El Senado sancionó por unanimidad (48 votos positivos) la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe, que tiene como objetivo acelerar el proceso hacia la implementación del sistema acusatorio y contribuir en la lucha contra el narcotráfico.

La norma fue motorizada a partir de la escalada de violencia que se registró en Rosario en los últimos años y, particularmente, en los últimos meses, con la amenaza a Lionel Messi incluida.

De hecho, el proyecto nació del consenso entre diputados oficialistas y opositores de la provincia, que lo presentaron en mayo de 2022, pero recién se aceleró su tratamiento en marzo pasado a partir de todo lo acontecido.

La Cámara baja lo aprobó hace dos semanas atrás, y desde que fue girado al Senado no pasó por comisiones, por lo cual se votó sobre tablas.  

La norma establece la creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

También, la creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

Además, determina la creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto; de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe; y de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.

Uno de los artículos establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”.

Asimismo, se expresa que “las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión”.

El primer orador del debate fue el santafesino Marcelo Lewandowski (FNyP-FdT), quien celebró el proyecto más allá de diferencias técnicas, y aclaró que hasta que se pongan en acción todos los cargos “va a pasar mucho tiempo”. “El tema del narcotráfico no pasa solamente por fortalecer la justicia”, dijo, aunque “es uno de los puntos que es indispensable y fundamental”. 

Además de una necesidad de reformar la policía de Santa Fe o de mejorar las acciones de la justicia y las fuerzas federales, el senador puso el énfasis en la prevención de adicciones. “Una cuestión que no se cambia con leyes es el tema del acompañamiento en las edades más tempranas y la juventud”, apuntó y advirtió que “sin campañas de adicciones, sin oportunidades de vida, todo esto que hagamos con la justicia no va a alcanzar”.

Muy crítica contra el oficialismo, la senadora Carolina Losada (UCR-JxC) reclamó: “Desde el ‘83 que tienen mayoría en este Senado, ¿alguien les cree que no pudieron hacer nada para fortalecer la justicia de Santa Fe? No hicieron nada, de repente me alegro que quieran hacer algo, pero la verdad es que nunca les importó”. 

Al considerar que el tratamiento de este proyecto tiene “oportunismo electoral”, lanzó que “al oficialismo no le gusta mucho fortalecer la justicia, porque a veces la condena”. Sin embargo, tras fustigar sobre iniciativas que no se trataron, como uno referido a “infancias protegidas”, la santafesina destacó que el proyecto de fortalecimiento de la justicia “lo confeccionamos, impulsamos y presentamos” legisladores de la oposición y el oficialismo -salvo Lewandowski- “porque había algo más que nos importaba que la política”. 

El tercer representante por la provincia de Santa Fe, Dionisio Scarpin (UCR-JxC), resaltó la particularidad de la situación de Rosario y advirtió sobre el “grave riesgo” de que “la crecida de violencia, no solo en cantidad sino en los hechos inéditos que fueron ocurriendo a través del tiempo” se terminen “trasladando a otras ciudades y provincias si no lo paramos a tiempo”.  

Al igual que Losada, el radical le pegó a su comprovinciano oficialista porque “no participó de la mesa de trabajo” que elaboró el proyecto y “fue el único legislador que no quiso desprenderse de su individualismo”. 

“Sabemos que esta no es la solución inmediata, pero es una señal política muy fuerte. Las soluciones más inmediatas están en el Poder Ejecutivo, el Gobierno nacional y el gobierno provincial” que “no han hecho nada y además nos han mentido”, subrayó y reclamó que el Frente de Todos designe a sus miembros en la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal.

Con un durísimo discurso, el presidente de la bancada radical, Luis Naidenoff (UCR-JxC) consideró que este es un tema de “debate político porque comprende distintas aristas”. Al mencionar las alusiones que hubo a la frustrada reforma judicial, resaltó que “era una reforma de poder, que tenía como propósito central la cooptación y no solo el manejo de la justicia, sino ser la justicia”. 

Al pedir “mirar más allá de Santa Fe, mirar más allá de Rosario”, el formoseño alertó que Argentina pasó de ser un país de tránsito “en los últimos 10 años pasamos a ser un país de producción” de droga. “¿Qué han hecho en estos años, qué ha hecho el Gobierno en estos años?”, reclamó y aseveró que “Rosario es quizás la foto más cruda de un Estado pre-anárquico” pero “el narcotráfico golpea en cada rincón de Argentina”. 

En referencia al caso de la cocaína adulterada en el partido de San Martín el año pasado, señaló que “en materia de consumo en estos años no hay acción concreta para frenar el entramado del narcotráfico en Argentina”. Además, puso el fatídico ejemplo de cómo afecta el flagelo en el departamento de Ramón Lista, en su provincia, en las comunidades aborígenes, donde los niños comienzan con el consumo a los 9 años y “no está el Estado”. 

