“Ley antimafias”: con funcionarios del Ejecutivo, la Cámara alta comenzará a debatir el proyecto impulsado por Bullrich

Será en un plenario de comisiones donde también darán tratamiento al proyecto para crear un Régimen legal para el desarmado de autopartes y la prórroga al Programa de Entrega Voluntaria de armas de fuego que viene con media sanción de Diputados.

Un plenario de comisiones de las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta comenzará a debatir el proyecto de “Ley antimafias” impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para castigar el crimen organizado.

La iniciativa recibió media sanción el pasado 1ro de octubre con 137 votos a favor y 92 en contra y se pondrá a consideración el miércoles 16 de octubre a las 14 en el Salón Arturo Illia. Al encuentro asistirán Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación; Carlos Alberto Manfroni, titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación; y Juan Pablo Allan, director ejecutivo del ANMAC, a fin de exponer sobre el tema.

También se retomará el debate, que se inició el pasado 20 de agosto, sobre el proyecto que pretende modificar la Ley 25.761 sobre Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y Venta de sus Autopartes que contiene el marco normativo para automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados. Dichas modificaciones tienen como objetivo mejorar y ampliar las prácticas de reciclaje para reducir la huella ecológica.

Por último, figura en agenda el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados que prorroga hasta 2025 el Programa Nacional de entrega voluntaria de armas de fuego. El texto recibió 142 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención.

Finalizó la ronda de consultas sobre la Ley de Ministerio Público y el oficialismo avanzará con la reforma

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales escuchó a expertos y sumó el proyecto del rionegrino Weretilneck. Se pasó a un cuarto intermedio para la firma del dictamen, a la espera de la opinión del Consejo Asesor del Gobierno en materia judicial.

El oficialismo avanzará en las próximas horas con la letra fina de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, luego de que finalizara este lunes la ronda de consultas en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Oscar Parrilli (Frente de Todos).

Además de los proyectos de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), se sumó ahora el de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que acota el mandato del procurador general a cinco años y flexibiliza la mayoría necesaria para la designación, pasando de dos tercios a mayoría absoluta del Senado.

La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles y Parrilli informó que antes de la firma del dictamen esperan contar con la opinión del Consejo Asesor del Poder Ejecutivo sobre la reforma judicial.

Nicolás Becerra, doctor en Derecho Penal y primer procurador general nombrado tras la reforma constitucional de 1994 relató: “La lucha que tuve como procurador fue la de desandar una cultura de muchísimos años, muy enquistada en el Poder Judicial, donde los jueces reinaban bajo un viejo sistema procesal llamado inquisitivo, y donde los fiscales aparecían como actores secundarios, igual que los defensores públicos”.

“Era muy común oír a los jueces hablar de ‘mi fiscal’, ‘mi defensor’”, comentó, y prosiguió: “Con el advenimiento de la nueva Constitución, el primer trabajo fue hacer la ley reglamentaria del Ministerio Público, y en ese trabajo de convencer tanto a defensores como a fiscales de que ya no pertenecían más al Poder Judicial, fue necesario hacer una ley orgánica casi en espejo con el Poder Judicial”.

De esa forma, afirmó Becerra, “se comenzó a desandar un camino arduo de formación y de organización de un Ministerio Público que poco a poco fue robusteciéndose”.

El especialista sostuvo que “el procurador debe tener un respaldo suficiente, un consenso político adecuado, para poder ejercer sus funciones, porque emite dictámenes esenciales para las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia”, y puso como ejemplo su propio caso: “Si no hubiera tenido el respaldo de los dos tercios del Senado, no hubiera podido dictar mi dictamen de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; y no hubiera podido dictaminar en la causa Lapacó”.

Respecto de los proyectos en debate, se mostró de acuerdo en la periodicidad del cargo, y recordó que él mismo atravesó las gestiones de cuatro presidentes (Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Fernando De La Rúa y Néstor Kirchner). “La función requería un recambio”, reconoció.

“La etapa que viene, donde el modelo acusatorio terminará de instaurarse, requiere una conducción firme, consolidada, con un acuerdo y un respaldo políticos suficientes”, subrayó Becerra.

A su turno, el abogado y sociólogo Roberto Gargarella, doctor en Derecho de la UBA y profesor de Derecho Constitucional, consideró que “la discusión no puede empezar por el final, dando la receta, sin discutir qué es lo que queremos con la reforma”, y en ese sentido fue crítico con los proyectos de Lousteau, Crexell y Weretilneck, que “deberían ser replanteados”.

Roberto Gargarella, uno de los expositores de la reunión (Foto: Comunicación Senado)

“No se trata de escoger, como si fuera una excusa, cualquier razón general, para proyectos que ya venían de antemano”, advirtió, y además sostuvo que las iniciativas son en algunos aspectos “llamativa, provocativa o exageradamente opuestas a la Constitución”.

Gargarella explicó que los proyectos se centran en la designación y en la remoción del procurador “descuidando todo lo que es importante, que es lo que está en el medio”.

“No es tan importante la entrada ni la salida, sino lo que queda en el medio: cómo se ejerce la función. Lo más importante es el control ciudadano durante el ejercicio del mandato”, insistió el experto, y hasta sugirió que “no sería descabellado pensar en una elección ciudadana del procurador”.

Por su parte, Guido Risso, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en constitucionalismo, lamentó que la reforma constitucional de 1994 “en vez de resolver problemas, ha generado muchísimos problemas”, ya que “quedó a medio camino, está incompleta y eso genera tensiones”.

“El constituyente del ’94 no consiguió ponerse de acuerdo en instituciones fundamentales”, alertó, y en ese sentido afirmó que “guarda silencio” sobre aspectos importantes de la Procuración, como el nombramiento de su titular.

Risso aseguró que “la mayoría de dos tercios, que es la que se ha venido aplicando, es inconstitucional, porque es una mayoría agravada y todas las mayorías agravadas están expresamente establecidas en el texto de la Constitución”.

“El legislador no puede establecer condiciones más gravosas que las que establece la propia Constitución, por eso es que una ley no puede establecer una mayoría agravada cuando el constituyente no lo ha dicho”, puntualizó.

Asimismo, sostuvo que “la legitimidad de origen no tiene que ver con las mayorías parlamentarias”, sino que refiere a “un respaldo de la estructura política, pero este respaldo no deja de ser un respaldo coyuntural, porque toda estructura política es coyuntural”.

El especialista puso como ejemplo que Gils Carbó “fue designada por unanimidad” y “esa unanimidad se fue disolviendo en el aire a medida que cambiaba la coyuntura política”, y por eso pidió basarse en “la legitimidad de ejercicio” y no en la de origen.

Respecto de la perpetuidad en el cargo, advirtió que “es una gran anomalía del sistema republicano, es un resabio del sistema monárquico”.

En tanto, Fernando Díaz Cantón, profesor de Derecho Penal y Criminología y autoridad de la FACA (Federación Argentina del Colegio de Abogados) indicó que “el fiscal ha recobrado en el sistema acusatorio un poder enorme sobre la decisión del caso”, y a diferencia de otros poderes del Estado “que tienen varios jefes, éste tiene un único jefe”.

Díaz Cantón señaló que el poder del procurador “puede hacer que se convierta en la espada del poder político para la persecución de adversarios políticos y a su vez en el escudo protector de la propia tropa”.

“Es decisivo quiénes van a tener peso en la designación y en la destitución del procurador, y cómo se va a evitar la designación de procuradores adictos al gobierno de turno, o que se expulse a aquellos que sean rebeldes al gobierno de turno”, planteó, y agregó que “más allá de la legitimidad de ejercicio, los mecanismos de designación y destitución son fundamentales para evitar esos desvíos”.

