El diputado nacional Carlos Heller (Frente de Todos) se refirió a las críticas de la oposición sobre la decisión del Gobierno de intervenir y, posteriormente, expropiar la empresa Vicentin y lanzó: “No hay que dejarse correr por todas esas fantochadas de querer meterle miedo a la clase media o decir que Alberto Fernández se propone nacionalizar los kioskos y los restaurantes”.

El titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja cuestionó a los dirigentes de Juntos por el Cambio, al sostener que “estos muchachos son responsables de que el Banco Nación le haya prestado 18.500 millones de pesos sin garantía a Vicentin. Eso es una señal trágica”.

El legislador enfatizó que el hecho de “que el Estado se haga cargo de una empresa privada no es ni mucho menos que la Argentina se convierte en un país socialista”.

“Les quiero decir a los generadores de pánico que el Estado de bienestar, el capitalismo de bienestar, en todos los países donde se ha desarrollado con éxito lo ha hecho sobre la base de un fuerte sector público en áreas estratégicas”, señaló.

En declaraciones a radio La 990, Heller sostuvo que “se trata de un caso puntual” que tiene que ver con “una empresa concursada, paralizada, con gente suspendida que no cobra, con acreedores que no cobran y con una capacidad potencial de seguir siendo una empresa líder en el sector agroexportador, con todo lo que eso puede representar si es bien gestionada como testigo en el funcionamiento del sector, tanto en la fijación de precios internos como en los precios externos”.

“Desde luego que hay que gestionarla bien, tener una administración eficiente, defender los intereses como corresponde, poner gente competente”, agregó y, en ese sentido, destacó “el primer paso inobjetable” de haber colocado como interventor a Gabriel Delgado.

Sobre el debate en el Congreso, el oficialista pronosticó que “tendrá sus complejidades” y completó: “Tenemos un desafío de construir la mayoría (en la Cámara de Diputados) para asegurar el tratamiento correcto del proyecto y darle el apoyo al Ejecutivo”.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron este martes una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández y todo su Gabinete por el supuesto delito de abuso de autoridad a través del DNU 522/20, que dispuso la intervención de la empresa Vicentín.

La denuncia fue firmada por los legisladores Federico Angelini, Waldo Wolff, Gisela Scaglia, Pablo Torello, Álvaro De Lamadrid, Luis Petri, Marcela Campagnoli, Jorge Enriquez, José Nuñez, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Dina Rezinovsky, Lucila Leheman, Fernando Iglesias, Lidia Ascárate y Mónica Frade.

Los diputados de @juntoscambioar denunciamos penalmente a @alferdez por abuso de autoridad y por violar la Constitución. No vamos a dejar que vuelva el #VAMOSPORTODO. Vamos a defender la República por sobre todas las cosas. pic.twitter.com/03ZSiscOBD

— Fede Angelini (@fangelini) June 9, 2020

Los diputados de la oposición sostuvieron que “conforme la Constitución Nacional y la Ley de Quiebras 24.522, el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas”.

Los denunciantes invocaron el artículo 17 de la Carta Magna, que indica que “la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”.

Asimismo, “el texto constitucional prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de persona o gobierno alguno”.

“En consecuencia, si el Congreso no puede otorgar esas facultades, obviamente no puede atribuírselas el Poder Ejecutivo por un Decreto de Necesidad y Urgencia, dado que no puede ir más allá de las atribuciones del Poder Legislativo y se estaría otorgando directamente las facultades prohibidas”, consideraron.

Por otra parte, “el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso Nacional dictar los códigos de fondo y la ley de bancarrotas -quiebras-, de manera que no puede modificarse el procedimiento pertinente por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, aún dentro de los denominados de Necesidad y Urgencia”.

Los diputados advirtieron además que “no existen circunstancias que, en los términos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, justifiquen la intromisión del Poder Ejecutivo en un procedimiento concursal, más que como parte, si tuviera un interés legítimo”.

Otro de los aspectos señalados es que “el Poder Ejecutivo tiene vedada toda posibilidad de intervención en el proceso de saneamiento o liquidación de la empresa, que está en manos del juez del concurso. El tribunal del concurso debe velar por los derechos de los acreedores y el patrimonio de la empresa, de modo que una decisión política de intervenirla, al margen de las decisiones del juez, además de violar el límite establecido en el artículo 109 de la Constitución Nacional, viola el debido proceso legal”.

Finalmente, apuntaron que “la decisión del Poder Ejecutivo Nacional viola el sistema republicano de gobierno” porque “invade potestades propias de la competencia judicial de la provincia de Santa Fe, donde está radicado el proceso concursal”.

Habían pasado casi dos horas en las que se debatió sobre el convenio de la OIT contra la violencia y el acoso en el ámbito laboral, un tema por el cual todos los bloques se expresaron a favor, pero la reunión plenaria de las comisiones de Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social del Senado terminó con una fuerte discusión entre oficialistas y opositores.

Todo comenzó después de la intervención del jefe del Frente de Todos, José Mayans, quien fue el último orador durante el debate y envió un mensaje a la oposición de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, que la semana pasada bloquearon el tratamiento de dos proyectos durante la sesión virtual.

“Nosotros como bloque creemos que este es un tema de tratamiento urgente”, sostuvo en referencia al proyecto, que no se enmarca dentro de la agenda vinculada a la pandemia por coronavirus. “Lo importante acá para el tratamiento es el despacho de las comisiones”, continuó.

El formoseño señaló que “no sabemos el tiempo en que va a durar esta emergencia” y enfatizó: “Insisto en que nosotros no tenemos que autolimitarnos, porque al principio la preocupación de muchos era que el Parlamento no funcionaba, y ahora parece ser que el problema son los temas que tenemos que tratar. Y eso está decidido por la mayoría, porque esto funciona con mayorías y minorías”.

“Lo vamos a tratar ni bien tenga la antigüedad correspondiente”, reiteró y le pidió entonces a Jorge Taiana, el presidente de la Comisión de RR.EE., que pase a leer “el listado para la votación nominal”. Cuando Taiana se disponía a nombrar uno por uno a los senadores para que expresen su voto, el radical Martín Lousteau abrió su micrófono para “decir algo sobre las palabras del senador Mayans”.

“Senador, yo le ofrecí la palabra y usted me dijo que se había bajado en aras de la brevedad, lo cual yo le agradecí”, le recordó el oficialista. “Sí, pero el senador Mayans acaba de introducir algo que no es lo que los senadores de su bloque anteriormente dijeron”, la siguió el opositor.

Entonces, Taiana defendió que había habido un largo debate donde se escucharon a “todas las voces”. “¡No podemos hacer esto! No podemos hacer que haya un cierre de Mayans en cada una de las reuniones, que diga lo que quiera y no se le pueda contestar”, saltó el macrista Esteban Bullrich, a lo que desató una discusión donde todas las voces se superponían.

Cuando pudo decir algo, la neuquina Lucila Crexell remarcó que “hay algo que es preocupante y es que se utilice la metodología de las sesiones en las comisiones. Justamente las comisiones son para poder debatir los temas y no para hacer discursos de posiciones que después sí se deben hacer en el recinto”.

“No entiendo esta vocación por querer crear un conflicto, cuando el conflicto no existe”, afirmó Taiana mientras continuaba la pelea virtual entre unos y otros. Levantó el tono entonces otra vez Lousteau y cuestionó: “¡Esta es una demostración más de que la virtualidad no puede reemplazar lo presencial por completo! Entonces como todo funciona con la virtualidad con buena voluntad, cuando se rompe esa buena voluntad, es muy difícil”.

Quiso poner paños fríos el radical Julio Cobos que, calmo, expresó: “Estamos perdiendo tiempo en algo que a lo mejor ya hubiera quedado saldado. Permita, José (Mayans), permita que hable Martín (Lousteau)…”. Pero fue interrumpido nuevamente por todos los comentarios que se escuchaban.

“No vamos a tener despacho de comisión entonces, que me parece que es lo que están buscando ustedes”, echó leña al fuego Mayans, a lo que respondió, entre otros, la macrista Gladys González: “¡Pero qué empeño José de no dejar hablar a Martín, que exprese lo que quiera expresar y listo, se acaba el asunto”.

Crexell volvió sobre el asunto de la metodología del cierre de Mayans en cada reunión de comisión, a lo que el presidente del bloque oficialista le contestó: “Ahora la senadora Crexell interrumpe porque no quiere la votación del proyecto”. “¡No, no me chicanee senador Mayans! No me venga a correr por ahí”, le devolvió la legisladora.

Finalmente, Taiana logró el silencio de todos y pasó a nombrar uno por uno los integrantes de su comisión para votar a favor o en contra del dictamen. “Estamos en contra de como se está trabajando en esta comisión. Cuando lo manden lo firmaremos”, argumentó Lousteau.

En tanto, Bullrich dijo: “Presidente no vamos a votar, no por oposición, sino porque nos levantamos de la reunión”.

“Como la razón más fuerte que expresa el presidente del bloque oficialista es la imposición de la mayoría, no vamos a aceptar esa imposición. Yo ya he expresado mi vocación favorable a que este proyecto tenga dictamen pero sea tratado cuando corresponda”, justificó Romero.

El salteño agregó que “el temor que tenemos con el oficialismo es que con el cuento de la pandemia van a modificar el número de la Corte, van con la reforma judicial y son capaces hasta de derogar…”, cuestionaba al ser interrumpido. “¡Me retiro de la reunión!”, exclamó y se desconectó. Picante, la oficialista Nancy González, tiró: “Gracias senador Romero que se retira, gracias”.

Aunque fue una de las senadoras de JxC que sí votó afirmativamente, la macrista Gladys González pidió: “Déjense de embromar. José, en serio, trabajemos… todos pueden hablar, todos pueden expresarse, en las comisiones siempre hubo eso, más en un proyecto que es bueno”. “Me cansa, me desilusiona, me harta, realmente me harta”, aseguró, sobre la situación.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FdT) aseguró que la intervención y expropiación de la empresa Vicentin afectará “a la gente en lo cotidiano” en relación a que “los alimentos empiecen a valer lo que valen por producto del trabajo y no por especulación financiera de algunos”.

“Es una decisión histórica y crucial para lo que viene en la nueva normalidad en la Argentina”, sostuvo tras el anuncio junto al presidente Alberto Fernández y consideró se comenzó “un camino para que el Estado cuide el bolsillo de los argentinos”.

En declaraciones a Radio 10, la mendocina resaltó: “Estamos rescatando una empresa que entró en cesación de pagos en diciembre del año pasado, luego en concurso preventivo y hay pedidos de quiebra”.

“Había grupos cerealeros internacionales que querían quedarse con la compañía por un vuelto, pero Vicentin es una empresa que es crucial para la estrategia económica y agroalimentaria de la Argentina”, señaló.

En ese sentido, Sagasti subrayó que la agroexportadora tiene “el 9% del mercado” y, por eso, “Vicentin en manos de la unidad de negocios de YPF Agro nos va a permitir desarrollar un nuevo proyecto agroalimentario y es un gran desafío para el Estado argentino”.

En el caso de que la empresa hubiese pasado a manos de grupos internacionales, la legisladora estimó que “lo que iba a suceder, además de que nunca le iban a pagar ni al Estado, ni los productores ni a los empleados todo lo que se debe, es que se conformaría una mayor concentración del mercado de lo que tenemos ahora”.

Sobre la postura de la oposición, la senadora K dijo que leyó el comunicado de Juntos por el Cambio y “pareciera que no” acompañarán la iniciativa.

“Estamos teniendo una oposición en el Senado bastante irracional, que está poniendo primero la confrontación o la posibilidad de salir por un canal de televisión antes que los intereses de los argentinos, como pasó en el caso de la ley de alquileres”, lanzó.

Además, recordó que el préstamo del Banco Nación a Vicentin “fue un acto de su gobierno”. “Los 18.600 millones de pesos que se le dio a Vicentin sin ninguna garantía se terminaron de dar después de que (Mauricio) Macri perdiera las PASO, y la cesación de pago fue en diciembre de 2019. Por eso van a tener que explicar varias cosas”, advirtió.

En un comunicado firmado por sus autoridades, Juntos por el Cambio alertó que la intervención del Grupo Vicentín, anunciada este lunes por el Gobierno Nacional, “es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone) y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista”.

“En síntesis, es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia”, advirtió la alianza opositora.

El texto fue firmado por los titulares de la UCR, Alfredo Cornejo; del Pro, Patricia Bullrich; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, además de los diputados Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (Pro), y los senadores Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (Pro), además de Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal.

A continuación, las cinco observaciones de Juntos por el Cambio:

1. El anuncio es ilegal y pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial. El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de “intervención estatal de empresas”, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución. Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentín, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa.

2. Es el primer paso para romper el mercado de granos. Con la excusa de la “soberanía alimentaria”, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentín puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país. Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista.

3. Usa un modelo que ya fracasó y que nos costó carísimo. El kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas. Con Vicentín va a pasar lo mismo. Es una empresa que tenía problemas y deudas cuya responsabilidad era de sus accionistas. Ahora esos problemas y esas deudas son de todos los argentinos.

4. Empresas en problemas por la cuarentena corren el mismo riesgo. Si la excusa para expropiar Vicentín es que estaba en problemas, ¿qué seguridad tienen las miles de empresas argentinas hoy al borde de la supervivencia por las restricciones impuestas durante el aislamiento social obligatorio? Después de lo de hoy, cualquier empresa tiene razones para sospechar que cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra en el futuro cercano.

5. Lo que nos venían adelantando  algunas “mentes avezadas” kirchneristas hoy es una realidad  y verdad. El anuncio de hoy muestra una clara intención de avanzar con la participación estatal en empresas, a pesar de haber sido desmentida por el presidente Fernández en Formosa. Hoy nadie dijo el famoso “¡exprópiese!” chavista, pero la oposición y la ciudadanía debemos  estar en pie de alerta.

No tardaron los legisladores de la oposición en pronunciarse contra la intervención de la empresas Vicentín anunciada este lunes por el Poder Ejecutivo. Prestamente inundaron las redes sociales con cuestionamientos a la medida.

Desde el radicalismo, el diputado Alvaro de Lamadrid señaló que “los activos irán a un fondo fiduciario a cargo de YPF Agro (Cristina).Vamos a Santa Cruz, la Venezuela le que da apariencia de validez legal a los atropellos que Chávez y Maduro realizaron salvajemente”.

El mendocino Luis Petri consideró la expropiacion de Vicentin como “un muy mal mensaje que da el Gobierno, una pésima salida en términos de confianza para generar inversión en un momento en que la economía necesita certezas, el Gobierno gira a la Venezuela”. Y agregó: “Ya podemos identificar un patrón de conducta común entre el nuevo y viejo Gobierno K, cuando se quieren mandar una que no está escrita en la Constitución o la viola directamente, seguro invocan la SOBERANIA para algo, no puede faltar, blanquea y justifica todo!”.

Desde la Coalición Cívica, la diputada santafesina Lucila Lehmann tuiteó: “Una empresa que se presentó en concurso hace apenas 4 meses, el gobierno decide expropiarla. Tenía un largo trámite concursal por delante y estaba continuando con su operatoria comercial. ¿Qué es lo que motiva esta decisión? ¿Los 4 mil puestos de trabajo directos e indirectos?”.

“Ya sabemos la historia de las expropiaciones kirchneristas: YPF que pagamos varias veces lo que vale y aun tenemos un litigio que nos costará muchisimos millones más. Ciccone, que no hace falta siquiera mencionar nada y ahora, ésto. No hay motivos para apoyar estas decisiones”, concluyó Lehmann.

El diputado Gustavo Menna consideró que “no se puede intervenir una empresa privada, ni por decreto ni por ley. El derecho de asociarse está protegido por la Constitución y los tratados internacionales”. Y agregó: “La intervención de una sociedad solo puede ser dispuesta por un juez. Lo dice claramente el art. 113 de la Ley de Sociedades. El Presidente no tiene atribuciones para remover a un directorio elegido por los socios de una empresa privada”.

No se puede intervenir una empresa privada, ni por decreto ni por ley. El derecho de asociarse está protegido por la Constitución y los tratados internacionales. #VICENTIN (sigue)

— Gustavo Menna (@gustamenna) June 8, 2020

La diputada provincial Alejandra Lordén, vicepresidenta del radicalismo, posteó una información titulada con una frase expresada por Alberto Fernández durante al conferencia de prensa de este lunes: “La oposición va a tener oportunidad de compararnos con Venezuela o con el infierno”. Y ella repuso: “El Presidente, solito, nos puso en la misma línea que Venezuela. Nadie lo apuró. A confesión de partes…”.

El Presidente, solito, nos puso en la misma línea que Venezuela. Nadie lo apuró. A confesión de partes…https://t.co/fPoscQY99M pic.twitter.com/B628IVfLgU

— Alejandra Lordén (@AleLorden) June 8, 2020

La diputada mendocina Claudia Najul comentó por su parte que “cada vez que el peronismo intervino algo, desde los trenes hace 70 años a YPF hace poco tiempo, los que pierden son los argentinos, los que ganan son los amigos del poder y los gobernantes que en nombre del progresismo hacen un show para la tribuna”.

Desde el Pro, Facundo Garreton señaló: “Estatizar una empresa como Vicentin no es el camino. Había varios interesados en comprar la empresa. El Estado Argentino no puede hacerse cargo de las millonarias deudas que ahora pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos”.

A su vez, el radical cordobés Diego Mestre hizo esta comparación: “Cualquier parecido a Venezuela NO es una coincidencia. Cuánto nos costará a los argentinos esta mala decisión? Hay que generar la confianza necesaria para que se invierta en el país, se active la economía y se creen nuevos puestos de trabajo”, mientras que la diputada Lidia Ascárate señaló: “Se pone en peligro la República cuando el Estado cuenta, por un lado, con las herramientas para impactar directa e indirectamente en el contexto donde se desempeña una firma, y por el otro actua como expropiante de las empresas rescatadas. #EXPROPIESE #Vicentin”.

A su vez, Mariana Zuvic advirtió: “Volvieron por todo. El gobierno expropia VICENTÍN. Intervendrá el mercado del Agro. Es la radicalización de la Cleptocracia”, mientras que Fernando A. Iglesias comentó: “Dice Alberto Fernández que no nos preocupemos. Que la expropiación de Vicentín la paga con las tasas que se ahorra de las Leliq”.

🚨EXPRÓPIESE🚨
Volvieron por todo.
El gobierno expropia VICENTÍN.
Intervendrá el mercado del Agro.
Es la Radicalización de la Cleptocracia.https://t.co/PjMhl1KRXi

— Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) June 8, 2020

Por su parte, el mendocino Omar De Marchi hizo un juego de palabras: “VICENZUELA. La decisión de expropiar Vicentín es una locura por donde se lo mire. Vamos a Venezuela más rápido de lo esperado. El “EXPRÓPIESE” de Chavez, se empieza a sentir en el país”.

Un aliado del Senado, el salteño Juan Carlos Romero, señaló por su parte que “quedarse con lo ajeno. No es ninguna novedad de un Gobierno K. Ya lo hicieron. Con excusas venezolanas controlaran granos, dolares y exportacion. No volvieron mejores. Volvieron recargados”.

“No veo la necesidad de que el Gobierno se embarque en una aventura comercial que, por otras experiencias, ya sabemos cómo termina”, dijo el diputado nacional Atilio Benedetti, y puso en duda las atribuciones del mandatario para avanzar en una intervención de estas características.

Al respecto, Benedetti sostuvo: “Desconocemos los detalles, pero está claro que el kirchnerismo se embarca -en nombre de la soberanía nacional, o en este caso de la soberanía alimentaria- en una aventura que tiene un riesgo de costos enormes para el bolsillo de los argentinos” y trazó un paralelismo con lo ocurrido con la estatización de YPF, que hoy vale 10 veces menos del monto por el que se pagó.

El bloque provincial de Juntos por el Cambio manifestó su “profunda preocupación por la decisión del ministro de Seguridad, Sergio Berni, de quitar a municipios gobernados por nuestro espacio político parte de la flota de patrulleros en forma discrecional, arbitraria e inconsulta”.

Para la bancada conducida  por Maximiliano Abad, “resulta incomprensible que siendo la inseguridad uno de los problemas que más preocupa a nuestros ciudadanos y siendo los intendentes el primer mostrador de las demandas de los bonaerenses, se haya decidido quitar los patrulleros de los municipios opositores sin un destino declarado”.

El senador nacional Martín Lousteau (UCR) se refirió este viernes a la postura que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal tuvieron durante la última sesión virtual, y enfatizó que fue un mensaje para el Frente de Todos, donde “pensaban que tenían los dos tercios para hacer cualquier cosa”.

El legislador consideró que existe un “aprovechamiento” por parte del oficialismo para “en el marco de las sesiones virtuales, aprobar cosas que ellos pretenden”. “Estamos satisfechos por haber juntado los 29 y haber dado una señal”, expresó.

“La ley de alquileres y de educación a distancia se van a votar la próxima semana. No hay ninguna urgencia”, consideró, sobre los dos temas que fueron bloqueados por su espacio y la bancada que reúne a fuerzas provinciales. Para el radical, “no hay ningún cambio” si ambas normas “se aprueban una semana después”.

Lousteau remarcó que la decisión fue “para que sepan que, en este contexto donde la gente está preocupada por otras cosas, no se pueden imponer los temas y hacer cualquier cosa”.

Consultado en radio Mitre sobre la candidatura de Daniel Rafecas para encabezar la Procuración General de la Nación, cuyo pliego requiere de los dos tercios de los votos -cuestión que resultará difícil para el FdT sin apoyo de la oposición-, el senador dijo: “Las autoridades de JxC ya dijeron que vamos a tener una postura unificada”.

Para el economista, hay en torno al tema del Ministerio Público “otras cuestiones más importantes que el nombre”, en alusión a parámetros institucionales a definir.

Sobre la extensión de la cuarentena

El senador de Juntos por el Cambio se refirió a la extensión de la cuarentena y evaluó que los poderes ejecutivos tendrán que “adelantarse” ante la situación de que “la gente se empieza a hartar”, porque “todo lo que se hace en clandestinidad va a ser peor que lo que se haga público, con toda la información (de cuidado) necesaria”.

En el plano económico, señaló que “se están haciendo malabares para sobrevivir, pero en un momento eso ya no alcanza” y pronosticó que “las empresas van a caer como moscas” y hacia fin de año “vamos a tener una caída del PBI más grande que en 2002 y una pobreza del 42%”.

“A veces subestimamos el impacto de lo que puede llegar a pasar en una sociedad que ya está lastimada, pero sobre todo hace muchos años”, añadió.

La vicepresidenta del Frente de Todos en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que se están buscando “los consensos” en torno a la candidatura de Daniel Rafecas para encabezar la Procuración General de la Nación, pero admitió: “No vemos que en este contexto, o por lo menos en lo inmediato, podamos avanzar con esto”.

“No, no es por los números”, respondió al ser consultada en radio La Red por los dos tercios de los votos que son necesarios para avalar el pliego, que todavía tampoco se trató en la Comisión de Acuerdos, que ella preside. Tras lo sucedido en la sesión virtual de este jueves, la oposición dejó demostrado que, unida, puede frenar esa postulación.

La mendocina aseguró este viernes que el tema no avanzará, en lo pronto, dado que el trabajo remoto es para los temas vinculados a la pandemia.

Sobre el bloqueo de la oposición a las leyes de alquileres y de educación a distancia, la legisladora señaló que “no estaban de acuerdo con que trataramos” el DNU de los “superpoderes” a Santiago Cafiero y dos DNU del expresidente Mauricio Macri -sobre escuchas judiciales-, “por eso decidieron castigar a más de 9 millones de argentinos, dejándolos sin la ley de alquileres”.

“Es inentendible y creo que la oposición se ha equivocado. Necesitábamos más solidaridad en Argentina, pero ellos decidieron pensar en sus propios intereses y trabar esta cuestión”, se quejó la oficialista.

Y agregó: “Sabemos cuál es su relato y los nerviosos que se encuentran, sobre todo los legisladores (de la oposición), los que no tienen la obligación o responsabilidad de gobernar y sacar el país adelante en esta terrible situación de pandemia. Porque si uno lo escucha a (Horacio Rodríguez) Larreta o a (Gerardo) Morales, no tienen esta línea”.

También cuestionó que JxC critique el hecho de revisar la deuda durante el gobierno anterior, al sostener que “el Congreso de la Nación tiene que revisar los actos del gobierno actual y del anterior”. “Claramente los argentinos queremos saber qué pasó con todo el endeudamiento de Macri y por qué se fugó, dónde está la plata. Para eso está la división de poderes”, completó.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff,  denunció en la sesión de este jueves que en el Congreso el oficialismo aplica una “hoja de ruta de la revancha” al tratar dos DNU firmados en la gestión anterior y promover una investigación sobre la fuga de capitales durante el macrismo.

Naidenoff recordó que “el Frente de Todos acompañó la idea de tratar solo proyectos vinculados a la pandemia y la emergencia”, pero “así como la pandemia nos unía, el oficialismo avanzó con una hoja de ruta que nada tiene que ver con los intereses de la sociedad”.

Según el formoseño, “primero montaron un show” en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa “para decir ‘acá están los amigos de Cambiemos que se quedaron con todos los dólares’”.

Sin embargo, habló de un informe del portal El Cohete a la Luna, del periodista Horacio Verbitsky, que muestra que “los grandes amigos se enriquecieron en los doce años de gobierno anterior”, en particular la familia Eskenazi.

No habilitamos el tratamiento ni otorgamos los ⅔ de los votos porque estamos dispuestos a discutir todos los temas que tengan que ver con la emergencia, con la pandemia y sus efectos colaterales conforme a lo acordado por los bloques y la resolución de la presidencia del cuerpo.

— Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) June 4, 2020

Naidenoff también se refirió a la citación a Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad Especial AMIA, a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, “tratando de erigir a este Senado como un tribunal fiscalizador”.

Al expresarse sobre los DNU 256/15 y 102/17, vinculados a las escuchas telefónicas, sostuvo que éstas “no pueden estar en manos del Ministerio Público Fiscal” como era originalmente, ya que “los fiscales acusan y solicitan medidas de prueba, y son los jueces los que ordenan las medidas probatorias”.

“En Argentina se ha implementado el sistema acusatorio, donde el fiscal puede pedir pruebas, como un allanamiento, una escucha o una extracción de sangre compulsiva. No puede el Ministerio Público Fiscal tener bajo su poder semejante herramienta judicial. La Corte es el mejor órgano encargado”, consideró.

Asimismo, el senador cuestionó el decreto de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el 52/19, al señalar que el oficialismo “tiene el número en la Comisión de Acuerdos” para designar en ese ámbito al nuevo titular del organismo.

Naidenoff afirmó que “el tema del espionaje es una deuda institucional que atraviesa a todos los gobiernos, de los ’90 a la fecha”, y agregó que esta actividad se aplicó en forma “grotesca, burda, infame” y que “afectó a todos”, ya que fueron víctimas dirigentes políticos, sindicales, periodistas, empresarios, personalidades de la cultura y hasta el propio papa Francisco.

“Todo esto sirvió para apretar, para extorsionar, para degradar. Este es un agujero negro”, dijo,y si bien indicó que “las denuncias de espionaje se resuelven en la Justicia”, advirtió que “en materia de servicios de Inteligencia, la Justicia argentina no es parte de la solución, sino parte del problema”.

A raíz de todo esto, el titular del interbloque Juntos por el Cambio alertó: “Hay una hoja de ruta de la revancha, pero se olvidan que mientras hablan del pasado, hay enormes problemas en lo cotidiano”.

Y amplió: “La sociedad hoy está mirando otra cosa: los contagios, la pérdida de empleo, las pymes que miran si el Estado va a cubrir o no el otro 75% de los haberes porque están paradas, porque bajaron las persianas por una situación ajena”.

Por último, comparó: “El oficialismo en el Senado se asemeja a la orquesta del Titanic. Mientras el transatlántico se está hundiendo y algunos pasajeros están peleando por sus vidas, la orquesta sigue tocando en la cubierta como si nada pasara”.

El jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, cargó contra el interbloque Juntos por el Cambio luego que sus miembros decidieran abandonar la sesión virtual de este jueves en rechazo a algunos de los puntos del temario y la forma de debatirlos.

Después de haber bloqueado el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley de alquileres y de educación a distancia, con el acompañamiento del Interbloque Federal, el radical Luis Naidenoff -jefe de JxC- fue el único orador de su espacio.

A continuación, la oposición se retiró y pidió entonces la palabra Mayans, quien le consultó al prosecretario parlamentario, Juan Pedro Tunessi, cuántos senadores quedaban conectados. “Hay 42 senadores presentes en este momento y se retiraron de la sesión 29 senadores”, le respondió.

“Nosotros vamos a seguir trabajando, el pueblo argentino nos dio esa responsabilidad”, comenzó Mayans, que cuestionó al gobierno anterior por lo que “hicieron con nuestra economía, nuestra tecnología, nuestros trabajadores, nuestras empresas”. “Esta gente que se retiró, con la independencia económica, fíjense lo que hicieron”, agregó.

El formoseño cargó: “Ahí está la actitud de irresponsabilidad, nos enojamos, somos los chicos caprichosos. ¡Ustedes son minoría absoluta por decisión del pueblo argentino! Esta es la democracia al revés, si no hacemos lo que ellos quieren, se levantan, se van, se retiran y esta es la forma en que protestan. No están dispuestos a trabajar”.

