“La Argentina en su último período extenso del 83 a la fecha funcionó efectivamente como un bipartidismo colaborativo. Esto significa que lo hizo como en otros países, por lo menos hasta hace 7 u 8 años”, señaló el diputado nacional de Encuentro Federal Nicolás Massot, que aclaró que “está de antemano sobreentendido que el rol de la oposición no significa rechazo absoluto de todas las medidas”.

En su intervención durante el debate sobre “Cómo impactará la nueva política en la Agenda 2025”, el legislador bonaerense planteó que en la última gran reforma del Estado, “con todos los defectos y falta de transparencia que había, el Congreso la verdad que fue un modelo… Porque teniendo la  misma ley vigente que tiene el Gobierno hoy, no se decidió librar una batalla dialéctica o en las redes y los medios respecto de qué significancia tenía cada empresa del Estado, o directamente amenazar con privatizar por decreto, que es la mejor manera de regalar los activos argentinos, porque cualquier endeblez significa una tasa de descuento que probablemente sea muy grande”.

Según Massot, “ahí hubo un gobierno que entendía que estaba en un bipartidismo, pero que no era antagónico. Con determinada predisposición de ambas partes, podía ocurrir lo que efectivamente ocurrió”.

En otro pasaje sostuvo que “la Argentina en los últimos 25 años –y creo que va a continuar de esta manera- fue gobernada por un bifrentismo no colaborativo. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver más con el Gobierno que con los partidos: es inaudito, es inexplicable que un régimen de inversiones a 30 años como el RIGI el gobierno  haya renunciado de antemano a acordarlo con el principal partido de la oposición”.

“Es como pegarle un tiro antes que nazca”, lamentó Massot, convencido de que todas las sospechas y denuncias que hubo sobre la votación “no le quita legalidad” a lo aprobado, pero “le quita legitimidad, que es mucho más importante que la legalidad”.

En ese contexto lamentó que estemos en un sistema de “un bipartidismo, o bifrentismo que no colabora, que de antemano antagoniza, que se define como opositor no a las ideas, sino a las personas”. Y aclaró al respecto que eso sucede de los dos lados, pues del otro abundan definiciones del tipo de que “no se puede votar nada con el Gobierno”.

Ahí habló en primera persona, justificando el accionar de los que se autoperciben dialoguistas: “Nosotros hacemos un esfuerzo de tratar de ser opositores en términos de no pertenecer al Gobierno, y tratar de ser lo más pragmáticos posible en el abordaje de las ideas, de los  proyectos, y no de quién vienen”.

Eso a su juicio no está valorado electoralmente. “No creo que lo esté en esta elección, probablemente no lo esté por mucho tiempo… Creemos, a la luz de lo que ocurrió el año pasado, sobre todo, que vale la pena –admitió-. Aunque no coseche muchas voluntades en las elecciones, creemos que vale la pena”.

“Hoy vemos cómo el Gobierno, con poca cintura a mi entender, pero con mucha decisión, intenta nuclear al mayor número posible de integrantes del no peronismo con una manera mucho más frontal o violenta de lo que lo pudo hacer en su momento el ex presidente Macri, pero vuelve a lo mismo. Entonces acá la pregunta es cómo hace uno para proyectar a largo plazo decisiones que no tienen los plazos de la política, de los gobiernos, son plazos mucho más largos, cómo se hace en un bipartidismo que no colabora”, se preguntó.

Para Massot, “es una anomalía que en la Argentina se está volviendo cada vez más frecuente, que los gobiernos decidan activamente renunciar a las mayorías para blindar minorías. Es un abuso del hiperpresidencialismo”.

Massot recordó que durante los cuatro años de la gestión Cambiemos presidió un bloque, el del Pro. “Me arrepiento de varias cosas”, reconoció, e hizo hincapié en algo que atribuyó a la mayoría de los parlamentarios: la de entregar el poder parlamentario. “La de pensar que el Congreso era una extensión de la discusión partidaria o de la dicotomía que generaba el oficialismo y la oposición”.

El legislador dijo suponer que “eso puede tener que ver con las listas sábana, en el sentido que hay muchos de los líderes que son los que tienen el poder real y están fuera del Congreso, y debaten fuera del Congreso. Y el Congreso termina siendo una arena donde se proyectan y por ahí eso podría cambiar cuando te sentís realmente dueño de tus votos y tenés un precio a pagar”.

“Pero en la Argentina los poderes se han desbalanceado fuertemente”, reconoció, y advirtió que “hoy vienen funcionarios de tercera o cuarta línea a las comisiones del Congreso a amedrentar a los diputados con el dedito levantado, como si ellos tuvieran alguna cuota de la legitimidad que puede haber en el Congreso. O frente a posibles interpelaciones, los funcionarios de antemano diciendo ‘nosotros no vamos a ir’. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría en cualquier otro país?”, se preguntó.

Sobre el final, dijo en tono de autocrítica que desde Cambiemos debían reflexionar sobre “el daño que hemos hecho al proponer los jueces en comisión. Y yo en ese momento lo banqué, pensé que valía la pena. No ví que después podía venir un proceso mucho más totalitario que no lo tomara solamente para la coyuntura. Que lo tomara directamente como una decisión. Que fuera un capricho y empezase a instaurarse casi una institución de hecho de algo que viola una institución de derecho”.

Para Massot hay dos problemas estructurales que la política debe resolver: “Tenemos un sistema de partidos que no colabora, y no se puede colaborar si solamente somos dos. Y tenemos un esquema de poderes absolutamente desbalanceado, donde el poder menos mencionado de todos, el Judicial, se ha transformado en una nueva oligarquía”.

Y en ese sentido consideró que uno de los grandes errores de la Constitución reformada fue “corporativizar el Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura y alejarlo de todo tipo de control ciudadano, porque ese balance es el que más nos va a costar resolver, y yo creo que está detrás de la mayor cuota de responsabilidad de los fracasos en muchos sentidos”.

Legisladores del bloque de Unión por la Patria celebraron la medida cautelar que dictó este martes la justicia para suspender el decreto con el que el presidente Javier Milei transformaba al Banco Nación en Sociedad Anónima. La decisión fue tomada por el juez K Alejo Ramos Padilla.

En la resolución el juez dispuso "como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU 116/25 y ORDENAR al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación".

Además, el juez requirió "a las autoridades públicas demandadas que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025".

La medida surge luego de que el Gobierno estableció la conversión del Banco Nación en el Decreto 116/2025, publicado en el Boletín Oficial el pasado 20 de febrero con las firmas de Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En un escrito de 15 páginas, Ramos Padilla precisó en los considerandos que "la presente causa fue iniciada el 11/6/2024 y su objeto fue que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA nº 348 así como de todo acto que tenga por objeto avanzar con la privatización de esa entidad bancaria".

RESO BNA_

"Por resolución dictada el 25/9/2024 se resolvió: DECLARAR que el DNU 70/23 y la resolución 348 del Directorio del B.N.A. no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria, que solo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional; y en consecuencia ABSTRACTA la cuestión suscitada entre las partes por los fundamentos expresados", puntualizó.

Al respecto se pronunció el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo vía redes: "Celebramos el fallo del Juez Alejo Ramos Padilla del Juzgado Federal de La Plata quien acaba de suspender el decreto Nro 116/25 que transformaba el Banco Nación en Sociedad Anónima".

Como dijimos ayer en nuestro proyecto de resolución 7917-D-2024, el PEN se excedió en sus facultades, lo que tornó nulo de nulidad absoluta el decreto 116/25.

El fallo del juez Ramos Padilla confirma nuestra postura y protege al @BancoNacion de una privatización encubierta.
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— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) February 25, 2025

En el transcurso de una maratónica sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto que modifica los códigos en materia de Reincidencia, Reiterancia, Concurso de Delitos y Unificación de Condenas. El proyecto fue aprobado con 138 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención.

A pedido del formoseño Fernando Carbajal (DPS) se procedió a votar primero reincidencia y luego reiterancia. Así, los artículos 1 y 2 resultaron afirmativos con 138 votos a favor, 14 en contra y una abstención.

La miembro informante, Laura Rodríguez Machado, afirmó que se aceptaron modificaciones sugeridas por el bloque de Democracia para Siempre, Encuentro Federal y de Álvaro González (Pro) para que la reiterancia sea una situación de valoración por parte de los jueces. La diputada del Pro procedió a leer la redacción completa de los artículos 3 y 7.

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 17 del Código Procesal Penal Federal (t. o. 2019) por el siguiente: ‘Artículo 17: Restricciones a la libertad. Las medidas restrictivas de la libertad solo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga o de obstaculización de la investigación. En la evaluación sobre la existencia de los peligros procesales mencionados, el juez competente tendrá especialmente en cuenta la reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada. A los fines de la determinación de la reiterancia, se considerará imputada a la persona que haya sido convocada para la formalización de la investigación preparatoria en los términos del artículo 254 del presente Código, o acto procesal equivalente, en caso de regir otra norma procesal.  Nadie puede ser encarcelado sin que existan elementos de prueba suficientes para imputarle un delito reprimido con pena privativa de libertad, conforme a las reglas de este Código”.

Inmediatamente, desde el bloque de Unión por la Patria se quejaron por la modificación “abrupta”. Fue el diputado José Glinski quien chicaneó: “Estamos votando otra ley entonces ¿o me equivoco? Porque cambio sustancialmente el contenido de la norma. Lo modificaron en el aire, obvio que voy a votar en contra”. Al reclamo se sumó el jefe del espacio, Germán Martínez, quien le pidió a la miembro informante que explique el contenido del cambio: “Vendría muy bien en virtud del gran trabajo que hizo”.

Tras la explicación de Rodríguez Machado, la votación del artículo 3 resultó afirmativa con 134 votos a favor, 99 en contra y 2 abstenciones. En tanto los artículos 4, 5 y 6 la votación también fue afirmativa y se realizó a mano alzada.

En el artículo 7 se modificaron los tres primeros párrafos: “Art. 7º – Sustitúyese el artículo 280 del Código Procesal Penal, establecido por ley 23.984, por el siguiente: ‘Artículo 280: Las medidas restrictivas de la libertad solo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga o de obstaculización de la investigación. En la evaluación sobre la existencia de los peligros procesales mencionados, el juez competente tendrá especialmente en cuenta la reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada. A los fines de la determinación de la reiterancia, se considerará a la persona imputada desde el primer llamado con el objeto de recibirle declaración indagatoria, o acto procesal equivalente, en caso de regir otra norma procesal. Las medidas restrictivas de la libertad deberán adoptarse de acuerdo con las disposiciones de este Código y en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. El arresto o la detención se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados y labrándose un acta que estos firmarán, si fueren capaces, en la que se les comunicará la razón del procedimiento, el lugar donde serán conducidos y el juez que intervendrá. En su evaluación, el juez competente deberá considerar las siguientes circunstancias:’

Por último, dicho artículo resultó afirmativo junto con el 8, el 9 y el 10 con votación a mano alzada.

REITERANCIA: EL FIN DE LA PUERTA GIRATORIA

El asesino de Lucas Aguilar, el repartidor de Rappi que fue asesinado en Moreno, tenía 9 antecedentes penales y estaba libre. Con esta ley, hubiese estado preso.

El mandato social es claro y esperamos que los Senadores tomen…

— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) February 7, 2025

¿Qué dice el proyecto?

El nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia modifica los artículos 50° y 58° del Código Penal, como así también puntos del Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal, y se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

El debate en el recinto

En su carácter de titular de la Comisión de Legislación General y como miembro informante por el dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado (Pro), explicó que se modifica el concepto legal a partir de una sanción “va a tener nuestro ordenamiento penal argentino”. “Le vamos a dar media sanción a lo que la gente ha llamado ‘la puerta giratoria’. ¿Cuántas veces vimos testimonios que han dicho ‘para qué voy a denunciar si entran por una puerta y salen por la otra’?”.

“¿Por qué existe esa puerta giratoria en la argentina que pasan esas cosas y los argentinos vivimos con esa sensación de que es más seguro callarse que acudir a la justicia?”, planteó. Así, explicó que en el proyecto está la figura de la reincidencia que es un concepto legal y, actualmente, para que un delincuente sea considerado reincidente debe haber cumplido de manera efectiva una pena de prisión. “Cuando sale y vuelve a cometer un delito se lo considera reincidente”, aclaró.

La diputada del Pro explicó que cuando es reincidente: “Pierde unos beneficios legales que existen en el derecho penal argentino como la excarcelación, la libertad condicional”, y precisó: “Como mucho de los delitos no tienen pena de cárcel inmediata como ejemplo un hurto no va detenido, es decir nunca termina cumpliendo esa pena efectiva de prisión que es la que requiere esta figura de reincidencia”.

La cordobesa expresó: “Hoy con este cambio en la legislación penal argentina que propone una modificación del artículo 50 y 58 en el Código Penal para que un delincuente sea considerado reincidente, es decir no tener estos beneficios que tienen algunos, debe haber sido condenado en dos o más delitos solamente debe tener condena firme, no hace falta haber sido encarcelado. Esa persona no va a entrar y salir por la misma puerta. Se termina la puerta giratoria si se aprueba esto”.

En relación con las penas, explicó: “Cuando una persona comete muchos delitos, no hay un criterio legal único para determinar cuál es la pena total que sufre esa persona.  El juez define un mix de penas o se le resta daño. Eso tampoco va a pasar más cuando una persona comete un delito la pena final va a ser la sumatoria de todos esos delitos que cometió”.

“La reiterancia es más bien una cuestión procesal que en este proyecto nosotros proponemos la modificación a los códigos procesales nacionales las Leyes 23.984 y 27.063 para que un juez dicte prisión preventiva a un posible autor de algún delito necesita dos supuestos, uno de ellos la posibilidad de fuga y el otro supuesto que se requiere es la posibilidad de entorpecimiento de la causa”, explicó Rodríguez Machado y sumó: “En este caso el juez tiene que valorar estas dos circunstancias para ver o no si dicta la presión preventiva”

Así, aclaró que agregaron en el dictamen de mayoría un tercer supuesto que el juez debe valorar: “Que esta persona haya tenido varias imputaciones previas y que, de alguna manera, eso tiene que ser valorado en la sentencia del juez para determinar o no el dictado una presión preventiva”.

“Los jueces van a tener que hacerse cargo. Basta de delincuentes sueltos en las calles de Argentina. Con esta modificación lo que vamos a lograr es evitar y eliminar la famosa puerta giratoria que tanto temen los argentinos. Es justicia, es terminar con la impunidad, es necesidad, es honor para los ciudadanos argentinos que trabajan y es la verdad que todo el peso de la justicia para los que delinquen”, remató.

A continuación, fue el turno del rionegrino Martín Soria (UP) quien anticipó el rechazo de su bloque porque “la intención del Gobierno no supera el mínimo test de constitucionalidad. Posición que comparten la mayoría de los bloques”.

“El dictamen del oficialismo busca lisa y llanamente que el Poder Ejecutivo pueda encarcelar cautelarmente ciudadanos completamente inocentes. El eje central del proyecto es sustituir la presunción de inocencia de todos los habitantes por la presunción que tenga algún juez federal sobre alguna persona. Harán futurología penal de los jueces de la Nación Argentina, una categoría inédita”, apuntó.

Soria chicaneó: “Lo que propone el Ejecutivo es nuevo, es más peligroso”, y alertó: “De aprobarse este texto, están demoliendo las bases mismas del Estado de derecho que rigen en la mayoría de los países civilizados como el principio de inocencia, igualdad ante la ley que protegen la libertad de las personas”.

El diputado opositor sostuvo que para detener a una persona “debe existir un riesgo procesal que es el peligro de fuga”, y apuntó: “Con la modificación quieren insertar el peligro de reiterancia como una nueva condición para habilitar la prisión preventiva”. Así, indicó que los argumentos del proyecto “son falsos, engañosos”.

“Lo que quieren hacer es instalar un sistema totalmente punitivo, represivo, un sistema penal primitivo. Buscan sustituir el derecho penal de acto que rige en países civilizados para instalar el derecho penal de autor. Es un retroceso atroz en materia penal. El Gobierno está sumido en un terraplanismo total”, cerró.

La radical Pamela Verasay destacó que “es un orgullo que Mendoza vuelva a aparecer como modelo y aporte desde su experiencia con políticas públicas concretas y con resultados medidos, sin relato”. “Queremos que, así como Mendoza en el año 2016 terminó con las puertas giratorias y logró mantener en prisión a los delincuentes mediante la implementación del concepto de reiterancia al código procesal penal, la Nación transite ese camino”, expresó.

“Entendemos que es una herramienta importante para los fiscales por la velocidad con la que pueden actuar frente al delincuente teniendo esta herramienta dentro del Código Penal”, planteó y cuestionó los argumentos del bloque de UP: “Se han escuchado muchas críticas sobre esta norma que la reiterancia vulnera el principio de inocencia. Esto es falso porque su objetivo principal es proteger a la sociedad de aquellos que, reiteradamente, demuestran un desprecio por la ley y ponen en peligro la seguridad de todos, mientras se sustancia el proceso”.

También desmintió que la reiterancia “es inconstitucional porque podría usarse para convertir la prisión preventiva en una pena anticipada”, y aclaró: “La reiterancia es un criterio adicional para evaluar la necesidad de una medida cautelar, no una condena en sí misma”.

Verasay contó que, en Mendoza, la implementación de la "reiterancia" terminó con la "puerta giratoria" para los delincuentes y generó una disminución de casi el 50% de los delitos contra la integridad física, incluidos los homicidios y los robos cometidos con el uso de armas de fuego. “Esta modificación va a contribuir en la calidad de vida de los argentinos”, resaltó.

“¿A quiénes molesta esta Ley? En el top de la hipocresía están los que durante años han apoyado el garantismo de Zafaroni.  Aquellos que siempre defienden a los delincuentes antes que a las víctimas. Otro, como Eduardo Belliboni, investigado por la manipulación de planes sociales para su actividad política, que dijo que la ley de reiterancia que hace años se aplica en Mendoza, es una ‘barbaridad jurídica’ y un ‘avance libertades democráticas’. Justamente él lo dice alguien, quien se hizo famoso por violar el derecho a la libre circulación que garantiza nuestra Constitución”, disparó.

La radical remató: “Cansa escuchar a los Zaffaronis o Bellibonis de la vida, rasgarse las vestiduras con discursos sobre los Derechos Humanos de delincuentes que tienen prontuarios de película. Estos ‘cultores’ del garantismo le pido que alguna vez piensen en cuidar a los que trabajan, los que estudian, los que quieren vivir en paz”.

A continuación, hizo uso de la palabra el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) quien recordó que el Gobierno decidió el año pasado dar de baja al tratamiento del Presupuesto y planteó: “Ahí se hubiesen discutido los fondos para el sistema penal y carcelario. Llamemos a la reflexión de que tendríamos que haber discutido el Presupuesto. Esta ley se podría haber tratado el año pasado”.

“Celebro que estemos sesionando con este tema para cumplir con las deudas que tenemos en el Congreso. Es el Congreso el que justamente tiene que establecer los parámetros y los lineamientos por ley y no esperar que surjan de fallos jurisprudenciales”, manifestó.

El cordobés indicó: “Estamos en un momento donde la pobreza sube, aumentan el desempleo y aumenta la delincuencia, por eso hay que legislar con mucha prudencia este tema”, y explicó: “Hoy votamos agravar la situación penal de quienes eligen delinquir como forma de vida, limitar los beneficios de reducción de pena y libertad para quienes eligen seguir delinquiendo y tomar medidas más estrictas para quienes recaen en el delito”.

“Este debate se genera en un contexto de avance del narcotráfico, el terrorismo y el delito organizado y el descontrol delictivo del país nos obliga a cuidar a los ciudadanos. El contexto en el que vivimos nos obligar a cuidar a los ciudadanos con herramientas concretas, porque la gente se levanta todos los días y tiene miedo por sí y por su familia; hay que tomar definiciones”, sostuvo.

Carreño concluyó: “Pocas cosas indignan tanto a la sociedad como las víctimas, como ver a un delincuente cometer un delito y salir ‘por la puerta giratoria’. Trabajamos mucho con nuestro bloque y todos los bloques buscando la mejor ley posible y darle a la justicia una herramienta muy importante para eliminar la ‘puerta giratoria’ y se empiece con un proceso penal que no le de vergüenza a la sociedad”.

Detrás de cada delincuente pobre hay un policía, y detrás de cada delincuente rico hay un político que lo está protegiendo. La reiterancia busca perseguir opositores y censurar la protesta como ya sucede en Mendoza. Desde el Partido Obrero lo repudiamos.https://t.co/jtlB7Ow9mU

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) February 7, 2025

En contra se expresó el formoseño Fernando Carbajal (Democracia Para Siempre): “La violación de los derechos me molesta y por eso no me gusta esta ley que modifica dos aspectos muy distintos”. Sin embargo, afirmó su acompañamiento la reforma propuesta en la reincidencia que modifica el Código Penal porque “soy garantista y creo en la eficacia del poder punitivo del Estado cuando se viola la ley, pero esto hay que hacerlo respetando las garantías constitucionales. Soy garantista y me la banco y no soy zaffaroniano”.

“El tema de la reincidencia siempre prestó confusión, por eso el trabajo que hicieron es bueno porque aclara y podemos utilizar la palabra delincuente que es una persona que violó la Ley Penal cuando tiene sentencia. Previamente decir que alguien es un delincuente es una infamia”, aseguró y sumó: “El problema central de la reiterancia es que tratan a personas que están en estado de inocencia como si fueran culpables, por eso es inconstitucional”.

Carbajal planteó: “¿Saben cuál es la mayor de las contradicciones a la que está incurriendo esta Cámara? que para prohibirle a alguien ser candidato resulta que le pedimos doble conforme, ahora para meter preso a la gente basta que el comisario del pueblo te inicia una causa. Segunda instancia en el lenguaje berreta del proyecto”.

“¿Será que alguna vez podremos en este Congreso empezar a legislar en serio? Este proyecto es solamente relato, es todo mentira lo que se está diciendo es un mecanismo de apriete para los jueces para exigirle que metan preso a los sospechosos de siempre. Voy a acompañar la reincidencia, pero voy a rechazar enfáticamente la pretensión de volver a las viejas y antiguas normas restrictivas de derechos sin otra justificación que la actuación de la policía”, remató.

Por el bloque del MID se expresó la diputada María Cecilia Ibáñez quien consideró que el proyecto no viola el principio de inocencia y advirtió que las provincias deberán adherirse. “Se debe tener en cuenta la sentencia de la condena, porque tiene que estar antes de que uno considere a una persona que es el autor de un delito porque el debido proceso hace al principio de inocencia”, señaló al proponer una disidencia en la modificación del artículo 3.

En el inicio del periodo extraordinario a partir de este lunes convocado por el Ejecutivo, la diputada nacional Carolina Gaillard ratificó su rechazo al proyecto de ficha limpia que firmó el Gobierno para que se trate en el Congreso: “Viene a debilitar más esta democracia en terapia intensiva”.

“Es imposible hablar de ficha limpia con justicia sucia. Una justicia que avanza causas que el poder económico pide, ralentiza archivando la de los amigos del poder. Si hay sospecha s/ alguien se transforma mediáticamente adelanto de condena si cuestiona el statu quo”, comenzó su posteo en la red social “X”.

Gaillard resaltó que se trata de una justicia que “nada tiene de independiente. Que juega al paddle con Macri en Olivos o lo visita reiteradamente en la Casa Rosada. Una justicia que arregla fallos con el poder. Que lejos está de ser justicia. Ese es el poder que va a definir quién quiere y no que sea candidato”.

“Ficha limpia, que ya existe porque quien tiene condena firme hoy no puede ser candidato viene a debilitar más esta democracia en terapia intensiva que Milei se ocupa todos los días de oradar”, criticó y adelantó: “Con la CN siempre, violar el estado de derecho nunca. Por eso no vamos a convalidar esto”.

Gaillard señaló: “Violar el principio de inocencia permitiendo que un ciudadano con un fallo de 2da instancia que dictan estos jueces poco independientes sería, no sólo peligroso, sino proscripción y habilitaría que solo sean candidatos los amigos del poder económico de argentina”.

“Me da tristeza e impotencia ver cómo destruyen la institucionalidad que nos garantizó democracia estos 40 años producto de acuerdos y consensos de todos los partidos post dictadura. No dejemos avanzar el estado autoritario. Pongamos freno a esto entre todos”, cerró.

El senador nacional y presidente del bloque radical en el Senado, Eduardo “Peteco” Vischi (Corrientes), impulsó un proyecto nuevo para robustecer a la Justicia en materia federal electoral y reiteró la necesidad de “brindar las herramientas para elevar el servicio de justicia”.

“Desde mi rol de miembro del Consejo de la Magistratura tengo conocimiento de la situación de la Justicia y sus necesidades. Es una realidad que se encuentra desbordada, con tiempos que distan mucho de lo ideal. Así como días atrás dimos a conocer nuestra propuesta para fortalecer al servicio de justicia en Familia, Niñez y Capacidades de las Personas, esta vez nos enfocamos en dotar a la Justicia de las herramientas necesarias para que pueda exhibir una mejor actuación en relación a lo electoral”, explicó Vischi.

Para cumplir con dicho cometido, el presidente del bloque de senadores radicales propone: “Crear 24 juzgados especializados, que serán denominados ‘juzgados nacionales de primera instancia con competencia federal electoral’, uno por cada provincia más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Esta reestructuración no insumirá mayores recursos humanos que los que ya se encuentran trabajando y, de esta manera, se despeja la cuestión electoral federal de la órbita de los demás juzgados”, aclaró.

El legislador correntino sostuvo que “para elevar el servicio de justicia, entendemos que debemos brindar las herramientas y los recursos adecuados y organizarlos de otra forma. Estos juzgados que se crean tendrán una dedicación exclusiva a temas electorales, para lograr cumplir con los estándares esenciales que se necesitan. La idea que motiva este proyecto es colaborar con la Justicia para que pueda ganar en agilidad y que logre brindar respuestas a los argentinos de una mejor manera”.

Un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y de Justicia de Diputados emitió despacho de mayoría con amplio consenso al proyecto del Poder Ejecutivo que busca transformar el sistema judicial del país mediante la participación ciudadana en los procesos judiciales, así como también ocho iniciativas de distintos bloques parlamentarios que crea el juicio por jurados de jurisdicción federal.

El despacho de mayoría reunió más de 89 firmas con una sola en disidencia parcial. En tanto, se presentó un dictamen de minoría que lleva las firmas de los diputados del bloque Encuentro Federal Fernando Brügge y Alejandra Torres al manifestar un desacuerdo respecto a “las garantías constitucionales”.

El titular de la Comisión de Justicia, el libertario Manuel Quintar (Jujuy), expresó: “Teniendo en cuenta esta deuda histórica que tiene que ver con estos nueve proyectos que estamos tratando”.

Así, afirmó que “fruto de mucho trabajo de todos los asesores de todos los diputados de los diferentes bloques, si todo sale bien, vamos a cumplir con una manda histórica constitucional avanzando fuertemente y firmemente en la instauración de los juicios por jurados en materia federal”.

“Ha llevado mucho trabajo y se han recetado muchas observaciones. Vamos a empezar a circular el dictamen al cual se ha llegado con mucho consenso para que lo evalúen y lo firmen”, informó Quintar.

TENEMOS DICTAMEN PARA EL JUICIO POR JURADO.

Otro proyecto de @JMilei que va camino a ser ley. Una deuda histórica que los gobiernos anteriores no habían podido saldar.

La implementación de los juicios por jurado traerá más transparencia y seguridad a las víctimas.

— Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) October 23, 2024

El primer expositor fue Alberto Dalla Vía juez de la Cámara Electoral quien manifestó su “mi posición favorable al juicio por jurados como constitucionalista porque la Constitución Nacional establece tres veces el juicio por jurados en el artículo 24,75 inc. 12 y en el 118”.

“Desde la creación de la Nación los constituyentes quisieron adoptar el modelo que tenía la Constitución de Estados Unidos, porque era la más democrática en su momento y con mayor apertura”, relató y sostuvo: “En buena hora que el derecho penal vaya al procedimiento oral que concluye con el juicio por jurados. Esa fue la idea de los constituyentes porque querían democratizar el debate público”.

Dalla Vía señaló que la primera cuestión es constitucional y “no puedo entender ninguna otra cosa que la Constitución sea suprema. En materia penal el juicio por jurados fue una decisión del constituyente del 53 ratificada después”.

“El juicio por jurados es una institución probada en el mundo anglosajón que no sustituye el rol del juez en el proceso. Es el juez el que dirige el proceso, establece las reglas y dicta sentencia. El jurado toma una decisión política, no es una decisión jurídica, es una decisión libre de convicciones. Incorporar el jurado es incorporar la participación ciudadana al proceso judicial”, destacó y cerró: “La normativa que van a discutir es un paso adelante”.

De forma virtual expuso el abogado Esteban Yanguez Papagenadio comparó que “el juicio por jurado clásico no es el juicio por jurado en el modelo estadounidense o anglosajón. Hay 2.500 años de juicios por jurados acá en Atenas y es distinto porque, estamos todos de acuerdo en que debe imponerse el juicio por jurado y es necesario dar este paso, pero debe olvidar estas circunstancias de cuál es el mejor modelo porque esta discusión ya se tuvo en 1860”.

“Las provincias originarias son independientes en el sentido de poder instaurar su propio sistema de jurados que deseen. A nivel federal esto falta”, indicó y remarcó que no hay “ningún modelo específico”, al tiempo que consideró que “hay que tener en cuenta las particularidades de cada provincia porque hay circunstancias que deben ser debatidas por el número de jurados y se deben amparar a la cantidad de población de cada provincia”.

El abogado también pidió que haya respeto de las minorías, la irrecurrabilidad del veredicto y cerró: “Se puede mejorar, tenemos que realizar una ley de jurados, pero estos puntos tienen que ser debatidos en la sesión”.

A su turno, el director general de la oficina de juicio por jurado de CABA, Gastón Blanchetiére, consideró que cada proyecto de ley depende de la capacitación exhaustiva de los operadores porque “en la práctica necesitan una asistencia que lo lleven a la implementación en audiencias preliminares que son difíciles porque hay cambios de reglas y para eso se necesita que el proyecto guarde consonancia con las reglas procesales”.

“Debe ser considerado si o si la capacitación de los operadores en materia de audiencias preliminares, en las audiencias de selección de jurados que representan serias dificultades”, reiteró. También manifestó la necesidad de tener las oficinas judiciales que se encarguen de realizar todo lo que es la administración y sorteo de jurados “hay que dotarlas de recursos”.

En tanto, Martín Sabelli, ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores de EE. UU, consideró que “este sistema mejora la calidad de la justicia y de la democracia porque es una ventana para que el pueblo vea cómo funciona o no el sistema judicial”, y opinó que en Argentina hay “una profunda desconfianza en el sistema judicial y la única forma de mejorar eso es volver a la Constitución y establecer un sistema en todos los delitos los juicios por jurados”.

Mientras que el abogado Víctor Vélez, informó que “Córdoba fue la primera provincia que inició el juicio por jurado”, y que -enfatizó- “la participación ciudadana es necesaria y da buenos resultados”.

En tanto, el diputado Fernando Carbajal (UCR) destacó “el esfuerzo conjunto de todos los bloques”, con el objetivo de “saldar una deuda histórica” y dar un paso más para “la transformación de la justicia".

La diputada Paula Oliveto Lago (CC) expresó su acompañamiento al dictamen de mayoría; mientras que su par Rodolfo Tailhade (UP) indicó: "Nuestro bloque va a respaldar este proyecto que es fundamental para nuestra democracia".

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley tendiente a la modernización, digitalización y desburocratización de la Justicia, "ante la necesidad de producir en el funcionamiento judicial mejoras de orden cualitativo que se consideran indispensables con fundamento en las disponibilidades existentes en materia tecnológica", argumentó.

La iniciativa -que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- formaba parte de un capítulo que quedó afuera de la original Ley de Bases, al igual que la propuesta de divorcio simplificado.

En los escuetos fundamentos, el Poder Ejecutivo resumió que se busca: dotar de mayor simplicidad a las tramitaciones judiciales para agilizar procesos tales como el retiro de fondos de depósitos judiciales mediante orden judicial, la publicación de edictos, digitalizar trámites y darle mayor eficiencia al Archivo General del Poder Judicial de la Nación para aliviar la carga sobre el sistema judicial, promover la competencia y la libertad de los depósitos judiciales y establecer mecanismos más eficientes con respecto a la custodia y disposición de los bienes objeto de secuestro en las causas penales.

Uno de los artículos establece que "los fondos depositados judicialmente solo pueden ser removidos por embargos o transferencias, mediante orden del juez o tribunal a cuya disposición fueron anotados”. Aquí se quita "por extracciones", algo que indica la legislación actual.

Respecto a la publicación de edictos judiciales, propone que ya no sea a través de los diarios sino en el Boletín Oficial.

Por otro lado, a la actual normativa que establece que el Archivo General del Poder Judicial de la Nación organizará y llevará al día un Registro de Juicios Universales, donde se deben inscribir, ordenadamente, los juicios de concurso preventivo, quiebra, protocolización de testamentos y sucesiones testamentarias y 'ab intestato' que se inicien ante los Tribunales de la Capital Federal", agrega que este registro público "estará disponible para su consulta por medios electrónicos".

"El Archivo General del Poder Judicial de la Nación estará formado por documentación en papel o en formato electrónico. Los expedientes correspondientes a nuevos juicios deberán archivarse en formato electrónico", suma.

El proyecto busca eliminar la obligación de que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectúen únicamente en el Banco Nación. El texto promovido por el Ejecutivo habla de que la entidad bancaria será "a elección de los tribunales, en la que el Estado Nacional, las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengan participación accionaria".

"Podrán ser denominados en moneda local o en moneda extranjera. El Banco Central de la República Argentina podrá determinar las condiciones que las entidades deberán respetar para dichos depósitos", indica el texto y prevé que "los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales que hasta esa fecha se encuentren depositados en una institución se adecuarán a este régimen".

A su vez, "el juez interviniente a iniciativa de parte y previa conformidad de los actuantes en la causa, podrá optar por depositar en otra institución bancaria”, señala el articulado.

El jefe del bloque radical de la Cámara alta, Eduardo Vischi, presentará este miércoles un proyecto de su autoría para fortalecer a la Justicia con Competencia en Familia, Niñez y Capacidades de las Personas.

El senador correntino estará acompañado por Agustina Díaz Cordero, jueza nacional de Familia Nº23, y será este miércoles 16 de octubre a las 17.30, en el Salón Auditorio Emar Acosta, del edificio Alfredo Palacios, Hipólito Yrigoyen 1702, piso 5.

El proyecto tiene por objeto fortalecer la Justicia Nacional en lo Civil, con competencia específica, exclusiva y excluyente, en los Derechos de la Niñez, Familia y Capacidad de las Personas. Tiende a que los actuales juzgados civiles con competencia en materia de Familia y Capacidad de las Personas 4, 7, 8, 9, 10, 12, 23, 25, 26, 38, 56, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 102 y 106, pasen a denominarse como “Juzgado Nacional de Primera Instancia en Familia, Niñez y Capacidad de las Personas”, manteniendo su número correspondiente.

Propone crear tres Salas en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, que se denominarán como “Cámara Nacional de Apelaciones en Familia, Niñez y Capacidad de las Personas”, creando nueve cargos de Juez de Cámara en el ámbito de la Justicia Nacional en lo Civil con el fin de cubrir las designaciones de los Magistrados que integrarán las Salas que son creadas en el artículo precedente.

Insta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura de la Nación a disponer lo pertinente a fin de cumplir con las designaciones y dotarlas de las partidas presupuestarias correspondientes.

Deja claro Vischi que la autoría intelectual y material de la misma es compartida con la doctora Agustina Díaz Cordero, quien -ciertamente y por su experticia en la materia en consideración a su calidad de magistrada, especializada en la materia y miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación-, “tuvo a bien proponer y desarrollar esta propuesta, que por mi parte he venido a complementar, y presentar formalmente en calidad de senador de la Nación”.

Toda esta propuesta, se corresponde con la necesidad de dotar al sistema judicial de mayor estructura y especificidad en la materia de familia, niñez y capacidad de las personas.

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Ante la posibilidad de que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario ante el veto firmado por el presidente Javier Milei, desde el Gobierno ya anticiparon que recurrirán a la justicia y aclararon que “no” están en contra de la universidad pública y de darle más presupuesto, sino de “asignar una partida presupuestaria sin saber a dónde va a parar el dinero”, por lo que reiteraron la necesidad de auditarlas.

Así lo confirmó este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada: “El Gobierno no está en contra de darle más financiamiento a las universidades, de hecho, somos grandes defensores de la universidad pública. Lo que estamos sí en contra es de asignar una partida presupuestaria sin saber a dónde va a parar el dinero”, y explicó: “Esos hechos, durante muchísimos años en Argentina, nos han hecho mucho daño. Fue el vehículo que nos trajo hasta donde estamos hoy y, la verdad, es que el no saber el aplicar algo donde no tenemos el dinero va a perjudicar a todos los argentinos”.

“El lugar para discutir la partida existe y es el presupuesto 2025 y el ámbito para discutirlo es el Congreso Nacional donde invitamos a la política a debatir en ese marco sin demagogia, entendiendo que las universidades deben ser auditadas porque hay algo básico que la universidad pública es sostenida con los impuestos de los contribuyentes y merecen saber a dónde va su dinero”, planteó.

Así, reiteró: “Eso no implica que se esté en contra de la universidad pública. Jamás estuvo ni se estará en contra de la universidad pública porque entendemos el valor que tiene para todos los argentinos”.

Marcha universitaria

Al ser consultado por la multitudinaria marcha que hubo en todo el país en defensa de la educación universitaria pública, el vocero expresó: “Hubo mucha gente que se expresó de manera absolutamente genuina y que, lamentablemente, tuvo que compartir espacio con la hipocresía de Sergio Massa que le quitó 50,000 millones de pesos al presupuesto educativo y estoy hablando de pesos no de hoy, sino de hace mucho tiempo atrás, y les dejó un 211% de inflación anual que, encima, es lo que explica la pérdida de poder adquisitivo de la que por supuesto se quejan muchos sectores, especialmente los universitarios”.

También apuntó contra el senador radical Martín Lousteau que “dice defender a los docentes, pero no tuvo absolutamente ningún prurito en levantar la mano para cobrar 9 millones de pesos, nueve veces más que un docente”.

“También estuvieron en la marcha Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y otros personajes menores de la política cuya alianza en un frente de izquierda demuestra la debilidad del sector”, criticó y chicaneó: “Estuvo hasta Moyano. Vaya a saber qué tiene que ver Moyano con el reclamo del Genuino de las universidades”.

El veto a la ley

Adorni hizo hincapié en el artículo 38 de la Ley 24.156: “en lo específico de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional exige de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Además, se respaldó en el Reglamento interno de la Cámara de Senadores: “Esto no existe en Diputados, en su artículo 126 prevé que todo proyecto de manera textual que importe gastos, incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada por él o los autores del mismo”.

El vocero sostuvo que el impacto total del proyecto constituiría un total 1.5 billones de pesos que “afectaría el equilibrio de las cuentas públicas”, y explicó que cuando se afecta el equilibrio de las cuentas públicas hay tres maneras de financiarlo que las tiene que indicar el Congreso.

“Una es la emisión monetaria, que no estamos dispuestos a hacer, porque nos ha traído hasta estos niveles de inflación descontrolados y al haber estado en riesgo de una hiperinflación que hubiese llevado a la Argentina a un mar de pobreza. La otra alternativa es endeudarse, que tampoco estamos dispuestos, porque esto es un tema que no se resuelve condenando a las generaciones futuras al pago de nuevos impuestos para pagar la deuda que hoy se toma y, además de eso, la tercera alternativa que habría es subir impuestos”, detalló.

El vocero informó que de acuerdo a los últimos datos del 2022: “Del total de estudiantes registrados, hay inscriptos un millón de los que 750,000 estudiantes, o sea, el 40,6% solamente era alumno regular, o sea unos 710,000 el 20% tenía una materia aprobada o ninguna y hay un llamativo 38,4% de alumnos que no se tiene información o sea hay 671,000 alumnos y un poquito más que no se tiene información”.

“Somos el país con menor cantidad de recibidos dos entre 25 y 34 años. También hay casos particulares bastante escandalosos como el Instituto Universitario Nacional de Madres de Plaza de Mayo que recibía 1500 millones de pesos del Estado durante la gestión anterior y solo tuvo obtuvo 16 egresados como resultado”, cuestionó.

Respecto del futuro del veto en el Congreso, Adorni dijo “no saber” cómo van a votar y negó que eso se haya hablado en la reunión de Gabinete. Sin embargo, adelantó: “Ante un revés esta la posibilidad de ir la justicia no hay nada descartado. Recurrir a la justicia es una herramienta que tiene el Gobierno cuando ve una ilegalidad”.

Además, afirmó que no iniciaron diálogo con el bloque Pro, uno de los llamados espacios dialoguistas, y reiteró: “No sabemos cuál será el futuro de la ley y del veto, no sabemos cómo se van a suceder los hechos”.

“Cada diputado es dueño de su opinión, de su voto y lo que haga cuando le toque votar. Con el Pro hemos trabajado juntos en un montón de cuestiones incluso en el veto a jubilados que tenía defectos como no especificar la asignación de recursos como pasa con la de universidades que rompe con el equilibrio fiscal y, tal vez, este veto tenga la misma lógica porque no propone de dónde salen los recursos. Es un tema legislativo y no sabemos qué va a hacer cada bloque”, explayó.