En ese marco, se mostró en contra de modificar la mayoría para el nombramiento y sugirió mantener los dos tercios para esa instancia, y por otra parte coincidió en la necesidad de acotar el mandato a “cinco o seis años”.

Díaz Cantón también cuestionó -como propone Weretilneck- que el incumplimiento de la rendición de cuentas ante el Congreso sea una causal de mal desempeño para la destitución, dado que sería “una injerencia indebida de un poder en otro”.

La fiscal federal Mónica Cuñarro, especialista en Derecho Penal y en género, señaló que “la politización de la Justicia que se ha dado en los últimos períodos es algo nocivo para el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en general”.

Cuñarro coincidió en que la mayoría de dos tercios sirvió como respaldo al procurador, por ejemplo, para emitir dictamen inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final -como hizo Becerra- o para organizar los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, como hizo Esteban Righi. “En los temas de lesa humanidad, ha funcionado muy bien y ha sido un modelo para el resto del mundo”, destacó.

Respecto de si los legisladores pueden o no establecer una mayoría no estipulada en la Constitución, consideró que “es una decisión política, pero la Convención Constituyente no dio cheques en blanco, así como los jueces tampoco tienen cheques en blanco para decir que cualquier cosa es inconstitucional”.

La fiscal además indicó que “esta discusión no puede estar afuera del problema que le ha tocado al Ministerio Público en la relación espuria con los servicios de Inteligencia”, y “tampoco puede estar aislado del tema del sistema acusatorio”.

Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal y director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, sostuvo que “para saber cuándo las modificaciones en la ley son reformas que afectan la autonomía o no la afectan, tenemos que ver la diferencia entre control e injerencia”.

En esa línea, dijo que el proyecto de Weretilneck, en lo referido al tribunal de enjuiciamiento para la remoción, aumenta sus integrantes de siete a nueve, pasando de uno a tres representantes del Poder Legislativo, y estableciendo que los fiscales también podrán ser removidos por mayoría absoluta -cinco votos- al igual que el procurador.

Los dos tercos no solo dan legitimidad de origen, sino respeto por la autonomía del Ministerio Público. Los dos tercios aseguran una discusión parlamentaria y son una salvaguarda institucional para que el procurador tenga un determinado perfil”, afirmó Villar.

El último expositor fue el abogado Horacio Erbes, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien consideró que “la Constitución no invalida que se puedan modificar los mandatos como así tampoco las mayorías” para nombrar al procurador, ya que esa regulación está ausente en el artículo 120.

“Los dos tercios son más que nada una construcción desde la jurisprudencia en el sentido de que aseguran una autonomía del Ministerio Público, pero en lo personal creo que no asegura la autonomía”, se diferenció Erbes, al poner como ejemplo que “Gils Carbó fue nombrada como marcaba la ley orgánica pero sufrió persecución política y terminó renunciando”, y “el procurador interino ya lleva bastante tiempo y ni el gobierno anterior ni el actual han logrado nombrar un nuevo procurador con los dos tercios”.

Weretilneck pidió al Senado que el futuro procurador sea designado con una nueva ley

El rionegrino defendió este lunes, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el proyecto que presentó la semana pasada para acotar a cinco años el mandato del jefe de los fiscales y flexibilizar la mayoría para su nombramiento.

El senador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) defendió este lunes, al participar de la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el proyecto que presentó la semana pasada para acotar a cinco años el mandato del procurador y flexibilizar la mayoría para su nombramiento, y pidió a la Cámara alta que el futuro jefe de los fiscales sea designado con la nueva ley ya sancionada.

“Yo comparto que en vísperas de tener que designar a un nuevo procurador, lo hagamos con una nueva ley”, sugirió Weretilneck, en línea con el oficialismo, antes de que comenzara la última reunión informativa de la comisión presidida por Oscar Parrilli (Frente de Todos), con la participación de especialistas.

El rionegrino explicó que el suyo “no es un proyecto original, porque de una u otra manera toma distintos proyectos que anteriormente se trabajaron en el Congreso, toma opiniones y posturas políticas públicas de la actualidad, y también toma experiencias internacionales”, como por ejemplo la de Estados Unidos, con “un plazo prácticamente igual al del presidente” y “mayoría absoluta” para designar al procurador.

“Cuesta encontrar en las Constituciones de otros países el cargo vitalicio. Es muy difícil encontrar una figura de procurador que tenga perpetuidad”, comentó, y agregó que “la propuesta de cinco años es acorde a lo que las constituciones han planteado para el resto del mundo”.

Weretilneck sostuvo que “todos están planteando esta necesidad de períodos más cortos, y como consecuencia, cambiar la mayoría para elegirlo”. “El hecho de ser por un plazo no tan exagerado amerita una mayoría absoluta”, insistió.

El senador repasó algunos aspectos de su iniciativa y destacó que, por ejemplo, se regulan los traslados “de una manera clara” tras lo sucedido con los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

En cuanto al tribunal de enjuiciamiento para la remoción del procurador, resaltó que en su proyecto solo uno de los nueve integrantes será del Poder Ejecutivo; los restantes serán tres por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, uno por el Consejo Interuniversitario Nacional, dos abogados de matrícula federal y dos fiscales generales.

“Todas aquellas acciones de organismos del Estado que no se evalúan, terminan devaluándose. A nadie le debe molestar el control”, dijo el autor del proyecto, donde adquiere un rol importante la comisión bicameral, actualmente presidida por el oficialista Martín Doñate.

Weretilneck enfatizó que “hay que pensar una ley para todas las circunstancias, no para el gobierno de hoy”, y consideró que una reforma “va a permitir poner fin a lo que ha sucedido con la doctora (Alejandra) Gils Carbó” en adelante. “Al plantear los cinco años, evita este tipo de circunstancias”, dijo.

Asimismo, opinó que “en un plazo de cinco años, cuando vaya intercalándose con distintos presidentes, pensaremos que es más fácil que se terminen los cinco años a empezar el camino de la destitución”.

“La institucionalidad de nuestro país ya no soporta más que la Procuración no tenga la persona designada de acuerdo al Congreso”, aseguró, y por último pidió a sus pares que “en vísperas de tener que designar a un nuevo procurador, lo hagamos con una nueva ley”.

El proyecto de Weretilneck

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Se realizó la anteúltima ronda de exposiciones sobre la reforma de la Ley del Ministerio Público

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales escuchó la opinión de especialistas sobre los proyectos que buscan modificar el mandato, la designación y la remoción del procurador general. El próximo lunes se hará la última reunión informativa.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que encabeza Oscar Parrilli (Frente de Todos) avanzó este martes con una nueva ronda de exposiciones sobre los proyectos que buscan reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, para modificar el mandato, la designación y la remoción del procurador general.

Los senadores escucharon a especialistas y pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando se realizará la última reunión informativa.

Las iniciativas que el Frente de Todos utiliza para el debate son las de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), y proponen acotar el mandato del jefe de los fiscales.

El oficialismo también analiza flexibilizar la mayoría con la que se designa al titular de la Procuración, cargo para el cual se propone a Daniel Rafecas.

El primero en exponer este martes fue Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y del Litoral e investigador de la UCA, quien consideró que para analizar estos temas “hay que remitirse a la Convención Constituyente de 1994, la cual no terminó de diseñar al Ministerio Público de la Nación, sino que lo delegó en el Poder Ejecutivo”.

“Tener los dos tercios es indispensable”, enfatizó Sagués.

“Hay una enorme responsabilidad del Poder Legislativo de completar la reforma”, agregó.

