impensado as de la manga en el Senado al dividir el bloque FdT y recrear una segunda minoría.

La pelea final

La pregunta del millón es qué sucederá ahora con la nueva ley que tiene media sanción del Senado. Tal cual lo exteriorizó Juntos por el Cambio durante el debate en la Cámara alta, el proyecto del Poder Ejecutivo es rechazado por esa bancada, postura que comparte con la mayoría de la oposición. Así las cosas, la iniciativa podría tener en la Cámara baja el mismo destino que todos los proyectos judiciales del oficialismo: el cajoneo.

Sin embargo el debate de la boleta única en papel fue el disparador que usó el oficialismo para activar la discusión del proyecto que tiene media sanción del Senado, logrando al menos que paralelamente al otro proyecto se discuta el tema en comisión. Lo cual tampoco le garantiza al Frente de Todos los votos para la aprobación.

Juntos por el Cambio está conforme con la composición actual, presidida por alguien de la Corte Suprema, cosa que rechaza enfáticamente el oficialismo. Por eso dependerá de “los bloques del medio” la suerte de esta ley. Allí el Frente de Todos cuenta hasta ahora solo con los 4 votos del interbloque Provincias Unidas, integrado por misioneros y rionegrinos: precisamente los votos aliados que permitieron la media sanción del Senado.

Es clave en este contexto la postura del interbloque Federal, de 8 miembros, donde Graciela Camaño -quien integra además el Consejo de la Magistratura- se ha expresado a favor de la presencia de un miembro de la Corte en el organismo… mas no presidiéndolo.

Según se especulaba paralelamente a la media sanción alcanzada en la Cámara alta, la cerrazón del oficialismo para aceptar modificaciones que incluyeran al Tribunal Supremo en el futuro Consejo de la Magistratura podría ser vinculada a una eventual negociación a encarar en la otra Cámara para lograr la aprobación. Lo cual motivaría una vuelta al Senado para convalidar o no los cambios. He ahí un detalle no menor.

Fuentes consultadas por Parlamentario aclararon que la principal oposición mantendrá su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo proveniente del Senado, más allá de la disposición que pueda mostrar el Frente de Todos a aceptar modificaciones. Habría que buscar las razones de esa postura en el hecho de que, como dijimos, los eventuales cambios deberían ser luego convalidados por una Cámara alta que a los miembros de JxC no le da mayores garantías.

– Si Diputados aprobara el proyecto que viene del Senado, pero con modificaciones y por un número ajustado como puede pasar hoy en la Cámara baja, ¿el Senado podría ratificar el propio con 37 votos? Y si por ventura hubiera un acuerdo que permitiera una aprobación con cambios más amplia, ¿de qué manera el Senado podría insistir con el proyecto original? –preguntó Parlamentario.

– Si Diputados aprueba el proyecto con modificaciones y mayoría simple, el Senado puede insistir en su propia sanción con igual mayoría simple. Si Diputados modifica y aprueba con dos tercios, el Senado necesitaría los mismos dos tercios para insistir con su sanción original –explicó el diputado Pablo Tonelli, quien es además miembro del Consejo de la Magistratura.

Consultada por este medio, otra fuente de Juntos por el Cambio fue más allá del detalle reglamentario al advertir que, atento a la posibilidad concreta con la que cuenta el Senado para insistir con el texto original, “los cambios en Diputados pueden ser una trampa cazabobos… Claro que más que bobos, yo diría cómplices”.

“Porque no hay bobos de este lado… Puede haber vivos, pero no bobos”, insistió una importante fuente del interbloque JxC al justificar el rechazo que estarían dispuestos a mantener respecto de las modificaciones al Consejo de la Magistratura.

Por José Angel Di Mauro

Cincuenta y cinco veces pronunció Alberto Fernández la palabra “justicia” en el discurso con el que el 10 de diciembre pasado inauguró su presidencia. En este párrafo de ese mensaje anunció por primera vez la reforma judicial que se proponía impulsar: “Para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”.

