Por José Luis Ramón. El diputado nacional advierte la necesidad de contar con una Justicia especializada, debido al creciente poder económico y de lobby de las empresas.
Los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y los dos primeros de Alberto Fernández tienen algunos puntos en común, más allá de sus diferencias políticas. Uno de ellos se relaciona a que ninguno impulsó la creación de fueros especializados en derechos de usuarios y consumidores, quizá por falta de voluntad política, por desconocimiento o porque ninguno lo consideró importante.
Hace años asistimos a una fiesta de aumentos de la que sólo disfruta un pequeño grupo de empresas. El amiguismo es una continuidad entre un gobierno y otro, mientras los organismos de control siguen influenciados por las proveedoras y/o productoras, incumpliendo su función.
La crisis económica que hace años atraviesa nuestro país, sumado a las graves consecuencias de la pandemia y la concentración de las actividades, demuestran que establecer fueros especializados no es un tema menor. Recientemente tuvimos el ejemplo del ENACOM, sus idas y vueltas con relación a los aumentos tarifarios en servicios esenciales TIC. El organismo, lejos de posicionarse en defensa de los usuarios, facilita los incrementos y cede a las presiones empresariales.
Desde nuestra fuerza política, siempre luchamos por un mercado más justo y humano. Hace falta una justicia especializada y rápida, porque, como vemos hace tiempo, estas empresas se hacen justicia por sí mismas con sus bases de datos, su poder económico y de lobby. Los aumentos arbitrarios de DirecTV, Telecom, del impuesto automotor o las proveedoras de gas y electricidad son inaceptables.
Usuarios y consumidores gastan su tiempo y recursos reclamando a las diferentes empresas, y cuando pierden la paciencia – si tienen tiempo – acuden a Defensa al Consumidor. Pero ahí tampoco encuentran una respuesta favorable, porque esas oficinas no tienen poder real frente a una economía híper concentrada. Por eso, proponemos abogados gratuitos para los consumidores, y que los procesos se resuelvan rápido y de forma definitiva.
Otro abuso tiene que ver con la inflación en alimentos, que en lo que va del año fue del 17,23%. Es una locura si entendemos las necesidades de la ciudadanía. Por eso, para poner en pie de igualdad a los consumidores frente a las pocas empresas que acaparan la producción de bienes y servicios esenciales, debemos implementar un fuero del consumidor que tenga en cuenta las situaciones particulares de las personas. Hay que terminar con la indiferencia de los jueces frente a los problemas de los más débiles.
Es fundamental que los fiscales los defiendan en causas civiles y comerciales, controlando que no haya abusos en los procesos y que las protecciones dictadas por la Constitución Nacional sean efectivas. A eso podemos sumar fiscalías especializadas en delitos cuando afectan a grupos de consumidores (fraudes, robos, daños a la vida y a la propiedad). Así nos alejaremos del enfoque penal de los fiscales, dando prioridad también a las causas civiles.
Estas son las propuestas que impulsamos hace años desde el Congreso Nacional. Argentina necesita con urgencia de una justicia especializada para alcanzar un equilibrio verdadero, consumidores empoderados y PyMEs con mayor igualdad frente a las grandes empresas.
La senadora radical y el exministro de Justicia compartieron una videoconferencia en la que reflexionaron sobre los “retrocesos” en la materia.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR) y el exministro de Justicia Germán Garavano denunciaron el “desmantelamiento” de programas que mejoraban la asistencia a las víctimas de delitos y el acceso a la Justicia desde que el presidente Alberto Fernández llegó al gobierno. “Por el contrario, el kirchnerismo está empecinado en lograr la impunidad en todas las causas de corrupción”, subrayaron la legisladora y el exfuncionario nacional.
Elías de Pérez dialogó este martes con el exministro de Cambiemos a través de la plataforma Zoom y la charla fue transmitida en vivo por sus redes sociales. “El Gobierno debería estar ocupado y preocupado por una Argentina con 19 millones de pobres; con 4,5 millones de indigentes y más de 2 millones de personas desocupadas; por una pandemia que arrasa con la vida de muchos argentinos; por el 60% de los chicos debajo de la línea de pobreza. Además, los niveles de inseguridad en Tucumán y en muchas provincias son récord. Pero vemos que la agenda del Gobierno nacional en el Congreso no tiene nada que ver con los temas que les duelen a los argentinos”, sostuvo al inicio Elías de Pérez.