Sagués sostuvo que “la misión de la Convención del ‘94, respecto del Ministerio Público, fue la de darle autonomía, terminar con la servidumbre, erigirlo como un órgano extrapoder y dotarlo de funciones de contralor”.

Asimismo, manifestó que “tener los dos tercios en el Senado es indispensable para mantener una Procuración General robusta y cúspide de uno de los órganos extrapoder fundamentales del Estado e indispensable para el fortalecimiento del Ministerio Público”.

“El artículo 120 tiene muchas omisiones”, señaló Heredia.

Por su parte, José Raúl Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exdiputado provincial, expresó que el artículo 120 de la Constitución Nacional, que habla del Ministerio Público, “tiene muchas omisiones, porque no hubo suficiente acuerdo para una norma completa”.

Heredia consideró que “la remoción debe tener un consenso político tan amplio como para la designación”. “El derecho no lo puede todo y estas son situaciones que la política debe resolver. Uno puede instaurar una práctica parlamentaria que se vuelva jurisprudencia según la cual el origen más legítimo para el procurador debe ser el mayor consenso político posible”, aseguró.

A su turno, Marcela Basterra, doctora en Derecho y magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, destacó que “es necesario reforzar los mecanismos de control, que son los que hacen que se pueda investigar al Poder Ejecutivo”.

Para Marcela Basterra hace falta reforzar los mecanismos de control.

“Yendo a un sistema acusatorio, es directamente proporcional la necesidad de fortalecer la independencia del Ministerio Público Fiscal. Respecto a la remoción, me parece coherente el mecanismo propuesto que requiere dos tercios de los miembros del Senado”, agregó.

Mirta López, exjueza vocal de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, consideró respecto de la política criminal que “se ha perdido mucho tiempo en la persecución del delito infraganti, un tema que no se soluciona con más cárceles sino con menos desigualdad”.

También expuso Ricardo Rafael Toranzos, fiscal federal de la Unidad Fiscal Salya y vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), que preside Carlos Rívolo.

Toranzos coincidió con que “el Ministerio Público Fiscal es un cuarto poder o extrapoder con una independencia propia” y afirmó que “la necesidad de los dos tercios del Senado es importante y está relacionada también a la función que va a desarrollar el procurador”.

“Mantener la independencia y autonomía del procurador general es lo que ha llevado a la gran mayoría de los fiscales que han participado en los debates en nuestra asociación a sostener que los dos tercios son fundamentales para su designación”, insistió.

Por último, Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y docente de la UBA, advirtió que “actualmente el procurador y el defensor de la Nación son los únicos funcionarios unipersonales de carácter vitalicio, siendo este último aspecto de origen infraconstitucional”.

Por eso, Espina opinó que sería “atinado” un plazo de seis años, una de las variantes que analiza el oficialismo.

Continúa en el Senado el debate sobre la Ley del Ministerio Público

Con una nueva tanda de expositores, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales seguirá con el tratamiento de los proyectos de Lousteau y Crexell, impulsados por el oficialismo.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el oficialista Oscar Parrilli, continuará este martes con el tratamiento de los proyectos para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el propósito que se fijó el Frente de Todos en el Senado.

En una reunión virtual convocada para las 15, la comisión volverá a analizar, con la presencia de expositores, los proyectos presentados por Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), que el oficialismo decidió impulsar.

La reforma que se analiza consiste en acotar el mandato del procurador general, cargo que ocupa interinamente Eduardo Casal, así como también revisar las mayorías necesarias para la designación y remoción del jefe de los fiscales.

En esta oportunidad, fueron convocados a exponer Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y del Litoral e investigador de la UCA; y José Raúl Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exdiputado provincial.           

También fueron invitados Marcela Basterra, doctora en Derecho y magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos; y Mirta López, exjueza vocal de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

El listado termina con Ricardo Rafael Toranzos, fiscal federal de la Unidad Fiscal Salya y vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), que preside Carlos Rívolo; y Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y docente de la UBA.

En el Senado, especialistas se expresaron a favor de limitar el mandato del procurador

Tres abogados participaron de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde el oficialismo volvió a poner en debate los proyectos de dos opositores, Martín Lousteau y Lucila Crexell, para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Tres especialistas se expresaron este lunes a favor de limitar en el tiempo el mandato del procurador general -cuyo cargo es vitalicio-, al participar de una reunión virtual de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Oscar Parrilli (Frente de Todos).

El oficialismo volvió a poner en debate los proyectos de dos representantes de la oposición, Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y, entre otras modificaciones, fijar un plazo para el mandato del jefe de los fiscales.

Si bien tanto Lousteau como Crexell solicitaron retirar sus iniciativas, en la última sesión de la Cámara alta el oficialismo impuso su mayoría y votó en contra del retiro, tras lo cual insistió este lunes en el tratamiento de los proyectos, esta vez en una reunión informativa con la presencia de expertos.

Foto: Comunicación Senado

El primer disertante fue Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y docente de la UBA, sostuvo que “ya hay consensos muy grandes” respecto de limitar en el tiempo el mandato del procurador.

“Todos los países de América Latina que han pasado a sistemas acusatorios en los últimos veinte años abandonaron toda idea del carácter vitalicio del procurador, que es incompatible con la naturaleza institucional del Ministerio Público, que no es un órgano estrictamente judicial”, consideró.

Binder recordó que Santa Fe, Salta, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires “ya tienen procuradores con plazos determinados” y esto se basa en “la necesidad de renovar planes de persecución penal”, porque de lo contrario se entra en un “desgaste”.

“En aquellos casos donde no existe plazo, termina consolidándose una transferencia muy nociva hacia los entornos técnico-burocráticos que rodean a esos procuradores, generando graves distorsiones en todo el sistema político por las diferencias que hay en los enfoques político-criminales respecto del plan de gobierno”, opinó.

El especialista insistió en que “ponerle un plazo al procurador sería dar un salto de calidad enorme” y en ese marco explicó que existen dos modelos: plazos de cinco o seis años, o plazos más largos como los que se aplican en Chile (ocho años) o Uruguay (diez años).

Binder puntualizó que los plazos cortos buscan “acercar” al procurador con la gestión de turno, que es la que lo elige, y consideró que el modelo más “estable” es el de seis años: “Parece un plazo bastante razonable porque le permite (al procurador) estabilizar una política de persecución penal”.

Sin embargo, advirtió que “para que este modelo funcione bien, tiene que estar claro que al terminar el gobierno se va el procurador” y “vuelve al llano”.

El experto aclaró, de todos modos, que el problema es que el procurador trasciende al gobierno que lo eligió, lo cual puede generar experiencias “traumáticas” como la de Alejandra Gils Carbó, “objetada y bombardeada” desde la gestión de Mauricio Macri.

Para Binder, si se aplica el límite de seis años “es mejor conservar los dos tercios” como mayoría requerida en el Senado, y en cambio si son cuatro años “se puede relajar la mayoría”.

“Es bueno que el primer procurador del sistema acusatorio tenga un muy fuerte respaldo del Senado”, consideró, y añadió que “además de poner en marcha el sistema acusatorio, el próximo procurador tiene que encarar una deuda enorme e importante que tiene que ver con la relación entre la Justicia Federal y las justicias provinciales”.

Ante una consulta de Parrilli respecto de la edad del procurador, el especialista respondió que “no es bueno tener procuradores muy jóvenes”.

Por su parte, Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación, también remarcó la importancia del procurador en la implementación del sistema acusatorio. “Necesitamos imaginar un Ministerio Público ágil, protagónico, vinculado con la realidad. No se puede construir una política criminal sin estar vinculado con la realidad”, enfatizó el abogado.