“Esta discusión se termina si nos abren los presupuestos, se muestra en qué se gasta el dinero, cuánto se necesita, cuánto se gasta de más y se terminó la discusión”, precisó y apuntó: “Esto lo ha usado la vieja política para meternos en un debate de ‘universidad pública sí, universidad pública no’. Y ese no es el debate porque el 100% de los argentinos estamos de acuerdo con la universidad pública. Lo que algunos estamos de acuerdo es que también es universidad pública tiene que ser sana en términos de recursos, no tiene que usarse para hacer negocio con la política y tiene que ser efectivamente para tener los mejores profesionales del mundo”.

Guillermo Francos, en la presentación de su primer informe de gestión como jefe de Gabinete de Ministros ante Diputados, aseguró que desde el Gobierno le están dando a la Justicia “herramientas a la Justicia para que sea rápida, eficiente y transparente en la lucha contra delitos como el narcotráfico”.

“Avanzamos con la implementación del Sistema Acusatorio y del Código Procesal Penal Federal. Le estamos dando herramientas al Poder Judicial para que sea rápido, eficiente y transparente en la lucha contra delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y la corrupción. Se terminaron los juicios de 20 años en el sistema penal federal”, destacó.

En esa línea, resaltó el envío al Congreso de la ley para modificar el régimen penal juvenil y evitar la impunidad en crímenes cometidos por menores desde los 13 años. “Vamos a terminar con el uso de niños por parte de organizaciones criminales y narcotraficantes para quedar impunes. Creemos que, a delito de adulto, corresponde pena de adulto”, planteó.

También, señaló que la “Ley de juicio en ausencia” será “fundamental para que los terroristas y criminales de alto perfil no puedan seguir evadiendo a la justicia argentina”, y agregó: “Esta normativa le permitirá al Poder Judicial avanzar contra quienes cometieron los atentados más terribles de la historia de nuestro país, contra la AMIA y la Embajada de Israel, aun cuando se desconozca su paradero. Gracias a ello, pesará sobre los culpables una condena firme que podrá habilitar el pedido de captura internacional”.

“Es prioridad para nosotros la designación de magistrados idóneos para cubrir las 305 vacantes existentes en el Poder Judicial en todo el país”.

Francos manifestó que, desde el Ejecutivo, a través del representante en el Consejo de la Magistratura, están realizando “un gran esfuerzo para agilizar la mayor cantidad de concursos#, y detalló: “En sólo cinco meses, remitimos las ternas para la cobertura de 55 vacantes. Esto supera al total de las enviadas anualmente en 17 de los últimos 24 años”.

Por otro lado, comentó: “Tenemos a consideración las ternas correspondientes a 139 cargos de jueces.  Estamos analizando de manera pormenorizada a cada uno de los ternados, a fin de enviar con celeridad al Senado los pliegos de aquellos profesionales que reúnan la mayor capacidad técnica y jurídica”.

“En el caso del Ministerio Público Fiscal tenemos 93 vacantes, de las cuales 65 están siendo analizadas por el propio MPF, mientras que 28 ya fueron elevadas al Ministerio de Justicia para avanzar con los nombramientos. De igual manera, en el Ministerio Público de la Defensa hay 77 vacantes, 32 se encuentran en el mismo MPD siendo evaluadas y 45 fueron elevadas al Ministerio de Justicia”, sumó y cerró: “En muy corto plazo logramos otorgarles dinamismo a los procesos para designar los cargos vacantes en el Poder Judicial.  Esto demuestra el compromiso del presidente Milei y de todo el Gobierno para solucionar este tema en el Poder Judicial”.

Un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

En esta segunda reunión, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, expusieron los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. Además, Laura Rodríguez Machado –titular de Legislación General- aclaró que los diputados que presentaron proyectos, pero que no disertaron en el encuentro de este martes serán convocados para la próxima reunión y resaltó: “Serán escuchados todos”.

El primero en defender su iniciativa fue el diputado de UP Ramiro Gutiérrez quien expresó: “Es un tema muy importante porque tiene un reflejo profundo en la sociedad en la determinación de la responsabilidad penal de los menores por la comisión de delitos previstos en el código penal argentino”. El bonaerense explicó que su proyecto establece un criterio “pro minoris, pero también de defensa de la sociedad y de las víctimas de la comisión de delitos”.

“No es un simple proyecto de ley, es un verdadero código que tiene dos capítulos, ocho títulos y 62 artículos. Nos llevó más de un año la elaboración donde hemos verificado desde la legislación comparada hasta los regímenes de responsabilidad penal juvenil que hoy imperan en nuestro país como en la provincia de Buenos Aires o en La Rioja”, detalló.

Así, el diputado opositor recordó que han presentado en el año 2016 un Código Penal para la República Argentina y precisó: “Ese código establece una nueva forma y un nuevo baremo de delitos, modernizando un Código Penal que hoy tiene más de 100 años en la Argentina”.

“Este código de responsabilidad penal juvenil complementa la responsabilidad de los mayores. Cualquiera que quiera hablar de responsabilidad del menor tiene que hablar de la responsabilidad del mayor, porque los institutos de la suspensión del juicio, prueba atenuante, agravantes, excusas absolutorias, todas las formas de autoría y coautoría, la reincidencia todo está regulado en el código de mayores. Entonces no puede venir una ley complementaria que toma esos institutos a tener independencia respecto de un código el modelo. El código de adultos debe reflejar el modelo de código este de responsabilidad penal juvenil”, explayó.

Al retomar su iniciativa, precisó que tiene “dos grandes capítulos: uno de encuadramiento especial y la especialidad del fuero. Este es un fuero que se rige por tres principios generales: interpretación prominoris, especialidad y especificidad”.

Así, indicó que en el artículo 3 del proyecto de ley tiene en nueve incisos, 21 principios especiales para regular la responsabilidad del joven, 21 normas interpretativas y regulatorias para la mirada de los órganos de persecución, defensa, enjuiciamiento, revisión y ejecución de la pena que deben regirse en forma especial.

Gutiérrez explicó que el artículo 8 contiene cuatro enfoques: género, derechos, interculturalidad y restauración del conflicto. En el artículo 22 se receptan 12 garantías procesales además de las garantías de los adultos, hay 12 garantías en el proceso penal del joven expresamente previsto.

En el artículo 24 se establece un límite temporal de la pena que son los 6 años y explicó: “Antes de los 6 años, el fiscal puede hacer uso de la disposición de la acción penal y, después de los 6 años, son donde se impone las medidas más restrictivas de privación de la libertad para los delitos que tienen pena mayor a los 6 años donde se prevén las medidas alternativas terapéuticas o las medidas de internaciones”.

El artículo 28 prevé el aseguramiento preventivo para los casos de penas mayores de 6 años que “es como la medida cautelar más intensa del proceso está prevista”. El artículo 31 establece la capacitación en principios de especialidad y de prominoris para todos, tanto como el personal que intervenga en el ciclo de prevención y de seguridad, como todo aquel que tenga contacto con un menor en la etapa de la prevención o en la etapa de juicio o en la etapa de ejecución de la pena tiene que ser debidamente formado.

El artículo 32 tiene seis medidas cautelares para los padres o representantes legales; el artículo 46 prevé 10 medidas alternativas a la medida cautelar más intensa; el artículo 48 es la medida cautelar más intensa que es la internación y solo se establece para delitos con pena superior a los 6 años y se prevén sanciones o medidas que son las que el juez va a tener en su haber”.

El diputado opositor destacó las cláusulas transitorias que propone “porque es la implementación y es la gran diferencia con los otros proyectos”, y planteó: “No se puede incrementar en un plazo mínimo de 3 años el fuero de responsabilidad penal juvenil como propone El Ejecutivo”, y remarcó que “debe haber posibilidades de resocialización y reinserción y por ello debemos formar a todos los operadores”.

“Hemos puesto una cláusula de suspensión transitoria por 3 años para la verdadera instrumentación de un fuero que hoy la Argentina no tiene y que es necesaria. Cuando un joven comete delito no nos debemos lavar las manos, debemos intervenir, resolver y solucionar un problema que hoy existe y que la peor manera de abordarlo es no tratarlo”, consideró.

Gutiérrez precisó que "la responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años" y argumentó: “Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño que, en la resolución del año 19, insta los países adoptar una responsabilidad, es decir un grado de esfuerzo de comprensión de la criminalidad del acto que se verifica a partir de los 14 años de edad”. Así ejemplificó que la persona que pone un arma de fuego en la cabeza o en el cuerpo de otra y dispara a los 14 años entiende la gravedad de lo que hace y de las consecuencias que va a causar, pero planteó que “la responsabilidad debe ser diferente a la de los adultos. Comprende, pero el régimen de responsabilidad debe ser diferenciada”, e indicó que hay que regular el proceso penal.

Por último, señaló que prevén medidas cautelares para los padres cuando el menor de edad toma un bien de los padres y produce un daño; se debe poder disponer medidas cautelares como la inhibición general de bienes u otras que van a repercutir sobre el hacer de los padres; si un juez dispone que uno de los chicos debe empezar un tratamiento el padre tiene que supervisar ese tratamiento y es una obligación de hacer que acompañan las medidas cautelares.

Además, explicó que establece más de diez medidas cautelares para que el juez tenga como alternativa frente a un menor porque “no puede dar la misma fórmula para todos”.

"La responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años. Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño".

El segundo en exponer fue el diputado Martín Yeza (Pro) quien criticó los argumentos de algunos legisladores en la reunión informativa pasada que “realmente me han dado escozor al respecto de la noción de cuál es el rol del Estado sobre los menores”.

“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó.

“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó. Yeza planteó que las leyes en la Argentina “no se cumplen” y recordó el caso de Morena, la nena de 11 años asesinada camino al colegio en Lanús por “un pibe de 15 años que había tenido 22 ingresos a la comisaría”.

El diputado del Pro afirmó compartir parte del proyecto de su par preopinante, pero también del proyecto del Gobierno nacional al respecto de bajar la edad de imputabilidad y remarcó que “las pequeñas y sutiles diferencias entre los distintos proyectos tiene que ver con cuáles son las soluciones que han alcanzado distintos países del mundo”, y remarcó que al día de hoy solo la Argentina solamente comparte la edad de imputabilidad con el gobierno de Cuba.

Dije que solo iba a hablar en el congreso por instrucción del jefe de bloque: hoy defendí el proyecto de baja de edad de imputabilidad a 14 años. https://t.co/4Ht3fL4jga

— Martín Yeza (@martinyeza) August 6, 2024

“Después hay un grupo de países entre los cuales están Suecia, Noruega y Finlandia que comparten una edad de imputabilidad de 15 años y después el resto de los países de la región comparten un estándar internacional. La mayoría de la democracias liberales y occidentales del mundo deben ser los 14 años”, manifestó, pero señaló que científicamente no está establecido si la conciencia termina de desarrollarse entre los 12 y 13 años, aunque remarcó que “es un estándar internacional que definitivamente es a partir de los 14 años”.

Sin embargo, apeló a los criterios jurídicos y a la experiencia comparada a nivel internacional “se observa una mayor cantidad de casos a partir de los 14 años en un tipo de delito que tiene una complejidad dado que la Argentina”.

“En los últimos 20 años se constituyó en un país sin luchar contra el crimen, sin crecimiento económico, con crecimiento de la pobreza, con consolidación del narcotráfico en el caso de la provincia de Buenos Aires, con un narcotráfico organizado en el caso de todo el conurbano mezclado con la marginalidad, lo que ha generado es que en este Régimen Jurídico Penal de la argentina se utilicen a menores de 16 años por el narcotráfico presos de las adicciones”, cuestionó.

Yeza manifestó que “no existe nuestra Constitución Nacional que el derecho a la vida valga menos según quien sea la persona que le quite la vida a las personas”, y respaldó que la edad de imputabilidad sea a partir de los 14 años.

Así, explicó que su iniciativa desarrollo dos sistemas: un sistema cerrado y un sistema semicerrado en donde se contemplan a la vez dos tipos de casos. “El primero y principal el caso en donde las víctimas tienen que ser encerradas privadas de su libertad, pero después por supuesto en casos más complejos que es cuando tratamos con victimarios que tienen problemas psiquiátricos psicológicos o algún tipo de adicción y que merecen otro tipo de tratamiento”.

Además, el proyecto contempla penas para los padres de distinta índole y aclaró: “No solamente inhibición de bienes, sino también vinculados a su propiedad y a otro tipo de herramienta jurídicas”, y cerró: “Hay que pasar a un régimen del imperio de la ley de la justicia que además contemple la rehabilitación de estos menores que entre 14 y 18 años”.

Luego expuso la sanjuanina Nancy Picón Martínez sostuvo que el proyecto tiene que ver con los datos que la misma Corte de Justicia lanza “sobre cómo viene siendo el incremento de menores cometiendo delitos y frente a esto una sociedad que está pidiendo hace rato respuesta y que por supuesto son temas complicados de tratar”.

Picón Martínez señaló coincidencias en varios de los puntos del proyecto presentado por el Ejecutivo, pero aclaró que tiene algunas diferencias. Si bien coincide en que la edad sea de 13 años, su iniciativa “establece que sea un cuerpo de psicólogos y psiquiatras que le diga al Poder Judicial por qué debe responder por este acto, entendiendo que serán ellos quienes estén capacitados de decirle si el menor comprende la criminalidad del acto que llevó a cabo”.

“¿Por qué 13 años?”, preguntó y respondió: “A los 13 años si el menor puede elegir si tener relaciones sexuales libremente, entonces creemos que si tenemos la posibilidad de elegir frente a otro acto”.

La sanjuanina comentó que la Corte brindó datos que reflejan que ha habido un incremento: “El 21% más que el periodo del año anterior. Respecto a los hechos cometidos por menores y justamente la edad en que cometen estos delitos comienzan a los 13 años”. “Para cuidar los derechos de estos chicos tenemos que saber si comprendió la criminalidad del acto. Si la comprendió, entonces debe ser juzgado por esto y es hora de que la sociedad comience a tener respuesta en estos temas”, planteó.

Además, coincide en incentivarlos a estudiar; cuidado de menores en lugares distintos a los adultos a fin de cuidar su integridad. “Nuestro proyecto habla de que los chicos mayores de 14 años y menores de 18 que se han reprimidos por pena privativa de libertad, cuyo máximo en abstracto no sea inferior a 15 años, serán sometidos a las medidas de coerción seguridad, pena privativa de la libertad y ejecución como los mayores de edad, salvo el alojamiento”, SUMÓ.

“Entendemos que es hora de que comiencen a responder y porque luego de hablar con muchas familias víctimas del dolor por actos llevados a cabo por menores también nos damos cuenta de que todos tenemos derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones”, expresó.

Por último, indicó: “En lo demás coinciden los proyectos, básicamente nuestra diferencia sustancial está dada en esto de que a los 13 años los chicos primero pasen por una auditoría para saber, por personas que estén realmente capacitadas, si el chico comprendía o no el acto que estaba llevando a cabo”.

La última en exponer fue la chubutense Eugenia Alianiello (UP) quien propuso buscar puntos de consenso entre los proyectos, pero criticó: “Es un error caer solamente en la edad de punibilidad creo que tenemos que pensar para poder legislar qué entendemos por encierro, para qué planteamos el encierro, cuáles son las herramientas de resocialización que se van a brindar”.

Así, explicó que en su iniciativa establecen la edad de 16 años y propuso: “Cuando dicen a los 13 años baja edad de punibilidad tienen que saber que cumplida la pena esos adolescentes van a volver a vivir en sociedad y depende de cuál es el tránsito que ellos tengan con qué herramientas van a salir para poder saber cómo se van a reinsertar en la sociedad. Creo que ese es el punto de inflexión del funcionamiento o no del sistema de protección integral”.

“Tenemos un profundo convencimiento de que nuestro país necesita un Régimen Penal Juvenil ágil, eficiente y especializado, pero sobre todas las cosas tener presente que no alcanza solamente con el Poder Judicial”, consideró Alianiello y precisó que proponen la derogación de la Ley 22.278 “que tiene muchas referencias con el proyecto oficialista y que fue firmada por Videla”.

La chubutense sostuvo que “hay que abordar el tema con un enfoque integral, no solamente punitivo, entendiendo a los jóvenes como lo que son sujetos de derechos porque es necesario contar con un sistema penal juvenil que contemple la justicia restaurativa y, a la vez, la responsabilización de los adolescentes con conductas infractoras”, y afirmó: “La solución no es bajar la edad de punibilidad, ni castigar, sino responsabilizar”.

También destacó que la iniciativa de su autoría plantea que “sin disponibilidad de recursos, sin estructura institucional, sin cumplimiento de las leyes vigentes y los acuerdos internacionales todo esto es un callejón sin salida”.

“El proyecto del Poder Ejecutivo es inconstitucional, ineficaz, inquisitivo, inconsulto, irresponsable e invotable”, destrozó.

Y cerró: “hay una necesidad de debatir este tema tan sensible con una mirada integral, amplia y seria, apoyada en datos certeros y no en meras especulaciones ideológicas teniendo como eje principal de debate acerca del sistema de protección integral el punto de la edad de punibilidad”.

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles a analizar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

Fue en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia, de Familias y de Presupuesto y Hacienda. La reunión fue de carácter informativa, ya que expusieron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto. También participó el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer.

La diputada Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal, detalló cómo será el debate: el próximo martes 6 de agosto solicitarán a los bloques que expliquen sus respectivos proyectos presentados; y el miércoles 14 de agosto darán inicio a la ronda de expositores e invitados que los bloques convocarán.

La radical Roxana Reyes, titular de la Comisión de Familias, expresó que el proyecto “es un régimen penal que apunta a garantizar la Convención de los Derechos del Niño y de las Normas previstas en Naciones Unidas sobre niños jóvenes que delinquen o están en el proceso de reproche penal”.

“Creemos que la comisión tiene la función de garantizar que el Régimen Penal tenga la función de resocialización, educación y que no sea necesariamente punitivo, sino que reinserte al joven que por razones diferentes multicausales ha ingresado a la actividad criminal”, resaltó.

El primer expositor fue Fernando Oscar Soto quien remarcó que la Ley argentina tiene “una deuda con la sociedad y la democracia” respecto de la Ley de menores porque la norma actual fue reformada por la dictadura militar. “Hace 44 años se está debatiendo la necesidad de reformar esta ley”, expresó y recordó que durante la campaña electoral “todos los partidos propusieron bajar la edad de imputabilidad y reformar la Ley de Régimen Penal Juvenil”.

“Esperemos que este Congreso tome el debate y sancione una ley que actualice el régimen penal con las características particulares y tienen en cuenta la edad de imputabilidad que es la que está en la región y en el mundo. Hay una necesidad de actualizar”, sostuvo Soto.

El funcionario comentó que vieron las estadísticas por la Corte Suprema de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y alertó que “vienen en aumento todos los años en la franja de 16 y 17 años que son los punibles, pero en los pocos datos oficiales que hay, también viene en aumento los casos de menores que van de los 13 a los 15 años de edad”.

“Esto tiene que atenderse para proteger a la víctima y al adolescente que está en conflicto con la Ley penal y expuesto a una vulnerabilidad especial por su propio desarrollo psicofísico y por las circunstancias de verse inmerso en la conflictiva penal. Por lo tanto, hay que cuidarlo más allá de su eventual declaración de imputabilidad porque inimputable o menor incluso a la edad de 13 años que proponemos”, explayó.

Luego, disertó Sebastián Amerio quien defendió la iniciativa al plantear: “Entendimos que esta es una demanda que tiene la sociedad y que debemos atenderla como Ejecutivo y ustedes deben atenderla como representantes del pueblo y trabajar en comisión y buscar una reforma porque creemos que esta ley es superadora a la del año 1980”.

Amerio repasó algunos de los fundamentos que llevaron a presentar el proyecto, entre ellos comentó: “La situación de los menores en conflicto con la ley es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple, no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañan al adolescente luego con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada en este sentido”.

El secretario de Justicia destacó que la Ley 22.278, que es el actual Régimen Penal de la minoridad, fue sancionada en el año 1980 y “no responde a los principios reconocidos por la Constitución Nacional y en la legislación internacional respecto al menor que ha infringido la ley penal”.

En ese sentido, planteó que “es indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios a nuestra realidad social”, y explicó que “los adolescentes o actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales”.

"Actualmente los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes"

Además, señaló que la legislación actual presenta una serie de “problemas”, y enumeró: “El primero de ellos es la edad de imputabilidad vigente, porque actualmente los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, y sumó: “Estas circunstancias genera una situación de injusticia que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.

Amerio precisó que la legislación argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad, debido a que la mayoría de los países han establecido sus edades de imputabilidad más baja y subrayó que “nuestro ordenamiento legal se encuentra desactualizado”.

“En nuestra sociedad y en las sociedades sobre todo latinoamericanas que tenemos los índices más elevados del mundo es necesario revisar y ajustar la normativa nacional para su alineamiento con la experiencia comparada y los estándares internacionales en la materia y, garantizar así, una respuesta más efectiva a la criminalidad juvenil”, consideró.

En tanto, informó que la República Argentina y la República de Cuba se encuentran son los únicos países de la región que han establecido los 16 años como la edad mínima de responsabilidad penal contrariamente en consonancia con los cambios operados en las últimas décadas otros países han modificado su legislación para evitar la impunidad en crímenes cometidos por adolescentes.

En esa línea, ejemplificó: Chile, Colombia y la República de Perú han fijado la edad en 14 años; Guatemala, Nicaragua y de la República Oriental del Uruguay en 13; Brasil y los Estados Unidos en 12 años y Granada y la República de Trinidad y Tobago en siete.

“Los niños, niñas y adolescentes poseen los mismos derechos que todas las personas, pero tienen, además, derechos especiales que derivan de su condición. Eso supone un tratamiento diferenciado en el ámbito de la Justicia penal juvenil lo que requiere la sanción de medidas específicas y esenciales para el resguardo de esos derechos”, aclaró.

Promediando su presentación, el secretario de Justicia brindó datos de la Corte Suprema de los primeros semestres de cada año que “demuestran que en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes: 822 para el año 2021 que es un 22% de aumento con respecto al año anterior; 906 para el año 2022 que representa un 10% de aumento aproximadamente respecto al año anterior; y 986 para el mismo periodo en el año 2023 ya venía bastante elevado y esto representa un 9% de aumento respecto del año anterior”.

Por último, brindó tres argumentos de Justicia respecto de la “importancia que tiene este proyecto de ley”, y explayó: “La baja edad de imputabilidad tiene que ver con la falta de credibilidad y legitimidad del sistema porque no se atienden los casos de menores que generan impunidad. Este es un punto que nosotros entendemos que es así y podemos explicar los motivos”.

“Como segundo argumento de Justicia hay una adecuación o de fase entre el derecho penal Juvenil y el derecho constitucional que ha sido resuelto por vía jurisprudencial en el mencionado caso Maldonado de la Corte Suprema”, agregó y cerró: “La tercera cuestión es que hay una elevada reiteración delictiva juvenil. Hay un montón de estudios de criminólogos y sociólogos y especialistas en el tema que demuestran la gran cantidad de reiteración de los delitos que cometen los adolescentes”.

Tal como lo venía anunciando, el diputado nacional Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, se presentó este martes en la Justicia para pedir la no aplicación del articulado, dentro de la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes sobre la reinstauración de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

“Dicha ley es inexistente porque solo tiene aprobación de una sola Cámara ¡La Cámara de Senadores la RECHAZÓ! No produjo cambios o modificaciones, la voluntad expresa de los Senadores fue EL RECHAZO”, explicó el secretario general del gremio bancario, uno de los rubros donde los trabajadores volverán a pagar la carga tributaria.

En esa línea, señaló que es “ilegítima e injusta”, y agregó que “también viola diversos principios”.

Hoy nos presentamos a la justicia pidiendo la no aplicación de la ley que instaura nuevamente un impuesto al salario.

Dicha ley es inexistente porque solo tiene aprobación de una sola Cámara.
La Cámara de Senadores la RECHAZÓ! No produjo cambios o modificaciones, la voluntad…

— Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) July 23, 2024

De ese modo, enumeró: “Intangibilidad de los Salarios; vulnera el principio de carácter alimentario del salario; es confiscatorio; viola el principio constitucional de progresividad; es una ilegal rebaja de salarios; ⁠no permite ningún tipo de deducciones; es discriminatoria; y abarca al 95% de los salarios bancarios”.

Agregó, además, que “entre otras barbaridades estas son las más notorias”, y enfatizó: “Espero que la Justicia actúe en consecuencia y le dé la razón a los trabajadores”. En el final de la publicación que hizo en X colocó el número de expediente (029217/2024).

En su primera entrevista como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger anunció este lunes que el Gobierno buscará avanzar por ley con una reforma en educación y una modernización de la Justicia, mediante proyectos que retomen capítulos que fueron quitados de la Ley de Bases original.

Al hablar sobre la aprobación de la norma, promulgada ya en el Boletín Oficial, el funcionario señaló que "a veces hay una lectura de que, si uno presenta algo y después pierde algo en el camino, uno es un débil o un fracaso, y eso es erróneo. Es el proceso de la democracia". Y consideró que en este momento se vive "una democracia más vibrante que nunca".

Sturzenegger dijo que el presidente Javier Milei tiene "ideas muy fuertes, muy transformadoras" y que el DNU 70/23 y la Ley Bases son "solo el 20% de las ideas que él tenía para llevar sobre la mesa; puso sobre la mesa un montón de debates y temas para discutir". "No quiere decir que de ese 80% restante se vaya a hacer todo, o que haya consenso absoluto en el Gobierno sobre cada una de esas cosas, o que el Congreso las acepte", aclaró.

El ministro indicó que ahora "empieza una segunda etapa de volver al Congreso y plantear nuevos temas". "Hay muchas cosas para hacer y me parece que la Ley Bases es en algún sentido un hito, porque por un lado requiere retomar la agenda legislativa. La relación con el Congreso que no se puso en un impasse, pero estaba focalizada en la aprobación de la ley y ahora empieza una segunda etapa de volver al Congreso", expresó.

En ese sentido, mencionó la ya anunciada "ley hojarascas", que será el primer proyecto que se envíe. "Te encontras con cada cosa que no podes creer. Se acumularon una serie de leyes que realmente no son muy operativas", apuntó sobre la iniciativa que buscará terminar con una serie de normas obsoletas.

Respecto de la reforma en educación, destacó que el proyecto original de la Ley de Bases tenía entre sus artículos "la obligación de tomar un examen al finalizar el secundario", algo que defendió diciendo que en los países en los que se aplica esta evaluación integradora, "las pruebas PISA aumentan 10%". También incluía el arancelamiento universitario para extranjeros no residentes, recordó en declaraciones a Radio Mitre.

Puntualmente, sobre el apartado de la Justicia, Sturzenegger consideró que había tenido buena recepción, pero quedó momentáneamente en el camino: “Lo más popular era el divorcio simplificado, porque para separarse hay que hacer un juicio de divorcio. Obviamente los abogados no querían”.

“Había además un proyecto que es el de juicio por jurados, que ya existe en varias provincias, pero lo pusimos en la Ley Bases y dijeron que no", agregó.

Por otra parte, habló de una futura reforma de la Ley de Factura Electrónica; y afirmó que una ley penal cambiaria “será algo que se abordará después de que el ministro de Economía (Luis Caputo) pueda eliminar el cepo".

Tras la condena a 16 años de prisión al exgobernador tucumano José Alperovich al cabo de un juicio por abuso sexual contra su sobrina y ex asesora en el Senado, el arco político destacó el fallo de loa justicia como “histórico”.

El jefe del bloque CC-ARI en Diputados, Juan Manuel López, expresó: “Nunca voy a dejar de creer que Argentina puede tener Justicia, aunque mayormente reine la impunidad. Que hoy haya sido condenado Alperovich, un poderoso de aquellos, da esperanza”.

“No quiero dormir sin decir esto. 16 años para Alperovich, condenado a prisión efectiva, con detención inmediata e inhabilitación perpetua. Basta de impunidad, basta de los amigos del poder. Basta de abusos. Te creí siempre y te creo. Buenas noches”, escribió la radical Karina Banfi.

En el mismo sentido, la vicejefa del bloque UP en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, manifestó: “16 años de prisión para Alperovich que tendrá que cumplir su condena por abuso sexual. Es una respuesta histórica y trascendental de la justicia, que esperábamos quienes luchamos y seguiremos gritando ¡tocan a una, nos tocan a todas!”.

La diputada libertaria Marcela Pagano celebró: “Fin de la era del miedo. Ningún Sr feudal tiene garantías de eterna impunidad… el que las hace las paga, tarde o temprano, las paga”.

“Condena a Alperovich por los delitos de abuso sexual simple y agravado. Es un fallo reparador para la denunciante e histórico para el movimiento de mujeres que desde el primer momento exigió justicia. #NiUnaMenos”, fueron las palabras de Margarita Stolbizer (HCF).

Al fin se terminó la impunidad para Alperovich y tantos años de silencio cómplice de los/las que lo protegieron. pic.twitter.com/eWj7g9Z7HK

— Silvia Lospennato (@slospennato) June 18, 2024

"¡La Argentina de la impunidad se acabó! Los hombres como Alperovich no pueden seguir en la calle. Hoy, la justicia marca un precedente para todos aquellos que se creen intocables", posteó la radical Soledad Carrizo.

Por su parte, la diputada Carolina Píparo se sumó a la oleada de reacciones por la condena del ex gobernador de Tucumán, a quien señaló por haberse ocupado el máximo rol en el poder provincial en tres ocasiones. “Espero que sea el comienzo del fin de la impunidad de los señores feudales, que se creen dueños no solo de provincias sino también de vidas y cuerpos”, sentenció la ex candidata a gobernadora de Buenos Aires.

Mónica Macha, diputada de UP, consideró a la condena como un “acto de justicia clave para nuestra vida política y para la lucha contra el abuso sexual en la Argentina”. “Nuestra revolución no defiende abusadores. ¡Yo sí te creo!”, cerró su mensaje la legisladora kirchnerista.

Alperovich: ADENTROOOO

UN ABUSADOR DEL PODER MENOS

!SE HIZO JUSTICIA!

¡ATENTOS EN LA MUNI DE LA MATANZA!

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) June 18, 2024

Pudrite Preso Alperovich.
Nada es eterno. pic.twitter.com/iVvDTiCBin

— Monica Frade (@MonicaFradeok) June 18, 2024

"Un paso más en contra de la impunidad. 16 años para Alperovich por abuso sexual", expresó brevemente la diputada del Pro Silvana Giudici. Su par de bancada María Eugenia Vidal sostuvo: "La Justicia condenó a Alperovich, un señor feudal que con la complicidad del kirchnerismo pensó que la aberración que cometió iba a quedar impune. Un abrazo a la mujer que, aún con tanto dolor, lo pudo denunciar".

“Alperovich 16 años por abuso sexual, justicia lenta pero llega al fin. Qué espera la justicia de Santa Cruz para avanzar en la causa del Comisionado de Fomento de Cañadon Seco que ostenta cargos públicos con doble procesamiento por abuso sexual? El poder no puede dar impunidad,… pic.twitter.com/Y9W3HGBibS

— Roxana Reyes (@roxanareyessc) June 19, 2024

Este miércoles 3 de abril, a las 8.30, los legisladores que presentaron en febrero un amparo judicial contra la eliminación del Fondo Compensador del Transporte para el interior del país, ampliarán los fundamentos del mismo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (Entre Ríos 435), frente al dictado del DNU 280/2024 por parte por el Ejecutivo Nacional, el 27 de marzo último.

La iniciativa, por medio de la que el doctor Hugo Hernández patrocina a dos trabajadoras de casas particulares, es acompañada por el diputado nacional Eduardo Toniolli (UP – Santa Fe), la diputada provincial Lucila De Ponti y los concejales Juan Monteverde, Mariano Romero, Norma López, Caren Tepp, Jesica Pellegrini y Julián Ferrero, y busca frenar la eliminación de los subsidios nacionales al transporte de pasajeros del interior del país.

Asimismo, se pretende obligar a las partes -Poder Ejecutivo Nacional y amparistas - a conformar un comité de emergencia junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Gobierno de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, para buscar soluciones consensuadas a la crisis del transporte público.

“Nos presentamos ante la Justicia Federal para ampliar el amparo que interpusimos en febrero, contra la eliminación del Fondo Compensador del transporte del interior por parte de Milei. El DNU 280 es inconstitucional y representa un golpe mortal contra nuestra movilidad”, contó Toniolli en redes.

El diputado de UP explicó: “En febrero, el Gobierno nacional había anunciado la eliminación de los fondos para el transporte del interior del país. Nosotros apenas supimos eso, presentamos un recurso de amparo. Hoy estamos introduciendo una ampliación de los fundamentos. A la Cámara le pedimos premura, porque el boleto ya está 700 pesos. Estamos ante gobiernos locales que trasladan al boleto cada aumento de costos. Esto es un problema para el usuario, pero además para el propio sistema, porque a cada incremento de tarifa merma la cantidad de gente que viaja. Además, en el AMBA los subsidios siguen, con dinero que se cobra en todo el país por el impuesto a los combustibles: esto muestra que es un gobierno claramente antifederal”.

La senadora bonaerense de Unión por la Patria Gabriela Demaría presentó un proyecto para crear un nuevo juzgado de garantías en Mar del Tuyú, una de las localidades del Partido de La Costa, lugar del que es oriunda.

“Ante esta nueva realidad de más de 100 mil habitantes, a lo que tenemos que sumar las y los miles de visitantes que recibimos producto de la actividad turística, es necesario ampliar los servicios del Estado para garantizar la calidad de vida de las vecinas y vecinos”, explicó la senadora Demaría.

En concreto, Demaría elevó a la Legislatura bonaerense su iniciativa de crear el segundo juzgado de garantías con sede en Mar del Tuyú, correspondiente al Departamento Judicial de Dolores.

En este sentido, la senadora bonaerense peronista destacó “la importancia de ampliar los servicios del Estado para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos” y aseguró que “el acceso a la justicia es un aspecto crucial en este proceso”.

“Quienes vivimos en el interior de la provincia sabemos que la descentralización es fundamental para mejorar el acceso a la justicia. El crecimiento de La Costa amerita que se profundice ese proceso y estos avances van en esa línea”, detalló la senadora bonaerense de la Quinta sección electoral.

Asimismo, Demaría valoró que el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires abrió la convocatoria a aspirantes para sumar un juez de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y tres jueces del Tribunal del Trabajo en Mar del Tuyú, con el 12 de abril como fecha de cierre de las inscripciones.

Por último, Demaría hizo hincapié en que la importancia “de la descentralización para mejorar el acceso a la justicia en el interior de la Provincia y afirma que estos avances están alineados con ese objetivo”.

Luego del fallo del Juzgado Federal de Rawson, el presidente de la Nación, Javier Milei, le ordenó a su equipo legal a pedir un per saltum a la Corte Suprema de Justicia en contra del fallo que ordenó al Estado nacional a abonar los 13.500 millones del fondo coparticipable.

También, la Secretaría Legal y Técnica analizará la chance de plantear la "incompetencia plena" y recusación del juez que favoreció a la provincia de Chubut. El Gobierno busca responder de manera inmediata al fallo del juez Hugo Sastre.

Con el per saltum, el Poder Ejecutivo Nacional podría apelar el fallo directamente en la Corte, sin pasar por otras instancias previas, ya que consideran que la relación de las provincias con el Gobierno nacional es competencia plena del máximo tribunal.

El per saltum es una herramienta legal paras las causas que tienen sentencia del juzgado competente de primera Instancia, y si reviste gravedad institucional, las partes apelantes pueden llevar el caso directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación evitando pasar por la segunda instancia.

Cada vez que es requerido el per saltum, los miembros de la Corte Suprema de Justicia se reúnen y analizan si el pedido es justificado o no. Si es aceptado, volverán a reunirse para emitir una sentencia definitiva, pero si esrechazado, la causa continúa su trámite natural.

En medio de la puja entre el Gobierno Nacional y el gobernador chubutense Ignacio “Nacho” Torres, la Justicia falló a favor de la provincia patagónica y ordenó el pago de los 13.500 millones que el Estado nacional había retenido de los fondos de coparticipación.

El Juzgado Federal de Rawson N° 1, a cargo de Hugo Sastre, dictaminó un fallo que obliga al Gobierno nacional a "cesar con la retención" de los fondos hasta tanto se avance "en una refinanciación de la deuda".

Dentro del fallo de 19 páginas, se ordenó el "cese de la retención que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”.

Con relación al reclamo del Gabinete nacional respecto a la gestión chubutense, el fallo señaló que se abone el monto del fondo coparticipativo “hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso”.

El gobernador Torres había acudido a la Justicia y se refirió a la gravedad institucional de la decisión de la Casa Rosada: “El Estado Nacional habría perdido de vista los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal, que impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a las provincias”, respecto a lo ocurrido con Chubut.

El reclamo del estado provincial explicó que “la gravedad del monto alcanzado se adiciona el escaso tiempo en el que se pretende la misma sea cancelada, esto es, en los próximos 10 meses”.

En el final del fallo, Sastre le ordenó al Estado nacional que “se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia de Chubut”.

El punto más caliente de este conflicto se dio el viernes cuando el gobernador Torres publicó en X: “En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual”, y aseveró que “si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”.

La respuesta del presidente Javier Milei fue inmediata: “Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del Código Penal”, y desarrolló en un tuit el artículo 194.

Acompañado por el presidente de bancada, Rodrigo de Loredo, un grupo de diputados nacionales del bloque radical presentó una denuncia en la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal con el objeto de que se investigue la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo respecto de los dichos del presidente Javier Milei que involucran a legisladores nacionales.

En la denuncia formal, los diputados radicales relataron que “las primeras declaraciones en este sentido corresponden al 2023, oportunidad en el que en el canal LN+, el presidente afirmó ‘a esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Este DNU apunta contra los corruptos’”.

Del mismo modo, agregaron que en otro reportaje, Milei expresó que “hay un conjunto de traidores, estafadores, que ponen por encima sus privilegios de casta, sus negocios personales, por encima de los intereses del país, ingresan a la política y así robar el dinero de los pagadores de impuestos”.

Un conjunto de Diputados de la UCR nos autodenuciamos ante la Justicia para que los Tribunales resuelvan si es verdad que hubo coimas en el tratamiento de la Ley Ómnibus. Ante las irresponsables declaraciones de las máximas autoridades del país es imprescindible echar luz. pic.twitter.com/yQiFlUh1ug

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) February 14, 2024

En tal sentido, solicitaron que el presidente de la Nación sea citado a declarar para informar los nombres de los legisladores que habrían percibido sobornos; informar el nombre de quienes habrían pagado dichos sobornos; y aportar los indicios y pruebas que otorguen base a la información que provea, indicando en su caso las fuentes de información de las cuales se ha valido.

Además del jefe de bancada radical, la denuncia lleva las firmas de los diputados nacionales Fernando Carbajal, Manuel Aguirre, Julio Cobos, Jorge Rizzotti, Natalia Sarapura, Martín Tetaz, Pedro Galimberti, Juan Carlos Polini y la vicepresidenta del bloque, Karina Banfi.

FORMULAN DENUNCIA PENAL

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) se reunió con el ministro de Justicia, Mario Cúneo Libarona, para establecer una agenda “contra la corrupción y justicia independiente”.

A través de sus redes, Reyes contó: “Nos reunimos con el ministro de Justicia de la Nación para planificar nuestro trabajo por una justicia ágil, eficaz e independiente”, y sumó: “Le transmití mi mirada sobre la lucha inclaudicable que debemos dar contra la corrupción dado que nadie invierte ni quiere vivir en un país con altos niveles de corrupción y bajos estándares de institucionalidad”.

“Si la justicia argentina es un poder que vele por los derechos de todos los argentinos seremos un país más amigable y atractivo para las inversiones y consecuentemente el desarrollo que buscamos”, manifestó.

Reyes contó que también dialogaron sobre el proyecto presentado en Cámara de Diputados de Ficha Limpia porque “no podemos seguir teniendo corruptos que usan la función pública o los fueros como guarida”.

“Fue tema de la reunión también la anunciada Fiscalía contra la corrupción quedando a la espera del anuncio oficial y los lineamientos de la misma, pero en el convencimiento que convertirá a nuestro país en un lugar de avanzada para dar esta lucha al flagelo de la corrupción”, informó.

Por último, comentó que abordaron el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la necesidad de avanzar en cubrir las vacantes de la justicia nacional y federal.

El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico habilitó este jueves la feria judicial de verano para tratar los amparos presentados por la CGT y la CTA que reclaman que el decreto de necesidad y urgencia del enviado por el presidente Javier Milei el pasado 20 de diciembre es inconstitucional.

Lavié Pico dispuso del levantamiento del receso de verano para tratar el decreto presidencial, debido a que el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, Esteban Furnari, está de feria. También, fue habilitado un pedido del Gobierno nacional para que este magistrado reclame al fuero laboral, donde hubo dos cautelares frenando el apartado referido a reformas laborales y todos los amparos se acumulen en su juzgado.

El vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado este jueves que el Poder Ejecutivo presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia contra el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que se pronunció en contra del mega DNU 70/2023 en su capítulo laboral.

