En busca de una reforma integral del Poder Judicial, durante la quinta sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires se aprobaron tres proyectos de Ley que buscan acercar la justicia a los territorios, que ahora deberán ser analizados por los diputados para proseguir con su trámite parlamentario.

“Ante el rol cada vez más relevante de los gobiernos locales durante el Siglo XXI, existe una necesidad de acercar instituciones a los y las vecinas con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de cada bonaerense”, expresó su autor, el senador de la alianza gobernante Francisco ‘Paco’ Durañona.

El primer proyecto aprobado es el Modernización y Actualización para la Justicia Municipal de Faltas. Dicha iniciativa propone una modificación del Decreto Ley 8751/77, concediendo la posibilidad a los Intendentes y Jueces de Faltas, según corresponda, de recibir presentaciones por medios escritos y electrónicos de las personas que deban concurrir a las dependencias para cumplir con la audiencia indicada.

Asimismo, se incorpora la posibilidad de que se efectúen notificaciones por medios electrónicos y de telecomunicaciones.

En este sentido, el legislador del FdT sostuvo que “resulta imperioso modificar el articulado a fin de que se incorpore la posibilidad de suplir la audiencia oral obligatoria, y así recibir las manifestaciones defensivas y las pruebas ofrecidas en descargo por el causante a través de otros medios tanto escritos como electrónicos”.

Y, en ese sentido, agregó “si bien en el primero de los supuestos el ciudadano debería concurrir al Juzgado, lo hará por un brevísimo lapso al solo efecto de entregar su presentación por sí o por intermedio de un tercero”.

Otro de los proyectos aprobados es el de Audiencias Virtuales. El mismo propone otorgar la posibilidad de la realización de audiencias de manera remota a las audiencias normadas por el artículo 125 del Decreto de Ley N° 7.425.

De esta manera, para el senador oficialista se vuelve “más tangible el lazo de nuestras comunidades con la Justicia, los agentes, jueces e instituciones del Estado con el derecho de los ciudadanos y ciudadanas en cada punto del territorio bonaerense”.

El referente de Movimiento Arraigo aclaró que la iniciativa “busca evitar el traslado de los y las vecinas que en ciertas oportunidades deben trasladarse 150 kilómetros para concurrir a una audiencia, por ejemplo. En muchos municipios del interior falta presencia judicial, la competencia de la justicia es muy acotada”.

Cabe señalar que la herramienta legal propuesta, ya se encuentra vigente por Resolución, “siendo un instrumento adecuado para aportar a la protección y legitimidad de los derechos de acceso pleno a la justicia y generando más legitimidad de derechos en cada territorio bonaerense”.

Por último, la Cámara de Senadores también aprobó al proyecto de Ley de Registro de Infractores que tendrá por objeto registrar las infracciones y sanciones administrativas recaídas a proveedores de bienes y servicios, y brindar información pública.

La iniciativa conlleva la derogación de todas aquellas normas que restrinjan de cualquier modo el acceso de las y los consumidores y usuarios al Registro de Infractores.

“Se procura que el mismo sea de carácter público y gratuito, al alcance de todos y todas, con el fin de agilizar cualquier tipo de trámite y brindar mayor transparencia al sistema”, afirmó el ex intendente de San Antonio de Areco.

El contenido de dicho Registro deberá encontrarse de manera visible y accesible a través de la página web oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Para finalizar, Durañona sostuvo que “desde el Senado venimos impulsando varios proyectos orientados a revisar la organización y funcionamiento del Poder Judicial para que sea más cercano, más ágil y eficiente, más reparador”.

Por eso, detalló “las modificaciones aprobadas son en clave arraigo, facilitando el acceso a la Justicia en cada territorio de los 135 municipios, agilizando estos procedimientos que son centrales para la vida de las comunidades ya que tienen por objeto garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio bonaerense, con funcionarios judiciales que se desempeñen con una lógica de cercanía, velando por el arraigo de vecinos y vecinas en el lugar en el que viven”.

El juez Jorge Anibal Ocampo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de San Martín, resolvió suspender cautelarmente la aplicación del artículo 7 de la ley provincial Nº 14.836 y su decreto reglamentario 265/19. Dicho artículo dispone que el período vigente al momento de la sanción de la ley será contado como “primer período” a los efectos de limitar la reelección.

El caso se trata de una acción declarativa iniciada por la concejal del partido de Malvinas Argentinas Andrea Carina Pavón, contra la provincia de Buenos Aires y la Honorable Junta Electoral provincial, con el fin de hacer cesar el estado de incertidumbre que le genera el art. 7 de la ley 14.846 y su decreto reglamentario. Además, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de ambos, y su suspensión de manera cautelar.