Diecisiete veces repitió esa palabra en la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo. “Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, dijo entonces.

Entre uno y otro discurso varias veces dio por seguro el inminente envío al Congreso de esa reforma, incluyéndolo en el temario de sesiones extraordinarias, algo desaconsejado por cuanto semejante cuestión exige un tratamiento intenso en comisión que no se corresponde con la urgencia que se supone acompaña a los proyectos tratados en verano.

Pero durante lo que lleva Alberto Fernández de gestión, fue una constante el anuncio del inminente envío al Congreso de iniciativas que luego no mandó. Siempre se dijo que estaban listas y próximas a remitir, pero no. Desde el Consejo Económico y Social, al proyecto para la legalización del aborto. Pasando también por el impuesto a las grandes fortunas…

La pandemia fue la justificación adecuada para la lógica postergación, en casos como el aborto (una cuestión que muchos se preguntaban cómo implementaría el Gobierno sin resentir el sólido vínculo que mantiene con Francisco). Tampoco resultaba lógico que en el período de la cuarentena más estricta y la lucha contra el Covid-19, con el Parlamento parado durante meses y luego funcionando con una agenda condicionada por la virtualidad, se tratara una ambiciosa modificación del sistema judicial.

Pero el Parlamento le tomó la mano a las reuniones de comisión y las sesiones, aunque el debate de temas ríspidos sigue generando suspicacias. Muchos se preguntan sin embargo si transitando el pico de la enfermedad y con un escenario económico devastado como amenaza ser el post pandemia, resulta conveniente enfrascarse en una reforma judicial como la que propone el Gobierno.

Previsiblemente para la oposición no correspondía, y sí para el presidente Alberto Fernández, que finalmente mandó su proyecto. Porque más allá de las dilaciones, para el presidente ese ha sido siempre un objetivo firme de su gestión. Profesor de Derecho Penal en la UBA, el mandatario tiene especial interés en implementar la reforma que ideó junto a su socia y amiga Marcela Losardo, la ministra de Justicia; Gustavo Beliz, hoy secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia; y Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia.

¿Cuánto de la letra original de ese proyecto es lo que entró finalmente por el Senado?, es la pregunta del millón. Está claro que allí radicó el meollo de la demora original. La necesidad de conformar a las distintas tribus que componen el heterogéneo Frente de Todos, pero fundamentalmente a la que lidera la vicepresidenta. Especialmente interesada en la reforma judicial en lo que tiene que ver con las causas que comprometen a la exmandataria y su familia, y -no menos importante- sentar en el banquillo a la mayor cantidad de integrantes del Gobierno de Cambiemos.

La conformación del consejo asesor fue desafiante. Sin poder vinculante, resultó curioso que estuviera lleno de peronistas (solo tres no lo son) y ya se sabe de antemano que terminará sugiriendo una ampliación de la Corte.

El proceso ya está en marcha y cuenta con un activo fundamental del que goza esta administración en general y el kirchnerismo en particular: que maneja el Senado, donde tiene una mayoría capaz de designar jueces y fiscales, que serán clave -estos últimos- en el futuro esquema judicial. Por eso también es muy importante quién vaya a ser el procurador general de la Nación, a la sazón jefe de los fiscales.

Y ese es justamente un punto débil de esta administración, que hoy no cuenta con los dos tercios en el Senado para designar a Daniel Rafecas, cuyo pliego el Poder Ejecutivo ya mandó a esa Cámara. En ese sentido es que hay que contabilizar la movida puesta en marcha en el seno de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Presidida por el diputado de La Cámpora Martín Doñate (todas las comisiones de esas características fueron monopolizadas por referentes del cristinismo) activaron allí una serie de pedidos de informes dirigidos al procurador general actual, Eduardo Casal, que fue el que quedó a cargo de manera interina cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Mauricio Macri quiso designar a Inés Weinberg de Roca, pero nunca tuvo el número para aprobar su pliego.