“Este es un problema de frontera, porque el Estado no controla, el Gobierno no controla; es un problema de consumo porque el Gobierno no quiere tampoco frenar; es un problema del Gobierno nacional y las jurisdicciones porque ni siquiera se avanza en convenios interjurisdiccionales. No hay voluntad ni decisión política. Pero lo peor es el reconocimiento, el reconocimiento de un Estado que desertó”, enfatizó. 

Al cuestionar distintas declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Naidenoff fustigó que “el problema del ministro es que nunca dio ninguna batalla” y “nunca van al hueso en nada”. “Lo más vergonzoso de un presidente (Alberto Fernández) que lamentablemente ha perdido respeto político” fue “la reacción ante una balacera a un supermercado de la familia Messi” cuando “camufló el envío del Ejército para la construcción de viviendas sociales”, criticó el radical. 

En el cierre, insistió con que “el Gobierno es el responsable de esta situación” y cargó: “Ustedes pueden considerar que la batalla está perdida pero es un desafío cultural de la Argentina. Ustedes se entregaron”. 

Tras las palabras de Naidenoff, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans (FNyP-FdT), cerró el debate con previsibles y durísimas críticas contra Juntos por el Cambio, pero sobre todo contra la justicia. Durante su discurso relativizó el efecto del proyecto en discusión, advirtiendo que “ustedes no se olviden que esto ya llega tarde. Esto tarda como mínimo cuatro años para implementar. ¿Ustedes creen que acá empieza la lucha contra el narcotráfico, con la genial idea que trajeron? No, este es un tema altamente complejo”.

En un pasaje reivindicó al oficialismo diciendo que “estamos haciendo un gesto de grandeza; estamos tratando sin tener en cuenta la situación de otras provincias. Por la emergencia que están teniendo”. 

“Creo que acá hay una crisis del Poder Judicial, que afecta el poder republicano de gobierno”, disparó, advirtiendo que “todos sabemos lo que pasó en la administración de los que se sacaban fotos con (Mauricio) Macri”, y lanzó: ¿Qué hizo la administración Macri con la justicia y cómo trabajaron para perseguir a los políticos opositores, a los sindicalistas opositores, los empresarios opositores? Era un plan sistemático del gobierno utilizando la justicia”.

“¿Cómo era ese plan? Primero, la falsa información en todos los medios, que obviamente tenía su afectación en el sistema político; después la denuncia; a partir de la denuncia, ¿dónde sale sorteada  la causa? Al juez (Julián) Ercolini o (Claudio) Bonadío”, continuó.

El formoseño sostuvo que la gestión macrista “destrozó la justicia argentina”, y tras fustigar también a la Corte Suprema, preguntó: “¿Ustedes creen que vamos a arreglar esto con 50 jueces en Rosario? Si están doblegados y genuflexos al poder económico, ¿qué les parece que les va a hacer el narcotráfico? Están doblados y de rodillas”.

Sobre el final, el presidente del FdT afirmó que “tenemos que llegar a un acuerdo entre el sector político, lo tenemos que remediar esto. Sino, va a ser peor el tema del narcotráfico, cuando vea el nivel de justicia que tenemos y el nivel de corrupción que hay en la justicia”. Sus últimas palabras fueron contra “esta justicia corrupta y desacreditada como la que tenemos”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del diputado oficialista Carlos Heller (CABA), se reunió este miércoles para emitir dictamen favorable del proyecto de ley que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.

Tras el aval que recibió hace dos semanas en las comisiones de Justicia y Legislación Penal, los diputados recibieron el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal del proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer la justicia federal de Santa Fe. Al respecto, Heller explicó en el inicio de la reunión, los costos que informó la OPC respecto a la iniciativa: “Tomando los salarios de los 50 cargos, se generaría un costo de 1.564 millones anuales de pesos y las contribuciones al Estado serían de 456 millones”.

En esa línea, agregó: “Cubrir los 50 cargos serían un total de  1.108 millones de pesos, es decir un 0,006 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y 0,2 del crédito asignado al Presupuesto 2023 para el Poder Judicial en su conjunto”. Además, consideró que “cerca del 95 por ciento de los cargos adicionales son de personal”.

Del mismo modo, amplió: “El resto del personal que acompañaría, generaría un costo adicional neto de 6.000 millones de pesos anuales que desde luego, son estimaciones”. Así también, añadió: “Se tomarán como referencia las estructuras similares en demás provincias, y el gasto final se estima entre 7.000 y 7.500 millones de pesos anuales”.

En primera instancia, el diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) consideró “imprescindible” poner en marcha el nuevo Código Penal procesal en Santa Fe. “Solo 17 de 23 provincias lo tienen, pero solo aplica en Salta y Jujuy”, indicó.

Además, Mirabella pidió que “no se cajoneen las causas narcos” porque “el Tribunal Oral de Rosario está vacío”. “Luego de la aprobación en el Senado, se llamará a concurso para definir los cargos”, anunció.

Con más fervor, el diputado radical Juan Martín (Santa Fe) desarrolló: “2022 fue el récord de homicidios dolosos y en 2023 tenemos la misma cantidad de homicidios que días transcurridos”, y agregó: “Debemos tratar este tema con responsabilidad”.