“Nosotros vamos a tratar los temas que creemos que el país necesita, porque para eso somos mayoría”, enfatizó el presidente del bloque oficialista y destacó el trabajo “para, a pesar de las duras circunstancias, mejorar la calidad de vida de los argentinos”.

El senador cuestionó el rechazo a habilitar el proyecto de ley de alquileres cuando hay “nueve millones de personas que están preocupadas en ese proyecto, y por capricho estos señores no nos dieron los dos tercios”.

“Nosotros no podemos autolimitarnos porque una bancada minoritaria decidió de que ellos son los que imponen los temas a tratar”, cerró.

“En construcción”. En esa etapa aseguró estar María Eugenia Vidal, quien comenzó a romper el silencio dentro del escenario virtual que ofrece el aislamiento. Durante un Zoom del que participaron mil personas -entre dirigentes, militantes y vecinos-, la exgobernadora bonaerense arengó a “reconstruir la esperanza” una vez que pase la pandemia y mantener la unidad de Juntos por el Cambio para ampliar el 41% obtenido en las últimas elecciones.

Evitando opinar sobre cómo lleva adelante la cuarentena la gestión de Axel Kicillof, la exmandataria provincial aseguró que no es momento de caer en confrontaciones o “marcar diferencias desde lo sanitario” con el oficialismo, sino que la coalición opositora tiene que “mostrar herramientas concretas” para darle “respuestas” a la gente.

Además, consideró que “para evitar excesos de autoritarismo están nuestros resortes institucionales que, yo creo, los estamos haciendo valer”. “Nuestra voz hoy está siendo todo lo fuerte que puede ser en este contexto”, opinó, al valorar la acción de los intendentes y los legisladores tanto nacionales como provinciales del espacio.

Al hablar este viernes en una videoconferencia organizada por el diputado nacional Waldo Wolff (Pro-Buenos Aires), Vidal destacó que estos son “tiempos muy desafiantes para la política” ya que “son tiempos que plantean enormes dificultades a los argentinos” y “cuando sos dirigente eso duele. Duele e interpela, y es desde ese lugar es que yo miro la cuarentena”.

La exgobernadora explicó que su silencio se debió a haber pasado un año electoral que imponía “una autocrítica”. “No podemos pasar por una elección como la que pasamos sin reflexionar”, señaló y manifestó que entendió que “había que hacer un espacio para el nuevo gobierno provincial y nacional” y mientras “tratar de acompañar a los que están en la trinchera”.

La referente del Pro subrayó que frente al “desafío sanitario, pero también económico y social” no hay que “aceptar falsos dilemas o grietas ficticias” como las de “cuarentena-anticuarentena; economía-salud; ricos-pobres”.

“Nos nos interesa la confrontación, sino lo que se necesita para que la gente esté mejor. La gente necesita respuestas y recuperar la confianza en sus dirigentes. Este es un tiempo de grandeza. Este es justamente el momento donde la gente quiere ver de qué estamos hechos”, expresó.

“En Argentina hay dos espacios”

Aunque instó a no alentar dicotomías o “grietas”, Vidal sentenció: “Somos una de las dos fuerzas que en Argentina puede gobernar o ser la principal oposición; eso ha quedado demostrado a través de las sucesivas elecciones. No hay lugar para una tercera vía, son dos espacios en la Argentina: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio”.

“Se necesita reconstruir una esperanza”, sostuvo la exgobernadora y habló de que, una vez que pase la pandemia, “se vienen tiempos que nos desafian en nuestros valores”. Recordó que JxC “no ganó, pero hizo una elección importante” y, por eso, “tenemos la obligación de representar al 41% de los votos y también tenemos la obligación de ampliar. Y Juntos por el cambio tiene el desafío de la unidad, esa es hoy nuestra principal tarea hacia adentro”.

En ese sentido, añadió que “la unidad no significa unanimidad; que estemos juntos no quiere decir que siempre estemos de acuerdo”. “¿Cómo nos vamos a ampliar si no somos diversos?”, se preguntó y enfatizó que “para llegar al 50%” se necesita esa diversidad. Pidió entonces no “dramatizar” las diferencias porque “cualquier ruptura o cualquier fragmentación de Juntos por el Cambio solo puede ser funcional al oficialismo”.

“La situación económica y social va a ser mucho peor”

Sobre la extensión del aislamiento social, la dirigente macrista consideró que “de nada sirve liberar todo y abrir todas las actividades económicas si de golpe eso hace crecer los contagios y las muertes. Pero tampoco sirve sostenerlo de manera irrestricta en todos los planos”.

Coincidiendo con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti sobre que la cuarentena “es una herramienta excepcional, que no es sostenible indefinidamente”, Vidal aclaró que “no hay definiciones taxativas ni ideológicas para la cuarentena, lo que hay que tomar son posiciones en base a datos”.

“Me preocupa que pensemos que cuando la cuarentena se levante todo va a volver a ser como estaba antes. La situación económica y social va a ser mucho peor con o sin cuarentena”, advirtió y opinó que en los próximos meses va a haber que realizar propuestas para “devolverle a la clase media -que se está empobreciendo- su lugar de clase media, y darle esperanza a los que viven en los barrios más vulnerables de que no nacieron para vivir ahí siempre y que también pueden tener progreso genuino”.

Afirmó que no habrá entonces que “buscar responsables, sino respuestas” y “mostrar herramientas concretas”. “Nuestro mayor éxito sería no la exposición o lograr una visibilidad política, sino que el oficialismo tome nuestros proyectos y los lleve adelante, y se logren votar en el Congreso, porque la gente no puede esperar a la próxima elección, necesita respuestas hoy”, resaltó.

Y completó: “Ya va a llegar el tiempo en que mi voz se haga pública. Pero la realidad no se cambia con grandes discursos ni con grandes presentaciones públicas, sino con cosas concretas, consistentes, coherentes”.

Próximos proyectos en el Congreso

Con Wolff como conductor, otra de las voces que se escuchó en el Zoom fue la de Cristian Ritondo, actual jefe del bloque Pro en la Cámara de Diputados y exministro de seguridad durante el gobierno de Vidal.

En una de sus intervenciones, el legislador mencionó proyectos de ley que Juntos por el Cambio ya propuso en el Congreso -sobre blanqueo laboral, teletrabajo y un fondo de garantías laboral- y adelantó que esta semana presentarán distintas iniciativas para atender a la crisis económica, producto de la pandemia, relacionadas con las PyMEs 2.0, el fomento de inversiones productivas y las economías regionales.

Tras una semana de reuniones en comisiones con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, aseguró que “el kirchnerismo duro” es “lo que se impone en Argentina hoy”.

El formoseño criticó que el Poder Ejecutivo no tenga “plan económico” y “ni siquiera presupuesto”. “La pandemia fue la excusa perfecta para encontrar una hoja de ruta con apoyo social en materia sanitarista. Pero si uno mira a los costados, se encuentra con el 80% de la actividad parada y un gobierno que no brinda respuestas”, sostuvo.

En una entrevista con el diario La Nación, el legislador apuntó: “La pandemia es el traje a medida de todo gobierno autoritario, y cuando un gobierno autoritario instala que la prioridad es la salud, lo que quiere es que la economía pase a segundo plano”.

Naidenoff dijo que aunque “alguna vez estuvo en su idea construir consensos”, el presidente Alberto Fernández “es parte del kirchnerismo” y, esos acuerdos, “en los hechos nunca se efectivizaron”.

“El problema es este gobierno con enormes contradicciones, que te convoca a la Casa Rosada para obtener respaldo de la oposición a determinadas medidas, pero, por otro lado, direcciona todos sus esfuerzos con una hoja de ruta completamente diferente de las necesidades de la gente”, agregó.

Para el presidente de la bancada opositora, “el Gobierno hasta ahora ha demostrado que quiere que haya un solo poder, gobernar por decreto, con discrecionalidad”.

El radical también cuestionó la intención de querer transformar al Senado en un “tribunal fiscalizador” que “se arrogue facultades judiciales y adjudique todos los males de la Argentina a la administración de Cambiemos”.

Naidenoff consideró que, en este sentido, “hay coordinación” entre la Casa Rosada y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien “tiene la espalda política que sustenta la coalición de gobierno”.

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio acusó al oficialismo de “usar el Senado para ejercer el revanchismo”, luego de la reunión virtual de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales a la que fue convocado Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad Especial AMIA, enfrentado a sus exsocios de la UCR y el Pro.

“El kirchnerismo intenta utilizar el Senado para instalar falsedades y confusión en torno a las causas judiciales que investigan el atentado a la AMIA”, denunció la bancada presidida por Luis Naidenoff en un comunicado.

En la reunión citada por Oscar Parrilli (Frente de Todos), que además fue acusado en la causa por encubrimiento, Cimadevilla denunció que “el gobierno anterior no tenía interés en saber qué pasó” en el atentado ocurrido en 1994, y además habló sobre el audio donde la exvicepresidenta Gabriela Michetti le pidió protección para un exfiscal.

Tras mantener duros cruces con Cimadevilla, los senadores de Juntos por el Cambio sostuvieron que “en lugar de utilizar la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para discutir propuestas que posibiliten que la Justicia reanude sus actividades paralizadas a raíz del establecimiento de la cuarentena, el kirchnerismo pretende utilizarla para arrogarse funciones propias del Poder Judicial”.

“Lamentamos que el exsenador Mario Cimadevilla, conocedor del reglamento del Senado, se haya prestado a esta puesta en escena que pretende suplantar al Poder Judicial”, expresaron.

Además, consideraron “evidente” que “estas maniobras están sólo orientadas a obtener la impunidad de los imputados en la causa impulsada por el fiscal (Alberto) Nisman, donde se investigaba la comisión de graves delitos en la firma del memorándum con Irán, al pretender generar la caída de las alertas rojas de Interpol contra los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado”.

“El gobierno de Cambiemos dejó sin efecto el memorándum con Irán, que ya había sido declarado inconstitucional por la Justicia y permitió que se avance en el juzgamiento de la causa por encubrimiento, a consecuencia de lo cual, después de más de 20 años de demora se condenó a varios de los acusados por el encubrimiento y desvío de la investigación de la causa principal”, recordaron desde Juntos por el Cambio.

Por último, instaron al Frente de Todos a “abandonar el uso del Senado para ejercer el revanchismo sembrando aún más divisiones entre nosotros, en un momento en que nuestros ciudadanos necesitan que nos aboquemos de lleno a los problemas que la pandemia y la cuarentena nos están provocando.

A pesar de la ayuda de un puñado de legisladores de otros bloques, el interbloque Juntos por el Cambio no logró este jueves el quórum en la Cámara de Diputados para llevar adelante una sesión especial en la que buscaba derogar el artículo 4 del DNU 457/20, por el cual se facultó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas del Presupuesto sin control parlamentario.

A las 10.49, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, dio por fracasada la reunión con 124 presentes, tanto de manera virtual como presencial -con algunos legisladores dentro del recinto-. De esta forma, a la bancada opositora le faltaron 5 para los 129 diputados que requiere el quórum reglamentario. Se inició así la primera sesión remota en minoría de la historia.

Juntos por el Cambio tuvo asistencia perfecta, con 116 integrantes, y contó con el acompañamiento de Graciela Camaño, Jorge Sarghini, Enrique Estévez y Luis Contigiani, del Interbloque Federal; José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; y Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.

Además de los 119 ausentes del Frente de Todos, no dieron quórum siete miembros del Interbloque Federal; siete del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; y la neuquina Alma Sapag, de Movimiento Popular Neuquino.

El temario de la sesión incluía cinco proyectos de ley para derogar el DNU, de los cuales uno correspondía justamente al mendocino José Luis Ramón, y otro a Graciela Camaño.

El pasado 11 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el DNU 457/20, a través del cual se eliminó el límite al jefe de Gabinete del 5% establecido en la Ley de Administración Financiera para reestructurar partidas del Presupuesto sin aval del Congreso.

En los fundamentos, el Gobierno argumentó la decisión “con el fin de dotar de flexibilidad al Presupuesto” para “la atención de los gastos que se eroguen en virtud de medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria” por Covid-19.

El debate en minoría

Desde su casa, el primer orador de las manifestaciones en minoría fue el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien señaló que el artículo 4 del DNU 457/20 “viola el sistema de división de poderes” al establecerse que “el jefe de Gabinete puede disponer la totalidad del Presupuesto nacional”.

“Puede reestructurar la totalidad del Presupuesto”, enfatizó y, aunque dijo que confía en que “esto no va a ocurrir”, consideró que podría suceder que el funcionario eliminara todas las partidas de un sector determinado, y eso “es algo que le está vedado al presidente de la Nación”.

El macrista resaltó que “alterar el sistema de reparto de poderes que establece la Constitución nacional está reñido con el espíritu de la Constitución Nacional. Esta es la razón esencial por la cual nos oponemos e impugnamos ese artículo”. “Esta reforma no solo es inconstitucional, además era absolutamente innecesaria”, añadió.

En ese sentido, el legislador sostuvo que “la solución” estaba en el artículo 39 de la Ley de Administración Financiera, a partir del cual “no hay necesidad de cometer la exorbitancia, la exageración, el disparate que implica alterar sustancialmente nuestro sistema institucional, (porque) el sistema tiene previstas las soluciones”.

A su turno, su compañero de bloque Waldo Wolff lamentó tener “la mitad del recinto vacío”, pero además de cuestionar al oficialismo cargó también contra los legisladores Beatriz Ávila, Antonio Carambia y Pablo Ansaloni, del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. “Tres diputados que fueron votados por nuestro espacio político y hoy están jugando desde otro espacio de manera particular; siempre aprovecho para mandarles saludos”, lanzó.

Muy crítico de los últimos movimientos de dirigentes kirchneristas en relación a materia judicial, el legislador expresó: “Dicen que este es el socialismo del siglo XXI, yo creo que se parece más al feudalismo del siglo XVII”.

En tanto, el radical Gustavo Menna cuestionó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al afirmar que es “un funcionario al que prácticamente no le conocemos la voz” y que “se ha caracterizado en estos seis de gobierno” por no haber cumplido con el mandato constitucional de presentarse ante las cámaras del Congreso.

Para el chubutense, el decreto se firmó en un “marco de absoluto desprecio por la constitucionalidad” y “lo que se busca es concentrar el poder“. Por eso, pidió “insistir en el tratamiento” y “no permitir la claudicación”.

Enfático, el mendocino Luis Petri remarcó que “lo que viene sucediendo” desde diciembre pasado es una “formidable concentración del poder en manos del Poder Ejecutivo Nacional, en manos del presidente de la Nación”. El radical no solo criticó que el Gobierno “se negó a tratar el Presupuesto Nacional” y logró la sanción de una ley con amplias facultades -como fue la Ley de Solidaridad Social-, sino que con este DNU “termina de coronarse”.

“A partir de este decreto nos está enviado el telegrama de retiro voluntario (al Congreso)”, subrayó y continuó: “Está claro que, con tanta concentración del poder, el rol del Congreso ha pasado a ser secundario, periférico, prácticamente de entretenimiento con sesiones telemáticas”. Finalmente, irónico, expresó: “Es tal la acumulación de poder que tiene el Poder Ejecutivo que hasta (Juan Manuel de) Rosas se pondría colorado”.

Desde la Coalición Cívica, la porteña Paula Oliveto Lago hizo hincapié en la función de control que tiene el Poder Legislativo y la oposición, y alertó: “Con esto corremos el riesgo que una sola persona defina a dónde va la plata de nuestros impuestos”. “Es peligroso que una persona ni siquiera votada pueda decidir a qué gobierno beneficia y a cuál no beneficia”, agregó.

“Parecería que un grupo de diputados es cómplice a que se le quiera extender el certificado de defunción al Poder Legislativo y al Poder Judicial”, se quejó el macrista Jorge Enríquez, que además dijo que “la pandemia no puede poner en cuarentena al Congreso y tampoco a la Constitución”.

Por el Intebloque Federal, el socialista Enrique Estévez aseguró: “Nosotros vamos a defender, en base a nuestra coherencia, las facultades del Congreso Nacional gobierne quien gobierne, y vamos a participar de instancias como estas convoque quien convoque”. “Estamos convencidos que necesitamos tener un rol activo del Congreso, no solo en esta situación excepcional”, continuó.

No obstante, le pidió a Juntos por el Cambio que “sean responsables y coherentes” al recordar la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, y criticó al oficialismo y a ese sector de la oposición por la “patética grieta a la que nos quieren someter” que “le hace mal al país”.

En la misma línea, su comprovinciano Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) afirmó que el DNU 457/20 “va contra las competencias indelegables” del Poder Legislativo, pero disparó: “No se olviden que delegaron facultades extraordinarias vía endeudamiento y una fuga de capitales que hoy estamos pagando”.

El santafesino afirmó que el decreto “merece ser derogado” pero pidió “coherencia y humildad” a Juntos por el Cambio. “Y al oficialismo le digo, no hay posibilidad de desarrollo y de justicia social si también perdemos la coherencia de hacerlo con república y a partir de más república”, completó.

Autor de uno de los proyectos incluidos en el temario, pero el único de su espacio en dar quórum, José Luis Ramón mencionó que la reforma constitucional de 1994 dio “la posibilidad de que el presidente en una situación muy especial pudiera dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia, y eso no solo es un abuso del presidente y del jefe de Gabinete (actual), sino del anterior gobierno y del anterior”.

Al recordar que desde su espacio están “tratando de tener una oposición que sea proactiva y adecuada a la emergencia que estamos viviendo”, el mendocino dijo que presentó la iniciativa para derogar esta medida porque “tenemos que recuperar las facultades que la república en nuestra Constitución nos da como legisladores. Yo no quiero estar pintado acá”.

El diputado del FIT Nicolás Del Caño habló de “una gran hipocresía” al recordarle también a Juntos por el Cambio la designación de jueces por decreto y la deuda con el FMI, que “no pasó por el Congreso”. Y, cargando contra el Frente de Todos y la principal bancada opositora, cuestionó que ambos “se negaron a debatir el impuesto a las grandes fortunas” y “no quieren tratar temas y proyectos que se tratan de terminar con rebajas salariales”.

“Se rasgan las vestiduras por la reasignación de partidas cuando en realidad han gobernado a decretazo limpio y han endeudado el país”, reclamó también por la izquierda la legisladora Romina Del Plá. “Unos y otros defienden el mismo régimen de funcionamiento”, expresó.

En el cierre, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, manifestó: “Hoy dejaron sin quórum la democracia”. El macrista resaltó que con este decreto se le sacó al Congreso “uno de los principales derechos y facultades que tiene” que es controlar y defender “que cada peso que se paga en impuesto, que ingresa a las arcas del Estado, sepamos a dónde va y en qué se gasta”.

“Esta falta de equilibrio hace, sin duda, que este Congreso y que el Estado democrático quede rengo”, añadió y cuestionó que “hace seis meses que no tenemos la hoja de ruta de nuestro país”, en referencia a la falta de un Presupuesto.

También cargando contra el resto de los diputados opositores que se ausentaron, Ritondo señaló que “tendría que haber 138 diputados que ingresamos a esta cámara como oposición”. “A ellos les digo que construyamos el equilibrio y que defiendan a los votantes, porque no hay nada peor que defraudar al pueblo”, sentenció.

El último orador fue el jefe del interbloque JxC, Mario Negri, quien destacó que en la Bicameral de Trámite Legislativo acompañaron los decretos vinculados a la pandemia de Covid-19, pero “estamos sentados acá por el pecado de gula, el exceso, la idea de que se puede entrar de rondon en nombre de la emergencia a quedarme con las facultades y manejar la plata de todos los argentinos discrecionalmente”.

“La emergencia no puede confundirse con panedmia, y la pandemia no puede vivir con emergencia”, enfatizó el cordobés, que reflexionó que “lo mejor que podemos hacer a la lucha contra la pandemia es que tengamos instituciones funcionando en plenitud”. “Si un estado de excepción se convierte en emergencia permanente es un peligro para la democracia”, concluyó.

Pese a la ayuda de un puñado de diputados de otros bloques, el interbloque Juntos por el Cambio no logró dar comienzo a una sesión especial en la que tenía como objetivo avanzar con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 457/20, el cual amplió las facultades del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas del Presupuesto sin control parlamentario.

La reunión se dio por fracasada a las 10.49, con 124 presentes, tanto de manera virtual como presencial -con algunos legisladores dentro del recinto-. De esta forma, a la bancada opositora le faltaron 5 para los 129 diputados que se necesitan para el quórum reglamentario. Desde ese momento se desarrollan las manifestaciones en minoría.

Juntos por el Cambio tuvo asistencia perfecta, con 116, y lo acompañaron Graciela Camaño, Jorge Sarghini, Enrique Estévez y Luis Contigiani, del Interbloque Federal; José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; y Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, por el Frente de Izquierda.

A las 10.34, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, le recordó al jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, que estaban “cinco minutos pasados” del tiempo de espera, a lo que el radical pidió 10 minutos más. “Tengo todo el tiempo del mundo para usted diputado Negri”, respondió Massa con risa socarrona.

“Es probable que nos cueste llegar a los 129, somos conscientes de eso, pero sabemos lo que significa nuestra responsabilidad política y otros bloques también”, expresó el legislador y le solicitó que los “acompañe” durante las expresiones en minoría.

El temario de la sesión incluía cinco proyectos de ley para derogar el DNU, de los cuales uno pertenece al jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, y otro a Graciela Camaño, del Interbloque Federal.

El pasado 11 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el DNU 457/20, a través del cual se eliminó el límite del 5% establecido en la Ley de Administración Financiera para reestructurar partidas del Presupuesto sin aval del Congreso.

En los fundamentos, el Gobierno argumentó la decisión “con el fin de dotar de flexibilidad al Presupuesto” para “la atención de los gastos que se eroguen en virtud de medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria” por Covid-19.

La reunión virtual de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se convirtió en escenario de durísimos cruces y pases de factura entre el radical Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad Especial AMIA, y senadores de Juntos por el Cambio, que además cuestionaron la citación al exfuncionario.

Cimadevilla fue convocado por el presidente de la comisión, Oscar Parrilli, luego de que se conociera un audio de la exvicepresidenta Gabriela Michetti donde le pedía protección para un exfiscal “amigo” del gobierno de Mauricio Macri en la causa por encubrimiento del atentado.

“¿Cuál es el motivo por el que traemos a la Comisión de Justicia al exsenador Cimadevilla a hablar de un tema que no está en tratamiento de esta comisión?”, arrancó la radical Silvia Elías de Pérez, quien aclaró que “esta no es una comisión investigadora”.

Además recordó que el propio Parrilli “es un actor interesado en la causa” -como él mismo aclaró al inicio de la reunión- por ser uno de los acusados por el juez fallecido Claudio Bonadio en la causa por encubrimiento del ataque a la mutual judía.

También se sumó a la embestida otra radical, Silvia Giacoppo, quien le preguntó a Cimadevilla “qué avances tuvo la causa” y “cuántas audiencias presenció”. El exsenador respondió: “No era mi función ir a las audiencias. Era un equipo de diez abogados con quienes nos juntábamos para seguir la marcha de la querella”.

Tras repasar que el Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, decidió apartar abogados de la Unidad y nombrar nuevos, señaló: “Yo me fui cuando a mi me quisieron hacer decir algo de lo que no estaba convencido. Yo soporté todo, pero cuando me dijeron ‘tenés que decir tal cosa’, me fui”.

Remató con un mensaje a Giacoppo y al Pro: “Usted me va a entender porque es del mismo partido que yo. Los radicales hemos predicado con el ejemplo sobre cómo debe actuar el poder político respecto del Poder Judicial. No crea que quienes estuvieron aliados a nosotros en 2015 piensan lo mismo en estos temas. Piensan totalmente distinto”.

La jujeña no se quedó callada y, tras mencionar que “el ADN del radicalismo” está en “la ética y la moral”, aseveró: “No me cierra por qué el doctor no se fue antes, por qué no lo denuncio antes, y por qué no fue a ninguna audiencia”.

Cimadevilla se defendió: “No voy a aceptar que vayan a una causa judicial a hacer algo que no corresponde. Eso no es diferencia de criterios, es violentar los deberes de un funcionario público”. Y repitió: “No estaba entre mis funciones ir a las audiencias, sino coordinar el trabajo de la Unidad”.

Más adelante intervino Esteban Bullrich (Pro), quien coincidió con Elías de Pérez en que Parrilli es “parte interesada” en la causa y eso “tiñe a la comisión de un manto que no es el correcto”. “Esta comisión no está al servicio de resolver problemas de interés personal, sino problemas de interés general”, dijo.

Bullrich retomó el tema de la relación entre el Pro y la UCR. “Yo soy parte de esa alianza y usted dice que no se valora la Justicia, y no es cierto. Yo valoro la Justicia, tanto la valoro que he hecho denuncias de corrupción contra los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. No acepto que usted se tiña de radical para justificar una mirada”.

“No me tiño de radical; soy radical de los que no quieren que me tiña de amarillo”, retrucó Cimadevilla, y aclaró que en 2015 “el radicalismo decidió concurrir a una alianza electoral en función de las urgencias que atravesaba el país: la necesidad de cambiar el signo político y de lograr un equilibrio parlamentario”.

Según el exsenador, ambos objetivos se lograron, “pero luego no gobernó Cambiemos; gobernó el Pro. Pensábamos que íbamos a ser partícipes en algunas decisiones del Gobierno, por eso yo me sumé en consonancia con mi partido”.

“No quiero teñir a nadie de amarillo. Sus correligionarios pueden decir”, se defendió Bullrich, y trajo a la memoria la convención donde se selló aquella alianza: “Si quiere dirimir Gualeguaychú en una comisión del Senado, estamos en problemas”.

Antes de finalizar la picante reunión, Luis Naidenoff consideró que “la investigación de los hechos del pasado compete al Poder Judicial” y que la única vía por la que puede intervenir el Congreso es la del juicio político. “Fuera de esto, no tenemos ningún tipo de atribución”, acotó.

“Como hombre del partido reivindico el Estado de Derecho, y eso significa independencia de poderes. Si hay alguna cuestión que tiene que resolver en el ámbito judicial, será el Poder Judicial el que resuelva, no el Congreso”, insistió el jefe del interbloque Juntos por el Cambio.

Acto seguido, advirtió sobre “la hoja de ruta que se viene marcando desde que el Congreso se ha normalizado” y “la notable embestida de los últimos días por erigir al Congreso como un tribunal fiscalizador”.

“No hay pandemia que frene el ‘ABC’ que el oficialismo se trazó en materia judicial. Lo único que les interesa es el revanchismo”, denunció el formoseño, al referirse a las últimas reuniones de comisiones bicamerales, donde el oficialismo pidió investigar la fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri y también volvió a la carga contra dos DNU de la anterior gestión en materia judicial.

Sin embargo, Naidenoff dijo que “nunca les escuchó emitir opinión” sobre declaraciones formuladas por el actual presidente Alberto Fernández en febrero de 2015, cuando aseguró que “el pacto con Irán es un pacto de encubrimiento”.

“En el marco de la pandemia hay una luz verde donde todo vale, pero mientras en las calles los comercios se cierran, muchas familias no tienen respuestas y vemos barrios que están cerrados como ghetos, pareciera ser que el oficialismo está en otro contexto. Cantan y bailan como la orquesta del Titanic, mientras el país se hunde. Pero ojo con el Titanic, porque el comando lo tienen ustedes y el iceberg está ahí”, ilustró.

Sin acompañamiento de otros bloques, Juntos por el Cambio formalizó el pedido de sesión especial en la Cámara de Diputados para este jueves a las 10, con el objetivo de derogar el DNU 457/20, que amplió las facultades del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas del Presupuesto sin control parlamentario.

El pedido, anticipado por parlamentario.com, fue firmado por los diputados Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Brenda Austin, Silvia Lospennato, Álvaro González, Carlos Fernández, Martín Maquieyra, Álvaro De Lamadrid, Ricardo Buryaile, Juan Manuel López y Waldo Wolff.

En el temario de la sesión fueron incluidos cinco proyectos de ley para derogar el DNU, de los cuales uno pertenece al jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, y otro a Graciela Camaño, del Interbloque Federal.

Después de haber sido objeto de críticas en la última sesión por no apoyar el tratamiento del DNU sobre tablas, Ramón informó a parlamentario.com que personalmente dará quórum, pero habrá libertad de acción en su bancada.

Los proyectos restantes fueron presentados por Negri, Paula Oliveto (Coalición Cívica) y Fernando Iglesias (Pro), y todos confluyen en el mismo fin: anular el decreto que, por otra parte, cuenta con dictamen de validez de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde el Frente de Todos tiene mayoría.

Para abrir la sesión, que será conducida por Sergio Massa, Juntos por el Cambio necesita reunir 129 presentes, ya sea en forma presencial o virtual. La bancada de la oposición tiene 116 y sumará, en principio, a los dos representantes del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Romina del Plá, además de Ramón.

