La vigésimocuarta reunión de la Comisión de Juicio Político prevista para este miércoles no contó con testigos, pues todos los convocados anunciaron que no podían concurrir esta vez, aunque mostraron disposición para hacerlo en otra oportunidad. Así, por segunda vez desde que se convoca a testigos, la agenda prevista quedó desierta en esa materia.

En el inicio de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, anunció la ausencia de todos los testigos, aunque se refirió puntualmente a tres, cuando en realidad este martes se había sumado a otro testigo convocado.

De acuerdo con lo informado, el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, no concurrió este miércoles debido al paro judicial. Gustavo Francisco Tita tampoco lo hizo, pero mandó un escrito justificando su ausencia; en tanto que Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Ricardo Lorenzetti, llamó por teléfono para avisar que no podía asistir, aunque se aclaró que ya había concurrido en dos oportunidades.

Nada se dijo del cuarto testigo, Adrián Walter Miretti, quien había sido sumado el martes al listado por la Coalición Cívica, ya que en esta oportunidad la reunión iba a estar dedicada a analizar la causal sobre “abuso de poder” del juez Ricardo Lorenzetti, para quien el partido fundado por Elisa Carrió pidió varias veces el juicio político.

Los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto se encargaron de explicar las razones por las cuales habían convocado a los testigos ausentes y pusieron en duda la posibilidad de que se los fuera a citar nuevamente. En el caso de Adrián Walter Miretti, se trata del abogado de una mutual llamada PyME Rural, y a la Coalición Cívica le llamó la atención que entre 2016 y 2017 cambiaban cheques de distintos clubes de la AFA. En la causa Fútbol para Todos esa mutual apareció también cambiando cheques. Ricardo Lorenzetti y familiares suyos eran socios de esa mutual, contó Juan Manuel López, que precisó que “todos se habían asociado el mismo día” a la misma.

“Es raro que esta mutual cambie cheques y realice actividades financieras en general encubiertas. Para nosotros fue muy sospechoso. La causa abierta la tuvo la jueza María Servini, a quien finalmente le quitaron el expediente y nunca más supimos de PyME Rural”, detalló López.

Tita fue socio de Lorenzetti, contó luego Paula Oliveto, quien agregó que en su momento afirmó que “el titular de la Corte lucra en el negocio de la salud, a través de su hijo, Pablo, miembro del Poder Judicial”.

A Marchi la CC-ARI siempre le apuntó por su relación con Lorenzetti. “No quiere venir a dar la cara frente a las preguntas incómodas de nosotros”, sostuvo López.

En el marco de un homenaje a la dirigencia sindical celebrado a 40 años del retorno de la democracia, fueron distinguidos en la Cámara alta Hugo Moyano, Hugo Yasky y Julio Piumato, entre otros sindicalistas.

El evento, encabezado por la senadora riojana María Clara del Valle Vega (Hay Futuro Argentina), tuvo lugar en la tarde de este martes, en el Salón Azul del Senado.

"Pensamos en reunir a los principales referentes del sindicalismo y, hoy, este sueño se está concretando porque creemos importante destacar, visibilizar y recordar de dónde venimos y quienes pusieron el pecho en los momentos más difíciles de nuestro país", expresó Vega al inaugurar el evento.

El objetivo del homenaje fue resaltar el valor clave del sindicalismo en el fortalecimiento del sistema democrático a través del reconocimiento a distintos líderes sindicales protagonistas de los últimos 40 años.

Los homenajeados fueron Hugo Moyano, exsecretario general de la CGT y actual secretario general del Sindicato de Conductores de Camiones, y Noé Ruiz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la CGT.

También recibieron su distinción el diputado Hugo Yasky (Frente de Todos), secretario general de la CTA y exsecretario general de la CTERA; Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT y secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación; Oraldo Norvel Britos, dirigente ferroviario y de la resistencia peronista, diputado y senador nacional MC y Lorenzo Pepe, dirigente ferroviario, diputado Nacional MC y militante de la resistencia peronista.

Formaron parte del homenaje los representantes de los trabajadores del Congreso de la Nación, Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Claudio Britos, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Martín Roig, secretario general de la Unión Personal Civil de La Nación (UPCN), entre otras autoridades sindicales.