Además, sugirió poner “menos adrenalina en remover al procurador y más adrenalina en controlar a ese procurador” en la Comisión Bicameral del Ministerio Público, y reforzó: “No hay que tenerle miedo a un Ministerio Público cercano al Poder Ejecutivo, que sea permeable a la realidad y que esté controlado”.

Sobre la cuestión del mandato, dijo que “no le parece mal” establecer un límite, y también se mostró de acuerdo en permitir una reelección, mientras que con respecto a la remoción pidió pensar en “un sistema parecido al del juicio político, en el seno del Senado”.

El último en exponer fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta, quien pidió poner el foco en la implementación “lo más rápida posible” del sistema acusatorio en lugar de hacer énfasis en la remoción o el límite del mandato del jefe de los fiscales.

“¿Quién va a pretender que una persona que maneja una estructura con tanto poder, como es el diseño del Ministerio Público Fiscal en un esquema acusatorio, pueda tener un cargo vitalicio? Es insostenible”, subrayó Erbetta.

El juez agregó que “si tenemos el límite de la periodicidad, el problema de las mayorías se relativiza”, y afirmó que “no hay nada peor que tener un procurador interino. Hay que tener un procurador legitimado, y aparte no podemos convertir una excepción en la regla”.

Erbetta coincidió con Rusconi en que “más que la mayoría, el problema es el control, y una forma de controlar es robustecer institucionalmente al Ministerio Público Fiscal, pero limitar las facultades de poder que pueda tener una sola persona” a través de la figura de “un procurador adjunto”.

En ese contexto, opinó que “cuatro años es un plazo muy corto” para el mandato, y coincidió con Binder en que “seis años es un plazo por demás adecuado”.

La pregunta incómoda de Lousteau

El senador de la UCR-Evolución le preguntó a Rusconi si comparte la opinión de Rafecas en contra de ser designado con mayoría simple.

“Como ya tenemos un caso, que es el del candidato propuesto por el presidente, si a usted lo propusieran y se elevara su pliego, ¿tendría también un reparo a la mayoría con la que fuera elegido?”, indagó Lousteau.

De inmediato, Parrilli intervino: “Debemos sacarle la incomodidad al doctor Rusconi. Lo liberamos de una respuesta tan hipotética, porque hoy hay un pliego…”.

Pero no hizo falta la aclaración, porque Rusconi ya tenía pensado no responder. “Por respeto al Poder Ejecutivo, que ya eligió un candidato a procurador, y por respeto al candidato que eligió, lo último que haría es responder esa pregunta”, dijo.

Para Mayans, “es necesario, conveniente y oportuno” tratar la reforma judicial

El titular de la bancada oficialista argumentó que el año próximo hay elecciones, y recordó que “el presidente fue claro en su campaña electoral cuando dijo que había un problema en la Justicia”.

El jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, consideró este miércoles al término del debate en comisiones que “es necesario, conveniente y oportuno” tratar la reforma judicial a pesar de la pandemia, ya que “el año que viene es año electoral”.

“El presidente fue claro en su campaña electoral cuando dijo que había un problema en la Justicia”, recordó Mayans al cierre del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, y agregó que “más de un 80% de la sociedad argentina no ve respuestas dignas por parte del Poder Judicial”.

“Estamos prácticamente a nueve meses del inicio del gobierno. Es necesario, es conveniente y es oportuno tratar este tema, porque el año que viene es año electoral, y si en este año no electoral un sector de la oposición tiene este comportamiento y busca destruir la imagen del presidente… cuando el presidente tiene una actuación que es impecable”, afirmó.

El formoseño destacó que “esta es una buena reforma, es el principio del camino que estamos haciendo para mejorar el servicio de Justicia”, ya que “el sistema inquisitivo es arcaico, injusto y no transparente, por eso marchamos hacia el sistema acusatorio en todo el país, que es más transparente, es oral, público, y ayuda a una mejor administración de Justicia”.

“Si queremos una democracia fuerte, no podemos ahorrar en Justicia”, cerró Mayans, antes de que el dictamen pasara a la firma.

El oficialismo firmó en soledad el dictamen de la reforma judicial, que recibió cambios

El proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión virtual. Juntos por el Cambio expresó un fuerte rechazo. El texto original recibió modificaciones.

Tras dos semanas de debate en comisiones, el oficialismo cumplió su cometido y se alzó con el dictamen favorable de la reforma judicial, que quedó lista para ser tratada en la próxima sesión virtual del Senado a pesar del ferviente rechazo de Juntos por el Cambio.

La iniciativa, que recibió algunas modificaciones pero mantuvo su espíritu original, obtuvo despacho en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales presidido por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos).

“Hemos escuchado absolutamente todas las voces”, destacó Sacnun, y recordó que se realizaron seis encuentros que totalizaron más de 21 horas de exposiciones, con la participación de más de medio centenar de invitados de todos los bloques y 29 documentos entregados a los senadores.

“Hemos llevado adelante una enorme tarea. Esta era una materia pendiente que teníamos con la sociedad. Con esta ley no solucionaremos las grandes dificultades de la Justicia Federal, pero es un paso muy importante. Se trata de invertir en Justicia”, consideró la santafesina del Frente de Todos.

Foto: Comunicación Senado

En cuanto a las modificaciones, señaló que finalmente no se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia, que era el problema que advertía el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, para “avanzar en la transparencia” de los sorteos de las causas, éstos serán registrados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad, y en otro orden, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas.

Asimismo, indicó Sacnun, las secretarías con competencia específica en derechos humanos conservarán esa competencia exclusiva, y por último se propondrá un régimen específico en materia penal juvenil.

En cuanto a la implementación del sistema acusatorio, uno de los temas más aludidos por los expositores, la senadora explicó que será la Comisión Bicameral del Código Procesal Penal “la que irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo Código”.

Tras enumerar las modificaciones, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales detalló que en base a estimaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en base a los nuevos cargos a crear, la reforma judicial tendrá un costo de 1.939 millones de pesos.

Al revelarse la cifra, el senador del Pro Esteban Bullrich volvió a cuestionar que el proyecto no haya tenido giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero no recibió respuesta.

Foto: Comunicación Senado

El debate

La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, destacó la mayor transparencia en los sorteos de las causas, ya que “hay jueces a los que siempre les tocan las causas de las mismas personas”, y sobre la sala que se creará para dirimir conflictos de competencia entre los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, consideró que “es una buena salida para ahorrar en gastos y en tiempos”.

Fernández Sagasti insistió en que la reforma es “una deuda de la democracia”, aunque aclaró que “no vamos a despertar de la noche a la mañana y ver que la Justicia sea lo que todos esperamos que sea”.

En tanto, advirtió que “la partidización de todo lo que pasa por el Congreso y oponerse por oponerse no es una actitud que los argentinos esperan de nosotros”, y lamentó que la oposición “no haya aportado ni una sola coma” para mejorar el proyecto.

Por el mismo bloque, Adolfo Rodríguez Saá coincidió en que el tratamiento de esta ley es “oportuno y urgente”, pero propuso incorporar plazos para dictar sentencias, empezando por la Corte, que “debería dar el ejemplo”.

Desde el Pro, Laura Rodríguez Machado preguntó si los “279 cargos” que se creaban en el proyecto original se mantienen. “Tenemos entendido que hay una negociación en curso con gobernadores donde se modificaría la cantidad de cargos y se distribuirían de otra manera”, dijo.

Oscar Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, resaltó que “se ha demostrado que esto no es una escribanía, que no venía a libro cerrado para ser aprobado” y que además “no hay impunidad ni intención de manipular los nombramientos”, sino que “este es el camino hacia la implementación del sistema acusatorio”.