Pero no será suficiente: por eso apuntan a sumar más integrantes de Unidad Federal para el Desarrollo -que tiene ocho en total- y del Interbloque Federal de Eduardo “Bali” Bucca –con once-. Desde ya, el oficialismo no participará, como así tampoco lo haría Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

A través del DNU 457/20, dictado por el presidente Alberto Fernández el 10 de mayo, se eliminó el tope del 5% establecido en la Ley de Administración Financiera para reestructurar partidas del Presupuesto sin aval del Congreso, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

La sesión de la semana pasada en la Cámara de Diputados tuvo un pasaje caliente cuando el oficialismo bloqueó el tratamiento del DNU que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete. Pero el interbloque de Juntos por el Cambio quiere revancha y en las próximas horas pedirá una sesión especial para debatir el decreto este jueves a las 10.

Según supo parlamentario.com, la bancada presidida por Mario Negri formalizará en las próximas horas el pedido ante el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, quien deberá presidir la sesión. Por ahora, no hubo firmas de diputados de otros bloques de la oposición, que serán la llave para alcanzar el quórum.

El jueves pasado, el diputado radical Gustavo Menna pidió una moción para tratar sobre tablas el DNU 457/50, que según la oposición restableció los “superpoderes” para reasignar partidas presupuestarias sin aval parlamentario. Juntos por el Cambio perdió la votación -se necesitaba mayoría especial- y cargó las tintas contra José Luis Ramón, quien acompañó al oficialismo a pesar de haber presentado un proyecto para derogar el decreto.

Tras ser expuesto en las redes sociales, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo se defendió. “Desde el bloque no vamos de la nariz de ninguna decisión de otro partido, bloque e interbloque”, aclaró en el recinto, y agregó: “Pareciera que hay veces que las cosas se tienen que hacer vía Twitter, pero las cosas se dicen en la cara y como corresponde, en este recinto”.

Fue entonces cuando Cristian Ritondo, titular del bloque Pro, le contestó a Ramón y lo desafió: “Esperemos que nos acompañe en la sesión especial. No queremos llevarlo de las narices: solo queremos que lo que dijo acá, lo que dijo en Labor Parlamentaria, lo que dijo en su proyecto, lo cumpla. No lo vamos a llevar de las narices, pero vengan con nosotros a la sesión especial así derogamos el DNU”.

Juntos por el Cambio no podrá alcanzar el quórum por si solo, pues tiene 116 diputados, es decir, le faltan 13. El interbloque de Ramón tiene ocho y la decisión que adopte será clave, al igual que la del Interbloque Federal, que preside Eduardo “Bali” Bucca y que tiene diez miembros.

En este último caso podría haber una fisura, ya que Graciela Camaño, a contramano de su bancada, votó a favor de tratar el DNU la semana pasada y ahora podría aportar al quórum. Los diputados restantes son los dos del Frente de Izquierda -Nicolás Del Caño y Romina Del Plá-, que aportarían presencia, y Alma Sapag, más alineada al oficialismo.

Cabe recordar que el DNU en cuestión cuenta con dictamen favorable de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde el Frente de Todos tiene mayoría. Para que quede anulado definitivamente debe ser rechazado en ambas Cámaras, algo muy difícil si se tiene en cuenta la superioridad del oficialismo en el Senado.

Diputados nacionales de Junos por el Cambio, encabezados por Emiliano Yacobitti, Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro y Silvia Lospenatto, presentaron un proyecto a través del cual solicitan al Poder Ejecutivo que informe diversas cuestiones vinculadas a la situación presupuestaria del sistema universitario argentino. “Las partidas que ya se encuentran desactualizadas, llegan a las universidades con un atraso de varios meses lo que, sumado a la inflación, socava más aun el poder adquisitivo de esos recursos”, señalan.

“Vemos con suma preocupación la situación presupuestaria en la que se encuentra el sistema universitario en la actualidad. Durante el primer trimestre del 2020, las asignaciones presupuestarias mensuales a las Universidades Nacionales para gastos de funcionamiento alcanzan la suma de $851.781.709.-; suma que en el 2019 ascendía a $848.961.630.-, lo que equivale simplemente a un aumento del orden del 0,33%. Teniendo en cuenta que la inflación acumulada entre el período enero 2019 – marzo 2020 es de 65,83%, para mantener el poder adquisitivo de la asignación presupuestaria, esas transferencias deberían haber alcanzado aproximadamente la suma de $1.400.000.000”, explicó Yacobitti.

“Consecuentemente, al anualizar la suma indicada en el párrafo precedente, las Universidades Nacionales requieren con urgencia un incremento presupuestario de $6.600.000.000.- que recomponga mínimamente el poder adquisitivo que gozaban en 2019, con el objeto de cubrir todos aquellos gastos no salariales que resultan indispensables para el normal desarrollo de las actividades en las Casas de Altos Estudios”, añadió.

“A la fecha, próximos a finalizar el primer semestre, las universidades han recibido en las últimas semanas las partidas correspondientes a los meses de enero y febrero; no contando las mismas en la actualidad con previsiones precisas respecto de la remisión de gastos de funcionamiento de los meses de marzo, abril y mayo. Esta situación preocupante que se describe es previa a la pandemia causada por el Covid 19”, agregó.

En el cuestionario, los diputados de Juntos por el Cambio solicitan información detallada sobre las actualizaciones presupuestarias y el total de gastos de funcionamiento (no salariales) asignados a las Universidades Nacionales para 2020, a los efectos de recuperar el poder adquisitivo perdido; los requerimientos formales recibidos en el ámbito del Ministerio de Educación en torno a necesidades presupuestarias y/o financieras por parte de las Universidades Nacionales; las partidas específicas asignadas a las Universidades Nacionales que cuentan dentro de su ámbito con efectores de salud, abocados a la atención de pacientes en el marco de la emergencia sanitaria causada por la pandemia de Covid 19; las transferencias de los gastos de funcionamiento (no salariales) a las Universidades Nacionales realizados hasta el momento; y las partidas específicas de fortalecimiento asignadas a las Universidades Nacionales, a fin de lograr mayores disponibilidades en equipamiento y conectividad para satisfacer la demanda creciente de acceso por parte de la comunidad universitaria, en el contexto de la pandemia y en pos de continuar, a través de herramientas virtuales, con las actividades académicas en las casas de altos estudios.

Por Melisa Jofré

Con pedidos de informes a diferentes organismos, el Frente de Todos avanzó este martes en dar comienzo a la investigación del endeudamiento y la fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.

En la reunión virtual, que se calentó con la extensa intervención del diputado Luciano Laspina (Pro), hubo gritos y reclamos de la oposición por el tiempo para exponer.

La videoconferencia comenzó con una sucesión de discursos de legisladores oficialistas, que duró alrededor de dos horas. También hablaron los diputados Romina Del Plá y Nicolás Del Caño, que no forman parte de la comisión.

Luego pasaron a exponer los miembros de Juntos por el Cambio, pero el clima subió de tono cuando el presidente de la bicameral, el senador formoseño José Mayans (FdT), comenzó a pedirle a Laspina que concluya su alocución.

Con mayoría en esa comisión -11 integrantes-, el Frente de Todos logró bloquear el pedido de la bancada opositora para que también se analice la fuga de capitales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). También acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

En primer lugar, la senadora María de los Ángeles Sacnun (FdT) arrancó con el tema del préstamo solicitado por el gobierno anterior al FMI y las causas judiciales que se iniciaron al respecto.

La santafesina recordó que el Poder Legislativo “no dio consentimiento en la toma de ese crédito”, lo cual “no significa que el acto administrativo no debiera sustentarse en el procedimiento con causas, razones y motivos por los cuales el Ejecutivo tomó la decisión de avanzar en el crédito más grande de la historia”.

Sin embargo, la legisladora señaló que “estamos ante un préstamo que se llevó adelante a sola firma sin fundamento técnico-administrativo”. Por eso, solicitó que se cursen informes al Banco Central, para saber “si obra en dicho banco algún dictamen jurídico” en cumplimiento del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera; al Ministerio de Economía y a la Corte Suprema, para que remitan toda la documentación y “podamos analizarlo”.

Seguidamente, el senador Oscar Parrilli (FdT) fundamentó la “necesidad de ampliar” la investigación sobre el proceso de fuga de capitales en los últimos tres años que, de acuerdo al informe del Banco Central, alcanzó los 86.000 millones de dólares.

“No pretendemos en Argentina cambiar una cultura que lamentablemente tenemos en este sistema bimonetario, donde muchos argentinos compran dólares de una manera de resguardar los ahorros y el valor de su trabajo; de ninguna manera pretendemos ir sobre estos sectores o estos ciudadanos argentinos”, aclaró y detalló que será sobre quienes hayan fugado entre 300 y 500 mil dólares.

Y continuó que “la intención nuestra es identificar claramente quiénes han sido los responsables de esta fenomenal fuga”. El neuquino la calificó como una práctica “exacerbada” y “alentada” por las ex autoridades del Banco Central y de la cartera de Hacienda.

El legislador kirchnerista enfatizó la importancia de contar con un “detalle muy preciso de quiénes fueron los tomadores de deuda, quiénes fueron todos aquellos que fugaron” y “si hubo responsablidad y connivencia entre los funcionarios y quienes fugaron”. Sobre todo, Parrilli dijo que en abril, junio y agosto de 2018 hubo “una fuga muy marcada” con lo cual hay que ver si hubo “fondos que tuvieron información muy privilegiada”.

El senador también detalló que se pedirán precisiones sobre “los estudios jurídicos que estuvieron relacionados con estos fondos de inversión, porque presumimos que en muchos casos estamos en presencia de funcionarios que respondían intereses de un lado y del otro del mostrador”.

Por su parte, el diputado José Luis Gioja (FdT) propuso también solicitar informes a la Unidad de Información Financiera y a la AFIP. Mientras que el senador Maurice Closs (FdT) pidió enfocar el nuevo pedido de información sobre “las decisiones de Estado que se han tomado”.

“Hay paquete entre 12 y 15 mil millones de dólares, plata que ingresó a la Argentina; esos dólares ingresaron a un tipo de cambio a 20 pesos en ese momento, se quedaron un tiempo largo, ganaron 40 por ciento de tasa de interés en pesos, pero cuando se quisieron ir” en abril de 2018 “el Estado le garantizó los dólares a un tipo de cambio de 20”, explicó.

Para el misionero, esto “muestra la mayor impericia por parte del Gobierno” de Mauricio Macri y “la mala fe”. “Esa es la parte que hay que profundizar”, resaltó.

A su turno, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) apuntó a “las personas donde tenemos que poner el foco en términos de desempeño funcional” como “Alfonso Prat Gay, Luis Caputo, Luis María Blaquier, Marcelo Blanco, Pablo Pereyra Iraola, Nicolás Dujovne, Ariel Sigal”, entre otros.

“Hay una serie de personajes que no son conocidos pero tenemos que revisar su desempeño”, dijo y aseguró que “operaron en Wall Street en los ’80 y los ’90” y “el 80 por ciento trabajó en JP Morgan; son todos millonarios”.

Por el interbloque Juntos por el Cambio comenzó el senador Martín Lousteau (UCR), que recordó que en 2008, 2012 y 2014 “ha habido también devaluaciones, donde el Banco Central se quedaba sin reservas”. “La deuda no es el único motivo por el cual entran dólares y después se dilapidan”, sostuvo y remarcó que “no toda formación de activos externos es fuga”.

En tanto, el diputado Ricardo Buryaile (UCR) manifestó: “Tenemos que decidir si vamos a buscar la verdad o vamos a hacer discursos para escucharnos entre nosotros”. “Argentina recurrentemente ha tenido estos problemas”, mencionó y recordó los distintos default. En ese sentido, reclamó por la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Si esta bicameral cree que el problema de Argentina son estos últimos cuatro años, yo creo que cometemos un error”, enfatizó, aunque admitió: “Obviamente nuestra gestión cometió errores”.

Vicepresidente de la bicameral, el diputado macrista Luciano Laspina comenzó asegurando que “el juicio de la política económica es potestad del pueblo, no de diputados y senadores en una bicameral”, además de repasar decisiones de “mala praxis” en materia económica por parte del kirchnerismo.

Al igual que Buryaile reclamó que Guzmán “venga y explique en qué estado están las negociaciones y el cambio de estrategia” respecto a la deuda exterior, además de pedir que ese encuentro sea de carácter reservado.

Ya en un clima caldeado por las veces en que Mayans le pidió el redondeo en el discurso, Laspina estalló: “¡Pongamos en la hoguera de la historia de la fuga de capitales en Argentina a Mauricio Macri y Cristina Kirchner por igual!”.

“Si a los 8.500 millones de dólares que vendió el Banco Central de (Alejandro) Vanoli le sumamos los 17 mil millones de dólares, la fuga trepa en 2015 por encima de 25.500 millones de dólares. Es más del doble de lo registrado en 2016, el primer año de Mauricio Macri”, señaló.

Y también apuntó que “el año con mayor récord de fuga de capitales fue el 2008, con 23.100 millones de dólares, según datos del Banco Central e INDEC”. “Si no queremos faltar a la verdad histórica debemos ir para atrás y analizar estos datos”, completó.

Mayans entonces salió al cruce con las cifras de la deuda, al remarcar que en la gestión anterior hubo un “endeudamiento superior a los 150 mil millones de dólares en cuatro años”. “Cuando el (ex)ministro (Hernán) Lacunza habla de reperfilamiento de la deuda ya entramos en default”, añadió y calificó al programa económico de Macri como “desastroso y que dejó prácticamente al país en la miseria y pobreza”.

Finalmente, el jefe del bloque oficialista en el Senado acusó a Juntos por el Cambio de querer “entorpecer la investigación” y tener el “objetivo de romper la reunión”.

“El gobierno de Macri destrozó la economía nacional. Hay una diferencia abismal entre nuestra políticas, nosotros siempre tendimos al desendeudamiento. Esta investigación es absolutamente necesaria”, cerró.

Al cumplirse los seis meses de licencia pedidos por el senador nacional José Alperovich, quien fue acusado de presunto abuso sexual por una sobrina suya en noviembre pasado, los legisladores del interbloque Juntos por el Cambio le solicitaron al bloque Frente de Todos que el tucumano la prorrogue.

A través de un comunicado difundido este martes, los senadores de la oposición expresaron su “rechazo a la posibilidad de que el senador José Alperovich reasuma su banca en medio del proceso judicial en el que se investiga la denuncia por abuso sexual realizada por una empleada de este Congreso, quien a su vez es familiar del senador”.

“Instamos al bloque Frente de Todos a que el miembro de su bancada solicite una ampliación de la licencia, que venció hoy, a efectos de que la investigación judicial pueda avanzar sin que existiera algún manto de sospecha de protección por parte de los miembros de este cuerpo”, sostuvieron.

Además, los integrantes de Juntos por el Cambio aclararon que “de ninguna manera este pedido busca afectar la presunción de inocencia del senador Alperovich, pero lo cierto es que la Justicia Federal y la de la provincia de Tucumán lejos han estado de darle la celeridad a una investigación que ha trascendido las esferas privadas por los aberrantes hechos denunciados y por la persona del acusado”.

“Por el contrario, se han perdido semanas fundamentales para el avance de la investigación, y aún hasta hoy sigue pendiente de resolución cuál es la jurisdicción competente”, agregaron sobre los idas y vueltas de la denuncia, que se investiga en ambas jurisdicciones donde fue radicada, pero todavía resta que la Corte Suprema resuelva sobre la competencia.

En el comunicado, los senadores manifestaron: “Si el bloque del Frente de Todos no conmina a su integrante a que prorrogue su licencia hasta que exista algún grado de certeza judicial en torno a la acusación, el mensaje que estamos dando a las víctimas que se animan a denunciar estos graves hechos, es que si no consiguen rápido demostrar ellas lo que denuncian, el que ocupa un lugar de poder lo va a seguir haciendo y la investigación judicial seguirá en un plano de desigualdad”.

“Es fundamental seguir protegiendo a la denunciante, que se pueda investigar sin especulaciones políticas y con todas las garantías para todas las partes”, concluyeron.

El diputado nacional Luis Petri, junto a un grupo de sus pares del interbloque Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para prohibir que las ayudas que otorga el Gobierno nacional a diferentes empresas sean un condicionante para la participación en el capital social por parte del Estado.

“El Estado involucrándose en los planes de negocios de las empresas y quedándose con parte de sus acciones a cambio de ayuda, es atentar contra el derecho de propiedad, una confiscación de bienes encubierta”, aseguró el legislador mendocino.

Para el radical, las declaraciones realizadas por la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos -quien propuso esta idea- “no son aisladas y ha sido el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el que calificó como ‘interesante’ la idea de que el Estado se quede con parte de las empresas que asiste”.

“No vamos a permitir que, aprovechando el estado de necesidad, se vulneren los derechos consagrados constitucionalmente”, agregó Petri.

El proyecto fue acompañado por Waldo Wolff, Alfredo Cornejo, Fernando Iglesias, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Álvaro de Lamadrid, Jimena Latorre, Estela Regidor, Lidia Ascárate, Ximena García, Gonzalo Del Cerro y Gabriela Lena.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de ley para que los contribuyentes o responsables puedan compensar sus obligaciones fiscales con saldos a su favor en el pago de estos impuestos: al valor agregado; a las ganancias, a los bienes personales; impuestos internos y contribuciones patronales.

Quedarían así excluidos los contribuyentes declarados en estado de quiebra, querellados o denunciados penalmente; denunciados formalmente, o querellados penalmente por delitos comunes; y personas jurídicas -incluidas las cooperativas- en las que, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros.

El senador por Tierra de Fuego explicó que esta ley establece las compensaciones cruzadas de impuestos, permitiendo que, en caso de tener saldos a favor en determinados impuestos, sirva para cancelar otros. “Hay muchísimas empresas y autónomos que tienen saldos favorables e inmovilizados a tasa cero en cuentas de AFIP y aun así tienen que recurrir a contraer préstamos para pagar otras obligaciones impositivas a tasas exorbitantes. De aprobarse esta ley, esto se termina. Se podrá, por ejemplo, pagar impuesto a las ganancias si uno tiene saldo a favor de IVA y viceversa, y así entre otros impuestos”, señaló.

“En este contexto de emergencia económica y sanitaria, esta ley permitirá que los recursos que se encuentran inmovilizados en una cuenta del Estado, puedan ser utilizados por sus verdaderos dueños para paliar los gastos de la pandemia. Son indispensables para el pago de salarios, gastos, servicios e insumos y todo aquello necesario para poner nuevamente de pie a los verdaderos sostenedores de nuestra Nación”, finalizó el senador Blanco.

El proyecto fue acompañado por los senadores Víctor Zimmermann; Juan Carlos Marino, Mario Fiad, Stella Maris Olalla, Silvia Elías de Pérez, Martín Losteau, Julio Martínez, Luis Naidenoff, Pamela Verasay, Alfredo De Angeli, Roberto Basualdo, Eduardo Costa, Silvia del Rosario Giacoppo, Pedro Braillard Poccard y Juan Carlos Romero.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio denunciaron penalmente este viernes a Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción, luego de la decisión del organismo de retirarse como querella en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, donde Cristina Kirchner y sus hijos están acusados por lavado de dinero.

Los legisladores Jorge Ricardo Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid, entre otros, acusaron al exfiscal por el delito de prevaricato y solicitaron que “se provea la prueba sugerida, se cite al imputado a prestar declaración indagatoria, se lo procese, y oportunamente se eleve la causa a juicio y se lo condene”.

“El doctor Crous ha faltado a las obligaciones de su cargo, con el único y evidente objeto de beneficiar a los allí imputados”, sostuvieron en el escrito, además de enfatizar que “por el cargo que ejerce y las atribuciones asignadas, tiene el mandato de promover la persecución y represión de los autores de los delitos de corrupción”.

Crous “ha perjudicado deliberadamente la causa que le ha sido confiada, incurriendo en el delito de prevaricato”, consideraron y señalaron “el daño que le causa a un caso penal que sea el propio Estado -particular damnificado por el delito investigado-, quien desiste de seguir impulsando una causa que lo tiene como víctima, sobre todo con la cantidad de investigaciones relevantes que han continuado con el ejercicio de la acción por impulso de la querella”.

Firmas en Change.org

En tanto, la legisladora Graciela Ocaña impulsó una iniciativa a través de la plataforma Change.org para que el presidente Alberto Fernández “no consagre la impunidad de la corrupción de Cristina Kirchner”.

Según comunicó la macrista, el pedido “ya lleva más de 50 mil firmas en pocas horas” y apoyaron la solicitud los diputados Cristian Ritondo, Pablo Torello, María Luján Rey, Jorge Enríquez, Carmen Polledo, Soher El Sukaria, Fernando Iglesias, Virgnia Cornejo, Alicia Fregonese, Ignacio Torres, María de las Mercedes Joury y Julio Sahad.

También los senadores provinciales Claudia Rucci y Roberto Costa; y los diputados provinciales Alex Campbell y Susana Lazzari.

Al respecto, Ocaña expresó: “Sentimos indignación porque la injusticia quiere consagrarse en Argentina. Parte de la sociedad no votó a Alberto para darle impunidad a Cristina”.

La petición manifiesta que el objetivo es que “no se avasallen a las instituciones, a nuestra Justicia. Los argentinos no queremos que reine la impunidad en tiempos de pandemia”.

Asimismo, los legisladores nacionales coinciden en que “lo que sucedió con la decisión de retirar las querellas por parte de la Oficina Anticorrupción en las causas ‘Hotesur’ y ‘Los Sauces’, donde se encuentran implicados Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, demuestra la magnitud de la impunidad. Es un hecho grave”.

Legisladores de Juntos por el Cambio criticaron duramente al Gobierno luego de que se conociera que la Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en las causas Hotesur y Los Sauces, que tienen como principales acusados a la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, por presunto lavado de dinero.

El titular de la UCR Nacional y diputado Alfredo Cornejo consideró que esta decisión “consagra la impunidad para @CFKArgentina. El pacto para conformar el Frente de Todos incluía que las causas de corrupción de la era kirchnerista que investigaba la Justicia sean desestimadas. Hoy los hechos nos dan la razón”.

La decisión de la Oficina Anticorrupción consagra la impunidad para @CFKArgentina. El pacto para conformar el Frente de Todos incluía que las causas de corrupción de la era kirchnerista que investigaba la Justicia sean desestimadas. Hoy los hechos nos dan la razón.

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 14, 2020

“La #ArgentinaImpune que no vamos a permitir. Una #verguenza querer aprovechar la #cuarentena y la #pandemia para escapar a la rendición de cuentas”, escribió por su parte el senador Esteban Bullrich (Pro).

En tanto, el diputado macrista Fernando Iglesias lanzó que “NO SE VOTA A LADRONES porque después pasa esto. #jeñosdelvoto”. Mientras que su par Waldo Wolff ironizó: “‘Te dí mis votos, destruime la República. Se llama auto indulto y se pronuncia Alberto Fernández de Kirchner'”.

La #ArgentinaImpune q no vamos a permitir. Una #verguenza querer aprovechar la #cuarentena y la #pandemia para escapar a la rendición de cuentas https://t.co/TG0jSxdTyi

— Esteban Bullrich (@estebanbullrich) May 14, 2020

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña repudió hoy la renuncia de la Oficina Anticorrupción a ser querellante contra Cristina Fernández de Kirchner y advirtió que “garantizar la impunidad es el peor mal que se le puede hacer a nuestra sociedad”. Asimismo, agregó que “cualquier paso atrás en la búsqueda de la Verdad y la Justicia en causas de corrupción como estas implica un desmedro a nuestra democracia”.

En ese sentido, expresó además que “nuestro temor respecto a la utilización de la pandemia vigente para intentar ocultar este tipo de resoluciones dado que todos los poderes, los medios de comunicación y la sociedad se encuentran atendiendo a los aconteceres producidos por el Covid-19″.

“La Oficina Anticorrupción del gobierno se retira de la acusación de la causa Hotesur y Los Sauces. Esto es una medida más para lograr la impunidad”, dijo la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, y anticipó que realizarán “las presentaciones necesarias para que se sancione políticamente a quienes incumplen con su deber de funcionario”.

Hace meses previendo que podía pasar presenté un proyecto de ley para que el Estado no pueda desistir de las querellas en casos graves. Para que no se caigan las causas.
Meses después el Presidente le empieza a cumplir la impunidad prometida a Cristina.
Acá la propuesta👇 https://t.co/6nCLRYgThq

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) May 14, 2020

También desde la CC-ARI, Juan Manuel López recordó: “Hace meses previendo que podía pasar presenté un proyecto de ley para que el Estado no pueda desistir de las querellas en casos graves. Para que no se caigan las causas. Meses después el Presidente le empieza a cumplir la impunidad prometida a Cristina”.

“No somos todos lo mismo. Muchos argentinos buscamos la verdad, otros garantizan la impunidad. No aflojemos: defendamos la libertad, la justicia y la República. Y en 2021 votemos por la verdad”, fue el mensaje de Laura Alonso, extitular de la OA, quien durante la gestión de Mauricio Macri dio un fuerte impulso a las causas.

“Para el Gobierno la impunidad de Cristina Kirchner es una política de Estado. Desmontar, cerrar las causas y que no se la pueda volver a investigar. Hacer de la Justicia como en Santa Cruz un ámbito servil y domesticado al poder”, afirmó el diputado radical Álvaro de Lamadrid,  vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior.

Por su parte, Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que “la Oficina Anticorrupción desistió de la querella en las causas que involucran a CFK sin dar ningún fundamento. En la semana de los ‘superpoderes’, se suma esta novedad que genera las peores expectativas sobre el proyecto de reforma judicial”.

En el mismo sentido, el mendocino Luis Petri sostuvo: “La peor de las pandemias, la de la corrupción enquistada en el poder, sigue viralizándose y parece no tener cura en el país. La Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante en las causas de Hotesur y Los Sauces”.

Por su parte, el diputado radical Gonzalo Del Cerro (Santa Fe) destacó que “dejar de investigar a Cristina por corrupción es una decisión política del presidente Alberto Fernández. Por eso pusieron como titular de la Oficina Anticorrupción al fundador de organización kirchnerista  Justicia Legítima, Félix Crous. No a la impunidad de CFK”.

“Esto genera indignación e impotencia.  La autoamnistía es el peor camino para construir una sociedad con valores. Liberan presos, se auto indultan de causas judiciales y se otorgan facultades legislativas. Es una brutal concentración del poder”, concluyó  Ricardo Buryaile (Formosa).

En el marco de una conferencia de prensa brindada por un grupo de integrantes del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara baja, los jefes de las bancadas que la integran reclamaron el urgente retiro del Decreto de Necesidad y Urgencia que otorgó mayores facultades para la distribución de partidas presupuestarias al jefe de Gabinete, denunciando que con ello el Poder Ejecutivo está “debilitando definitivamente la democracia”, al dejar “vacío” al Parlamento argentino.

El jefe del interbloque, Mario Negri, expresó de entrada su sorpresa por el DNU 457/20, aplicado “sin ningún tipo de necesidad”, dijo, y con el cual el Gobierno regresa a lo que regía entre 2006 y 2016, y que a su juicio representó “un enorme retraso democrático de las facultades del Congreso”.

En aquella oportunidad, recordó, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner modificó la Ley de Administración Financiera en su artículo 37, dándole al jefe de Gabinete “el poder omnímodo de poder distribuir las partidas discrecionalmente por el cien por ciento del monto del presupuesto”.

“Las consecuencias las vimos con los años, con falta de control y corrupción”, sostuvo, remarcando que en 2016 el Gobierno de Cambiemos decidió autolimitarse, modificando nuevamente la Ley de Administración Financiera, autorizando que solamente el 7,5% de los montos de las partidas pudiesen ser modificados por el jefe de Gabinete, sin pasar el 15% del monto total de esa afectación en cada una de las partidas. “Y nos autolimitamos para 2018 a reducir el gasto y dar más control al Congreso: el 5%”, señaló.

Negri recordó que el año pasado el Gobierno hizo sancionar una ley ómnibus que incluía 9 emergencias, y volvió a modificar la Ley de Administración Financiera, pidiendo nuevamente una prerrogativa para disponer del 7,5% del gasto. Se quejó entonces que luego de la colaboración brindada por la oposición en el marco de la pandemia, “nos encontramos con el DNU 450 que borra ilegal e inconstitucionalmente -porque esa facultad delegada aún no ha vencido-, y vuelve a darle facultad al jefe de Gabinete para que discrecionalmente disponga del 100% de fondos del Congreso”.

Negri recordó la disposición exteriorizada por Juntos por el Cambio para apoyar los DNU firmados por el Poder Ejecutivo en el marco de esta pandemia, al punto tal que “íbamos a acompañar” este miércoles su aprobación este miércoles en el Senado. “No entendemos cuál es la razón de esa enorme tentación por volver a un pasado absolutamente negativo, que restringe la democracia, la división de poderes y que concentra de nuevo el poder en el Ejecutivo”, cuestionó, pidiendo entonces la derogación de los artículos que componen el DNU en cuestión. “Vamos a votar el rechazo, pero quisiéramos que el Gobierno recapacite, que dé marcha atrás”, demandó.

En cuanto a los dichos del jefe de Gabinete, que este miércoles señaló que “necesitan un Estado inteligente y rápido en la pandemia”, Negri dijo que “nos parece absurda esa explicación: un Estado inteligente no presupone anular las instituciones, y menos aún los controles, menos el Congreso y el servicio de Justicia”.

“Podrían tranquilamente venir al Congreso a pedir las ampliaciones que necesitan”, aclaró Negri, que reclamó a continuación por la falta de Presupuesto. “Estamos a ciegas -se quejó-. Es decir que con el cuento de que faltaba saber qué pasaba con la deuda, el Gobierno no mandó ningún presupuesto. No sabemos lo que entra, cómo se gasta, adónde van los subsidios… No le estamos pidiendo un presupuesto certero, que no pueda ser modificado, pero un cálculo mínimo de recursos y gastos”.

