En medio de la emergencia que atraviesa la ciudad de Rosario por las balaceras, amenazas y crímenes cometidos por bandas narco, la Cámara de Diputados acelera el tratamiento del proyecto que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.

La iniciativa ya fue debatida en el seno de las comisiones de Justicia y Legislación Penal el pasado 8 de marzo y solo resta su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller.

La reunión fue convocada para este miércoles 22 a las 10 en la sala 2 del “Anexo C” de la Cámara baja, luego de que este viernes por la tarde se conociera el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal del proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer la justicia federal de Santa Fe.

Lo que propone el proyecto: 

• La creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
• La creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.
• La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.
• La creación de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe. 
• La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.
• Otro de los artículos establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”. 
• Asimismo, se expresa que “las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión”.