Parrilli denunció que “aquellos que han venido dogmáticamente a oponerse, por la oposición en sí misma al Gobierno, han venido escudándose en el supuesto lugar de independientes, imparciales, constitucionalistas, y lo único que han hecho ha sido una alegación política sin fundamento”.

Foto: Comunicación Senado

Una de las más duras contra la iniciativa fue la radical Silvia Elías de Pérez, quien alertó que “lo que la gente necesita no está plasmado en este proyecto”. “No podemos hacer sugerencias o aportes porque el proyecto mismo va a contramano de lo que necesita la Argentina”, insistió.

La tucumana sostuvo que el proyecto forma parte de un “combo” del que también forman parte los intentos por apartar al procurador general Eduardo Casal y la revisión de traslados de jueces desoyendo un fallo judicial.

Elías de Pérez definió a la iniciativa como una “intervención de la Justicia” y advirtió que en algunos puntos es inconstitucional, por ejemplo, en “cómo van a llenar los 23 nuevos juzgados” que se crean. Además, dijo que los 1.939 millones de pesos que costaría la reforma podrían haberse destinado a “la verdadera implementación” del Código Procesal Penal.

Otra senadora de la UCR, Silvia Giacoppo, respondió a las acusaciones que recaen sobre la gestión anterior por haber suspendido por decreto la aplicación del Código en 2016. “Es verdad, lo suspendimos por decreto, pero fue porque la propia comisión bicameral de implementación y el Consejo de la Magistratura”, además del gremio judicial, “reconocieron que no estaban dadas las condiciones”.

Giacoppo además apuntó contra el sistema de subrogancias, que vinculó a una intención de “designar a dedo los jueces de Comodoro Py, que ahora se están triplicando”, y por último advirtió que el proyecto “es violatorio y va en contra de todo lo que la sociedad pide” en cuanto al “delito y la inseguridad cotidiana”.

Foto: Comunicación Senado

Desde el bloque oficialista, Martín Doñate aseveró que “lo que estamos haciendo es cumplir con la palabra empeñada. A pesar de la pandemia y a pesar de haber encontrado un país mucho más difícil del que preveíamos, no aflojamos en nuestros objetivos. La pandemia no es un obstáculo para el debate parlamentario”.

Doñate, respondió a las acusaciones de Juntos por el Cambio como titular de la Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público: “Lo único que hizo la comisión fue abrir sus puertas a escuchar a organizaciones, fiscales y a todos quienes tuvieran algo para decir sobre el funcionamiento del Ministerio Público, porque ese es el rol de la comisión. Nadie le ha pedido la renuncia a nadie”.

Además, recordó que “una de las primeras cosas que hizo (Mauricio) Macri fue pedirle públicamente la renuncia a la procuradora (Alejandra) Gils Carbó”.

Al cierre del debate, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió que la reforma judicial “carece de sentido común desde lo político” y pidió al Gobierno que escuche los reclamos de la movilización del último lunes.

“Cuando se discuten recursos y prioridades en situaciones terminales, siempre la prioridad tiene que orientarse a las demandas sociales insatisfechas. Una cosa es reformar la Justicia en beneficio de los ciudadanos, y otra cosa es reformar la Justicia en función de los intereses de la política”, analizó.

Naidenoff sugirió: “No miren tanto a Juntos por el Cambio: miren para adentro y escuchen la demanda de la sociedad de gobernar bien”.

Por último, el formoseño lamentó: “Lo que quedó demostrado en estos 15 días es que ustedes avanzan en soledad. No escucharon a la sociedad y tampoco a los partidos políticos. Esta es la foto de la reforma de la Justicia penal que firma el oficialismo en absoluta soledad”.

Al cierre de la discusión, el titular del bloque del Frente de Todos, José Mayans, consideró que “es necesario, conveniente y oportuno” tratar este tema y recordó que “el presidente fue claro en su campaña electoral cuando dijo que había un problema en la Justicia”.

“Estamos prácticamente a nueve meses del inicio del gobierno. Es necesario, es conveniente y es oportuno tratar este tema, porque el año que viene es año electoral, y si en este año no electoral un sector de la oposición tiene este comportamiento y busca destruir la imagen del presidente… cuando el presidente tiene una actuación que es impecable”, afirmó.

Tras un nueva ronda de expositores, senadores analizarán este miércoles las modificaciones al proyecto de reforma judicial

Luego de la marcha en la que se reclamó el retiro del proyecto, el plenario de comisiones avanzó con una nueva reunión informativa. Este martes, a las 16, se debatirán los cambios al texto oficial.

Luego de la movilización en distintos puntos del país donde se reclamó dar marcha atrás con la reforma judicial, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado realizaron una nueva reunión informativa con expositores de cara a la firma del dictamen.

La jornada se extendió durante cinco horas y, en el cierre, la oficialista María de los Ángeles Sacnun -presidenta de Asuntos Constitucionales- informó que se pasaba a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 16, cuando se analizarán las modificaciones al texto oficial.

Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, consideró que “este proyecto no es una reforma” sino que “la verdadera reforma comenzó en 2014 con la sanción del Código Procesal Penal”, y además la iniciativa “no cambia la situación de las causas en trámite”.

“Entiendo que se trata de solucionar la acumulación de poder en pocas manos, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, y ahí está el nudo de la cuestión. Desde ese punto de vista, no es inconstitucional”, observó, y agregó que “no alcanza con sancionar a los magistrados, sino que lo que hay que cambiar es el sistema que genera esto”.

De Luca aclaró que “el sistema acusatorio no consiste en nombrar más fiscales, sino en un cambio de estructura. Lo que sí se puede hacer es quitarle funciones económicas y administrativas a los jueces nacionales y federales”.

En cuanto al traspaso de la Justicia Penal a la CABA, advirtió que “los jueces nacionales no pueden ser cesados en su cargo porque así lo establece el artículo 115 de la Constitución Nacional, y una transferencia a otra jurisdicción implicaría un cese no previsto en el cargo”.

“Una cosa es transferir competencias y otra es transferir a los jueces, que es lo que no se puede hacer”, sentenció.

Foto: Comunicación Senado

A continuación, Lucila Larrandart, docente de la UBA y exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, señaló que “la puesta en vigencia del Código Procesal Penal es importante pero no es fundamental”.

“Aunque cambie la investigación del juez a manos del fiscal, nada va a cambiar mientras el sistema judicial produzca jueces como (Claudio) Bonadio o fiscales como (Carlos) Stornelli”, lanzó.

Larrandart consideró que “una de las cuestiones fundamentales es el sistema de selección de los jueces y la doctrina de las consecuencias”, por la cual “aquel que no aplicó la Constitución debe ser removido”.

En tanto, indicó que “va a ser importante la tarea del Consejo Consultivo” que asesorará al Gobierno, y como propuestas sugirió modificar la composición del Consejo de la Magistratura, revisar la figura del arrepentido y la denominada “doctrina Irurzun” sobre prisiones preventivas.

Por su parte, Miguel Caminos, exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 dijo compartir el pronunciamiento de la Cámara del Crimen y advirtió que “este proyecto debilita a una Justicia que ya está mermada por la cantidad de vacantes”.

Sobre el polémico sistema de subrogancias, alertó que se aplicarían “para cargos nuevos” cuando en realidad “subrogar significa suplantar, pero no en un cargo que recién se inicia”.

Caminos sostuvo que “la superabundancia de jueces conspira” contra la aplicación del sistema acusatorio, que requiere “más fiscales”, aunque aclaró que ese sistema “no resuelve la independencia de la Justicia”.

