La oposición celebró el fallo judicial que declara “inconstitucional” la venta de Costa Salguero

Los legisladores del FdT y el FIT aseguraron que el predio en disputa “es un bien de dominio público y que el intento de venta es inconstitucional poniéndole un freno a las torres”.

Los diputados porteños del Frente de Todos (FdT) y Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U) celebraron el fallo de la Justicia de la Ciudad que declara “inconstitucional” la venta del predio de Costa Salguero, en el cual el oficialismo preveía desarrollar un barrio náutico.

En ese sentido, el legislador del FdT Matías Barroetaveña planteó que “fue un buen día para la ciudad de Buenos Aires, por un lado, se cerró la inscripción para la audiencia pública por el barrio cerrado que quiere construir Larreta en costanera sur con una cifra récord de 2600 anotados” e indicó que “por otro lado, el fallo de cámara por costa salguero deja clarísimo que se trata de un bien de dominio público y que el intento de venta es inconstitucional poniéndole un freno a las torres.”

“Es muy importante que Larreta no vuelva a conseguir los dos tercios de la Legislatura en estas elecciones; necesitamos fortalecer nuestro bloque para defender el patrimonio público y construir una ciudad sustentable”, aseguró a través de sus redes sociales.

Por su parte la peronista Claudia Neira (FdT) indicó que “la Cámara confirmó que es inconstitucional la Ley que habilitó la venta de tierras en Costa Salguero. Con María Rosa Muiños habíamos pedido la derogación de la Ley. Con el FdT, organizaciones y Mariano Recalde promovimos la iniciativa popular. ¡La Justicia nos da la razón!”.

Mientras que el legislador del FIT, Pablo Almeida, afirmó que “la Justicia ratificó que la venta de costa Salguero viola la constitución de la Ciudad. Esto es un paso más para frenar la especulación inmobiliaria de Larreta y el pro. No podemos confiar en la justicia que ya benefició al GCBA” y concluyó celebrando la “movilización popular de vecinos y vecinas de la ciudad para que costa Salguero no se venda, para que no se construya un puerto madero 2 y para que deje de haber convenios edilicios a pedido de las empresas constructoras e inmobiliarias. ¡Por un plan de viviendas populares!”.

La Justicia declaró la nulidad de una audiencia pública de la Legislatura

Además ordenó la suspensión hasta el 7 de septiembre de todas las audiencias virtuales convocadas por esa misma Casa.

La Legislatura de la Ciudad sufrió un nuevo revés judicial, es que luego de que el miércoles pasado celebrara una audiencia pública virtual en la que se debatió acerca de la venta de varios inmuebles pertenecientes al Gobierno porteño y que debía haberse suspendido por orden del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº2, la Justicia resolvió declarar nula dicha audiencia y suspender todas las que hayan sido convocadas hasta el 7 de septiembre.

De esta manera el titular de ese juzgado, Andrés Gallardo, resolvió rechazar los planteos de nulidad impulsados por la Legislatura por tener por incumplida la medida cautelar. Asimismo fijó un plazo de dos días para que informe a todos los que participaron de la audiencia acerca de su nulidad y para que comunique en su página web la suspensión de todos las audiencias virtuales.

Asimismo el magistrado dispuso que se ponga en conocimiento la medida cautelar dispuesta al presidente de la Legislatura, Diego Santilli; al vicepresidente primero de la Casa, Agustín Forchieri (VJ); la vicepresidenta segunda, María Rosa Muiños (FdT); el vicepresidente tercero, Roy Cortina (PS); y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ).

Asimismo solicitó al Fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma que “se investigue la posible comisión del delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal de la Nación”.

Gallardo solicitó –según informó IJudicial- que “se declare incumplida la medida cautelar por conducto de la cual se ordenó la suspensión de las audiencias públicas fijadas por la Legislatura de la Ciudad” y recordó que la audiencia “se celebró mediante la aplicación Zoom, a pesar de haber sido notificada la demandada de la medida dispuesta y de que durante su transcurso numerosos legisladores, comuneros y participantes de dicha reunión, le comunicaron a viva voz Romero que había sido ordenada judicialmente la suspensión de su celebración”.

“Fueron rechazadas sendas mociones de pasar a un cuarto intermedio a efectos de verificar la existencia de la medida cautelar referida y su efectiva notificación. Del mismo modo, fueron desatendidos los avisos de legisladores y legisladoras acerca de que la Secretaria del Juzgado, Dra. Beatriz Campos, solicitaba permiso de ingreso a la reunión, quien finalmente pudo acceder 45 minutos antes de la finalización de la audiencia, mas no intervenir pues el citado presidente no le habilitó el micrófono para hacer uso de la palabra”, concluyó el magistrado.

La Legislatura reorganizó la administración de la Justicia porteña

Los diputados sancionaron una ley que modifica las cartas orgánicas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público para coordinar y unificar criterios en materia de organización administrativa, presupuestaria y de gestión.

La Legislatura de la Ciudad aprobó –durante su última sesión ordinaria- una ley a través de la cual reorganizará la administración de la Justicia porteña, para lo cual modificó las cartas orgánicas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público, a fin de coordinar y unificar criterios en materia de organización administrativa, presupuestaria y de gestión.

Los cambios habían sido propuestos por la Jefatura de Gobierno y contaron con el despacho de la Comisión de Justicia -presidida por Martín Ocampo (UCR-Ev)-. De esta manera, la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial fue sustituida por la Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial, la que pasará a ejercer algunas de las funciones administrativas que competen a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial.

También se estableció que las competencias y facultades de administración del Ministerio Público, en su conjunto, serán ejercidas por esa nueva Secretaría, la que presidirá la Comisión de Administración Conjunta de Representantes del Ministerio Público, que se constituye en lugar de la actual Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público.

Cabe recordar que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atribuye al Consejo de la Magistratura la función de proyectar y administrar el presupuesto que la ley le asigne al Poder Judicial. El Ministerio Público -también por mandato constitucional- tiene autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial y se divide en tres organismos: Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y Asesoría Tutelar.

Los fundamentos de la norma aludieron al “fortalecimiento de la gestión judicial y una administración austera de los recursos” y se hizo hincapié “generar procesos más ágiles y transparentes, propendiendo a la unificación presupuestaria, la implementación de sistemas informatizados como el presupuestario, de expedientes electrónicos, procesos de compras y contrataciones, designación de personal y digitalización de documentos”.

La medida se aprobó con 36 votos afirmativos de los bloques Vamos Justos, UCR-Evolución, GEN y Partido Socialista; mientras que obtuvo 21 votos en contra de parte del Frente de Todos, PTS, FIT, PO y AyL.