La idea de Lavié Pico es ratificar que aquello que se ha resuelto en la Cámara Nacional del Trabajo seguirá en este fuero, por lo que ha desarmado lo que el magistrado tenía en su juzgado de tratar el asunto como un amparo colectivo.

La medida es contraria a lo pedido por el Gobierno nacional a través de la Procuración del Tesoro, que pretendía concentrar todos los amparos en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

Así las cosas, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar esta disposición del juez que decide tratar cada uno por separado: el que él tiene, que es contra la totalidad, y aquel del fuero laboral, con dos medidas cautelares presentadas con finalidad de veto parcial.

De seguir este rumbo, intervendrá la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que resolverá si los amparos siguen analizándose por separados o se concentran todos en este último fuero.

Por último, el juez Lavié Pico le dio traslado al Gobierno nacional para que en un plazo de tres días haga un descargo en defensa del DNU ante la cautelar pedida y cinco sobre el fondo del asunto, tras lo cual resolverá.

Después de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, diera a conocer su plan de acción, la diputada del MST Cele Fierro junto al referente de la izquierda Alejandro Bodart presentaron ante la jueza federal María Romilda Servini un pedido para suspender y declarar inconstitucional el protocolo anunciado por la funcionaria.

En ese sentido, los dirigentes de izquierda aseguraron que “es urgente que la justicia dicte una medida cautelar suspensiva e invalide ese engendro represivo e inconstitucional. La ministra de Seguridad dice ‘fuera de la ley nada’, pero con su resolución pretende atropellar la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que garantizan los derechos democráticos de reunión, petición a las autoridades y libertad de expresión”.

“Bullrich sigue amenazando con palos, multas y quite de ayuda social, pero el 20 vamos a ser miles y miles de trabajadores, estudiantes y sectores populares en Plaza de Mayo y en todo el país para enfrentar el ajustazo del gobierno de Javier Milei y el protocolo. La gente no se deja hambrear en silencio”, advirtieron Fierro y Bodart.

El escrito, de 34 páginas, ingresó como expediente N° CNE 10514/2023, y es patrocinado por la doctora Claudia Leaños, del Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU).

El diputado nacional Gerardo Milman (Frente Pro) reiteró ante la Justicia que un teléfono celular que se busca peritar en la causa por intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue “extraviado en una mudanza”, al presentar un escrito en el cual puso a disposición el acceso a su vivienda.

"En primer lugar no tengo nada que ocultar en relación a los hechos ventilados en la causa”, sostuvo Milman en el escrito presentado en el juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene delegada la investigación en la fiscalía de Carlos Rívolo, informaron fuentes judiciales.

En esa línea, manifestó no poseer “el aparato telefónico que se intenta secuestrar, conforme lo ya manifestado en mi anterior presentación, ya que el mismo fue extraviado en una mudanza junto a otros elementos”.

“Vengo a ponerme nuevamente a disposición de la justicia, franqueando el ingreso a mi domicilio”, agregó Milman tras mencionar que el 1 de noviembre pasado se ordenó peritar todos sus teléfonos celulares a pedido de la querella y la fiscalía.

Todo esto es consecuencia del reclamo de la querella de la vicepresidenta, tras detectar que entregó a la Justicia un aparato adquirido después de los hechos y que no era el que utilizaba al momento en el cual según un testigo habría pronunciado la frase “cuando la maten, yo voy a estar en la Costa”, dos días antes del intento de homicidio.

El diputado sostuvo que con ello busca “evitar de esta forma daños en mi propiedad y mayor alteración de la tranquilidad de mi seno familiar el cual, por la actuación o excursión de pesca de la acusadora, pese a la orfandad probatoria incriminante, se ve nuevamente alterado”.

Por último, pidió que no se secuestre un teléfono celular que dijo haber comprado el día en que entregó su móvil en el juzgado “para no quedar incomunicado” y por su “actividad laboral”, y adjuntó el comprobante de esa adquisición.

A principios de mes la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un pedido de autorización del juzgado para allanar el domicilio de Milman en busca de tres teléfonos que según la querella usaba al momento de los hechos.

La orden del secuestro del teléfono del diputado se dispuso tras la declaración de una asesora de Milman (Ivana Bohdziewicz), que contó ante la Justicia que había sido convocada por el entorno del legislador para eliminar la información de su teléfono celular, que podría ser de interés para la investigación del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.

A principios de noviembre, la Cámara Federal porteña ordenó el secuestro de los teléfonos celulares que el diputado Milman no entregó a la Justicia en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato acaecido el 1 de septiembre del año pasado.

El tribunal le ordenó a la jueza Capuchetti que avance con la medida pedida por la querella y por el fiscal Rívolo, para lo cual debió solicitar la autorización de la Cámara de Diputados, tal como establece la Ley de Fueros invocada en la resolución.

La medida había sido requerida por la fiscalía y por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, tras detectar que el acusado había entregado a la Justicia un teléfono celular iPhone 14 Pro Max que apareció en el mercado después de la fecha en el que se produjo el atentado.

Días atrás, la Gendarmería Nacional le informó a la jueza Capuchetti que la tecnología de la que dispone esa fuerza no es suficiente para extraer información de ese teléfono por lo que la magistrada le consultó a la defensa de Milman si el diputado está dispuesto aportar el patrón de desbloqueo, informaron fuentes judiciales.

El diputado nacional Alberto Asseff (Frente Pro) presentó un escrito ante la justicia en el que solicita ser tenido como parte querellante en la causa que investiga el espionaje ilegal a jueces, fiscales y dirigentes políticos y que tiene como principal acusado al expolicía Ariel Zanchetta, quien registraba diálogos en su celular con el funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez y el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.

“Repudio el espionaje y rechazo el hostigamiento a los jueces, desde los miembros de la CSJN hasta todos los magistrados apuntados por el kirchnerismo”, expresó el diputado en su presentación.

Y planteó: “No conozco ni nunca tuve contacto de ninguna naturaleza con Ariel Pedro Zanchetta y que ignoro por qué pudo tener entre 5.793 mí contacto telefónico, resulto damnificado con derecho a solicitar ser tenido como de querellante”.

Así denunció: “Estar en el listado de contactos del mencionado Zanchetta, me alarma notoriamente ya que pudo haber habido escuchas telefónicas a las conversaciones por mí realizadas y seguimientos respecto de mi persona, por lo que tal intromisión me afecta notablemente resultando un claro avasallamiento de derechos inalienables y personalísimos a la intimidad de raigambre constitucional, que merece una explicación por los mismos medios de comunicación”.

Solicita-ser-tenido-como-parte-querellante.-Dr.-Alberto-E.-Asseff

Hace poco conmemoramos los 40 años del retorno a la democracia en Argentina, tras las elecciones que consagraron al Dr. Raúl Alfonsín como presidente, quien nos dejó una valiosa lección sobre la importancia de la independencia del Poder Judicial y la composición de una Suprema Corte de Justicia imparcial.

Durante los gobiernos iniciados en 2003 por los presidentes Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández, la Corte Suprema de Justicia actuó como un contrapeso frente a arbitrariedades y abusos de poder.

Es por ello que, en repetidas ocasiones, se intentó reformar el sistema judicial, incluso logrando la aprobación de una ley que posteriormente fue declarada inconstitucional.

Ahora, se ha adoptado una nueva estrategia, inventando un juicio político contra los miembros de la Corte con acusaciones tan débiles que incluso el propio candidato a presidente del oficialismo afirmó desconocer.

Si las acusaciones fueran reales y concretas, todos estaríamos al tanto de ellas. Esto evidencia la falta de fundamentos en el procedimiento.

El triste ejemplo de Venezuela nos muestra cómo la decadencia de un país puede comenzar con la manipulación del sistema judicial.

Recordemos la imagen grotesca e inquietante de más de 20 miembros de la Suprema Corte de Justicia aplaudiendo la entrada de Hugo Chávez en la Asamblea.

¿Cómo se debieron sentir los ciudadanos ante esa demostración de poder absoluto? ¿A quién podían recurrir en busca de justicia? El drama venezolano lleva más de 25 años y aún continúa.

Es fundamental recordar que el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema de Justicia, es la última garantía que tiene cada ciudadano en cuanto a su seguridad personal, sus bienes y su futuro. Un sistema judicial fuerte puede resistir actitudes autoritarias por parte de los presidentes o leyes promulgadas por un poder legislativo adicto, ya que cualquier acto o ley contraria a la justicia puede ser anulada por una sentencia cuyo cumplimiento es obligatorio.

La Unión Cívica Radical se compromete a proteger esta democracia, defendiendo la independencia del Poder Judicial como garantía de la República. Estaremos vigilantes ante cualquier intento de colonización por parte del poder ejecutivo, sin importar quién sea el próximo presidente.

La imparcialidad y la integridad del sistema judicial son pilares esenciales para preservar la República y asegurar que ningún poder se sobrepase en perjuicio de los derechos y la libertad de los ciudadanos.

La UCR se mantendrá firme en la defensa de la justicia y la separación de poderes, evitando así que la historia de otros países se repita en nuestra nación.

Luego de haber realizado su descargo en declaraciones radiales al ser involucrado en un caso de espionaje ilegal a jueces, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT) presentó un escrito en la Fiscalía que lleva a cabo la investigación de la causa para solicitar información respecto de una carpeta con su nombre según consta en el dictamen.

“Parece que no soy el jefe de la banda como dice la cofradía del sobre sino una de las víctimas de estas maniobras. Robles, Rosatti, se les empieza a caer la opereta”, apuntó el diputado kirchnerista.

En el escrito, señala que “basta con acudir a los principales medios de nuestro país para advertir que me encuentro vinculado por diversos periodistas como miembro o incluso jefe de la organización que se investiga”.

Además, remarcó que en el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita -que pidió la indagatoria del sargento retirado de la Policía Federal Ariel Zanchetta en cuyo teléfono se le encontraron chats con Tailhade los cuales confirmó- en las 169 páginas no se encuentra mencionado en todo el documento.

Sin embargo, indicó que “es determinante relevar si el Anexo 1, en el que según el dictamen mencionado se encontrarían detallados los 1196 informes de inteligencia, se encuentra identificada una carpeta con mi nombre”, por lo que solicitó que se le informe sobre ello y pidió tener acceso a esa información y al contenido.

Recién presenté este escrito en la Fiscalia que investiga la causa del "espionaje" a jueces. Parece que no soy el jefe de la banda como dice la cofradía del sobre sino una de las víctimas de estas maniobras. Robles, Rosatti, se les empieza a caer la opereta. pic.twitter.com/GIr4Hj09HP

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) November 8, 2023

Dirigentes políticos del arco opositor reclaman justicia por el asesinato de Morena Domínguez, una nena de tan solo 11 años que fue asesinada por motochorros que quisieron robarle la mochila y el celular cuando se dirigía a la escuela en la mañana de este miércoles en Villa Diamante, partido de Lanús.

En ese sentido, el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, escribió: “Mi acompañamiento a la familia y amigos de Morena. Me niego a la resignación de poder construir un país normal donde podamos vivir y desarrollarnos en paz. Tenemos la obligación y la responsabilidad de volver a dar la pelea contra los delincuentes cuanto antes”.

"Una sociedad donde matan a una nena de 11 para robarle en la puerta de la escuela está al borde de la descomposición. Mis condolencias a la familia de Morena. La Justicia debe ser inmediata y ejemplar", posteó el jefe del bloque UCR en Diputados, el cordobés Mario Negri.

La vicejefa del bloque UCR en la Cámara baja, Karina Banfi, expresó: “Morena tenía 11 años. Acompaño con todo mi corazón a su familia, sus compañeros de la escuela y sus maestros. A todos nosotros nos invade mucha tristeza y dolor. Pedimos justicia por Morena, exigimos justicia para cada víctima de inseguridad”.

Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 9, 2023

“Mis condolencias a la familia de Morena. Exigimos una rápida búsqueda y detención de los culpables y que les caiga todo el peso de la ley”, pidió el presidente de la CC-ARI, el diputado Maximiliano Ferraro.

El diputado del Pro y precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli manifestó: "Siento una enorme tristeza y le envío las condolencias a la familia y seres queridos de Morena. Seamos muy respetuosos del dolor y le pido a la justicia que actúe rápidamente para encontrar a estos asesinos para que les caiga todo el peso de la ley".

No hay palabras para tanto dolor. Mis condolencias a la familia de Morena y sus seres queridos. Necesitamos justicia. Voy a acompañarlos para exigirla.

— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 9, 2023

Su par de bancada, la diputada Paula Oliveto manifestó: “Justicia por Morena. No puede haber impunidad en este país donde los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Los derechos humanos de las víctimas y sus familiares tienen que estar por encima de aquellos que se creen con derecho a destruir una hermosa vida. Basta.

De forma breve, la diputada Mariana Stilman (CC-ARI) posteó: “Tristeza infinita ante un hecho tan injusto. Mis condolencias y mis respetos a la familia de Morena”.

Debido al aberrante crimen que nos conmueve a todos, resolvimos suspender el mensaje final y toda la actividad de campaña que teníamos prevista para hoy a las 17h en Parque Centenario. Acompañamos en este doloroso momento a la familia y amigos de Morena.

— Martín Lousteau (@GugaLusto) August 9, 2023

El diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) planteó su desacuerdo con la suspensión del cierre de campañas de los candidatos, por el contrario, remarcó: "Estamos atrapados entre dos tragedias; la economía y la inseguridad. El crimen de Morena exige que Axel Kicillof de la cara y que los que se postulan expliquen cómo piensan resolver el problema para que no se repita".

La senadora Guadalupe Tagliaferri envió sus condolencias y su solidaridad a familiares y seres queridos de Morena. "En este momento de tanto dolor y tristeza, espero que la Justicia pueda actuar con celeridad para encontrar a los asesinos y condenarlos por este crimen atroz", pidió.

Enorme tristeza por la muerte injusta de Morena. Un fuerte abrazo a su familia, sus amigos, sus compañeros y maestras. Los acompañaremos hasta el final para que haya justicia.

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 9, 2023

“Morena, 11 años, Lanús. La Argentina que duele y lastima. Todo nuestro acompañamiento a sus familiares en este momento. Que la dirigencia enseñe y que las máximas autoridades de la provincia y de Lanús trabajen en conjunto para encontrar a los responsables”, exigió la radical Carla Carrizo.

La legisladora Victoria Morales Gorleri lamentó “profundamente lo que le pasó a Morena”, y sumó: “Mucho dolor e impotencia ante estas tragedias cada vez más habituales en el conurbano bonaerense y en todo el país. Mi abrazo a todos sus seres queridos”.

Todo dado vuelta. Sobra inseguridad, falta responsabilidades. Dolor por el asesinato de Morena, una niña de once años que iba a su escuela para estudiar. Acompañamos a su familia y compañeritos en este momento tan angustiante.

— Dolores Martinez (@martinezdolom) August 9, 2023

Mercedes Joury (Pro) escribió: “Acompaño en el dolor a todos los familiares y amigos de Morena. Es una noticia muy triste. ¡No podemos seguir viviendo así, tenemos que terminar con el flagelo de la inseguridad ya!”.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo así?”, preguntó la diputada Graciela Ocaña y agregó: “Todo mi apoyo y solidaridad con la familia de Morena que, con tan sólo 11 años, fue asesinada en un nuevo hecho de inseguridad. Basta no podemos seguir viviendo en la Argentina del miedo”.

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, sostuvo que el responsable de lo ocurrido es “una clase política que hace décadas defiende un modelo de empobrecimiento y zaffaronismo que genera delincuentes sin ningún respeto por la vida. Décadas de poner a las víctimas en el lugar de los victimarios, y a los delincuentes en el lugar de las víctimas”.

TRAGEDIA EN LANÚS

La tragedia de Lanús en la que una nena de 11 años fue asesinada por un motochorro cuando iba a la escuela tiene un responsable muy claro: una clase política que hace décadas defiende un modelo de empobrecimiento y zaffaronismo que genera delincuentes sin…

— Javier Milei (@JMilei) August 9, 2023

La política es un fracaso cuando una nena de 11 años es asesinada. No me vengan con slogans copiados y fotos rudas cuando tienen chofer, custodia y viven del Estado desde hace décadas. Nada va a cambiar si votan a los mismos de siempre, xq ellos son parte del problema y de las… pic.twitter.com/tMHibtyVX6

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 9, 2023

Su precandidata a gobernadora bonaerense, la diputada Carolina Píparo, publicó: “A Morena de 11 años la asesinaron para robarle en Lanús, la asesinaron motochorros cobardes que eligen a los más vulnerables sin límites ni piedad. ¡Que todo el progrerío político y judicial aprenda que el delincuente no es víctima de nada, son seres crueles que merecen castigos!”.

Acompaño a la familia de Morena en este difícil momento. La falta de voluntad del gobierno para combatir el delito es el motivo por el cual todos los días padecemos estos niveles de inseguridad.

Es indignante verlos cómo opinan en tv en vez de resolver estos problemas. pic.twitter.com/id3LUK86Lf

— Florencio Randazzo (@RandazzoF) August 9, 2023

El diputado nacional Juan Martín (UCR - Santa Fe) solicitó la interpelación del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, para que dé cuenta en el Congreso de temas cruciales, tales como la utilización de teléfonos celulares con los que los presos digitan crímenes desde los penales.

“Se incumple en el Sistema Penitenciario Federal el artículo 160 de la Ley 24.660, respecto a la prohibición del uso de comunicaciones telefónicas en las unidades penitenciarias por parte de los internos. Por eso queremos que el ministro informe qué medidas disciplinarias se han tomado, sanciones dispuestas y acciones tendientes a dar fin a esta situación que permite a las organizaciones delictivas perpetrar delitos desde las cárceles”, destacó el diputado santafesino.

También solicita que Soria explique “la paralización total en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal y razones por las cuales durante la presente gestión de gobierno no se ha producido avance alguno en las jurisdicciones que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal ya dispuso, esto es: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza”.

“Retraso en el cubrimiento de vacantes de cargos de la Justicia Federal en la Provincia de Santa Fe a raíz de pliegos que al momento no ha remitido el PEN al Senado de la Nación, en particular respecto al caso del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario”, suma entre sus pedidos.

Solicitamos la interpelación al ministro @MartinSoria_ en el Congreso de la Nación.

Vivimos en una suerte de Estado fallido que ensaya respuestas espasmódicas ante la crisis de seguridad. El ministro de justicia no vino nunca a Santa Fe, es inaudito. pic.twitter.com/JgM3W9Pk3U

— Juan Martín (@juanmartinmusac) August 3, 2023

Además, que indique “si se prevé en la planificación con la Justicia Federal, espacios acordes para albergar el nuevo sistema acusatorio en Santa Fe o, el correspondiente financiamiento para las obras necesarias de construcción o adecuación de inmuebles”.

También, que Soria de cuenta del “estado de situación detallado por jurisdicción en relación a la existencia y funcionamiento de los Hornos Pirolíticos, para incinerar estupefacientes, teniendo en cuenta que mediante convenio oportunamente celebrado con Ministerio a su cargo y el de Seguridad de la Nación se impulsaba la instalación de este equipamiento esencial en todas las jurisdicciones del país”.

Para el diputado radical “los presos con causas por tráfico de estupefacientes, generalmente, son alojados en las distintas unidades penitenciarias, donde comparten espacios con reclusos condenados o imputados por integrar bandas violentas, como en el caso de los condenados por homicidios dolosos, inclusive sicariato. El resultado es que, en las mismas unidades penitenciarias se produce el tejido de nuevas alianzas con fines delictivos, y lejos de traer paz y convivencia profundiza el potencial de las bandas”.

“No podemos seguir corriendo detrás de la pelota y llegando tarde, menos en materia de seguridad y justicia. Por eso resulta inaudito que estos temas estén fuera de la agenda del Ministerio. Por eso exigimos que el Soria venga a explicar estas situaciones que requieren una atención prioritaria”, expresó Martín

Así afirmó: “Hoy estamos frente a lo que podemos considerar un Estado fallido que ensaya respuestas espasmódicas ante la crisis de seguridad. Una parte importante compete a la cartera de Justicia y no conocemos una sola medida de los responsables de la cartera. El ministro no vino nunca a Santa Fe, es inaudito”.

El pedido de interpelación contra el ministro Soria es acompañado por sus pares Gabriel Chumpitaz, Victoria Tejeda y Carolina Castets. Martín señaló que “tiene como punto de partida la dramática situación que atraviesa su provincia, con récords de asesinatos y una ola de violencia que crece sin cesar”.

interpelacion-soria

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) se refirió a la definición del nuevo Congreso, a partir de las elecciones de este año, y dijo que desde Juntos por el Cambio tienen "una expectativa muy fuerte de que podamos tener mayoría en las dos cámaras". "Además, como somos propensos al diálogo y lo fomentamos, el Congreso va a volver a funcionar normalmente", expresó.

El legislador, que dejará su banca en diciembre, señaló que "el Congreso va a tener una importancia mayúscula en el próximo gobierno, particularmente en los primeros tiempos".

Al diferenciarse del oficialismo, el macrista criticó que "con el kirchnerismo es muy difícil dialogar, no les interesa la búsqueda de acuerdos y consensos, ellos solo entienden la política como una imposición". En ese sentido, acusó al Frente de Todos de que "no sesionemos porque no pueden resolver lo que les gusta".

Sobre el juicio político que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema, el porteño consideró que "es un embate más del kirchnerismo contra la Justicia". "El kirchnerismo nunca se llevó bien con la Justicia, hizo intentos para cooptarla y dominarla, como en esa ley pomposa de la democratización de la Justicia, que era una verdadera calamidad y por suerte la Corte frenó y declaró inconstitucional", recordó.

"La Justicia tiene que ser independiente para controlar a los otros dos poderes", resaltó y auguró: "Todos estos embates contra la Corte Suprema en particular, y contra el Poder Judicial en general, se van a terminar a partir del 10 de diciembre cuando asuma un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio".

Consultado en CNN Radio sobre cómo cree que sería la relación de Sergio Massa y la Justicia en un eventual gobierno, Tonelli observó que el líder del Frente Renovador "tiene algunas diferencias con el kirchnerismo puro y duro, pero si uno se atiene a las idas y vueltas que ha tenido Massa en su trayectoria se hace muy difícil pronosticar cuál podría ser el rumbo de una gestión eventualmente encabezada por él. Por suerte creo que no va a ocurrir".

Además, cuestionó al ministro de Economía por ser precandidato sin haber renunciado a su cargo. "La tradición democrática y republicana indica que quien aspira a un cargo electivo, cuando llega el momento de la campaña, renuncia al cargo y se dedica a la campaña y compite en igualdad de condiciones. Pero sabemos que con el kirchnerismo lo ideal es una utopía", manifestó.

Por último, el diputado del Pro se refirió a la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: "Entiendo que haya quejas por el tono elevado, pero no hay que darle tanta importancia. Estamos en un interna, hay dos candidatos que compiten y es lógico que intenten diferenciarse. En el país hemos tenido pocas internas de este tipo".

"No hay que asustarse y hay que dejar que los candidatos sigan exponiendo sus propuestas, programas e ideas y después, cuando uno de ellos quede consagrado, no tengo dudas que todo Juntos se alineará detrás del ganador ", cerró.

Con un Chaco conmocionado por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, a los ya pedidos de citación por parte de JxC de la ministra de Mujeres y Géneros a ambas cámaras para que brinde explicaciones sobre el caso, el Frente de Izquierda también presentó un proyecto de declaración para exigir justicia por el femicidio de la joven de 28 años.

La iniciativa lleva las firmas de Romina del Plá, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Myriam Bregman, en la que exigen que la investigación se realice con la mayor “transparencia, profundidad e independencia, habida cuentas de que se encuentran involucrados aliados políticos del gobernador de dicha provincia Jorge Capitanich”.

Entre los fundamentos, recuerdan que la joven desapareció el pasado 1ro de junio y por el caso ya hay 7 detenidos. Además, cuestionan que “el caso despertó un fuerte descontento popular debido a que la Justicia procede lentamente para realizar allanamientos y establecer indicios reales sobre su desaparición, dado que se trata de una familia de punteros del PJ con fuertes lazos con el gobierno provincial de Jorge Capitanich. Sin ir más lejos, Emerenciano Sena era candidato del oficialismo a diputado provincial y Marcela Acuña a intendenta de Resistencia”.

“La desaparición de Cecilia Strzyzowski y el intento de encubrimiento del crimen debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, especialmente en lo que hace a la responsabilidad política del gobierno de Jorge Capitanich en haber encumbrado a Emerenciano Sena. El intento del gobierno de deslindar responsabilidades es un enorme engaño. Debe rendir cuentas y se debe investigar a fondo toda la cadena de las relaciones de la familia Sena con el poder político. Emerenciano Sena y Marcela Acuña hace 16 años que no solo apoyaron al actual gobernador provincial, Jorge Capitanich, sino también al de Domingo Peppo y de Gustavo Martínez”, denuncian.

Según La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN) publicó la edición 2022 del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA). Se identificaron 226 víctimas directas de femicidio en la República Argentina entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. La misma fuente señala que 5000 es la estimación de mujeres desaparecidas en la Argentina actualmente, 203 son las mujeres que ingresan por mes al registro nacional de personas desaparecidas, 10,7 es el porcentaje de los femicidios en los que antes la víctima estuvo desaparecida o extraviada.

“Son datos inquietantes más aun teniendo en cuenta que el registro judicial se limita a los casos caratulados como femicidios y a las desapariciones que han sido denunciadas en sede judicial. Es decir, hablamos de un sub registro muy evidente. En los que va del año 2023 el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 148 femicidios”, alertan.

Proyecto-de-Declaracion-justicia-x-Cecilia-Strzyzowski-EXPTE-N°2645-D-2023

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzará a celebrar cada 25 de septiembre el “Día del Acceso a Justicia”, en conmemoración de la fecha en la que la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la que el distrito capitalino suscribió formalmente el 9 de agosto de 2016.

De esta manera, en esta fecha se implementar acciones tendientes a la difusión y conocimiento de las herramientas y recursos de acceso a la justicia, que se encuentran al servicio de la ciudadanía. Las actividades deberán realizarse con una periodicidad tal que les permita a los habitantes de la Ciudad conocer sus derechos.

En este contexto, la legisladora precisó que “la Justicia debe entenderse como un derecho humano ya que está en su espíritu que una persona pueda preservar o restablecer una situación jurídica perturbada que lesiona o desconoce sus derechos o intereses legítimos, anteponiendo la tutela judicial efectiva ante la autoridad judicial competente” y remarcó que “este concepto forma parte de los pactos internacionales, y también de nuestra legislación nacional y local. En el año 2015 se puso en reconsideración, cuando los países miembros de la ONU se comprometieron con la Agenda 2030, la cual plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas. Una de esas intenciones es promover y fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia”.

Al mismo tiempo Romano señaló que “trabajar para garantizar la igualdad de derechos es un deber que tenemos como representantes. Y esto podemos lograrlo a través de instituciones eficaces, que respondan a las demandas y cumplan con sus compromisos y obligaciones. En este sentido, promover el acceso a la justicia evita que se avasallen derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución, como por la ley y acuerdos internacionales” y resaltó que “tal como señala la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 12, el acceso a la justicia no puede estar limitado por razones económicas y es por eso que se establece un sistema de asistencia profesional gratuita y el beneficio de litigar sin gastos”.

“Hoy en día existen diversas y numerosas formas para que una persona pueda reclamar la protección de un derecho o interés legítimo, sin embargo en muchas ocasiones no están lo suficientemente visibilizadas y por eso es necesario darlas a conocer para que lleguen a las personas que pudiesen necesitar de estos mecanismos”, sentenció la oficialista.

Este lunes se conoció que el fiscal Carlos Rívolo le solicitó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti enviar a juicio oral a los tres detenidos por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1ro. de septiembre de 2022.

En un dictamen de casi 200 fojas, el funcionario judicial acusó como coautores del intento de magnicidio a Fernando Sabag Montiel, quien gatilló en la cabeza de la expresidenta, y a su novia Brenda Uliarte, que lo acompañó hasta el lugar. En tanto, Gabriel Carrizo, identificado como el jefe de la “banda de los copitos”, figura como partícipe secundario.

A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad.https://t.co/HDXPdeW3z2

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 29, 2023

Tras ello, la vicepresidente emitió un comunicado contra el fiscal y la jueza: “Ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”.

Con esa idea, la presidenta del Senado agregó: “Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investiga nunca más. Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido”.

“Rívolo menciona las pruebas producidas en relación con la línea (Gerardo) Millman, pero no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa. Ni siquiera menciona la reciente declaración de Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Millman, en la que contó cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich, en Av. De Mayo”, siguió la exmandataria.

Así también, CFK afirmó en el comunicado que “toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad”. Del mismo modo, planteó que “está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores”.

Respecto del imputado Carrizo, sostuvo que “es quien tiene mensajes tales como “ahora vamos a matar al jefe de la Cámpora” y hace constantes alusiones a un alto nivel de organización del atentado”. “Rívolo considera que su única intervención fue otorgar un arma que no se usó”, aseveró.

En el final, expresó: “Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022”, y cerró: “Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta”.

Interna de Republicanos Unidos (RU) está más caliente que nunca, es que tras el enfrentamiento entre Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán por la jefatura de Gobierno de la Ciudad, ahora el diputado nacional recibió un nuevo golpe: el Poder Judicial de la Nación resolvió una serie de cuestiones legales de especial relevancia para los comicios partidarios que sucederán el próximo domingo 4 de junio.

Entre los temas de encontraban la nulidad de dos convenciones partidarias, la traba de más de diez candidaturas y la aprobación de fichas de más de 800 afiliados.

El ex ministro de Economía de la Alianza y diputado nacional está enfrentado con el espacio de Roberto García Moritán, luego de que el primero se bajara de la precandidatura a presidente y decidiera "de forma unilateral y sin el aval de los afiliados de RU", ir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "También, de forma inconsulta, quiso alinear al partido bajo el ala de Patricia Bullrich, quien pertenece a otro partido político", sostuvieron desde el entorno del legislador.

Además Yamil Santoro, apoderado, abogado denunciante y dirigente de RU, señaló que “finalmente la Justicia nos dio la razón y dio por cerrado este asunto en el que vimos todo tipo de artimañas ilegales para limitar la competencia. Con el fallo se van a procesar las más de 800 fichas de afiliación producto del trabajo de decenas de candidatos, que Ricardo y su equipo intentaron trabar de forma fraudulenta”.

Además, se restituyó a Santoro como apoderado y se resolvió que el Tribunal de Garantías retorne a su composición original independiente. “Habían hecho fraude para quedarse con el control de todos los órganos partidarios y les falló el operativo; habían trabado candidaturas de nuestra línea y la Justicia ordenó procesar los avales de todas las personas y proceder a su proclamación. Así, evitamos la proscripción de más de 10 personas que trabajaron mucho para ser candidatos. Hicieron trampa y aún así se bajaron de la interna porque sabían que perdían”, agregó.

La elección interna planeada para el 4 de junio sigue vigente, y permitirá definir entre los más de veinte aspirantes liberales a distintas categorías, los candidatos de la fuerza para las PASO. No será el caso de la candidatura a Jefe de Gobierno, que con la renuncia de López Murphy, ya se consagra a Roberto García Moritán como el candidato oficial de Republicanos Unidos.

"Al haber renunciado a su candidatura en el marco de la interna partidaria, Ricardo no podrá ser candidato salvo que renuncie a su afiliación a Republicanos Unidos. Si quiere ser candidato a Jefe de Gobierno en otro partido deberá renunciar a su afiliación, ya que nuestra carta orgánica expresamente prohíbe presentarse en la interna y luego, si pierde o renuncia, presentarse en las PASO", finalizaron desde el entorno de Moritán.

El homenaje al 24 de marzo dividió aguas en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión de este martes entre oficialistas y opositores quienes expresaron su posición respecto al golpe cívico militar de 1976 del que se cumplieron 47 años.

La primera oradora en referirse al tema fue Victoria Villarruel (La Libertad Avanza): “Quiero brindar un homenaje a quienes en Argentina se le niega el derecho a la memoria cada 24 de marzo. Me refiero a las víctimas del terrorismo, es decir a cada argentino y extranjero que fue asesinado, secuestrado, herido, volada su casa con bombas por organizaciones armadas como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo”.

“17.380 víctimas del terrorismo causaron estos grupos armados desde 1969 a 1979, pero no se los recuerda. Porque en Argentina los derechos humanos son selectivos y solo se le reconoce el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación a algunos mientras a otros se les niega sistemáticamente en democracia estos derechos”, apuntó.

En esa línea, enumeró: “Quiero recordar y homenajear a Juan Barrios un niño de 3 años asesinado por Montoneros. Quiero dar homenaje a Cristina Viola y a su padre Humberto Viola asesinados en democracia por el Ejército Revolucionario del pueblo. Quiero recordar a cada una de estas víctimas a las cuales en nombre del derecho a la memoria y de los derechos humanos se les han violado sus derechos humanos sistemáticamente. Quiero rendir homenaje a José Ignacio Rucci a quien ningún peronista de esta casa recuerda. Quiero rendir homenaje a Arturo Mor Roing a quien ningún radical recuerda”.

“Todos estos asesinatos, heridos, secuestros, bombas, copamientos de pueblos, ataques a unidades militares fueron hechos en nombre de una revolución que el pueblo argentino no les pidió. La mayoría de estos ataques ocurrieron en democracia, es decir, durante la vigencia de gobiernos constitucionales”, fustigó la liberal.

Y reclamó que “se deje de tergiversar la historia de negarles la memoria a los inocentes y reconocer que los derechos humanos son para todos y no solo para amigos o para quienes piensan igual”.

A su turno, el oficialista Eduardo Valdés destacó la iniciativa de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, de proyectar la película “Argentina, 1985” en las escalinatas del Congreso de la Nación este sábado y le propuso pasar la película “El juicio” el próximo fin de semana que “tiene los testimonios más importantes que se obtuvieron en el juicio”.

En el mismo sentido, el radical Miguel Ángel Bazze expresó su “repudio” por lo ocurrido el 24 de marzo de 1976 donde “se producían los hechos más trágicos de la historia de la Argentina porque se ponía en marcha el tiempo más doloroso que vivimos”.

“Se instalaba una dictadura militar que arrasó con las libertades, con los derechos, con la vida de nuestra sociedad. Es cierto que corresponde condenar absolutamente todos los hechos de violencia, corresponde condenar cualquier tipo de agresión a la vida y la violación de los derechos humanos”, remarcó.

A su vez, lamentó que “hemos transcurrido un tiempo en el país de esa naturaleza que preferiríamos no haber pasado. Eso ocurrió y hubo muertos, absolutamente injustificadas. Las muertes por violencia son injustificadas, pero cuando tiene que ver por consecuencias de posiciones políticas es muy grave”.

“La violencia cuando surge del propio Estado, cuando tiene que ver con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado es más grave, porque justamente es el Estado el que tiene que garantizar la justicia y que estas cosas no ocurren al tener el monopolio de la fuerza”, planteó Bazze.

También sostuvo que “todo esto es parte de una historia negra y dolorosa que vivimos los argentinos. Por suerte recuperamos la democracia a partir de la convicción de la gran mayoría de la sociedad de que teníamos que encaminarnos hacia la libertad y hacia el respeto de los derechos humanos”.

“Hubo partidos políticos que tuvieron un rol importante en esa recuperación y que trabajaron decididamente en esa dirección. Uno de esos, no el único, fue la UCR”, cerró.

En un duro discurso, la diputada Myriam Bregman (PTS/FIT-U) apuntó directamente contra el bloque de Javier Milei: “Nos toca hablar después de haber escuchado a un apologista de la dictadura militar y de sus peores crímenes. Nosotros, en cambio, marchamos este 24 de marzo homenajeando a los 30 mil detenidos desaparecidos de la mejor manera que lo podemos hacer peleando contra la impunidad del genocidio y peleando por transformar esta sociedad de raíz”.

“Este debate se da en un contexto muy particular y no podemos seguir hablando como que acá no se ha dicho nada. Lo hicimos en forma independiente y al revés de lo que dijo la diputada Villarruel el genocidio instaurado el 24 de marzo del 76 tuvo una antesala y se llevó adelante durante el Gobierno constitucional de Martínez de Perón”, recordó.

En suma, narró: “2.000 compañeros pasaron en el año 75’ por el centro clandestino en Tucumán. Entre el 75% y el 80% de quienes por allí pasaron por ese centro de exterminio y tortura fueron obreros que venían protagonizando los tucumanazos. Deberían saber o no ocultar que para esa época del 75 las organizaciones armadas estaban sumamente debilitadas, pero no les importa, porque lo que quieren revivir es el negacionismo”.

“Nosotros al revés, queremos recordar la unidad entre las grandes patronales de este país y los genocidas que algunos se alían y los llevan en sus listas electorales. No estamos hablando del pasado cuando hablamos del negacionismo y reivindicar la dictadura”, comparó Bregman.

Además, contó que en la ciudad de La Plata un “grupo de fachitos escrachó un local de nuestros compañeros, que el diputado Milei reivindicó en sus redes de esos personajes”, y preguntó: “¿Saben porque quieren revivir el negacionismo? porque las políticas que quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y se aplican con represión por eso hablan del curro de derechos humanos como Macri porque quieren aplastar a la clase trabajadora”.

A su turno, la jefa del bloque Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, recordó que “los crímenes cometidos por la dictadura necesitaron cerrar y silenciar esta casa del pueblo”, así como a los partidos políticos y “adormecer al pueblo para instalar un modelo de aniquilación de derechos y libertades que rechazamos y repudiamos íntegramente”.

En su discurso, la bonaerense reivindicó el trabajo de la CONADEP, el juicio a las Juntas y “todos los testimonios que con valentía se presentaron” en ese proceso y permitieron llegar a una condena. También valoró “el trabajo de los organismos de derechos humanos; el coraje único que una madre puede poner cuando busca a un hijo”.

La diputada de Juntos por el Cambio rechazó “cualquier posibilidad de que la derecha vuelva a discutir el número de los desaparecidos. Rechazamos que se discuta el valor simbólico que tiene ese número”. Pero además se manifestó en contra de “cualquier intento de utilización, de apropiación de lo que fueron aquellas luchas” y de “cualquier vergonzosa comparación”. En ese tramo, aprovechó para criticar a Cristina Kirchner: “Quiero rechazar la lamentable, vergonzosa, desagradable comparación que días pasados hiciera la vicepresidenta de la Nación cuando intenta, en un autoelogio, ponerse ella en el papel de perseguida en comparación con las víctimas de la dictadura”.

Inmediatamente luego de Stolbizer le tocó el turno a la oficialista María Rosa Martínez, quien sí hizo una comparación entre el pasado y la actual situación de la vicepresidenta. En primer lugar, la legisladora mencionó que desde la dictadura “el terror se utilizó como método de disciplinamiento, no sólo en términos de muerte, desaparición y apropiación, sino también en la economía y cultura”. 

“Gracias a una construcción colectiva y a la decisión política desde el Estado somos un pueblo que lleva grabado a fuego la vocación de nunca más, no sólo al terrorismo de Estado, tampoco al neoliberalismo”, expresó y enfatizó: “Por mucho de que algunos busquen correr el límite, que recreen guillotinas, bolsas mortuorias, que gatillen en la sien de nuestra vicepresidenta; por mucho que algunos insistan en borrarnos somos prueba de que a pesar de las bombas y los fusilamientos, los compañeros muertos y los desaparecidos, no nos han vencido”.

Y agregó: “Cambiar botas por tribunales, cambiar botas por el partido judicial. ‘A la bala que no salió, el fallo que sí saldrá’, decía el diario Clarín al otro día del intento de magnicidio a nuestra vicepresidenta”.

En el marco del mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia, desde el lunes 20 al viernes 31 de marzo se podrá recorrer la obra-archivo “¿Cómo retratar a una sobreviviente?”, del artista Germán Menna, en la planta baja del Anexo “A” de la Cámara de Diputados, ubicada en Av. Rivadavia 1841, CABA.

La inauguración se llevará a cabo el martes 21 de marzo a las 12 horas con la promoción del diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT - Santa Fe), y narrará el proceso de investigación y búsqueda de las sobrevivientes de la comunidad trans de la provincia de Santa Fe de la última dictadura cívico-militar. La curaduría pertenece a Leticia Rigat y Andrea Beltramo.

La obra de Germán Menna construye un recorrido poético de diversas piezas visuales, sonoras, plásticas, que emergen del diálogo con las sobrevivientes y culmina en el retrato fotográfico. La muestra “¿Cómo retratar a una sobreviviente?”, podrá ser recorrida de manera gratuita.

La Cámara Federal instó este miércoles a que Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo sean sometidos a juicio oral y público como presuntos responsables del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el primero de septiembre pasado en el barrio porteño de Recoleta.

La recomendación partió de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, los cuales rechazaron un planteo de prisión domiciliaria para Carrizo, quien es considerado como jefe del grupo denominado "Los Copitos", e instaron a la jueza María Eugenia Capuchetti a que el caso pase a instancia de juicio oral.

La causa por el intento de magnicidio ahora está delegada en la fiscalía de Carlos Rívolo. Los jueces Bertuzzi y Bruglia recomendaron que "frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal".

"Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva", opinó Llorens con su voto.

Y sumó: "Al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes, entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder conforme lo previsto por el art. 346 del C.P.P.N. para así lograr una pronta realización del juicio".

En tanto enfatizó que "una justicia que tarda no es justicia; pero tampoco lo es una que se pronuncia mecánicamente, guiada por el impulso de ajustarse a un calendario. Es por ello que la razonable tramitación de las causas deben serlo en un tiempo óptimo".