“Queremos llamar la atención, porque es cierto que estamos en un estado de excepción, y que la sociedad ha resignado libertades ambulatorias, pero de ninguna manera la emergencia sanitaria justifica la emergencia institucional, menos aún la concentración de poderes”, sostuvo el presidente de JxC, para advertir luego: “Máxime cuando los antecedentes que conocemos de esto son negativos, frustrantes, y recuerden lo que fue durante diez años. Cuando vienen en nombre del estado de necesidad a buscar emergencias que convierten en permanentes, lo que estamos haciendo es debilitar definitivamente la democracia y el libre juego de las instituciones”.

En ese marco, dijo, “le reclamamos al Gobierno que retire ese DNU en forma urgente, que recupere el diálogo institucional, que estamos predispuestos, si la necesidad así lo demanda, a acompañar, previa justificación, y que el jefe de Gabinete venga al Congreso a cumplir con el mandato constitucional a hacer su informe. Máxime con lo que acaba de firmar para tomarse estas atribuciones en nombre del Parlamento argentino, al cual dejan vacío”.

La aplicación CuidAR

A continuación, el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, le apuntó a la aplicación CuidAR, señalando que ese tema y el DNU cuestionado representan “avances contra el sistema democrático que la pandemia no justifica”.

“Nosotros entendemos que utilizar el tapa boca es para que no nos contagiemos, pero no para callarnos”, aclaró.

Luego señaló que “no entendemos por qué una aplicación de estas características, que tiene en su composición muchos elementos que cuando yo era ministro, para solicitarlas en un secuestro extorsivo los tenía que pedir a un fiscal… Y hoy esa aplicación no solamente tiene geolocalización, sino también una cantidad de datos personales que no sabemos quién va a controlar, quién la va a tener, para qué la van a utilizar, qué van a hacer con todos esos datos terminada la pandemia…”.

Recordó cuando desde el kirchnerismo cuestionaban lo que el Gobierno de Cambiemos podría llegar a hacer con la base del ANSeS, que es pública, y ahora esta APP plantea respecto de quiénes pueden utilizar esa base, “otros organismos del Estado”. “¿Quién, para qué, qué van a hacer?”, se preguntó, solicitando “un control por parte de auditores externos al Gobierno que permita quedarnos tranquilos que estos datos van a ser utilizados para la pandemia y ningún tema más, y que una vez terminada la pandemia se van a destruir”.

“En este Parlamento, desde el interbloque Juntos por el Cambio, vamos a estar alertas con todos estos temas, porque la pandemia no es menos democracia, menos instituciones”, aclaró.

Luego fue el turno de Maximiliano Ferraro, quien resaltó la actitud “prudente y responsable” expresada por Juntos por el Cambio, y expresó su preocupación por lo que definió como “un DNU peligroso, que avasalla al Poder Legislativo de nuestro país y que de alguna manera es la suma del poder público para el jefe de Gabinete”.

“Los argentinos ya hemos vivido y aprendido de lo que sucedió en nuestro país cuando se otorgaron plenos poderes”, sostuvo.

Fue el turno luego de la titular del partido Confianza Pública, Graciela Ocaña, quien puso la lupa sobre el tema de los materiales comprados a China, a partir de la información que da cuenta de la ineficacia de los test rápidos adquiridos. Recordó que muchos países han encontrado dificultades con los mismos, y por eso reclamó información sobre la fiabilidad de ese material donado por una empresa privada. “Esto no es en contra de nadie”, aclaró, señalando que “es información que creemos que debe ser pública, porque hablamos de la salud de todos los argentinos”.

“El DNU 457 trastoca el programa constitucional al transferir esa atribución al jefe de Gabinete de Ministros. Si la ley de presupuesto establece la finalidad de las partidas pero luego el Jefe de Gabinete reestructura sin límites el destino de las mismas, este último termina apropiándose de una competencia del Poder Legislativo. Con el agravante de que la delegación recae en un funcionario que ni siquiera es de carácter electivo. La ley de presupuesto pasa a ser una norma vacía de contenido”. Este párrafo corresponde al comunicado difundido este martes por los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales del interbloque Juntos por el Cambio en referencia a los poderes especiales otorgados por el presidente a Santiago Cafiero a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Los diputados remarcaron que “los superpoderes constituyen una práctica anómala e irregular que como tantas otras fueron ‘normalizándose’ en la práctica, al incluirse en las leyes de presupuesto esa delegación. Los superpoderes fueron institucionalizados durante el gobierno de Néstor Kirchner. El jefe de Gabinete quedó autorizado a disponer las reestructuraciones presupuestarias que a su arbitrio fueran necesarias, sin ningún tipo de limitación”.

“Esta anomalía se corrigió en 2016 con la modificación de la Ley de Administración Financiera, acotando la atribución del jefe de Gabinete a límites razonables, para afrontar las situaciones excepcionales que se presentan durante la ejecución presupuestaria. De esta forma, quedó establecido que el jefe de Gabinete solo podría efectuar reestructuraciones hasta el 7,5% del total del presupuesto durante 2017, y solo hasta el 5% desde 2018 en adelante”, puntualizaron a través de un comunicado en el que afirman que “el Poder Ejecutivo nos devuelve a los superpoderes en toda su plenitud. El art. 6° del decreto habilita a que el jefe de Gabinete reestructure las partidas durante todo 2020 sin ningún tipo de límite. Y si bien lo enmarca en la finalidad de la pandemia, constituye un criterio absolutamente subjetivo, indefinido e insuficiente para acotar tan exorbitante potestad”.

Recuerdan los legisladores que los DNU están previstos para que el Presidente emita disposiciones de contenido legislativo como excepción, cuando la urgencia hace imposible seguir el trámite ordinario para aprobar las leyes. “Pero de ninguna manera pueden ser empleados para alterar la distribución de competencias que dispone la Constitución ya que ello equivaldría a reformarla”, aclaran, para agregar luego: “Con el agravante de que todo ello se suscita en un escenario de “suspensión de las actividades” de las Cámaras y consecuente superabundancia de DNU, carencia de ley de presupuesto para 2020 e incumplimiento del jefe de Gabinete en asistir a rendir el informe mensual ante las Cámaras que le impone el art. 101 de la Constitución”.

Así las cosas, consideran que “el Gobierno reedita las prácticas kirchneristas: discrecionalidad y arbitrariedad para decidir la inversión presupuestaria, falta de control en la ejecución del presupuesto, falta de transparencia y concentración de las decisiones en un grupo reducido de funcionarios”. Todo ello –añaden- “posibilitó y dio lugar a la cartelización de la obra pública, los sobreprecios, las obras que se pagaban pero ni siquiera se iniciaban, y un esquema inédito de corrupción sistémica”.

Los diputados de Juntos por el Cambio afirman que “Cambiemos terminó con los superpoderes en 2016 porque para combatir la corrupción había que terminar con las herramientas que la facilitan. No podemos volver al mismo esquema, el DNU 457 debe ser inmediatamente derogado”.

Horas antes de la sesión que celebrará la Cámara de Diputados, el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio brindará este miércoles, a las 12.30, una conferencia de prensa en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados.

Según se anticipa, allí se explicará la posición del interbloque sobre el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia que extiende las facultades delegadas al Poder Ejecutivo (el regreso de los superpoderes), sobre la aplicación CuidAR y sobre la compra de test defectuosos para el Covid-19 llegados de China.

Legisladores del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados alertaron por los “superpoderes” otorgados Santiago Cafiero, a través del DNU 457/20 que se publicó este lunes y en el cual, además de ampliar el gasto público, se suspendió por este año el tope del 5% para las reestructuraciones presupuestarias que puede hacer el jefe de Gabinete.

Con el argumento “dotar de flexibilidad” al presupuesto “para la atención de los gastos que se eroguen en virtud de medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria” por el coronavirus, el Gobierno dejó sin efecto lo establecido en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, mediante el artículo 4 del reciente decreto.

Ante esto, el jefe del interbloque opositor en Diputados, el radical Mario Negri, expresó: “El art. 4to del DNU 457/20 del Pte. @alferdez cercena definitivamente cualquier facultad del Congreso de la Nación en materia presupuestaria. Sin límites puede disponer de las reasignaciones presupuestarias sin ninguna autorización. A todo esto seguimos sin presupuesto”.

“Digamos la verdad. El Congreso Nacional se ha convertido en una institución que funciona con carácter de excepción, en materia penal y tributaria. El abuso de los DNU lo aniquiló. Es casi lo que la realeza a las monarquías constitucionales. Una formalidad”, bramó el macrista Luciano Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.

Por su parte, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, enfatizó que “la emergencia no puede ser excusa para permitir la suma del poder público, otorgar plenos poderes, neutralizar las instituciones y avanzar contra los valores republicanos que nuestra Constitución sostiene y defiende”.

“En un contexto donde el Congreso aún no ha podido sesionar, el decreto de necesidad y urgencia N°457/2020 que da al Jefe de Gabinete la posibilidad de modificar el presupuesto sin limitación alguna es un atropello a las facultades del Poder Legislativo”, agregó.

En tanto, el radical Alejandro Cacace manifestó: “El Gobierno directamente suspendió ayer por decreto la Ley de Administración Financiera para todo 2020 y se arrogó superpoderes presupuestarios ilimitados. Además de no tener el país presupuesto 2020, asume ahora el Presidente las facultades del Congreso”.

“El mismo gobierno que acusa a la oposición de hacer política por Twitter es el que tiene clausurado el Congreso desde hace meses y ahora intenta quitarle una de sus principales funciones: el manejo del Presupuesto. Basta!”, exclamó Fernando Iglesias (Pro), mientras que su par Waldo Wolff (Pro) consideró que “el menosprecio que tiene el presidente por el sistema republicano es sustantivo. Meta decreto. El modelo ‘Puebla'”.

También a través de las redes, el radical Gustavo Menna analizó que “el DNU 457 vuelve a los superpoderes. El Congreso aprueba la ley de presupuesto pero ahora el Jefe de Gabinete cambia las partidas a su antojo. Se desnaturaliza el programa constitucional según el cual el Poder Legislativo aprueba anualmente el presupuesto de gastos”.

“El DNU 457 lleva la delegación al Jefe de Gabinete al 100% del presupuesto, que es el esquema que había impuesto el kirchnerismo en 2006. Es decir, no hay más ley de presupuesto porque apruebe lo que apruebe el Congreso, el Jefe de Gabinete puede cambiar todas las partidas”, señaló.

Y completó que “es una decisión que le arrebata una de las principales competencias al Congreso. Por algo al presupuesto se le llama “ley de leyes”. El destino de las erogaciones pasa a manos de un funcionario que ni siquiera cumple con el informe mensual impuesto por la Constitución”.

Mediante un comunicado, la radical Gabriela Lena advirtió que el Gobierno “quiere anular el Congreso y ejercer el poder sin control”.

El art 4to del DNU 457/20 del Pte. @alferdez cercena definitivamente cualquier facultad del Congreso de la Nación en materia presupuestaria. Sin límites puede disponer de las reasignaciones presupuestarias sin ninguna autorización.A todo esto seguimos sin presupuesto.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 12, 2020

Digamos la verdad. El Congreso Nacional se ha convertido en una institución que funciona con carácter de excepción, en materia penal y tributaria. El abuso de los DNU lo aniquiló. Es casi lo que la realeza a las monarquías constitucionales. Una formalidad. https://t.co/tM0VcgOjlz

— Luciano Laspina (@LaspinaL) May 12, 2020

La emergencia no puede ser excusa para permitir la suma del poder público, otorgar plenos poderes, neutralizar las instituciones y avanzar contra los valores republicanos que nuestra Constitución sostiene y defiende.

— maxi ferraro (@Maxiferraro) May 12, 2020

El Gobierno anunció el viernes que el uso de la app CuidAR será obligatorio para todos los ciudadanos que vuelvan al trabajo y tengan permiso de circulación. Ante ello, desde Juntos por el Cambio expresaron su preocupación por el destino que pueda llegar a darse a esos datos.

“Coincidimos en que la tecnología puede ser muy útil en esta fase de la pandemia, para rastrear posibles contactos de los contagiados y, llegado el caso, aislarlos”, expresaron a través de un comunicado firmado por los titulares de los partidos que conforman JxC, los diputados nacionales Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI) y Patricia Bullrich (Pro), en el cual advirtieron que “nos preocupa, sin embargo, el uso que el Gobierno pueda darle a esta enorme cantidad de datos sobre los ciudadanos a los que tendrá acceso”.

Esta aplicación posibilita el autoexamen de síntomas suma nuevas herramientas de cuidado y prevención. Explica qué hacer en casos de Covid-19 confirmados o descartados y brinda herramientas de seguimiento y de contacto a los gobiernos provinciales. Esta versión, que irá evolucionando, fue desarrollada en conjunto por la comunidad científica, empresas del ámbito privado y el Estado.

Sostienen desde la oposición que “el Gobierno va a saber la ubicación geográfica de cada usuario en todo momento, sus datos sanitarios (provistos por cada usuario) y tiene autorización para compartir algunos datos con redes sociales, como Facebook, entre otras autorizaciones”.

Al ser obligatoria, y al no haber una explicación detallada de sus alcances, proponen que un comité de expertos analice la aplicación desde su código fuente, y piden además la presencia de fiscales informáticos en los centros de monitoreo que alimente esta aplicación.

A tal fin, en ambos casos propondrán los nombres a integrarse.
“Consideramos, además, la obligatoriedad de la participación en el proceso de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), dependiente de la Corte Suprema de Justicia, ya que son los únicos autorizados en nuestra legislación para intervenir en el seguimiento y geolocalización de las personas”, precisa el comunicado, recordando que “muchos países están lanzando apps de este tipo, con objetivos similares a los de CUIDAR. Y en todos se ha generado un debate sobre sus alcances, por la sensibilidad del tema y la capacidad del mal uso de la información”.

Con ese objetivo los titulares del Pro, la UCR y la CC piden “transparencia y apertura de la información para que no haya ningún tipo de dudas respecto a la utilización de datos de los usuarios, y más aún cuando se trata de derechos y libertades individuales”.

Tras las fallas registradas en el sistema de votación virtual de la Cámara de Diputados, el interbloque de Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri, propuso que hasta tanto esté listo el dispositivo, se lleve a cabo de forma “urgente” una sesión presencial en un sitio más amplio, con la participación remota de aquellos que no puedan viajar a la Capital Federal.

En la prueba piloto de este miércoles, realizada con la capacitación de género de la Ley Micaela, numerosos diputados se vieron imposibilitados de acceder a la conexión segura (VPN): si bien podían participar de la videoconferencia a través del sistema Webex, quedaban impedidos de votar.

Tras esta experiencia insatisfactoria, este jueves se trabajó el tema en reuniones entre el personal técnico de la Cámara y los secretarios parlamentarios de los bloques, además de la realización de nuevas pruebas, incluso en el propio recinto.

Dado que la intención del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, es garantizar la confiabilidad y transparencia del sistema antes de su debut, fuentes parlamentarias aseguraron que la sesión virtual no se realizará el sábado, como se dijo en un principio, dado que continuarán los ensayos.

“Se va a trabajar el tiempo que sea necesario”, indicaron desde la Cámara baja, y deslizaron que este viernes podría haber algún tipo de conclusión sobre los avances.

Pero mientras se trabaja en ese sentido, diputados de Juntos por el Cambio mantuvieron diversas reuniones para analizar los pasos a seguir, y concluyeron en pedirle a Massa una solución alternativa hasta que el dispositivo virtual esté en condiciones de funcionar.

Hasta tanto se ponga a punto el sistema de sesiones remotas, pedimos una sesión presencial en un recinto más amplio para respetar los protocolos sanitarios. Si un grupo de legisladores no puede viajar podría sesionar desde sus provincias (con certificación pública de identidad) pic.twitter.com/XOcqIx28BP

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 7, 2020

En un comunicado, la bancada conducida por Negri reiteró “la necesidad de sesionar en forma urgente para poder tratar las iniciativas que buscan soluciones a la situación del país desatada por la pandemia del Covid-19”.

“Insistimos en que se habilite el funcionamiento presencial, tomando los recaudos sanitarios pertinentes, hasta tanto el sistema a distancia esté listo”, plantearon.

¿En qué consiste la propuesta de Juntos por el Cambio? El interbloque sugiere que “en los casos en que haya diputados que por cuestiones de salud se vean impedidos de desplazarse hasta la Ciudad de Buenos Aires, puedan asistir a sus Legislaturas provinciales o se les habilite el sistema remoto con certificación pública de identidad”.

El objetivo de Juntos por el Cambio es “descongestionar” el sistema de votación virtual, que fue lo que falló en el simulacro, dado que la mayor cantidad de diputados participaría en forma presencial -proponen como lugar el Centro Cultural Kirchner o el Teatro Colón-.

Para aquellos que no puedan trasladarse, la propuesta es que un oficial del RENAPER corrobore in situ la identidad del diputado: el mismo sistema que la vicepresidenta Cristina Kirchner implementará en el Senado, que sesionará el miércoles próximo.

De todos modos, desde Juntos por el Cambio manifestaron su “compromiso de contribuir a resolver los problemas evidenciados en la prueba del sistema”, y reiteraron “la voluntad de asistir a las capacitaciones que la Cámara ponga a disposición para la puesta a punto del sistema de sesiones telemáticas mixtas acordadas en la mesa de Labor Parlamentaria”.

“Hemos acercado nuestros proyectos a la Presidencia de la Cámara. Creemos que es imprescindible debatir sobre cómo enfrentar la crisis económica en la convicción de que el debate de distintas fuerzas políticas reforzará la legitimidad de las medidas y enriquecerá las propuestas”, concluyeron los legisladores de la oposición.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio solicitaron al Gobierno nacional que brinde información sobre la distribución de insumos para protección del personal sanitario y el equipamiento hospitalario, a raíz de las denuncias y reclamos de médicos y enfermeros en todo el país, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que se registró en las últimas semanas.

El pedido de informe presentado por la diputada Mercedes Joury, con el acompañamiento del presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, y sus pares Graciela Ocaña, Carmen Polledo, Silvia Lospennato, María Luján Rey, Adriana Cáceres, Karina Banfi, Mariana Stillman, Natalia Villa, Martín Medina, Josefina Mendoza, Waldo Wolff, Camila Crescimbeni, Juan Aicega y Hernán Berisso. 

Desde Juntos por el Cambio argumentaron que desde el comienzo de esta pandemia “sabíamos que el sistema sanitario público se iba a encontrar con una situación muy compleja dado el carácter excepcional de este virus y las deficiencias estructurales del propio sistema de salud”.

“La medida del aislamiento social, preventivo y obligatorio otorgó más tiempo para conseguir insumos básicos para la protección del personal de la salud y para incrementar el equipamiento hospitalario a la espera del pico del virus”, expresó Joury, sin embargo, indicó que desde el espacio “nos preocupa mucho las denuncias y reclamos de médicos y enfermeros de diferentes hospitales, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, por la falta de barbijos, guantes y alcohol en gel, entre otros insumos, para su protección”.

Asimismo, según se enfatizó, esta situación es mucho más preocupante en el conurbano bonaerense, la región más densamente poblada del país, y donde se concentra la mayor cantidad de infectados y fallecidos por el virus.

En ese sentido, solicitaron conocer la cantidad de insumos básicos que se compraron, cuántas camas para terapia intensiva, intermedia y de aislamiento simple se sumaron, cuántos respiradores se consiguieron y con qué criterios se distribuyeron en la provincia de Buenos Aires. 

Por su parte, la diputada María Luján Rey precisó que el pico de la enfermedad “aún no llegó y ya tenemos en la provincia de Buenos Aires hasta hoy un total de 102 fallecidos y 1.753 infectados, la mayoría de los cuáles se concentra en el conurbano”, por ello, solicitó enfáticamente que el Gobierno detalle cómo fue ampliando la capacidad de camas de terapia intensiva, intermedia y de aislamiento en el país y en particular en la provincia de Buenos Aires, “para estar lo mejor preparados cuando llegue el momento crítico”. 

Asimismo, se reclamó que se detalle sobre las licitaciones previstas para adquirir insumos de protección y equipamiento sanitario para enfrentar la pandemia, las cantidades entregadas de insumos médicos al personal de la salud del sistema sanitario público de la provincia, como Barbijos N° 95, Camisolines, Guantes, Antiparras, Máscaras de acrílico y Alcohol en Gel.

Trajo “cola” la Resolución Conjunta 06/2020 firmada por las autoridades de ambas cámaras y de la que parlamentario.com informara de manera exclusiva el jueves pasado. Se trata de un adicional especial por “emergencia sanitaria” destinado a los empleados del Congreso que desempeñaron tareas durante la cuarentena vigente.

La medida suscripta por la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados fue rechazada por el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, que argumenta que “en un momento donde todos los argentinos están haciendo grandes sacrificios, y las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran en una situación crítica, debería ser impensable asignar recursos adicionales que no sean destinados a los trabajadores de la salud y de las fuerzas de seguridad, que arriesgan sus vidas y las de sus familias para protegernos”.

El interbloque que conduce el formoseño Luis Naidenoff exige que “se revea y derogue la Resolución Conjunta”, aunque aclara que tal rechazo “de ninguna manera busca desmerecer el trabajo del personal del Congreso de la Nación, cuya labor es fundamental para el funcionamiento de este poder”.

Sin embargo, añaden, “creemos que no debemos ser una excepción al esfuerzo que debe hacer el resto de la población”.

Cabe recordar que desde la Cámara de Diputados aclararon a parlamentario.com que el beneficio anunciado alcanza allí a no más de 35 o 40 trabajadores diarios, menos del 1% del personal total del Cuerpo.

El bloque de senadores del Frente de Todos rechazó este jueves la propuesta de la oposición para que la sesión venidera en la Cámara alta sea de carácter “mixto”, y en cambio respaldó la intención de la vicepresidenta Cristina Kirchner de que el debate sea netamente virtual, luego del fallo favorable de la Corte Suprema.

En un comunicado firmado por el presidente de la bancada, José Mayans, y la vice, Anabel Fernández Sagasti, el Frente de Todos consideró “discriminatorio” que un grupo reducido de senadores pueda asistir al recinto, mientras que el resto debería participar de forma remota.

La propuesta de la oposición, encabezada por Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni (Juntos por el Cambio) y Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal), consistía en que “a efectos de garantizar la transparencia y seguridad de la sesión, se habilite un  sistema mixto que combine la participación remota de una mayoría de miembros, con la presencia en el recinto de la autoridades de Cámara y un máximo de 15 senadores respetando la proporcionalidad política”, o bien los jefes de bloque.

Sin embargo, el Frente de Todos consideró, en primer lugar, que “no surge fundamento alguno que exprese los motivos por los cuales la propuesta opositora garantice ‘la transparencia y seguridad’ de la sesión”.

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Para el oficialismo, con el sistema mixto “se estaría propiciando un trato desigual y, en cierta forma, discriminatorio entre los senadores”. “Nos parece inaceptable que los senadores tengan distintas posibilidades de participación. El trato debe ser igual para todos”, insistieron.

El bloque presidido por Mayans advirtió que “indudablemente los senadores que residen en provincias alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tendrían las mismas posibilidades de participación, y para participar de forma presencial, deberían exponerse a riesgos mayores que sus pares, por lo que seguramente tendríamos un recinto con participación mayoritaria de las provincias centrales y escasa o nula representación del interior profundo de nuestro país”.

Otro punto objetado de la propuesta de la oposición fue que “establece que el número de senadores presentes en el recinto deberá respetar la proporcionalidad política”.

“Cabe reflexionar sobre una hipotética situación en la que, sentados los 15 senadores en el recinto, concurren al mismo otros senadores con la voluntad de ocupar sus bancas para no sentirse discriminados. ¿Cómo se procedería en tales circunstancias? ¿Se cercenaría la voluntad de los senadores cuya participación en el recinto no estaba acordada? ¿O se les permitiría participar vulnerando la proporcionalidad?”, se preguntaron desde el Frente de Todos.

También interrogaron “de qué manera se garantizaría la representación proporcional de los monobloques en el recinto sin afectar la proporcionalidad”. “Lejos de garantizar el principio de participación, lo vulnera”, sentenciaron.

Por otra parte, indicaron que “la presencia en el recinto de un número considerable de senadores generaría la necesidad de convocar a una gran cantidad de trabajadores del Senado a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del mismo, lo que pondría en riesgo, innecesariamente, a un mayor número de personas”.

No todo fueron críticas: el oficialismo coincidió con la oposición en que “los legisladores que se conecten de forma remota puedan hacerlo desde organismos oficiales en sus provincias o desde sus domicilios particulares si las condiciones de conectividad lo permiten”.

También consideraron que “se debe flexibilizar al máximo la lista de oradores y los tiempos de uso de la palabra, siempre que las posibilidades técnicas así lo permitan”.

Por último, marcaron la necesidad de “acotar la agenda parlamentaria para esta modalidad de funcionamiento a iniciativas legislativas vinculadas a la emergencia dentro del período que las circunstancias sanitarias así lo exijan”.

Tras retomar el cuarto intermedio dispuesto este martes, los legisladores oficialistas que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo firmaron dictamen favorable sobre la validez de una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emanados del Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia del Covid-19.

A pesar de que Juntos por el Cambio pidió aguardar la aprobación del protocolo de funcionamiento virtual -que se estaba tratando simultáneamente en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados-, el presidente de la bicameral, Marcos Cleri, informó la decisión mayoritaria de avanzar con los despachos.

Según resolvió, los legisladores que estuvieran en el Congreso firmarían los dictámenes de forma presencial, mientras que el resto lo haría a través de la firma virtual.

Al principio de la reunión por videoconferencia, el diputado de la UCR Luis Petri pidió postergar nuevamente los dictámenes, pero la propuesta fue rechazada por Petri, con lo cual Juntos por el Cambio anunció que presentaría sus disidencias en las próximas horas, con el protocolo de funcionamiento remoto ya vigente.

El diputado del Frente de Todos Pablo González salió al cruce de Juntos por el Cambio y consideró que “hay un trasfondo político” y un intento de “querer hacer aparecer como que estamos forzando el reglamento con algo que no se corresponde con la ley”.

“Debe ser difícil explicar que muchos diputados viajaron a Buenos Aires innecesariamente porque se los hace venir a Capital Federal y al día siguiente se los hace firmar digitalmente un despacho de comisión”, ironizó González.

El radical Gustavo Menna salió a responderle al santacruceño. “El pedido que estamos haciendo es de absoluta buena fe. Buscamos ser prolijos y que haya una convalidación como corresponde”, acloaró, mientras que Petri agregó que “no hay un ánimo especulativo ni dilatorio”.

Sin embargo, Cleri explicó que “la bicameral dicta su propio reglamento” según lo definen de manera mayoritaria sus integrantes, y “se estipuló su modo de funcionamiento teniendo en cuenta los avances en ambas Cámaras” en pos de la virtualidad, más allá de que no se hubiera  aprobado aun el protocolo.

En cuanto a los DNU, Juntos por el Cambio anunció su rechazo al 313/20 -que amplió el cierre de fronteras a las personas residentes en el país y argentinos residentes en el exterior-; y al 329/20, que prohibió por 60 días los despidos sin causa en el contexto de la emergencia sanitaria.

Los 20 DNU aprobados

DNU 260/20, del 12 de marzo de 2020, sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.

DNU 274/20, del 16 de marzo de 2020, por el cual se establece la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de 15 días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso.

DNU 287/20, del 17 de marzo de 2020, por el cual se modifica el Decreto 260/20 sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.

DNU 297/20, del 19 de marzo de 2020, mediante el cual, a fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos indicados en el presente decreto, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.

DNU 311/20, del 24 de marzo de 2020, mediante el cual se establece que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión.

DNU 312/20, del 24 de marzo del 2020, mediante el cual se suspende hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación establecidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.730, como así también la aplicación de las multas previstas en dicha norma.

DNU 313/20, del 26 de marzo de 2020, por medio del cual se amplían los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de fronteras y cualquier otro punto de acceso dispuesto por el decreto 274 del 16 de marzo de 2020, esta ampliación estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive.

DNU 316/20, del 28 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga hasta el 30 de junio de 2020 inclusive el plazo establecido en el último párrafo del artículo 8 de la Ley Nº 27.541 para que los contribuyentes puedan acogerse el Régimen de Regularización establecido en el Título IV de esa ley.

DNU 319/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se establece la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y el congelamiento, hasta el día 30 de septiembre del corriente año, del valor de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino.

DNU 320/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se suspende en todo el territorio nacional hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados en el artículo 9 y el congelamiento de precios de alquileres.

DNU 325/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20 con las modificaciones previstas en el presente decreto hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.

DNU 326/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se instruye a la autoridad de aplicación y al Comité Administrador del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), creado por el artículo 8 de la Ley Nº 25.300, constituir un Fondo de Afectación Específica, con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las MiPyMES.

DNU 329/20, del 31 de marzo de 2020, mediante el cual se prohíbe por el plazo de 60 días a partir de su publicación los despidos sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo.

DNU 331/20, del 1º de abril de 2020, mediante el cual se prorroga el plazo establecido por el artículo 1º del decreto 274/20 (prohibición de ingreso al territorio nacional), hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive.