El kirchnerismo busca impulsar el juicio político contra Casal, de modo tal de desplazarlo. De producirse esa vacante, la primera en la línea sucesoria sería Laura Monti, procuradora fiscal, quien debería dar un paso al costado -voces interesadas han hecho circular que no le interesaría ocupar ese cargo- para que en lugar de Casal pudiera asumir Víctor Abramovich. También procurador fiscal, fue director ejecutivo del CELS y es el preferido del Instituto Patria.

La movida, que sorprendió a la oposición, es agitada como para permear la resistencia de la oposición que tiene el número exacto para obturar la convalidación de Rafecas. No vaya a ser cosa que les pase como cuando a Cristina Kirchner le voltearon a Daniel Reposo, la primera opción, y terminó designando a Gils Carbó. Peor el remedio… pensó la oposición de entonces.

Pero la reforma judicial no llegó sola al Congreso. Paralelamente, en vísperas del envío del proyecto trascendió la idea de crear un consejo consultivo para analizar temas anexos que originalmente no tenía en mente el presidente, como ampliar la Corte Suprema de Justicia. Vieja sugerencia de Eugenio Zaffaroni, en ese detalle se ve también la mano del kirchnerismo en la reforma judicial que avanzó sin inconvenientes en el Senado, con destino un poco más incierto en Diputados.

Lo de ampliar la cantidad de miembros del Tribunal Supremo no es cosa nueva. A fines de abril de 2013, Raúl Zaffaroni habló de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte.

La conformación del consejo asesor fue desafiante. Sin poder vinculante, resultó curioso que estuviera lleno de peronistas (solo tres no lo son) y ya se sabe de antemano que terminará sugiriendo una ampliación de la Corte. Porque aun antes de escogerlos se sabía qué pensaba al respecto la mayoría de sus miembros. ¿Era necesaria la presencia de Carlos Beraldi, un especialista reconocido, pero en definitiva el abogado defensor de la vicepresidenta? No, pero ese es evidentemente un gesto que se pretendió dar hacia la Justicia en general, concluyen los que interpretan estas actitudes.

En tren de interpretaciones, cómo debería tomarse que en la presentación del proyecto de reforma judicial, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente apareciera rodeado por el consejo asesor elegido por él para asesorarlo en los futuros cambios en la Justicia. Estuvieron además, por parte del Ejecutivo, el jefe de Gabinete, a la derecha de Fernández, y la ministra de Justicia, a su izquierda. En la imagen se veía al mandatario en un escenario cuidadosamente armado, rodeado por doce personas, todas sentadas y respetando la distancia social. Si el consejo asesor es de 11 miembros, y había dos funcionarios del Ejecutivo, ¿quién faltaba? Beraldi, quien había sido puesto justo detrás del presidente, para que no saliera en la foto…

La reforma de la Corte Suprema

Está claro que la modificación de la estructura de la Corte Suprema de Justicia es el elemento central de las recomendaciones que surgirán de ese consejo de notables. Nadie tiene dudas de que le recomendarán ampliarla, porque eso surge hasta de Alejandro Gil Domínguez, uno de los juristas convocados para integrar el consejo asesor, y tal vez el más alejado de las ideas kirchneristas, quien no solo criticó a la oposición por “no dar el debate”, sino que también sugirió que “hay que cambiar un montón de cosas para que la Corte funcione mejor”, y respecto de la cantidad de miembros, deslizó que “9 es un buen número, da más circulación, más necesidad de consensos”.

Lo de ampliar la cantidad de miembros del Tribunal Supremo no es cosa nueva. A fines de abril de 2013, Raúl Zaffaroni habló de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte. Fue en el marco de una charla académica en la Facultad de Derecho de la UBA que Zaffaroni recomendó la ampliación del tribunal que por entonces él integraba, aunque admitió que era “políticamente incorrecto” hablar de eso en ese momento.