Pavón asumió su primer mandato el 10 de diciembre de 2015, siendo reelecta en el año 2019. No obstante, en el año 2016 se sancionó la ley cuestionada que contempló la reelección de intendentes/as y concejales/as por sólo un período, y no de manera ilimitada como era antes. Conjuntamente, el artículo 7º contempla que el mandato vigente al momento de la sanción de la ley, será considerado como primer mandato, a dichos efectos.

En su demanda, la funcionaria señaló que se trata de la aplicación retroactiva de una norma y, por ello, inconstitucional. Así, su primer período como concejal quedaría regido por el art. 3º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que no limitaba la reelección.

También entendió que la reforma atenta contra la autonomía municipal, que vulnera términos electorales anteriores, así como el principio de legalidad y el de razonabilidad (arts. 18 y 28 CN), y el derecho a elegir y ser elegido/a.

El magistrado de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada, entendiendo que la verosimilitud del derecho se encuentra configurada ya que “sin certeza sobre la vigencia y contenido de la ley (…) no existe seguridad jurídica (…)”.

“La ley está subordinada a las garantías constitucionales; y los actos de la autoridad administrativa a la ley. De lo contrario (…) la discrecionalidad y la arbitrariedad sustituirían a la certidumbre de los derechos y a la estabilidad jurídica. En otras palabras, desaparecerían garantías constitucionales”, se agregó en la resolución.

El peligro en la demora se verifica en el hecho de que, en base a la normativa cuestionada, la accionante debería renunciar a su cargo antes del 10 de diciembre de 2021, para mantener la intención de postularse como candidata a concejal en las elecciones del año 2023. Así, muy difícilmente pueda resolverse el fondo de la cuestión en tan poco tiempo.

Por otra parte, manifestó el juez que el interés público no se ve afectado con el dictado de la medida cautelar. Ello así porque “entre el interés público y el interés individual no se advierte una diferencia cualitativa sino cuantitativa (…)”.

Los senadores de Juntos por el Cambio e integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado bonaerense, Nidia Moirano, Juan Pablo Allan, Felicitas Beccar Varela, Leandro Blanco, Elisa Carca, Lucas Fiorini, Claudia Rucci y Gabino Tapia, manifestaron preocupación por “la pasividad del gobierno en la cobertura de las vacantes judiciales”.

En ese sentido, los senadores remarcaron que estamos frente a una “situación que la propia Suprema Corte de Justicia calificó como preocupante” y agregaron: “nos encontrarnos ante la cifra de vacantes más alta históricamente registrada. Faltan jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas en toda la provincia”.

“En todo lo que va del año el Poder Ejecutivo no remitió ni un solo pliego al Senado y lamentablemente ya nos encontramos fuera del período de sesiones ordinarias. Pero tampoco firmó los decretos de los 41 cargos que fueron aprobados por el Senado en el mes de septiembre de este año demorando indebidamente un trámite que impide y obstaculiza el normal funcionamiento de múltiples juzgados, cámaras, defensorías y fiscalías”, señalaron los legisladores de Juntos por el Cambio.

“El gobierno tomó, durante sus primeros 12 meses de gestión, la decisión de adormecer a la Justicia dejándola a la deriva, no proveyéndola de los recursos humanos necesarios para ocupar cargos esenciales que hacen, ni más ni menos, al correcto y normal funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado”, remarcaron los senadores.

Los senadores opositores también se detuvieron en señalar que “esta situación contrasta absolutamente con la gestión que llevamos adelante durante el período 2016–2019 donde se cubrieron más de 500 cargos judiciales y se reformaron las leyes del Consejo de la Magistratura”.

En ese sentido, los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos  que integran el bloque de JxC explicaron que en el gobierno de María Eugenia Vidal  “se modificó la Ley de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados estableciendo el orden de mérito de las ternas, la Escuela Judicial Obligatoria, la realización de un examen oral videofilmado, y la del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órganos encargados respectivamente de la selección y remoción de magistrados judiciales, previendo en definitiva la despolitización de estos dos órganos y su mayor eficiencia, objetividad y transparencia”.

Por último, los legisladores sostuvieron que “la Justicia no puede ser abandonada. Los bonaerenses necesitamos Justicia”.

Malestar legislativo generó la solicitud del gobernador Axel Kicillof, incluida hoy en el Boletín Oficial, que busca alterar el destino de los pliegos para la designación de jueces en la Provincia.

“El Senado se expedirá sobre el tema y nuestro Bloque desestima la solicitud del gobernador”, sostuvieron los senadores de Juntos por el Cambio.

