El senador bonaerense de Unión y Libertad, Sergio Vargas, fue sobreseído en la causa que lo investigaba por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias y del IVA correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

La decisión fue adoptada por la jueza María Verónica Straccia, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°11, quien consideró que los hechos analizados no constituyen delito. En la resolución, la magistrada dejó establecido que el proceso “no afecta el buen nombre ni el honor” del legislador.

La investigación se había iniciado en abril de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), por supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas del senador, con un monto estimado en 3,7 millones de pesos.

Según el organismo, las irregularidades surgieron de cruces entre consumos registrados con tarjetas y la información declarada ante el fisco, lo que habría implicado una omisión parcial de operaciones gravadas.

Tras la denuncia, Vargas se presentó en los tribunales de Comodoro Py, rechazó las acusaciones y cuestionó el accionar del organismo.

Además, inició una causa contra funcionarios de ARCA-DGI por presunto abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de secreto fiscal, que tramita en el Juzgado Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo.

Finalmente, con el sobreseimiento, la Justicia dio por cerrada la causa al determinar que no se configuró delito, mientras continúa en paralelo la investigación iniciada por el propio legislador.

En medio de la emergencia que atraviesa la ciudad de Rosario por las balaceras, amenazas y crímenes cometidos por bandas narco, la Cámara de Diputados acelera el tratamiento del proyecto que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.

La iniciativa ya fue debatida en el seno de las comisiones de Justicia y Legislación Penal el pasado 8 de marzo y solo resta su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller.

La reunión fue convocada para este miércoles 22 a las 10 en la sala 2 del “Anexo C” de la Cámara baja, luego de que este viernes por la tarde se conociera el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal del proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer la justicia federal de Santa Fe.

Lo que propone el proyecto: 

• La creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
• La creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.
• La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.
• La creación de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe. 
• La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.
• Otro de los artículos establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”. 
• Asimismo, se expresa que “las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión”.