El entonces ministro de la Corte argumentó esa vez que según la estructura de ese organismo, la misma debía asumir el doble rol de revisora de la constitucionalidad de las leyes y actuar a su vez como tribunal casación. La mayoría de los casos que llegan a manos de sus miembros corresponde a presentaciones contra sentencias arbitrarias, un mecanismo procesal que debiera ser excepcional que se ha transformado en la regla. Con ello, la concentración de casos era elevada y complicaba el trabajo de los siete miembros del Tribunal. Es que por entonces eran siete los integrantes de la Corte y estaba determinado por ley que fuera a reducirse a cinco.

Sin necesidad de modificar la Constitución, para Zaffaroni se podía ampliar la cantidad de integrantes y diversificar sus actividades. El jurista fue concreto al hablar de sumar una docena de miembros que se dividirían en cuatro salas especializadas que harían las tareas de casación: Penal; Laboral y Previsional; Contencioso Administrativo y Civil.

Zaffaroni citó el caso de Costa Rica, y aclaró luego que no estaba sugiriendo implementar semejante cambio de un día para otro, admitiendo de paso que “hablar de esto en este momento es políticamente incorrecto”. No obstante, recomendó a los alumnos que lo escuchaban que “cuando en el futuro tengan poder decisorio se acuerden de esto”.

En el futuro, el jurista insistiría con el tema cada vez que le preguntaron.

La Corte de 9

El máximo número que la Corte Suprema de Justicia llegó a registrar en la historia fue 9, cuando en los 90 Carlos Menem amplió el tribunal a través de la Ley N° 23.774, pasando de 5 a 9 integrantes. El propio mandatario riojano se encargó de elegir a los nuevos miembros. Ante esa decisión, Jorge Bacqué, renunció en oposición a la medida, igual que el titular del Tribunal, José Severo Caballero.

Continuaron en sus sillones Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio. Menem sumó a Julio Oyhanarte, Ricardo Levene (h), Julio Nazareno, Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra y Eduardo Moliné O’Connor.

Bien se sabe que la intención de Menem de ampliar el tribunal fue recrear lo que se dio en llamar “la mayoría automática”, que fue precisamente lo primero que Néstor Kirchner se abocó a desarmar a poco de asumir. En el marco de la primera cadena nacional que convocó durante su mandato, el santacruceño anunció la decisión de terminar con esa mayoría menemista en el Tribunal y de impulsar el juicio político de su titular, Julio Nazareno, quien renunciaría poco después.

En rigor, la embestida contra los miembros de la Corte se había iniciado durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando la Comisión de Juicio Político que entonces presidía el santacruceño Sergio Acevedo, inició procesos contra los nueve miembros del Tribunal, objetando sus conductas en las sentencias del corralito, el tráfico de armas, la habilitación de la candidatura a gobernador de Raúl Romero Feris, el rebalanceo telefónico y por la investigación del ataque a la Embajada de Israel. Además, se los juzgaba por declarar inconstitucional el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución nacional, que obligaba a los jueces mayores de 75 años a pedir autorización al Senado para seguir en el cargo, por la no aplicación de la Ley de Etica Pública en cuanto a la difusión de sus declaraciones juradas, y el manejo administrativo del tribunal, conocido como superintendencia. En la mayoría de los informes, los cargos eran por “mal desempeño”, aunque también por “prevaricato”, y estaban dirigidos en su mayoría a los cinco jueces que formaron la denominada mayoría automática: Julio Nazareno, Guillermo López, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano.

Siete meses después, en octubre de 2002, el oficialismo logró imponer su decisión de evitar el enjuiciamiento contra la Corte Suprema de Justicia, al rechazar esa medida impulsada por buena parte de la oposición y tropa propia contra los nueve miembros del Alto Tribunal.