Además, fueron recordados los fallecidos e "íconos de los trabajadores", Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT entre 1986 y 1990; y Gerónimo “Momo” Venegas, ex secretario general de UATRE y ex titular de las 62 Organizaciones Peronistas.

En una extensa participación ante un plenario de comisiones del Senado, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, reclamó que los trabajadores del sector no hayan sido consultados para el proyecto de reforma judicial.

"Esperábamos que el presidente cumpliera con su palabra, y la ministra de Justicia (Marcela Losardo) también, cuando estuvo en la CGT y dijeron que los trabajadores iban a ser consultados", comenzó el sindicalista.

En ese sentido, recordó que le planteó a Losardo "lo importante de que una vez por todas encaráramos en Argentina una reforma judicial integral, que sí es necesaria, donde generemos un plan estratégico partiendo desde donde estamos y mirando a la justicia no que quieren algunos dirigentes, sean políticos o sindicales, sino la justicia que está necesitando el conjunto del pueblo argentino".

"Desde la vuelta de la democracia todas las reformas que se han hecho no han ido en el sentido que se quiso. Desgraciadamente la justicia se ha ido deteriorando", lamentó y consideró que en un "plan estratégico" debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, "el perfil del juez, qué tipo de juez, cuáles son los parámetros que debe tener".

Respecto al estado del Poder Judicial, Piumato enfatizó: "¡Estamos en una situación de emergencia judicial, los edificios se caen en todo el país!". También advirtió que el sistema informático está "colapsado", al igual que juzgados y tribunales.

"Es un error encarar una reforma que tiene que ver con una intención específica del gobierno del turno", lanzó, aunque al momento de las preguntas, cuando el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, le pidió que amplíe esa afirmación, el gremialista no ahondó sobre su opinión.

Por otra parte, el titular de UEJN cuestionó la "inoportunidad" para debatir esta propuesta. "Estamos en pandemia, en ninguna nación del mundo en los Parlamentos están discutiendo reformas judiciales", dijo y resaltó que "hoy las prioridades son otras" y "hay que discutir las necesidades imperiosas que tiene nuestro pueblo".

El sindicalista subrayó que "hoy la justicia necesita elementos técnicos, tendría que tener una policía federal, si queremos avanzar en la investigación del crimen organizado".

Sobre la iniciativa, afirmó que la unificación de los fueros Contencioso Administrativo y Civil y Comercial "no está clara y ni se fundamenta por qué". "Tampoco se justifica que se hable del traspaso, no tiene nada que ver con la justicia federal", agregó.

Y cargó: "Es entregarle la justicia penal a un sistema que es absolutamente clienteril, porque el sistema de designación y remoción de jueces en la Ciudad (de Buenos Aires) es el Gobierno (porteño) directamente, que por mayoría designa y echa jueces".

"Lo sano, por la necesidad de tener una reforma judicial que todos estamos de acuerdo, como decía Alberto Olmedo, es que si lo vamos a hacer, hagámoslo en serio", expresó.

Por eso, pidió que se convoquen a "abogados, magistrados, fiscales, defensores, a los representantes de los trabajadores, al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema, con la participación de los otros poderes del Estado y discutir, no en 10 minutos, sino acabadamente, un plan estratégico que nos permita, en función de la voluntad política y la voluntad de inversión, decirle a nuestra población que en tres, cuatro o cinco años la Argentina va a tener el Poder Judicial que se merecen todos sus ciudadanos".

Por Carolina Ramos

“Gracias, compañero”. El mensaje de Whatsapp fue enviado por el titular del gremio de los trabajadores judiciales (UEJN), Julio Piumato, al presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto, luego de que el oficialismo concediera un cambio clave en el proyecto de regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos.

Luego de que el proyecto fuera aprobado en general, con 128 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, José Luis Ramón, el diputado que fue una de las claves para el quórum, pidió incorporar una modificación en línea con un proyecto de ley que presentó días atrás en tándem con Piumato.