Según la investigación, tanto Sabag Montiel como su novia venían planificando el atentado desde hace varios meses tal cual surge de sus conversaciones vía mensajería instantánea y hasta habían proyectado alquilar una propiedad cercana a la de la vicepresidenta para seguir todos sus movimientos.

De esta forma, los tres rechazaron el pedido de detención domiciliaria presentada por Carrizo con la defensa de Gastón Marano, y aludieron a "riesgos procesales" como ser el posible entorpecimiento de la investigación que por ahora tiene solo tres detenidos e imputados.

La vicepresidenta, querellante en el caso a través del abogado Juan Manuel Ubeira, considera que la jueza Capuchetti “no investigó ni a los autores intelectuales detrás del ataque del 1 de septiembre, ni tampoco a quienes hicieron la pata financiera”.

También apunta al financiamiento y en ese sentido reclama la vicepresidenta que ésta causa tramite en conjunto con aquella que se investiga por amenazas a Revolución Federal, cuyos líderes estuvieron presos por distintos mensajes enviados hacia ella y el presidente.

En esta causa, en manos de otra jueza, la vicepresidenta asegura que aparece vinculado la familia del exministro macrista Nicolás Caputo, por algunos trabajos de carpintería que le encargó a Jonatan Morel, líder de Revolución Federal, y que todo eso no es más que un camuflaje de un financiamiento encubierto a las actividades ilegales de dicha organización.

Sr. Presidente de la Nación.- Buenos días a todos y a todas.

Señora vicepresidenta, senadoras, senadores, diputadas, diputados, miembros todos de este Honorable Congreso de la Nación, querido pueblo argentino: quiero agradecer a esta Honorable Asamblea Legislativa por recibirme una vez más. Es esta la cuarta oportunidad que tengo de hablarles a quienes representan al pueblo y a las provincias de mi patria. Un año atrás, mis primeras palabras ante ustedes fueron para advertirles las singulares circunstancias que atravesaba el mundo y que, inexorablemente, repercutían sobre nosotros. Eran los días en que avizorábamos el fin de una pandemia que, a nivel mundial, sin dudas, profundizó la concentración del ingreso y la desigualdad. Pero, luego, la guerra asomó inexplicable. La invasión militar de la Federación de Rusia sobre Ucrania fue escalando de tal modo, que al día de hoy desconocemos cuál será el desenlace del conflicto. El mundo se conmueve ante las imágenes de dolor.

Esa escalada militar trajo consecuencias inmediatas sobre la economía mundial; se alteraron los precios internacionales de la energía y de los alimentos, y nuestro país –parte de ese mundo globalizado– sufrió los impactos de situaciones ajenas a nuestro control.

Como presidente de la Argentina no he dejado de abogar por la búsqueda de una solución diplomática a esta guerra y a cualquier otro conflicto entre las naciones. Hice oír mi voz, reclamando el retorno de la paz, en todos los ámbitos internacionales en los que participé.

Este es el marco en el que la Argentina transita 2023, justamente, el año en que celebramos cuarenta años ininterrumpidos de vigencia de la democracia; el período más extenso de nuestra historia: cuarenta años de democracia. (Aplausos.)

Si tenemos memoria para recoger experiencias del pasado y tenemos coraje para afrontar las enormes dificultades del presente, seremos capaces de enfrentar los desafíos que nos impone el futuro. En un mundo donde los gobiernos soportan permanentes acciones desestabilizadoras provocadas por poderes mediáticos y fácticos, en el que la política es despreciada por minorías intensas que se ubican en los márgenes de la sociedad, Argentina ha sostenido su institucionalidad.

Eso, que era una utopía para mi generación, es un logro que a todos debe enorgullecer.

Por eso, frente a esta Honorable Asamblea Legislativa –instancia democrática en la que nos reunimos quienes llegamos hasta aquí por expresa voluntad del pueblo–, quiero invitarles a rendir un sincero homenaje a los y las dirigentes políticos, sociales, gremiales y de defensa de derechos humanos y a todas las personalidades del mundo religioso, artístico y científico que fueron capaces de construir esos denominadores comunes que hicieron posible la restauración de la democracia; en especial –claro está–, a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que nos marcaron y nos marcan el camino. (Aplausos.)

No quiero dejar de decir que nuestra democracia es también hija –como todos sabemos– de nuestros héroes de Malvinas. (Aplausos.)

Para todos ellos y todas ellas, pido un fuerte aplauso de esta Asamblea Legislativa que hoy se reúne bajo el signo de la celebración de un logro colectivo que es de todo el pueblo argentino. (Aplausos.)

Quiero también señalar, en este instante de revalorización de la democracia, que hace seis meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos cuarenta años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. (Aplausos.)

Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la Justicia que profundice la investigación de aquel hecho, juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. (Aplausos.)

Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados. (Aplausos.)

Sin dudas, en estos últimos tres años nos tocaron tiempos difíciles.

Asumimos en un contexto interno signado por la inflación y el endeudamiento, y en el que el Estado había abandonado su condición de organizador de la economía y la vida de comunidad. A ello, se le sumaron simultáneamente crisis sanitarias, económicas, ambientales y bélicas. Fuimos capaces de hacer frente a cada una de esas adversidades en condiciones de extrema complejidad.

Al ingresar en el último año del mandato, iniciado en diciembre de 2019, siento necesario revisar lo hecho y trazar balances. Los argentinos y argentinas tienen el derecho a saber qué hicimos, por qué lo hicimos y qué nos proponemos hacer.

Hemos soportado una sistemática acción de desinformación de las políticas que se llevaron adelante desde el gobierno nacional. Esa suerte de cerco informativo fue muy difícil de eludir, dados los niveles de concentración que existen en nuestro sistema de medios de comunicación. Además, muchos de esos medios expresan intereses económicos y políticos opositores al gobierno, que ocultan o tergiversan información a sus lectores, oyentes y televidentes.

Tengo la tranquilidad de hacer esta observación, sabiendo que durante mi gobierno nadie ha sido censurado, acallado o castigado por sus expresiones. Todos y todas tienen derecho a opinar sobre los hechos o proponer interpretaciones de los mismos. El problema es que hemos visto la tergiversación de la realidad de manera intencional y –lo que es peor– hemos visto mentir con total impudicia.

Quiero ser enfático en esto: existe una libertad de prensa absoluta y así debe ser. Solo estoy advirtiendo sobre los argumentos que, muchas veces, son intelectualmente deshonestos y cargados de odio, que en nada contribuyen al conocimiento de lo que el gobierno hace ni al debate serio sobre los problemas de la Argentina. Con esas prácticas, la ciudadanía no cuenta con la oportunidad de conocer qué está haciendo el Estado con los recursos públicos.

 Yo estoy seguro de que la población valora que llevemos agua potable a El Impenetrable chaqueño, valora que se mejoren escuelas rurales, que se equipen centros de investigación científica en las provincias (aplausos), se construyan y entreguen viviendas, se brinde energía eléctrica y se construyan rutas que mejoren la conectividad en tantos lugares de nuestro inmenso territorio.

Nuestro pueblo valora y se alegra también viendo mejoras en la calidad de vida de otros compatriotas.

A lo largo de estos tres años, hemos trabajado mucho, hemos alcanzado objetivos. Seguramente, cometimos errores, pero tengo la íntima convicción de que sumamos muchísimos aciertos.

En este tiempo escuché cómo, una y otra vez, criticaban mi moderación.

Pero con mi moderación fui capaz de enfrentar a los acreedores privados y pude ponerle freno a los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional le había impuesto al gobierno que me precedió.

Con esa moderación, fui quien puso el pecho a la pandemia y quien terminó de levantar hospitales que, a mi llegada, alguna gobernadora consideraba innecesarios.

Y fui yo quien, con esa moderación, construyó hospitales modulares y distribuyó más de cuatro mil respiradores a lo largo y a lo ancho del país, mientras ponía de pie un sistema de salud que había sido abandonado.

Fui por el mundo, con mi moderación, buscando las vacunas contra el COVID-19 y dispuse que se apliquen millones de dosis gratuitamente a cada argentino y a cada argentina que lo demandó. (Aplausos.)

Y fui yo, con mi moderación, el que se empeñó para que la democracia se expanda y respete en toda la región; el que estuvo al lado de Lula, cuando injustamente lo apresaron (aplausos); el que estuvo al lado de Evo Morales, cuando un golpe de Estado le arrancó el poder que su pueblo mayoritariamente le había dado (aplausos); el que está al lado de Cristina, cuando es perseguida injustamente (aplausos), y el que reclama y hace todo lo republicanamente posible, desde hace años, para que la Justicia argentina vuelva a abrazar el derecho y deje de servir a factores de poder, persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular. (Aplausos).

También fui yo, con mi moderación, el que alzó la voz para que los bloqueos económicos se terminen en nuestra América Latina, y trabajó incansablemente para que el pueblo venezolano recupere el diálogo y la convivencia democrática.

En todos estos años no tuve otro propósito que servir a mi pueblo.

Cuando finalmente deje mi cargo, podré dar cuenta de todos y cada uno de mis actos y nadie podrá atribuirme un solo hecho por el cual me haya enriquecido. (Aplausos.)

También me equivoqué, por supuesto, pero cuando lo advertí fui capaz de revisar y enmendar lo hecho.

Alguna vez dije que, antes de ser un gran presidente, prefería ser el presidente de un gran país. Ahora, que llega el momento de hacer un balance, debo decir que estoy convencido de que hemos dejado los cimientos sobre los cuales construir el gran país que soñamos.

No oculto las necesidades ni dibujo un mundo irreal; los miro a los ojos, recorro el país, puedo ver lo bueno y lo malo, sé lo que está sucediendo, pero puedo hablar con ustedes francamente de la pobreza, de la inflación, de la inseguridad y de los bajos ingresos. Entiendo el malestar y la queja de los más débiles, pero también veo lo que está bien y cómo se oculta, y cómo se intenta generar desánimo y malestar.

Por eso, a todos y a todas, invito a ponderar lo logrado y a reflexionar sobre el hecho de que solo manteniendo nuestras políticas de desarrollo inclusivo vamos a poder generar trabajo y hacer una sociedad más igualitaria.

Nuestro país se encuentra encaminado a integrarse en esta nueva reconfiguración internacional que abre una gran ventana de oportunidades a la Argentina, que no debemos desaprovechar.

En estos años de gestión, hemos desarrollado una política exterior basada en el multilateralismo cooperativo. Apoyamos con firmeza la paz, la seguridad internacional, la solución pacífica de las controversias y el cuidado del medioambiente.

En todos los foros bregamos por soluciones cooperativas, igualitarias, frente a los grandes problemas. La Argentina ha vuelto a ocupar un lugar en el concierto de las naciones. Lo hicimos a partir de nuestra identidad y defendido nuestros intereses. Alzamos nuestra voz en la CELAC, en el Mercosur, en la Cumbre de las Américas, en el G20 y en el G7.

Aspiramos a ser parte de los BRICS, dialogamos con los líderes de todo el mundo para contribuir a la paz mundial y a la unidad latinoamericana. La Argentina tiene intereses permanentes y mantener una relación estrecha y productiva con Brasil es uno de ellos. Juntos, los dos países contribuimos a la paz de la región y a la paz mundial cuando construimos un sistema ejemplar de confianza mutua a nivel nuclear. Juntos construimos el Mercosur, un corazón que deseamos cada vez más potente en términos de comercio entre los socios y de impulso al comercio con otros países y bloques de América Latina y el Caribe. Juntos vamos a desarrollar cada vez más todas las instancias de integración, como el UNASUR y la CELAC. Si nunca dejamos de hacerlo, incluso cuando se nos provocó para que rompiéramos el Mercosur, ¿cómo no vamos a seguir por este camino, ahora, que en Brasil gobierna una coalición encabezada por uno de los más grandes líderes de la historia que es, además, un inquebrantable amigo de la Argentina y que se llama Luis Inácio Lula da Silva? (Aplausos.)

Durante 2022 se trabajó intensamente bajo el eje “Malvinas 40 Años”. (Aplausos.) La República Argentina reiteró su búsqueda de una solución negociada y pacífica de la disputa de soberanía, para cumplir con el objetivo irrenunciable de recuperar el pleno ejercicio de soberanía sobre esa parte de nuestro territorio que se encuentra usurpado.

Tenemos el honor, hoy, de estar acompañados por Juan José Fernández, excombatiente de Malvinas. (Aplausos.) Juan José llegó a Puerto Argentino el domingo 11 de abril –el día de Pascua de Resurrección–, estaba frente a la playa cuando recibieron el fatal bombardeo del 1° de mayo. A diferencia de otros compañeros y amigos, él sobrevivió y cumplió sus 20 años en tierra malvinense.

Al regresar, los sentimientos eran de alegría, por volver a ver a sus seres queridos, pero de dolor por quienes no pudieron lograrlo. Tiempo después, empezaría el calvario para reinsertarse en la sociedad, para lo cual tuvieron que mentir muchas veces para conseguir un trabajo. Porque no tomaban a los excombatientes por si sufrían eventuales secuelas del conflicto bélico. Hoy, se pudo jubilar gracias a la ley 27.329. (Aplausos.) Es padre de tres hijos, todos profesionales, y tiene un nieto. Y permanece activo en su vocación de seguir sirviendo a su país.

Quiero, también, brindarle un homenaje a otro héroe de Malvinas que es diputado de la Nación y está presente. (Aplausos.)

Tengo la convicción, y todo esto lo demuestra, de que Malvinas nos une en una causa nacional que convoca y moviliza al pueblo argentino. Por Juan, por todos los sobrevivientes y en memoria de nuestros héroes, volvamos a decir: ¡las Malvinas fueron, son y serán argentinas! (Aplausos.)

Desde hace tres años, venimos atacando los problemas básicos que enfrentan tantos argentinos y argentinas. Aún con tantas dificultades, tenemos la obligación de construir una mayoría que impida convertir este horizonte de progreso y justicia social en aquella Argentina de endeudamiento, de cierre de empresas y fuga de capitales que ya vivimos, en la que millones de compatriotas parecen sobrar y quedan abandonados a su suerte.

Sé que somos más los que no toleramos los niveles de pobreza o la regresión en la distribución del ingreso. Sé que somos más los que queremos que haya más trabajo, que se extienda la educación, que nuestros jubilados y jubiladas encaren su vida con mayor tranquilidad. Sé que somos más los que no queremos un país injusto. Sé que somos más los que consideramos que desde el Estado hay mucho por hacer, porque no hay otro modo para luchar contra las iniquidades del mercado. Nuestro rumbo está marcado por esa mayoría; con ese Norte estamos trabajando y hacía allí avanzamos.

La economía volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento del 5,4 por ciento. De este modo, sumamos más crecimiento al 10,3 por ciento que se registró durante el año 2021. Somos uno de los países que más creció en estos últimos dos años. Todas las proyecciones propias y de los organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer, seremos uno de los países que más haya crecido en el mundo y de los primeros en la región. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde el año 2008. (Aplausos.)

No hay solución a nada si la economía no crece. Por supuesto que debemos distribuir mejor nuestra generación de riqueza, pero es fundamental sentar las bases para el crecimiento equilibrado. Si no crecemos, no hay nada para distribuir; si crecemos sin políticas activas de distribución, la riqueza se concentra en pocas manos. Y en ese clivaje es donde tiene que asentarse un Estado inteligente y eficiente.

Si crecimos y generamos más empleo, más inversión y más consumo fue porque adoptamos desde el Estado políticas activas; desde la preservación de empresas y de empleo durante la pandemia hasta las actuales políticas, que estimulan la producción y las exportaciones, las que promocionan líneas de crédito y las que buscan acuerdos entre las partes en todos los sectores productivos. Bien puede decirlo Guillermo Battolla, que está aquí con nosotros. (Aplausos.) Guillermo trabaja en Biosidus, una compañía argentina de biotecnología que sostiene un proceso de inversión muy fuerte en el país, donde tiene dos plantas industriales y un centro logístico. De capitales privados, la compañía ha podido desarrollarse de la mano del Estado, que ha apoyado en varios desembolsos a sus principales emprendimientos.

Quizás, uno de los más importantes es el proyecto de drogas “huérfanas” que apunta a cubrir enfermedades poco frecuentes cuyo diagnóstico es muy difícil. A través del mismo se le ahorrarán millones de dólares al Estado, tanto por sustitución de importaciones como por el ingreso real de divisas, ya que son productos exportables. Japón es hoy el único país del mundo que produce la droga biosimilar.

En 2022, la actividad industrial creció 4,5 por ciento respecto de 2021 y muestra un crecimiento del 12,1 por ciento si la comparamos con el año 2019.

La industria encadenó 15 meses de subas continuas y el empleo industrial alcanza el nivel más alto desde junio de 2018 acumulando 29 meses consecutivos de expansión, registrando más de 86.000 nuevos puestos de trabajo en la industria con relación a diciembre de 2019.

En la industria automotriz, por ejemplo, se observó en 2022 un incremento del 23,4 por ciento con relación a 2021 y del 70,5 por ciento respecto de 2019. Es el más alto desde 2015. Las estimaciones del sector proyectan para 2023 un crecimiento del orden de entre el 10 y el 15 por ciento en la producción.

En el sector de prendas de vestir, cuero y calzado, a noviembre de 2022, se registró la vigesimoprimera suba interanual consecutiva, con una producción del 45,8 por ciento superior a la de 2019. Para el mismo mes, noviembre de 2022, la siderurgia registró un incremento del 28,4 por ciento con respecto a 2019.

La producción de alimentos es 13,1 por ciento mayor que en 2019, y la de maquinarias y equipos del 45,6 por ciento por encima del 2019.

En 2022, el consumo interno de cemento totalizó 12.800.000 toneladas. Se expandió 7,3 por ciento en relación con el año anterior, y 17,1 por ciento frente a 2019. De esta manera, el consumo acumulado del año fue el mayor desde 2004.

La recuperación también fue muy fuerte en las pymes industriales, con la utilización de la capacidad instalada industrial y la rentabilidad industrial pyme en su mayor nivel en más de 3 años.

En cuanto al sector agropecuario, el año cerró con las preocupaciones que genera una sequía muy severa que, en mayor o menor medida, viene afectando la producción de trigo, cebada, soja y maíz. Ante estas dificultades climáticas, el Estado ha dispuesto un conjunto de instrumentos para apoyar a los productores más afectados, como lo hacemos con todos los sectores de nuestra economía. No obstante, las exportaciones del sector durante 2022 fueron récord. Se produjeron más de 142 millones de toneladas de cereales oleaginosos y otros cultivos. En la campaña 2021-2022, el área sembrada fue superior a los 42 millones de hectáreas. Otro récord histórico.

También, se registró crecimiento productivo en carne bovina y porcina, que alcanzó niveles nunca antes vistos.

Trabajamos con todas las economías regionales, generando mejores condiciones para sus explotaciones y producciones.

La economía del conocimiento constituye uno de los sectores más dinámicos y promisorios: no ha parado de creer desde el año 2019. Desde el gobierno acompañamos y estimulamos ese desarrollo. Hoy, es el tercer sector exportador del país.

Creamos el Régimen de Fomento de Inversiones para Exportaciones de las Actividades de la Economía del Conocimiento.

Se introdujeron estímulos fiscales y beneficios sobre los incrementales de la exportación.

Fortalecimos la capacidad del sector a través del programa Argentina Programa 4.0, que superó los 340.000 inscriptos e inscriptas en todas las provincias del país. De ese total de inscripciones, el 39 por ciento fueron mujeres.

A pesar de los cataclismos tantas veces anunciados, continuamos ordenando nuestra economía. Lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos y todas en el gobierno. Pero quiero señalar y agradecer públicamente aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la Presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministerio de Economía. (Aplausos.)

Cumplimos, este año, con las pautas fiscales que nos propusimos, reduciendo el déficit fiscal que se ubicó en el 2,4 por ciento del PBI.

La recaudación lleva 29 meses consecutivos de crecimiento por encima de la variación de los precios. Eso se debe al crecimiento económico, a los cambios de la estructura tributaria y al fortalecimiento institucional de la AFIP.

Al presentar estos indicadores no pretendemos negar las dificultades que enfrentamos. No rehuimos los problemas, no recurrimos a neologismos para describirlos. La alta inflación que todos sufrimos es un factor central de desorganización de nuestra economía.

Todos sabemos bien que la inflación constituye un problema estructural de la Argentina que se remonta a décadas. Estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento que venimos experimentando.

No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo. Que quede claro: tanto el ministro de Economía como yo no necesitamos al Fondo Monetario Internacional para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas porque, aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte.

Tampoco necesitamos al Fondo Monetario Internacional para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones.

Si no generamos divisas, no vamos a poder sostener nuestra actividad económica, y eso va a significar menos trabajo y salarios más bajos. Cuidar el valor de la divisa es fundamental para seguir el camino del crecimiento.

A menudo escuchamos a los que anuncian crisis financieras y devaluaciones bruscas. Intentan sembrar incertidumbre y generar desconfianza.

Quienes hicieron estallar la economía hace apenas tres años son los mismos que ahora anuncian que una bomba explotará en el futuro.

Pero nosotros seguimos trabajando con firmeza, con prudencia y vamos obteniendo los resultados que podemos exhibir.

Uno de los componentes de la demanda que más están traccionando la actividad económica es la inversión, que se mantiene en los niveles más altos de los últimos cuatro años. En el acumulado del tercer trimestre de 2022, la

inversión creció 14,6 por ciento respecto de igual período de 2021 y 27,3 por ciento con relación a 2019.

El intercambio comercial –exportaciones más importaciones– se incrementó, durante 2022, un 20,4 por ciento respecto del año anterior.

La balanza comercial registró un superávit de casi 7.000 millones de dólares.

Las ventas al exterior aumentaron el 13,5 por ciento. Estamos frente a un récord histórico. Pero, además, debemos resaltar que si se analizan las exportaciones por grandes rubros, se destaca el ascenso de las manufacturas de origen Industrial, que crecieron respecto de 2021 un 15,8 por ciento y son las más altas desde 2013, mientras que las de origen agrícola son las más altas de la historia.

Estamos exportando mayor valor agregado. Estamos exportando más trabajo argentino. (Aplausos.)

Al mismo tiempo, tuvimos récord de importaciones. Nosotros llevamos adelante una administración de un bien escaso, como son las divisas para que prioritariamente se vuelquen a la producción.

Repito una vez más: una política central del gobierno es cuidar las reservas, y continuaremos en esa senda.

Merece una mención aparte la situación en materia de energía, como en materia de explotación de nuestra riqueza minera.

A nivel mundial, vivimos una etapa que al mismo tiempo nos presenta una crisis energética y un proceso de transición energética. Ante este panorama, existen coincidencias en que se abre para la Argentina una extraordinaria posibilidad.

Dimos inicio, durante 2022, a la construcción del gasoducto “Néstor Kirchner”, que estaremos en condiciones de inaugurar a mediados de este año. (Aplausos.)

El gasoducto “Néstor Kirchner” se trata de la obra más importante de transporte de gas de las últimas cuatro décadas.

Cuando la anterior administración pensó en este gasoducto, diseñó un proyecto bajo el sistema de participación público privada, con tarifas dolarizadas por 27 años. Recién en julio de 2019 se lanzó una licitación que se debió postergar por su inviabilidad.

Ese proyecto dejaba a la infraestructura en manos de la financiación y la gestión privadas.

Hace menos de un año, luego de las adecuaciones que fueron necesarias hacer, pudimos dar inicio a su construcción. Y, en los próximos años, asistiremos a récords de producción de gas y petróleo. Muy probablemente cada año signifique un nuevo récord.

Esto significará no solo capacidad de autoabastecimiento, sino capacidad de exportación.

Solo a manera de ejemplo, y para remarcar una de las causas de la inflación, la Argentina gastó, en 2022, 5.000 millones de dólares más en energía, producto de los precios disparados por la guerra. Lo hicimos porque no estábamos dispuestos a frenar la producción y el crecimiento.

Argentina es la energía que el mundo está necesitando. Sobre finales de agosto de 2022, firmamos un acuerdo entre YPF y Petronas, una empresa de Malasia de primerísimo nivel, para construir un gasoducto de más de 600 kilómetros y una planta de licuefacción de gas, para llevar el gas de Vaca Muerta a Bahía Blanca, procesarlo allí y exportarlo al mundo a través del Atlántico.

Hemos multiplicado la producción de petróleo en nuestro país. Y vamos a seguir creciendo.

La refinación de petróleo creció un 5,6 por ciento desde 2021.

En combustibles y energías, las ventas al exterior totalizaron, en el acumulado de 2022, 8.397 millones de dólares, 59 por ciento superiores a 2021 y 92 por ciento mayores a 2019.

Quiero destacar especialmente la nueva situación de YPF, que, en mayo del año pasado, cumplió sus primeros cien años desde su creación y diez años desde la nacionalización que se llevó adelante durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. (Aplausos.)

Todo ello nos permite hoy saber que los logros de YPF son logros de todos y todas las argentinas.

Nuestra empresa se encuentra en plena expansión. La cotización de YPF, tanto en el ámbito local como en el internacional, se multiplicó por cuatro en este último tiempo, reflejando la marcha de la empresa y la confianza de los inversores.

YPF saneó su deuda y se encuentra realizando inversiones que expanden sus negocios.

Conviene subrayarlo: en 2022, a pesar de la brutal alza de los precios internacionales en la energía, nadie se quedó en nuestro país sin gas o sin combustibles. Argentina siguió trabajando y produciendo.

Quiero destacar solo una cosa: la construcción del gasoducto “Néstor Kirchner”, que en 2019 se intentó hacer a través de la participación público privada.

Se terminó haciendo con aportes del Tesoro y con el aporte solidario de las grandes fortunas. Eso fue un mérito de este Congreso Nacional. (Aplausos.)

Asimismo, debemos destacar el nuevo panorama que se abre a la explotación minera. Las exportaciones del sector minero en el acumulado del año 2022 registraron el mayor valor desde 2012, con un total de 3.831 millones de dólares. Respecto de 2021, el incremento fue del 19 por ciento.

Estamos dando grandes pasos en la explotación del litio, del que, junto a Bolivia y Chile, poseemos el 60 por ciento de las reservas mundiales.

Trabajamos juntos con los gobiernos provinciales y el sector privado para agregar valor, para generar más trabajo argentino.

También, estamos trabajando para que los recursos naturales de la Argentina sean preservados, manejados y valorados como un recurso estratégico.

Para que el desarrollo sea equilibrado, mejoramos todas las vías de transporte, llevando más seguridad, más eficiencia y más conectividad.

Con el Plan de Modernización del Transporte volvimos a conectar 66 localidades con nuestros trenes de carga y pasajeros.

Intervinimos 2.500 kilómetros de vías y reactivamos 17 ramales ferroviarios.

Reactivamos y extendimos 8 trenes federales, que igualan a los que tenemos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Transportamos más de 26 millones de personas todos los meses en nuestros trenes. Y rompimos un nuevo récord de carga transportada por los trenes que administra el Estado, con 8 millones y medio de toneladas, bajando los costos logísticos y conectando al país de manera federal. (Aplausos.)

Nuestros trenes no solo llevan granos a los puertos. También creció un 200 por ciento la cantidad de alimentos y bebidas que viajan desde una provincia hacia otra sobre vías ferroviarias.

Impulsamos el desarrollo de la Hidrovía, la vía navegable troncal, a través de la creación del Ente Nacional de Control y Gestión, integrado en su administración por las siete provincias argentinas costeras.

Durante el primer año de transición, el Estado obtuvo un saldo positivo de 29 millones de dólares para poder ejecutar obras en la ruta por la que circula más del 80 por ciento de las exportaciones argentinas y que impactan en 4.500 buques oceánicos al año.

Después de diez años, podemos hacer obras de dragado y balizamiento en el tramo Santa Fe al Norte y fomentar nuestra Flota Fluvial Federal y la Marina Mercante Argentina. Además, incorporamos tecnología en la vía navegable y la extendimos hasta Formosa y Misiones.

En los próximos días, lanzaremos la licitación pública para la construcción de la vía navegable Canal Magdalena (aplausos), obra de dragado y balizamiento que le brindará al sur de la provincia de Buenos Aires la posibilidad de exportar su producción de manera más eficiente, con una salida directa a aguas profundas, y mejorará la conectividad fluviomarítima.

Además, entre las ventajas que implica el desarrollo del proyecto, se encuentra el ahorro en tiempos de navegación de los buques que transitan por el sistema de navegación troncal.

Es, sin dudas, un viejo anhelo que finalmente pondremos en marcha durante este gobierno.

En materia de transporte aéreo, pusimos en marcha un proceso de modernización, iniciando obras en siete aeropuertos durante 2022.

En total, en este año, pasaron por los aeropuertos del país más de 33 millones de pasajeros y pasajeras.

Trabajamos, también, para asegurar nuestras rutas, carreteras y calles. Logramos reducir en más de un 25 por ciento la mortalidad como consecuencia de siniestros viales durante el año 2022, y seguimos mejorando nuestros controles. En este sentido, impulsamos la Ley de Alcohol Cero, que demostró efectos muy positivos en su aplicación en algunas provincias y municipios.

Quiero que me permitan hacer una breve mención al estado de algunas empresas en las que o bien el Estado ejerce su administración directamente o bien tiene participación y responsabilidad. Estas empresas son patrimonio de todos y de todas los argentinos.

Estamos viendo cómo anticipan un nuevo embate privatizador sobre las empresas públicas. Y para ello ya han lanzado una campaña de desprestigio.

Otra vez aparecen los negocios particulares sobre el patrimonio de todos los argentinos, y para eso se monta una campaña en contra de nuestras empresas.

ARSAT fue creada en 2006 por el Estado nacional y brinda conectividad mayorista con el objetivo de reducir las brechas digitales entre las pequeñas y las grandes ciudades de nuestro país.

Con ARSAT estamos finalizando la actualización de la Red Federal de Fibra Óptica para incrementar diez veces la capacidad de tráfico de banda ancha.

Relanzó su plan geoestacionario con la construcción de ARSAT SG-1 y ARSAT SG-2, que nos permitirán exportar servicios de valor agregado en América del Sur y brindar soluciones de conectividad en banda ancha.

Es, sin dudas, una empresa que ataca las asimetrías territoriales que hay en nuestro país.

Durante 2022, Aerolíneas Argentinas ordenó sus cuentas, y durante el año pasado redujo casi a la mitad su necesidad de asistencia con respecto a 2021, pasando de 644 a 350 millones de dólares, que también son 100 millones de dólares menos que en 2019.

Además del requerimiento de fondos original presupuestado para 2022, utilizó solo el 65 por ciento, y redujo su peso sobre el presupuesto total de gastos, pasando del 0,48 por ciento, en 2019, al 0,31 por ciento, en 2023. (Aplausos.)

Aerolíneas Argentinas trajo a Argentina un millón y medio de turistas, que visitaron nuestro país a través de la compañía durante el año 2022.

De más está decir que, gracias a Aerolíneas Argentinas, muchas ciudades del país pueden tener la conectividad que requieren y que sus vuelos resultan un aporte extraordinario, clave en términos de su logística y de su economía.

No podemos dejar de mencionar la obra que se viene haciendo desde

AySA, que en estos últimos tres años construyó 4.000 kilómetros de redes. (Aplausos.) Esos 4.000 kilómetros de redes representan más de lo que hizo AySA en sus diecisiete años de historia.

Junto al Banco Interamericano de Desarrollo llevó adelante, por ejemplo, la ampliación de la planta depuradora de Hurlingham, pasando de beneficiar a 150.000 a 450.000 habitantes.

También, se acordó la financiación para la construcción de la estación de bombeo y el emisario subfluvial de 7,5 kilómetros del Sistema Berazategui, que beneficiará a más de 7 millones de habitantes con la mejora y expansión del servicio de cloacas. (Aplausos.)

Ya hablé de YPF. Finalmente, quiero hablar del INVAP, que es un orgullo para todos los argentinos, con capacidad para construir y exportar reactores nucleares y tecnología aeroespacial, y reconocida internacionalmente por su calidad. Menciono a estas empresas para que todos estemos alertas. Tengamos presente que cuando en medio de una ruta desierta aparece una estación de servicio de YPF, cuando en una ciudad menos populosa solo se encuentran vuelos de Aerolíneas Argentinas o cuando en un paraje alejado solo están presentes el Correo Argentino o el Banco Nación, estamos constatando que el Estado no abandona a los suyos.

Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio. (Aplausos.)

Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio los que invocan números con los que disfrazan su falta de interés por las condiciones de vida de tantos argentinos y argentinas, a los que estas empresas ayudan y mucho.

Defendamos nuestro patrimonio.

En algunos casos proponen privatizaciones; en otros, deslindar responsabilidades y restar el apoyo que requieren para su funcionamiento.

Detrás de esos discursos, a veces, hay visiones neoliberales de la economía.

Pero la mayoría de las veces hay búsqueda de negocios para ellos, sus familias o sus amigos. No nos confundamos. (Aplausos.)

El año anterior, pude decirles con orgullo que nuestra temporada turística había alcanzado un récord histórico. Para que así fuera, el Programa PreViaje había sido fundamental, como lo había sido antes la Asignación para el Trabajo y la Producción, que permitió durante la pandemia que muchas empresas del sector turístico, gastronómico y de entretenimiento no desaparecieran o se perdieran sus empleos.

Si en aquel momento el resurgir del turismo nos conmovió, más nos conmueve hoy observar que la actual temporada de verano ha registrado niveles jamás vistos en nuestra historia. La capacidad hotelera se vio ocupada en más de un 95 por ciento.

Desde el sector privado se estimó que, en enero, se desplazaron con propósitos vacacionales 22 millones de personas. Y se estima que, en febrero, otros 13 millones de personas lo han hecho. No es un grupo de privilegiados con acceso a un destino lujoso: son dos tercios de los argentinos y argentinas disfrutando de su derecho al descanso.

PreViaje es un instrumento estatal al servicio de nuestras empresas y de nuestra gente que fue adoptado de manera masiva. En cada una de sus ediciones fue perfeccionándose. En sus tres ediciones alcanzó cerca de 6 millones de usuarios.

En poco tiempo más, lanzaremos el PreViaje 4 para promover destinos poco explotados y favorecer el movimiento turístico fuera de temporada.

Así como creemos que el descanso y conocer nuestro país es un derecho que nuestras familias tienen, también creemos que es central generar y disfrutar de nuestra cultura.

Trabajamos para construir posibilidades para nuestros artistas y para que su producción llegue a nuestra gente y al mundo entero.

Tecnópolis, el parque dedicado a la ciencia, la tecnología y el arte, tuvo un récord de más de 3 millones de visitantes en su decimoprimera edición.

El Centro Cultural Kirchner siguió ofreciendo cada semana una agenda de actividades de distintas expresiones, con más de 1.800.000 visitantes que disfrutaron de más de 5.000 propuestas artísticas y culturales.

Volvimos a abrir las puertas, ahora bajo la órbita estatal, del Centro Cultural Borges, generando otra vez un espacio de referencia cultural en la Ciudad de Buenos Aires.

Necesitamos enfatizar la relevante importancia de la dimensión económica de nuestra producción cultural.

Estamos apoyando la exportación de nuestras producciones, y sabemos que será un sector cada vez más importante para la generación de divisas y un aliado central para el conocimiento de nuestro país en el resto del mundo.

Desde el primer día de gestión, sostuvimos que la obra pública debía actuar como motor para el desarrollo. Fue y es posible porque, además de voluntad política, generamos diálogo y consenso; acordamos con todos los gobernadores y las gobernadoras, con todas las intendencias, sin distinción partidaria; conformamos una mesa de trabajo con todos los sectores que conforman la agenda de la obra pública en nuestro país.

Desde el 10 de diciembre de 2019, se finalizaron más de 3.000 obras públicas de las 5.800 en ejecución. (Aplausos.) Eso es tanto como decir que cada día de gestión hemos concluido 2,5 obras por día. En cada rincón del país, hay una obra pública que integra a la Argentina y que resuelve necesidades concretas.

Hemos mejorado la calidad del servicio de agua potable llevando este beneficio a casi 6 millones de personas. Lo mismo hicimos con el mejoramiento de la calidad del servicio de saneamiento de aguas servidas. Más de 11 millones de personas se beneficiaron de este modo.

La inversión pública en infraestructura que estamos haciendo en cada provincia tiene que ver con un plan de trabajo y de desarrollo que va acompañado de distintos indicadores sociales y económicos.

El presupuesto destinado a la obra pública se redujo a menos de la mitad entre 2015 y 2019. En 2020, comenzó su recuperación. Y, para este año, proyectamos un incremento presupuestario del 633 por ciento más respecto de lo ejecutado en 2019.

Más allá de la obra pública realizada, en pocos días estaremos entregando la vivienda 100.000 de esta administración. (Aplausos.) Mientras tanto, seguimos construyendo otras 140.000. Adicionalmente, entregamos cerca de 88.000 créditos para la vivienda propia.

Trabajamos para ofrecer viviendas dignas a nuestro pueblo. Tengo la tranquilidad de saber que cuando marzo concluya, cada día de mi gestión habré entregado a 85 familias su casa propia. (Aplausos.)

Familias como las de María Daniela Parra Fuentes. (Aplausos.) Hoy, está aquí con nosotros. Daniela tiene 38 años, es guía de turismo, nació en San Juan, pero vive en Ciudad de Buenos Aires desde los 8 años. Ella marcó un hito en la Argentina y en su propio entorno: es la primera en tres generaciones en acceder al sueño de la casa propia. (Aplausos.)

Su abuela puso todos sus ahorros en un emprendimiento inmobiliario y la estafaron. Su madre, a los 60 años, aún vive alquilando. El año 2021 quedará para siempre marcado en su memoria porque en diciembre de ese año recibió las llaves de un departamento de tres dormitorios. (Aplausos.)

Hoy, Daniela vive una nueva historia, en Parque Patricios, con su pareja y sus dos hijos. (Aplausos.) Sus dos hijos: Luciano de 15 años y Sofía, de un año y dos meses, que nació justo cuando le aprobaron el crédito hipotecario.

Me alegra mucho, Daniela. (Aplausos.)

Hay otras historias. Son las historias de las personas de carne y hueso cuyas vidas han mejorado, cuyos derechos han sido reconocidos. Argentina es sustancialmente mejor que hace tres años.

La obra pública y la construcción de viviendas han sido el impulso para que el sector de la construcción continúe con un crecimiento sostenido, desde mediados de 2020, y que hoy cuente con más de 450 mil puestos de trabajo registrados y más de dos años de recuperación, superando el pico histórico más alto que se registró en julio de 2015. La inversión del Estado es clave para la creación de empleo en el sector. Estamos convencidos de que en poco tiempo llegaremos a tener 500.000 puestos de trabajo registrado en la construcción. (Aplausos.)

El empleo formal creció desde diciembre de 2019 el 4,1 por ciento. En los años de la gestión que nos precedieron, había caído un 3,5 por ciento, lo que representó la expulsión de 220.000 trabajadores del sistema formal de trabajo. Además de los más de 500.000 puestos de trabajo formal que creamos, se crearon más de 1 millón de puestos de trabajo en la economía popular.

En 21 provincias argentinas se registra pleno empleo.

Durante 2022, se verificaron más de 13 millones de empleos registrados: el nivel más alto de la serie iniciada en el año 2012, con las tasas de actividad y empleo femenino más altas y las tasas más bajas de desempleo desde el año 2004.

Durante 2022, trabajadores y empresarios continuaron con las discusiones libres sobre salarios y condiciones de trabajo en el marco de negociaciones paritarias colectivas que se desarrollaron con total normalidad. Funcionó y seguirá funcionando el Consejo del Salario Mínimo.

Desde el Gobierno mantenemos un diálogo fluido con las organizaciones de los trabajadores y convocamos permanentemente al diálogo desde el Consejo Económico y Social.

Todos los ministerios se enfocaron en propiciar la generación del empleo, enfocándose en el desarrollo de las PyMES, con el Programa Te Sumo se facilitó la contratación de 11.000 jóvenes en pequeñas y medianas industrias de todo el país.

Con relación al sector previsional, debemos señalar que la extensión del plazo de la moratoria que cerraba a fines de julio garantizó que entre agosto y diciembre pudieran iniciar su jubilación alrededor de 70.000 mujeres que se hubieran quedado sin derecho a la seguridad social. Complementariamente, la aplicación del Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado permitió el acceso de 260.000 mujeres, que pudieron computar aportes previsionales por sus hijas e hijos y acceder por derecho propio a su jubilación.

A su vez, más de 15.000 personas, en su mayoría varones, alcanzaron la cobertura previsional por medio de la Jubilación Anticipada.

Este gobierno implementó el refuerzo de ingresos de mayo y junio, que dio cobertura a 7,5 millones de personas y el Refuerzo Alimentario para Adultos

Sin Ingresos destinado a esas personas en condiciones de extrema vulnerabilidad social, en noviembre y diciembre, sin lo cual todo hubiera sido más difícil.

Protegimos los ingresos de jubilaciones y pensiones, aplicando las actualizaciones trimestrales de la movilidad junto a distintos refuerzos, que posibilitaron un incremento interanual del haber jubilatorio mínimo del 107 por ciento, superando la evolución del índice inflacionario en 12 puntos porcentuales.

Trabajamos también todos los días con sectores que se desenvuelven en la economía popular. Debemos convertir el trabajo que allí se realiza en empleo formal. No puede desconocerse el valor de la economía popular que no solo produce, sino que también demuestra la fuerte vocación de nuestra gente por autogenerarse soluciones.