“Es un proyecto que busca corregir desfasajes históricos, pero en el corto plazo hay cosas que se pueden hacer. Tenemos pendiente de conformación la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal en Santa Fe, que se lo pedí a la vicepresidenta Cristina Kirchner y no hubo novedades”, señaló.

A su vez, aseveró: “Esperamos que haya marco en el Senado de la Nación para intervenir hoy mismo”. En esa línea, manifestó: “Necesitábamos cuanto antes dictaminar, pero no puede quedar únicamente acá, debe haber una intervención política y que empecemos a dar gestos manifiestos”.

Brevemente, Heller respondió: “Este tema excede el funcionamiento de la Justica y está muy bien que los aprobemos”, y aclaró: “Los negocios del narcotráfico los vamos a atender cuando detectemos la plata porque el gran tema del mundo es como se impide que el dinero ilegal se vuelva blanco”.

Con criticas el Gobierno nacional, el diputado nacional Mario Barletta (UCR – Santa Fe) sostuvo que “no hay preocupación desde el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación”. “Este problema en Buenos Aires es diez veces peor en términos de negocios del narcotráfico, consumo y lavado de dinero”, enfatizó.

“En Buenos Aires no hay carteles que ordenen el negocio o ¿será que la policía es el cartel en Buenos Aires y sus conexiones con la política?”, condicionó el radical. Del mismo modo, criticó que este proyecto no haya sido agregado al temario de las sesiones extraordinarias del último período. “Después se enojan que no damos quórum. Al Gobierno Nacional no le preocupa lo de Rosario”, indicó.

En referencia a los repudios en contra de CFK, el diputado Marcos Cleri (FdT – Santa Fe) advirtió: “Lo del Código Procesal Penal fue aprobado solo por el Frente para la Victoria”, criticó al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti: “No le paga a los juzgados federales de Venado Tuerto”.

“Conociendo que en es un tema de largo plazo, hubo gobiernos en Santa Fe de más de cuarenta años y que gobernaron los últimos 12 con políticas neoliberales para que el Estado se vaya liberando de ciudades como Rosario y allí creció el crimen organizado”, siguió Cleri.

Asimismo, agregó: “Dejaron abandonados los barrios, y el crimen organizado se instaló, y eso que gobernaron Rosario y manejaban la Policía”. Del mismo modo, indicó: “Hay que marcar unidad contra el crimen organizado a niveles municipales y provinciales”- En el cierre, criticó al gobierno de Cambiemos: “Tiene que haber una política integral para prevenir las adicciones, pero de 2016 a 2019 los Centros Primarios de las Adicciones (CEPLA) se discontinuaron con ajustes”. “La respuesta debe ser con Estado presente y no con políticas de ajuste”, cerró.

El diputado socialista Enrique Estévez (Santa Fe) le contestó a Cleri: “Es difícil hablar después de un provocador y un cínico, nos reunimos los 19 diputados de Santa Fe para tratar este proyecto y la única responsable es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.

Entre más críticas al oficialismo, Estévez expresó: “La primera condición de un estado democrático es que las instituciones sean trasparentes, pero no dan explicaciones de poque no convocan a esa comisión bicameral”. “No tenemos procurado general de la nación por la CFK no quiere”, señaló.

“Tenemos un Código Procesal Penal hace diez años y la vicepresidenta no lo aplica”, consideró el socialista. A su vez, aseveró: “Rindan cuenta de algo, den explicaciones de algo”.

Por último, afirmó: “Dejen de estigmatizar con la ciudad de Rosario, ustedes son irresponsables, pocos serios y fachos, ustedes deben rendir cuenta de cómo controlan las fronteras”.

De forma breve, Cleri contestó y sostuvo que “la coherencia me avala”.

“La tarea habitual del Partido Socialista es el abandono de los barrios, pero si para vos la única que pude resolver los problemas de la Argentina es Cristina Kirchner, para nosotros tambien y ojalá vuelva a ser presidenta”, manifestó.

La diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) pidió que “analicemos en que gasta el Estado y en seguridad”, y agregó: “Tomemos conciencia de lo que realmente pasa en Rosario porque necesitamos saber que toda la Nación se va a ocupar de Rosario”.

El último alocutor fue el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, quien sostuvo que “hay elementos que obturan el debate a fondo”. “No reconocer estar acá para trabajar el tema impide ver que se está haciendo algo”, indicó.

Tras varias discusiones entre oficialistas y opositores, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, anunció que el proyecto de ley sobre que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe obtuvo el dictamen favorable por mayoría y será tratado en el recinto en la próxima sesión.

Tras el aval que recibió en las comisiones de Justicia y Legislación Penal, los diputados aguardaban por el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal del proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer la justicia federal de Santa Fe. 

Esa información se dio a conocer este viernes, por lo que ya fue convocada para el próximo miércoles -a las 10- la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a fin de darle el último dictamen que le resta a la iniciativa, cuyo tratamiento se aceleró a raíz del incremento de la violencia narco en Rosario. Se trataría en el recinto el próximo 28 de marzo. 