Luego fue el turno de Alejandro Gullé, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien coincidió con De Luca en que “esto no es una reforma”. “Estamos tratando de solucionar un problema tangible, que existe y es evidente, pero esto no es una reforma. La reforma comenzó con el Código Procesal Penal”, insistió.

Gullé opinó que “hay que ir cuanto antes” hacia el sistema acusatorio porque, entre otras cosas, “ayuda muchísimo a frenar excesos”, pero este sistema está demorado por “una gran oposición de jueces que sienten que pierden poder y algunos hasta tienen un coto de caza”.

En ese sentido, reclamó una “reforma integral, de fondo, y no de término medio”, y “poner el acento donde hay que ponerlo”. “No vamos a tener qué hacer con todos esos jueces”, cuestionó, sobre los cargos que se crean en el proyecto.

En respuesta a los planteos de De Luca y Gullé, el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos) coincidió en que “la verdadera reforma” es la puesta en marcha del Código sancionado durante el kirchnerismo.

“Estaba previsto que en dos años se llevara a cabo, pero la gestión del presidente (Mauricio) Macri, por decreto, suspendió la aplicación por supuestos problemas presupuestarios y durante cuatro años no hizo nada”, lamentó.

“Somos conscientes de que la gran reforma va por el lado de la aplicación del Código Procesal Penal. No pretendemos hacer una gran reforma”, repitió Parrilli, y aclaró que el título del proyecto es “Organización y Competencia de la Justicia Federal”.

plenario comisiones reforma judicial 18 agosto 2020
Fotos: Comunicación Senado

A su turno, Ricardo Rojas, juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°18 de la Capital Federal, alertó que “poner la justicia en manos de jueces que pueden ser cambiados en cualquier momento, es un peligro”, al responder a una consulta de la senadora macrista Laura Rodríguez Machado.

La cordobesa le consultó al magistrado si consideraba que el proyecto de ley tenía “alguna semejanza” con las reformas judiciales impuestas en Perú y Venezuela. En esa línea, Rojas analizó que “son dos ejemplos de gobiernos que tenían signos políticos e ideológicos muy diferentes pero que en el fondo hicieron lo mismo”.

“Hay siempre un peligro latente de que un gobierno se vuelva autoritario, con esto no quiere decir que este proyecto conduzca hacia el autoritarismo, pero el peligro existe siempre”, resaltó y ahondó: “Más allá de que tal vez no sea necesario nombrar 23 jueces, está el peligro de que esos jueces que tendrán que investigar causas muy delicadas vinculadas con corrupción, narcotráfico, terrorismo, delitos contra la administración pública, puedan ser manipulados en el futuro de una manera muy sencilla, a través de sacarle el carácter de jueces subrogantes”.

Crítico de la iniciativa, Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que “no se puede descontextualizar este proyecto con el decreto que dispone un Consejo Consultivo; las dos cosas al mismo tiempo no contribuyen a generar consensos”.

“¿Por qué no se creó una comisión en todo caso para estudiar esta reforma?”, se preguntó y enfatizó que “no se trata de pequeños retoques que hay que hacerle” al texto. “El proyecto solo consiste en un aumento de órganos judiciales” y “carece de una base empírica”, continuó, para asegurar que “merece ser reconsiderado en su totalidad”.

Al ser consultado por la senadora Rodríguez Machado por su opinión sobre que en “la nueva modalidad para designar a estos nuevos jueces el único requerimiento es un examen público”, el titular del Colegio de Abogados de la Ciudad advirtió que “eliminar la prueba escrita no contribuye y es muy riesgoso. Debemos hacer un proceso de selección que cumpla con todos los estándares para que los mejores jueces lleguen a la Magistratura”.

Por el Colectivo Nacional de Abogadas y Abogados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad, Mario Bosch manifestó la “preocupación” por “el traslado de la secretaría de derechos humanos de algunos juzgados de algunas provincias a los juzgados nuevos que se van a crear, con lo cual se desarma y se desarticula la instrucción y la investigación de toda la enorme cantidad de causas que están pendientes”, por lo cual pidió una modificación al artículo 59, para que “esas secretarías permanezcan en los juzgados que instruyen las causas por delitos de lesa humanidad”.

También propuso agregados al artículo sobre las reglas de actuación de los jueces y juezas, para que se establezca que “cuando a un tribunal federal oral lleguen causas por delitos de lesa humanidad, éstas tengan tratamiento prioritario” y “que las audiencias de debate de los juicios orales por delitos de lesa humanidad se hagan al menos tres veces por semana”.

Además expusieron este martes Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista; Carlos Rozanski, exjuez federal; Hugo Blasco, de la Federación Judicial Argentina; Emilio Porras Hernández, procurador general adjunto de la provincia de Chubut; Carlos Seijas, defensor oficial en el Ministerio Público de la Defensa; Ernesto Marcer; exsubsecretario en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal; Ariel Gustavo Coll, ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa; Héctor Chayer, especialista en gestión y organización judicial; y Jorge Auat, abogado y exfiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Con nuevos invitados, continúa el debate sobre la reforma judicial en el Senado

Tras la marcha en la que se reclamó el retiro del proyecto, el plenario de comisiones avanzará este martes con una nueva reunión informativa. Expondrán Barcesat y Rozanski, entre otros.

Tras la movilización en distintos puntos del país donde se reclamó dar marcha atrás con la reforma judicial, el plenario de comisiones del Senado que analiza el proyecto del Poder Ejecutivo realizará este martes una nueva reunión informativa con 15 expositores, de cara a la firma del dictamen.

A partir de las 13, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales escucharán a los invitados por videoconferencia en una de las últimas audiencias públicas, mientras el oficialismo analiza si acepta cambios al proyecto original.

Sobre la reforma judicial opinarán este martes el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat; el abogado y excamarista Carlos Rozanski; el presidente del Colegio de Abogados porteño, Máximo Fonrouge; y el abogado Jorge Auat, exfiscal miembro de Justicia Legítima.

También participarán Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal; Lucila Larrandart, docente de la UBA y exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal; Miguel Caminos, exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3; y Alejandro Guillé, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

La lista continúa con Hugo Blasco, de la Federación Judicial Argentina; Emilio Porras Hernández, procurador general adjunto de Chubut; Carlos Seijas, defensor oficial; Ricardo Rojas, juez de Cámara del Tribunal en lo Criminal Nro. 18; Ricardo Peirano, fiscal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal; Héctor Chayer, especialista en gestión y organización judicial; y representantes del colectivo Mario Bosch, que reúne a letrados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad.

Garrigós de Rébori aseguró que la incorporación de 23 jueces de primera instancia implicará el “0,1% del Presupuesto”

Al exponer sobre el proyecto de reforma judicial, la interventora del Servicio Penitenciario Federal dijo que “las cifras fabulosas que se están esgrimiendo mediáticamente no tienen ningún sentido”. También señaló que “los fueros van a contar con todos los recursos que hoy disponen y aún mejor distribuidos”.

Al exponer este miércoles ante un plenario de comisiones del Senado, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, aseguró que la incorporación de 23 jueces de primera instancia implicará el “0,1% del Presupuesto” y rechazó las “cifras fabulosas” difundidas en los medios sobre el costo de la reforma judicial impulsada por el Gobierno.

“Estos jueces sólo significarán una erogación de un 30% más de lo que hoy se gasta en pago esos sueldos. Es decir, es un 0,1% del presupuesto acordado dentro del Presupuesto Nacional al Poder Judicial”, señaló.