Tanto la senadora como el exministro Garavano fueron muy críticos con los proyectos de reforma judicial y del Ministerio Público Fiscal, que tildaron de inconstitucionales. Ambas iniciativas tienen media sanción del Senado y el Frente de Todos espera avanzar ahora con ellas en Diputados.
“Están empecinados en lograr la impunidad, que las causas de corrupción queden en una especie de pantano, que tiendan a desaparecer o cerrarse”, manifestó el exministro de Justicia, y agregó: “Hay una estrategia de dominar la Justicia, de apropiarse de ella. Los Kirchner lograron esto en Santa Cruz, incumplieron un fallo de la Corte Suprema, nunca repusieron al procurador de la provincia. Lograron tener una Justicia adicta que les permitió gobernar sin controles, con altísimos niveles de impunidad e inseguridad. Ahora intentan replicar este esquema de Santa Cruz a nivel nacional. Esto es lo peligroso de la ofensiva que lidera la vicepresidenta de la Nación y hoy tiene en el nuevo ministro Martín Soria un brazo ejecutor”.
“Los tucumanos sabemos lo que es la Justicia adicta, lamentablemente. En Tucumán este proceso va unos pasos adelante que a nivel nacional”, acotó Elías de Pérez, quien luego le preguntó por el “enorme retroceso” que se ha producido en la gestión de Fernández en materia de Justicia.
Garavano repasó el deterioro de varios programas “insignia” de su gestión. “Uno de los más críticos es el programa de Asistencia a las Víctimas de Delitos, donde se ayudaba a las víctimas de violencia de género, de agresiones sexuales, a las de la trata de persona y de todos los demás delitos. Este programa tenía funcionamiento en todos los Centros de Acceso a Justicia que hay a lo largo y ancho del país, pero está discontinuado”, dijo.
Según el exministro, “el Observatorio de Víctimas tuvo que trasladarse al Congreso para funcionar desde ahí, con el empuje que dieron María Luján Rey o Alberto Lebbos”.
También sostuvo que se le “quitó prioridad” a la Ley de Acceso a la Información Pública. “Esta ley creó una Agencia de Protección de Datos Personales y de Acceso a la Información Pública. Hoy, a quien era su director, una persona muy capacitada, se la corrió. Y quieren poner a cargo a una persona sin ningún antecedente que va a garantizar que el Gobierno siga sin compartir información pública”, sostuvo Garavano.
El exfuncionario de Macri también puntualizó que se han desarticulado los programas de la Oficina Anticorrupción que tenían como fin ejercer el rol de querellante en muchas causas. También hizo referencia a la “parálisis” en la construcción de cárceles. “Con el exgobernador Alfredo Cornejo logramos avanzar en la construcción de la Cárcel Federal de Cuyo, que la inauguramos en Mendoza. Lo mismo con cárceles en provincia de Buenos Aires, para reemplazar la cárcel de Devoto, que debe ser cerrada. Avanzamos en la construcción de la cárcel de Coronda en Santa Fe. Todos estos proyectos están en un limbo. Por el contrario, vimos una liberación masiva de presos, en lugar de trabajar en una mejor rehabilitación y tener lugares más adecuados”.
“El Programa de Justicia 2020, que fue reconocido por la OCDE, por las Naciones Unidas, también ha sido discontinuado. Tenía más de 60 mil participantes en todo el país, era un programa participativo y federal y ha quedado de lado. Lo único que vemos es la colonización de la Justicia y no de la mejora”, finalizó Garavano.
La senadora Elías de Pérez concluyó: “Lo que han discontinuado y dejado de lado son los programas que necesita la gente. Con respecto a las cárceles, vemos esto en Tucumán, donde hay colapso del sistema penitenciario, y en las comisarías tienen a los presos en situaciones catastróficas. Es un círculo vicioso. Lejos de poder reinsertar a alguien, se termina con lo opuesto”.
El organismo encabezado por Carlos Zannini exigió que se declare “invalido” el fallo de la Sala 4 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el cual mantiene la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires.
La Procuración del Tesoro de la Nación (PNT) presentó este lunes ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal un pedido para que se declare la inhibitoria de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa entre el Gobierno local y el Nacional al respecto de mantener la presencialidad de las clases en el distrito capitalino.