El dictamen acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia concluyó con el rechazo en el marco de un debate signado por las enfáticas exposiciones de los impulsores de la acusación y por la férrea defensa de los ministros, sostenida por los diputados menemistas. Julio Nazareno fue en quien se concentró el debate por ser el juez sobre el que pesaba la mayor cantidad de cargos. Fue quien más votos cosechó a favor de su enjuiciamiento: 143, que no alcanzaron para permitir el proceso, ya que 89 votaron en contra y hubo dos abstenciones, lo que resultó suficiente para evitar el juicio.

Segundo en esta suerte de ranking negativo resultó Adolfo Vázquez, quien cosechó 140 votos por el enjuiciamiento, 93 en contra y 3 abstenciones; luego figuraron Eduardo Moliné O’Connor (139-95-2), Antonio Boggiano (131-97-8) y Augusto Belluscio (122-109-5). Detrás figuraron Julio Petracchi (72 a favor del juicio, 158 en contra) y Carlos Fayt (85-135). Gustavo Bossert (63 por el juicio y 168 en contra) fue el que menos votos por el juicio cosechó. Aun así, renunció poco después, argumentando que el inconsistente cuestionamiento formulado en su contra por la Comisión de Juicio Político lo había dejado sin “ánimo” ni el “entusiasmo” que el ejercicio de la función judicial requiere.

Para destituir a cualquier miembro de la Corte hacen falta dos tercios del Cuerpo y ni siquiera lo alcanzaron con Nazareno.

La nueva Corte

Como dijimos, la embestida contra el Tribunal Supremo se reanudó en tiempos de Néstor Kirchner. Tras la salida de Nazareno, el Parlamento fue contra Moliné O’Connor, quien fue destituido en diciembre de 2003. Luego se iniciaron procesos contra Adolfo Vázquez y Guillermo López, que renunciaron, y a continuación fue el turno de Antonio Boggiano, destituido en septiembre de 2005. Una sexta vacante se abrió con la renuncia de Augusto Belluscio, uno de los jueces originales de la Corte de 1983, quien se fue por estar próximo a cumplir 75 años. Al dimitir, Belluscio dijo que por haber firmado la sentencia dictada por la Corte el 19 de agosto de 1999 en la causa “Fayt, Carlos Santiago c/Estado Nacional s/ proceso de conocimiento”, mediante la cual se declaró la nulidad de la cláusula que establecía la caducidad de la designación de los jueces nacionales al llegar a los 75 años, no consideraba ético permanecer en el cargo.

El 19 de junio de 2003, el presidente Kirchner firmó el decreto 222 que impulsaba un nuevo método para la selección de miembros del Alto Tribunal y el Ministerio Público. “No nos interesa conformar una Corte adicta y no nos sirven las viejas prácticas, porque la Corte Suprema necesita ganarse la confianza de la sociedad para dar solidez a sus decisiones”, señaló Kirchner ese día.

Pese a las seis vacantes generadas, sólo fueron cubiertos cuatro cargos. Eugenio Zaffaroni asumió tras la renuncia de Nazareno y luego llegaron Elena Inés Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, en ese orden.

El 19 de junio de 2003, el presidente Kirchner firmó el decreto 222 que impulsaba un nuevo método para la selección de miembros del Alto Tribunal y el Ministerio Público.

Tiempo después, el Gobierno kirchnerista dio un nuevo golpe de efecto en el área judicial, al anunciar la decisión de reducir a cinco el número de miembros de la Corte. El proyecto fue presentado el 9 de noviembre de 2006 por la entonces senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner y fue recibido con beneplácito por parte de la oposición y los propios miembros de la Corte, algunos de los cuales reclamaban la reducción de miembros ya que se les hacía complicado conformar mayorías para sacar los fallos. Lorenzetti y Argibay reclamaban una reducción formal, aunque no a 5, sino a los 7 entonces vigentes.