De acuerdo al documento difundido por el organismo de asistencia técnica, “el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente”. El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen, aclaró la OPC. 

El informe señala que “las erogaciones en personal se estiman en $1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional”.

“Esta estimación no contempla los gastos que demandaría la eventual aprobación del proyecto, vinculados a los organismos que se conformarán a partir de lo dispuesto: la dotación de personal que eventualmente acompañe a los cargos que se crean, los gastos operativos (insumos, servicios públicos, gastos de limpieza, entre otros) y de inversión (oficina, mobiliario, equipos informáticos, equipos de comunicaciones, entre otros) que pudieran generarse”, se subrayó.

Para el análisis del proyecto se consideró que “el ejercicio simultáneo de funciones y competencias territoriales a jueces que ya se encuentran en actividad, no generarían costos salariales adicionales (artículos 2, 11, 14, 15 y 16)”. 

“En base a la escala salarial vigente se valorizaron los 50 cargos según cada categoría adicionando una estimación propia de adicionales remunerativos, obteniendo un gasto anual aproximado de $1.564 millones, incluyendo sueldo anual complementario y contribuciones patronales (a cargo del Estado empleador), sobre los montos de las retribuciones a valores de marzo de 2023”, se precisó. 

En ese sentido, se explicó que “el gasto estimado se vería compensado parcialmente por los ingresos a la Administración Nacional en concepto de aportes y contribuciones con destino a la Seguridad Social y el Impuesto a las Ganancias (por la parte que ingresa al Tesoro Nacional, dado que es coparticipable) que se le aplican a cada trabajador. Al respecto, los fondos que ingresan a la Administración Nacional con destino a la Seguridad Social para financiar el sistema previsional se componen de un aporte personal sin tope del 18% y de la contribución patronal del 16%”.

“A partir de 2017, los nuevos integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación tributan el Impuesto a las Ganancias. Se ha considerado que las personas que ocuparían los cargos que se crean, no provienen de otros designados en dichos ámbitos con anterioridad al 2017 por lo que estarían alcanzados por el impuesto”, agrega. 

En resumen, “el gasto en personal estimado en $1.564 millones se vería reducido por los ingresos que generarían los aportes y contribuciones a la previsión social ($432 millones) y por la aplicación del Impuesto a las Ganancias que ingresaría al Tesoro Nacional ($25 millones). De ello resulta un impacto fiscal aproximado de $1.106 millones”, especificó la OPC. 

En medio de la emergencia que atraviesa la ciudad de Rosario por las balaceras, amenazas y crímenes cometidos por bandas narco, la Cámara de Diputados aceleró un proyecto de ley que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal. 

Un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal dieron dictamen este miércoles a una iniciativa que fue consensuada entre los distintos representantes de la provincia, y que se había presentado en mayo de 2022, es decir, hace 10 meses. Solo en noviembre pasado se había realizado una reunión informativa.

El texto, que prevé la creación de cargos de fiscales, defensores y jueces (de garantías, revisión y ejecución) en distintas localidades, deberá ser tratado ahora por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Durante la discusión, que se extendió por tres horas, uno de los puntos que más se escuchó fue el reclamo para que se conforme la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, que se reunió por última vez en febrero de 2021. Actualmente, el Senado todavía no designó a sus representantes, por eso, hubo críticas varias a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner. 

También, al reconocer que esta medida tendrá un impacto en el mediano y largo plazo, se puso el eje en la demora de designaciones judiciales pendientes y en el postergado nombramiento de un procurador general de la Nación. 

Autor del proyecto que se presentó en mayo del año pasado con la firma de 18 de los 19 diputados por la provincia de Santa Fe, el diputado Roberto Mirabella (FdT) recordó que este fue “un tema que lo empezamos a tener en la agenda a fines de 2021” tras una reunión con el gobernador Omar Perotti, en la que trabajaron “varios meses en una mesa donde estaban representados todos los bloques” para “poder llegar a un punto de acuerdo y un texto unificado”. 

La iniciativa “va en la perspectiva de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que rige desde 2014” y hasta ahora “solo se implementó en las jurisdicciones de Salta y Jujuy”, dijo. “Estamos ansiosos de que (el Código) se ponga en marcha en mi provincia”, expresó. 

El oficialista detalló que “viene a crear fiscalías federales, que van a tener en cabeza la investigación y persecución criminal, jueces de garantía, jueces de revisión y jueces de ejecución”. 

“Todo el mundo está en conocimiento de la situación delicada que tenemos en mi provincia, y en particular en la ciudad de Rosario, con el avance del narcotráfico y la narcocriminalidad; por la cantidad de homicidios que se producen, cuadriplica la media argentina; porque el 80% de esos homicidios están producidos por bandas narcos; y además porque en los últimos meses se han producido con mayor frecuencia actos que generan terror en la población”, señaló el santafesino. 