Gisela Segovia, que hoy está aquí… (aplausos), es desde hace cinco años trabajadora de la construcción. Gisela tiene 34 años, madre soltera de cuatro hijos, trabaja en una obra en Puerto Madero, hasta donde viaja todos los días en colectivo, subte y en el tren Sarmiento desde su casa en Merlo, conurbano oeste, donde está terminando su casa propia. Desde que se animó a postular al trabajo, cuando una vecina le avisó que buscaban gente en una obra en Capital Federal, la vida le cambió. Se afilió a la UOCRA y hoy se apresta a iniciar una tecnicatura en Seguridad e Higiene. (Aplausos.) Está feliz: gana mejor, tiene obra social, vacaciones, aportes jubilatorios, aguinaldo, apoyo del sindicato y se ganó el respeto de sus compañeros. (Aplausos.)

Sostengamos ese círculo virtuoso. La inversión en obra pública es más vivienda, pero también más trabajo y más dignidad para Gisela y para todos y todas.

Me gusta recordar la expresión del Papa Francisco: “Empujar desde abajo hacia arriba y desde las periferias hacia adentro”. Aplicando esa lógica, el Estado estuvo presente junto a los sectores de mayor vulnerabilidad. Durante 2022 se otorgaron bonos a personas entre 18 y 64 años cuya realidad por falta de trabajo y condiciones socio-familiares de gran vulnerabilidad los ponían en situación de alto riesgo.

Nosotros creemos que la mejor política social es crear trabajo, pero también sabemos que existen situaciones y necesidades impostergables, y que el Estado debe estar presente para dar las debidas respuestas. No vamos a dejar solo a ningún compatriota que esté pasando un momento difícil. Estamos convencidos de que Evita tuvo razón al decir que “donde hay una necesidad, hay un derecho”. (Aplausos.) Esa frase encierra un principio ético y político insoslayable y nos impone un compromiso con nuestro pueblo que de ningún modo podemos desoír.

El Programa Potenciar Trabajo tiene más de un millón de beneficiarios; dos tercios de quienes reciben el subsidio son mujeres. Trabajamos para que todos los beneficiarios puedan encontrar los esquemas de contraprestación que más se adecuen a sus necesidades.

Hemos iniciado un proceso de transformación de planes sociales a empleo formal. Conjuntamente, los ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social y de Economía pusieron en marcha el Programa Puente al Empleo, que ya logró que 58.000 titulares ingresen al trabajo registrado de calidad.

Para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, fortalecimos la Prestación Alimentar, que llega a más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes, embarazadas y personas con discapacidad. Cada día, el Ministerio de Desarrollo Social financia tres millones de prestaciones con calidad nutricional –desayunos, almuerzos y meriendas– en más de 15.000 escuelas a las que asisten niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

También, a los comedores comunitarios y merenderos, en esa gran red social que tiene la Argentina con organizaciones sociales, barriales, clubes, iglesias y sociedades de fomento.

En Argentina, 5 millones de personas viven en los casi 5.700 barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares, y lo hacen en situaciones críticas, en términos de falta de servicios básicos y hacinamiento. A través del Ministerio de Desarrollo Social, se realizaron y se están realizando más de 1.000 obras en 900 barrios populares, llegando a más de 637.000 personas y generando más de 272.000 puestos de trabajo.

También, a través del Programa Lote.ar, se generaron más de 15.000 lotes con servicios para población de barrios populares. (Aplausos.) Quiero destacar especialmente que, en su conjunto, el gasto en promoción y asistencia social representa hoy más del 1 por ciento del Producto Bruto Interno. Esto multiplica por dos la inversión promedio realizada durante toda la administración anterior.

Una vez más, nosotros conocemos bien a quienes están viviendo momentos difíciles y trabajamos para que puedan mejorar sus condiciones de vida y superar el trance.

Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, seguimos avanzando con la implementación del Programa Acompañar. Se trata del primer programa nacional de apoyo económico y psicológico a mujeres que están en situación de violencia de género. (Aplausos.) A través de esta política, ya alcanzamos a más de 270.925 mujeres y diversidades de todo el país.

Cada programa Acompañar es una mujer menos en riesgo. Una de cada cinco mujeres se emplea en el sector de trabajadoras de casas particulares; un ámbito en el que la precariedad y la informalidad laboral han sido la norma durante muchos años.

Hace pocos días, dimos otro paso fundamental para reconocer los derechos de este sector clave históricamente invisibilizado y relegado: ampliamos el Programa Registradas, que promueve el empleo formal y la bancarización de trabajadoras de casas particulares. Desde que lo creamos, hubo más de 235.000 nuevas registraciones.

En el 2023 lanzaremos el programa Constructoras, un programa nacional de formación en oficios relacionados con la construcción, orientado para mujeres y diversidades. El camino que elegimos es el de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al mundo laboral.

En los próximos días reglamentaré la Ley 27.696, una norma legal que incorpora el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género en el Programa Médico Obligatorio de las Obras Sociales Nacionales. (Aplausos.)

Con la reglamentación de esta ley, estaremos garantizando cobertura integral de las prácticas preventivas y terapéuticas –médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas– y toda otra atención que resulte necesaria.

Los derechos humanos son para nosotros bandera y guía.

Seguimos avanzando con el Plan Estratégico de los Juicios de Lesa Humanidad, que incluye el impulso a los juicios que involucren responsabilidad empresarial en la violación de los derechos humanos, en el secuestro y desaparición forzada de trabajadoras y trabajadores. (Aplausos.)

Los argentinos y las argentinas sabemos aprender de nuestra historia, tenemos esa marca distintiva: la reflexión, la mirada del Nunca Más, que hoy, gracias al arte de nuestro cine, llega a las pantallas de todo el mundo, debe seguir marcando nuestro camino.

Por eso, con una profunda convicción humanitaria de la historia y la justicia, vamos a seguir promoviendo la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA, como Patrimonio de la Humanidad UNESCO. (Aplausos.)

La crisis climática se nos presenta cada día como un nuevo desafío en toda su magnitud. Por eso, en el 2022 elaboramos el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que sistematiza las políticas para lograr las metas definidas hacia el 2030.

Además, en cumplimiento del Acuerdo de París, nuestro país ha desarrollado la estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo, que busca alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el 2050.

La conservación de nuestros ecosistemas es una prioridad. Durante 2022 se crearon dos nuevos parques nacionales: Ansenuza, en Córdoba, e Islote Lobos, en Río Negro. También se amplió la superficie de los parques nacionales Pre-Delta en Entre Ríos y Aconquija en Tucumán, y creamos el Parque Federal Campo San Juan, en Misiones.

Las nuevas áreas protegidas nacionales cubren 700.000 hectáreas, aumentando un 15 por ciento la superficie terrestre administrada por Parques Nacionales.

Se fortaleció al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En 2022 se ejecutaron casi 14.000 millones de pesos, 70 veces más que lo ejecutado en 2019.

Con esta inversión se fortaleció todo el sistema con centros de operaciones móviles, con cuatro campamentos móviles, además, y con compra de camiones, camionetas, maquinarias y la implementación del Sistema de Alerta Temprana en el Delta del Paraná que se expande a otras provincias.

También duplicamos la cantidad de brigadistas y firmamos convenios para equipar a todas las provincias por 4.000 millones de pesos.

Además, para la temporada de verano contratamos a Canadá un helicóptero de gran porte, el “Chinook”, para ampliar nuestra capacidad de respuesta frente al fuego.

Es necesario avanzar en las leyes ambientales estructurales que establezcan los nuevos paradigmas del desarrollo sostenible: la ley de humedales, para cuidar estos valiosos ecosistemas (aplausos) que cumplen un rol fundamental para la conservación de la biodiversidad, el cuidado del agua y la captación de gases de efecto invernadero.

La ley de envases, guiada por el principio de responsabilidad extendida del productor.

La ley de bienestar animal, para reconvertir zoológicos y acuarios. En el siglo XXI los animales no pueden estar encerrados para entretener a los seres humanos. (Aplausos.)

La salud de los argentinos y argentinas ha vuelto a ser una prioridad para el Estado. En el año 2021, la tasa de mortalidad infantil registró a nivel nacional un nuevo descenso llegando a ocho por mil. No es un número. Es el índice más bajo de mortalidad infantil en nuestra historia. (Aplausos.) Ese dato significa miles de vidas que se salvan, que persisten, que tienen futuro y buscan felicidad.

Este descenso de la mortalidad infantil se explica por el impacto de diversos planes y programas destinados a mejorar la salud de las y los menores de un año, como por ejemplo la “Ley de los 1000 días” que tiene por objeto la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

Una dimensión clave para nuestra vida en comunidad es la salud mental.

Hemos dicho, y ha quedado más claro en la pandemia, que no se puede pensar en una salud integral sin tomarse muy en serio la salud mental. Por eso lanzamos, hace menos de un año, la Estrategia Federal de Abordaje Integral de Salud Mental, con el objetivo de cambiar el paradigma de la atención en salud mental en nuestro país desde una perspectiva de derechos humanos, género, diversidades y con una mirada comunitaria.

Pusimos en marcha el Programa Nacional de Abordaje de la Problemática del Suicidio, impulsando un enfoque intersectorial para que las estrategias sean cada vez más efectivas. Desde el año pasado, además, está operativa la línea 0800 que funciona los 365 días del año, las 24 horas, para brindar, por parte de profesionales, una primera respuesta a situaciones de salud mental. Incorporamos, por primera vez, psicofármacos en el botiquín del Remediar y duplicamos las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental y la especialidad en salud mental comunitaria.

La política de salud mental no es una política de un ministerio, sino que debe ser transversal a todo el gobierno. Cada persona tiene que saber que no está sola, que hay una comunidad que la acompaña para salir adelante. No hay salud sin salud mental. (Aplausos.)

Debemos generar las condiciones para que tengan lugar todas las formas de vida, de habitar este mundo. Por eso, queremos destacar las obras que actualmente se están llevando a cabo en la Colonia Nacional Montes de Oca, destinadas a generar dispositivos que garanticen la dignidad y la autonomía de las personas que allí residen. Esto significa un claro y definitivo avance en la superación del Modelo Asilar, enmarcado a su vez en lo que establece la Ley Nacional de Salud Mental y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, será acompañado por un necesario cambio de nombre de dicha institución, ya no se llamará más Colonia Nacional Montes de Oca, pasará a llamarse Hospital y Comunidad Ramón Carrillo. (Aplausos.)

Silvina Aguilar nos acompaña hoy. (Aplausos.) Gracias Silvina. Es médica generalista graduada en la UBA, casada, madre de dos hijos, y desde hace casi dos años dirige la, hasta ahora, Colonia Montes de Oca, donde hoy residen casi 500 personas con algún grado de discapacidad intelectual, con diferentes necesidades de apoyo y que no lo pueden obtener en su comunidad.

Algunos de los que allí habitan, lo hacen desde hace más de 50 años. Es parte de su vida. Allí hay un ejemplo, una persona de 93 años que está en ese lugar desde los 5 años de edad.

De la mano de la entrega de Silvina, de su equipo y en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hoy la colonia está viviendo un proceso de transformación histórico que apunta a superar el Modelo Asilar y a generar dispositivos que garanticen la dignidad y la autonomía de las personas que allí residen. Porque no solo se trata de construir paredes, sino que paralelamente están construyendo historias. ¡Gracias, Silvina! (Aplausos.)

En el marco del plan de reconstrucción y de mejora en el acceso al sistema de salud se invirtieron 188 millones de dólares en equipamiento sanitario y vehículos, 54 millones de dólares en obras de infraestructura sanitaria y 282 millones de dólares en transferencias financieras para el fortalecimiento del sistema de salud en todas las provincias.

Quiero hacer mención a estos datos, que son huella de lo que hemos hecho. En 2021 logramos un descenso del 40 por ciento en la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto. Esto es consecuencia directa de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. (Aplausos.)

También logramos un descenso en la tasa de fecundidad adolescente de 1,7 puntos porcentuales como consecuencia de las políticas implementadas en materia de salud sexual y reproductiva.

No nos olvidemos de nuestros médicos y médicas, de nuestros enfermeros y enfermeras y de todo el personal que trabaja en el ámbito de la salud. Por eso, en poco tiempo más, elevaremos a consideración de este Honorable Congreso un proyecto de ley para un sistema nacional de residencias que mejore las condiciones de trabajo y de formación de nuestros médicos y médicas.

También quiero destacar que, por primera vez, en los 51 años de PAMI, las personas afiliadas tienen la posibilidad de elegir sus médicos y médicas especialistas, así como también los centros de diagnósticos por imágenes y ópticas.

Continuaremos con el programa de medicamentos gratis, que garantiza el derecho a la salud de las personas afiliadas y facilita el acceso a los tratamientos de enfermedades que tienen gran impacto en la calidad de vida de las personas mayores. El programa representa un ahorro de 9.000 pesos mensuales para cada uno de ellos. Cabe destacar que del total de personas afiliadas que reciben medicamentos, 9 de cada 10 obtienen algunos de esos medicamentos de manera absolutamente gratuita. (Aplausos.) De igual modo, continuamos con las obras e inversiones para contar con más efectores propios, que habían sido suspendidos en la gestión anterior.

Así como la salud nos ocupa, también otorgamos un lugar de privilegio a nuestras políticas en educación al desarrollo de la ciencia y de la tecnología.

Durante 2022 iniciamos el Programa Una hora más de clase por día, que significa 38 días más de clases por año. Esta política se aprobó por unanimidad en el Consejo Federal de Educación; 22 provincias ya tienen una hora más de clase diaria y las dos jurisdicciones restantes se encuentran pendientes de sumarse.

A través del Programa Conectar Escuelas buscamos garantizar el servicio de Internet en las aulas y su disponibilidad para todas las escuelas de gestión estatal. Ya se distribuyeron más de 611.000 equipos en 8.201 escuelas de todo el país y se garantizó cobertura y conectividad a más de 7 millones de estudiantes. Cuando este año culmine habremos entregado 1.200.000 computadoras a alumnos de todo el país. (Aplausos.)

A través de las becas Progresar alcanzamos a 1.700.000 becarias y becarios con un presupuesto total de 120.000 millones de pesos. Y por medio de las becas Belgrano se aumentó la cantidad de becarios disponibles en un 50 por ciento. Se adjudicaron un total de 36.000 becas por un monto de 9.500 millones de pesos. Para 2023 esperamos alcanzar 1.600.000 becarias y becarios con una inversión proyectada de 130.000 millones de pesos.

Continuamos con el programa Libros para Aprender. Se entregaron y distribuyeron casi 12 millones de libros para nivel inicial y primaria, lo que equivale a una inversión cercana a 9.000 millones de pesos.

La educación es el cimiento de todo proyecto de país. Cuando quieran ver por dónde o hacia dónde va un gobierno o una sociedad, miren la política educativa. Por eso, presentaremos la ley de expansión de la inversión educativa, que tiene como objeto establecer las bases para garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de diez años, pasando del 6 por ciento al 8 por ciento del producto bruto interno en el año 2032. (Aplausos.)

En cuanto a la infraestructura edilicia y de equipamiento, se financió la construcción de nuevos edificios, ampliación, refacción y readecuación de los mismos. Para ello fueron transferidos 8.200 millones de pesos y cerca de 5.000 millones de pesos adicionales para equipamiento y mobiliario.

En nuestra sociedad debemos entender cómo debe funcionar la educación y también las universidades, que deben ser entendidas como un ámbito de aprendizaje para todos y para todas. Los estudios superiores son también para los trabajadores y trabajadoras, para sus hijos y sus hijas.

Nosotros queremos asegurar que cada día sea más fácil acceder a la

educación universitaria.

Todos saben que soy egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que me formé en la educación pública y que desde hace más de 30 años dicto clases, como un modo de devolverle a la sociedad el esfuerzo que hizo por mí.

Esa Universidad pública maravillosa, que dio cinco premios Nobel, fue creada hace 203 años para que los hijos de las familias criollas, afincadas en esta Ciudad de Buenos Aires, no tuvieran que dejar sus hogares y viajar a Córdoba, Chuquisaca o Europa para poder educarse. La Universidad de Buenos Aires nos deja una enseñanza: la universidad debe acercarse al alumno que quiere estudiar.

Bien lo saben Alicia Bohren, rectora de la Universidad Nacional de Misiones, y Antonia Lidia Blanco, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia, que hoy nos acompañan en este recinto. (Aplausos.)

Alicia es ingeniera forestal, fue reelecta en su cargo para el periodo

2022-2026. Además, fue la primera mujer electa democráticamente en asumir la rectoría de la universidad. Y Antonia Blanco es la primera especialista proveniente del campo de la enfermería en dirigir una universidad. (Aplausos.)

Al día de hoy, la matrícula de esa universidad asciende a más de 19.000 estudiantes. La Universidad de la Patagonia es un centro clave para el conocimiento de la región y para expandir nuestras banderas en toda la patria. Muchas gracias a las dos. (Aplausos.)

En Argentina han proliferado universidades en todas las provincias. En el Gran Buenos Aires se han constituido muchas universidades que albergan un alumnado que en un 90 por ciento son primera generación de universitarios en familias de trabajadores. Seguro estoy de que debemos cumplir con la premisa de acercar la universidad a quienes quieren seguir capacitándose en la vida. Y es por ello que vengo a pedirle a este Honorable Congreso que trate el proyecto de ley que crea las universidades de Pilar, de Ezeiza, del Delta, de Saladillo y de la Cuenca del Salado con sede en Cañuelas. (Aplausos.)

Nuestro futuro como sociedad depende, en gran medida, del modo en que nuestras políticas favorezcan el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Suelo repetir una y otra vez que las sociedades más avanzadas son aquellas que profundizan la educación, desarrollan el conocimiento y promueven la tecnología. Venimos llevando políticas consecuentes con estos principios.

En 2022, la inversión en ciencia se incrementó un 16 por ciento en términos reales por sobre la inflación. Durante este ejercicio tenemos previsto un nuevo incremento real del 32 por ciento en los términos del proyecto votado por este Congreso. Estamos con ello fortaleciendo un sector estratégico para el desarrollo nacional.

Con estos recursos lanzamos el Programa Federal Equipar Ciencia, que entregó a instituciones científico-tecnológicas de todo el país casi 400 equipos de mediano y gran porte por un monto de 108 millones de dólares. Y también pusimos en marcha el Programa Federal Construir Ciencia que prevé obras para más de 100 nuevos edificios dedicados a la actividad científica durante el bienio 2022-2023.

Una piedra angular de este proceso de recuperación es el fortalecimiento del CONICET, una pieza vertebradora de nuestro sistema científico. En estos años hemos recuperado más de 30 puntos en términos reales el poder adquisitivo de los sueldos de los investigadores y casi 40 puntos los estipendios de sus becarios, así como también hemos ampliado e incrementado sustancialmente los ingresos de cada convocatoria.

Tenemos el orgullo de decir que en estas últimas semanas se han iniciado las fases 2 y 3 de los estudios clínicos de la vacuna contra el COVID desarrollada por el CONICET, la Universidad de San Martín y la Agencia de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. (Aplausos.) Es la primera vez que el desarrollo de una vacuna nacional llega a esta etapa.

Hoy está aquí y nos acompaña Juliana Cassataro. (Aplausos.) Juliana es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Inmunología. Juliana es hija de la educación pública y es, a la vez, hija de detenidos desaparecidos. (Aplausos.) Ella integra hoy el equipo de la UNSAM que ha desarrollado la primera vacuna argentina que recién les comentaba.

Juliana es un ejemplo de resiliencia. Es una profesional, una científica destacada que ha recibido distinciones por su capacidad. Y además de ser madre de dos chicas, tiene desde muy joven un fuerte compromiso social volcado hacia los sectores más vulnerables de la Argentina.

También, con Juliana, hoy nos acompaña Gabriel Rabinovich. (Aplausos.) Gabriel es bioquímico e investigador superior del CONICET. Lidera hoy un equipo argentino que avanza hacia un tratamiento clínico contra el cáncer, dando esperanza de futuro a miles de pacientes que hoy solo pueden ver oscuridad. Se trata de un largo estudio cuya base ha estado en instituciones públicas, como diversas universidades, en conjunto con el CONICET.

Como Juliana, Gabriel es un hijo de la educación pública. Se formó en la prestigiosa Universidad Nacional de Córdoba. Otro sello de su amplia trayectoria es que siempre ha bregado por una ciencia que sea inclusiva y en concordancia con las necesidades de su país. Gracias, Gabriel; gracias, Juliana. (Aplausos.)

Por primera vez en la historia, la inversión en ciencia se realiza con un sentido profundamente federal. Como ya sabemos, el sistema científico tecnológico de nuestro país se encuentra profundamente centralizado. Más del 80 por ciento de la inversión se ejecutó siempre en el área metropolitana de Buenos Aires, relegando el desarrollo tecnológico del resto del territorio nacional. Ahora, esta proporción es exactamente inversa: casi el 80 por ciento se ejecuta en las provincias del interior de nuestra patria.

Esta nueva etapa de la ciencia argentina se caracteriza también por la creciente articulación con el sector privado. Esta alianza virtuosa permitió generar innumerables empresas de base tecnológica, una gran cantidad de puestos de trabajo calificado y que las exportaciones de los productos basados en el conocimiento por primera vez alcanzaran el tercer lugar entre las exportaciones argentinas.

Tras 40 años de vigencia democrática, la jerarquización de nuestras fuerzas armadas se convierte en un imperativo impostergable. Capacitarlas, recomponer sus ingresos y fortalecer su equipamiento deben ser nuestros objetivos de trabajo. La defensa de nuestro territorio y la preservación de nuestra soberanía son tareas prioritarias para nuestros hombres y nuestras mujeres de las tres fuerzas.

Hemos iniciado trabajos para la recuperación, como base permanente, de la Base Antártica Conjunta Petrel, mientras avanzamos en la puesta en marcha de la Base Naval Integrada en la ciudad de Ushuaia.

En ese marco de fortalecimiento de la soberanía en la Antártida y el Atlántico Sur y de las operaciones de vigilancia y control de los espacios marítimos y fluviales de jurisdicción nacional realizados por el Comando Conjunto Marítimo, hemos instalado en la ciudad de Río Grande un radar de vigilancia y control aéreo producido por el INVAP. (Aplausos.)

Hemos incrementado un 40 por ciento la cantidad de proyectos asumidos por el Fondo Nacional de la Defensa, fondo específico para equipamiento con el que por primera vez en su historia cuentan las fuerzas armadas.

Debemos recomponer los ingresos de los miembros de nuestras fuerzas armadas. Ya hemos avanzado, incorporando a sus salarios lo que antes eran sumas no remunerativas, y estamos equiparando esos salarios a los sueldos que hoy reciben los miembros de las fuerzas federales de seguridad. (Aplausos.) Este objetivo se concretará en dos etapas: ya se ha iniciado en este ejercicio y concluirá en el año próximo.

Nuestras fuerzas de seguridad vienen multiplicando sus tareas de control fronterizo y su colaboración con todas las provincias que lo solicitan.

Durante el año pasado, se reforzó la presencia de Gendarmería Nacional en Rosario, con 1.000 efectivos.

El trabajo de las fuerzas federales se realiza en coordinación con las fuerzas provinciales. Así, las fuerzas nacionales se despliegan en barrios complejos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe.

Implementamos también un plan para prevenir e investigar ciberdelitos, al que adhirieron 16 provincias. Para ello, se entregaron equipos y se capacitó a personal policial y fiscales de todo el país.

El combate al crimen organizado es una lucha prioritaria de nuestro gobierno nacional. La democracia tiene que garantizar la seguridad de todos y cada uno de los habitantes.

Cuando asumí la Presidencia, dije que gobernaría con todos los gobernadores y todas las gobernadoras de mi patria. Lo hice en los duros momentos de la pandemia y lo sostuve después, recorriendo con mis ministros, en muchos casos en más de una oportunidad, todas las provincias: desde el caluroso Impenetrable chaqueño hasta la gélida Antártida. Es nuestro objetivo estratégico la construcción de un verdadero federalismo.

Todas las acciones de cada uno de los Ministerios incorporaron claramente la dimensión federal en su diseño y ejecución. Se trata de un principio transversal.

Durante 2022, desde el Ministerio del Interior, supimos dar continuidad a la planificación y al seguimiento de 1.583 obras prioritarias y estratégicas para remover obstáculos y reducir brechas en el desarrollo de las provincias.

Por medio del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional se invirtieron 17.400 millones de pesos en nuevas obras en todo el país, impulsando el crecimiento del empleo privado. Finalmente, durante 2022, se transfirió a los gobiernos provinciales 33.575 millones de pesos en concepto de aportes del tesoro nacional.

Profundizamos la implementación del programa Municipios de Pie, para el fortalecimiento de los gobiernos locales. Se firmaron más de 307 proyectos por un valor total de 7.600 millones de pesos. Para nosotros, el federalismo es una dimensión incorporada desde todas las jurisdicciones. Tengo el orgullo de ser el presidente que más recorrió nuestro país.

Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina.

Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aseguró, mediante cautelar, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- …recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria. (Aplausos.)

Que nadie se equivoque: ¡soy orgullosamente porteño! Amo esta ciudad en la que nacieron Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Marta Minujín, Niní Marshall, Aníbal Troilo, Martha Argerich y Luis Alberto Spinetta. ¡Por esos seres extraordinarios que marcaron nuestra cultura, siento el orgullo de ser porteño!

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- ¡Pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido! (Aplausos.)

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Nosotros no queremos perpetuar tanta injusticia.

Nosotros, éticamente, estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Es un honor que me insulte, diputado Iglesias. Es un honor que me insulte, ¿eh? (Aplausos.)

¡Nosotros, éticamente, estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- …por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la patria! (Aplausos.)

Los recursos coparticipables…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- La ley lo dice, no lo digo yo... Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo con las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado nacional… ¡Una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado nacional, como lo dice la Constitución Nacional! ¡La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de esa ley convenio! (Aplausos.)

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- ¡No tiene derechos sobre esos recursos! ¡Debe recibirlos del Estado nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba! ¡Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República! (Aplausos.)

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- La intromisión de la Justicia…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Un honor. Un honor. Enorme honor. Enorme honor. Enorme honor… Insúlteme, es un enorme honor. Es un enorme honor. Un enorme honor, Iglesias. Me enorgullece.

Sigo. Voy a seguir, por respeto al resto de los diputados.

¡La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible! ¡Excede sus facultades (aplausos), olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce cuestiones políticas no judiciables y pone en riesgo la lógica redistributiva de la ley de coparticipación federal, causando un severo daño en las cuentas públicas del Estado nacional!

En cada oportunidad que vine a este recinto…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Cada vez que vine a este recinto expresé la necesidad de trabajar mancomunadamente, para realizar las adecuaciones necesarias a nuestro sistema judicial.

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- No son mentiras; no son mentiras. No son mentiras.

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- En cada oportunidad que vine a este recinto expresé la necesidad de trabajar mancomunadamente para realizar las adecuaciones necesarias a nuestro sistema judicial. No me fue bien, lo admito.

Ahora, cuando la democracia alcanza sus cuarenta años de vigencia, debemos reflexionar sobre la calidad de nuestras instituciones.

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Prometí al asumir la Presidencia…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Prometí al asumir la Presidencia que pondría fin a los sótanos de la democracia. Lo hice. El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula a los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compren voluntades judiciales. (Aplausos.) ¡Por impulso del gobierno nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano! (Aplausos.) ¡El espionaje interno ya no existe! ¡Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal! (Aplausos.) Esto es así, mal que le pese a cualquiera.

Digo todo esto…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Digo todo esto…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Digo todo esto sabiendo que de nada sirve semejante trabajo si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder. No hablo en abstracto.

Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos.

Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y ¡no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos!

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Los ejemplos…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Los ejemplos abundan.

Conocemos cómo se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo.

Vimos también cómo, a través de medidas cautelares, se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país. Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares con la complicidad de muchos jueces.

Frente a este estado de situación es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar una solución.

Ya en 2020 convoqué a un grupo de prestigiosos juristas con el fin de que estudiaran alternativas para que, en este Honorable Congreso, se avance en las reformas que nuestro sistema judicial necesita. Propuse reformas para que se debatieran y se introdujeran todas las mejoras posibles.

La propuesta se aprobó en el Senado y nunca fue tratada en la Cámara de Diputados.

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Así como el Poder Ejecutivo…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Así como el Poder Ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. (Aplausos.)

La gravedad institucional que todo eso supone es mayúscula. Quiero llamar la atención de todos los argentinos y argentinas sobre todo esto.

Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura… (Aplausos.)

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- …hoy, ¡Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha extendido en ese territorio! (Aplausos.)

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Si aquella reforma de la justicia federal…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Gracias.

Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe –repito– hoy, Santa Fe –me extraña, los diputados santafesinos– no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez el crimen organizado que se ha expandido en todo su territorio. (Aplausos.)

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas?

Tengo respuesta. Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Lamentablemente…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Lamentablemente…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados, que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer los artículos 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional.

No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise, con todas las garantías y en la instancia que corresponde, el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de algunos de sus miembros.

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales. Pero no podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas palaciegas desatadas en la sede del más alto tribunal del país, por controlar los manejos de los recursos económicos del Poder Judicial, acaban desatando abusos inadmisibles. (Aplausos.)

Yo cumplí con mi parte. Reclamo en defensa del Estado de derecho. No me aparto un solo centímetro del estricto respeto a la Constitución Nacional.

No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución.

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- ¡Los que atentaron contra la Constitución son los que armaron mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros!

(Aplausos.) ¡No pretendan, ahora, dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático! (Aplausos.) ¡Solo quiero dejar en claro quién respeta a la República y quién no!

¡Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto! (Aplausos.)

Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. (Aplausos.)

Nosotros no trasladamos jueces e integramos cámaras para incidir en causas en las que se persiguen a políticos opositores.

No son nuestros funcionarios los que se profugan de la Justicia, se aíslan en Punta del Este alegando persecuciones. (Aplausos.)

Atentan contra la Constitución los que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, olvidando que la mentada división de poderes rige para todos en la República.

Atentan contra la Constitución los que ante cualquier sanción desfavorable de leyes corren a judicializar la medida aprovechando sus amistades con jueces que deshonran al Poder Judicial.

Que nadie lo olvide: vivimos en una República. Todos merecemos el resguardo de las garantías. Todo ciudadano debe ser tratado con el rigor y las garantías que establece nuestro ordenamiento jurídico. Vivimos en un Estado de derecho.

Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad, en clara violación a las prohibiciones que establece la ley.

Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. (Aplausos.)

Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando solamente su inhabilitación política. (Aplausos.)

Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el año 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios el derecho penal. “No pudo no haber sabido”, sostienen. De ese modo, presumen el dolo, castigan por cierto criterio de responsabilidad objetiva e imponen el derecho penal de autor. Entonces, se castiga a la persona por lo que es y no por la que ha hecho.

Cualquier estudioso del derecho penal se asombraría ante semejante retroceso. Al derecho penal liberal, nacido al amparo de la Revolución Francesa y que evolucionó con la mejor dogmática en el derecho continental, le repugnaría observar semejantes conclusiones. Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando el nombre de la Justicia. (Aplausos.)

Quiero que todos…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Acallemos el bullicio. Ya todos gritamos. Quiero que todos reflexionemos en torno a lo que aquí he dicho. No importan las cercanías o afinidades políticas; se trata de reponer el Estado de derecho y hacer valer nuestra Constitución.

Levantamos nuestra voz porque el reclamo de justicia cobra vigencia una vez más, cuando el derecho se tuerce por el odio o la persecución política.

He reseñado una buena parte de las principales políticas en marcha y de los objetivos alcanzados. También les he transmitido qué vamos a concretar en este año.

Para que algunas de esas políticas fueran posibles, debieron sancionarse leyes que contaran con la aprobación de los miembros del oficialismo y de la oposición. En cada oportunidad reconocí y agradecí, como corresponde, el acompañamiento opositor en momentos difíciles. Estoy convencido de que con esos entendimientos ganó la Argentina toda.

Estuvimos de rodillas. Pudimos ponernos de pie. Ahora que volvimos a caminar no dejemos que las diferencias políticas coyunturales las pague nuestro pueblo. Allí donde sea posible avanzar, avancemos.

En virtud de ello, y de cara a un año que tendrá sus peculiaridades por el proceso electoral en curso, hago un pedido para que no condicionemos la aprobación de proyectos de leyes que los argentinos están necesitando.

Cuando menciono esto, evoco rápidamente la creación de universidades, la promoción de la ley de bioagroindustria y otros proyectos que fueron postergados sin razón aparente. (Aplausos.)

Con barullo político, no sé quién gana; pero sí sé que pierde la gente.

Siempre creímos que nuestro pueblo está por encima de cualquier interés. Podemos permitirnos un debate franco de cara a la ciudadanía. Lo que no podemos es seguir postergando a nuestros compatriotas, cuando podemos avanzar en temas cruciales para sus vidas.

Yo invito al pueblo argentino y a todas las fuerzas políticas a que procuremos mirar hacia adelante. Esto no lo arregla un presidente o una coalición de gobierno. Estamos todos en un mismo barco que no puede naufragar. Nadie se salva solo, diría el Papa Francisco.

Queremos seguir con la Argentina avanzando hacia un desarrollo sostenido, potenciando la industria, redistribuyendo con equidad los ingresos, ampliando derechos y cuidando el ambiente.

Queremos continuar con la expansión de la inversión pública y dirigir los recursos del Estado, allí donde la Argentina lo requiere.

Queremos aumentar las exportaciones y aumentar el consumo interno.

Queremos más trabajo de calidad. Queremos seguir fortaleciendo a

nuestras pymes, que son las que generan tres de cada cuatro empleos formales. Queremos profundizar las políticas de inclusión laboral.

Peleamos todos los días por una sociedad más igualitaria.

Debemos hacer realidad nuestra utopía de la justicia social.

Venimos demostrando que podemos hacer crecer la economía sin menguar los derechos de los trabajadores. Es falso que para crear trabajo o mejorar los ingresos deban retroceder los derechos de quienes trabajan.

En pocos meses, los argentinos podrán ejercer una vez más su derecho a elegir un gobierno nacional y a sus representantes en el Congreso Nacional.

Previamente, podrán hacerlo en algunas provincias para elegir a sus gobernadores y a sus legisladores. Otra contienda electoral, en nuestra democracia de cuarenta años ininterrumpidos.

Desde la responsabilidad que me cabe, quiero convocar a todas las fuerzas políticas y a nuestro pueblo para que vivamos este proceso con todas nuestras convicciones y con todas nuestras pasiones, pero también con el debido respeto por todos y todas. Debatamos la Argentina que queremos.

Generemos el clima político adecuado para que nuestro pueblo elija en libertad.

He conversado con los principales líderes del mundo. Estoy convencido de que, en las reconfiguraciones políticas y económicas a escala global que se están produciendo, la Argentina tiene una gran oportunidad que no debemos desaprovechar.

La oportunidad más evidente está en que el mundo necesita y demanda aquello que la Argentina posee y produce.

Va a estar en nosotros, en la capacidad de todos los argentinos, de todos los sectores sociales y, por supuesto, de los diferentes sectores políticos, poder aprovecharlo.

Nosotros estamos dando pasos en ese sentido.

¿Alguien cree, realmente, que tiene un futuro mejor si se imponen políticas de ajuste, reducción de derechos y una mayor concentración de los ingresos? Esto ya se intentó y conocemos los resultados. Hoy nos siguen proponiendo lo mismo, con el agravante de que nos anuncian que lo harán más rápido y con más profundidad.

Hay mucho tramo por recorrer, pero eso sucederá si continúan estas políticas que ponen en el centro al trabajo.

Hagamos realidad la Argentina que nos merecemos. Cuando el 10 de diciembre culmine este mandato que el pueblo me ha dado, podrán tener la certeza de que habrán tenido un presidente que le puso el pecho a cada problema que enfrentó. Que, con aciertos y errores, habrá puesto todo su esfuerzo en encontrar salidas en el laberinto en el que la historia nos encerró. Habrán tenido un presidente que, honestamente, todo lo entregó y solo se llevó el enorme honor que me han dado los argentinos de presidir los destinos de la patria.

Hace cuarenta años, nuestra utopía fue la democracia.

Yo les propongo que nuestra utopía, hoy, sea la igualdad.

En el sur del mundo, en el continente más desigual del mundo, asumamos ese propósito. En un mundo donde cuarenta personas acumulan más riqueza que millones y millones de seres humanos, donde algunos nacen condenados al hambre y al padecimiento, donde otros tienen la suerte de nacer con su vida resuelta, el verdadero desafío, la verdadera revolución es la búsqueda de la igualdad.

Construimos la democracia, vivimos en libertad, alcancemos la igualdad.

Igualdad en la diversidad, en las diferencias, en el conflicto.

Igualdad es, en realidad, equidad: un mundo donde cada quien se

desarrolle según sus circunstancias, pero donde todos y todas tengan las mismas oportunidades.

En un mundo desigual, injusto, desventajoso, que oprime a algunos, que los deja al lado de las sociedades, no puede haber libertad ni paz verdadera.

¿De qué clase, de qué tenor es esa libertad donde algunos son menos iguales que otros, donde algunos no tienen para comer?

Para nosotros, gobernar es generar igualdad.

Terminemos de una vez con las cadenas de desigualdades que condenan a muchos de nuestros compatriotas; esas cadenas que articulan clase social, pertenencias, identidad, género, raza; esas cadenas históricas que debemos romper de una vez y para siempre. Porque la democracia es hacer por el otro, sobre todo por los que menos tienen. La democracia es un proceso de trabajo constante, de invención de derechos, de eliminación de privilegios.

Los invito a dar vuelta la página del tremendismo, el desánimo, a encarar con coraje los grandes desafíos de nuestro futuro que tiene el país. A arremangarse y a trabajar, a poner cabeza y corazón en nuestro futuro común.

Quiero invitarlos a un compromiso con la patria. A cada funcionario, a cada legislador, a cada legisladora, a cada miembro de los poderes del Estado, así como a cada trabajador, a cada trabajadora, ciudadanos, ciudadanas. Es hora de dejar de lado las mezquindades, las rencillas y los narcicismos.

Quiero invitarlos a un compromiso de trabajo serio y cotidiano con nuestro país. No podemos quedarnos esperando que el mundo nos ayude. La Argentina debe ayudarse a sí misma y debemos ayudarnos entre nosotros, como un gran equipo.

La Argentina es un gran país. Creamos en Argentina, creamos en nosotros mismos.

El mundo está en un momento bisagra. Vivimos un tiempo liminal. La moneda está en el aire. Es hora de ser artífices de nuestro propio destino.

Para terminar esta sesión, les pido me permitan contarles esta historia.

Hoy nos acompaña Belén…

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- Ella tiene 35 años. Gracias, Belén, por estar aquí. (Aplausos.)

Belén tiene 35 años. Es madre soltera de tres hijos, de 13, 11 y 7 años. Vive en el barrio Cristo Rey, de La Plata.

Ahí, en ese barrio popular, trabaja como asistente de electricista en la Cooperativa Auge, que busca resolver los problemas de instalaciones en las viviendas de los vecinos.

Belén fue víctima de violencia de género y había perdido su trabajo por las condiciones físicas y emocionales en las que iba a cumplir su tarea.

–Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente de la Nación.- ¡No da para reírse!

A partir de entonces, solo pudo tener trabajos inestables. Pero, aun así, en esas condiciones, sus hijos jamás dejaron de ir a la escuela.

Desde que comenzó ese trabajo, en noviembre último, la vida le cambió.

Tiene estabilidad, un sueldo digno, recibe la ayuda de la cooperativa y está cerca de sus hijos.

Hoy Belén tiene trabajo gracias a una cooperativa que se creó bajo el programa Obras Tempranas, de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Ministerio de Desarrollo Social. (Aplausos.)

¿Pero saben cómo se financió? ¿Saben cómo se financió esa política?

Esa política se financió a través de la ley de aporte solidario y extraordinario que este mismo Congreso ha votado. (Aplausos.)

Senadoras, senadores, diputados, diputadas, pueblo de mi Patria: cuando discutimos grandes fortunas, lo que estamos discutiendo es más igualdad. Porque solo a través de la igualdad, solo creando las condiciones materiales para que todos y todas puedan tener las mismas oportunidades, es que un país puede crecer y progresar.

Lo digo y lo repito: la libertad no son palabras, la libertad nace en la igualdad.

Dicho ello, declaro inaugurado el 141º período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. (Aplausos.)

Muchas gracias a todos y todas. (Aplausos.)

Elisa Carrió junto a la Mesa Ejecutiva de la Coalición Cívica y el bloque de diputados nacionales del partido presentarán un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Relatoría especial sobre independencia de magistrados y abogados, en el que enumeran los reiterados quiebres del estado de derecho y los embates contra las instituciones de la república por parte de la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno que encabeza Alberto Fernández.

“Tenemos que dejar claro en la ONU la voluntad del kirchnerismo de apropiarse de la Justicia”, señalaron. El informe también hace referencia a hechos ocurridos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

En su respuesta a la grotesca presentación realizada este lunes por el secretario de DD.HH. del Ejecutivo Nacional, Horacio Pietragalla, la ONU le reclamó al Gobierno argentino que “asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales y que garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales”.