Y agregó que “las cifras fabulosas que se están esgrimiendo mediáticamente no tienen ningún sentido” porque “se van a usar las mismas computadoras, los mismos escritorios, los mismos empleados, los mismos secretarios y apenas un 30% más del sueldo de 23 jueces”.

Al momento de las preguntas, la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) resaltó que Garrigós de Rébori había manifestado “un monto presupuestario que nosotros desde el interbloque no hemos logrado obtener”. “¿Ese dato es validado oficialmente por parte del Poder Ejecutivo? ¿O es un número que usted interpreta?”, le preguntó.

“Yo lo interpreto a partir de que estos 23 jueces que elijan hacerse cargo de los 23 juzgados, durante dos años hasta que se completen los concursos, van a cobrar un 30 por ciento más de su sueldo que es lo que se paga por subrogar otro tribunal”, respondió la fundadora de Justicia Legítima.

“Entonces no tenemos el costo presupuestario de la modificación”, cerró Rodríguez Machado, sobre una de las cuestiones criticadas por la oposición. Intervino entonces la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (FdT), que recordó: “Quedamos en la primera reunión de comisión, donde asistió la ministra (de Justicia, Marcela Losardo) que nos van a remitir desde el Ministerio una aproximación. Igual, como esto es gradual, obviamente que habrá que tener una evaluación global y luego por etapas”.

Durante su exposición, Garrigós de Rébori celebró “la oportunidad de traer el sistema acusatorio al sistema federal de justicia” que “rige en todas las provincias y en todos los países de América Latina”, con lo cual “nuestro sistema federal es el más atrasado de toda la región”.

“Cuando hablamos de recursos hay que pensar que se va a contar con los recursos humanos que ya tiene el Poder Judicial, porque esta reforma prevé el desdoblamiento de juzgados que tienen dos secretarías”, indicó la abogada.

Además, la excamarista insistió que “no estamos evaluando esto como un gasto, no estamos evaluando esto como una escasez, ya contamos con todos estos recursos”.

Sobre la unificación de los fueros Contencioso Administrativo y Civil y Comercial, destacó que “originalmennte eran un solo fuero, nacieron juntos, tienen el mismo código de fondo, el mismo código procesal y la misma ley administrativa”. “En los juzgados federales que funcionan en las provincias argentinas funcionan en el mismo juzgado bajo el mismo juez”, añadió.

“Las discusiones sobre estas modificaciones no tienen mucho sentido, sobre todo porque no es que le estamos restándole recursos a un fuero en perjuicio del otro”, opinó y subrayó que “los fueros van a contar con todos los recursos que hoy disponen y aún mejor distribuidos”.

Para la interventora del Servicio Penitenciario Federal, con la incorporación de más magistrados se permitirá que “los jueces estén más visibilizados, que su actividad esté más expuesta y, al estar un juez arriba de cada secretaría, van a tener mayor contacto directo con la actividad que estén llevado adelante. Esto va a acelerar los tiempos judiciales”. “Creemos que podemos recuperar la credibilidad si mejoramos los tiempos judiciales”, agregó.

Garrigós de Rébori, Lugones, Piumato y Sabsay expondrán este miércoles sobre la reforma judicial

La interventora del Servicio Penitenciario Federal, el titular del Consejo de la Magistratura, el sindicalista judicial y el constitucionalista serán algunos de los participantes del plenario de comisiones.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado llevarán adelante este miércoles una nueva jornada de debate sobre la reforma judicial, con la participación de 16 expositores, entre funcionarios, sindicalistas y especialistas.

Si bien las reuniones informativas se realizan los martes y jueves, ante la posibilidad de que el Senado sesione este jueves, el plenario de comisiones presidido por María de los Ángeles Sacnun acordó adelantar el próximo encuentro para este miércoles.

Fueron convocados para esta oportunidad María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal y fundadora de Justicia Legítima; Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; y el abogado constitucionalista Daniel Sabsay.

También participarán el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), José Luis Lassalle; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Ariel Ariza; y el presidente del Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Rolero Santurián.

La lista de invitados continúa con el exprocurador del Tesoro Carlos Balbín; la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta; la camarista Magdalena Laiño Dondiz; el juez Aníbal Segura; y el secretario general adjunto del gremio de judiciales en la Ciudad, Juan Manuel Rotta Escalante.

Completan la nómina de disertantes serán María Ureña Ruso, de SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales); el camarista Omar Minatta; la académica María Gattinoni de Mujía; y Sebastián Pilo, de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

Con voces a favor y en contra, avanzó el debate sobre la reforma judicial

La ministra Gómez Alcorta, el fiscal Rívolo y los abogados Fargosi y Gil Domínguez fueron algunos de los expositores de la jornada de este martes en el plenario de comisiones del Senado.

El debate sobre la reforma judicial en el Senado tuvo este martes su tercera reunión informativa en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, donde funcionarios y especialistas expusieron sobre el proyecto del Poder Ejecutivo, con opiniones a favor y en contra.

La primera en exponer fue la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien sostuvo que “hay que introducir profundas modificaciones a la Justicia Federal”, pero advirtió que la iniciativa oficial “tiene algunos problemas”, y se refirió a las dificultades para implementar el sistema acusatorio con el diseño propuesto.

Martínez consideró que podrían haberse tomado “modelos muy virtuosos” como los de Chubut, Neuquén, Entre Ríos o Río Negro, provincias donde ya se aplica ese sistema, que le da prevalencia a los fiscales.

La defensora general cuestionó que “se crea una cantidad muy grande de juzgados (46) y nada más que 14 defensorías”. “El sistema acusatorio, con este déficit, no puede funcionar”, insistió, y pidió “adecuar los números” de cargos que se crean.

En tanto, opinó que “lo único positivo” será que en los concursos “quizá se resuelva el tema de la paridad de género”, dado que el fuero federal “es uno de los que peor está” en ese sentido, siendo en un principio María Romilda Servini la única mujer y habiendo solo dos en la actualidad.

Foto: Comunicación Senado

Por su parte, el fiscal federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Carlos Rívolo fue muy duro y consideró que “este proyecto pone en riesgo la verdadera reforma del sistema federal que los fiscales impulsamos” con “la instalación definitiva del sistema acusatorio”.

Según Rívolo, “del proyecto no se desprende un análisis cuantitativo y cualitativo que permita determinar si la cantidad de fiscalías asignada en cada provincia es la correcta”, según parámetros como la cantidad de habitantes y de delitos.

El fiscal puso como ejemplo que en la CABA hay actualmente “46 juzgados y 35 fiscalías”, mientras que en la provincia de Buenos Aires, que tiene mayor número de habitantes, “hay 27 juzgados y 19 fiscalías”.

“No se comprende la instalación de juzgados a la vieja usanza cuando debería irse a un colegio de jueces, como se prevé en los sistemas acusatorios”, opinó, e insistió en que se propone “una superpoblación de jueces”.

Paula Livachky, directora ejecutiva del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), aseguró que “lo que se necesita es trabajar sobre la lógica del funcionamiento del fuero federal penal, y para modificarla, este proyecto sigue centrado en una lógica de creación de juzgados y fiscalías que implica una mirada contraria al avance y la implementación del sistema acusatorio tal como se aprobó en la reforma del Código Procesal Penal en 2015”.

La especialista coincidió en que “es necesario que este proyecto tenga algunas modificaciones” para poner en marcha el sistema acusatorio. “No entendemos que se esté planteando la impunidad para nadie, sino que nuestras críticas y observaciones van con la necesidad de cambiar el modelo de funcionamiento de la Justicia Federal en la CABA”, aclaró.