Mirabella precisó que “según la PROCUNAR, en Rosario se tramitan de cinco a diez veces más causas por drogas que en cualquier provincia argentina. De hecho, el 20% de las causas se tramitan en Rosario”.  “Todos sabemos que con este proyecto no va a venir la solución mágica, ni se va a implementar mañana”, reconoció, pero afirmó que ante la situación actual hay que tomar medidas “y realizarlas todas a la vez, porque todas son importantes”. 

A su turno, el diputado Juan Martín (UCR) lamentó que “Santa Fe duplica la media nacional de homicidios, y en conglomerados como Rosario la triplica y cuadriplica”. “Llegamos tarde a este momento. En este momento parece que estamos corriendo detrás de la pelota. Parece una respuesta espasmódica, pero aspiro a que sea un antes y un después”, manifestó. 

En esa línea, el radical aclaró que el proyecto tendrá un impacto en el “mediano y largo plazo”, mientras que “en lo inmediato hace falta decisión política, con mayores recursos, mayores efectivos federales y un plan para ayudar a pacificar la provincia, que por supuesto también tiene que hacer su aporte”. 

El santafesino remarcó que hay cargos vacantes en tribunales de Rosario y mencionó el retraso en la conformación de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal. “Tenemos que hacer todo lo que podamos hacer cuanto antes”, consideró y pidió que  la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reúna “y cuanto antes llevarlo al recinto” para poder “mostrar que estamos haciendo un pequeño aporte”. 

Otro santafesino que habló, desde el oficialismo, fue Marcos Cleri (FdT), quien opinó que este puede ser “un proyecto de muy buen ejemplo para trabajar en el resto de las provincias y regiones”. A partir de la iniciativa, se crean 27 fiscalías, 9 cargos de defensores y cargos de jueces en Santa Fe, Rafaela, San Lorenzo, Rosario, Reconquista y Venado Tuerto. 

“Es muy valioso y muy importante porque viene a atender una necesidad que estamos teniendo. Y más valioso y más importante es el compromiso de todos los actores políticos de nuestra provincia para poder lograrlo”, destacó. 

También, el camporista reclamó al Senado el avance de pliegos al solicitar que “en marzo se puedan terminar de designar dos jueces que están ya con el proceso finalizado en la Comisión de Acuerdos, y que también el Senado sesione y le pueda dar ingreso (a los pliegos) de una fiscal, un defensor y un juez, atento que pasaron el proceso del Consejo de la Magistratura y fueron enviados por el Poder Ejecutivo”. 

En una crítica indirecta a algunos dirigentes de la oposición, Cleri sostuvo: “Nosotros que vivimos en la ciudad de Rosario padecemos estos hechos de inseguridad, como lo padecen todos los rosarinos y rosarinas, y el turismo electoral político es un carancheo que solicitamos que dejen de hacer. Porque con la inseguridad no se especula, se trabaja todos los días contra el crimen organizado”. 

Además, el legislador apuntó que “uno observa que tenemos que tener un Estado presente, cercano, que resuelve los conflictos, para lo cual se necesitan muchas veces recursos y cuando hay modelos neoliberales, o modelos económicos que retiran el Estado del rol donde tiene que estar, lo que avanza es el crimen organizado”. 

Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (Pro) subrayó que “no solo deberíamos instar la implementación del Código Procesal Penal en Santa Fe, sino en todo el país”. “Estamos atrasados con el cronograma que originariamente se había marcado”, recordó. 

Si bien ponderó el proyecto, el porteño aclaró que “con esto no alcanza” ya que, por ejemplo, “hay 10 vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe” de las cuales “solo tres están tramitando el concurso en el Consejo de la Magistratura. Las otras siete están en el Poder Ejecutivo o el Senado”. 

“Para tratar de resolver de manera definitiva y efectiva no solo es necesaria nuestra tarea, sino que también es necesario que el Poder Ejecutivo asuma las responsabilidades que le corresponden”, observó e insistió: “Es un buen proyecto, debemos dictaminarlo hoy mismo, pero tengamos conciencia que falta mucho más, de parte de nosotros, del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema”. 

En su intervención, el diputado Eduardo Toniolli (FdT) remarcó que “para evitar generar falsas expectativas, está claro que este proyecto no aborda la emergencia, sino que en todo caso sienta las bases para, como dice el título, fortalecer la justicia federal”. “Y si hay que fortalecerla es porque tiene un grado de debilidad. Hace 40 años que no se crea una fiscalía federal en Rosario”, graficó el santafesino. 

Avanzado el debate, el diputado Fernando Carbajal (UCR) expresó que “la urgencia y la emergencia” de la situación aceleró el tratamiento, pero ponderó que “si ha habido consenso en esto es porque ha habido actores políticos que han estado dispuestos a hacer concesiones de sus propias posturas”. En esa línea, opinó que los consensos son “el camino que tenemos que empezar a recorrer para llegar a acuerdos sobre políticas de Estado”. 

Si bien, “es una ley que no sirve para resolver ni la emergencia ni la urgencia, tiene importancia simbólica sin ninguna duda”, señaló el formoseño y, en sintonía con lo dicho durante la reunión, aseguró: “Todos somos perfectamente concientes que hasta que se concrete el armado de esta estructura van a pasar, siendo optimistas, muchos meses, y siendo más realistas, muchos años”. 