El proyecto de Cristina derogaba la Ley 23.774 que impulsó el menemismo aumentando la Corte a nueve, fijándola en cinco. Como “disposición transitoria” se aclaraba que los siete integrantes de entonces permanecerían en sus cargos, salvo renuncia o fallecimiento, y establecía que a partir de entonces la mayoría sería alcanzada con cuatro firmas. Lo mismo sucedería cuando quedaran seis jueces y, cuando en el futuro fueran cinco, la mayoría sería suficiente con tres votos.

Quién te ha visto y quién te ve

Durante la primera década de su trayectoria en la política grande, el periodismo estaba acostumbrado a contar con Cristina Kirchner como fuente de información. Contrariamente a lo que sucedió con los Kirchner en el poder, ella siempre acudía a las invitaciones para participar en los programas periodísticos, o cualquier requerimiento de entrevistas. Con su esposo en la presidencia, bajó su perfil. Pero para la presentación de su proyecto para reducir la Corte, convocó a un grupo de periodistas a su despacho, a quienes se los detalló y les entregó el texto antes de depositarlo en Mesa de Entrada. Eso sí, fue selectiva: solo convocó a cuatro representantes de medios: los editorialistas de los grandes diarios, y no a los periodistas parlamentarios.

Esa iniciativa mostraba un rasgo del kirchnerismo inicial, aquel que ante situaciones adversas acostumbraba a dar golpes de efecto que resultaran inobjetables para propios y extraños. Recordemos en qué contexto se daba: el entonces gobernador de Misiones, Carlos Rovira, acababa de fracasar en el intento de reelección al ser derrotado por el obispo Joaquín Piña, y con ello todos los proyectos reeleccionistas se derrumbaron como un castillo de naipes. Atento al humor social que el efecto Misiones había generado, Néstor Kirchner no redobló la apuesta, sino que ordenó arriar todas las reelecciones en marcha. Eduardo Fellner en Jujuy y Felipe Solá en Buenos Aires debieron cambiar sus gobernaciones por bancas de diputados. El primero terminó presidiendo la Cámara, postergando al segundo, que poco tiempo después se alejaría del kirchnerismo.

La iniciativa K buscaba desplazar de la atención pública el tema de las reelecciones, retomando el camino de la búsqueda de una mejor institucionalidad.

Predicando con el ejemplo, Néstor Kirchner daba señales de dejar de lado su propia reelección para la cual estaba habilitado, y comenzaba a tomar vuelo la posible candidatura presidencial de su esposa. La presentación de un proyecto auspiciando la reducción de la Corte contribuía a elevar el perfil de ella. Recordemos que el primer proyecto que CFK presentó tras asumir como senadora por la provincia de Buenos Aires fue el que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura.

Otras iniciativas de fuerte importancia impulsadas por CFK fueron la que formalizaba el control de los DNU y la reglamentación del juicio por jurados, una asignatura pendiente de la Constitución, que pese a la firma de Cristina no fue puesta en práctica y en la actualidad vuelve a estar en carpeta.

Al defender en el recinto su iniciativa para reducir la Corte, la entonces primera dama sostuvo que con ello se cerraba un ciclo “sobre cómo se deben manejar las instituciones”. En su discurso en el recinto del Senado hizo un repaso histórico sobre los cambios en la Corte, destacó las medidas tomadas por el gobierno de su esposo para designar a sus integrantes y criticó a los sectores de la oposición que lo acusaban de “populistas” y a su juicio hablaban con “hipocresía sobre calidad institucional”.

Asimismo contó que el Gobierno había decidido iniciar su ofensiva contra los jueces de la denominada “mayoría automática” de la Corte luego de recibir “una amenaza de dolarizar” la economía si no se les otorgaban “cosas” a cambio. Así fue que en medio del debate en el Senado del proyecto para reducir el Alto Tribunal, la primera dama dijo que apenas diez días después de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia “un excolaborador había recibido de su contacto en la Corte, (el juez Adolfo) Vázquez”, la “amenaza de dolarizar” la economía a través de un fallo, y que “a cambio” de no hacerlo pedían “cosas” que no precisó.