Para Livachky, el sistema “no puede estar basado en la creación de juzgados”, ya que “en general los procesos de reforma son motorizados por el Ministerio Público Fiscal” y en ese sentido hay una “desproporción” entre la cantidad de juzgados creados y la de fiscalías y defensorías.

Además, observó que el sistema inquisitivo, anterior al acusatorio, “tal como vino funcionando, mostró que la hoguera no es una metáfora: mostró detenciones arbitrarias, la imposibilidad de que las defensas hagan su trabajo y el uso de arrepentidos como moneda corriente. Esa es la lógica que hay que cambiar”.

A su turno, el abogado Alejandro Fargosi criticó el proyecto, al sostener que “el problema no es la cantidad de jueces, sino la calidad de los jueces”, y en ese sentido pidió ajustar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo que integró entre 2010 y 2014.

“Si el fundamento de la reforma es el letargo y la politización de la Justicia Federal, lo que hay que hacer no es nombrar más jueces, sino juzgar y remover a los responsables. No debe multiplicarse el problema de los jueces que cumplen mal con su trabajo, sino aplicarles lo que dispone la Constitución y la ley”, consideró.

Además, precisó que “de un total de 988 cargos de jueces, hay vacantes en 291 -casi la tercera parte-, de los cuales 153 tienen ternas en manos del Poder Ejecutivo desde hace siete meses, que podrían perfectamente ser enviadas al Senado para obtener acuerdo y cubrir esas vacantes”.

“El problema no es la cantidad de jueces; el problema es la calidad de los jueces”, algo que “se puede solucionar a través del funcionamiento pleno del Consejo de la Magistratura en lo que hace a sacar del sistema a los jueces que no merecen serlo”, afirmó Fargosi.

A continuación expuso la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien destacó la perspectiva de género en el proyecto de reforma judicial en lo que hace a la selección de jueces y magistrados, y advirtió sobre la baja cantidad de mujeres en la administración de Justicia.

En ese sentido, Gómez Alcorta advirtió que “los procesos de selección están fuertemente sesgados en función de género y no permiten el acceso a los cargos en igualdad de condiciones”, lo que produce como resultado que “las sentencias desconocen derechos fundamentales de las mujeres y diversidades”.

La ministra informó que en los juzgados federales de todo el país los titulares son en un 79% varones, y solo un 21% son mujeres, y aportó otros datos: dijo que en la Cámara Federal de La Plata “hay 20 jueces varones y ni una sola jueza mujer”, y que en Salta “hay 11 fiscales varones y ni una sola mujer”.

“Esta información nos demuestra la existencia de barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de mujeres en los espacios de decisión”, señaló, y definió esta situación como un “techo de cristal”.

Otro de los disertantes en la reunión conjunta fue Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y miembro del consejo consultivo que asesorará al Gobierno, quien sostuvo que la reforma de la Justicia Penal federal con asiento en la CABA tiene “aspectos positivos y negativos”.

Entre los puntos positivos, mencionó la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y el Penal Económico, así como la creación de fiscalías y defensorías, pero consideró perjudicial la creación de nuevos tribunales y juzgados. “Los mecanismos de subrogación deben ser excepcionales y la sociedad está agotada sobre este tema”, dijo.

También consideró negativo que “no se establece un mecanismo de procedimiento para dar una respuesta adecuada a aquellos magistrados que no deseen pasar voluntariamente al fuero penal de la CABA o que con motivo de su cargo no puedan ser transferidos”.

Por otra parte, elogió la creación de juzgados en el interior del país y consideró que se trata de “la consolidación de una política de Estado iniciada con el programa Justicia 2020”.

Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del espacio Gente de Derecho, consideró que “por buena que sea la reforma, si sus ejecutores finales” no demuestran “independencia, criterio y valor, la reforma va a fracasar”.

“Hasta la mejor partitura de la historia universal sonaría muy mal si en vez de ser interpretada por la Filarmónica de Viena lo hiciera una orquesta de jueces federales”, ironizó.

Rizzo afirmó que la reforma “tiene que tender a la recuperación de la credibilidad del Poder Judicial” y pidió un “mejoramiento de los procedimientos para lograr brevedad y abaratamiento, para que esto redunde en beneficio de la gente”.

En cuanto a la creación de nuevos juzgados, sostuvo que “no es conveniente que sea la Cámara Nacional de Casación en lugar de la Cámara Federal de Casación la que proponga los subrogantes”, y aseveró que en el caso de los traslados, si falta el acuerdo del Senado, “necesariamente hay que concursar”.

También aseguró que el proyecto contiene “interrogantes no develados”, como “qué ocurriría si no hay 23 postulantes para ocupar los nuevos cargos” y “qué ocurriría con los jueces nacionales en lo Criminal si no optan por pasar a la Ciudad ni tampoco concursar para nuevos cargos”.

En tanto, advirtió que “el traspaso de la Justicia Nacional a la esfera de la CABA no mejorará la situación de los justiciables, generará clientelismo y dependencia de los jueces que actúen en dicha competencia”, a lo que agregó una “más que vidriosa constitucionalidad”.

Stella Maris Martínez advirtió que el sistema acusatorio no se podrá aplicar con la reforma judicial

La defensora general de la Nación advirtió que el proyecto “tiene algunos problemas” y pidió “adecuar los números” de juzgados, fiscalías y defensorías que se crean.

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que “hay que introducir profundas modificaciones a la Justicia Federal”, pero advirtió que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo “tiene algunos problemas”, y se refirió a las dificultades para implementar el sistema acusatorio con el diseño propuesto.

Así se expresó la funcionaria al abrir este martes la ronda de exposiciones en el plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado.

“Tengo la profunda convicción de que la reforma al sistema federal debe hacerse, es muy necesaria y muy urgente”, afirmó Martínez, pero señaló que la propuesta oficial “es un modelo antiguo”.

“Entiendo que la aplicación pura y dura del sistema acusatorio hubiera implicado disolver juzgados federales, disolver cámaras y crear colegios de jueces, y por un problema de oportunidad no puede hacerse”, indicó, aunque consideró que podrían haberse tomado “modelos muy virtuosos” como los de Chubut, Neuquén, Entre Ríos o Río Negro, provincias donde ya se aplica el sistema acusatorio.

“Me parece que habría que adecuar los números. Por ejemplo, en Chubut hay un 53% de fiscales, un 31% de defensores y solo un 16% de jueces; toda vez que los jueces son jueces de garantías, no de instrucción, y por ende tienen menos trabajo”, explicó.

Foto: Comunicación Senado

La defensora general cuestionó que “se crea una cantidad muy grande de juzgados (46) y nada más que 14 defensorías”. “El sistema acusatorio, con este déficit, no puede funcionar”, insistió.

En tanto, opinó que “lo único positivo” será que en los concursos “quizá se resuelva el tema de la paridad de género”, dado que el fuero federal “es uno de los que peor está” en ese sentido, siendo en un principio María Romilda Servini la única mujer y habiendo solo dos en la actualidad.

En cuanto a la creación de “94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorías” en el interior del país, sostuvo que “esta proporción el sistema no la va a tolerar”. “Hay que volver a mirar el mapa; no dividir en los lugares donde no es necesario; reforzar más lo penal en juzgados como el de Orán; y reforzar más las fiscalías”, enumeró.

Ante una consulta de Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Martínez consideró que “no es un incremento presupuestario mayúsculo” el que habrá que ejecutar para implementar la ley, y agregó que “es una inversión que merece ser hecha”.

En el caso de la Defensoría General, describió que “ediliciamente se necesitan recursos”, aunque “de empleados no tanto”, y de cara a la implementación del sistema acusatorio, dijo que requieren “un incremento y una mejora en la infraestructura informática”.