Al igual que sus pares de JxC, reclamó que se ponga en marcha el nuevo Código Procesal Penal porque “si no entendemos que la desburocratización de la investigación penal es el único camino para luchar contra el crimen organizado vamos a, como dijo el ministro (Aníbal Fernánez), perder la batalla”. Por eso, solicitó que en “10 o 15 días” se pueda reunir a la comisión bicameral encargada de la implementación del Código y también que se designe de una vez al procurador general de la Nación. 

“Si bien es positivo que hoy estemos tratando esto acá, si las instituciones funcionarán como corresponde, no deberíamos estar acá tratando este proyecto”, sostuvo el diputado Enrique Estévez (PS), quien cuestionó la parálisis de la comisión bicameral y cargó: “Esto es responsabilidad de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, porque la Cámara de Diputados designó a sus representantes”. 

Por eso, el santafesino exigió “tener una explicación de por qué no se constituye esa comisión y tener una explicación pública de por qué no se elige al procurador general de la Nación”. “No vamos a poder combatir el narcotráfico si nuestras instituciones no son transparentes, y si quienes tenemos responsabilidades concretas no las cumplimos”, enfatizó.  

Sobre la situación en su provincia, el socialista aseveró que “lo que pasa en la ciudad de Rosario tiene explicaciones, pero no es el único lugar del país en el que esto sucede. Todavía en Rosario y la provincia de Santa Fe no hubo enfrentamiento entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, cosa que sí ocurrió por ejemplo en Buenos Aires”. 

Estévez mencionó que “el 33% de cargos en la justicia federal de Santa Fe están vacantes” y lleva “más de 30 años con exactamente la misma infraestructura”. Sobre ello, planteó que habría que replantearse las formas sobre cómo se designan las vacantes de manera de agilizarlas. Además, apuntó el bajo presupuesto nacional en seguridad asignado para Santa Fe y que, pese a los barrios vulnerables que tiene, “la ciudad de Rosario es la número 44” en el reparto de los recursos del Fondo de Integración Socio-Urbana. 

Partícipe de la reunión, se le dio la palabra al senador Dionisio Scarpin (UCR), quien felicitó a la Cámara baja por la rápida convocatoria y manifestó: “No hay dudas que es importantísimo este proyecto para el futuro de la seguridad y el servicio de justicia. No es la solución inmediata del problema, pero es una señal política muy importante para la sociedad santafesina, para el Senado de la Nación y también para los poderes ejecutivo nacional y provincial”. 

Al valorar los consensos que se alcanzaron, el santafesino consideró que esta metodología “tiene que ser una vuelta de página para todos” ya que “a los ciudadanos no les interesan los partidos políticos, las campañas electorales, sino vivir bien”. Asimismo, advirtió que “si no nos tomamos en serio este tema, esto se va ir agravando día a día”. 

En la reunión también habló la diputada Graciela Camaño (IB), quien observó que “no estamos hablando de inseguridad, pese a que probablemente la hora nos lleva a inclinarnos por el discurso de la inseguridad”. En su discurso, afirmó que entre la reforma judicial propuesta por el presidente Alberto Fernández y esta iniciativa “hay una diferencia abismal”, sobre todo porque “este proyecto viene trabajado por el Poder Judicial”. 

En alusión al retraso en la aplicación del sistema acusatorio, la legisladora recordó que el expresidente Mauricio Macri a los pocos días de asumir suspendió por decreto “la implementación del Código Procesal Penal y se comete una sobrevaloración muy grande del Poder Legislativo. Nos pasan la responsabilidad al Poder Legislativo, que tiene el drama existencial de la falta de diálogo”, en referencia a fijar el cronograma de implementación en las distintas provincias.  

“Nosotros no estamos pudiendo dialogar en torno a los intereses de nuestro pueblo hace muchos años. Hace 20 años nos falta el defensor del pueblo, no nos hemos puesto de acuerdo en algo tan significativo”, subrayó, dando por descontado que por eso era tan complicado ser efectivos entonces en la monitorear la implementación del Código.

Por su parte, la diputada Silvia Lospennato (Pro) se preguntó: “¿Estaríamos acá hoy si no hubieran baleado el supermercado de la familia (Lionel) Messi? La respuesta sincera es que no”. “El año pasado Rosario registró 288 homicidios y ninguno de esos homicidios conmovió a este Congreso lo suficiente para que se sancionara este proyecto”, reprochó. 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la macrista detalló que de esos 288 homicidios, “hay 33 homicidios que fueron de niños menores de 14 años, que claramente nada tienen que ver con el narcotráfico. Y además 64 de esos homicidios fueron mujeres”. “Las estadísticas desde 2014 hasta ahora indican que se duplicaron los homicidios de mujeres”, añadió. 

Uno de los últimos oradores fue el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), quien recordó el historial de episodios de balaceras en la última década y señaló: “Lo que nos está pasando en Rosario no admite chicanas no ahora, desde hace 10 años”. “Tenemos una oportunidad renovada”, dijo al celebrar que se pueda avanzar con el proyecto, más allá de todo lo que no se hizo en los últimos meses y algunos remarcaron.  