Debido a este planteo, Carrió y la CC-ARI tomaron la decisión de darle a conocer al Consejo de DD.HH. de la ONU sus reiteradas denuncias y señalamiento acerca del “golpe institucional y las reiteradas violaciones de los derechos humanos en nuestro país”.

“Enceguecido en la búsqueda de impunidad de la vicepresidenta, el Gobierno argentino atropella al Parlamento e intenta apropiarse del Poder Judicial”, sostienen desde el espacio. “El papelón que hizo ayer Pietragalla ante el Consejo de DD.HH. de la ONU es una expresión de un gobierno extraviado ante el reclamo de la Justicia”, agregaron.

Además, explicaron que “el gobierno que se jacta de su amistad con dictadores como (Nicolás) Maduro y (Daniel) Ortega, se presenta ante la ONU con un texto de ficción que el mismo organismo desmintió en su respuesta”.

Estos hechos que Carrió y la Coalición Cívica enumeran ante la ONU ya fueron enviados en distintas oportunidades a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar las violaciones del kirchnerismo contra las instituciones.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a través de su cuenta de Twitter, cuestionó este viernes que el juez Sebastián Ramos haya rechazado la denuncia contra Silvio Robles, asesor de la Corte Suprema, implicado en una serie de conversaciones con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, previo al fallo de la coparticipación.

“La mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida”, así tituló CFK, quien se expresó indignada tras el cierre de la causa contra Robles por considerar ilegal a la obtención de los chats.

En tal tema, la exjefa de Estado recordó: “En el año 2016 en Comodoro Py los Camaristas de Casación (Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky reabrieron la causa Memorándum con Irán, que había sido sobreseída… ¡2 veces! Lo fundamentaron en 'una escucha ilegal', metieron preso a (Carlos) Zannini y le prohibieron a (Héctor) Timerman tratarse de un cáncer en EE. UU.”.

Además, agregó: “Después de la legalización de la escucha, (Mauricio) Macri -que era presidente- felicitó públicamente a Hornos y Borinsky y criticó a la otra camarista, Ana María Figueroa, que había votado en minoría contra esa decisión”.

Desde un hilo de Twitter, la vicepresidenta afirmó que la relación entre Robles y D’Alessandro era para “arreglar fallos de la Corte a través de chats diciendo que no podía ser imputado de delito porque la denuncia se apoyaba en ‘una escucha ilegal”.

Asimismo, CFK ironizó: “Por si alguien faltaba en este verdadero escándalo, el fiscal que intervino fue… (Carlos) ¡Stornelli! procesado por espionaje ilegal e impulsor de la ‘Operación Puf’, donde buscó legitimar las escuchas ilegales de la cárcel de Ezeiza para salvarse de su participación en el D`Alessiogate”, en alusión a la causa judicial que investiga si existió una organización bajo el control de agentes de inteligencia durante el final del Gobierno de Macri.

Ahora en 2023, el Juez Ramos de Comodoro Py en 20 días rechazó la denuncia contra Silvio Robles, que arreglaba fallos de la Corte en chats con D’Alesandro, Mtro. de Seguridad CABA, diciendo que no podía ser imputado de delito porque la denuncia se apoyaba en “una escucha ilegal”.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 20, 2023

De tal manera, Cristina Kirchner siguió con las críticas al juez Stornelli: “Para salvar al ladero de (Horacio) Rosatti -presidente de la Corte-, cita el voto en minoría de la camarista Ana María Figueroa en el caso Memorándum con Irán, que cuestiona que con una escucha ilegal se pretenda reabrir una causa. Solo con mafia mediática-judicial puede haber tanta impunidad”.

En el cierre, la vicepresidenta cerró con un cuestionamiento: “¿Qué hará ahora la Cámara de Casación con la causa Memorándum con Irán?”.

Siete horas más tarde se acordó de sumar que el abogado que hizo la denuncia “contra” Silvio Robles en Comodoro Py "para armar la maniobra del Juez Ramos y Stornelli fue Gastón Marano, defensor de Gabriel Carrizo, detenido por su participación en el atentado contra mi vida", y preguntó: "¿Hasta dónde llegará todo esto?".

Luego del discurso que brindó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el que dejó un mensaje sobre su candidatura: “Ni renunciamiento ni autoexclusión, acá hay proscripción”, desde la vereda de enfrente le respondieron: “No estás proscripta, estás condenada”.

La titular del Senado fue la principal oradora del acto que se llevó a cabo este martes por la tarde en Avellaneda-el último del año- en lo que fue su primera aparición pública tras ser condenada. En su disertación que duró menos de una hora - algo atípico en CFK- lanzó fuertes críticas al Poder Judicial, puntualmente sobre la condena que recibió por la causa Vialidad y sobre su decisión de no postularse como candidata a presidenta en 2023.

En ese contexto, la bancada opositora le salió a responder a través de las redes sociales. Uno de ellos fue el titular del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, quien le recordó: “En Argentina no hay proscripción. El ex presidente Menem falleció siendo senador porque sus condenas no llegaron a quedar firmes”, y aseguró que “esto lo sabe Cristina Kirchner mejor que nadie. La épica de la proscripción es puro relato para activar un más que obvio operativo clamor”.

Cristina Kirchner miente: no hay proscripción, hay un delito y una condena.
El Código Penal tiene 100 años y desde su sanción los delitos contra el Estado cometidos por funcionarios se castigan con prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Cualquier abogada lo sabe.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 28, 2022

“No hay proscripción, hay tres toneladas de pruebas en tu contra y una condena, Cristina Fernández de Kirchner”, lanzó el monobloquista de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy.

Cristina Fernández de Kirchner ha demostrado que vive en el pasado y que no tiene absolutamente nada que darles a los argentinos para el futuro. #ElDiarioDeLeuco pic.twitter.com/oRvfJAsJw3

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 28, 2022

A su turno, la diputada del Pro y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, remarcó: “No estás proscripta, estás condenada por defraudación al Estado, @CFKArgentina”. “Cristina Fernández dice que está proscripta. Su falta de apego a la verdad enferma a la sociedad. Intoxica con mentiras flagrantes a sus fanáticos. Su ocaso es el ocaso de sus ideas”, escribió el diputado del Pro Hernán Lombardi.

“Para CFK parece un despropósito una ciudad con subtes, colectivos, trenes y taxis. Se ve que el modelo deseable para ella es una sin medios de transporte formales y seguros, sin asfalto, sin alumbrado, sin agua potable, sin cloacas, como donde gobiernan los K desde hace décadas”, criticó el bonaerense Alejandro Finocchiaro.

El diputado Alfredo Schiavoni cuestionó a Alberto Fernández y a Cristina: "Tremendo: Alberto diciendo tonterías en Santiago Del Estero, Cristina haciéndose la víctima en Avellaneda, y mientras tanto el U$D a $356, pero nadie dice nada. Imaginen si no eran ellos, helicóptero a full..."

El radical Miguel Bazze le pidió a la vicepresidenta que “no mienta más”, y le remarcó: “Nadie la proscribe. La justicia la condena por corrupción. Usted padece el rechazo de un muy importante sector de la sociedad, que quiere un país sin impunidad”.

¿Proscripción, @CFKArgentina? Ni proscripción, ni persecución política: JUSTICIA pic.twitter.com/y8uywhLcEM

— Martín Lousteau (@GugaLusto) December 28, 2022

Yo creo que Cristina fue sentenciada por la justicia, no proscripta. @lanacionmas @alfleuco pic.twitter.com/xGLlSgDmbM

— Carolina Losada (@carolinalosada) December 28, 2022

“De manual. Después que la Justicia le clavó ‘chorra’, Cristina, se arroga la representación de todo el peronismo y dice que son las mafias que lo quieren proscribir para evitar las maravillosas transformaciones que ha hecho por la gente en la historia argentina. Caradura”, disparó el liberal José Luis Espert.

Cero proscripción.
Vamos a hablar clarito: es una vicepresidente que convoca cada vez menos y que fue condenada por robar. Punto. pic.twitter.com/HDTXcIeLRX

— Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) December 27, 2022

Desde la Coalición Cívica, la diputada Marcela Campagnoli tuiteó: “Cristina atrasa y confunde. No está proscripta, está condenada”, y opinó: “Y debería renunciar al cargo que desempeña o pedir licencia hasta la sentencia firme. ¿Cómo va a seguir siendo vicepresidente de la Nación alguien condenada por defraudar a su estado?”

“Convocó CFK a una marcha ‘por la democracia sin mafias’. La única mafia organizada la lideró ella con el cartel empresarial de Lázaro Báez, Cristóbal López, Eskenazi, el cártel del narcotráfico de Milagro Sala y los Mamani, y el ejército de cajeros (López, De Vido, Ulloa, Muñoz, etc)”, manifestó el exdiputado Álvaro de Lamadrid.

Si fueran servicio público con el gobierno de ustedes no habría cable, internet ni celular. @CFKArgentina pic.twitter.com/VMqgtRzykD

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) December 28, 2022

El diputado nacional José Luis Gioja (FdT) consideró este miércoles que es necesario avanzar con una reforma judicial, porque dentro de la Justicia "está funcionando una especie de poder paralelo".

En alusión al viaje a Lago Escondido que hicieron en octubre pasado jueces, empresarios de Clarín y funcionarios del Gobierno de la Ciudad, que se conoció tras una filtración de chats en la que hablaban de ocultarlo, el legislador señaló: "El presidente (Alberto Fernández) pidió tratar la reforma judicial, y me parece que tenemos que avanzar con ese tema". Ese proyecto tuvo media sanción del Senado, pero nunca pudo alcanzar el número necesario en Diputados.

"Creemos en ese pacto democrático del que habla la vicepresidenta (Cristina Kirchner) y hay que poner toda la voluntad para que ese acuerdo exista. Los sectores que están detrás de las cortinas no deben entorpecer el desarrollo de Argentina", continuó.

En declaraciones a AM990, el sanjuanino opinó que el viaje a Lago Escondido "es la punta del iceberg", pero advirtió que "está funcionando una especie de poder paralelo que maneja las decisiones que se tienen que tomar, entorpece la democracia y se cercenan derechos y libertades".

El vicepresidente segundo de la Cámara baja expresó que es importante "madurar" para que "las instituciones de la democracia funcionen". "La base de la República es la división de poderes. El Poder Judicial no se puede salir de esos márgenes. Esto debilita la democracia, y a lo mejor es lo que quieren", completó.

El diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT-Buenos Aires) se refirió este miércoles a la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y cargó contra la Justicia al sostener que “es una mafia que funciona como Estado paralelo” y advirtió que "la historia demostró que luego de las proscripciones suceden enormes tragedias".

Entrevistado en Radio El Destape, el legislador consideró que, a partir del fallo en la causa "Vialidad", “quedó plantado un escenario donde de un lado está el pueblo y del otro lado está esta mafia, y en el medio estamos los dirigentes que debemos trabajar para liberarnos de ella”.

“Como en su momento derrocaron a (Hipólito) Yrigoyen, como en su momento prohibieron a (Juan Domingo) Perón, cuando adelantaron la entrega del poder de (Raúl) Alfonsín, la Justicia siempre fue en contra de la democracia”, comparó.

Para el radical K, la Justicia quiere un modelo de “democracia fingida”. “Quieren solo apariencias y autonomías recortadas y burladas, por estos poderes fácticos”, expresó y agregó: “Clarín es un quiste en el Poder Judicial y juntos se propusieron proscribir a la representante más popular de la Argentina”.

Respecto a Cristina Kirchner, el oficialista opinó que “su defensa deber ser en las calles, con la militancia; y en el Congreso, con los compañeros”. “La historia demostró que luego de las proscripciones suceden enormes tragedias”, advirtió.

Ni bien se conoció la condena a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio por la causa “Vialidad”, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que calificó el fallo judicial como “histórico”.

“Estamos ante un fallo judicial histórico”, comenzaron el documento y explicaron que “todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado”. En ese sentido, destacaron que “este proceso ha sido ejemplar y demuestra que nadie está por encima de la ley en Argentina. Este es otro capitulo del fin de la impunidad de la corrupción pública”.

En otra línea, remarcaron que “en el contexto de altísimos niveles de inflación, de inseguridad, de trabajo precario y con la incertidumbre” en la que “viven los argentinos”, es “doloroso ver cómo el kirchnerismo se ocupa de los intereses de sus dirigentes”, y denunciaron que “solo se unen cuando los tocan a ellos. Nunca para mejorar la vida de las personas. Nunca para sacar al país de este desasosiego”.

“La libertad de expresión y la igualdad ante la ley son pilares básicos en el funcionamiento de nuestra república”, remarcaron desde la principal bancada opositora y agregaron: “No hay riesgos para la democracia. Por el contrario, así funciona el Estado de derecho cuando se controla y aplica la ley con imparcialidad”.

Y finalizaron: “Son tiempos de mantener la paz social y tener tranquilidad. Siempre más democracia, más libertad, más justicia y más República”.

La oposición celebró en redes sociales la condena para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de administración pública, y lo calificaron como un acto de justicia.

“Esta es la primera condena a la matriz de corrupción que atravesó 12 años de gestión. No hay que entrar en la lógica K que busca el caos y la anarquía. La justicia no se dirime en las calles sino en los tribunales. La República está intacta”, encabezó su mensaje el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri.

A su vez, explicó: “Es importante que la sociedad entienda que esta sentencia no está firme. Queda mucho camino por recorrer, por eso es falso el relato K que habla de una proscripción de la vicepresidenta”, y remató: “Argentina será más justa cuando los corruptos teman a la Ley”.

Por su parte, Karina Banfi, vicepresidenta del bloque, dijo: “Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, condenada a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por robar dinero público”.

El presidente del bloque Evolución Radical, el cordobés Rodrigo de Loredo, sostuvo: “Después de muchos años hay un hilo de esperanza frente a la contundencia de la corrupción estatal. La sentencia llega el mismo día que vemos nuevos datos sociales alarmantes. Corrupción es pobreza”, y bregó para que “podamos cambiar”.

“El problema no es la condena a ella. El problema son los millones de argentinos condenados a la pobreza, el desempleo y la desesperanza. Los próximos días veremos por quién pelea cada uno”, lamentó.

Según el fallo, @CFKArgentina y sus secuaces se robaron $84.000 millones!

— Luciano Laspina (@LaspinaL) December 6, 2022

El santafecino Juan Martín destacó: “En un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley. Y el que las hace, las paga. La Argentina construirá futuro sólo sobre la base de la justicia, condenando la corrupción que degrada la democracia”. Su coterránea Ximena García opinó: “Pese a los reiterados intentos por presionar y manipular a la justicia los implicados en la causa vialidad fueron juzgados y finalmente condenados por sus delitos”.

En tanto, el diputado entrerriano Pedro Galimberti sostuvo que “la condena es un hito sin precedentes en la historia del país”, y planteó: “La bóveda de la corrupción K se abrió y la justicia actuó con independencia y libertad, como debe ser en todos los casos”.

“Aún sin condena por asociación ilícita, está probado y condenado: Que son el Kirchnerismo; Que son corruptos; Que no pueden administrar NUNCA MÁS los bienes, ni los destinos de los argentinos. INHABILITADOS PARA SIEMPRE”, subrayó la mendocina Jimena Latorre.

Condena e inhabilitación para @CFKArgentina. Se hizo justicia.

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 6, 2022

El bonaerense Sebastián Salvador afirmó: “La justicia encontró penalmente responsable a CFK del delito de administración fraudulenta. Esta condena por corrupción es un paso adelante para una Argentina que necesita terminar con la impunidad”.

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, precisó: "Hoy se hizo justicia. La corrupción mata como mató en Once, la corrupción son obras que no se hacen como en las inundaciones de La Plata. Corrupción es menos educación y seguridad para los argentinos, es menos competencia y menos fuentes de trabajo y riqueza para todos".

“Cristina condenada. Hoy se terminaron 20 años de impunidad”, expresó la secretaria parlamentaria del interbloque JxC en la Cámara baja, Silvia Lospennato y sumó: “En un juicio con todas las garantías constitucionales del proceso penal CFK fue condenada. Es muy día muy importante para nuestra democracia. Hoy volvemos a creer que en Argentina existe la igualdad ante la ley”.

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Omar De Marchi (Pro), manifestó: "EL QUE LAS HACE LAS PAGA La impunidad llegó a su fin. El respeto a las instituciones es el primer paso para un país sin privilegios, que respete la independencia de poderes y, sobre todo, valore a los ciudadanos honestos y trabajadores, por encima de la picardía y la avivada".

La diputada nacional y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal remarcó: “6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Nadie está por encima de la Ley. Será justicia”.

Condenada por corrupción.
Se hizo Justicia.

— maxi ferraro (@maxiferraro) December 6, 2022

“Ahora, los argentinos queremos que CFK y sus secuaces devuelvan la plata, que falta en las rutas, escuelas y hospitales. No olvidar, la corrupción mata”, disparó la diputada Graciela Ocaña (Pro).

También se expresó su par de bancada Waldo Wolff: “Quedó probado que un contratista que era monotributista y armó una sociedad 3 días después de la asunción de NK no puede acumular 22 veces la superficie de CABA en 8 años si no es con la complicidad del poder. Resta que con el debido proceso el fallo quede firme”.

“Vamos a defender siempre la división de poderes. Y no son perseguidos: son ladrones”, acotó la diputada Sabrina Ajmechet. “Lo que estamos viviendo es un cambio de época en la Argentina: ya no da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal. Se termina la impunidad”, consideró Diego Santilli.

Fernando Iglesias chicaneó: “Ya le puedo decir “delincuente” o hay que esperar Casación?”. Asimismo, Laura Rodríguez Machado destacó: “Proceso judicial ejemplar y fallo histórico. Nadie puede estar por encima de la ley. Queremos un país en que la corrupción no quede impune”.

“Será Justicia cuando CFK devuelva TODA la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos. Mientras, seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado. Su capacidad de daño no tiene límites. ¡DEFENDEREMOS A NUESTRA PATRIA DE ESTOS LADRONES!”, lanzó la presidenta del Pro, Patricia Bullrich.

La diputada de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic, escribió de forma breve: “Nunca bajamos los brazos, siempre luchamos por lo que creíamos, hoy no ganó la impunidad”.

Condenada por corrupta.

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) December 6, 2022

El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR) destacó el trabajo del fiscal Diego Luciani el que calificó de "impecable". "Nada de lawfare: hechos objetivos comprobados. Cristina condenada en primera instancia a 6 años por administración fraudulenta. Hay Justicia, hay separación de poderes, hay democracia, hay esperanza".

"Que la vicepresidenta sea condenada mientras está en el poder, es una novedad para la Argentina y una buena noticia para nuestra democracia. Es el camino que necesitamos recorrer para recuperar la confianza en la Justicia y terminar con la impunidad", sostuvo el radical Martín Lousteau.

La corrupción en Argentina se tiene que terminar. Un fallo histórico.#CristinaCondenada

— Dioni Scarpin (@DioniScarpin) December 6, 2022

"¡Triunfó la verdad, la justicia y la división de poderes! Gracias a los valientes que denunciaron, investigaron y no se dejaron amedrentar. Hoy Argentina demostró que perseguir a los corruptos es necesario y posible. Volvieron por todo, se van condenados", tuiteó la diputada liberal Carolina Píparo.

Es oficial. Sos chorra CFK.#KirchnerismoNuncaMas pic.twitter.com/X6gn6l1qoH

— José Luis Espert (@jlespert) December 6, 2022

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que conduce el senador kirchnerista Oscar Parrilli, se reunió este martes para debatir sobre un único tema: un proyecto de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, por el cual se modifican diversas leyes respecto de la inhibición, recusación y excusación de jueces en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género.

Desde el Salón Arturo Illia, sin la presencia de JxC y con los números ajustados para el quórum, Parrilli dio por comenzado el encuentro al expresar que “es un esfuerzo muy grande trabajar así en el Senado, porque aún en los temas no conflictivos, nos encontramos con un bloque opositor que pareciera que ni siquiera va a dar quórum para levantar la bandera. Se nos hace bastante difícil y complicado”, y agradeció a los senadores del FdT que “permiten, a pesar de la desidia de la actitud casi infantil del bloque opositor de no participar de las reuniones al no dar quórum, para tratar el tema para el cual hemos sido citados”.

En un breve resumen, el neuquino explicó que el proyecto a tratar “modifica varias leyes respecto de las inhibiciones, recusaciones y excusaciones que se pueden llevar adelante en contra de jueces, fiscales, en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género. El proyecto propone la modificación de varios artículos del Código Procesal Penal”.

A continuación, fue la autora de la iniciativa la encargada de profundizar sobre el texto, pero antes le tiró un palito a la oposición: “Gracias a los compañeros del FdT, básicamente por venir a trabajar y poner cuerpo en esta iniciativa”. También se refirió a los medios de comunicación y los comentarios de la oposición, sobre todo apuntó contra el titular del interbloque de JxC, el radical Alfredo Cornejo, que dice que “todo esto es un disparate”.

“Me hubiera gustado poder discutirlo, poder explicarlo y dar testimonio con distintas sentencias judiciales a lo largo y ancho del país porque entendemos que este proyecto de ley no solamente es necesario, sino también es urgente”, remarcó Fernández Sagasti vicejefa del interbloque oficialista.

Y siguió: “He leído noticias y comentarios de la oposición que no sé si son en virtud de la desinformación o mal intencionadas o ambas, pero este es el lugar para sacarnos las dudas, discutir y si hay que mejorar el proyecto hacerlo”.

En ese contexto, sostuvo que el proyecto de ley “es muy oportuno tratarlo” porque “hace pocos días miles de mujeres marchamos alrededor del país conmemorando el 25 de noviembre el Día de la no violencia contra la mujer y una de las consignas de esa marcha era ‘Reforma judicial feminista’”. En tanto, consideró: “Entiendo que este proyecto no es la solución a todos los flagelos que las mujeres y el colectivo LGTBQ+ tenemos a la hora de denunciar y buscar una sentencia en contra de las violencias, pero sí es una forma de sentirnos protegidas y hacer efectivas las garantías de imparcialidad ante la ley que establece la Constitución Nacional”.

En suma, precisó que la iniciativa hace modificaciones al Código Procesal Penal Federal, al Código Procesal Penal Nacional y a la Ley de Violencia Contra las Mujeres cuyo objetivo es “garantizar que las personas sean juzgadas a partir de la perspectiva de género y la no discriminación”, y acotó: “Algo que es de sentido común, no creo que nadie en su sano juicio pueda estar en desacuerdo con la garantía de que una sentencia tenga perspectiva de género y no sea discriminatoria”.

En alusión a los comentarios dados por la “desinformación” sobre el proyecto, explicó: “Deben tener perspectiva de género, no solamente porque esto tiene raigambre constitucional y convencional. Lo que estamos planteando tiene que ver con garantizar normas constitucionales, convencionales y supralegales”.

En tanto, la mendocina definió a la perspectiva de género como “una herramienta conceptual que busca mostrar las desigualdades que hay entre los varones y las mujeres por diferencias culturales que a lo largo de los siglos se han perpetrado en contra de nuestro género, el femenino. Con eso, se trata de un mecanismo de identificar la discriminación, la desigualdad, la exclusión por cuestiones de género”.

El Poder Judicial es viciado, corporativo, elitista, misógino y patriarcal", definió.

“Quien imparte justicia, no incorpora la perspectiva de género y el principio de no discriminación a una sentencia judicial, claramente no está impartiendo justicia”, agregó y remarcó que “es lo conceptual que estamos tratando hoy”.

Por consiguiente, apuntó sus cañones contra el Poder Judicial al que tildó de “viciado, corporativo, elitista y misógino, patriarcal”. “Lo sabemos en virtud de la sentencia, no es una perspectiva subjetiva de este proyecto. Hay muchos jueces que dictan sentencia sin perspectiva de género y muchas veces homofóbicas e innumerables veces transfóbicas”, remarcó.

“A veces los jueces adelantan su juicio sobre una sentencia cuando tienen dichos homofóbicos o en contra de la perspectiva de género”, cuestionó Fernández Sagasti y agregó: “Lo que nosotros queremos con este proyecto es que se incluya y garantice a las mujeres y al movimiento LGTBQ+ en los procesos judiciales, es la garantía de la imparcialidad porque si no tienen perspectiva, no se han capacitado con la Ley Micaela, no tiene perspectiva de género los jueces o juezas o son homofóbicos, el justiciable que va a pedir justicia, que lo protejan ante una situación de violencia, no va a sentir con derecho que el juez es imparcial porque no va a aplicar el sin números de leyes que tenemos en el país para combatir con este flagelo”.

 En ese contexto, contó que hay casos de jueces y juezas que han firmado la sentencia con “párrafos que son alarmantes y lo que proponemos es que el justiciable pueda recursarlos para que no se le prive el derecho y la garantía de imparcialidad en juicio”. “Que se apliquen las leyes con perspectiva de género y que los jueces se capaciten”, exigió.

Asimismo, ejemplificó con un caso de la provincia de Mendoza de un asesinato del joven Alejo Hunau en 2004 en donde el juez, José Valerio, absolvió al asesino y citó textual los argumentos del magistrado: “La víctima tenía desviada sexualidad y una conducta licenciosa que, a criterio del Dr. Valerio, lo hace responsable de su propio asesinato”, y explicó que “este fallo fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza luego del repudio generalizado que provocó”.

“El juez Valerio es juez actual de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza a propuesta del senador Cornejo cuando era gobernador”, denunció la oficialista. También recordó el caso de la joven Lucía Pérez de Mar del Plata: “Por muchos años llevamos la bandera de ella para que se haga justicia. Fue un femicidio y el en el 2018 quienes integraban el Tribunal Oral Criminal N°1, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas absolvieron a los asesinos Matías Farías de 26 años, Juan Pablo Offidani de 45 y Alejandro Maciel de 62 del femicidio de Lucía que tenía 16 años”.

Y siguió: “Estos jueces para absolver se enfocaron en indagar sobre la personalidad, las actitudes y el comportamiento de Lucía. Su carácter, su vida social, sus relaciones con los hombres y así dictaminaron que no estaba comprobado que no hubiera consentido el acceso carnal”. En tanto, contó que “ambos jueces fueron suspendidos por unanimidad y se anuló el fallo. Hasta que condenaron a los femicidas y no condenaran a la víctima como hizo el primer fallo, la familia tuvo que peregrinar dos años hasta el nuevo juicio”.

También hizo mención de un caso ocurrido en 2002 en Chubut donde una mujer denunció una violación grupal y la “justicia le dio la espalda en reiteradas ocasiones. Solo 3 fueron sentenciados”. “Si tienen ganas de entender lo que pasa en la justicia argentina respecto a la perspectiva de género es un caso escalofriante las palabras de las magistradas”, lamentó y disparó: “Reducir a la chicana de que detrás de este proyecto está la agenda judicial de la vicepresidenta, es sin valores y sin ética este flagelo aberrante de dirigentes políticos”.

“Este es un proyecto simple en el que todos deberíamos estar de acuerdo porque todos sabemos cuáles son los procesos que vivimos las mujeres en las provincias cuando vamos a denunciar acoso, abuso sexual, maltratos, violaciones. Cualquier persona con sentido común diría ‘estamos de acuerdo que si sabemos de un juez que no tiene perspectiva, que no es empático con las denuncias, queramos sentirnos que van a aplicar las leyes que emanaron de este Congreso”, sostuvo Fernández Sagasti y exigió que el Poder Judicial “se haga eco de proteger la vida de las mujeres en la Argentina”.

La oficialista manifestó: “A través de esta legislación se pone un granito más para seguir combatiendo esta cultura patriarcal que nos mata, que nos revictimiza que hace que el 87,4% de los casos de abuso sexual haber tenido en su niñez y adolescencia no se denuncian porque las muejeres no creemos en la justicia, que es un lugar que obtengamos justicia”.

 “En el país 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son mujeres, y un 40% de ellas son menores de edad según un informe realizado por la Unidad Especializada en Violencia Contra las Mujeres”, comentó y sumó que según la encuesta anual de UNICEF a niños y niñas 2019-2020 el 11% de las mujeres en el país sufrió abuso sexual durante su financia o adolescencia, el 87,4% las personas no denunció los hechos y sobre el 15,2% de las denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias.

Queda claro, por si quedaban dudas, que el área judicial es de máximo interés para Cristina Fernández de Kirchner en esta gestión que la muestra motu proprio generalmente ajena al Gobierno, mas no por completo. La cuestión judicial, vale repetirlo, es central para ella por múltiples razones.

Prueba de ello es el ministro del área, que si bien fue elegido por el presidente Alberto Fernández, da permanentes muestras de responder a los intereses de la vicepresidenta de la Nación. Eduardo Soria se ha peleado con la Corte Suprema de Justicia y mantiene una aspereza más afín a lo que ella representa, que lo que respecta al presidente de la Nación.

No fue así siempre, muy por el contrario, ya que al frente del Ministerio de Justicia Fernández había puesto inicialmente a una persona de su máxima confianza, amiga y socia en el estudio jurídico que compartían: Marcela Losardo. Finalmente ella dejó esa cartera ante la fuerte presión del Instituto Patria y luego de haber formado parte del grupo de “funcionarios que no funcionan”, según la curiosa interpretación que en un momento clave de esta gestión hizo pública CFK.

Pero si hubo algo que nunca dejó librado a designios ajenos Cristina Kirchner fue la representación oficialista en el Consejo de la Magistratura. Allí siempre puso gente muy afín: si son de La Cámpora, mejor.

Es lo que decidió ahora con los representantes legislativos del Frente de Todos ante el Consejo de la Magistratura. Allí, todos los titulares reportan a Cristina. En Diputados, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley son los representantes titulares y son camporistas y cristinistas, que en este caso viene a ser redundante. Los suplentes no son camporistas, pero sí están muy alineados con la vicepresidenta y responden a gobernadores totalmente afines a CFK: el chaqueño Juan Manuel Pedrini y el santiagueño Bernardo José Herrera.

Respecto del Senado, fueron nombrados otros dos camporistas: Mariano Recalde y Martín Doñate, cuya designación es la que ha generado el conflicto de poderes tan difundido. Y otra chaqueña, María Inés Pilatti Vergara, que ya estaba antes en la Magistratura, y que está súper alineada con Cristina Kirchner.

Los suplentes son otra señal hacia los gobernadores, pero en definitiva son suplentes: Claudia Ledesma Abdala de Zamora, esposa del gobernador santiagueño, el pampeano Pablo Bensusán, y otra camporista, Anabel Fernández Sagasti, quien integra el selecto grupo de preferencias de la vicepresidenta.

No cabe ninguna duda de que ese organismo encargado de la selección, nombramiento y destitución de los jueces en todo el país fue, es, y seguirá siendo un de interés supremo para la exmandataria.

Una presencia permanente

En tiempos del kirchnerismo fueron integrantes del Consejo de la Magistratura, entre 2006 y 2007, la senadora María Laura Leguizamón, muy cercana a Cristina, y, entre 2006 y  2010, el senador santacruceño Nicolás Fernández y los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel, los tres muy kirchneristas.

Igual que Marcelo Fuentes, histórico amigo de Néstor Kirchner y actual secretario Parlamentario del Senado que presiden CFK, que estuvo entre 2007 y 2017, en representación del Senado. El mismo tiempo que Ada Itúrrez de Cappellini, senadora santiagueña. Como se ve, esa provincia gobernada por Gerardo Zamora ha tenido habitualmente representación en el Consejo.

Desde 2010 a 2017 estuvieron en el Consejo de la Magistratura un ultra K como Carlos “Cuto” Moreno y la tucumana Stella Maris Córdoba, también ella alineada con el kirchnerismo.

Sigamos: el actual ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro -uno de los principales referentes camporistas- fue integrante del Consejo de la Magistratura entre 2014 y 2015, mientras que entre 2014 y 2016 lo fueron otras figuras muy referenciadas en el kirchnerismo: el senador santacruceño Pablo González y los diputados Anabel Fernández Sagasti (Cámpora pura) y el histórico abogado laboralista Héctor Recalde, presidente del bloque Frente para la Victoria de la Cámara baja entre 2015 y 2017.

Entre 2014 y 2017 estuvo en el Consejo el senador sanjuanino Ruperto Godoy, en tanto que entre 2016 y 2017 lo estuvo otra santacruceña, Virginia García, excuñada de Máximo Kirchner.

De origen kirchnerista, el chubutense Juan Mario Pais fue representante en el Senado entre 2017 y 2020. Rodolfo Tailhade, que ahora vuelve al Consejo, ocupó allí un lugar entre 2016 y 2019.

Ahora vuelve allí, junto con los ya citados Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Martín Doñate, en representación del Senado, y Vanesa Siley, que allí está desde 2019.

Listado histórico de legisladores en el Consejo de la Magistratura

Nombre	Cargo	Partido	Inicio	Finalización
Jorge Solana	Senador	MPN	1998	1999
Augusto Alasino	Senador	PJ	1998	2001
Carlos Branda	Senador	PJ	1998	2001
Horacio Usandizaga	Senador	UCR	1998	2002
Juan Carlos Maqueda	Diputado	PJ	1998	1999
Oscar Massei	Diputado	PJ	1998	1999
Melchor Cruchaga	Diputado	UCR	1998	2000
Miguel Angel Pichetto	Diputado	PJ	1998	2001
Miguel Angel Pichetto	Senador	PJ	1998	2005
Miguel Angel Pichetto	Senador	FpV	2001	2005
José Angonio Romero Feris	Senador	PA	1999	2001
Pablo Fernández	Diputado	FrePaSo	1999	2001
Lelia Chaya	Diputada	PJ	1999	2005
Carlos Maestro	Diputado	UCR	2000	2001
Marcelo Stubrin	Diputado	UCR	2001	2006
Jorge Casanovas	Diputado	PJ	2001	2005
Jorge Yoma	Senador	PJ	2001	2005
Ricardo Gómez Diez	Senador	PRS	2001	2006
Carlos Prades	Senador	UCR	2002	2005
Marcela Rodríguez	Diputada	ARI	2003	2005
Juan Jesús Minguez	Diputado	UCR	2003	2005
Federico Storani	Diputado	UCR	2005	2007
Nicolás Fernández	Senador	FpV	2006	2007
María Laura Leguizamón	Senadora	FpV	2006	2007
Ernesto Sanz	Senador	UCR	2006	2007
Diana Conti	Diputada	FpV	2006	2010
Carlos Kunkel	Diputado	FpV	2006	2010
Marcelo Fuentes	Senador	FpV	2007	2014
Oscar Aguad	Diputado	UCR	2007	2014
Ada Itúrrez de Cappellini	Senadora	FC	2010	2014
Mario Cimadevilla	Senador	UCR	2010	2014
Carlos “Cuto” Moreno	Diputado	FpV	2010	2014
Stella Maris Córdoba	Diputada	FpV	2010	2014
Eduardo "Wado" de Pedro	Diputado	FpV	2014	2015
Ruperto Eduardo Godoy	Senador	FpV	2014	2017
Pablo González	Senador	FpV	2014	2016
Angel Rozas	Senador	UCR	2014	2018
Anabel Fernández Sagasti	Diputada	FpV	2014	2016
Héctor Recalde	Diputado	FpV	2014	2016
Gustavo Valdés	Diputado	UCR	2014	2017
Virginia García	Senadora	PJ/FpV	2016	2017
Juan Mario Pais	Senador	PJ/FpV	2017	2020
Rodolfo Tailhade	Diputado	FpV	2016	2019
Rodolfo Tailhade	Diputado	FdT	2022
Mario Negri	Diputado	UCR	2017	2019
Pablo Tonelli	Diputado	Pro	2016	2022
Graciela Camaño	Diputada	CF	2018	2022
Roxana Nahir Reyes	Diputada	UCR	2022
Vanesa Siley	Diputada	FdT	2019
Mariano Recalde	Senador	FNyP	2020
María Inés Pilatti Vergara	Senadora	FNyP	2020
Silvia Giacoppo	Senadora	UCR	2019	2022
Martín Doñate	Senador	UC	2022

La Comisión de Justicia de la Cámara baja recibió a jueces, fiscales y especialistas para analizar el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe, en el marco de la creciente narco-criminalidad en la provincia.

En primer lugar, el presidente de la Comisión, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), presentó a los autores de la iniciativa.

El senador radical Dionisio Fernando Scarpin explicó que se conformó “una mesa de trabajo para fortalecer, apuntalar y tratar de lograr este objetivo tan importante para los santafecinos: que la justicia federal pueda realmente fortalecerse”. “Ante un objetivo común no hubo diferencias políticas, todos los partidos han estado detrás de ese objetivo”, dijo el senador.

En tanto, el diputado Roberto Mirabella (Frente de Todos) explicó que los legisladores de la provincia de Santa Fe comenzaron un trabajo en conjunto “para encontrar propuestas en lo que hace a la temática de la narco-criminalidad y la política de seguridad en la provincia”.

El texto de fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe fue acompañado por 18 diputados de Santa Fe y busca la implementación del sistema acusatorio.

“Hace 30 o 40 años que la estructura de Santa Fe y Rosario está igual, en ese tiempo avanzó un delito que tiene un nivel de complejidad sumamente grave y que estamos sufriendo las consecuencias”, explicó Mirabella. “Las situaciones de narcotráfico, contrabando, trata o lavado han proliferado y tenido una dimensión internacional”, añadió.

El texto propone la creación de 13 fiscalías, 6 jueces de garantías en distintas ciudades, agrega un juzgado de garantías y fiscalías con competencia en el departamento San Lorenzo, crea 6 jueces de revisión -tres para Santa Fe y tres para Rosario- y 2 jueces de ejecución.

El diputado Juan Martín (UCR) agregó datos sobre el panorama: “Según un informe de 2020, el 21% de las causas ligadas a drogas en el país son en Santa Fe, la tasa de homicidios en 2021 es de 18,5% en el departamento de Rosario y la media provincial es de 10,05%, que duplica la nacional”. “Llegamos tarde, es un problema que debe la política y las instituciones de la democracia en general, pero enhorabuena que lo estemos tratando”, dijo Martín.

En tanto, la diputada Ximena García (UCR) manifestó que “no tenemos ninguna especulación política, estamos trabajando en este proyecto común, debido a la compleja situación que atraviesa nuestra provincia”. “Esto es una contribución más para mitigar y perseguir el crimen organizado del narcotráfico, pero no alcanza, es un paso más en ese sentido, son políticas que generan claridad a mediano y largo plazo”, señaló.

El diputado Eduardo Toniolli (Frente de Todos) también recordó que “hace 43 años que no se crea una fiscalía en la ciudad de Rosario, en esos años el delito mutó de una manera considerable”.

Por su parte, la diputada socialista Mónica Fein aclaró que el delito generado por el narcotráfico “no está instalado exclusivamente en nuestra provincia, excede los términos de ciudad y provincia, y la articulación de los distintos niveles del Estado es muy débil en Argentina”.

En cuanto a los expositores, el primer orador fue Aníbal Pineda, juez federal en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y subrogante del Tribunal oral en lo criminal federal 2 de Rosario.

“Hoy lo que está en discusión son las reglas del juego, de la democracia y el estado de derecho. Si hoy no actuamos con fortaleza y de forma coordinada entre todos los poderes, lo que está en discusión en Rosario son esas reglas de juego”, dijo Pineda.

“Desde hace diez años, se triplica la media nacional de homicidios. Este año hasta se podría cuadruplicar. Eso significa que hay una constante de 20 o 21 homicidios cada 100 mil habitantes en la zona de Rosario. El 75% de estos homicidios se generan en disputas territoriales del narcotráfico”, aportó el magistrado.

Posteriormente, el juez titular a cargo del Juzgado Federal de Venado Tuerto, con competencia múltiple, Aurelio Cuello Murúa, sostuvo que “la legislación penal asumió el compromiso de tipificar nuevas formas de criminalidad organizada, responde a compromisos internacionales asumidos por nuestro país y a la aparición de nuevos fenómenos criminales de alta relevancia social”.

“El fundamento establece que la organización de los recursos apunta a tener investigaciones más dinámicas. Ese es un punto central, porque con la instauración del sistema acusatorio, quien tiene la dirección de la investigación es el fiscal federal”, aseveró Cuello Murúa. “Es correcto lo que trata el proyecto de crear más fiscalías federales, pero creo que los fiscales van a necesitar de recursos y medios necesarios para impulsar sus investigaciones”, advirtió.

Ricardo Moisés Vásquez, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, explicó que “si los jueces federales vamos a andar paseando por todas las jurisdicciones y no contamos con todo a disposición para realizar audiencias con celeridad y regularidad; si no completamos el sistema con los cargos mencionados de forma rápida, esto no funcionará”.

“Esta ley es necesaria, pero no creamos que será la solución al problema (del narcotráfico) en Rosario”, alertó.

Juan Manuel Olima Espel, abogado especialista en Derecho Penal y Ciencias Políticas, celebró “la intención de que vayamos al acusatorio, desde Procuración hemos hecho muchas cosas para que sea implementado”.

“Toda la gente de Santa Fe, tanto de la justicia provincial como federal, sabe del trabajo de la PROCUNAR con el Ministerio Publico de la Acusación, formando equipos conjuntos de investigación, para compartir información con la justicia provincial, que es la forma de trabajar el narcotráfico”, agregó.

Asimismo, César Grau, consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación, advirtió

“una contradicción técnica en el proyecto; cuando se crea un Juez de Garantía en la ciudad de Reconquista, se crean fiscales, pero en materia penal, la revisión va a los jueces de revisión de la ciudad de Santa Fe, y toda causa de naturaleza previsional va a seguir yendo a Resistencia”.