“Creo que, con este volver a cinco miembros de la Corte se cierra un ciclo, para este Gobierno y para los que vengan, sobre cómo se deben manejar las instituciones”, sostuvo la entonces legisladora, quien tuvo a su cargo los discursos inicial y de cierre en el debate de la sesión que aprobó el proyecto.

La iniciativa fue sancionada por 57 votos a favor y las abstenciones de los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso.

Por ese entonces la Corte Suprema estaba integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Enrique Petracchi. En 2014 quedaron vacantes por fallecimiento los cargos de Argibay y Petracchi, y por jubilación el de Zaffaroni. Fayt se jubiló en noviembre de 2015,  

Mauricio Macridesignó en 2016 a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti, quedando el Alto Tribunal con la conformación de cinco actual.

Un número exiguo para algunos, suficiente para muchos. Inconveniente de alterar en esta coyuntura, según coincide la mayoría. Porque en rigor de verdad hay quienes consideran desde la oposición que la Corte Suprema debería ser ampliada. Miguel Angel Pichetto, por ejemplo.

En 2016, cuando la Cámara alta dio su aval a los candidatos propuestos por Macri para el Alto Tribunal, el entonces presidente del bloque PJ-FpV dejó abierta la puerta a una reforma de la Corte, porque una de cinco miembros “ya no se ajusta a la realidad político-institucional de Argentina”.

En rigor, la posibilidad de ampliar el Alto Tribunal sonó fuerte promediando el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero esa posibilidad nunca pudo prosperar, aunque la expresidenta se quedó con las ganas.

Como quedó claro cuando en 2016, ya fuera del poder, volvió a Buenos Aires por los requerimientos judiciales que comenzaron a asecharla. El 21 de abril de ese año, convocó a los senadores nacionales al Instituto Patria. Oscar Parrilli y las senadoras camporistas se ocuparon de cursar las invitaciones, omitiendo deliberadamente invitar a Miguel Pichetto. Asistieron a ese encuentro los senadores Juan Manuel Abal Medina, María Laura Leguizamón, Ana Almirón, Inés Blas, María Inés Pilatti Vergara, Nancy González, Mario Pais, Sigrid Kunath, Liliana Fellner, Hilda Aguirre, Teresita Luna, Anabel Fernández Sagasti, Sandra Giménez, Juan Manuel Irrazábal, Marcelo Fuentes, María de los Angeles Sacnun, Marina Riofrío, Ruperto Godoy, Silvina García Larraburu, Daniel Pérsico, Carlos “Camau” Espínola y las santacruceñas María Ester Labado y Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner y la primera en llegar. Desde la cabecera de la mesa, flanqueada por los senadores Fuentes e Irrazábal, Cristina criticó en ese encuentro puntualmente la designación en comisión de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar la Corte, refiriéndose a eso como “un pecado de origen” del Gobierno de Macri. Y esa charla devino entonces en la necesidad de ampliar la cantidad de miembros del Máximo Tribunal, cosa en la que coincidió Cristina. La expresidenta hizo allí su primera autocrítica: por haber impulsado en 2006 la reducción del número de integrantes del tribunal de 9 a 5. Debió haber hecho lo contrario, dijo, y sugirió la idea de dividir a la Corte en salas especializadas, tal cual la había convencido Zaffaroni.

Habrá que ver si, como todo indica, el consejo asesor termina recomendando su ampliación. Ello puede hacerse a través de una ley aprobada por mayoría simple que retrotraiga lo dispuesto en 2006 a instancias del propio kirchnerismo. Y en ese caso, la oposición ya ha hecho saber que si el Gobierno de Alberto Fernández decide avanzar en ese sentido, no le dará los dos tercios para ninguna designación. Sea quien sea.