“Como militantes políticos nosotros no podemos, no solo dejar de creer, sino de trabajar para que las cosas cambien”, expresó el santafesino, que relató que “en realidad el espíritu de derrota alrededor de este tema en la ciudad de Rosario es muy fuerte, pero hay una amplia cantidad de rosarinos y rosarinas que no se quieren dejar vencer”. 

“Si nosotros no queremos que esto sea parte de esfuerzos que parece que aparecen con fuerza y después se desvanecen rápido, creo que nosotros tenemos que seguir afinando el diagnóstico de lo que está pasando en la provincia”, sumó. 

Lo que propone el proyecto: 

-La creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

-La creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

-La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.

-La creación de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe. 

-La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.

-Otro de los artículos establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”. 

-Asimismo, se expresa que “las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión”. 

El diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) habló este viernes acerca de las amenazas de narcotraficantes contra periodistas en Rosario y pidió que “los dirigentes políticos, en vez de solidarizarse por Twitter, deberían hacer lo que corresponde para abordar un tema tan complicado como este”.

En declaraciones a Radio AM 990, el legislador santafesino se mostró preocupado la situación judicial respecto al freno de la aprobación de jueces federales en su provincia y contó: “De los 34 cargos que tiene la circunscripción Rosario -que abarca Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Rosario- hay nueve vacantes. De tres Fiscalías de Instrucción en Rosario, solo una está funcionando y en la Cámara Federal hace dos años que hay dos vacantes, recién hace dos meses se cubrió la primera”.

Respecto a ese tema, Mirabella recordó que “hay un proyecto firmado por los 19 diputados y diputadas de Santa Fe, de todos los partidos políticos, destinado a fortalecer la Justicia Federal en Rosario e implementar el sistema acusatorio".

Asimismo, el santafesino manifestó que “si aparece un trapo que diga ‘vamos a matar a todos los periodistas’ o que baleen la Corte Suprema en algún canal de televisión de la ciudad de Buenos Aires, sería un escándalo a nivel nacional”, y lamentó: “Eso sucede todos los días en Rosario. Los ataques son ordenados desde las cárceles porque todos los jefes narcos están presos”.

En el cierre, Mirabella responsabilizó al narcotráfico y afirmó: “Hoy más del 95% de los ataques, balaceras y homicidios se ordenan desde la cárcel. Todos los jefes de las bandas están presos".

El senador nacional Marcelo Lewandowski (Frente de Todos) presentó un proyecto que tiene como objetivo fortalecer la Justicia federal con asiento en la provincia de Santa Fe a partir de la creación de nuevos juzgados penales de garantías, creando y transfiriendo secretarías e incorporando salas de diversas competencias en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

"Debemos dar respuesta a una problemática que sentimos de cerca los santafesinos”, enfatizó el legislador, que explicó: "Esta propuesta llega en un contexto de particular recrudecimiento de la violencia en la provincia de Santa Fe, que derivó en una reunión realizada el 2 de mayo entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el gobernador Omar Perotti; el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Allí se acordó, entre múltiples acciones, la necesidad de dotar a Santa Fe de una estructura federal de justicia más sólida y acorde a la crisis que atraviesa la provincia".

El oficialista apuntó que su iniciativa tiene como antecedente un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en 2020 -y que tiene media sanción de la Cámara alta- y también el proyecto impulsado en el gobierno anterior, en el marco del programa llamado "Justicia 2020".

"El amplio contenido de las propuestas anteriores implica un tiempo de debate mayor al de las urgencias que tiene específicamente Santa Fe. Por eso entendemos que este texto sintetiza las reformas que pueden abordarse mediante el consenso y a corto plazo frente a la apremiante situación que atraviesa nuestra provincia”, sostuvo el senador.

El texto establece la creación de una sala especializada en narcotráfico en Rosario, por ser esta jurisdicción en la que se asienta la mayor parte de la población santafesina y que mayormente sufre los flagelos del crimen organizado.

Específicamente el proyecto plantea la necesidad de crear un Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en las ciudades de Reconquista, Rafaela, San Lorenzo; dos nuevos Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en la ciudad de Rosario y dos en la ciudad de Santa Fe (todos dependientes de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario).

En el ámbito de la Cámara Federal de Rosario impulsa la incorporación de una sala de tres vocales para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que será Tribunal de Alzada de los Juzgados Federales de Reconquista, Rafaela y Santa Fe; y otra que actuará como Tribunal de Alzada de los Juzgados de Rosario, San Nicolás, San Lorenzo y Venado Tuerto.

También prevé una serie de transferencias de secretarías a determinados juzgados y la creación de cinco cargos de defensor público oficial con competencia penal para Santa Fe (1), Rosario (2), Reconquista (1) y San Lorenzo (1).

Debido a la decisión de incumplir con el fallo de la Justicia Federal que ordena la suspensión de las clases presenciales, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado en cuatro oportunidades por “resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación de medidas contra la propagación de una epidemia”.