DNU 332/20, del 1º de abril de 2020, por medio del cual se crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectado por la emergencia sanitaria.

DNU 347/20, del 5 de abril del 2020, por el cual se crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que estará integrado por los titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

DNU 355/20, del 11 de abril del 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20, prorrogado a su vez por el decreto 325/20 sobre Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

DNU 365/20, del 11 de abril de 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 274/20, prorrogado a su vez por el decreto 331/20, sobre el cierre de fronteras hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

DNU 367/20, del 13 de abril de 2020, sobre considerar la enfermedad Covid-19 producida por el coronavirus SARS-COV-2, presuntivamente, una enfermedad de carácter profesional (no listada) en los términos del apartado 2 Inciso B) del artículo 6 de la Ley Nº 24.557.

DNU 376/20, del 19 de abril de 2020, sobre la ampliación del decreto 332/20, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

El senador nacional Martín Lousteau (UCR) cuestionó este martes la campaña “Travesía por la democracia”, encabezada por diputados de Juntos por el Cambio que al comienzo de esta semana encararon un viaje -en auto- desde sus provincias hacia Buenos Aires para reclamar por una sesión presencial en el Congreso.

“Si bien está feo el clima, travesía por la democracia es otra cosa. Es (Raúl) Alfonsín el último año de la dictadura caminando pueblo por pueblo para construir la democracia”, disparó el legislador en declaraciones a radio Con Vos y agregó que “cuando exageramos o mal utilizamos algunas cosas que son muy sensibles, las bastardeamos”.

Para el opositor, “es imprescindible que el Congreso sesione por varias cosas: primero porque hay DNU’s, ahí tenes un potencial de litigiosidad a futuro; segundo porque podemos hacer contribuciones; y tercero porque hay cosas que controlar”.

“A mí no me gusta el circo que se arma en torno al funcionamiento del Congreso, porque creo que los cuerpos tienen reglamentos y son muy claros. Hay que sentarse a trabajar y ver cómo se modifican los reglamentos para estos tiempos, cómo se adaptan y empezar”, consideró.

En ese sentido dijo que “no” le “gusta” cuando “la presidenta (del Senado, Cristina Kirchner), innecesariamente, intenta una declaración de certeza de la Corte” como tampoco le “simpatiza” la “Travesía por la democracia”.

“En lugar de sentarnos a resolver un problema y darle tranquilidad a la gente armamos un circo; el de Cristina, por un lado, y este (en referencia a la campaña de JxC) por el otro”, reiteró.

Finalmente, Lousteau expresó: “Me parece que es minimizar o bastardear. Decir que ‘nos robaron la democracia’ es minimizar o bastardear la grave historia institucional argentina con respecto a la democracia”.

Por Carolina Ramos

Tras una extensa reunión presencial que combinó informes técnicos con debate político, oficialismo y oposición lograron un principio de acuerdo en la Cámara de Diputados para sesionar la semana próxima. Entre la opción presencial y la virtual, cobró fuerza una posibilidad intermedia: la de realizar una sesión “mixta”, para garantizar el cumplimiento de las restricciones sanitarias.

Los jefes de bloque llegaron a un entendimiento para que pueda realizarse por primera vez una sesión con la sola presencia física de los jefes de bloque y las autoridades de la Cámara, mientras que el resto de los diputados podría participar de manera remota, por intermedio de una aplicación que permite dar quórum y votar a través de una “conexión segura” (VPN).

“Pudimos avanzar en la idea de que, con la presencia de autoridades y presidentes de bloque y diputados en modo virtual, podamos construir un proceso que nos permita, como Parlamento, sesionar de manera virtual”, confirmó a la prensa el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, quien encabezó la reunión de Labor Parlamentaria.

Fue la primera vez que diputados de distintas fuerzas se encontraron cara a cara desde que se declaró la pandemia del Covid-19. En el Salón Delia Parodi, legisladores y autoridades se sentaron con la debida distancia, todos con barbijos y provistos de alcohol en gel.

Estamos trabajando para resolver cuándo y cómo sesionamos. Vengo de la reunión de Labor Parlamentaria. Hay que establecer un Protocolo y un cambio en el reglamento que especifique qué es la excepcionalidad para sesiones remotas. Ojalá lleguemos a un acuerdo con el oficialismo. pic.twitter.com/iIT7RhPcnq

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) April 28, 2020

La discusión continuará este martes en una reunión de la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario, recientemente constituida, donde se elaborará un protocolo de sesión virtual; esto es, los pasos a seguir para concretar este tipo de debates, que hoy no están regulados -aunque sí permitidos por el reglamento-.

Luego, a pedido de Juntos por el Cambio, ese protocolo será abordado en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Mayda Cresto (Frente de Todos). La intención es que haya dictamen favorable esta semana -podría ser el miércoles-.

El tercer paso aun no está cerrado: mientras Juntos por el Cambio insiste en que el dictamen debe aprobarse en una sesión presencial -porque así lo indica el reglamento para las propuestas de reforma-, desde el Interbloque Federal sostuvieron que bastaría con el aval del protocolo en Labor Parlamentaria.

Sea como sea, Massa aclaró en conferencia de prensa que el protocolo en cuestión se renovará cada 30 días, con el fin de no perpetuarlo en el tiempo. Y en favor de la virtualidad, advirtió que una sesión convencional requeriría la presencia de “alrededor de 900 personas” en un mismo sitio.

En tanto, Juntos por el Cambio mantendrá una reunión de interbloque este martes a las 16 para analizar los pasos a seguir. “No se puede votar leyes por videoconferencia porque todavía no se modificó el reglamento. Nosotros no estamos cerrados al sistema de sesiones remotas o mixtas. Estamos queriendo acordar, pero observamos que no hay diálogo político sincero”, se atajó Mario Negri en declaraciones al canal TN.

En la reunión de Labor Parlamentaria estuvieron, además de Massa, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, y sus pares Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez. También tomaron parte el secretario general de la Presidencia, Juan Manuel Cheppi; los secretarios parlamentario, Eduardo Cergnul, y administrativo, Rodrigo “Rodra” Rodríguez.

Participaron además el radical Negri, Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Eduardo “Bali” Bucca por el Interbloque Federal; y José Luis Ramón por Unidad Federal para el Desarrollo. Por último, asistieron el vicepresidente primero de la Cámara, Álvaro González; la secretaria parlamentaria del Pro, Silvia Lospennato; y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.

La reunión inició con una serie de informes técnicos a los diputados por parte de los funcionarios de la Cámara. El secretario Cheppi detalló en primer lugar las herramientas de funcionamiento remoto utilizadas desde que se dispuso el aislamiento, y luego sintetizó los convenios firmados con el RENAPER y ARSAT para la realización de sesiones virtuales.

A su turno, Rodríguez expuso un informe sobre las medidas sanitarias y de funcionamiento general de la Cámara adoptadas por la Secretaría Administrativa, y también informó sobre la asignación de fondos de subsidios a instituciones sanitarias.

A continuación, el director médico de Diputados, Marcelo Alak, formuló una serie de recomendaciones sanitarias y entre ellas desaconsejó el desarrollo de una sesión presencial en el recinto, con el fin de preservar el aislamiento social. Insistió en que, en caso de elegirse ese formato, debe respetarse una distancia mínima de dos metros entre los participantes.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario, Daniela Vilar, se refirió al trabajo en ese ámbito para elaborar el protocolo de sesiones virtuales. Con ese fin habrá una nueva reunión de esa comisión este martes a las 14, en formato remoto.

Mientras se retrasa la presentación del proyecto del Frente de Todos para crear un impuesto sobre las grandes fortunas, sorprendió este viernes una iniciativa de senadores de Juntos por el Cambio para crear una “contribución extraordinaria” sobre los bienes que superen los 200 millones de pesos, orientada a la inversión.

El proyecto fue presentado por el sanjuanino Roberto Basualdo, del bloque Producción y Trabajo, y fue acompañado por sus pares Humberto Schiavoni, Alfredo De Angeli, Claudio Poggi, Gladys González, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez y Pedro Braillard Poccard, y también por Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal.

Hoy presenté en el @SenadoArgentina un proyecto de Ley para que los grandes contribuyentes, quienes posean bienes por más de 200 millones de pesos, realicen una contribución extraordinaria para la inversión y el desarrollo productivo de Argentina. 👉https://t.co/nRDYtENTSd pic.twitter.com/wYY5q2BFfp

— Roberto Basualdo (@RGBasualdo) April 24, 2020

La iniciativa le da a los contribuyentes alcanzados por este impuesto la opción de destinar ese importe a inversiones en construcción, mejora o adquisición de bienes inmuebles, de automotores nuevos y de bienes de uso, entre otros rubros, para ayudar a atender las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del Covid-19.

Si el contribuyente decide tomar ese camino, el monto de la inversión efectivamente realizada no será computado al momento de determinar la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales por el término de un período fiscal.

El nuevo impuesto sería creado “con carácter de emergencia y por única vez” y recaería sobre las personas humanas en función de aquellos bienes radicados en el país y en el exterior que superen los 200 millones de pesos, sobre los cuales se aplicaría una alícuota del 2,5%. 

Asimismo, se propone modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias, eliminando el límite dispuesto para la deducción de donaciones cuando las mismas tengan como destino la Cruz Roja, hospitales públicos y comedores escolares.

“El proyecto procura que los grandes contribuyentes aporten a la recuperación económica con inversión, requisito esencial para poner en marcha nuevamente a nuestro país”, explicó Basualdo, y agregó: “Se  pretende  que  esas  inversiones  impulsen  la  reactivación  de  la  economía  argentina, la producción y nuevos puestos de trabajo, al tiempo que el consumo aumente”. 

En una contrainiciativa a la que impulsa el Frente de Todos, que propone gravar por única vez a las grandes fortunas con un impuesto extraordinario, desde Juntos por el Cambio planean un proyecto para obligar a estos sectores a realizar inversiones.

“Lo primero que hay que tratar es cómo se sale de la cuarentena haciendo producir al país. Cualquier fortuna que esté en el país ya está pagando impuesto”, sostuvo la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro).

En declaraciones radiales, la legisladora opositora indicó que desde su espacio se está “trabajando en un proyecto parecido en relación a grandes riquezas, pero en vez de hacer una cuestión impositiva, la decisión es que haya inversiones por parte de las grandes fortunas, para que no permanezcan en el exterior o paralizadas”.

“Tenemos que quitar la ideología y que parezca que somos Robin Hood, que le sacamos a los ricos para darle a los pobres. Hay que buscar soluciones concretas”, lanzó la macrista, al cuestionar la propuesta que está elaborando el diputado nacional Carlos Heller, por orden de Máximo Kirchner, el jefe del FdT en la Cámara baja.

En ese sentido, Rodríguez Machado consideró que lo que debe “premiarse” es “la inversión productiva que genere puestos de trabajo”. “De la misma forma en que podés obligar a una persona a pagar, también la podés obligar a generar inversiones productivas, y si no lo hace, le podés cobrar algún impuesto”, añadió.

En el marco del debate generado en torno a la parálisis del Parlamento nacional, las autoridades legislativas de Juntos por el Cambio de ambas cámaras recordaron lo “esencial” que es en una república democrática que la sanción de leyes y el control legislativo, y reclamaron que el Congreso cumpla su rol en esta emergencia.

De cara a los cambios que pretenden implementar en los reglamentos de ambas cámaras, observan además que “cualquier modificación en las modalidades de funcionamiento debe seguir los pasos que establece la normativa vigente”.

A través de un comunicado, los legisladores de Juntos por el Cambio remarcan que en el contexto de emergencia que vive no solo la Argentina, sino también el mundo, es “fundamental” que las instituciones “funcionen plenamente”, por cuanto se requiere “del trabajo concertado de los tres poderes del Estado”.

Tras hacer referencia al esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino, consideran que la dirigencia política “debe contribuir a retomar la normalidad, empezando por el adecuado funcionamiento de las instituciones”. Y en ese sentido recuerdan que “en una república democrática, la sanción de leyes, el control legislativo y el debate de iniciativas también son actividades esenciales”.

Recuerdan los miembros de la oposición que los bloques de JxC de ambas cámaras presentaron notas solicitando el funcionamiento pleno del Parlamento, tomando los recaudos del caso, tal como sucede en otras jurisdicciones de nuestro país y el mundo. Reclaman así un “comportamiento ejemplar, a la altura de las circunstancias” por parte de la dirigencia política, a la que piden imitar a médicos, enfermeros, fuerzas de seguridad, comercios, y enfatizan que “nada impide cumplir con el rol institucional que es nuestra responsabilidad y para el que fuimos elegidos”.

Cualquier modificación en las modalidades de funcionamiento debe seguir los pasos que establece la normativa vigente, de lo contrario no solo estaríamos aumentando el riesgo de litigiosidad posterior, sino sentando un peligroso antecedente”.

En ese sentido recuerdan que el análisis y la ratificación de los DNU “son imprescindibles para dotar de mayor legitimidad y fortaleza jurídica a las medidas y normas que nos rigen en estos tiempos difíciles”.

Por eso, pensando en los cambios que se impulsan para poder sesionar, la oposición remarca que “cualquier modificación en las modalidades de funcionamiento debe seguir los pasos que establece la normativa vigente, de lo contrario no solo estaríamos aumentando el riesgo de litigiosidad posterior, sino sentando un peligroso antecedente”.

En otro párrafo reclaman desde JxC que “el congreso cumpla con su rol deliberativo y propositivo, así como también con el de control y contrapeso de los otros poderes del Estado”. Y agregan: “No podemos seguir entreteniéndonos en discusiones innecesarias y que solo buscan postergar la posibilidad de sesionar”.

El comunicado suscripto por Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta segunda del Senado; Martín Lousteau, vicepresidente 1°; Humberto Schiavoni, presidente del bloque Pro; Luis Naidenoff, presidente del interbloque del Senado; y los diputados Alfredo Cornejo, vice 3° de la Cámara baja; Alvaro González, vice 1°; y los presidentes de los tres bloques de Diputados, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximilliano Ferraro (CC-ARI), concluye con esta sentencia: “Las situaciones extraordinarias exigen que las instituciones de la democracia preserven la normalidad y apuntalen la tranquilidad de la población y la posibilidad de encontrar las mejores soluciones colectivas a lo que hoy tan profundamente nos afecta”.

Por Carolina Ramos

Los jefes de bloque de la Cámara de Diputados mantendrán el próximo lunes una reunión cara a cara para definir el formato y los contenidos de una posible sesión, luego de que Juntos por el Cambio reclamara este miércoles, a través de una nota enviada a Sergio Massa, la convocatoria a una sesión presencial para la semana próxima.

La discusión tendrá lugar en la Comisión de Labor Parlamentaria, convocada para el lunes a las 18 en el Salón de Honor de la Cámara baja.

Los líderes de Juntos por el Cambio -Mario Negri por la UCR, Cristian Ritondo por el Pro y Maximiliano Ferraro por la Coalición Cívica- habían anunciado su intención de apersonarse la semana próxima en el Congreso para consensuar un temario en base a los múltiples proyectos presentados y dirimir el formato de la sesión.

Massa difundió entre los bloques un prototipo de sesión virtual, pero desde la principal bancada de la oposición surgieron dudas sobre las características técnicas del software a utilizar y su nivel se seguridad, entre otros puntos de un extenso cuestionario enviado al presidente de la Cámara.

Para avanzar en la implementación de la virtualidad, se constituyó este jueves la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario, que designó como presidenta a Daniela Vilar (Frente de Todos) y como vicepresidentas a Silvia Lospennato (Pro) y Graciela Camaño (Consenso Federal).

En esa reunión -que no fue transmitida por ningún canal de la Cámara-, los diputados acordaron avanzar en un protocolo de sesión remota y también resolvieron la creación de un comité de expertos que presten asesoramiento en esta tarea.

¿Qué proyectos se tratarían en una posible sesión? Será parte del debate del próximo lunes, aunque Juntos por el Cambio informó que tiene casi un centenar de iniciativas presentadas para atender las consecuencias de la pandemia.

Mientras tanto, el proyecto del Frente de Todos para crear un impuesto sobre las grandes riquezas -encabezado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller- sigue sin ser presentado.

También trascendió que el oficialismo buscaría avanzar en una modificación del impuesto a las Ganancias, derogando el artículo que le permite a las empresas hacer ajustes por inflación en sus balances, con el fin de sumar una nueva fuente de recaudación.

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio envió este miércoles una nueva nota al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, para solicitarle que convoque a una sesión presencial para la semana que viene, con un temario a consensuar entre todas las fuerzas. Además, hizo observaciones y sugerencias para planificar futuras sesiones virtuales. 

La respuesta a Massa llegó luego de que se diera a conocer un borrador de resolución para modificar el reglamento de Diputados y habilitar las sesiones online, mientras en paralelo la Corte Suprema de Justicia define sobre el planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner acerca de la validez de este tipo de sesiones.

Nota de Juntos por el Cambi… by Parlamentario on Scribd

“Ratificamos nuestra vocación de sesionar para abocarnos al tratamiento de numerosos proyectos de ley. Nuestro interbloque no encuentra ningún obstáculo insalvable para que el Congreso pueda reunirse de manera presencial guardando los protocolos sanitarios que correspondan. Hay en la Ciudad de Buenos Aires gran cantidad de espacios y centros de convenciones en los que perfectamente podría desarrollarse una sesión con respeto al distanciamiento social necesario, como han hecho otras Legislaturas en nuestro país que no han interrumpido su actividad”, afirman los legisladores en su nota.

Desde el interbloque presidido por Mario Negri sostuvieron que “si bien el transporte aéreo se encuentra suspendido, una convocatoria con la suficiente antelación podría garantizar el desplazamiento de los diputados del interior del país”.

De igual forma, “la Cámara deberá garantizar el alojamiento de los legisladores permitiendo el acceso a algún hotel en la Ciudad de Buenos Aires. Entendemos que así como miles de argentinos realizan cada día actividades esenciales, cuidando de cumplir con las previsiones que la autoridad sanitaria recomienda, nada impide seguir esos mismos protocolos a los diputados nacionales”.

Sobre la propuesta de Massa para implementar la virtualidad, indicaron: “No nos negamos a esa posibilidad, al contrario, veníamos solicitando con insistencia que se convoque a las comisiones de Modernización y de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambas presididas por el oficialismo, para poder tratar las múltiples iniciativas que han presentado los legisladores”.

Puntualmente, evaluaron que “la implementación de herramientas digitales para el funcionamiento virtual de la Cámara requiere del diseño de un sistema que garantice la disponibilidad de medios tecnológicos adecuados, certificados, auditados y monitoreados, del mismo modo que el establecimiento de los procedimientos e instancias de aplicación de dichas tecnologías”.

Pero “hasta tanto se acuerden los mecanismos reglamentarios y técnicos que permitan eventualmente instrumentar otra modalidad”, los diputados pidieron sesionar de manera presencial la semana próxima con un temario acordado en Labor Parlamentaria, y anunciaron que las autoridades del interbloque y presidentes de comisión se harán presentes en la Cámara “a los efectos de solicitar su inmediato funcionamiento”.

Los miembros de Juntos por el Cambio de la Comisión de Libertad de Expresión, que preside el macrista Waldo Wolff, repudiaron la resolución N°063-2020, emitida por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz y publicada el pasado 16 de abril, al considerar que “avasalla el derecho a la libertad de expresión”.

“Esta resolución prohíbe a todo el personal del sistema de seguridad pública provincial (Ministerio de Seguridad, Policía Provincial, Agencia de Seguridad Vial, Servicio Penitenciario Provincial, Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral) difundir información pública inclusive en sus perfiles personales”, señalaron los legisladores.

En ese sentido, explicaron que “entre las restricciones que dispone aclara que tampoco se pueden crear perfiles públicos que vulneren la imagen institucional ni publicar en redes sociales acciones propias del desempeño de su actividad profesional”.

Los diputados indicaron que esta resolución “viola los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” sobre libertad de pensamiento y expresión, y “la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, además de otros tratados internacionales”.

Además, recordaron que días atrás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que se debía respetar “la prohibición de censura previa y abstenerse de bloquear total o parcialmente sitios de medios de comunicación, plataformas o cuentas particulares en Internet”.

“Es justamente en tiempos de pandemia que es más necesario contar con información ´en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad´, tal como lo describe la CIDH en su Recomendación N°33”, agregaron.

Finalmente, los legisladores JxC sostuvieron: “A sabiendas de que no puede haber contradicciones entre las recomendaciones de los organismos internacionales y nuestra legislación en materia de Derechos Humanos, consideramos que incidir en el tráfico de la información pública es un ataque al libre acceso y a la circulación de la información, que es la garante del ejercicio democrático”.

Los líderes de la oposición parlamentaria respaldaron la decisión del Gobierno de dictar y luego prorrogar el aislamiento social obligatorio para evitar contagios de Covid-19, pero llamaron a discutir una salida consensuada de la cuarentena que permita afrontar la crisis económica, y pidieron a su vez activar el Congreso.

Esos fueron los principales planteos que los jefes de bloque de la Cámara de Diputados trasladaron este viernes al presidente Alberto Fernández, durante una reunión por videoconferencia donde prevaleció un clima conciliador.

El presidente estuvo acompañado por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa; el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro.

Por la oposición participaron los diputados Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (Partido Obrero).

🤳Nos encontramos en videoconferencia con el Presidente @alferdez llevando las propuestas del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. pic.twitter.com/BrFXHzOfRq

— José Luis Ramón (@JoseLuisRamonOk) April 17, 2020

También formaron parte de la reunión virtual Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos), Álvaro González (Pro), Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) y Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro).

El Congreso, en el centro

La necesidad de activar el Congreso fue uno de los ejes de las intervenciones de la oposición. En este sentido, los diputados volvieron a ponerse a disposición para sesionar y reclamaron que se reúna la Comisión Bicameral Permanente que analiza la validez de los DNU.

Además, desde Juntos por el Cambio alertaron sobre la falta de una ley de Presupuesto, pero el ministro Guzmán respondió que “aun no están dadas las condiciones” para el envío del proyecto al Congreso, porque hay mucha “volatilidad” en los mercados y se debe cerrar el acuerdo con los bonistas primero.

Paralelamente, hubo un pedido de Negri para que el titular de la cartera económica se presente ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, luego de haber presentado la oferta que hará a los bonistas. El ministro se mostró de acuerdo con asistir, pero no se puso fecha.

El radical solicitó a Fernández “recobrar la normalidad institucional” y que el Parlamento “sesione urgente para mejorar los controles” sobre las decisiones que toma el Poder Ejecutivo.

Ferraro, de la Coalición Cívica, agregó en que “en este estado de excepción no se puede suspender la República, ni el funcionamiento de los poderes del Estado”. “Esto es fundamental para nuestra institucionalidad, pero particularmente para el presidente, en el manejo de la pandemia”, expresó.

Más medidas

Otros de los pedidos de la oposición fueron el envío de mayores recursos a las provincias para atender la emergencia sanitaria; la creación de un consejo de expertos, representantes del sector productivo y dirigentes gremiales para analizar una salida del aislamiento social; y la profundización de medidas para las pymes y trabajadores informales, fundamentalmente monotributistas.

“Pedimos proteger el aparato productivo evitando más desempleo y quiebre de empresas. Los bancos, a pesar de tener fondos en sus balances, no prestan a las pymes por riesgo de pago. Se necesitan más garantías del Estado y decisiones al respecto del Banco Central”, señaló Negri.

Estuvimos dialogando los jefes de los bloques de la Cámara de Diputados con el presidente @alferdez, quién nos brindó un informe sobre #CoronavirusEnArgentina.
Pedimos recobrar la normalidad institucional para que haya controles y más medidas para proteger el aparato productivo. pic.twitter.com/E9o1X8LF4F

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) April 17, 2020

El radical advirtió que “la pandemia sanitaria tiene una continuación en la pandemia económica y esto se ha convertido en un problema que nos exige equilibrio para salir de la crisis cuidando la salud y a la vez protegiendo a las empresas y el empleo”.

Otro de los temas de los que se habló fue sobre la creación del Consejo Económico y Social, cuestión que fue planteada por Cristian Ritondo y Negri. El presidente les respondió que él tenía pensado enviar esa ley para discutir políticas de Estado. Y en efecto, fue uno de los proyectos que se anunció sería enviado en extraordinarias, aunque eso nunca sucedió. Ante la insistencia de los representantes de Juntos por el Cambio, Alberto Fernández dijo que iba a evaluar el tema.

Negri le sugirió que ese consejo -que en su momento se dijo que Alberto Fernández fuera presidido por Roberto Lavagna- nuclee a empresarios, gremios, economistas, partidos políticos y el Gobierno, atento a que la pandemia va a desencadenar “una crisis global sin precedentes”.

“Hemos ofrecido alternativas para que las Cámaras puedan sesionar respetando todas las normas de higiene y distancia social. Precisamos que se reactive el funcionamiento del Congreso para garantizar la institucionalidad también en el contexto de la pandemia”, expresó Cristian Ritondo al cabo de la reunión virtual. Precisó además que “los municipios serán centrales en los próximos meses por la cercanía con la gente, evitemos que se desfinancien. Por eso le proponemos que cada transferencia que se haga a las provincias sea coparticipada a los municipios”.

Desde la izquierda, Del Caño y Del Plá plantearon su preocupación por “la cantidad de despidos, suspensiones y rebajas salariales” y consideraron escasa la medida del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). “Hoy millones de familias están en una situación imposible. Los 10.000 pesos no alcanzan, ¿cómo se paga el alquiler y se come con esa plata?”, se preguntaron los diputados, que propusieron un salario universal de 30.000 pesos durante la emergencia.

Al cabo del encuentro, el presidente Alberto Fernández agradeció a la oposición su apoyo en la negociación a través de un tuit que remató con la afirmación “debemos estar unidos”.

Junto a @Martin_M_Guzman mantuvimos esta tarde una videoconferencia con los presidentes de bloque @DiputadosAR, con quienes analizamos la oferta que hicimos ayer a los bonistas. Agradezco el apoyo que todo el arco político nos ha dado en la negociación. Debemos estar unidos. pic.twitter.com/wZgG91qj4O

— Alberto Fernández (@alferdez) April 18, 2020

La directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, cuestionó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, por no tratar el pedido que realizó Cristina Fernández de Kirchner para que el máximo tribunal brinde una declaración de certeza sobre las sesiones virtuales. Además, la abogada apuntó contra la oposición de Juntos por el Cambio que solicitó una sesión presencial.

“La Corte había dictado una acordada en la cual se habilitaba a tratar de hacer reuniones de sus miembros virtualmente, porque muchos de ellos son grupo de riesgo, y se había fijado un acuerdo para el jueves de modo virtual”, explicó Peñafort.

En ese sentido, recordó que cuando los magistrados fijaron ese acuerdo “no sabían lo que íbamos a presentar”, en referencia a la solicitud sobre la constitucionalidad o no de sesiones parlamentarias no presenciales. “Pero el miércoles a última hora, para no tener que tratar la declarativa de certezas que había presentado el Senado de la Nación, Rosenkratz suspendió este acuerdo”, señaló.

La directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta consideró que esa decisión es “un claro intento de obstaculizar la posibilidad de sesionar lo importante”, en alusión al proyecto de ley para establecer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas.

“Rosenkrantz suspende el acuerdo porque es un poquito más lúcido que la oposición. No se anima a decir que no, pero no quiere decir que sí. No solo Rosenkrantz suspendió todo. No hubo un escándalo en la Corte Suprema, así que no parece ser el único que no quiere que se trate”, agregó y reclamó “una respuesta de Rosenkrantz. Si dice que no, hay que decirle a los senadores que arriesguen sus vidas”.

Sobre esto, Peñafort resaltó que muchos senadores son “grupo de riesgo” y planteó también las dificultades de sus traslados. “¿En qué aviones se suben si no hay vuelos de cabotaje? Si fue complejo traer a todos los gobernadores (a la reunión con Alberto Fernández), imagínense traer a todos los senadores”, enfatizó.

En referencia a la carta enviada por los referentes de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, dijo: “La oposición quería sesionar de manera virtual, pero cuando supieron que era para discutir el impuesto a la riqueza ahora ya no quieren la sesión virtual; ellos creen que hay que sesionar presencialmente para modificar el reglamento y no creen que haya gravedad institucional”.

“La verdad es que no podemos hacer funcionar uno de los órganos del Estado, el Poder Legislativo no tiene cómo sesionar hoy”, opinó en declaraciones a radio El Destape.

Para la abogada, “esto sólo da cuenta de qué es lo que está pasando del otro lado” y manifestó: “A mí me impresiona; no he visto el proyecto (de Máximo Kirchner), pero todo el mundo está diciendo que esto alcanza a 12 mil grandes fortunas”.

“¿Cómo puede ser que todo un sector político, que han sido gobierno, estén embanderando la defensa del dinero de 12 mil personas? ¿Están dispuestos a comprometer la vida de sus colegas?”, se preguntó, y finalizó: “Es inaudito, me genera desconcierto, porque están poniendo en riesgo incluso sus propias vidas”.

El jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, señaló este jueves que “están dadas las condiciones para un arreglo favorable al país”, luego de que se conociera la oferta que hará la Argentina a los bonistas para el pago de la deuda externa.