De esta manera, el organismo encabezado por Carlos Zannini exigió, además, que se declare la “invalidez” del fallo de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, el cual rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.
En su fallo el Tribunal había resuelto “hacer lugar a la queja interpuesta y, en consecuencia, admitir el recurso de apelación; disponer la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2°, párrafo tercero, del DNU y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires”.
Tras tomar conocimiento del fallo, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó la noticia a través de una conferencia de prensa, en la que aseguró que “tenemos que ser sumamente prudentes y llevar tranquilidad, especialmente a los más chicos. Sepan que esta decisión está basada en la evidencia, recogiendo la opinión de los expertos nacionales e internacionales y teniendo en cuenta el bienestar integral de las personas”.
Lo dictaminó el fiscal Diego Velasco, quien de todos modos pidió mantener veedores judiciales. La vicepresidenta está imputada por presunto lavado de dinero.
El fiscal de juicio Diego Velasco avaló el fin de la administración judicial de los bienes de Los Sauces ante el pedido que hizo la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, principal imputada en la causa por lavado de dinero a raíz del alquiler de viviendas a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, eso fue lo que dictaminó el fiscal tras el pedido de la defensa, y avaló que se dé fin a la intervención, aunque consideró que se deben mantener veedores judiciales que controlen los bienes de la titular del Senado.
Ahora, será el Tribunal Oral Federal número 5 el que resuelva si hace lugar a lo pedido por el abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, para avanzar con la restitución del control de los bienes y sociedades que están bajo la mira de la Justicia.
Lo dictaminado por el fiscal sólo es respecto al tramo de la causa Los Sauces, no así en Hotesur, donde Cristina Kirchner también es investigada por lavado de dinero y que conjuntamente se aguarda la realización de un único juicio por ambas causas.
Sobre Hotesur, el fiscal tuvo en cuenta que la empresa tiene problemas de pagos y cobro de deudas, sumado a que falta designar autoridades en el Directorio.
En tanto, la Unidad de Información Financiera (UIF) también fue invitada a opinar por parte del Tribunal, pero no lo hicieron y los plazos para hacerlo vencieron.
Ahora, la resolución queda en manos de los jueces Daniel Obligado, Adrián Grünberg y Adriana Palliotti.
Ambas causas tienen como principales imputados a la vicepresidenta; sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner; y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López; entre otros.
Aún no hay fecha de juicio por parte del Tribunal de las causas, que ya están radicadas allí desde principios de 2019.
En los dictámenes, que no son vinculantes, el fiscal avaló el cese de la intervención judicial sobre “Los Sauces” y “Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner”, que tiene un total de 17 inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, pero que continúe en “Hotesur”, firma dueña del hotel “Alto Calafate”.
Al justificar su opinión en Los Sauces, el fiscal Velasco aclaró que “los técnicos intervinientes (oficiales y propuestos por las partes) ya han dejado en claro el panorama ante los puntos solicitados por las partes” en cuanto a la realización de un peritaje contable que está en marcha.
Por eso valoró que “es conveniente el cese de la intervención judicial”, aunque con la intervención de dos veedores de la Auditoría General de la Nación para que “mantengan informado al Tribunal sobre el devenir de las personas jurídicas en cuestión y de los bienes del condominio, con prohibición de enajenación de bienes, activos no corrientes o repartición de dividendos”.
A la vez, reclamó que más allá de dar por terminada la intervención, los bienes deben seguir inhibidos.
Fue luego de que el flamante ministro de Justicia apuntara contra el procurador Casal. Legisladores de Juntos por el Cambio insisten en frenar el proyecto del oficialismo.
Diputados y senadores de la oposición rechazaron las declaraciones del flamante ministro de Justicia, Martín Soria, contra el procurador interino Eduardo Casal, y llamaron a rechazar la reforma del Ministerio Público en la Cámara de Diputados.
En declaraciones a El Destape Radio, Soria denunció que Casal “es insostenible” en el cargo ya que “hace más de tres años que no está respetando la ley”.
Respecto de la reforma del Ministerio Público, sostuvo que “es indudable que hay que buscar el consenso para sacar la ley” y que “es de imperiosa necesidad debatir este tema”.