“El artículo 204 inciso g del Reglamento Interno del Senado es muy claro y refiere que la Vicegobernadora debe representar al Cuerpo y hablar en nombre de él, no pudiendo sin su acuerdo contestar ni dirigir por escrito comunicaciones que no sean de trámite”, remarcaron los senadores.

En ese sentido, los legisladores detallaron que “los pliegos fueron repuestos al orden del día en la última sesión del Senado porque las autoridades de este Cuerpo los habían retirado equivocadamente ya que los mismos tenían despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos”.

Por su parte, Roberto Costa, titular de la bancada de JxC en el Senado manifestó que “la solicitud del gobernador es improcedente, inconstitucional y desconoce el trabajo que se viene llevando adelante por cuatro senadores, dos del oficialismo y dos de la oposición”, y agregó: “desconoce también las conversaciones con el presidente del bloque oficialista, con distintos ministros de su gabinete y con la propia vicegobernadora”.

“Kicillof no entiende la división de poderes. Hemos perdido capacidad de asombro, no es la primera vez que el gobernador desconoce el funcionamiento y las normas de la Provincia. Su actitud es temeraria”, remarcó Costa y argumentó: “el Poder Legislativo tiene la facultad en este momento de aprobar o no dichos pliegos”.

El envío de los pliegos para la "prestación de acuerdo" había sido realizado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal entre junio y agosto de 2019.

El ministro de Justicia y DD.HH., Julio Alak, explicó que “dado el tiempo transcurrido y la existencia de numerosos hechos sobrevinientes desde su envío —algunos de notoria gravedad–, corresponde que el Senado devuelva los pliegos para que el Ejecutivo reevalúe pormenorizadamente cada uno”.

Alak sostuvo que el art. 175 de la Constitución Provincial habilita la devolución de los pliegos requeridos, en tanto faculta al Poder Ejecutivo a designar a los jueces y miembros del Ministerio Público de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura.

Subrayó, asimismo, que la posibilidad del Ejecutivo de reexaminar los pliegos enviados al Senado ante hechos sobrevinientes ha sido expresamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en el fallo “Decastelli”.

En la misma línea, el ministro de Justicia recordó que “existen numerosos antecedentes de devoluciones de pliegos del Senado al Ejecutivo”; el más reciente, según recordó, “es el pedido efectuado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal a poco de asumir, a través del responsable de la cartera de Justicia, Carlos Mahiques”. Como consecuencia de ese requerimiento, el 18 de marzo de 2016, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida entonces por la senadora de JxC Nidia Moirano, y el vicegobernador Daniel Salvador remitieron en devolución al Poder Ejecutivo los 126 pliegos de jueces y miembros del Ministerio Público que el ex gobernador Daniel Scioli había girado en agosto de 2015.

Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo, según informó Alak, “se comprometió a realizar la tarea de reevaluación” de los pliegos, en el marco de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, “en un plazo perentorio de sesenta días corridos desde el momento en que el Senado proceda a su devolución”.

Desde la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense se convocó a referentes de ONG que agrupan a familiares de víctimas de delitos para conocer sus valoraciones de los proyectos que están en estudio.

En ese sentido, el presidente de la comisión, Francisco “Paco” Durañona, explicó que el objetivo de este encuentro y de los próximos es “escuchar a las organizaciones que vienen abordando el tema hace años y así alcanzar los consensos necesarios por ser un tema tan relevante.

Para nuestro espacio es muy importante darle la seriedad necesaria que requiere a este asunto, con un apoyo vinculado a lo penal y el tratamiento y manejo vinculado a la información de los hechos”.

Además, resaltó que es “central garantizar el acceso a la justicia de manera equitativa en todos los territorios”.

Una de las invitadas a hablar en la comisión fue de Viviam Perrone, madre de una víctima, quien destacó “la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos en donde se hará un seguimiento del estado de situación de los familiares de la víctima, se les dará apoyo y se observará que se cumpla con la ley”. Asimismo, Perrone contó que su hijo fue atropellado por un auto y abandonado cuando tenía 14 años y que “la familia no recibió ayuda de ningún tipo”.

Por su parte Evelyn Galdi, que integra una ONG de víctimas, contó que “cuando mataron a mi hermano para nosotros no hubo contención, ni legal, ni psicológica. Yo ya no voy a obtener justicia por el crimen, porque ya pasaron muchos años, pero nuestra lucha es para que no le suceda esto a nadie más”.

Además, agregó que familiares y víctimas necesitan “ser acompañadas desde la instancia inicial” y contó: “somos cientos de familias que por primera vez nos sentimos escuchados y que podemos ser protagonistas como particulares damnificados”.

La comisión seguirá trabajando esta iniciativa este jueves al mediodía, en un nuevo encuentro con otras organizaciones de familiares de víctimas de delito.