“Están dadas las condiciones para un arreglo favorable al país. Aún faltando conocer los detalles, creo que hay dos razones por las que hay que llegar a un acuerdo con acreedores”, consideró Negri a través de Twitter.

La primera, dijo, es “preservar nuestros recursos para la etapa de reconstrucción de la economía y recuperación de la producción y el empleo, superada la dura crisis que impone la pandemia” del Covid-19.

“La segunda es evitar un nuevo default que comprometa esta recuperación que tanto necesitamos”, apuntó el diputado radical.

Negri será uno de los participantes de la reunión que tendrá este viernes el presidente Alberto Fernández con los líderes parlamentarios de la oposición, por teleconferencia.

Luego de que Juntos por el Cambio insistiera en pedir una cita con Alberto Fernández, el presidente convocó a una reunión virtual con todos los jefes de bloque de la oposición. El encuentro será este viernes desde las 17.30 y tendrá como ejes no solo el trabajo en torno a la pandemia del Covid-19, sino también la oferta del Gobierno sobre la deuda externa.

Fernández buscará reunir consensos en ambos temas, en momentos donde la oposición exige ser escuchada en la toma de decisiones e insiste con la necesidad de activar el Congreso, sobre todo por la cantidad de Decretos de Necesidad y urgencia firmados por el Poder Ejecutivo que no fueron tratados en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

La reunión se producirá luego del encuentro entre Fernández y gobernadores en la residencia de Olivos, en el marco de la nueva fase “administrada” de la cuarentena, que culminará, en principio, el próximo 26 de abril.

En nombre del oficialismo, participarán de la videoconferencia el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y los jefes de bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, y en el Senado, José Mayans.

Por la oposición estarán los diputados Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal) y Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda), y los senadores Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (Pro).

Desde @juntoscambioar pedimos a la Presidencia de @DiputadosAR avanzar en una sesión presencial de acuerdo a protocolos sanitarios y si es necesario en un recinto más amplio. Además, pedimos información sobre la posibilidad de sesionar on line. El Congreso debe funcionar. pic.twitter.com/c0D778Hqjh

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) April 15, 2020

Se espera que durante el encuentro la oposición le plantee a Fernández sus dudas y que también presente sus propuestas, además de evaluar de manera conjunta la posibilidad de sesionar en el Congreso, ya sea de manera presencial -tomando los recaudos sanitarios- o en formato virtual, algo que sería inédito.

Cabe recordar que el 18 de marzo, poco antes de decretar el aislamiento social, Fernández había recibido a los líderes parlamentarios de la oposición en la residencia de Olivos, y en esa oportunidad habían acordado mantener reuniones regularmente para realizar un seguimiento de la pandemia, lo cual no se concretó.

Diputados del interbloque Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto reclamaron, a una semana de la videoconferencia con el canciller Felipe Solá, que se elabore y publique “un cronograma de viajes de retorno de los argentinos varados en el exterior” y “que se garantice la transparencia en todo el proceso y se los exima del impuesto PAIS”.

A través de un encuentro virtual, encabezado por el radical Facundo Suárez Lastra -vicepresidente de la comisión-, los legisladores manifestaron su preocupación “por la extrema situación a la que están sometidos todavía miles de compatriotas varados en el exterior, en situaciones dramáticas y sin fecha cierta de regresar a sus hogares.

Mediante un comunicado, los diputados de la oposición informaron que acordaron volver a exigir al Gobierno nacional, por medio de Cancillería, que establezca un cronograma “claro y preciso” de vuelos de repatriación porque “es necesario que ante esta situación extraordinaria se brinde la mayor previsibilidad posible para contener la angustia de nuestros compatriotas”.

“Solicitamos también que se garantice la transparencia en el proceso de conformación de las listas que indican quiénes son los argentinos que ocupan cada uno de los vuelos que llegan a nuestro país”, señalaron.

Desde Juntos por el Cambio consideraron que “es imperioso, también, que se haga un mayor esfuerzo para que se asista con recursos económicos, contención y acompañamiento sanitario, de manera urgente, a nuestros compatriotas para poder aliviarlos ante este escenario de crisis”.

“Reconocemos los esfuerzos que tanto la Cancillería como las distintas áreas del Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires, como las provincias con pasos fronterizos están haciendo para que los argentinos que vienen del exterior sean sometidos a protocolos de seguridad sanitaria que contribuyan al control de la pandemia”, sostuvieron.

Sin embargo, remarcaron que encontraron “profundas discrepancias entre los números de argentinos en el exterior y los viajes de retorno y repatriaciones brindados por el canciller Solá y los mencionados por el presidente Fernández ante la prensa en la última conferencia el pasado 10 de abril”.

“Esto ha generado confusión y desasosiego entre quienes esperan más claridad y fechas concretas de regreso. Por este motivo exhortamos que se informe de manera clara y precisa la cantidad efectiva de compatriotas que regresaron al país tanto por tierra como por vía aérea y el número exacto de los que todavía no pueden regresar al país y dónde se encuentran”, solicitaron.

Finalmente, los legisladores afirmaron que es “fundamental” que “se federalice el plan de regresos, habilitando de manera coordinada con los representantes de cada una de las jurisdicciones otros aeropuertos internacionales además del de Ezeiza para poder agilizar la vuelta a casa de todos los argentinos”.

El comunicado lleva las firmas de Mario Negri, Facundo Suárez Lastra, Silvia Lospennato, Soher El Sukaria, Karina Banfi, Fernando Iglesias, Alberto Asseff, Carmen Polledo, Álvaro de Lamadrid, Albor Cantard, Dolores Martínez, Diego Mestre, Martín Maquieyra, Waldo Wolff, Ricardo Buryaile y Lucila Lehmann.

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio expresó su disponibilidad a sesionar de manera presencial en esta coyuntura, pidió informes sobre los convenios realizados con ARSAT y Renaper sobre la posibilidad de sesionar de manera virtual, y expresó su “gran preocupación” por el pedido hecho por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema de Justicia para que exprese una declaración de certeza sobre la posibilidad de sesionar por videoconferencia.

“No podemos dejar de señalar que al único poder del Estado al que le corresponde opinar sobre el particular es al propio Congreso de la Nación y específicamente a sus cámaras, tal como lo prescribe el artículo 66 de nuestra Constitución Nacional”, expresaron los diputados a través de una nota enviada al presidente del Cuerpo, Sergio Massa.

La misiva, que lleva las firmas de Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (CC), reivindicó la potestad de ambas cámaras del Congreso de la Nación para darse sus propios reglamentos, y remarcó que “por esa misma razón excluye en su determinación al Poder Judicial”. Puntualizaron que “la competencia originaria de la Corte Suprema resulta en este caso una hipótesis no contemplada por el artículo 117 de la Constitución, como así tampoco por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial, el cual “solo admite al per saltum -de proceder- como una instancia recursiva”. Asimismo recuerdan el carácter bicameral del Congreso, por lo que “un eventual pronunciamiento instado por la presidenta del Senado” resulta “oponible” a la Cámara de Diputados.

Los diputados de la principal oposición se hicieron eco también de que la presidencia de la Cámara suscribió sendos convenios con el Senado de Brasil, ARSAT y el Registro Nacional de las Personas, a los efectos de ver la viabilidad de sesionar de manera virtual. Por eso solicitaron copia de tales acuerdos y que los mismos sean publicados “para garantizar el acceso a la información pública en un tema de sumo interés para la ciudadanía”.

“Lamentamos que dichos avances no hayan sido aún puestos en conocimiento de la Comisión de Modernización y/o Peticiones, Poderes y Reglamento”, como había sido convenido oportunamente con el propio Massa. En ese sentido señalaron estar “dispuestos a explorar las alternativas que garanticen el correcto desarrollo de una sesión de una forma no presencial”, pero aclaran que eso debe ser usado “solo en caso de fuerza mayor, en la que sea imposible reunir al cuerpo en nuestro recinto de sesiones”.

En otro orden insistieron en reclamar la presencia del jefe de Gabinete para brindar su informe ante los diputados. Y ante el anuncio de que Santiago Cafiero recién concurrirá a la Cámara baja en mayo, pidieron que sean elevados los pedidos de informe que ese interbloque ya presentó en referencia a la situación extraordinaria que se vive debido a la pandemia.

Por último reclaman convocar de manera urgente a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para dar cumplimiento al artículo 99 de la Constitución que obliga al Congreso a ejercer el control de legalidad de los DNU. “Nos sorprende la demora en la convocatoria de la mencionada comisión y esperamos que este hecho de trascendencia institucional sea resuelto en las próximas horas”, expresa la nota.

La nota concluye con un largo listado de pedidos de informes presentados por los diputados del sector con relación a la epidemia de Covid-19.

Carta al presidente de la C… by Parlamentario on Scribd

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio que están en contra del aborto legal presentaron un proyecto para “repudiar” las declaraciones de Juan José Escobar, coordinador del Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia, en referencia a la Interrupción Legal del Embarazo.

Luego que el funcionario dijera, durante el reporte diario del Ministerio de Salud brindado el pasado 13 de abril, que esta práctica esta considerada dentro de los “servicios esenciales” por la Organización Mundial de la Salud, los legisladores aseguraron que fue una “afirmación contradictoria”.

En los fundamentos de su iniciativa, los diputados “celestes” recordaron que “el presidente de la Nación ha declarado que el derecho a la vida y la salud de los argentinos es hoy una prioridad nacional, encontrándonos en una emergencia sanitaria”.

Y destacaron que la OMS “ha manifestado que los países deben identificar los servicios esenciales que se priorizarán en sus esfuerzos por mantener la continuidad de prestación de servicios incluyendo en categorías de alta prioridad la atención durante el embarazo y el parto”.

“Es en ese sentido que resulta contradictoria, incoherente y por tanto, repudiable, realizar semejante afirmación en un contexto de emergencia sanitaria nacional en el que las mujeres embarazadas no están siendo atendidas ni garantizadas de los controles pre y post natales; las cirugías se encuentran suspendidas; los hospitales no cuentan con los insumos suficientes para afrontar esta pandemia; los enfermos crónicos se encuentran sin el debido tratamiento en atención a la pandemia del coronavirus en Argentina; y los gobiernos locales se encuentran implementando nuevas medidas de atención sanitaria frente a esta emergencia y estado crítico de nuestro sistema de salud”, señalaron.

El proyecto fue firmado por los macristas Dina Rezinovsky, David Schlereth, Adriana Ruarte, María Carla Piccolomini, Gisela Scaglia, Soher El Suaria, Victoria Morales Gorleri, Federico Angelini y Julio Sahad; la radical Estela Regidor y la cívica Leonor Martínez Villada.

Juntos por el Cambio pidió este miércoles al Poder Ejecutivo Nacional suspender el pago de 2.000 millones de dólares al Club de París, que vencen el próximo mes de mayo.

Para ello, la coalición opositora instó al oficialismo a “iniciar conversaciones con los gobiernos de los países que integran el llamado Club de París con el propósito de obtener una prórroga de las deudas con las instituciones oficiales acreedores de esas naciones”.

“El objetivo es claro, los países desarrollados deben aceptar la corresponsabilidad en la solución sistémica de la crisis económica resultado de la pandemia, contribuyendo a amortiguar el impacto que la crisis tendrá en el mundo en desarrollo, tanto en los países emergentes como en los más pobres”, expresa un comunicado que lleva las firmas de los presidentes de los partidos que integran la coalición, como así también las autoridades de los bloques.

El mensaje señala que “la crisis sorprende a Argentina en una situación de relativa debilidad en el frente externo”. Además, los firmantes advierten que “resulta imprescindible que se constituya una prioridad de la política exterior de la Argentina acciones para mantener abierto el canal comercial y restituir el acceso fluido a los mecanismos de financiamiento que están disponibles y, para ello, el apoyo de la comunidad internacional resulta vital”.

“Nuestro país debe ser parte activa y socio leal en las tratativas que se desarrollarán con vista a la ampliación de las facilidades de emergencia, al aumento y redistribución de los DEGs del FMI y a permitir que el Fondo amplíe y multiplique los swaps de monedas, en línea con lo que han puesto en práctica los bancos centrales de los países desarrollados”, resaltan desde el frente y solicitan que “el Fondo despliegue su billón de dólares disponible para aliviar a las naciones que no se pueden dar el lujo de soportar cuarentenas ni apoyar fiscalmente a sus economías. Para ello, debe tomarse el ejemplo de los bancos centrales de las naciones más ricas”.

Juntos por el Cambio señala que “estamos frente a una situación compleja que tiene escala planetaria y la condición de posibilidad de progreso reside en la acción y el diálogo conjunto, tanto a nivel global como en nuestro propio país”, y agregan que “estamos convencidos que deben minimizarse las derivaciones económicas negativas de la pandemia y sus desgraciadas consecuencias en términos de vidas humanas”.

El comunicado lleva las firmas del presidente de la UCR y diputado nacional, Alfredo Cornejo; la del Pro, Patricia Bulrich; y el de la Coalición Cívica-ARI y titular del bloque en Diputados, Maximiliano Ferraro. Además suscriben los presidentes de los interbloques de JxC Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado); y los jefes del Pro, el senador Humberto Schiavoni y el diputado Cristian Ritondo.

Los diputados de Juntos por el Cambio insistieron con la necesidad de sesionar en la Cámara baja para aportar soluciones por la pandemia del Covid 19, y por otra parte le notificaron a Sergio Massa que los bloques que integran la bancada -la UCR, el Pro y la Coalición Cívica- dispondrán de las dietas de sus integrantes, luego de que fracasara un acuerdo en este punto.

Los jefes de la UCR, Mario Negri; del Pro, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, enviaron una nota a Massa donde, en primer lugar, reiteraron su “disposición para la pronta realización de sesiones adoptando todos los recaudos que sean necesarios para garantizar tanto la participación de los diputados como del personal de la Cámara, con las condiciones sanitarias que la autoridad defina”.

Además, volvieron a pedir que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brinde su informe del mes de abril ante la Cámara baja, según lo dispone la Constitución Nacional.

Por otra parte, anunciaron: “Atento el esfuerzo que creemos que hay que realizar y habiendo el Poder Ejecutivo Nacional descartado, por el momento, un recorte de salarios en los tres poderes del Estado, es que procederemos a disponer del destino del monto correspondiente a cada legislador en el modo y la oportunidad que los mismos y sus bloques determinen respectivamente”.

Carta a Massa 7 de Abril 17hs by Parlamentario on Scribd

Por último, respaldaron la decisión de Massa de “destinar todos los fondos no utilizados de viáticos durante este período de aislamiento, como otros ahorros que identificó la Presidencia preservando que no se afecte el normal funcionamiento de esta Cámara, que en cinco meses sumarán un aporte superior a los 200 millones de pesos, para ser destinados al sistema sanitario nacional para combate del Covid-19”.

Según informaron voceros oficiales, el titular de Diputados firmará en las próximas horas una resolución que busca generar un ahorro de 40 millones de pesos mensuales achicando gastos administrativos, mientras en paralelo fracasó el acuerdo para ejecutar una rebaja del 40% en las dietas para todos los legisladores por igual.

El diálogo entre oficialismo y oposición entró en un cortocircuito en la Cámara de Diputados, donde todavía no hay un consenso sobre la manera de aportar a la lucha contra la pandemia. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, había convocado a una reunión presencial de jefes de bloque para este martes con el fin de intercambiar posiciones, pero desde Juntos por el Cambio pusieron reparos y el encuentro se haría por videoconferencia.

La discusión se desató la semana pasada, cuando Juntos por el Cambio envió al presidente Alberto Fernández una carta proponiendo un “esfuerzo público” de los tres poderes del Estado para combatir la expansión del coronavirus, luego de los “cacerolazos” en reclamo por la rebaja de sueldos de dirigentes políticos.

Horas después, se conoció un borrador de propuestas de Massa, que iban desde la rebaja del 40% en las dietas de los diputados a otras medidas como restricción de pasajes y remate de autos para generar un fondo de ahorro en los próximos cinco meses y aportar ese dinero al sistema de salud. Pero ninguna de estas medidas se efectivizó aun.

En medio de la maraña de propuestas, “estaba prevista desde hace varios días” -según confían en el entorno de Massa- una reunión de jefes de bloque para evaluar una forma consensuada de aportar a la causa. El presidente de la Cámara llamó a hacer un encuentro presencial, pero se topó con la negativa de dos referentes de Juntos por el Cambio y finalmente se adoptaría el formato virtual.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, puso como condición conocer la propuesta concreta del Frente de Todos antes de tomar la decisión extrema de viajar a Buenos Aires. En la mesa chica de la bancada exigen que Máximo Kirchner brinde detalles sobre la idea que trae el oficialismo en mente, luego de conocerse que se está elaborando un paquete legislativo al respecto.

En tanto, el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, avisó que, en caso de que la reunión fuera presencial, se ausentaría a causa de “una neumonía muy fuerte” que padeció hace pocos años, por la cual estuvo internado en terapia intensiva, lo cual lo obliga a mantener cuidados extremos y a respetar a rajatabla la cuarentena.

El mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) sí viajó a Capital Federal, y lo mismo hizo el jefe del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca. Sin embargo, fuentes autorizadas informaron a última hora del lunes que se realizaría una videoconferencia, sin horario confirmado.

La idea de la reunión será intercambiar posibles medidas a adoptar en el contexto de la emergencia sanitaria. Dado que Alberto Fernández ya desechó que haya un aporte de los tres poderes del Estado, el interbloque de Negri adoptaría la misma medida que en el Senado: donar parte de sus dietas a instituciones de la salud.

A través de una nota enviada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio reclamó que se constituya “de manera urgente” la Comisión de Salud, y advirtió que “el marco de la pandemia no debe ser razón para pasar por alto nuestras instituciones”.

En la misiva, el jefe de la bancada, Luis Naidenoff, reiteró un pedido formulado el pasado 30 de marzo para conformar la comisión -que hasta el año pasado presidió el radical Mario Fiad- con el fin de abordar los temas relativos al Covid-19 y las políticas llevadas adelante por el Gobierno para frenar su expansión.

“Resulta inadmisible que en el marco de la pandemia mundial que también afecta a nuestro país, el Senado no haya constituido la comisión, incluso habiendo mediado los pedidos correspondientes para su conformación”, alertó Naidenoff.

Para frenar el avance del Coronavirus, estamos convencidos de que tenemos que trabajar en conjunto y acompañar la tarea del Presidente de la Nación @alferdez y su gabinete. Por eso, solicitamos que se llame a sesiones para tratar los últimos decretos vinculados a la pandemia.

— Humberto Schiavoni (@SchiavoniH) April 6, 2020

A su vez, solicitó “que se tomen las medidas necesarias para la constitución y actuación de las demás comisiones de la Cámara, entendiendo que en el contexto de emergencia y gravedad en que nos encontramos, el Senado es un actor fundamental para cooperar en la toma de decisiones”.

“A lo largo de estos días, el Poder Ejecutivo Nacional dictó numerosos decretos y normas de carácter legislativo que requieren su pronto tratamiento en las comisiones correspondientes para garantizar la continuidad de la institucionalidad en nuestro país”, explicó el radical Naidenoff.

En ese sentido, sostuvo que “el marco de la pandemia no debe ser razón para pasar por alto nuestras instituciones”, ya que “somos un país democrático y las herramientas para que las mismas funcionen se encuentran disponibles”.

“Una cosa es reconocer el rol del presidente y el Poder Ejecutivo en este contexto de emergencia, y otra muy diferente es avalar el avasallamiento institucional y desconocer que es mediante el esfuerzo conjunto y la solidaridad que podremos salir airosos de esta compleja situación”, insistió.

El titular del interbloque Juntos por el Cambio remarcó que “las decisiones deben ser informadas, explicadas, y fundamentalmente controladas. Este es rol que cumple el Poder Legislativo en nuestro sistema republicano. Por lo tanto, el Congreso debe participar activamente en la toma de decisiones, visibilizar su tratamiento y consideración”.

“Las actuales circunstancias exigen responsabilidad. Un Congreso que funcione, controle, interpele, aporte ideas, como poder del Estado. Por eso elevamos esta solicitud exigiendo su urgente funcionamiento”, concluyó el senador.

Después que se conociera que el Ministerio de Desarrollo Social realizó una compra masiva de alimentos -destinados a asistir a los sectores más vulnerables, en medio del aislamiento por el coronavirus- con sobreprecios, diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron las operaciones y reclamaron información al respecto.

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Diego Mestre (UCR), anticipó que exigirá “el máximo de transparencia del mercado en resguardo del interés económico general”, por eso solicitará informes al Poder Ejecutivo para que se “explique el proceso de compra por encima de los valores de precios cuidados”.

Como Pres de la Com de Def del consumidor de la HCDN exigiré el máximo de transparencia del mercado en resguardo del interés económico gral. Por eso presentaré un pedido de informe para q el Min Arroyo explique el proceso de compra por encima de los valores de precios cuidados. pic.twitter.com/gEYQoQbsK4

— DIEGO MESTRE (@DiegoMMestre) April 6, 2020

Por su parte, su correligionaria y comprovinciana Brenda Austin sostuvo: “Por un lado, anuncian controles de precios a través de intendentes en cada almacén de barrio, por el otro hacen compras directas de alimentos muy por encima de los valores de precios cuidados. La situación de emergencia no es un cheque en blanco para que hagan lo que quieran”.

“Las compras públicas construyen valores de referencia. Si queremos evitar el aumento de precios y la ´Argentina de los vivos´, hay que empezar por casa. El Ministerio de Desarrollo Social debe cuidar los recursos públicos y dar el ejemplo”, continuó y agregó que solicitará informes porque “la transparencia y el cumplimiento de las normas de compra pública no deben estar en cuarentena”.

También desde el radicalismo, el chubutense Gustavo Menna consideró que “estos sobreprecios demuestran que es urgente que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, concurra al Congreso a dar el informe del artículo 101 de la Constitución. Las emergencias no están por arriba de la Constitución. Ya incumplió con asistir en marzo. Hoy queremos más controles que nunca”.

“En la pandemia, el Gobierno nacional pagó sobreprecios en la compra de alimentos. ¿Cómo puede ser? ¿Parecen las cajas CLAP de Maduro? ¿Clausuran supermercados y comercios con precios minoristas más baratos que lo que paga el Estado? Queremos que nos explique esto presidente Alberto Fernández”, disparó Álvaro De Lamadrid (UCR).

En la pandemia el Gobierno pagó sobreprecios en la compra de alimentos. Como puede ser?. Parecen las cajas CLAP de Maduro? ¿Clausuran supermercados y comercios con precios minorista más baratos que lo que paga el Estado?. Explique ésto Pte @alferdez https://t.co/6OurJNpDOQ

— Alvaro de Lamadrid (@AlvarodLamadrid) April 6, 2020

Por su parte, desde la Coalición Cívica, el legislador Héctor “Toty” Flores publicó el pedido de informes presentado por su bloque y escribió: “Hoy pedimos a @alferdez un informe para que explique a toda la sociedad por qué pagó un precio superior a los precios máximos por los alimentos para paliar la emergencia. Si habla de cuidar, cuide al país en serio”.

En la solicitud se pide que el Ministerio de Desarrollo Social especifique “la cantidad de productos adquiridos, el precio unitario, las características del producto, y el proveedor al que se los ha adquirido, en cada una de las contrataciones”, además del “precio máximo fijado para los productos adquiridos, similares o sustitutos”.

https://twitter.com/TotyFlores/status/1247173732986208256

“El hombre es bueno y si se lo controla mejor. La CC presentó un proyecto para que se auditen las compras realizadas por emergencia y se notifique al Congreso. Estamos revisando el Boletín Oficial para hacer un seguimiento propio de cómo y en qué se gasta la plata de todos”, publicó Paula Oliveto.

Y añadió: “Dicen que la SIGEN auditó las compras de Desarrollo Social y que estableció precios de referencia muy por encima de su valor de mercado. Me parece que el síndico general de la Nación debería dar explicaciones de esta maniobra y hacer público su dictamen, si es que existe”.

“Cuando más necesitamos transparencia y solidaridad el Gobierno paga sobreprecios y el ministro Arroyo se justifica diciendo que habían pedido rebaja, pero que los proveedores se plantaron en un precio por arriba de los precios testigos. Decepcionante”, se quejó la macrista Soher El Sukaria.

En tanto, el diputado Waldo Wolff (Pro) manifestó: “Única explicación que escuché del gobierno por sobreprecios pagados por alimentos es que pagan a 90 días y que hay poca oferta. Pero van a mandar policía a fiscalizar comercios de cercanía y pedirle que vendan a la mitad que paga el Estado. Sean serios”.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, pidió que el Congreso “vuelva a sesionar” durante la pandemia de coronavirus porque, resaltó, “incluso en la guerra funcionaron las instituciones”.

El radical consideró que “no es correcto” que durante la emergencia “sólo funcione el Poder Ejecutivo” y recordó que, además, la administración de Alberto Fernández “tiene la Ley de Emergencia de diciembre que le permitió concentrar muchísimo poder”.

“Llegó la hora de volver a sesionar en el Congreso porque incluso en la guerra funcionaron las instituciones”, expresó el legislador en declaraciones al canal La Nación+, reafirmadas luego en su cuenta de Twitter.

El dirigente cordobés reflexionó además que “el populismo vive de encontrar enemigos afuera y traidores adentro”, y expresó: “Nosotros somos demócratas convencidos, siempre defendimos la democracia”.

“Las facultades que le hemos dado al presidente son para afrontar la pandemia, que deje de buscar a la oposición para pelear”, concluyó Negri.

Tras las larguísimas filas que se generaron en las entidades bancarias este viernes, legisladores de la oposición pidieron que los bancos sean declarados actividades esenciales, de modo de estar contemplados dentro de las excepciones que establece el DNU que declaró la cuarentena general por la pandemia del coronavirus.

Los bancos desarrollan actividades esenciales, deben tener horarios especiales para atender a nuestros jubilados, es desastroso lo qué pasó hoy.

— Graciela Ocaña (@gracielaocana) April 3, 2020

Además de este pedido, la diputada Graciela Ocaña (Pro) le exigió al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que los bancos atiendan durante el jueves y viernes próximos -de Semana Santa-.

Para la macrista, “el presidente (Alberto Fernández) debe pedir la renuncia de todos los que irresponsablemente no pudieron organizar el cobro de los jubilados”, enfatizó y consideró que tiene que haber “horarios especiales” para atenderlos.

“Es una acción criminal contra los adultos mayores. No solo le han bajado la jubilación, sino que también ahora los exponen al virus de manera peligrosa”, se quejó y agregó que solicitó la inmediata entrega de tarjetas de débito.

La legisladora señaló que la ANSeS “debe aclarar que todos mantendrán en esta emergencia su jubilación y pensión en los bancos y que se les explique a todos los jubilados que van a cobrar, que no es necesario que todos hagan la cola hoy, ya que las entidades también trabajarán sábado y domingo y la atención está garantizada para los días lunes, martes y miércoles; por eso exigimos que también atiendan jueves y viernes”.

Ocaña recordó que en la mayoría de las consultas que recibió por parte de adultos mayores, la mayoría no cuenta con tarjeta de débito. “Necesitamos que nuestros mayores sean cuidados. Son los más vulnerables al coronavirus. No es posible que luego del esfuerzo de todos en realizar una cuarentena de 15 días, la mala organización y falta de compromiso de las autoridades provoque esta congregación. Todos los objetivos que buscaron con la cuarentena se perdieron por la irresposabilidad de las autoridades”, finalizó.

Por su parte, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) le envió una nota al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que se incluya a las entidades bancarias como uno de los servicios esenciales. En este sentido, subrayó que lo sucedido este viernes “no puede volver a ocurrir”.

Lo que está sucediendo en los bancos es inhumano y contradice todos los mensajes de los últimos días. Es indispensable que todos los sectores hagan un esfuerzo. Las entidades financieras tienen que ser declaradas servicio esencial. No podemos exponer a la gente de esta forma.

— Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) April 3, 2020

“Es necesario que se incluya a esta actividad dentro de los servicios esenciales, garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias y planificando la mejor manera en que se lleve a cabo su actividad”, afirmó.

La tucumana remarcó que “las condiciones a las que estuvieron expuestos gran parte de nuestra población son contrarias a todas las recomendaciones que se vienen haciendo desde el Gobierno y los especialistas”, señaló.

“Es imprescindible que ANSeS coordine con los dueños de los bancos y con el Banco Central, para que no solamente no vuelvan a ser expuestos nuestros jubilados y todos los que necesitan de la actividad bancaria, sino también para proteger a los trabajadores. Es indispensable que todos los sectores hagan un esfuerzo”, añadió.

Por su parte, el diputado fueguino Héctor “Tito” Stefani sostuvo que “no se puede improvisar con los jubilados. Son los más vulnerables”, y agregó: “Desde todos los sectores se hizo un gran esfuerzo para cuidar a los adultos mayores. Exponerlos de esta manera es un despropósito”.

En tanto, a través de su cuenta de Twitter, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, sostuvo que “las aglomeraciones en los bancos de las personas que están en mayor riesgo, los adultos mayores, muestra lo que no debe suceder en cuarentena”. “El Gobierno debe tomar urgentes medidas para no poner en riesgo la salud pública. No perdamos en horas lo que avanzamos en 15 días”, afirmó.

Y agregó: “¿Quiénes son responsables de poner a ciento de miles de personas de grupos de riesgo en las calles para cobrar en los bancos? ¿Cuántos contagiados se sumarán? El Presidente, quien conduce la crisis, debe actuar para evitar esta ´bomba viral´. Debe hacerlo de inmediato”.