Frente a estos dichos, el senador nacional y jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, remarcó que “la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal es esencial para el respeto a los derechos humanos de los argentinos”.
“Lamento y repudio el ataque del ministro al procurador general de la Nación. Todo el arco político debe rechazar la reforma a la ley de Ministerio Público”, consideró el legislador.
A su vez, el titular del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, advirtió que Soria “quiere que Diputados apruebe la ley K del Ministerio Público Fiscal que permite designar el procurador solamente con la mayoría peronista en el Senado, y modifica el jury para poner a tiro a los fiscales que no militan en el kirchnerismo”.
El cordobés sentenció que en el kirchnerismo están “obsesionados con la impunidad”.
Por su parte, el diputado del Pro Jorge Enriquez ironizó: “Debutó el ‘ministro de aprietes a la Justicia’ haciendo los deberes que le piden. Dice que la situación de Casal al frente de la Procuración es insostenible. Falso: lo sostiene la ley”.
Enriquez recordó que el pliego del candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas, se encuentra trabado en el Senado: “La falta de designación de un nuevo procurador se debe a las feroces internas del oficialismo. Que se pongan de acuerdo entre ellos, porque un país desgobernado de esa forma sí es insostenible”.
En el mismo sentido se expresó Paula Oliveto, de la Coalición Cívica: “Lo que no entiende Soria es que Casal es un funcionario de carrera y que quien no quiere aprobar el pliego del candidato propuesto por el presidente es su vice y su bloque. Tensionan las instituciones a lo patota, mientras los argentinos peleamos contra la pandemia y la crisis”.
Asimismo, el diputado radical Luis Petri consideró que “insostenible es la reforma al Ministerio Público Fiscal que impulsan, que no respeta la independencia con autonomía funcional que le otorga la Constitución”.
Tras exigir al oficialismo que retire el proyecto, Petri insistió: “Es clave el rechazo a la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal. Esa es la trinchera de la República. Ahí se detiene la embestida del kirchnerismo contra el procurador Eduardo Casal”.
La reforma propuesta por el oficialismo, que ya cuenta con aprobación del Senado y está pendiente de tratamiento en Diputados, flexibiliza la mayoría necesaria para nombrar al procurador (de dos tercios a la mitad más uno de los votos) y fija un límite de cinco años para ocupar el cargo, hoy vitalicio.
Al inicio de la sesión de este jueves, la Cámara alta conmemoró el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
El Senado conmemoró este jueves, al comienzo de la sesión especial, el 45° aniversario del golpe cívico-militar en Argentina, que se produjo este 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Jorge Taiana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, abrió el homenaje y recordó que el golpe que destituyó a Isabel Perón “no se dio en el vacío, sino en un contexto regional de alta competitividad, y es también parte de la Guerra Fría que conmovió al mundo y que trajo tantas víctimas”.
El senador oficialista señaló que así se instaló la Doctrina de Seguridad Nacional, con situaciones similares en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, “una cadena de gobiernos que, aferrados a esa doctrina, deciden -con apoyo de las principales potencias mundiales- someter a la democracia y desatar una represión de singular severidad”.
En Argentina, indicó Taiana, surgió entonces “el movimiento de Derechos Humanos basado en la sociedad civil, que venciendo el miedo logró un éxito extraordinario y que llevó a hacer conocer la situación del país en todas partes”.
El legislador del Frente de Todos recordó “la gestión de (Raúl) Alfonsín con el Nunca Más y el Juicio a las Juntas Militares”.
“Luego hubo retrocesos: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los indultos, pero la sociedad tuvo respuestas, siguió argumentando y a los 20 años una enorme manifestación mostró el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Entonces surgieron los Juicios de la Verdad y se alinearon paulatinamente los tres poderes del Estado”, destacó.
Por último, recordó al periodista y escritor Rodolfo Walsh, que fue secuestrado y asesinado un día como hoy de 1977.
Por su parte, la neuquina Silvia Sapag, del mismo bloque, cargó las tintas contra el rol del Poder Judicial en ese momento: “El robo de bebés, las desapariciones, las torturas, la violación de las embarazadas, el tirar personas dormidas al río desde los aviones, los fusilamientos, los saqueos, no eran motivo de preocupación por parte de la Justicia”.