Federico Reynares Solari, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, manifestó que “nos hace falta fundamentalmente músculo investigativo, laboratorio de investigación y expertos investigadores”.

Por otra parte, agregó que, desde el Ministerio Público Fiscal, “los cuadros que nosotros podemos elegir tienen una certificación institucional que el Poder Judicial no tiene. En el Ministerio Público Fiscal, hay un mecanismo institucional que garantiza el piso de idoneidad”.

En tanto, el juez de primera instancia de distrito en lo penal de la justicia ordinaria de Santa Fe, Román Pablo Lanzón, fundamentó que “lo más destacable de este proyecto de ley tiene que ver, principalmente, con que ha sido firmado por todas las fuerzas que representan el poder político partidario de la provincia de Santa Fe”.

“Hay un fuerte compromiso de quienes nos representan para avanzar firmemente hacia la implementación del sistema acusatorio previsto en el Código Procesal Penal Federal. Esto es muy importante porque el sistema procesal penal que rige hoy en la justicia federal es arcaico, es deficiente e inconstitucional”, agregó el juez.

De la reunión de comisión también participaron Héctor Recalde, consejero de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación; Andrea Majul, presidenta del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción de la provincia de Santa Fe; Selva Raggio, abogada y directora ejecutiva del Foro Regional Rosario y Javier Lancestremere, secretario General de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto al diputado nacional de Santa Fe, Juan Martín, presentaron un proyecto que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos, para agilizar las investigaciones criminales. La exposición de la iniciativa basada en la experiencia mendocina fue presentada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. 

Durante la conferencia, Cornejo comentó que la iniciativa se está presentando en las dos cámaras del Congreso y, paralelamente, el diputado provincial Maximiliano Pullaro también elevó a la Legislatura santafesina un proyecto que tiene la misma dirección.   

Cornejo explicó que en 2013 se sancionó la Ley 26.879 que creó por unanimidad el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, esta ley se reglamentó recién en el 2017, a través del decreto 522/17: “Lamentablemente ese banco tiene una escasa gestión por parte del Estado y sólo ha reunido 400 muestras, que es una base de datos muy chica”. 

Cornejo y Martín expresaron que el objetivo es generar una base de datos tan grande que permita los esclarecimientos de los delitos, lo que ofrece condenas indubitables. “Si hay un testimonio, más la localización de rastros de ADN en la escena del hecho, esa persona tiene que dar explicaciones”, sostuvo el senador nacional y aseguró que “cuando asumí la gobernación de Mendoza teníamos 3.900 personas privadas de la libertad. Empezamos modificando el Código Procesal Penal, pusimos en marcha en Registro de Huellas Genéticas e hicimos un trabajo de resocialización en las cárceles que hoy nos permite mostrar que el 50% estudia y la otra mitad trabaja”. Además, puntualizó que las medidas tomadas ayudaron a los homicidios cayeran de 9 cada 100.000 habitantes a 4 cada 100.000 habitantes. 

Según explicaron los legisladores, lo que se busca es tener una base mucho más amplia y abarcativa a todos los delitos y que crezca y se alimente de todas las provincias. “La mayoría de los delitos son de orden provincial”, remarcó Cornejo y comentó que para la elaboración del proyecto se tomó como modelo del Registro de Datos Genéticos de Mendoza, el cual hoy cuenta con 61.274 muestras extraídas. De ese total, 43.754 corresponden a imputados, 1.246 a condenados por abuso sexual, 4.870 a condenados por otros delitos, 56 a personas absueltas, 10.784 a personal de fuerzas de seguridad, 197 a personal de seguridad privada, 219 a personal del poder judicial y 148 a voluntarios.  

El presidente del interbloque reafirmó que el registro de Mendoza “es la base de datos más amplia de Latinoamérica” y se han realizado ya 423 impactos identificatorios positivos (matchs). “De estos impactos identificatorios positivos, 157 correspondieron a investigaciones sobre delitos de abuso sexual, 127 a robo agravado, 86 a homicidios, 24 a robos simples, 3 a delitos de lesiones, 7 a hurtos y 19 a otros delitos”, precisó el mendocino. 

Además, sostuvo que la experiencia mendocina ha sido positiva para la investigación de diferentes delitos y marca lo importancia de la construcción de bases de datos amplios que sirvan para resolver investigaciones penales. “La posibilidad de estos impactos identificatorios positivos contribuye a garantizar el servicio de justicia y coadyuva a la seguridad ciudadana”, confirmó. 

Por su parte, Martín comentó que “cuando el Estado llega tarde o no funciona el dolor para las víctimas es irreparable, pero al menos traer justicia trae paz” y remarcó la experiencia de Mendoza al considerarla como “incontrastable”. Además, explicó que “este banco y registro evita nuevos delitos, porque esos delincuentes que pudieron ser identificados por los fiscales y tuvieron su condena no están dando vuelta para cometer otros delitos. Es una visión que compartimos con Alfredo y es que toda la política de seguridad tiene que ser ponernos en el lugar de las víctimas”. 

Según contempla la iniciativa, el registro funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sobre la base de la huella genética digitalizada, obtenida de un análisis de ADN en las circunstancias y bajo las modalidades establecidas por este proyecto de ley. Asimismo, se establece que funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional y cada provincia podrá, luego de adherir a la presente ley, contar con un registro provincial respecto del fuero ordinario. 

Previo al tratamiento en el Senado del proyecto kirchnerista que apunta a ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, desde el bloque Córdoba Federal adelantaron su rechazo a la propuesta y advirtieron que “nunca se aprobará en Diputados”.

A través de la cuenta oficial de Twitter, desde el espacio integrado por los diputados Natalia de la Sota, Ignacio José García Aresca y Carlos Mario Gutiérrez, apuntaron contra el oficialismo que “gasta tiempo en manosear a la Justicia con este intento de modificar la Corte Suprema que tratará el Senado”, y adelantaron: “Nunca se aprobará en Diputados”.

Por otro lado, le sugirieron al FdT que “debería hacer foco en encontrar una solución a los problemas urgentes de los argentinos”.

El kirchnerismo en el Senado intentará este jueves tratar en el recinto el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto con dictamen habla de 25 miembros, pero el oficialismo cambiará la redacción y serán 15 los integrantes, de modo de obtener votos clave

La legislatura de Santa Cruz aprobó la designación del exministro de gobierno de esa provincia, Fernando Basanta, como integrante del máximo órgano judicial tras la aprobación de los diputados provinciales del Frente de Todos. Al respecto, la diputada nacional Roxana Reyes (UCR) fue fuertemente crítica del nombramiento por considerarlo contrario a la Constitución Provincial.

“Se violó la constitución una vez más y de manera grosera cuando se nombra a Fernando Basanta en el mayor cargo de la justicia de Santa Cruz”, denunció la legisladora y agregó: “No se violó la Constitución porque se nombró a un amigo o militante porque eso lo hacen siempre, sino porque el nombrado no tiene los requisitos del mínimo de seis años en el ejercicio de la profesión o de la función judicial que exige la Constitución Provincial”.

Con respecto a la sesión de este jueves la diputada radical indicó que “fue grave” que se le impida la palabra al presidente de Nueva Santa Cruz, Daniel Roquel, y se limitara el ingreso de periodistas eligiendo a quien dejaban entrar discriminando a parte de la prensa y por último se agravió a los representantes de la sociedad civil y de los abogados tratándolos de “mercaderes del derecho”.

En ese contexto, Reyes indicó que “el Gobierno siente el fin de su ciclo y está desesperado por lo cual comete estas violaciones graves y se pone brutal”. Además, la legisladora nacional resaltó el accionar del vicegobernador, Eugenio Quiroga, al negarle la palabra a la oposición porque “no registra antecedentes y solo se justifica por el miedo a las diferencias, a quien piensa distinto, las mismas razones que lo llevaron a excluir a la prensa que entiende que no le responde”.

“Buscan garantizarse la impunidad y eso los hace cometer groserías y brutalidades. Los santacruceños vamos a construir una nueva realidad, poniendo por delante las instituciones, la transparencia y el trabajo”, concluyó Reyes.

Tras un fin de semana cargado de tensión la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a utilizar su cuenta de Twitter para disparar contra la Justicia, precisamente contra los fiscales que llevan a cabo la causa “Vialidad” en la que es la principal acusada. En esta ocasión, subió un video del ministro de Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Erbetta, quien considera que el juicio de la causa vialidad “no puede sostener ningún tipo de validez”, y cuestiona el procedimiento con el que se llevó a cabo el juicio.

“En el video del siguiente tuit vas a escuchar al Dr. Daniel Erbetta hablar sobre el juicio oral de “Vialidad”. ¿Que quién es? Mira su CV”, comienza la titular del Senado adjuntando una imagen en la que detalla la experiencia de Erbetta: “Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe; profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Rosario, donde dirige el Departamento de Derecho Penal y Criminología, así como las carreras de Posgrado de Especialización en Derecho Penal y en Magistratura Judicial.; exdecano de la Facultad de Derecho de la misma universidad y expresidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal; integró la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal de Santa Fe; dictó más de trescientas conferencias en el país y en el exterior; y ha escrito libros y artículos de su especialidad”.

Y agregó: “Acá… el video: 15 minutos imperdibles de una clase magistral sobre el debido proceso en el Derecho Penal y el juicio de ‘Vialidad’”, sumó CFK.

Acá… el video: 15 minutos imperdibles de una clase magistral sobre el debido proceso en el Derecho Penal y el juicio de “Vialidad”. https://t.co/xSUHMwOzQc

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 29, 2022

En el video que corresponde a una entrevista, el funcionario judicial opina respecto a la causa por obra pública: “Este es un problema de debido proceso. Dejemos de lado la evaluación de los elementos que puede haber, pero lo que ha dejado traslucir la prensa, lo que ha dejado visualizar la transmisión de las distintas audiencias comprometen los principios básicos del Estado de Derecho y llevan a poder plantear un juicio de vialidad del debido proceso constitucional como un tema de interés”.

“El principio de inocencia estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia y onus probandi. En una Facultad de Derecho alguien que dijera esto no pasa la materia”, cuestionó en otra parte de su entrevista.

Y continúa: “En segundo lugar, el problema de admisibilidad de la prueba. La prueba en un juicio oral debe incorporarse oportunamente y debe un Tribunal imparcial valorar no solo la validez, sino la pertinencia de la prueba”, y disparó: “Yo no puedo traer pruebas de la ventana para un alegato”. “Esto es una cuestión de examen de grado universitario, yo lo desapruebo y si la repetición de equívocos o ignorancia de derecho le sugiero que estudie en otra facultad u otra carrera, me parece que no es la vocación para un alumno con tantos errores”, apuntó contra los fiscales.

“Dejemos de lado que esa prueba traída por la ventana no tenga ninguna incidencia en la resolución del caso respecto de la vicepresidenta, porque no representan nada, por el contrario, comprometen seriamente a otros funcionarios y a otros empresarios que tienen que ver con la gestión de gobierno”, expresó y siguió con las críticas: “¿Cómo van a incorporar pruebas por la ventana y el Tribunal va a permitir eso?”.

En tercer lugar, enumeró la “imparcialidad del juzgador, porque todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial”, y recordó la foto publicada por Página 12: “¿Qué legitimidad pueden tener jueces que integraban un mismo equipo de fútbol, que jugaban en una determinada cancha que competían contra equipos que integraban personas vinculadas a la política enfrentadas con los imputados y que luego de ser cuestionados aparecen por televisión con un mate identificando con el equipo Liverpool en una clara provocación que merecería en la justicia federal la actuación de un Tribunal de ética porque es una falta de respeto y provocación?”.

“En cuarto lugar, oralidad. Los juicios son orales, no son leídos y hemos asistido a un proceso de juicio leído, no de juicio oral. Acá se leyó un guion y es lo contrario a la oralidad. En quinto lugar, derechos del imputado. Negarle al imputado la posibilidad de declarar”, añadió y señaló que “estos son los pasos de como no debe actuar un fiscal y tampoco un juez y de como no es un debido proceso. este proceso, con solamente estas cuestiones que tienen que ver con la garantía del debido proceso, no puede sostener ningún tipo de validez”.

Además, disparó que “ningún magistrado del Poder Judicial de la República Argentina puede callarse frente a este grotesco”, y precisó: “9 de cada 10 ciudadanos no cree en la justicia y esta gente está contribuyendo prácticamente a que lleguemos a batir un récord en la falta de credibilidad”. “Me llama la atención que no tengan vergüenza”, lanzó Erbetta al referirse a los fiscales.

Antes de ingresar a la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, en la sede del Sindicato de Gastronómicos, el presidente del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, dio declaraciones a la prensa y sostuvo que “el kirchnerismo está buscando un choque de poderes”.

"Es brutal la forma en la que se está arrasando la economía y ahora han entrado en una situación donde, además, se arrasa con la independencia del Poder Judicial", planteó el cordobés sobre “los ataques del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y todo el oficialismo a la Justicia”, a raíz del pedido de condena contra CFK en el juicio por la obra pública.

El radical cuestionó que “escuchamos desde (Andrés el “Cuervo”) Larroque a artistas, a dirigentes políticos, decir ‘va a haber quilombo si la tocan a Cristina’. Se están olvidado de que hay 11 imputados más y no dicen nada de la manera en que durante 12 años y medio la corrupción e impunidad construyeron la degradación institucional del país".

Sobre el descargo que realizó la vicepresidenta, el legislador opositor opinó que “fue el abrazo del oso al peronismo, al que muchas veces negó. Ayer salió desesperada a buscar un auxilio abrazándolo".

"Frente al atropello hay que pedir justicia", remarcó Negri y apuntó que "mientras esto sucede en el ámbito de la Justicia, no tuvieron problema en empezar con el ajuste en la educación, en la salud y en las viviendas".

Finalmente, agregó: “Comenzó la construcción del relato de la persecución política. Pero es un relato, no tiene asiento en la realidad".

Luego de escuchar el pedido del fiscal Diego Luciani de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner, la defensa solicitó el pedido realizado para que la acusada pudiera ampliar su declaración, pero fue rechazado en dos ocasiones. Como consecuencia, la vicepresidente disparó a través de sus redes sociales contra la justicia: “Estoy ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial”, y adelantó que le contestará a Luciana por esa misma vía.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones…”, apuntó la titular del Senado.

En ese sentido remarcó que “nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019”. A su vez, adelantó que este martes a las 11 a través de sus redes va a “demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales”.

También por Twitter, más temprano y antes de escuchar a que condena podría enfrentarse, Kirchner había reclamado por Twitter que le dieran la excepcionalidad de ampliar su indagatoria este mismo martes, pero el Tribunal se lo rechazó ante dos pedidos que hiciera este lunes su abogado Carlos Beraldi en el noveno día de alegatos de la acusación.

El diputado nacional Francisco Sánchez (Pro – Neuquén) se refirió al pedido de condena de 12 años para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y consideró que esa cantidad por “robar impunemente es casi nada”, y opinó que “merece la pena de muerte” todo aquel que traicione a la Patria.

A través de un breve video que subió a su cuenta de Twitter, el legislador expresó que “no todo vale lo mismo. Por supuesto que cualquier persona que roba es un delincuente, cualquier funcionario público que se vale de su cargo para robarnos a todos es un delincuente más grave todavía. Ni hablar de una persona que comanda una asociación ilícita para robarnos miles de millones de dólares”.

En ese sentido, recordó que el año pasado presentó, junto a otros diputados nacionales, un proyecto de ley para declarar “a determinados crímenes de corrupción como hechos de traición a la Patria”.

“No tengo dudas de que, si se comprueba la responsabilidad de Cristina Fernández y el resto de las personas imputadas en la causa Vialidad, si se las encuentra culpables de los delitos que se les hayan imputado, son traidores a la Patria y los traidores a la Patria tienen que ser tratados como lo que son, como personas que nos han vulnerado a todos, especialmente a quienes dicen depender de todo. Esas personas no merecen ningún tipo de consideración”, opinó Sánchez.

12 años por robar impunemente es casi nada.
El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria.

— Francisco Sánchez (@FranSanchezNQN) August 22, 2022

Además, señaló que “12 años es muy poco para lo que han hecho, inhabilitación perpetua para cargos públicos es muy poco también. Realmente las penas tienen que ser ejemplares por eso mi proyecto de ley”, y lamentó que “en Argentina se ha abolido la pena de muerte, considero que personas que nos afectan tan gravemente a todos merecerían esa pena”.

“Ya no se puede, al menos apliquémosles las penas más duras que corresponden al poder penal”, cerró.

Tras conocerse el pedido del fiscal federal, Diego Luciani, para que la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al acusarla ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, la oposición inundó las redes sociales con mensajes de apoyo al funcionario judicial y remarcaron: “Corrupción o justicia”.

Uno de ellos fue el titular del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, quien encabezó su tuit con la frase de Luciani “corrupción o justicia”, y agregó: “Cristina Kirchner, quien se cree por encima de la Ley, acaba de escuchar las palabras más temidas: 12 años de prisión”.

“¡El pedido de condena efectuado por el fiscal Luciani es ejemplar! ¡12 años para Báez y 10 para De Vido y López!”, expresó y celebró que “la Fiscalía haya solicitado el decomiso de los bienes adquiridos gracias a la corrupción y su venta inmediata para que el dinero regrese a los argentinos a través de políticas sociales. #RecuperarLoRobado”.

Por último, Negri calificó el juicio como “histórico” porque “la corrupción atenta contra el orden democrático. Así lo establece el artículo 36 de nuestra Constitución Nacional”.

Excelente el fiscal Luciani. Contundente e impecable.
Habrá un antes y un después de este juicio por corrupción. Al igual que lo fue el Juicio a las Juntas por la violación de los Derechos Humanos.
Condena, inhabilitación y decomiso. Será Justicia.

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 22, 2022

En el mismo sentido, la vicepresidenta del bloque radical en la Cámara baja, Karina Banfi, enumeró: “12 años, inhabilitación perpetua a cargos públicos y decomisar todo lo robado”, por lo que resaltó: “Nuestro compromiso legislativo: Ley de #FichaLimpia, Ley de Extinción de Dominio, Reforma a la Ley de Ética Pública y aumento de la calificación de los delitos contra la administración pública”.

La diputada Roxana Reyes, de Santa Cruz, afirmó: “Acompaño el pedido de la pena máxima para todos los imputados en los delitos de la obra pública en la causa vialidad en Santa Cruz y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como así el decomiso de los bienes de la corrupción K”, y agregó: “Al fin una justicia digna que no cede a las mafias organizadas se encargará que no quede impune la mayor defraudación al estado argentino de nuestra historia”.

🇦🇷Es hora de que en la Argentina los responsables de la corrupción paguen. Y de que lo hagan como corresponde: con sentencia fundada en un juicio penal con el principio de defensa garantizado y sentencia firme.#QueSeHagaJusticia pic.twitter.com/ytp07wo20U

— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) August 22, 2022

Sebastián Salvador sostuvo: “Una república en serio necesita una justicia independiente, felicito a los fiscales que actuaron con imparcialidad y profesionalismo. Como dijo el fiscal Luciani "Es corrupción o es justicia". Señores jueces, es su turno: que sea justicia”.

En tanto, el diputado Manuel Aguirre destacó: “Los pasos de la justicia se van cumpliendo y lentamente vamos llegando a la verdad de una década marcada por la corrupción y el beneficio a empresarios amigos”.

“La corrupción es un flagelo, Cristina Kirchner participó de la reforma constitucional que dio el más alto reproche penal a quienes incurrieren en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. No debe ejercer más cargos públicos. Ahora a recuperar lo robado”, manifestó el jefe del bloque CC-ARI en Diputados, Juan Manuel López.

Y cerró: “Cristina Kirchner no podrá gozar de los beneficios del indulto ni de la conmutación de penas (art. 36 CN). La sociedad argentina merece que no haya más impunidad para los políticos, funcionarios y los empresarios corruptos, no importa quien sea oficialismo u oposición”.

“El kirchnerismo, en una demostración de que no tiene valores, amenaza y miente. Nunca la administración de justicia representa un ataque a la democracia. Pretender como lo hacen que quede impune la corrupción, es un agravio a la República y una burla a todo el pueblo argentino”, manifestó el radical Miguel Bazze.

La entrerriana Gabriela Lena ponderó: “Estamos en un día histórico, el fiscal Luciani solicitó 12 años de prisión para @CFKArgentina, a quien define como la jefa de la corrupción. Es hora de que haya justicia y devuelvan todo lo robado. Nunca más corrupción en Argentina. #CristinaCondenada”.

“La corrupción es un flagelo, Cristina Kirchner participó de la reforma constitucional que dio el más alto reproche penal a quienes incurrieren en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. No debe ejercer más cargos públicos. Ahora a recuperar lo robado”, manifestó el jefe del bloque CC-ARI en Diputados, Juan Manuel López.

Y cerró: “Cristina Kirchner no podrá gozar de los beneficios del indulto ni de la conmutación de penas (art. 36 CN). La sociedad argentina merece que no haya más impunidad para los políticos, funcionarios y los empresarios corruptos, no importa quien sea oficialismo u oposición”.

Señores Jueces es corrupción o Justicia.

— Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) August 22, 2022

Mientras 8 de cada 10 chicos en el conurbano es pobre, el ministro de Desarrollo Social de @Kicillofok está obsesionado y solo se preocupa por la situación procesal de @CFKArgentina. https://t.co/1A5MmNqfLJ

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) August 22, 2022

“12 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y decomiso para @CFKArgentina. #EsCorrupciónOJusticia”, posteó brevemente la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado.

En la misma línea se manifestó la legisladora Gabriela Ocaña: “Es Corrupción o Justicia. Enorme el alegato de los Fiscales Luciani y Mola. Gracias a ellos y a todos los que trabajaron por la Verdad. La Verdad siempre es sanadora en una sociedad. #nuncamascorrupcion”.

Por el lado del bloque La Libertad Avanza, su presidente Javier Milei sostuvo que “estamos frente a un momento bisagra para la historia del País, en el que por fin la justicia se empieza a imponer sobre los corruptos. Tampoco olvidemos que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Espero ver caer a todos los corruptos y sus socios políticos”.

En función de todo esto... el que te pide el Estado presente te roba... el que te agranda el Estado te roba... y el que te habla del Estado eficiente no sólo que te roba sino que además te está mintiendo en la cara (ver las cuatro formas de gastar de M. Friedman).
ESTADO = ROBO

— Javier Milei (@JMilei) August 22, 2022

En ese sentido remarcó que “la corrupción deriva de la existencia del Estado y de su monopolio de la violencia y esto es lo que permite a los corruptos hacer negocios ilícitos”.

La diputada liberal Carolina Píparo (Avanza Libertad) manifestó: “Es corrupción o justicia” dijo Luciani y pidió inhabilitación perpetua, decomiso y prisión efectiva para la asociación ilícita que se enriqueció escandalosamente mientras empobreció a todos los argentinos. La codicia tiene nombre y apellido, y la Patria demanda justicia”.

Chorra. pic.twitter.com/MYtBdJMjlo

— José Luis Espert (@jlespert) August 22, 2022

Inmediatamente que se conoció el pedido del fiscal Diego Luciani a 12 años de prisión para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio por corrupción en la obra pública de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, el Gobierno Nacional emitió un comunicado expresando su solidaridad con la titular del Senado y condenaron la “persecución judicial y mediática”.

“El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, comienza el comunicado.

En tanto denuncia que “la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”.

“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”, señalaron.

En ese sentido, ratificaron: “El Gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”.

Asimismo, expresó su “solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.

Finalmente, el presidente Alberto Fernández señaló que “hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un Juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”, y volvió a transmitir su “más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT – Ciudad de Buenos Aires) respaldó a través de las redes a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y disparó con ironía contra los funcionarios judiciales que llevan a cabo la causa “Vialidad” en su contra, luego de la publicación de una foto en la que estaban jugando un partido de fútbol en la quinta “Los Abrojos” del expresidente Mauricio Macri.

“¡Último momento! Atajando en el arco, un refuerzo de lujo, Mariano Llorens”, chicaneó Valdés y señaló: “Está claro que la canción preferida de La Liverpool que suena en el vestuario del Poder Judicial de Los Abrojos es ‘una pequeña ayuda para mis amigos’, de los Beatles”, ante lo que exigió: “¡Basta de perseguir a @CFKArgentina!”.

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En otro tuit, describió: “El Poder Judicial de Los Abrojos, integrado por Hornos, Borinsky, Mola, Llorens, Pleé, Luciani y Giménez Uriburu entre otros, está listo para este Campeonato de estigmatizar y condenar a @CFKArgentina”.

“Algunos de estos jugadores entrenan en Olivos, otros en la Casa Rosada y otros en la propia quinta del Tribunal”, disparó y cerró: “La Justicia argentina apesta”.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a embestir contra la Corte Suprema de Justicia a través de las redes sociales: "De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia", tituló sus videos y afirmó que “el Poder Judicial devenido en Partido Político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional”.

También, criticó severamente a los medios de comunicación hegemónicos porque “comenzaron a anticipar como iba a fallar la Corte en la causa fraguada y conocida mediáticamente como ‘vialidad’ u ‘obra pública’. La Corte de los cuatro falló exactamente como anticiparon esos medios: rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado. Fue un fallo totalmente atípico”.

La titular del Senado les puso voz a los videos y destacó que “en el año 2003… el presidente Néstor Kirchner construyó una Corte Suprema de Justicia que fue catalogada por propios y ajenos como una Corte ejemplar”.

Acto seguido, disparó: “Sin embargo, a fines del año 2015, poco quedaba de aquella Corte ejemplar: la muerte de algunos de sus miembros más connotados, la renuncia de otro jurista de prestigio internacional al haber cumplido los 75 años que marca como límite la Constitución y la negativa de la oposición a votar a los candidatos propuestos para ocupar las vacantes, dejaron al alto Tribunal con apenas tres miembros”.

En ese sentido, para la vicepresidenta la “decadencia” comenzó con la asunción del expresidente Mauricio Macri al designar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como miembros del Tribunal Supremo quienes “aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma Constitución que ellos debían respetar”.

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— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

“Este episodio constituyó, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial argentino y la antesala del proceso de persecución política, judicial y mediática, que se desató en toda la región con ejes muy claros en Brasil, Argentina y Ecuador”, apuntó y sumó: “Se inventaba la ‘Doctrina Irurzun’ que consideraba que los funcionarios del gobierno peronista conservaban un ‘poder residual’ y por lo tanto debían ser privados de su libertad. Así, se encarceló a mansalva a dirigentes políticos, sindicales y hasta empresarios de medios no afines con el gobierno de Macri”.

En esa línea, señaló que “esa ‘nueva’ Corte, no sólo convalidó la persecución que aún continúa, sino que además se transformó en un lugar de disputas de poder por la presidencia del cuerpo y los recursos del Poder Judicial…Así, en una Argentina circular, se retornaba a las épocas de desprestigio y decadencia del máximo Tribunal argentino”.

“La Corte de los cuatro” y el Consejo de la Magistratura:

Para contextualizar, la vicepresidenta señaló que “luego de la renuncia de Elena Highton, la única mujer de ese cuerpo, la Corte quedó reducida a tan sólo cuatro miembros y comenzaron a salir a la luz otros escándalos”.

“El vaciamiento por cifras millonarias de la obra social del Poder Judicial, administrada por el médico personal y familiares de uno de los cuatro cortesanos”, remarcó y precisó: “Causas penales contra el nuevo presidente de la Corte por enriquecimiento ilícito y otra vinculada a su pasado como Intendente de la ciudad de Santa Fe, en la que recusó al Juez que lo investigaba y sospechosamente logró apartarlo”.

En ese sentido, apuntó: “Son sólo algunos de los hechos que tornan a esta Corte de apenas cuatro miembros en un órgano muy vulnerable frente a las presiones de los poderes fácticos y mediáticos”, y expresó con dureza: “Con tantos muertos en sus roperos, no les queda más remedio que hacer lo que les manden bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros”.

En ese marco, cuestionó el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la Ley del Consejo de la Magistratura sancionada en el 2006 porque “resucitó” la norma anterior que establecía que el presidente de la Corte Suprema presidía el Consejo. “Toda esa maniobra era una vieja cruzada del Grupo Clarín que siempre se opuso tenaz y públicamente a aquella reforma del 2006”, denunció Cristina Kirchner.

“Queda claro entonces que el objetivo no sólo es la presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados, proteger a Bruglia y Bertuzzi (designados a dedo por Macri en la Cámara Federal), garantizar su propia impunidad y, fundamentalmente, continuar con la persecución”, agregó entre sus cuestionamientos.

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— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

El Poder Judicial y Mauricio Macri: la deuda con el FMI y la causa de espionaje del ARA San Juan

En otro tramo del video, la vicepresidenta recordó la deuda contraída con el FMI por la gestión anterior: “Es también el mismo Poder Judicial que permitió, a través de distintas medidas cautelares, que se evaporaran de las reservas del Banco Central más de 2.000 millones de dólares, complicando aún más las finanzas del país luego del criminal endeudamiento tomado por Mauricio Macri. Endeudamiento criminal que ningún Fiscal ni Juez ha decidido investigar aún”.

“Y por si algo faltaba como prueba, el pasado viernes Bruglia y Bertuzzi (los puestos a dedo por Macri en la Cámara Federal y ahora custodiados por Rosatti en el Consejo de la Magistratura) confirman, una vez más, su rol de guardianes de la impunidad macrista: junto a Llorens, el visitador de Olivos y la Rosada, salvan a Macri en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, la tragedia más grande de la Armada Argentina en tiempos de paz”, criticó.

Y agregó: “La existencia abrumadora de pruebas sobre el espionaje (videos, fotos, grabaciones, testimonios) torna al fallo no sólo en algo verdaderamente escandaloso, sino que además marca un peligrosísimo antecedente: como no pueden ignorar las evidencias probatorias del delito terminan avalando tareas de inteligencia sobre familiares de las víctimas violando así, no sólo la Ley de seguridad interior sino todas y cada una de las garantías construidas en Derechos Humanos después de la dictadura”.

“De esta manera el Poder Judicial devenido en Partido Político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional”, señaló y advirtió: “Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la Ley son letra muerta de la Constitución”.

Y cerró: “Nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad”.

Tal cual había esbozado durante la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja realizada el pasado 5 de julio, la diputada nacional Blanca Osuna (FdT - Entre Ríos) presentó un proyecto de resolución para que se informe al Congreso de la Nación sobre la situación judicial y administrativa “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay hace 590 días.

En efecto, en esa reunión de la comisión que preside el diputado Eduardo Valdés la diputada entrerriana había sacado el tema de Rodríguez Simón luego de que desde la oposición reclamaran saber sobre la situación del exembajador argentino en Israel Sergio Urribarri. En esa oportunidad Valdés aclaró que el exgobernador de Entre Ríos ya está en su provincia y en esas circunstancias intervino Osuna para aclarar que Urribarri siempre había estado "a derecho" y planteó la situación de Rodríguez Simón, prófugo de la justicia argentina en Uruguay.

“La sociedad tiene derecho a conocer la verdad respecto a la grave situación en la que se encuentra el prófugo sospechoso ‘Pepín’, para que la consigna de igualdad ante la ley y la obligación como funcionario de honrar los deberes que competen a un representante público sean respetados”, afirmó Osuna.

En tanto, detalló: “Fabián Rodríguez Simón ha sido el abogado de los trabajos sucios de Macri, tales como en la causa de los Panamá Papers, en el armado de un sector adicto del Poder Judicial, y en la extorsión a los dueños del Grupo Indalo, entre otras cosas”.

“Es quien tuvo despacho en la Casa Rosada durante la presidencia de Macri, sin desempeñar cargo público alguno. El mismo que ante el avance de la causa judicial que lo implica, el 6 de mayo de 2021 pidió asilo en la República Oriental del Uruguay, donde permanece hasta la fecha, y donde su solicitud de refugio ante la ROU tuvo ya tres rechazos sucesivos. Y en Argentina fue declarado en rebeldía por la jueza Servini, el 19 de mayo del año pasado, cuando se negó a presentarse a indagatoria”, expresó la integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y de Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

A su vez, Osuna explicó que “en estos días, conocimos que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno de Montevideo, mediante los votos de Alberto Reyes Oehninger y Sergio Torres Collazo, rechazó la solicitud de refugio político de Rodríguez Simón”.

Y sumó: “La resolución judicial echa por tierra su planteo y aclara que no corresponde a un temor fundado, que no hay riesgo de privación indebida y que los requerimientos judiciales no son arbitrarios ni ilegítimos”.

“Mientras la Justicia uruguaya sienta posición respecto a la situación de este personaje, los poderes del estado argentino tienen responsabilidad de actuar con la premura que exige resolver la irregular y vergonzante situación que posibilita que un prófugo acusado de graves delitos, por los cuales ha sido imputado, continúe deshonrando la representación de nuestro país ante el Parlasur”, advirtió la diputada del FdT.

Al respecto, exigió: “Necesitamos saber si el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ha recibido un pedido de extradición de Fabián Rodríguez por parte del Poder Judicial, cuál es la situación de ese proceso y en qué juzgado se tramita. Es fundamental conocer además si tiene un pedido de captura internacional o se encuentra vigente el sistema de Alertas Rojas de Interpol, como también entender si se encuentra notificado por parte de la justicia argentina y cuáles son las razones para negarse a esos requerimientos”.

“Es indispensable que toda esta información sea accesible para toda la sociedad y que se dispongan de todas las herramientas necesarias para que quienes cometieron delitos desde el lugar más encumbrado de la administración del Estado, en connivencia con Macri como mandatario, asuman las responsabilidades que les corresponden”, apuntó la diputada entrerriana.

El proyecto lleva el acompañamiento de los diputados Leopoldo Moreau, Hilda Aguirre, Silvana Ginocchio, Tomás Ledesma, Rodolfo Tailhade y Marcelo Casaretto, entre otros.

La sesión en la Cámara de Senadores comenzó con un clima tenso, ya que la jujeña Silvia Giacoppo (UCR) pidió una cuestión de privilegio por los dichos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que hizo contra la justicia durante la visita a Milagro Sala. En el mismo sentido se expresó el titular del bloque radical, Luis Naidenoff, que lanzó fuertes críticas al jefe de Estado. De la verdad de enfrente el oficialista Guillermo Snopek disparó contra el actual gobernador de la provincia, Gerardo Morales, y contra la justicia provincial.

“Quiero plantear una cuestión de privilegio hacia por los dichos del señor presidente de la Nación y la gravedad de los mismos en medios periodísticos sobre la frase agraviante e insultante hacia el Poder Judicial de la Nación y de la Provincia”, comenzó Giacoppo.

Acto seguido procedió a leer textual los dichos del “doctor Fernández, profesor de derecho” que hizo en una conferencia de prensa desde el sanatorio que “les rogó a los tribunales de Jujuy y a la Corte que empiecen a enmendar las barrabasadas que hicieron”.

“No estoy sorprendida, me encuentro lastimada como jujeña y tengo la obligación, representando al pueblo de mi provincia de pedir mesura al señor presidente y pedirles a mis pares, que hay cuestiones que no solo son intolerantes sino inadmisibles”, expresó.

En tanto, apuntó: “La señora Milagro Sala, ruego que recomponga su salud y me voy a reservar mis opiniones subjetivas, pero las voy a compartir. El día 29 debía dejar la cárcel vip, porque es una señora privada de su libertad con el privilegio de un domicilio suntuosos que posee la señora y debía ir al penal como corresponde. ¡Que casualidad que en las dos oportunidades cuando tuvo el pedido de los juzgados, que son varios, se enferme la señora nuevamente!”.

En ese sentido, explicó: “Una trombosis, no soy médica, que padece desde algún tiempo lo que requiere no es reposo, muy por el contrario, es caminata y actividad física. Dicen que va a estar entre 5 y 6 meses en un sanatorio. Pues la condena de la señora Milagro Sala, que no es una presa política, es una condena ratificada por la Corte en las tres instancias en la provincia y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“La señora Milagro Sala tiene 60 causas, juzgada por 27 jueces, designados el 90% por la gestión del gobierno opositor del actual gobierno de la provincia, el Partido Justicialista y designados hoy jueces de carrera 27 simplemente por designación del exgobernador de la provincia porque hoy existe una escuela judicial y los jueces van por concurso, así no era hasta el cambio de gobierno del 2016. O se aún son jueces que no responden al gobierno de turno como alguien lo quiere decir”, informó la senadora radical.

A su vez, explayó que “en esa condena de 2 años por amenazas de bombas en la Comisaria llamada la causa de las ‘Bombachas’ donde esta causa fue ratificada por la Corte Suprema de la Nación”, y expresó: “Estimados pares pensé que era un tema superado, jamás hubiese esperado que el señor presidente de la Nación suspenda su agenda personal para violentar el honor del pueblo de Jujuy visitando a una presa condenada, y posponga la agenda en momentos tan difíciles como los de la Nación y que lo que menos queremos es seguir fomentando estas desinteligencias”, y remarcó: “Realmente me siento como jujeña agraviada y no puedo deja pasar este hecho con la gravedad que tiene”.

“Voy a presentar todas las causas que son 60 con condena en la primera, segunda y tercera instancia y condenado de la Corte Suprema de justicia y cámaras de casación y fue sobreseída y absuelta en 6 de las causas, eso habla de la independencia y garantía que todo ciudadano debe tener”, cerró Giacoppo.

De la vereda de enfrente recogió el guante su coterráneo Guillermo Snopek quien también pidió una cuestión de privilegio por “la justicia de Jujuy” porque “no existe la división de poderes”. Por consiguiente, apuntó contra Gerardo Morales: “Escuchamos al gobernador de la provincia en reiteradas oportunidades referirse al proceder del Poder Judicial y en muchas declaraciones públicas hablaba de quien no cumplía o no respetaba alguna disposición los metían presos”.

“En Jujuy se metió preso al gobernador de la provincia Eduardo Fellner, estuvo detenido en cárcel común para ejemplificar y quien piensa distinto no lo puede hacer, no hay libertad de expresión te arman una causa judicial. En común en Jujuy reflotar una resonada causa cada vez que el gobernador de la provincia tiene algún exabrupto porque se ha peleado con toda su fuerza política. Él acude a la violencia verbal nacional y eso repercute en la imagen provincial de ese autoritarismo que vivimos y esa confusión entre los tres poderes”, denunció.

De forma irónica disparó que “la justicia más democrática de la Argentina donde diputados provinciales electos por el pueblo de Jujuy integran el Tribunal Superior de Justicia, son todos miembros de la UCR. La Justicia de Jujuy es el instrumento de acallar las voluntades políticas, los intendentes están amenazados con reflotarle causas judiciales. En Jujuy no podes opinar diferente”.

A su turno, el titular del bloque radical en el Senado, el formoseño Luis Naidenoff, también solicitó una cuestión de privilegio para mencionar el “enérgico repudio” expresado desde su interbloque a la visita del presidente a Milagro Sala y advirtió “la gravead desde el punto de vista Jurídico y político”.

En tanto desglosó: “Desde lo jurídico el artículo 109 de la Constitución es muy claro” y procedió a leer lo que reza el mismo: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. En ese sentido manifestó: “Esa visita a Jujuy, esa idea de arremeter contra la Justicia provincial y la Corte trasgrede y vulnera, más allá de una consideración política, sino que atenta y violenta contra el artículo 109”.

“Algunos me podrán decir que la presencia del presidente de la república dejar de lado lo prioritario de la agenda, los problemas la verdad que en Argentina estamos bien, la inflación esta controlada, el riesgo país esta controlado, la verdad que uno puede transitar con tranquilidad la argentina porque no hay problemas, no falta de combustible. Desde que asumieron esta todo ordenadito, no hay inconvenientes en la Argentina para que el presidente pueda suspender la agenda de temas prioritarios y arremete y aprete a la justicia de Jujuy y a la Corte Suprema”, chicaneó Naidenoff.

A su vez, sostuvo: “No me sorprende porque en los últimos tiempos, yo diría desde el minuto uno desde que asumieron ante la impotencia por no gobernar, no hacerse cargo de la realidad, el ataque siempre fue embestir a la justicia, con la creación de comisiones investigadores, mirar al pasado, atacar a la justicia ante la impotencia de no saber qué hacer día a día. Así les va”.

“Si se trata de la presencia del presidente de la república ante un atropello de la violación de los derechos humanos, no les cree nadie porque con Milagro Sala el presidente tuvo marchas y contramarchas desde que asumió, no le cree nadie”, y recordó lo sucedido en pandemia: “Menos se le puede creer cuando en plena pandemia el Gobierno de la Nación, ante las violaciones groseras de los derechos humanos que fueron palpable en mi provincia, en una ruta nacional se impedía el tránsito de las personas, las personas dormían al costado de la vera de la ruta porque no podían ingresar, el Gobierno de la Nación inclusive ante los propios reclamos de los organismos de defensa de derechos humanos tampoco intervino, miraban a los costados, las violaciones fueron tremendas. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la presencia del presidente para solidarizarse ante los atropellos, es verso”.

“Todo esto es un cuento tiene que ver con la idea de quedar bien con un núcleo duro, con esta idea de solidarizarse porque no sabe qué hacer”, manifestó el formoseño y le sugirió: “Si quiere quedar bien con ese núcleo que lo votó, ¿por qué no para la inflación? ¿por qué no se dedican a contener una situación que la gente no da más?, ¿por qué no se dedican a gobernar?, en vez de este circo. Qu se dedique a gobernar y no esta payasada que en nada beneficia a la sociedad”.