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo pidió modificar el artículo primero del proyecto para que jefes de despacho y prosecretarios administrativos queden comprendidos en el régimen jubilatorio especial al que están acogidos los jueces, en el marco de la Ley 24.018. En la redacción original, estos funcionarios habían sido excluidos por el Poder Ejecutivo, por lo que Ramón solicitó reincorporarlos.

La oficialista Vanesa Siley, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, adhirió al pedido de Ramón, que fue aceptado por Casaretto.

“Celebro y agradezco al bloque que escuchó la demanda de los trabajadores. En un momento de crisis se respetó la carrera judicial”, destacó Siley, al pedir “que no sean los de abajo los que tengan que pagar la crisis que heredamos del macrismo”.

Uno de los expositores en el plenario que analizó la modificación de los regímenes jubilatorios de privilegio fue el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, quien aclaró de entrada que “para nosotros un régimen especial como este no es un privilegio”.

“Como somos trabajadores, y somos peronistas -con el perdón de aquellos que no tienen el mismo pensamiento político-, quiero decirles que, como Perón, siempre creímos en la ampliación de derechos, nunca en la reducción. No es peronista concebir reducir derechos; por eso nosotros reclamamos ampliar los derechos”, sostuvo.

Piumato dijo creer que “el sistema jubilatorio de la Justicia y ninguno de los 37 sistemas diferenciados o especiales tienen como objetivo la explotación o la opresión. Al contrario, nosotros aspiramos a que todos los trabajadores, no solo los del Estado, retomen la posibilidad del 82% móvil. Es una bandera de los trabajadores que no vamos a claudicar ni los judiciales, ni ninguno de los trabajadores argentinos”.

Agregó que el régimen de la Justicia es especial “porque responde a las condiciones que tenemos en ese poder del Estado: nosotros desde que entramos al Poder Judicial, desde la última categoría no puede tener otra actividad lucrativa; solamente la docencia y con permiso”. Y agregó que “tenemos un sistema que hasta el último empleado está a disposición permanente del sistema de justicia”, además de aportar un 1% más al sistema.

“Yo entiendo en el proyecto del Gobierno la necesidad de la sustentabilidad -continuó-. Está clara la crisis que vive el sistema, pero acá nadie pretende que el carácter especial que tiene el sistema jubilatorio perjudique a los jubilados que no tienen un sistema especial, hasta que lo puedan tener”.

El titular de la UEJN sostuvo que el carácter solidario del sistema jubilatorio “no es para que la plata de lo jubilados se use para cualquier cosa”, y en ese sentido puntualizó que “si hay situaciones que pasaron en el país, que afectaron a sectores que son rescatados por el Estado, como son aquellos que quedaron sin trabajo, que no pudieron tener los años de aporte, todos los que entraron en la moratoria jubilatoria, que fue un acto justo de gobierno… lo que no es justo es que lo paguen los jubilados que aportaron toda la vida”.

“El Estado se tiene que hacer cargo de eso”, remarcó, afirmando que “fueron políticas económicas por las que el Estado tiene que ser responsable, aun cuando cambie el color político del Gobierno”. Y agregó que “no somos responsables los regímenes especiales de la situación que vive el resto de los trabajadores, que merecen por lo que aportaron tener una jubilación digna”.

Luego Piumato recordó que hace 10 años su gremio presentó en el Congreso el reclamo del 82% móvil. En esa oportunidad, en 2009, calcularon con la ANSeS que con un  14% de aporte se podía financiar sustentar la extensión del 82% móvil a todo el resto de los agentes del Poder Judicial. Agregó que en 2016 “volvimos a hacer un estudio y ahí nos dio que era un 15% que hacía sustentable y superavitario si todos aportaban”.

Piumato detalló que los beneficiarios del Poder Judicial de la Nación son actualmente 3.800. “Si aportaran todos los agentes judiciales, serían 30.500 solamente de la Justicia Federal y de los ministerios públicos”, detalló, agregando que como el ingreso al Poder Judicial se produce entre los 18 y 25 años, “ese 4% más del aporte originario lo harían durante 40 o 45 años, por lo menos. Sería una masa que no solo le daría sustentabilidad al régimen, sino que sería superavitario”.

Esa iniciativa fue presentada ahora a través de un proyecto del diputado José Luis Ramón, destacó.