Luego la senadora recordó las privatizaciones y, tras agregar que “hicieron fundir a YPF”, aseguró: “Ese fue el gran saqueo que vivimos en la dictadura, ayudado por los medios de comunicación, tanto en aquella época como en esta”.
En ese sentido, cuestionó que el diario La Nación no haya incluido en su tapa de este miércoles ninguna mención al tema, mientras que Clarín tituló con los vínculos de militares con Estados Unidos. “Se sacan el sayo porque son responsables, ayer del genocidio y hoy de las fake news”, lanzó.
Sapag habló de su situación personal y reveló que sus dos hermanos -militantes de Montoneros- y su cuñada fueron víctimas de la dictadura.
“Ahora ya no es la muerte, pero sí la prisión; sino veamos los casos de Amado Boudou, de Milagro Sala, que exhibió que con la mitad de la plata se pueden hacer las viviendas que otros pretenden hacer con mucho más; y a Boudou no le perdonan que el ahorro de los trabajadores argentinos, que estaba en manos de empresas privadas, vuelva nuevamente a manos del Estado”, comparó.
Por su parte, el radical Julio Cobos, recordó el momento del golpe, cuando era estudiante de Ingeniería: “Tengo grabado a fuego que estábamos viendo un amistoso de Argentina cuando comenzaban a enumerarse los comunicados del Proceso de Reorganización Nacional, que implicaba la pérdida del Estado de Derecho: la desaparición del Poder Legislativo, una Justicia a medias y todo el poder concentrado en la Junta de Comandantes”.
También advirtió que la dictadura “no sólo se dedicó a quitar vidas, a perseguir, a torturar, sino también a apropiarse de bienes, a destruir nuestra economía nacional, que nos está costando mucho recuperar”.
En ese marco, destacó la “figura indiscutida” de Alfonsín, “el único político que se oponía a la Guerra de Malvinas, y uno de los pocos políticos valientes que presentaban hábeas corpus”.
En su primera sesión del período ordinario, la Cámara alta dio acuerdo a jueces, camaristas y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo, entre ellos el del exbogado de Cristina Kirchner Roberto Boico.
En un breve pero encendido debate donde el Frente de Todos renovó sus críticas hacia el lawfare, el Senado avaló este jueves 22 pliegos de candidatos a jueces, camaristas y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo, entre ellos el del exbogado de Cristina Kirchner Roberto Boico en la Cámara Federal.
El oficialismo contó con el apoyo extra de la neuquina Lucila Crexell, la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck, mientras que en Juntos por el Cambio la mayoría de los senadores acompañaron todos los pliegos con la única excepción de Boico.
Sin embargo, algunos integrantes del interbloque presidido por Luis Naidenoff se abstuvieron en todo el paquete: fueron Martín Lousteau, Esteban Bullrich, Gladys González, Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay. “Con la salida de (Marcela) Losardo y esta embestida contra la Justicia no podemos acompañar los pliegos, pero tampoco podemos votar negativamente cuando en el paquete puede haber buenos jueces”, argumentaron fuentes de ese grupo.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, señaló que el Senado cumplió con el procedimiento constitucional correspondiente para atender esos pliegos, destacando que “desde que asumió la presidencia Alberto Fernández se acabaron los artilugios que cubrían vacantes con jueces amigos a través de las diferentes formas, evadiendo el mandato popular”.
“Hemos tenido una semana bastante movida en términos de cuestionamientos a la administración de justicia en la Argentina. Hemos podido ver cómo se lleva adelante un juicio oral y público en nuestro país y cómo se han comenzado a caer varios velos respecto de lo que nosotros decimos que es una persecución judicial para aquellos que intentaron, a través de un gobierno popular, defender los intereses de la Nación argentina”, aseguró.
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En otro pasaje de su discurso, Fernández Sagasti reclamó “reglas que exijan a la Justicia comprometerse con la perspectiva de género”, ante lo cual anunció la presentación de un proyecto “para aquellos casos de jueces o juezas que hayan demostrado mediante declaraciones públicas o mediante sentencias una falta de perspectiva de género”.
“Debemos pensar entre todos cómo vamos a hacer para que nunca más haya un caso Micaela en la Argentina”, expresó.
Luego señaló que “cada vez que se habla de nuevas normas para el Poder Judicial, todo es teñido por los medios de comunicación” con la sensación de que se busca “tratar de evadir la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos con la Justicia” cuando en realidad es “todo lo contrario”.