El senador nacional del Pro Luis Juez consideró “un espanto de proyecto de cinco artículos”, la iniciativa del oficialismo, acordado con una quincena de gobernadores, para ampliar a 25 los miembros de la Corte Suprema, que lleva la firma del jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, y de la vicejefa, Anabel Fernández Sagasti.

“Es realmente un mamarracho jurídico, no hay ojo para leerlo”, lanzó el legislador en diálogo con TN. Además de señalar que no está de acuerdo con el mismo, consideró al proyecto como una medida para “desviar la atención de la ciudadanía en un momento de altísima complejidad”.

El proyecto para ampliar la Corte Suprema, que deberá ser debatida en comisión, cuenta solamente con cinco artículos. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por 25 jueces y juezas”, reza el primer artículo y advierte que será “una ley especial determinará el modo de organización y funcionamiento” del máximo tribunal.

“Es una boludes terrible”, arremetió el político y luego apuntó contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “Este Gobierno no entiende lo que es la palabra consenso”, y remarcó que “si no tenes las 2/3 parte del Senado no podes hacer ningunas de estas modificaciones, es una torpeza”.

Sin embargo, el senador consideró que desde el Gobierno “saben que no va a prosperar” y que, de aprobarse el proyecto, “vamos a perder en un país que tiene conflictividad y la gente está angustiada”.

“No es un problema de números, es un problema de calidad, de independencia y de actitud. Necesitamos una Corte Suprema independiente, que la Justicia actúe”. En cuanto al Gobierno, llamó a “dejar de especular” para tener “la calidad de Justicia que los argentinos nos merecemos”.

El expresidente Mauricio Macri manifestó sentirse “perseguido” en relación al accionar del Gobierno respecto a la disputa judicial que mantiene su familia con el Estado hace 20 años por la causa Correo Argentino. 

“Desde e el primer día me siento perseguido, desde el primer día que llegó Zannini a las oficinas, pidió el expediente del correo”, expresó en declaraciones a la señal TN. 

En este sentido, Macri sostuvo que “el problema de fondo es que ellos no creen en la Justicia independiente. Yo cuando fui presidente jamás me metí en los juicios de la expresidenta”.  El exprimer mandatario añadió: “Lo que dije a los jueces es que hagan lo que dice la ley, apliquen la ley en cada caso. La Argentina se arregla cuando tengamos buenos jueces”. 

El referente de Juntos por el Cambio insistió en este tema: “Yo jamás me metí, ella (por Cristina Kirchner), cree que sí. Pone a la Procuración, las fiscales, la IGJ, la AFIP, a perseguir a mi familia, a acusarme de cosas increíbles desde contrabando a Bolivia de armas a espionaje ridículo, una cantidad de cosas que no son verdad”.  

Por último, Macri mencionó que “al final del día, hasta los que no nos votaron, en la reelección, saben que el nuestro fue un gobierno correcto, por suerte la justicia al final se la banca”. 

La diputada nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz), subrayó que el órgano debe tener "agilidad" en su funcionamiento para poder avanzar en la cobertura de juzgados vacantes, al tiempo que remarcó que es "fundamental" que la Corte Suprema de Justicia esté "vinculada" al organismo encargado de controlar a los jueces.

"Tenemos que tener agilidad en la cobertura de los juzgados, porque hay algunos que están vacantes durante años. Y también tenemos que ser un Consejo de la Magistratura de puertas abiertas a la población, transparente con los procesos. Que el Consejo no sea algo extraño y de espaldas a la gente”, remarcó la santacruceña en declaraciones en la AM 990.

La dirigente opositora remarcó que se debe "afianzar la justicia", ya que advirtió que de lo contrario "las consecuencias son muy difíciles de reparar, muy estructurales, el daño para la ciudadanía es irreversible".

Al retomar el tema de los juzgados vacantes, Reyes señaló que "si bien la agenda de la vicepresidenta (Cristina Kirchner) está vinculada a las causas de corrupción que tiene la Justicia, hay muchas más que están paralizadas por falta de jueces".

Por otra parte, la patagónica se refirió a la Corte Suprema y los proyectos de modificación que hay en el Congreso, ante lo cual indicó que "hay que dar un debate profundo".

Y agregó: "No me gusta esto de la manipulación por coyunturas políticas vinculadas al poder por conveniencias. Es un tema que tenemos que debatir". Además, destacó que "es fundamental tener a la Corte Suprema vinculada al Consejo de la Magistratura".

La diputada entrerriana radical Gracia Jaroslavsky presentó un proyecto de ley que establece la creación de un nuevo Juzgado en lo Civil y Comercial en la ciudad de Victoria. La legisladora señaló que el aumento de la litigiosidad “impacta en la calidad de servicio que brinda el único Juzgado que existe, que ya no da abasto”. En este sentido, aseguró que Victoria está en “una clara desventaja” con respecto a otras ciudades si se hace una comparación entre cantidad de habitantes y número de juzgados.  

“La imperiosa creación de este nuevo Juzgado responde principalmente al aumento de la litigiosidad que se registró en los últimos años y a la necesidad de garantizar a la comunidad un servicio de justicia más ágil y eficiente a los efectos de lograr una tutela efectiva de los derechos de la población”, afirmó Jaroslavsky en los fundamentos de la iniciativa. 

En tal sentido, manifestó que actualmente la ciudad cuenta con un Juzgado Civil y Comercial, pero como tiene una competencia “multifuero”. Allí se tramitan innumerables tipos de causas, tales como juicios ejecutivos, concursos y quiebras, procesos laborales, procesos sucesorios, juicios ordinarios, acciones reales y posesorias, juicios de desalojo, apremios fiscales provinciales y municipales, violencia de género y revisión de sentencias de los juzgados de paz, entre otros. 

Ello obedece, entre otros motivos, a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (año 2015), que generó muchas dudas y conflictos relacionados a su aplicación, y una creciente conflictividad vinculada a accidentes, cuestiones laborales, ambientales y de género, entre otras. 

A su vez, advirtió que la apertura del enlace vial que une a Victoria con Rosario generó un gran crecimiento poblacional de la ciudad y un consecuente aumento de casos de litigio, situación que requiere de una justicia ágil, efectiva y especializada, especialmente en la materia laboral y violencia de género. 

En este marco, Jaroslavsky afirmó que la creación de un nuevo Juzgado “no sólo responde a la necesidad de garantizar a los ciudadanos un eficiente acceso a la justicia en plazos razonables, sino también al interés general de resguardar los derechos de los trabajadores judiciales”. 

Finalmente, dijo que Victoria “no resulta ajena a la realidad regional de aumento de litigiosidad, lo que motivó que la Legislatura Provincial haya creado juzgados en distintas ciudades, como Nogoyá, Gualeguay, Feliciano y La Paz, entre otras”. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, remitió al fuero contencioso administrativo el informe sobre la designación de la diputada Roxana Reyes (UCR) para que integre el Consejo de la Magistratura. En el planteo, pidió que se rechace el amparo solicitado por el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que se había opuesto en la justicia a dicha designación.

El nuevo Consejo que se restableció tras el fallo de la Corte comenzó a funcionar, bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, con 18 de sus 20 miembros, ya que la justicia debe dirimir la situación de los dos representantes del Congreso: por un lado, el reclamo de Luis Juez para que no asuma el candidato de Cristina Kirchner, Martín Doñate, mientras que desde el Senado solicitaron que se rechace el amparo presentado por los senadores del Pro. Por el otro, el reclamo del diputado Martínez, que se opuso a la decisión de Massa de postular a Reyes como integrante de la segunda minoría.

Desde ambas cámaras del Congreso remitieron a la justicia en lo contencioso administrativo el informe requerido, donde explicaron bajo qué criterios se designaron los representantes como también la documentación que sustenta que cumplen con los requisitos impuestos por la normativa del Consejo.

En el escrito que presentó el asesor de asuntos jurídicos de la Cámara baja sostuvo que el planteo del diputado Martínez es "manifiestamente improcedente" y que por ese motivo "planteamos la falta de legitimación del accionante, circunstancia que sella la suerte no sólo de la medida cautelar, sino también del proceso en general".

Entre los argumentos, indicó que el presidente del bloque del Frente de Todos, "no especifica la existencia de un derecho subjetivo concreto que se encuentre agraviado, así como tampoco alega ni demuestra la existencia de una afectación particular" causada por la designación de Reyes. "Cabe el rechazo de la pretensión cautelar por la falta de legitimación activa del actor como diputado nacional y como presidente del bloque que integra", sostiene la presentación.

El titular del bloque oficialista había presentado un amparo reclamando la nulidad de la designación, que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 11 a cargo de Martín Cormick, quien consideró que “no aparecen conformada" las "circunstancias graves y objetivamente impostergables", que justifiquen dictar la medida cautelar para impedir que Reyes asuma como consejera.

El senador nacional Luis Juez (Frente Pro – Córdoba) se presentó este jueves por la mañana en los tribunales de Comodoro Py para denunciar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por la maniobra que armó desde el Senado de dividir su bloque en dos para poder meter un legislador afín en el Consejo de la Magistratura.

"Denuncio a la Sra. Cristina Fernández de Kirchner en tanto como presidenta del Senado de la Nación, incurrió en el delito de inobservancia de los deberes de funcionario público peticionando al Señor Procurador Fiscal promueva la acción penal pública que corresponda”, sostuvo Juez en la presentación que radicó ante el fiscal federal Guillermo Marijuan.

En declaraciones a Infobae, Juez sostuvo: “Vengo a denunciarlo en la fiscalía de Marijuan, que está de turno, porque él intervino en una denuncia que me hicieron a mí en la época del kirchnerismo. Así como en su momento le pedí que me investigara hasta que fui sobreseído, vengo a denunciar para que investiguen esta situación”.

La denuncia penal del senador del Pro contra Cristina fue posterior a otro escrito que había presentado junto a su colega del Humberto Schiavoni en el fuero Contencioso Administrativo en el que buscaban anular la designación del senador kirchnerista Martín Doñate por las presuntas irregularidades en la designación.

El cargo le correspondía a Juez por ser parte de la segunda minoría, pero la presidenta del Senado partió el bloque del Frente de Todos para que se lo quede Doñate.

En el descargo, el legislador del Pro apunta contra la vicepresidenta por no cumplir con la ley:  "Comparezco a los efectos de formular denuncia penal en contra de la Presidenta del Honorable Senado de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en virtud del haber incumplido la nombrada, la ley 24.937, en tanto obliga a la misma a comunicar al Consejo de la Magistratura, a quien resulte, el Senador propuesto para integrar el Consejo, en nombre del bloque de la segunda minoría, y a propuesta de tal bancada".

En tanto, explica que Cristina debería haberlo propuesto a él y no a Doñate y hace un repaso de cómo estaba compuesto el Senado. "El 10 de diciembre del 2021, se configuró una composición del Senado donde el mayor número de legisladores se agruparon en el bloque parlamentario al cual se denominó Frente de Todos", arranca.

"La Unión Cívica Radical, por número de Senadores, quedó como primera minoría parlamentaria. El Partido Pro, al ser tercero en cantidad de integrantes, se erigió como segunda minoría", agrega y concluye: “Ese cuadro, refleja la voluntad popular expresada en las urnas en el mes de noviembre del 2021, y ningún artilugio retorcido puede quebrar aquello que el electorado libremente decidió”.

En la recta final de la reunión del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara alta, donde se llevó a cabo el debate sobre el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, senadores de la oposición cruzaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y le remarcaron que “no vamos a permitir que nos falte el respeto en nuestra casa”.

“Si hay un tema en el que no hay grietas en el peronismo es en el pésimo funcionamiento de la justicia argentina, porque lo padecimos los últimos cuatro años. La persecución y no la tortura física, el escarnio y la tortura mediática. Llamar a una persona ocho veces en un día a declarar es amedrentamiento político, persecución mediática”, lanzó Soria.

Y siguió: “El daño que le hicieron a la justicia es tremendo, los propios jueces lo reconocen ellos mismos, por eso hay que reformar la justicia”. Acto seguido el funcionario apuntó: “Vamos a aclarar esto, a sacarnos la careta y acabar con la mentira”, y mostró un cuadro con la designación de jueces según los presidentes: “Mauricio Macri gobernó cuatro años y puso 200 jueces, el promedio por jueces por año es 50. Néstor (Kirchner) en cuatro años puso 179 jueces. ¿Nosotros copamos la justicia?”.

“Cristina (Kirchner) en ocho años designó 368 jueces”, continuó comparando y volvió a preguntar: “¿Nosotros copamos la justicia o en cuatro años la copó Macri?”, y se defendió: “Describo hechos, no ataco”, y siguió mostrando notas contra el expresidente.

En ese momento, los senadores de Juntos por el Cambio se alzaron en contra y le exigieron al ministro que “se aboque el proyecto y no les falte el respeto”.

“Tenemos que devolverle el prestigio al Poder Judicial, trabajemos para devolverle la independencia, sumergieron a la justicia en este grotesco. Ese es el compromiso”, cerró el titular de la cartera de Justicia.

Pero, desde la bancada opositora la radical Mariana Juri recogió el guante y le contestó: “No le vamos a permitir al ministro que en nuestra casa quiera faltarnos el respeto. Nosotros vinimos preparados”, mientras que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, trataba de calmar las aguas e invitaba a los legisladores a un cuarto intermedio y retomar el debate este miércoles.

Durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado, donde se lleva a cabo el debate del proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, calificó el fallo de la Corte Suprema -que declaró inconstitucional la ley del 2006 que reducía la cantidad de miembros- de “ineficiente, antidemocrático y anticonstitucional”.

Soria remarcó que la Corte invalidó dos leyes a lo largo de la historia la del 2006 y la de democratización del Poder Judicial en el 2003 y señaló que “ninguna de esas dos leyes contenía la posibilidad de que el presidente de la Corte Suprema a su vez fuese el presidente del Consejo de la Magistratura”.

“¿Qué pasa si se sanciona una ley que no contenga la posibilidad de que el presidente de la Corte integra la presidencia del Consejo?”, preguntó el funcionario y criticó: “Con el actuar errático, con el grotesco jurídico que a generado esta gravedad institucionalidad a los ciudadanos, paralizar el Poder Judicial, la Justica, no es un atentado contra la clase dirigente, es contra la ciudadanía argentina. Esta es al Corte que en medio de la pandemia cuando todos los argentinos necesitaban de las telecomunicaciones, de internet, respondió en favor de los grupos económicos”.

Además, remarcó: “Esta es la Corte que no resuelve ni tampoco interviene en casos de espionaje, en reuniones de camaristas, jueces y fiscales, hay una ley que le prohíbe a los jueces hacer política”, y siguió: “Con esta Corte donde la mitad fueron designados por decreto. Con esta integración que es capaz de atentar contra el Congreso, porque es una facultad de ustedes de legislar, y quieren poner en operatividad una ley derogada hace 16 años para poder meterse por la ventana”.

A su vez, el funcionario ratificó que “no solo es inconstitucional” sino que es “ineficiente poner al presidente de la Corte Suprema como presidente del Consejo. Es antidemocrático, anticonstitucional”, y señaló que “desde el 2016 han ingresado 28 mil causas y se resuelven 7 mil expedientes al año. El presidente de la Corte me ha dicho que tienen un excesivo trabajo. Entonces, ¿por qué quieren meterse por la ventana?”.

“El proyecto de la gestión anterior es parecido al que presentamos nosotros, pero hay una diferencia porque ese proyecto modificaba las mayorías para temas importantes. Nosotros siempre hemos mantenido lo que nos pidieron, porque desde la Corte nos han pedido que el presidente no integre el Consejo, por eso digo que repetir viejas fórmulas no funcionan”, aclaró el ministro.

Asimismo, advirtió que “estamos a cuatro semanas que se paralice el sistema judicial a lo largo y a lo ancho del país”.

“Hay que leer el fallo porque la Corte no obliga ni dice que hay que integrar al presidente de la Corte en el Consejo, en ningún momento habla o se menciona que el presidente va a integrar la futura composición de la Magistratura, no lo dice en ningún lado”, enfatizó Soria.

El tema de la inseguridad fue disparador para que el presidente Alberto Fernández se refiriera a la Justicia e insistiera con reclamar los cambios impulsados por su administración y frenados en Diputados. Agregando una reforma integral de la Corte Suprema.

Arrancó admitiendo un problema “muy serio” en materia de inseguridad, pero calificó de “implacable” la lucha de esta gestión contra el narcotráfico y el contrabando. Pero alertó que “no hay modo de combatir al crimen organizado sin un sistema judicial eficiente”.

Sostuvo en ese sentido que el Poder Judicial ha perdido confianza y le atribuyó una “crisis de funcionamiento”. A continuación cuestionó que “en el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios” y lo atribuyó a que “algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital”.

“A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario”, disparó, denunciando “un acto de complicidad judicial con el poder económico”.

Por eso el presidente sostuvo que “necesitamos una reforma integral del sistema de administración de justicia federal”, y lamentó que el proyecto que él impulsó el 9 de julio de 2020 y recibiera aprobación en el Senado, ya hubiese perdido estado parlamentario, pues “lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave”.

Sostuvo que “esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”.

Así las cosas reclamó al Congreso abordar esa cuestión, que haga “los cambios adecuados, que generen los consensos necesarios y que resolvamos este problema”.

Por otra parte recordó que su gestión envió el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura, y prometió avanzar en la implementación del Código Procesal Penal Federal, como así también ampliar los mecanismos de acceso a la justicia.

Alberto Fernández enfatizó además que “la conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo”.

El interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio presentó este jueves una acción de amparo ante la justicia con el objetivo que se declare nula la sesión de la Cámara alta del pasado 29 de diciembre.

Dicha presentación fue lleva adelante por el presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo; el presidente del bloque UCR, Luis Naidenoff; el presidente del bloque Frente Pro, Humberto Schiavoni; el presidente del bloque Justicialista 8 de Octubre, Juan Carlos Romero; la titular del bloque Movimiento Neuquino, Lucila Crexell; el presidente del bloque Integración y Desarrollo Chubutense, Ignacio Torres; y la presidenta del bloque Justicia Social, Beatriz Ávila.

Dicho pedido se fundamenta en la violación del artículo 15 del Reglamento de Funcionamiento de dicha Cámara, el cual indica que, luego del horario de citación a sesiona, hay treinta minutos para comenzar dicha sesión.

Tal como se documenta en el expediente, al momento cumplirse el límite estipulado, los senadores opositores sostienen que la Cámara no contaba con el quórum exigido para llevar adelante la sesión. Pese a ello, varios minutos luego de vencido el plazo, la presidencia dio comienzo a la sesión, momento en el cual sí había quórum. “Queda claro, que el quórum se conformó pasados varios minutos luego de vencido el plazo establecido, tal como dan cuenta todos los registros fílmico”, remarcan desde la principal oposición.

En el escrito, los referentes de Juntos por el Cambio explican que “la presente acción no obedece al eventual malestar que pudiera ocasionar un resultado adverso a las pretensiones de una fuerza política, ni a una cuestión meramente formal, sino que encuentra su basamento en uno de los aspectos sustanciales del procedimiento parlamentario, como lo es el quorum, y que en esencia está vinculado con la necesidad de contar con una mayoría mínima representativa de la voluntad popular”.

Amparo-Senadores-Caratula

“Violaron el argumento del artículo 15, que dice que transcurrida media hora de fijada la sesión, se declara no valida, no se constituye cuando no hay quórum”, expresó este jueves el titular del bloque Pro del Senado, Humberto Schiavoni, al anticipar la presentación que Juntos por el Cambio hizo ante la Justicia para pedir la nulidad de la sesión en el Senado en la que se aprobaron los cambios que sube el mínimo no imponible del impuesto sobre los Bienes Personales.

En declaraciones a la Once Diez, el legislador misionero sostuvo que “el reglamento de la Cámara alta tiene rango constitucional y que no haberlo cumplido constituye una violación a la Carta Magna”.

“El reglamento es muy claro. El reglamento tiene origen constitucional, es imposible de violarlo y esta es una responsabilidad por la que tienen que velar los senadores y la presidenta del senado Cristina Fernández de Kirchner”, agregó.

El miércoles, mientras el oficialismo trataba la reforma de Bienes Personales en el recinto, Juntos por el Cambio hizo una conferencia de prensa para denunciar irregularidades en la sesión en el Senado, a la que calificaron de “nula”.

“Asistimos a una sesión nula, el Frente de Todos no consiguió el quórum en el tiempo reglamentario”, acusó el radical mendocino Alfredo Cornejo.

Por último, en relación al rol clave que jugó la legisladora María Clara del Valle Vega -que ingresó por JxC y formó un monobloque denominado Mediar Argentina- y que fue clave para el quórum, Schiavoni aclaró que “Vega nunca formó parte del bloque opositor, pero que siempre votaba junto con ellos. Nunca estuvo en el interbloque de JxC, sus motivaciones ella las sabrá. Votaba junto con la oposición, pero nunca formó parte de la bancada de JxC”.

El oficialismo provincial está haciendo de las suyas con la Justicia y la gran mayoría de los entrerrianos desconoce o mira con perplejidad los acontecimientos. Vayamos por parte. 

La justicia es un servicio público y un poder independiente. Sin embargo, algunas decisiones del Ejecutivo «influyen» sobre ella, condicionando su independencia. 

Hoy en la justicia se tramitan dos de las causas de corrupción más importantes de la historia provincial, que involucran directamente al poder político y donde los actores protagónicos aparecen ligados al oficialismo: los contratos truchos de la legislatura y delitos varios que se le imputan al ex Gobernador Urribarri por el desvío de fondos durante su mandato. 

Ahora bien. Tan pronto como algunos asuntos empiezan a ver la luz siempre aparecen los «mandaderos» del juego sucio que hacen fuerza para tapar la luz con sombras. Intervienen allí actores del poder político y de la propia justicia. 

La apertura de una causa de enjuiciamiento a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que debe investigar los delitos, se inscribe a esta trama. No se trata de defender su proceder sino, en todo caso, de visibilizar la convivencia entre poderes, que viene de vieja data y que hay que desmontar. 

Habrá que seguir el caso con atención porque, como decía, algunos sólo miran con perplejidad estos movimientos, pero la gran mayoría permanece ajeno a estas situaciones que podrían generar un grave precedente para la institucionalidad entrerriana. 

En agosto y noviembre los entrerrianos fuimos a votar y en esa expresión democrática y popular señalamos que algo no va bien, que hay que torcer rumbos y que hay que hacer cambios. Quienes ven amenazada su continuidad en el poder político y judicial están haciendo lo imposible para que nada cambie. 

Pero quienes creemos en otra forma de hacer las cosas y en la independencia de los poderes no podemos dejar pasar la situación por alto y bregar para que, al final de esta historia, podamos decir: fue justicia. 

En una carta que compartió el diputado nacional electo por Juntos por Entre Ríos e intendente de Chajarí Pedro Galimberti denunció que “el oficialismo provincial está haciendo de las suyas con la justicia”, a la cual describió como “un servicio público y un poder independiente”.

“El oficialismo provincial está haciendo de las suyas con la justicia y la gran mayoría de los entrerrianos desconoce o mira con perplejidad los acontecimientos”, cuestionó Galimberti y definió que “la justicia es un servicio público y un poder independiente. Sin embargo, algunas decisiones del Ejecutivo ‘influyen’ sobre ella, condicionando su independencia”.

“Hoy en la justicia se tramitan dos de las causas de corrupción más importantes de la historia provincial, que involucran directamente al poder político y donde los actores protagónicos aparecen ligados al oficialismo: los contratos truchos de la legislatura y delitos varios que se le imputan al exgobernador Urribarri por el desvío de fondos durante su mandato”, señaló.

Y agregó: “Tan pronto como algunos asuntos empiezan a ver la luz siempre aparecen los ‘mandaderos’ del juego sucio que hacen fuerza para tapar la luz con sombras. Intervienen allí actores del poder político y de la propia justicia”.

“La apertura de una causa de enjuiciamiento a la procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que debe investigar los delitos, se inscribe a esta trama. No se trata de defender su proceder sino, en todo caso, de visibilizar la convivencia entre poderes, que viene de vieja data y que hay que desmontar”, manifestó el diputado electo de Juntos.

En esa misma línea, aseguró que “habrá que seguir el caso con atención porque, como decía, algunos sólo miran con perplejidad estos movimientos, pero la gran mayoría permanece ajeno a estas situaciones que podrían generar un grave precedente para la institucionalidad entrerriana”.

“En agosto y noviembre los entrerrianos fuimos a votar y en esa expresión democrática y popular señalamos que algo no va bien, que hay que torcer rumbos y que hay que hacer cambios. Quienes ven amenazada su continuidad en el poder político y judicial están haciendo lo imposible para que nada cambie”, apuntó el intendente.

Por último, aseguró: “Pero quienes creemos en otra forma de hacer las cosas y en la independencia de los poderes no podemos dejar pasar la situación por alto y bregar para que, al final de esta historia, podamos decir: fue justicia”.

El fiscal Javier De Luca ante la Cámara Federal de Casación Penal desistió de la acusación sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA con la firma del Memorándum con Irán, luego que se dictara el sobreseimiento a su favor cuando estaba a las puertas del juicio oral y público.

De Luca no sostuvo el recurso de apelación de su antecesor Marcelo Colombo, quien había apelado el fallo del Tribunal Oral Federal 8 que por considerar que no hubo delito y sobreseyó a la presidenta del Senado por encubrimiento, así como a otros exfuncionarios imputados y, de esta manera, el fallo le evitó afrontar el juicio que estaba aún sin fecha de inicio.

Por lo tanto, la decisión de confirmar o no la decisión del Tribunal está en manos de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

"En su momento también argumenté que las supuestas espurias intenciones de hacer cesar o dar de baja a las ‘alertas rojas’ de la Interpol por parte del Gobierno Argentino y de la formación de una llamada ‘Comisión por la Verdad’ para generar una hipótesis investigativa falsa, no podían objetiva ni jurídicamente constituir la ‘ayuda’, del Código Penal, que reprime el encubrimiento personal; ni ningún otro delito", sostuvo De Luca.

Además, explicó: "Al no analizarse los elementos de los delitos involucrados, solo se describen hechos de la vida y se conjetura sobre ultra intenciones, como si fuera evidente que el sólo hecho de haber concretado este tratado con una potencia extranjera fuera constitutivo de delito, y se da por sentado que eso es lesivo de la administración de justicia".

Para el fiscal, la firma del tratado que luego fue declarado inconstitucional, no interrumpió la labor de la Justicia en la investigación sobre los acusados de volar la AMIA.

"La imagen de que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, al celebrar y sancionar un tratado, estarían entorpeciendo el trabajo del juez y fiscal de la causa en su etapa de investigación y persecución del crimen, cae en el absurdo lógico de pensar que quienes dictan las reglas (de fondo y de forma), están estorbando a quienes tienen que ejecutarlas", sostuvo el fiscal.

Y concluyó: "Tampoco estamos aquí ante delitos mutilados de varios actos, ni delitos de resultado cortado, que son tipos penales con intenciones internas trascendentes, con ultra finalidades o elementos subjetivos que exceden al dolo. Es que en la suscripción del Memorándum no hay un segundo acto que quienes lo firmaron se propusieran realizar. Una vez terminado el trato diplomático y su recepción en los respectivos países, todo lo demás dependería de la conducta posterior de terceros”.

Tras el dictamen, la querella de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de víctimas del atentado a la AMIA, recusaron y pidieron apartar a De Luca.

Paralelamente, los querellantes sí apelaron la decisión del Tribunal Oral 8 el cual había dictado los sobreseimientos de CFK, de Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D'Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Allan Bogado.

Ahora, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal deben evaluar si confirman o no la decisión del Tribunal Oral que semanas atrás sobreseyó a todos los acusados por inexistencia de delito.

El Frente de Izquierda (FIT) salió a cuestionar este lunes el fallo judicial del Tribunal Oral Federal N° 3 que condenó a penas de cumplimiento efectivo a dos manifestantes que protestaron contra la reforma jubilatoria en diciembre de 2017 en la Plaza del Congreso, donde se registraron graves incidentes entre militantes y policías.

Al respecto, el exlegislador Nicolás del Caño manifestó en Twitter: "La que tendría que estar presa es Patricia Bullrich responsable política de los crimenes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Absolución a los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz".

La que tendría que estar presa es Patricia Bullrich responsable política de los crimenes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Absolución a los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz. https://t.co/9Lpy4uxvzw

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) November 8, 2021

Se trata de César Arakaki, sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión, y de Daniel Ruiz, condenado a tres años de cárcel por aquellos disturbios.

Ambas penas son de cumplimiento efectivo, aunque sólo se ejecutarán una vez que queden firmes. El veredicto fue leído por el tribunal unipersonal a cargo del juez Javier Feliciano Ríos.

El fallo coincide exactamente con las penas que había pedido la Fiscalía, a cargo de Juan Patricio García Elorrio.
El juez no ordenó la inmediata detención de ambos condenados, quienes llegaron en libertad a esta instancia.

Los fundamentos de las condenas se conocerán el próximo 4 de febrero, tras la feria judicial del verano de 2022.
Arakaki y Ruiz (identificado junto a Sebastián Romero, conocido como "el Gordo Mortero" por haber disparado pirotecnia con un lanzador casero) fueron condenados por los delitos de intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad agravada y lesiones.

Las defensas de ambos condenados, a cargo de Mario Ramón Villarreal y Claudia Ferrero, ya anunciaron que apelarán la decisión del tribunal.

Los otros dos acusados que habían sido enviados a juicio oral, Dimas Fernando Ponce y Mariano Ernesto Stansiola, acordaron una probation y evitaron la condena.

Los hechos por los que fueron juzgados Arakaki y Ruiz ocurrieron el 18 de diciembre de 2017 en la Plaza del Congreso, mientras se debatía el proyecto de ley de Reforma Previsional que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri.

La violenta protesta quedó reflejada en miles de piedras que, tras los enfrentamientos de los manifestantes con las fuerzas de seguridad, quedaron tapizando el tradicional paseo público porteño. La ley fue, finalmente, sancionada.

La Cámara de la Seguridad Social ratificó este lunes el beneficio de una doble pensión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su condición de viuda del ex mandatario Néstor Kirchner y dos veces jefa de Estado en la Argentina.

La Sala Tercera del tribunal, en un fallo unipersonal del juez Néstor Fasciolo, desestimó un planteo realizado por la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, que había pedido la revisión de la sentencia.

El juez explicó en una resolución que un planteo similar ya había sido formulado, y rechazado, por otro grupo de legisladores de la misma fuerza política que Ocaña.

Además, el juez señaló que la decisión judicial que otorga los dos beneficios a la vicepresidenta está "firme" y, en consecuencia, no hay instancias de apelación abiertas.

Ocaña pretendía que la Cámara de la Seguridad Social declarara la nulidad de la decisión de la ANSeS de no apelar el fallo dictado a fines del año pasado por un magistrado de primera instancia que reconoció el derecho a una jubilación como ex presidenta y otra pensión como viuda de un ex jefe de Estado para Cristina Kirchner.

La Cámara recordó que el anterior planteo formulado por legisladores de Juntos por el Cambio fue declarado "inadmisible" y que nada ha modificado esa situación ante este nuevo intento de Ocaña.

Ante el desistimiento de la apelación por parte de la ANSeS, el fallo "quedó firme y consentido", por lo que pasó en autoridad de "cosa juzgada".

Según la sentencia, la ex presidenta tiene derecho a percibir su propia jubilación (en el marco del régimen especial que perciben todos los ex jefes de Estado) y la pensión por viudez de su marido, en el mismo contexto legal.

La situación es única, por cuanto nunca ocurrió en la historia argentina que una mujer percibiera su propia jubilación como ex jefa de Estado y, a su vez, la pensión por su marido fallecido, también ex presidente.

La percepción había sido suspendida durante el gobierno de Cambiemos, pero el fallo de la Justicia de la Seguridad Social lo restituyó, con carácter retroactivo al mes en que, por una decisión política, dejó de pagarse.

Como beneficiaria de ambos emolumentos previsionales, la vicepresidenta debió optar entre cobrar esos haberes o percibir su sueldo como número dos del Poder Ejecutivo nacional.

Cristina Kirchner optó, entonces, por no cobrar salario alguno como vicepresidenta.

El candidato a diputado nacional Florencio Randazzo de Vamos con Vos por la provincia de Buenos Aires habló sobre la participación electoral y las expectativas que se tiene para los comicios generales porque “estamos lejos del máximo histórico que hay en la Argentina”. Por otro lado, manifestó que “el gran desafío para los próximos gobiernos es la generación de trabajo y eso está vinculado a darle estabilidad a la economía”. Además, consideró que hay que “debatir y discutir reformas” en materia judicial y laboral.

En declaraciones por la AM 990 en “Sin Relato”, sobre las elecciones Randazzo aseguró que “primero es importante que aumente la cantidad de participación ciudadana, no me parece un dato alentador que vote poca gente”, y consideró que “es importante sobre todo por los cupos históricos que tiene la Argentina en materia electoral. Estamos lejos del máximo histórico”.

“En su mayoría la población se encuentra desencantada con la política”, indicó el candidato de Vamos con Vos porque “han visto como en los últimos años no se han resuelto sus problemas. La polarización no nos conduce a ningún lugar. Al contrario, es un negocio para los dirigentes alejado de la demanda que tiene el conjunto de la sociedad, no hay que hablar del pasado”.

En ese sentido, sostuvo que “hay que plantear problemas que hoy tiene la Argentina vinculados a generar trabajo, a cómo bajar la inflación, cómo mejoramos la seguridad, la salud, esos son los temas que deberían estar en el debate y pareciera ser que están ausentes. No se discuten ni de un lado ni del otro”.

“La Argentina hace diez años que no crece, sabemos lo que implica la inflación, implica no tener referencia de precios, no saber cómo llegar a fin de mes, no tener financiamiento para una vivienda”, señaló el exministro y puntualizó que “el gran desafío para los próximos gobiernos es la generación de trabajo y eso esta vinculado a darle estabilidad a la economía, es una asignatura pendiente”.

El gran desafío para los próximos gobiernos es la generación de trabajo y eso esta vinculado a darle estabilidad a la economía, es una asignatura pendiente”.

“La política y la gestión requiere del sentido común hay que pensar temas vinculadas al tema productivo y la generación de riquezas que nos va a sacar del grado de pobreza”, agregó. “La política y los dirigentes tienen que tener empatía con lo que le pasa al ciudadano común. Sé que son difíciles de resolver, peros son temas que se evitan. Todos los países de la región resolvieron el tema de la inflación. Por supuesto que no es sencillo, pero se podrían llevar a cabo reformas estructuras vinculadas al incentivo del trabajo”, destacó Randazzo.

En esta misma línea, precisó que “a largo plazo el desafío es reconstruir el tejido social, vinculado a la marginalidad. Mientras tanto, una policía mejor preparada, mejor remunerada, con tecnología. Tiene que haber una base de datos en cada comisaría. Hay que complementarlo con la actuación de la justicia. No es ni mano dura ni mano blanda, es justicia”.

En materia judicial, subrayó que hay dos problemas a resolver: “Hay que modificar la ley de eximición de prisión para aquellos que cometen un delito violento. Cuando vuelve a estar preso es por un delito termina matando a alguien. También hay que discutir la ley de reincidencia”, y agregó: “Son temas importantes para debatir y discutir”.

Sobre la legislación laboral, el extitular de la cartera de Transporte afirmó: “Es otro tema para poner en discusión, primero hay que terminar con esta persecución boba de que cualquier tipo que plantee una discusión de este tipo quiere perjudicar a los trabajadores. Se debería tomar nota de que hay 51 % que están en la informalidad, hay una argentina que no genera trabajo”.

“En la última reforma no existía internet, por ejemplo. Hay nuevas modalidades de trabajo. Si seguimos haciendo lo mismo, va a seguir pasando lo mismo, es una vergüenza que jubilados y pensionados cobren 24 mil pesos”, criticó.

“Tenemos dirigentes sindicales que son empresarios y que están alejados de los intereses de los trabajadores. Cada vez estamos peor, hay que discutir cómo salimos de esta situación. Hay que animarse en Argentina a poner las cosas con su nombre sobre la mesa”, finalizó Randazzo.

El diputado nacional y presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia Leopoldo Moreau (FdT – Buenos Aires) habló sobre la citación al expresidente Mauricio Macri en la causa que se lo acusa por espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan y afirmó que “es probable que se niegue a declarar”.

En diálogo por FM La Patriada, Moreau aseguró: “Uno aspira a que el expresidente en este acto de ejercicio de su defensa responda las preguntas del juez y el fiscal sobre su responsabilidad en la práctica de este delito aberrante de espiar familiares de submarinistas que estaban enterrados a 200 metros al fondo del mar, pero es probable que se niegue a declarar o lo haga por escrito".

"Nadie niega que hubo espionaje, no lo discute ni el macrismo, el juez tiene en su poder elementos documentales como seguimientos, fotografías de familiares, capturas de pantalla”, manifestó y comparó que esas tareas de infiltración son “como llevaba Astíz en el Gobierno militar".

En ese sentido sumó: "El propio Macri tampoco lo niega. Cuando él iba a Mar del Plata a jugar al golf efectivamente redoblaban las tareas de espionaje". "El espionaje de ninguna manera está justificado. Se desarrolló desde diciembre 2017 a diciembre 2018 y en cualquier circunstancia, infiltraban gente en las misas de los familiares, sacaban fotos y no tiene nada que ver con las visitas presidenciales", sostuvo el diputado del FdT.

"El presidente es responsable de manera directa del sistema nacional de inteligencia, no hay intermediarios. Hay una responsabilidad subjetiva porque era usuario de informes de inteligencia ilegal y por lo tanto él sabía que era usuario de hechos delictivos", subrayó Moreau.

Sobre la marcha a favor de Macri, cuestionó que "es una bofetada a los familiares. Todo hecho de espionaje o te extorsión política de los tantos que hizo el macrismo, tiene una característica aberrante porque revictimiza a quienes están en una situación de dolor profunda".

Finalmente, sobre el aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner precisó: "Representó la oportunidad de hacer lo que no habían hecho gobiernos anteriores al desendeudamiento e la Argentina, mejor redistribución del ingreso, nacionalización de AFJP, políticas en materia de derechos humanos".

El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) se refirió este jueves a su proyecto de ley que propone ampliar la Corte Suprema de cinco a nueve miembros, y consideró que avanzar en esa línea hará que exista "una Corte independiente, que no sea la Corte de un gobierno, sino que sea la Corte para todos los argentinos".

"Tenemos que pensar en un proyecto que tenga una visión no para satisfacer los intereses momentáneos, sino una visión de futuro", opinó y resaltó que este "es un tema muy profundo y muy serio que siempre se lo trata de ligar a la politiquería del momento".

El puntano señaló que esta iniciativa, que presentó por tercera vez, "tiende a modernizar, a adaptar a los tiempos nuestra Constitución". "La mayoría de las Cortes de los primeros países del mundo tienen un número muy importante de miembros", indicó y detalló que "Estados Unidos tiene 9 miembros, Brasil 11, Colombia 23, Chile tiene 21 integrantes, Francia tiene 120 -dividido en salas-, y España tiene 80".

En esa línea, el legislador oficialista afirmó que nueve "es un número muy prudente", además de ser el contemplado originalmente: "La Constitución originaria, la de 1853, contemplaba en el artículo 91 una Corte de nueve miembros. Cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires en la reforma de 1860 se modifica este artículo y se deja en manos de la ley establecer el número, y la ley lo establece en aquella época en cinco".

En diálogo con Radio 10, el expresidente subrayó que este número también "permite tener en cuenta el federalismo y que haya una distribución regional, para que las diferentes culturas y particularidades tengan cabida en la Corte".

Asimismo, habló de la cuestión de la paridad de género. "La renuncia de (Elena) Highton de Nolasco nos pone en evidencia que la Corte va a quedar con cuatro miembros del sexo masculino. Entonces, ¿dónde está la paridad, dónde está la presencia de mujer?", enfatizó y recordó que en toda la historia "solo tres mujeres han sido parte de la Corte": Carmen Argibay, Margarita Argúas y Highton de Nolasco.

Al mencionar que en la década de los '90 la Corte poseía nueve integrantes, pero en 2006 volvió a cinco, Rodríguez Saá lamentó que este tema "siempre es mirado desde los vaivenes de la política del momento", cuando en realidad "tenemos que pensar en un proyecto que tenga una visión no para satisfacer los intereses momentáneos, sino una visión de futuro".

"Vamos a militar el tema para iniciar el debate" en comisiones, aseguró el senador, y apostó por "escuchar opiniones de las más diversas y tratar de encontrar un consenso". Además, apuntó que dentro del Consejo Asesor de Presidencia respecto temas judiciales, "existen otros proyectos de modificación" que "proponen 11, 15 y hasta 24 miembros".

Para el legislador, esta reforma "no tiene nada que ver con los temas que tenga en debate la Corte", sino que se trata de tener "una Corte que tenga mejor comprensión de la realidad".

"Además del regionalismo, de la paridad de género, tenemos que contemplar la especialidad de los miembros, tiene que haber civilistas, comercialistas, penalistas, constitucionalistas. Incluso en los tiempos modernos que vivimos, especialistas en medioambiente", continuó.

Por último, Rodríguez Saá insistió que "la Corte tiene que ser una expresión de la diversidad cultural que tiene Argentina" y tener "una dimensión, un volumen en los integrantes que nos garantice a todos los argentinos el derecho a la libertad y de la propiedad".