¿Quiénes son responsables de poner a ciento de miles de personas de grupos de riesgo en las calles para cobrar en los bancos?
¿Cuántos contagiados se sumarán?
El Presidente, quien conduce la crisis,
debe actuar para evitar esta “bomba viral”. Debe hacerlo de inmediato.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) April 3, 2020

Proyecto en el Senado

Mediante un proyecto de comunicación, dieciocho senadores de la oposición le solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que incorpore a los servicios bancarios como esenciales, exceptuándolos del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Asimismo, pidieron por la utilización de cajeros móviles, otros como Rapipago, billeteras electrónicas y cualquier otro mecanismo disponible.

Por otra parte, se le requiere al PEN que investigue la responsabilidad de los funcionarios públicos que llevaron a jubilados y pensionados a cobrar los haberes de forma presencial en forma masiva, generando aglomeraciones y “poniendo en riesgo la salud de una sociedad entera”.

La iniciativa, elaborada por la senadora Laura Rodríguez Machado, contó con las firmas de Mario Fiad, María Belén Tapia, Pablo Blanco, Víctor Zimmermann, Silvia Giacoppo, Alfredo De Angeli, Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff, Stella Maris Olalla, Julio Martínez, Gladys González, Pamela Verasay, Ernesto Martínez, Silvia Elías de Pérez, Pedro Braillard Poccard, Juan Carlos Romero y Oscar Castillo.

Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio, y los líderes parlamentarios del espacio, le enviaron este viernes una carta al presidente Alberto Fernández solicitándole una audiencia virtual para conversar sobre el contexto actual y aportar sus opiniones para colaborar en la situación sanitaria y económica producto de la pandemia del coronavirus.

“Los firmantes, presidentes y líderes parlamentarios de los partidos que conformamos ‘Juntos por el Cambio’, solicitamos una audiencia (virtual) de conformidad con las posibilidades de su agenda, para que podamos conversar de manera directa sobre los modos de colaboración en la actual circunstancia”, expresa la nota.

Además, los dirigentes manifestaron que quieren “poner a su disposición” su “mirada respecto del particular contexto presente, tanto en términos sanitarios como las dificultades económicas de la Nación que, como todos los países del mundo, se ve sacudida por las consecuencias de la pandemia de coronavirus”.

“Somos conscientes de las restricciones y dificultades con que se toman decisiones en estos momentos, y sabemos que el imperativo excluyente consiste en superar esta situación posible, con el menor número de víctimas que lamentar y con nuestro tejido económico, social e institucional preservado”, sostuvieron.

Los referentes de JxC resaltaron que “toda la sociedad está alerta, colaborando a pesar de las limitaciones que impone la cuarentena. A lo largo y ancho del país se multiplican ejemplos de grandeza y entrega que nos ponen orgullosos como argentinos”.

En la carta, los opositores subrayaron que “nadie tiene soluciones mágicas y nadie está exento de la responsabilidad del momento. En esa inteligencia, es que creemos indispensable el diálogo, a los fines de intentar perfeccionar la intervención pública”.

“Construir un país mejor, requiere del esfuerzo y la colaboración de todos, sencillamente ese es el sentido de esta oferta”, finalizaron.

La nota fue firmada por Patricia Bullrich, presidenta del Pro; Alfredo Cornejo, diputado nacional y titular de la UCR; Maximiliano Ferraro, diputado nacional y líder de la CC-ARI; Mario Negri, jefe del interbloque JxC en la Cámara de Diputados; y Luis Naidenoff, presidente del interbloque JxC en el Senado.

Previo a que se decretara el aislamiento preventivo y obligatorio, los líderes parlamentarios tanto de la oposición como del oficialismo estuvieron reunidos en Casa Rosada con Alberto Fernández, donde dieron su aval a la decisión de establecer la cuarentena.

carta de juntos por el cambio a alberto fernandez by Parlamentario on Scribd

Desde que se declaró la pandemia por el coronavirus, y en sintonía con lo que pasa en todo el país, el Congreso vio paralizada su actividad, al menos de manera presencial. El aislamiento social obligatorio, que durará en principio hasta el 12 de abril, provocó que las reuniones de comisión pasaran a ser virtuales y dejó deshabitados los recintos.

A pesar de este contexto tan particular, el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, consideró que es momento de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brinde su informe mensual ante el Parlamento según lo indica la Constitución Nacional en su artículo 101.

“Es tiempo, luego de nuestro reclamo, que el jefe de Gabinete se presente en la Cámara de Diputados -como lo establece la Constitución- para brindar su informe”, consideró Negri desde su cuenta de Twitter, y propuso que “si no pueden trasladarse todos los legisladores”, Cafiero exponga “ante las autoridades de la Cámara y jefes de bloque”.

Negri formuló el pedido tras participar de una reunión virtual del Comité Federal de la UCR, integrado por los presidentes de cada distrito, que contó con la participación del exministro de Salud Adolfo Rubinstein.

Participé de una reunión virtual del Comité Federal de @UCRNacional que integran los presidentes de cada distrito. Además fue de la partida la @FundacionAlem y @RubinsteinOk.
Repasamos la situación de la pandemia en cada provincia y articulamos medidas para la crisis económica. pic.twitter.com/DQQWKg9izz

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) April 2, 2020

El titular de la bancada de Juntos por el Cambio ya le había transmitido a Sergio Massa, presidente de la Cámara baja, su reclamo para que Cafiero brinde su primer informe de gestión.

Cabe recordar que el período ordinario de sesiones inició el 1ro. de marzo; dos días después se registró el primer caso de coronavirus en el país; y el día 11 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como pandemia, marcando el punto de inflexión a nivel mundial.

Si bien Cafiero aun no dio al Congreso explicaciones sobre este tema, sí lo hicieron los ministros Ginés González García (Salud) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), quienes participaron este miércoles de una reunión de la Comisión de Salud de Diputados, mientras que este viernes Claudio Moroni (Trabajo) expondrá ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

El bloque de senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio pidió al Gobierno de la provincia “avanzar en la concreción de un fondo para el interior” que colabore con la situación económica en el marco del aislamiento dispuesto para evitar el contagio de coronavirus. 

En un comunicado, se precisó que los legisladores opositores mantuvieron una reunión de trabajo virtual, en la que cada uno detalló la situación de las secciones electorales que componen la provincia en relación al avance del Coronavirus. 

Además, se delineó un esquema de trabajo para los próximos días “tendiente a fortalecer una red que permita relevar información, dar respuesta de manera rápida y elevar los reclamos cuando sea necesario”. 

Los legisladores destacaron el rol de la Red AMBA y el Same, y consideraron necesario “fortalecer el acompañamiento a ambas ya que resultan de gran utilidad en momentos como estos y de una eficacia comprobada”. 

Los senadores también destacaron que “muchos vecinos están preocupados por la situación económica de la provincia, la suba de precios y el temor al desabastecimiento” y, en este sentido, pidieron “avanzar en la concreción de un Fondo para el Interior para llevar tranquilidad”. 

Además, dijeron que “sería importante ampliar los canales de diálogo con el gobierno de provincia de Buenos Aires, para contar con información precisa sobre qué medidas se están implementado y si se está trabajando sobre algún plan de emergencia económica y social”. 

También, marcaron la necesidad de saber “en materia sanitaria qué tipo de asistencia están recibiendo los hospitales de la provincia y los profesionales de la salud; y un detalle de las localidades que presentan casos positivos de coronavirus y cómo se está trabajando frente a ellos”. 

“Es importante continuar con un trabajo en equipo y de contención hacia dentro de cada municipio. Nosotros siempre vamos a estar a disposición para sumar”, dijo al respecto Roberto Costa, el presidente del bloque, quien subrayó que, desde el primer día, esa bancada “mostró ser una oposición responsable, acompañando cada medida adoptada”. 

Luego de dos noches consecutivas de cacerolazos, en su mayoría registrados en barrios porteños, para que los políticos reduzcan sus salarios en contribución a la pandemia del coronavirus, el diputado nacional Atilio Benedetti (UCR) negó que Juntos por el Cambio esté detrás de la organización de esos reclamos.

“Son expresiones ciudadanas que siempre hay que escucharlas”, sostuvo el entrerriano, que recordó que desde el principal interbloque opositor lo único que hicieron fue enviar una carta al presidente Alberto Fernández, donde solicitaron que “lleve adelante una idea general para que, al menos por tres meses, haya un aporte” por parte de los tres poderes del Estado y se constituya un fondo solidario para atacar al Covid 19 en Argentina.

En diálogo con radio Futurock, el legislador radical remarcó que “Cambiemos no está participando de ninguna manera de estos cacerolazos”, aunque señaló que “podrá haber algunos ciudadanos que acompañan a Cambiemos” y se suman a este pedido.

Por otra parte, Benedetti opinó que en esta segunda etapa de la cuarentena el presidente debería “formar una especie de gabinete que tiene que estudiar la viabilidad y seguridad laboral para que el 13 de abril algunas actividades, con extremo cuidado, puedan volver a desarrollarse”.

Consultado sobre la actitud de los empresarios frente al parate general de la actividad económica, el diputado dijo que “no hay que estigmatizar” y “todos debemos hacer esfuerzos, en el Gobienro también”. En ese sentido, recordó que hasta días atrás hubo “despidos en el PAMI y la ANSeS por motivos políticos”.

Finalmente, el opositor resaltó que “el país tiene serias deficiencias en el sistema sanitario, pero no se lo podemos atribuir únicamente a los últimos cuatro años” porque “sería absolutamente injusto” ya que “es un tema estructural”. “No, para nada”, respondió Benedetti al ser consultado sobre si en el gobierno anterior hubo un empeoramiento del área de salud.

Atentos a la demanda social que ha venido creciendo en las últimas horas en reclamo de un aporte de la política en esta emergencia, van sumándose iniciativas de los legisladores que se hacen eco de ello. Es así que desde el Senado, el principal bloque opositor presentó un proyecto en ese sentido.

En efecto, el interbloque Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley de cuatro artículos en el que piden que por un período de seis meses se retenga en forma mensual y consecutiva, un porcentaje de los haberes de los poderes Legislativo y Judicial, el Ministerio Público y los organismos y entes autárquicos, autónomos, centralizados y descentralizados, empresas y Sociedades del Estado y las entidades bancarias oficiales.

La medida sería instrumentada sobre la retribución bruta total, mensual, normal, habitual, regular y permanente -excluyendo las asignaciones familiares-. ¿Qué porcentajes alcanzaría? El 20%, cuando la remuneración sea igual o superior a $200.000; 15% cuando este sea menor a $200.000 pero superior a 150.000; el 10% cuando este sea igual o menor a $150.000 pero mayor a $100.000; el 5%, cuando esta sea menor a $100.000, pero mayor a $70.000.

Quedan exceptuados los miembros de las Fuerzas de Seguridad y Defensa; y aquellas personas integrantes del sistema de Salud abocadas a tareas relacionadas directamente con la contención y no propagación  de la pandemia Generada por el Covid-19.

El proyecto, que lleva las firmas de Esteban J. Bullrich, Humberto Schiavoni, Alfredo De Angeli, Gladys González, Laura Rodríguez Machado, Martin Lousteau, Oscar Castillo y Pedro Braillard Poccard, contempla también las jubilaciones. En este caso, durante seis meses, se retiene un porcentaje similar a los ya apuntados a las jubilaciones percibidas por los agentes del sector público nacional, correspondientes a los sectores ya mencionados. Con lo recaudado se creará el Fondo Nacional para la gestión de la pandemia sanitaria Covid-19 con el objetivo de financiar las acciones de mitigación de la crisis sanitaria y económica.

El interbloque de diputados Juntos por el Cambio envió al presidente Alberto Fernández una carta en la que ratifican su acompañamiento a los esfuerzos que realiza el Poder Ejecutivo para superar esta crisis y proponen constituir un fondo de emergencia destinado a atender los aspectos “más urgentes” de la gestión de la crisis. En particular, garantizar el acceso universal al sistema de salud en el contexto de la emergencia, particularmente a través de la compra de insumos críticos y reactivos para reforzar una política de testeo estratégico y el sostenimiento del empleo en el sector privado, especialmente el que generan las pymes de nuestro país y su distribución con criterio federal.

Dicho fondo debería constituirse con el 30 % de los ingresos de la totalidad de los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo Nacional, Poder Legislativo Nacional y Poder Judicial de la Nación (ministros de la Corte Suprema, camaristas, jueces, secretarios, senadores, diputados, presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado), el Ministerio Público Fiscal, los directorios de las empresas públicas y los organismos descentralizados y desconcentrados, y todos los ahorros que el sector público pueda realizar durante esta etapa. La nota invita también a provincias y municipios a tomar medidas de idéntico tenor.

Todo ello debería implementarse por un plazo de 90 días, sometiendo el control del gasto sobre dicho fondo a la Auditoría General de la Nación mediante un programa creado al efecto, detalla la nota de los diputados de Juntos por el Cambio.

“Las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el país y el mundo, requieren de las instituciones y actores políticos una mayor disposición a explorar alternativas, frente a un escenario indeseado que debe ser abordado con determinación, seriedad, responsabilidad y sensibilidad”, enfatizan los legisladores de JxC, que recuerda que las dietas de los legisladores fueron congeladas desde el mes de diciembre pasado y los subsidios así como los montos de pasajes aéreos y terrestres no utilizados fueron transferidos con destino a la atención de la emergencia, aunque advierte que “sabemos que es posible y urgente hacer más”.

Para los diputados del bloque que conduce Mario Negri, se recuerda que estos “son tiempos de austeridad y solidaridad del sector público y que todos los esfuerzos deben concentrarse en garantizar el acceso a la salud y preservar el empleo y a nuestras empresas para que superada la emergencia sanitaria podamos entre todos salir adelante con el trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado”.

“La superación de la crisis y sobre todo el escenario económico posterior, dependen de factores estructurales que no se atienden gestualmente; pero no es menos cierto que nuestra democracia se fortalece en tanto hagamos juntos el esfuerzo por recuperar el sendero de la normalidad, que los ciudadanos y ciudadanas deseamos”, puntualiza la carta enviada a Alberto Fernández.

Carta AF esfuerzo público 22.10hs by Parlamentario on Scribd

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, a través de los presidentes de los bloques Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI), expresó su preocupación con respecto a la “escasa información oficial” por parte del Poder Ejecutivo sobre los testeos para el Covid-19.

“A tres semanas de que se detectara el primer caso de coronavirus en nuestro país, aún no disponemos de datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud sobre la cantidad de testeos realizados por el Instituto ANLIS Malbrán y por la Red de Laboratorios autorizados”, advirtió la bancada en un comunicado.

Los diputados denunciaron “una demora en la descentralización de la Red, teniendo en cuenta que, de los 35 centros, sólo seis estarían funcionando, los que pertenecen a las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Según fuentes periodísticas, que por el momento son las únicas fuentes de las que disponemos, los restantes laboratorios recién estarían en condiciones de realizar los testeos hacia finales de la semana próxima”, dijeron los legisladores.

Y agregaron: “Valorando el esfuerzo que todos los profesionales y funcionarios están realizando en circunstancias tan difíciles, creemos que es necesario acelerar los tiempos para que todos los laboratorios puedan efectuar las pruebas en toda su capacidad lo antes posible, toda vez que de ello depende el objetivo estratégico adoptado”.

Para los integrantes de Juntos por el Cambio, “el testeo de forma masiva para la detección del Covid-19 en la población es una de las estrategias recomendadas por la OMS para enfrentar esta pandemia y, según la evidencia que se ha observado en las últimas semanas, sería lo que mejor resultado estaría ofreciendo”.

“En consecuencia, necesitamos contar con información oficial sobre la cantidad de testeos realizados por el ANLIS Malbrán y la Red de Laboratorios autorizados; en qué nivel se encuentra su capacidad operativa, entendiendo que rondó las 1.000 pruebas diarias cuando fue el brote de H1N1 (Gripe A) en el año 2009; si es cierto que el Gobierno Nacional ordenó la compra de 500.000 reactivos adicionales para diagnosticar el COVID-19, y en su caso, plazos de entrega y disponibilidad; y cómo se va a realizar la continuidad de la entrega de reactivos a los laboratorios en el futuro”, cuestionaron.

Además, solicitaron que la ANMAT “dé prioridad a los procesos de habilitación y certificación de nuevos productos que aparezcan en el mercado y que permitan un testeo más rápido y eficaz del virus, para poder importarlos, producirlos y distribuirlos con agilidad”. 

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio reiteró este miércoles su “absoluta disposición a sesionar en caso de ser necesario” y formuló una serie de propuestas para garantizar el funcionamiento del Congreso durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

La bancada que preside Mario Negri solicitó además al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, que “se diseñen los protocolos que deberían aplicarse ante esa eventualidad”, en coordinación con el Senado.

Así se informó en un comunicado de las autoridades del interbloque, horas después de que el preside Alberto Fernández anunciara el envío de proyectos para congelar alquileres y cuotas de créditos hipotecarios, además de la suspensión de desalojos.

La alianza opositora solicitó la “inmediata puesta en marcha” del trabajo en comisiones de forma virtual, puntualmente las de Salud; de las Personas Mayores; Relaciones Exteriores; Presupuesto y Hacienda; Legislación del Trabajo; Pymes; Industria; Comercio; y Peticiones, Poderes y Reglamentos.

Además, los diputados pidieron que el Poder Ejecutivo Nacional designe “enlaces parlamentarios” para “establecer un mecanismo fluido de diálogo”, especialmente en las áreas de Salud, atención a la Tercera Edad, Cancillería y Producción, para acercar propuestas y solicitar informes sobre las medidas que se están implementando para atender la emergencia.

Asimismo, reiteraron “la preocupación del interbloque ante las demoras en los procedimientos para garantizar la provisión de reactivos para la detección del Covid-19 a las provincias y la baja cantidad de testeos registrados a nivel nacional, así como la insuficiente atención hasta la fecha de la situación de los sectores productivos y de políticas para el sostenimiento del empleo en el sector privado, especialmente el generado por las pymes”.

Por otra parte, Juntos por el Cambio reclamó poner en marcha el procedimiento de recolección de preguntas al jefe de Gabinete, en virtud del informe mensual que debe presentar al Parlamento.

Por último, las autoridades del interbloque acordaron un mecanismo para poner a disposición de la ciudadanía todos los proyectos y pedidos de informes que los integrantes de Juntos por el Cambio presentaron con motivo de las diversas situaciones generadas por la pandemia del Covid-19 que enfrenta nuestro país.

Diputados del interbloque Juntos por el Cambio presentaron este miércoles un proyecto de resolución denominado “Congreso Digital”, que modifica el reglamento de la Cámara baja para poder sesionar de forma online, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

La iniciativa fue presentada en momentos donde se analiza la posibilidad de reunir al Congreso en forma remota para tratar proyectos de ley que enviará el Poder Ejecutivo en las próximas horas, vinculados al congelamiento de alquileres y de cuotas de créditos hipotecarios.

En el proyecto de resolución, promovido por el diputado Alejandro Cacace (UCR), se propone agregar un artículo al reglamento, que indique que “en los casos de fuerza mayor, cuando hubiere razones fundadas que impidan a los diputados constituir Cámara con su presencia física, se habilitará el funcionamiento del Cuerpo de manera remota mediante plataformas de videoconferencia u otros sistemas técnicos adecuados que permitan el desarrollo de las sesiones en línea”.

Los legisladores sostienen que “la realización de las sesiones mediante videoconferencia, verificando la asistencia virtual de los diputados, aseguraría la continuidad de la actividad legislativa, no sólo en el contexto actual, si no ante cualquier otro caso de fuerza mayor que impidiera a los diputados constituir Cámara físicamente”.

“El voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado personalmente mediante la plataforma utilizada, y de acuerdo a las especificaciones que fije la Presidencia a propuesta de la Comisión Especial sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario”, explica el proyecto sobre la forma en la que se llevaría a cabo la votación de las leyes.

Cacace expresó que “es sumamente necesario que el Congreso sesione para poder tomar las medidas necesarias para atender la crisis. Hoy en día se pueden utilizar múltiples plataformas digitales, y debemos ir adaptándonos a los nuevos tiempos. Medidas similares fueron tomadas en muchos países del mundo y obtuvieron muy buenos resultados”.

Previamente, la diputada Dolores Martínez había destacado la importancia de continuar las tareas del Poder Legislativo. “El Congreso, más que nunca, está obligado a ejercer su papel de gobierno. No solo porque debe realizar seguimiento de las acciones del Ejecutivo, sino también porque debe acompañar las decisiones del Ejecutivo para dotarlas de representatividad y legitimidad”, expresó la diputada en una nota de opinión publicada en Infobae.

El proyecto cuenta con el apoyo de los diputados Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Luis Petri, Claudia Najul, Federico Zamarbide, Albor Cantard, Ximena García, Estela Regidor, Gustavo Menna, José Riccardo, Mario Arce, Lorena Matzen, Gabriela Lenna, Miguel Nanni, Lidia Ascárate,  Aída Ayala, Ingrid Jetter, Dina Rezinovsky y Pablo Torello, entre otros.

En la previa del debate en comisión del proyecto que propone la intervención del Poder Judicial de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales trasmitió a los senadores de Juntos por el Cambio información sobre las causas de Milagro Sala y acusó al “ultrakirchnerismo” de estar detrás de la iniciativa, con el “objetivo” de lograr la libertad de la dirigente social.

El mandatario provincial mantuvo un encuentro de dos horas con legisladores radicales y macristas, en las oficinas del bloque de la UCR ubicadas en el segundo piso de la Cámara alta. Antes de ingresar a la reunión, aseguró que con el proyecto presentado por el oficialista Guillermo Snopek “lo que buscan es liberar a Milagro Sala, todo lo demás es humo”.

El gobernador remarcó que en las causas contra Sala “han intervenido jueces independientes”. “Intervinieron 26 jueces, de los cuales yo designé cuatro por concurso de antecedentes y oposición”, explicó y agregó que “la Justicia en Jujuy se conformó en 32 años de peronismo”.

“Dicen que soy el armador de causas contra Milagro Sala y no es verdad. Lucas Arias es una causa que empieza en 2007, iniciada por la familia de Arias”, señaló el radical en diálogo con la prensa acreditada del Congreso.

Los senadores del Interbloque @CambiemosSenado recibimos al Gobernador @GerardoMorales a los diputados @marioraulnegri @alfredocornejo y a la Presidenta del PRO @PatoBullrich para discutir sobre el intento de intervención a la Justicia de Jujuy pic.twitter.com/OZeGj7kXjx

— Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) March 10, 2020

Para Morales, “no hay dudas que el ultrakirchnerismo está impulsando esto” y mencionó nuevamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli.

En ese sentido, reveló que conversó con el presidente el lunes pasado “y me dijo que el Gobierno no está en esto”. “Obviamente tienen preocupación por la situación de Milagro Sala, y con el presidente tenemos una diferencia en este punto que yo respeto, y él respeta de mí”, continuó.

Además, enfatizó que en la provincia “hay jueces buenos y malos como en todos lados, pero bajo ningún punto de vista voy a admitir que hay algún tipo de presión sobre la justicia jujeña”.

Para el mandatario jujueño, “sería muy bueno que la Corte Suprema se meta a fondo y revise” las causas contra Sala.

Qué plantearán los senadores

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este martes, presidida por la oficialista María de los Ángeles Sacnun, los senadores de Juntos por el Cambio pedirán el retiro del proyecto, además de expresar su negativa a que avance un eventual dictamen.

“Vamos a dar a una discusión con las pruebas y los fundamentos que estamos trayendo; tenemos material, así como también testigos para informar sobre lo ocurrido en Jujuy”, adelantó la macrista Laura Rodríguez Machado, quien se reunirá horas antes con Sacnun para acordar la mecánica de la reunión.

La legisladora destacó que Morales los abasteció de “las explicaciones, los antecedentes, las pruebas y los datos” para refutar uno por uno los fundamentos de Snopek en el proyecto.

También informó que los miembros de Juntos por el Cambio evalúan solicitarle “una audiencia al presidente Alberto Fernández para que nos dé su opinión al respecto”.

“El motivo de la intervención es un motivo político, porque las instituciones judiciales en la provincia de Jujuy funcionan perfectamente. El objetivo político es la liberación de Milagro Sala, eso lo tenemos todos muy claro”, subrayó la cordobesa.

En tanto, recordó que el antecedente de Néstor Kirchner en 2004 cuando intervino Santiago del Estero: “Esa vez se intervino toda la provincia, pero esta sería la primera vez que se intervendría un solo poder y esperemos que no pase”.

De la reunión participó también la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, quien calificó como “gravísima” la situación de “poner en debate acá en el Senado la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Esto viola todos los principios constitucionales. Estamos acá apoyando al gobernador Morales ante este atropello que es un atropello a toda la Justicia argentina”.

Además, estuvo el diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien manifestó: “Esto es un avasallamiento al federalismo. La intervención es una institución que hace muchísimo que no se usa, y mucha más sobre un solo poder del Estado”.

“Pero no queremos quedarnos con eso, acá hay un velo que hay que correr: todo esto es para liberar a Milagro Sala, en un contexto de atropello al sistema republicano, que se viene insinuando, como ya pasó con los anteriores gobiernos kirchneristas”, sostuvo.

El mendocino agregó que “esto se evitaría con una declaración categórica del presidente Alberto Fernández, instruyendo al bloque de senadores del Frente de Todos para que no se avance con este proyecto”.

“(Guillermo) Snopek solo no va ni a la esquina. Está claro que el kirchnerismo, en menos de 90 días de un nuevo gobierno, conduce al peronismo porque vuelve sobre la vía institucional, busca la concentración de poder, sin ningún tipo de pudor. El presidente de la Nación debe ser claro y contundente porque el nivel de tensión institucional no resiste un día más”, dijo por su parte Mario Negri, jefe del interbloque JxC en Diputados.

Los diputados del interbloque Juntos por el Cambio realizaron este lunes una jornada de trabajo en la Usina del Arte, donde ratificaron la unidad, elaboraron consensos sobre la agenda parlamentaria de este año y respaldaron al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, frente al proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de esa provincia.

“La mayor demanda que tenemos hoy es la de representar al 41 por ciento de los argentinos que nos votó en octubre de 2019, y para cumplir con ellos tenemos la obligación de mantenernos juntos y firmes”, sostuvieron los diputados del interbloque que preside Mario Negri.

Los temas abordados en distintos paneles fueron industria, energía, agro y economía del conocimiento. Además, se analizó la situación de la Justicia ante el anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández sobre una reforma judicial. Y, por último, se realizó un panel llamado “41 por ciento” en el cual se evaluó cómo seguir representando a los votantes de Juntos por el Cambio.

Al principio de la jornada estuvo presente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mientras que al final expuso el gobernador Morales, quien cuestionó el proyecto presentado por el senador peronista Guillermo Snopek, que se tratará este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

#JujuyNoSeToca
No están en juego temas personales sino institucionales. En Jujuy se recobró la paz en 2015 y hay quienes quieren volver a un sistema de atropello e impunidad. Brindamos el apoyo del Interbloque @juntoscambioar al gobernador @GerardoMorales y a su provincia. pic.twitter.com/G53CjZEYjG

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 9, 2020

Morales manifestó que el proyecto del PJ “busca la libertad de Milagro Sala” y explicó largamente cuáles son los hechos de corrupción de la líder de Tupac Amaru en Jujuy, además de refutar las acusaciones del kirchnerismo sobre el funcionamiento de la Justicia provincial.

Entre otros puntos, Morales expresó que el 80 por ciento de los jueces que juzgaron por distintos delitos a Sala “fueron nombrados por el peronismo” y que “tres de las cuatro causas por las que la líder piquetera tiene condenas provienen de hechos sucedidos antes de que Cambiemos gane las elecciones en 2015”.

Negri, quien también tomó la palabra, respaldó a Morales y sostuvo que “no están en juego temas personales, sino institucionales. En Jujuy se recobró la paz en 2015 y hay quienes quieren volver a un sistema de atropello e impunidad. Brindamos el apoyo del interbloque”.

“Tenemos la convicción de defender la República, por eso estamos en alerta ante las señales de avasallamiento institucional que está dando el Gobierno nacional y los distintos sectores del Frente de Todos”, expresaron finalmente los diputados de Juntos por el Cambio.

En rechazo al proyecto de ley que propone la intervención de la justicia jujeña, legisladores y dirigentes de Juntos por el Cambio convocaron a una marcha al Congreso para el próximo martes a las 18, mientras la iniciativa se debata en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Bajo los hashtags “#10M” y “#JujuyNoSeToca”, miembros de la oposición llamaron a manifestarse contra la iniciativa que presentó el senador Guillermo Snopek (Frente de Todos). Esta semana ya se realizó una movilización en la provincia, encabezada por el gobernador Gerardo Morales, quien también tiene previsto viajar a Buenos Aires para estar en la Cámara alta ese día.

La presidenta del partido Pro, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, escribió en su cuenta de Twitter: “El 10M voy a estar en el Congreso junto a los ciudadanos argentinos diciéndole al Gobierno del ‘vamos por todo y todos’ que, frente a su plan de impunidad, van a encontrarnos firmes, defendiendo a la gente”.