Las causas en su contra se iniciaron este miércoles por la mañana y la Justicia ya se encuentra determinando si se unificaran todas en una misma causa o cada una seguirá su curso de manera independiente.

Una de esas denuncias fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad, la cual lo denunció por “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, envenenamiento culposo de medicinas, violación de medidas, resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”.

Asimismo la abogada Valeria Carreras amplió su acusación en otra demanda iniciada esta semana en el juzgado federal de Comodoro Py, en la que pidió que se investigue al jefe de Gobierno por “resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación de medidas contra la propagación de una epidemia”.

Asimismo consideró que el funcionario actuó “a sabiendas de la ilegalidad en insistir con la presencialidad de los alumnos a clases en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires” tras el fallo al respecto firmado este martes por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari.

Otra de las demandas, de acuerdo a lo informado por la agencia Télam, fue presentada por los abogados Juan Leotta y Darío Liurgo, quienes sostuvieron que el jefe de Gobierno “ha decidido oponerse destructivamente y generarle el mayor caos político posible al Gobierno Nacional para conformar a un segmento de la sociedad que exige a gritos presencialidad escolar a como dé lugar (aún en el peor momento sanitario de la historia)”.

Mientras que la denuncia restante, que resultó sorteada en el juzgado de Ercolini, la presentó el abogado Daniel Valmaggia por “instigación a cometer delito, abuso de autoridad” y violación del artículo 205 que castiga a quien no respete medidas para contener una epidemia.

Después de que el Gobierno de la Ciudad anunciara que no acataría el fallo de la Justicia Federal sobre la suspensión de la presencialidad de las clases, los diputados porteños del oficialismo y la oposición mantuvieron duros cruces en las redes sociales; es que mientras los primeros denunciaron que la Justicia habría recibido “presiones” para emitir el fallo, los segundos consideraron que el no cumplimiento de la medida es “una burla a la Justicia”.

En ese sentido el presidente del bloque Vamos Juntos (VJ) Diego García Vilas manifestó que “una a vez más, la Justicia militante intenta atropellar la autonomía de nuestra Ciudad. Todavía no entendieron que no vamos a dejar que sus intereses políticos pasen por encima de la ley. Ningún gobierno, ningún ministro ni ningún presidente es más que la Constitución”.

Asimismo el legislador Hernán Reyes (VJ) opinó que “el origen de todo este caos, no es ni la pandemia, ni la política, ni la justicia. Es esta actitud, egoísta, soberbia y prepotente”. Mientras que Natalia Fidel (VJ) consideró que “la incertidumbre la generó Alberto Fernández al desdecir a sus ministros y deshacer lo acordado con el Gobierno porteño. El show lo hicieron ustedes al pedir juicio político a los tres jueces de Cámara que por unanimidad dictaminaron a favor de la presencialidad. ¡Patético es que militen el cierre de escuelas!”.

Al mismo tiempo que el diputado del GEN Sergio Abrevaya manifestó que “el fallo de Furnari es imposible. Se declara incompetente, pero resuelve algo sobre lo que no tiene jurisdicción. Cuando un juez se declara incompetente se inhibe de resolver nada sobre la cuestión. Se ve que la presión debe haber sido fuerte”.

En contraposición la vicepresidenta primera de la Comisión legislativa de Educación, Lorena Pokoik (FdT) señaló que “lo que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta se llama delito de desobediencia. El domingo dijo que los fallos hay que cumplirlos, lo que no dijo es que no está dispuesto a cumplir con los fallos que no escriben sus amigos de la mesa judicial” y remarcó que el Gobierno porteño “reconoce una resolución de un tribunal incompetente poniéndose por fuera de la Constitución y la organización republicana. Esto ya sobrepasó la discusión sobre la autonomía, esto es una grave desobediencia institucional en un momento donde nuestras vidas están en peligro”.

“Larreta no fundamenta y milita la doctrina Bolsonaro de la pandemia acorde a lo que le exige Mauricio Macri y Patricia Bullrich”, añadió e insistió en que “lamentablemente tanta hipocresía, tanto desprecio por las instituciones de la democracia y por la vida de toda la población”.

Mientras que Leandro Santoro (FdT) remarcó que “Larreta está enloqueciendo a las madres y a los padres de la ciudad. Fue a buscar certezas a la corte. Si tenía dudas tendría que haber ido a la Justicia Federal, pero le terminó haciendo caso a la Justicia porteña. Conclusión: nos metió en un galleta jurídica y todos nerviosos” y le pidió a la población que “no se confundan, Larreta no se está peleando con Alberto, se está peleando con la justicia federal y los que pagan la factura son los chicos y los padres”.

Por su parte la diputada del FIT Alejandrina Barry advirtió que “la Justicia Federal ordenó la suspensión de clases presenciales; esto ya era un hecho, por el masivo paro de las y los trabajadores de la educación, para cuidar la salud de las y los pibes y de las familias. Necesitamos eso, más maestros y menos jueces”.