“Cada vez que nuestros representados decidieron salir estuve. El #10M voy a acompañar a todos los que se manifiesten para defender la institucionalidad”, expresó por su parte el diputado nacional Waldo Wolff.

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri, decidió tras una reunión no aportar al quórum en la sesión especial de este jueves, donde se tratará el proyecto de ley que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos.

La bancada adoptó esa postura luego de que el Frente de Todos rechazara incorporar una cláusula aclaratoria para establecer que los jueces que hoy están en condiciones de jubilarse podrán mantener las condiciones actuales en el futuro, en caso de que continúen en funciones.

Tras negociaciones que se produjeron a lo largo de la jornada, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, comunicó a Negri que el oficialismo no aceptaría añadir esta cláusula, por lo que Juntos por el Cambio finalmente firmó su propio dictamen, y luego resolvió no dar quórum en la sesión.

“El proyecto del Poder Ejecutivo es el corolario de un proceso que busca avasallar el Poder Judicial. El oficialismo pretende garantizar la impunidad mediante las teorías de ‘lawfare’, el proyecto para modificar las prisiones preventivas en casos de corrupción, la intervención del Poder Judicial de Jujuy y la desarticulación del sistema de testigos protegidos”, enumeró Juntos por el Cambio en un comunicado.

Y agregó: “Ahora quieren provocar la renuncia masiva de jueces y fiscales, la cual podría alcanzar a casi la mitad del Poder Judicial, paralizando causas y habilitando la discrecionalidad para nominar a dedo a los jueces que deben investigar la corrupción kirchnerista”.

La bancada coincidió en “la necesidad de cambiar los regímenes jubilatorios que tienen privilegios”, pero advirtió que “el oficialismo tiene un objetivo último que es peligroso para la democracia y la República”.

“Ofrecimos al Frente de Todos incorporar una cláusula transitoria para evitar que haya un éxodo masivo de magistrados y sobrevenga la anomia en el Poder Judicial. Intentamos persuadir al oficialismo durante toda la jornada, pero no tuvimos el eco esperado”, lamentaron los legisladores.

Por eso, informaron que no estarán presentes en el recinto al momento de abrir la sesión, y advirtieron: “Quienes den quórum serán cómplices de esta maniobra. Si no aceptan la cláusula es claro que solo van por el Poder Judicial”.

La cláusula propuesta por Juntos por el Cambio indicaba que “los funcionarios y/o magistrados comprendidos en el Anexo 1 de la Ley 24.018 que a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones introducidas en la presente ley tuvieren otorgado el beneficio o reunido la totalidad de los requisitos establecidos en el régimen de esa norma, mantendrán el derecho a los beneficios que la misma otorga, el cual podrá ejercerse en cualquier momento”.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió este miércoles en las oficinas del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI y manifestó su preocupación por el “avasallamiento” del Poder Judicial.

Participaron de la reunión los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Rodolfo Suárez (Mendoza); el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal; los senadores nacionales Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni; los diputados nacionales Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro y Alfredo Cornejo (presidente de la Unión Cívica Radical); la presidente del Pro, Patricia Bullrich; el ex senador nacional Miguel Pichetto y la diputada provincial Maricel Etchecoin.

“Juntos por el Cambio quiere advertirle a la población sobre el avance del Poder Ejecutivo sobre el Judicial”, afirmaron.

“Por un lado, un proyecto para avanzar contra la decisión independiente y autónoma del Poder Judicial de la provincia de Jujuy intentando su intervención. Avasallar una provincia gobernada por Juntos por el Cambio y a un  gobernador que ha demostrado a lo largo de su vida el compromiso con la República y los derechos humanos para garantizar la impunidad de Milagros Sala”, agregaron.

“Por otro lado, mediante la excusa del proyecto de regímenes especiales se esconde el verdadero objetivo: vaciar de jueces y fiscales los estamentos judiciales y colonizarlo con jueces propios”, señalaron los dirigentes de JxC.

A través de un comunicado, concluyeron que “Juntos por el Cambio va a defender con firmeza y claridad los principios de la  división de poderes y el valor de la República”.

Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio se reunieron este miércoles en la previa del plenario de comisiones que tratará el proyecto de ley sobre jubilaciones de privilegio, y afirmaron que no aportarán quórum en la sesión de este jueves si el oficialismo no acepta incluir las modificaciones que propondrán.

La condición principal pasa por la posibilidad de incorporar una cláusula transitoria que especifique que aquellos jueces que estén en condiciones de jubilarse podrán acogerse al régimen actual, aunque continúen trabajando más años.

El argumento de la oposición es que esto evitaría un “éxodo” de magistrados, en sintonía con lo que planteó el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, quien advirtió que “entre 100 y 150 jueces renunciarían de aprobarse esta ley”.

Además, los legisladores del Pro, la UCR y la Coalición Cívica pedirán que se eliminen de la iniciativa los artículos 7 y 10, referidos a las pensiones por fallecimiento de jueces y diplomáticos, las cuales -a partir de esta norma- se asignarían de acuerdo al régimen general.

El diputado nacional Alfredo Cornejo afirmó que le gustaría que el próximo presidente “sea un radical”, porque quiere “que haya alternancia”, pero también remarcó su intención de que “haya unidad al interior de la coalición (Juntos por el Cambio); no pretendo yo ser el candidato”.

“No puede haber un líder único en la oposición”, señaló el titular de la Unión Cívica Radical e insistió: “Privilegio que haya hoy unidad en Cambiemos, porque si no hay unidad no va a haber alternancia. Argentina la va a pasar mal si la oposición se divide, no va a haber equilibrio de poderes”.

En declaraciones a radio Continental, el exgobernador mendocino reflexionó que “en un diseño constitucional tan altamente presidencialista, nosotros cumplimos con empoderar a Macri, pero me parece que hubo un abuso ahí”.

Por otra parte, al ser consultado por el proyecto sobre jubilaciones de privilegio enviado por el Gobierno, el legislador consideró que “todo el sistema previsional requiere una reformulación, porque se han hecho muchísimas barbaridades durante mucho tiempo”.

Para Cornejo, “rápidamente hay que buscar una fórmula de movilidad que sea más equitativa, que privilegie a los que han tenido sus 30 años de aportes y los cuide por encima del resto”.

En tanto, el opositor opinó que la deuda “es insostenible en estos tiempos” pero “se la puede hacer sostenible con una buena negociación”. “Si el Gobierno hace bien las cosas la puede hacer absolutamente sostenible. Nuestro problema es de crecimiento, no de deuda”, agregó.

El espacio Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que criticó el vídeo difundido por el presidente Alberto Fernández, donde menciona la instalación del “lawfare” y cuestiona el accionar de la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri.

“El vídeo de Alberto Fernández sobre la Justicia es de una gravedad inusitada, porque se trata de un ataque directo a la independencia de los jueces, porque respalda el plan para garantizar la impunidad de exfuncionarios procesados y condenados por corrupción, y porque pretende quitarle a Juntos por el Cambio su legitimidad democrática”, sostuvieron.

En el texto, firmado por los titulares de los tres partidos que conforman la alianza -Patricia Bullrich (Pro), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC)- y el exsenador Miguel Pichetto, enfatizaron que el vídeo no se puede tomar “como un exabrupto”, sino que “es un vídeo pensado, guionado y filmado con la anuencia del presidente de la Nación y el sello oficial de la Casa Rosada”.

“Si, como ha dicho recientemente, el presidente cree que no hay ‘presos políticos’, entonces no puede respaldar una ofensiva que tiene todo el aspecto de garantizar la impunidad de Cristina Kirchner, sus funcionarios y otros líderes latinoamericanos investigados y condenados por corrupción en la última década”, consideraron.

En los últimos años el lawfare se instaló en Argentina.
Entonces cuestioné la complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores.
Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos. pic.twitter.com/x0LCN1WrpO

— Alberto Fernández (@alferdez) February 18, 2020

Para los dirigentes, “más allá del debate sobre el uso de la prisión preventiva, lo cierto es que en estos años avanzaron decenas de causas por corrupción y se lograron condenas importantes, entre ellas del exvicepresidente Amado Boudou y del exministro estrella del kirchnerismo, Julio de Vido”.

“Por otra parte, las acusaciones de que entre 2015 y 2019 la Argentina ‘sufrió graves violaciones a los Derechos Humanos’ y ‘el Estado de Derecho fue vulnerado sistemáticamente’ excluye a Juntos por el Cambio del juego democrático y le quita legitimidad como actor político. Porque sólo los gobiernos autoritarios violan los derechos humanos y vulneran el Estado de Derecho. ¿Realmente piensa el presidente que el gobierno de Cambiemos fue autoritario?”, remarcaron.

Y defendieron que la gestión anterior “respetó la independencia de la Justicia y el Estado de Derecho con absoluto rigor y compromiso, y colaboró sin presentar excusas cuando los jueces iniciaron investigaciones”.

Por último, señalaron que “con estas declaraciones el presidente derrumba los esfuerzos del Estado argentino en la lucha contra la corrupción y la impunidad asumidos en la Presidencia de Cambiemos con total autonomía judicial y con los votos de amplias mayorías en el Congreso”. “Esos avances fueron reconocidos internacionalmente por el Grupo Antisoborno de la OCDE, el GAFI y en una contundente mejora del índice de Transparencia Internacional”, recordaron.

Los diputados de Juntos por el Cambio no permitirán un debate exprés sobre el proyecto de ley que modifica el régimen jubilatorio de jueces y del servicio exterior. Así lo resolvió la “mesa chica” del interbloque luego de mantener contactos con representantes del sector judicial, que cuestionan la iniciativa oficial.

Los jefes del bloque UCR, Mario Negri; del Pro, Cristian Ritondo; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, encabezaron un encuentro del que participaron también Álvaro González, Silvia Lospennato (Pro), Miguel Bazze (UCR) y Juan Manuel López (CC).

Tras conversar con el camarista Ricardo Recondo -vocero del ala judicial en este tema-, y miembros de la Asociación de Magistrados, el interbloque encendió luces de alerta ante la posibilidad de que el Frente de Todos impulse un tratamiento veloz en la Cámara baja, con votación en el recinto la semana próxima.

La Asociación de Magistrados, que preside Marcelo Gallo Tagle, sostiene que la iniciativa es inconstitucional porque avanza sobre la intangibilidad de la remuneración de los jueces. En un comunicado, la entidad se mostró dispuesta a dar el debate pero pidió participación de los actores involucrados.

En ese marco es que Juntos por el Cambio activó la convocatoria a especialistas en temas previsionales, para elaborar propuestas de modificaciones al proyecto, que ingresó el viernes a última hora. Fuentes del interbloque aseguran que “es difícil que voten en contra” de la iniciativa, pero intentarán forzar cambios.

Lo cierto es que el proyecto todavía no recibió formalmente giro de comisiones, la mayoría de las cuales deberán primero constituirse. Por si fuera poco, la semana que viene será corta por los feriados de Carnaval, con lo cual el tiempo que queda antes de la apertura del período ordinario es escaso.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo eleva gradualmente la edad jubilatoria de jueces hasta llegar a los 65 años en 2025; establece el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años -y no sobre el último haber-; y aumenta en un 7% los aportes adicionales, pasando del 11% al 18%.

“Gusto a poco”: esa fue la sensación que dejó en Juntos por el Cambio la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el recinto de la Cámara de Diputados, sobre el proceso de negociación de la deuda. Tal como había anticipado, el interbloque presidido por Mario Negri no se expresó en el recinto, sino que brindó una conferencia de prensa posteriormente a la sesión informativa, en el Salón Delia Parodi.

“La exposición de Guzmán nos dejó gusto a poco. Coincidimos con el ministro de Economía en que los argentinos tenemos que hacer un ‘Nunca más’ de los ciclos de sobreendeudamiento, pero nosotros desde el interbloque decimos también que necesitamos un ‘Nunca más’ de los ciclos de alto déficit fiscal. Sin déficit fiscal seguramente podremos cumplir con el objetivo que nos propuso el ministro”, sostuvo Negri.

Y agregó: “Recibimos casi 5 puntos de déficit en relación al PBI y dejamos el gobierno con 0,4% de déficit fiscal primario. Esperamos que el Gobierno no se equivoque aumentando nuevamente el déficit”.

Acompañado por numerosos diputados de la UCR, el Pro y la Coalición Cívica, Negri advirtió que “este Congreso sigue sin conocer el Presupuesto y esto señala no solo una enorme carencia en materia de política económica, sino también una anomalía institucional”.

En tanto, el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, ironizó: “El presidente manifestó que no muestran la estrategia porque están jugando al póker con los acreedores. Nosotros pedimos que las cartas estén sobre la mesa, para poder dar el apoyo del Congreso. No se puede jugar a las cartas con el futuro de 45 millones de argentinos”.

Ritondo agregó que el FMI desembolsó 44.149 millones de dólares y el grueso, 37.149 millones, se destinó al pago de los servicios de la deuda.

Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro expresó: “Estamos aportando con prudencia, seriedad y responsabilidad, y esto ya quedó demostrado el pasado 29 de enero cuando acompañamos en la reestructuración de la deuda”.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, consideró que “el ministro debió fundamentar por qué la deuda es impagable. Argentina tiene un ratio de deuda con relación al PBI similar a los países de Latinoamérica. Pero nosotros no crecemos desde que el kirchnerismo demolió las bases del crecimiento. Por eso esperamos que envíen el Presupuesto, esto no es incompatible con sentar las bases de una negociación exitosa. Nosotros creemos que si explicitan el programa económico tendrán más suerte”.

Por otra parte, Negri advirtió sobre “contradicciones inquietantes en el Gobierno”. “El ministro comunicó hoy que las conversaciones con el FMI están progresando, pero la vicepresidenta pidió desde Cuba al FMI una importante quita de capital. No nos queda claro si el ministro ha planteado esta propuesta a las autoridades del FMI”, cuestionó.

Además, el cordobés insistió en que “no es cierto que la deuda que hoy Argentina busca reestructurar fue creada por el gobierno de Cambiemos. El gobierno kirchnerista emitió más de 100.000 millones de dólares, un número superior a la que dejó nuestra administración. El gobierno de Cambiemos emitió 70.000 millones de dólares, de los cuales 40.000 se destinaron a pagar intereses de la deuda que venía desde el kirchnerismo, 10.000 se usaron para pagar a los holdouts y el resto para financiar el déficit fiscal que heredamos”.

Por último, los legisladores de Juntos por el Cambio pidieron a las autoridades de ambas Cámaras que se constituya “de forma urgente” la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, luego de que Guzmán dijera que hay un compromiso de hacerlo durante el período ordinario.

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio anunció que brindará una conferencia de prensa luego de la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, en una sesión informativa de la Cámara baja. Los diputados de la principal bancada de la oposición enviaron ayer 24 preguntas por escrito al titular del Palacio de Hacienda.

Cuando finalice la sesión informativa, en la cual los legisladores de Juntos por el Cambio no harán uso de la palabra para “no alimentar un posible escenario de disputa con el oficialismo”, las autoridades de los bloques que integran Juntos por el Cambio atenderán la requisitoria periodística en el Salón Delia Parodi del Palacio, el cual está contiguo al Salón de Pasos Perdidos.

El horario estimado de finalización de la sesión y comienzo de la conferencia de prensa es entre las 19 y las 19.30.

Diputados del interbloque Juntos por el Cambio le enviaron por escrito 24 preguntas al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien este miércoles expondrá ante la Cámara baja sobre la reestructuración de la deuda externa.  

Los legisladores decidieron no hacer uso de la palabra dentro del recinto, a fin de “evitar polémicas innecesarias con el oficialismo”. No obstante, al terminar la reunión, los jefes parlamentarios de la bancada brindarán una conferencia de prensa en el Salón Pasos Perdidos.

Las preguntas enviadas por el interbloque Juntos por el Cambio:

I- SOBRE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

1. ¿Cuál es su diagnóstico respecto a las razones que explican la eventual “insostenibilidad” de la deuda? Mirando indicadores objetivos de liquidez y solvencia de la deuda pública (por ejemplo, deuda con el sector privado en % del PIB, intereses de la deuda en % del PIB, duration de la deuda pública, etc.) Argentina no difiere significativamente del resto de los países de la región y las economías emergentes. Sin embargo, difiere sustancialmente en un aspecto: el país acumula 10 años de estancamiento económico y un déficit primario sostenido en el tiempo que sólo se redujo en los últimos dos años. Esto sugiere, a nuestro criterio, que las principales causas que deben atacarse refieren al diseño de un plan de estabilización y crecimiento en combinación con políticas que logren sostener el equilibrio fiscal primario alcanzado con tanto esfuerzo en el año 2019.

2. En este sentido, ¿considera Usted que es posible reestructurar exitosamente la deuda pública y lograr una mayoría calificada de aceptacion de bonistas sin explicitar antes un plan económico integral que pueda ser creíble y confiable para los acreedores y para el pueblo argentino?

3. ¿Hay alguna experiencia internacional exitosa que Usted nos pueda referenciar que haya seguido el camino contrario que el Presidente Alberto Fernandez ha definido como “jugar al poker” de la deuda sin mostrar las cartas? ¿No cree que sería menos riesgoso para los intereses de la República Argentina seguir los lineamientos de la mayoría de los procesos exitosos de reestructuración de deudas soberanas? Esos lineamientos suponen establecer primero un acuerdo con el FMI (cuando existen deudas previas) y poner en marcha un programa económico capaz de recrear la confianza.

4. Respecto a la estrategia de negociación, es sabido que las votaciones de las denominadas Cláusulas de Acción Colectiva (CACs, por sus siglas en inglés) generan incentivos perversos para los votantes. En ocasiones, existen incentivos perversos a rechazar la propuesta inicial y a mantenerse afuera a la espera de una segunda oferta superadora. ¿Cómo están pensando romper estos incentivos perversos?

5. Toda reestructuración de deuda soberana enfrenta a los gobiernos ante el desafío de buscar un equilibrio entre la preservación de la “reputación” y la búsqueda de “sustentabilidad” de la deuda. Uruguay (2003) y Argentina (2005) pueden ser vistos como dos casos extremos. La reestructuración uruguaya en el año 2003 -por citar un caso geográficamente cercano- fue un ejemplo extremo de preservación de la reputación. El gobierno uruguayo impulsó una reestructuración relativamente amigable con el mercado y obtuvo niveles de recortes bajos en valores presentes -aproximadamente del 23%- y prácticamente nulos en términos nominales.  Aunque Uruguay consiguió despejar los problemas de liquidez de corto plazo, salió de su reestructuración con un stock de deuda superior al 100% de su producto bruto, lo cual podría desafiar su solvencia en el futuro. La estrategia “amigable” de Uruguay en 2003 terminó siendo un éxito (aunque no sólo imputable a ese factor). En el balance “reputación versus sustentabilidad”, Argentina (2005) se situó en el extremo opuesto. Los costos de reputación se subestimaron y el foco de la discusión se puso exclusivamente en la capacidad teórica de repago. ¿Cuál es su visión sobre este punto?, atento a que este Congreso delegará en el Poder Ejecutivo Nacional y en su persona la definición de este delicado equilibrio.

6. Con relación al papel del FMI en las negociaciones con acreedores privados. A su criterio, ¿el FMI debe jugar algún rol en la negociación con los bonistas y, en caso afirmativo, cómo se desarrollaría esa labor y cómo se la instrumentaría?

7. ¿El gobierno argentino tiene previsto iniciar tratativas para un nuevo programa con el Fondo y qué características asumiría? Alternativamente, ¿cómo se prevé afrontar los pagos de intereses y amortizaciones de capital con el FMI, en particular los USD 1.600 millones de intereses pagaderos trimestralmente que vencen a lo largo de 2020?

8.¿Cuál es la posición oficial de su gobierno respecto a las recientes declaraciones de la Vicepresidenta Fernández realizadas desde La Habana, Cuba, acerca de la necesidad de reclamar una quita de la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Saber si estas declaraciones complican la relación con los países miembros del FMI, que son los aportantes de fondos a ese organismo internacional.

9. En un eventual acuerdo con el FMI, ¿el gobierno piensa proponer “reformas estructurales” como soporte a la sustentabilidad a la deuda pública? ¿En cuáles reformas cree Usted debe focalizarse la agenda de crecimiento en la Argentina?

10. ¿Qué mayorías buscan alcanzar en la reestructuración? ¿Buscarán obtener mayorías agregadas o por cada serie en particular?

11. ¿Están en estudio brindar “garantías especiales” a los bonistas?

12. ¿Se está evaluando la emisión de cupones atados al crecimiento del PIB como se ofrecieron en la reestructuración del 2005-2010? ¿Lo considera un instrumento útil para la República y las chances de éxito de la reestructuración?

II- SOBRE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA DEUDA

13. ¿Cuál es el sendero de superávit primario que plantea el gobierno hacia delante y cómo piensa lograrlo?

14. ¿Se prevé la elaboración y presentación al Congreso de la Nación de un presupuesto plurianual tal como exige la Ley de Administración Financiera?

15. ¿Hay medidas previstas para reducir el nivel de Gasto Público Nacional? ¿O todo el esfuerzo fiscal recaerá sobre las espaldas de los jubilados con ingresos superiores a la mínima?

16. ¿Cuál es el sendero de gastos y presión impositiva en % del Producto que Usted cree es consistente con un crecimiento sostenido de la economía?

17. Cuando se cumpla el plazo de 180 días del congelamiento de tarifas, ¿las tarifas tendrán un período de normalización, volverán a aumentar los subsidios (a las empresas o a los consumidores) o, por falta de inversiones, se volverá a poner en riesgo el incipiente autoabastecimiento de energía?

III- SOBRE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA

18. ¿Habrá trato igualitario para todos los acreedores en la oferta? ¿Se tratará por igual la deuda bajo legislación nacional respecto a la deuda bajo legislación extranjera?

19.  ¿El FGS tendrá un trato diferenciado en la reestructuración?¿Cómo afectara la reestructuración de la deuda las jubilaciones actuales y futuras? ¿Cómo piensa plantear la reestructuración de la deuda con legislación extranjera en manos del FGS del ANSES? ¿Cree que se puede reestructurar de manera diferenciada o se planteará una quita en valor presente también para el FGS?

20. ¿Deben incluirse los bonos reestructurados en 2005 y 2010 como parte del canje? ¿Qué consecuencias jurídicas podría acarrear esta decisión?

21. ¿El canje que se propondrá tendrá una fecha cierta de cierre, o habrá posibilidad que los bonistas que no ingresen al principio se vayan sumando posteriormente?

IV- SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PROVINCIAS y CAJAS PREVISIONALES

22. Existe una grave preocupación en las 79 Cajas Previsionales de Profesionales de la República Argentina (18 Provincias y CABA), con cerca 800 mil afiliados activos, y 80 mil beneficiarios -entre jubilados pensionados- que han invertido parte de sus fondos previsionales en títulos públicos hoy  alcanzados por la reestructuración de la deuda.  Como así también respecto de las inversiones realizadas en dichos instrumentos de deuda pública por el  Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Las Administraciones de las Cajas Profesionales  cuentan con normativas que las autorizan a realizar inversiones en títulos públicos como forma de resguardo del capital, es decir son inversiones que tratan de mantener el valor adquisitivo de la moneda resguardada en dichos instrumentos. Por ello, una reducción de su capital afectaría el cumplimento de jubilaciones y pensiones futuras de quienes aportan a dichos sistemas.

En igual situación se encuentra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, compuesto por bonos que podrían sufrir una quita importante de capital en la reestructuración. Se ponen así en riesgo las jubilaciones de nuestros adultos mayores. La reestructuración de deuda genera un impacto enorme sobre el sistema de seguridad social, a partir de la tenencia de títulos públicos en poder de la ANSES y las cajas previsionales provinciales públicas y de profesionales. ¿Cuál va a ser el tratamiento de reestructuración de la deuda cuyos tenedores sean las Cajas Previsionales Provinciales Públicas y de Profesionales y Anses (Fondo de Garantía de Sustentabilidad).?

23. ¿Tiene previsto avanzar en la reglamentación del art 25 de la ley de responsabilidad fiscal para darle certidumbre a las provincias sobre su endeudamiento en el mercado y con organismos internacionales?

24. ¿Puede dar precisiones sobre la supuesta modificación de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y otras medidas de reversión del federalismo fiscal, para volver a concentrar los recursos tributarios en el Gobierno Nacional como ocurriera desde 2003 a 2015?

Por Carolina Ramos

El ministro de Economía, Martín Guzmán, realizará anuncios este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados, donde se presentará para exponer sobre el proceso de negociación de la deuda externa, y Juntos por el Cambio resolvió asistir a la sesión informativa, pero no hablar en el recinto.

Luego de la tensa reunión que el interbloque de Mario Negri mantuvo con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y referentes del Frente de Todos, la principal bancada de la oposición acordó realizar una conferencia de prensa una vez terminada la sesión, para plantear su postura sobre el tema.

De todos modos, Juntos por el Cambio envió al ministro sus preguntas por escrito, y participará de la reunión de Labor Parlamentaria prevista para el mediodía, donde se terminará de delinear la mecánica del encuentro.

Se espera que Guzmán realice anuncios y desde el Frente de Todos aseguran que el funcionario buscará dejar de lado la confrontación para mostrarle a los acreedores la foto de un recinto “unido” por la negociación de la deuda, en medio de la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país.

“La sesión es para escuchar al ministro respetando su investidura. Queremos devolverle al Congreso la influencia que perdió en los últimos años con el tema de la deuda. Queremos que el Congreso vuelva a ser un lugar de prestigio y que recupere su poder”, afirmó a la prensa una encumbrada fuente del oficialismo.

Juntos por el Cambio reclamaba más tiempo en el recinto para expresarse y realizar las preguntas -en el oficialismo ofrecían 40 minutos a distribuir entre toda la oposición-, pero ante la falta de acuerdo en torno a los minutos disponibles, el interbloque decidió hablar fuera del recinto, frente a la prensa.

“Concurriremos a escuchar la presentación del ministro Guzman, esperando que se respondan las preguntas que hemos formalmente presentado, y con posterioridad a su exposición, sin entrar en ningún tipo de réplicas ni repreguntas en el recinto, con el objetivo de contribuir a que la presentación del Poder Ejecutivo se desarrolle en los términos que deseen y alcance los objetivos que se propusieron, brindaremos una conferencia de prensa”, expresaron en un comunicado.

Si bien acordaron asistir, hubo quienes en la reunión de interbloque formularon una advertencia: si Guzmán o diputados del Frente de Todos se dedican a cargar la responsabilidad de la deuda externa sobre la gestión de Cambiemos, no dudarán en abandonar el recinto.

También se cursó invitación a los senadores, para que puedan presenciar la sesión desde los palcos. Su aporte será testimonial, pues no podrán expresarse porque se trata de una sesión de Diputados. La posibilidad de una Asamblea Legislativa se descartó desde un principio porque la Constitución Nacional solo habilita esta instancia para la visita del presidente de la Nación.

Por otra parte, se invitó a representantes de organizaciones sociales y gremiales, como la CGT y la CTA, para que puedan ser informados sobre el tema de la deuda por el ministro de Economía. “Serán invitados especiales, no van para arengar ni nada de eso”, aclaró una autoridad de la Cámara.

Los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, presididos por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón, también estarán presentes, así como el Frente de Izquierda, que promete plantarse duramente frente al ministro, a tono con la movilización convocada por organizaciones sociales y gremiales en las afueras del Congreso.

“La exposición de mañana no casualmente coincide con la presencia del FMI en Argentina. El ‘plan’ del Gobierno está subordinado a sus dictados y al arreglo del modo en que pagarán una deuda impagable y fraudulenta. El ministro deberá explicar, por ejemplo, por qué no hay Presupuesto. Sucede que toda la política interna (tanto como la exterior) está determinada por los lineamientos del FMI, los bonistas y los gobiernos imperialistas. De hecho, Guzmán viene al Congreso después de acordar con las autoridades del FMI y no antes”, alertó Romina Del Plá, del Partido Obrero.

Las preguntas

Juntos por el Cambio envió un total de 24 preguntas a Guzmán, elaboradas por los diputados Luciano Laspina (Pro) y Luis Pastori (UCR) y divididas en cuatro temas: la estrategia de negociación de la deuda; la capacidad de pago; los aspectos técnicos de la propuesta; y la situación de las provincias y las cajas previsionales.

En primer lugar, pidieron saber cuáles las razones que explican la eventual “insostenibilidad” de la deuda; y si el ministro “considera que es posible reestructurar exitosamente la deuda pública y lograr una mayoría calificada de aceptación de bonistas sin explicitar antes un plan económico integral que pueda ser creíble y confiable para los acreedores y para el pueblo argentino”.

También se le preguntó a Guzmán “si el FMI debe jugar algún rol en la negociación con los bonistas y, en caso afirmativo, cómo se desarrollaría esa labor y cómo se la instrumentaría”.

Otro de los interrogantes de Juntos por el Cambio tiene que ver con cuál es es la posición oficial del Gobierno respecto de las recientes declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner en La Habana, (Cuba) donde pidió una quita de la deuda con el FMI.

Además, requieren saber si habrá trato igualitario para todos los acreedores en la oferta; y si se tratará por igual la deuda bajo legislación nacional respecto a la deuda bajo legislación extranjera.

Por último, hay dudas sobre “si el canje que se propondrá tendrá una fecha cierta de cierre, o si habrá posibilidad que los bonistas que no ingresen al principio se vayan sumando posteriormente”.