Otra oficialista, María de los Ángeles Sacnun, recordó que “en la campaña presidencial de 2019 el presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de llevar adelante una profunda transformación de la Justicia, el poder menos democrático de los tres poderes del Estado” porque no es sometido al voto popular.
Sacnun habló del proyecto de reforma judicial que se encuentra trabado en la Cámara de Diputados y cuestionó la actitud de la oposición por haberlo criticado “sin antes conocer los términos”. “Están muy cómodos con esta Justicia que no le da respuesta a los ciudadanos”, lanzó.
La santafesina también se refirió al caso del juez de la Cámara de Casación Juan Carlos Gemignani, quien -según se conoció- envió un mensaje ofensivo a un chat judicial en el marco del Día de la Mujer, situación que fue puesta en evidencia por la propia vicepresidenta Cristina Kirchner.
Para Sacnun, “es una vergüenza que un juez de Casación haya hecho lo que hizo y que no haya ningún planteo de sus pares” salvo el de otras dos integrantes de Casación, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, quienes pidieron al presidente del tribunal, Gustavo Hornos, que ordene certificar el contenido del chat.
La legisladora se preguntó, a su vez, “qué hizo el juez Hornos visitando a (Mauricio) Macri en seis oportunidades previo al dictado de resoluciones en sus causas”.
Advirtió que además de “la persecución a opositores”, también se busca “disciplinar a la política” e “interferir sobre los procesos electorales para tratar de llevar agua a su molino”, y por último reclamó un Poder Judicial “independiente no solo del poder político, sino también del económico, el mediático y los demás poderes”.
Luego fue el turno de Oscar Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, quien redobló la carga contra la gestión anterior. En primer lugar, recordó los casos de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, Eduardo Freiler y Carlos Rosanski, “jueces a los cuales persiguieron y amedrentaron”.
También se refirió al caso de “la familia Mahiques: uno era representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, otro era fiscal acusador de Cristina Kirchner y otro era juez, y todos entraron por la ventana”.
Finalmente, José Mayans, jefe del bloque oficialista, habló de la causa denominada “dólar futuro” y resaltó que “la vicepresidenta destruyó todos los argumentos de una causa absolutamente armada que están viendo si llevar a juicio oral, algo que no tiene ni un milímetro de sustento”.
Será la primera sesión del período ordinario. Entre los pedidos de acuerdo de jueves, camaristas y defensores se encuentra el de Roberto Boico, exabogado de Cristina Kirchner. También se renovarán las sesiones virtuales por otros dos meses.
El Senado realizará este jueves desde las 14 su primera sesión del período ordinario, en la que se renovará por otros dos meses el sistema de funcionamiento virtual y se votarán 22 pliegos de candidatos a jueces, camaristas y defensores, entre ellos el de Roberto Boico, exabogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En primer término, los senadores aprobarán el decreto 5/21, que lleva la firma de la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala, y que prorroga por 60 días “la realización de sesiones del H. Senado de la Nación en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional” por la pandemia del Covid-19.
El esquema seguirá como hasta ahora, es decir, la mayoría de los legisladores podrán participar de las sesiones y reuniones de comisión desde sus domicilios particulares, sus oficinas o bien desde dependencias oficiales.
El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en calidad de mayoría y primera minoría, podrán contar con seis senadores presentes cada uno en el recinto durante las sesiones, mientras que al Interbloque Parlamentario Federal le corresponderán dos como segunda minoría, y uno a los bloques restantes.
En la sesión también se votarán 22 pedidos de acuerdo para ocupar vacantes en el Poder Judicial, que obtuvieron dictamen favorable en la comisión presidida por Anabel Fernández Sagasti en las jornadas que se realizaron los días 25 y 26 de febrero.
Entre los pliegos figura el de Boico, exabogado de Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli en la causa del Memorándum con Irán, y ahora propuesto como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal.
A continuación, el listado completo de pliegos que votará el Senado:
En un comunicado, el bloque presidido por José Mayans denunció que la Justicia actúa como “brazo ejecutor de la estrategia macrista de persecución, difamación y destrucción” del actual oficialismo.
Los senadores del bloque del Frente de Todos salieron en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa denominada “dólar futuro” y vincularon el accionar de la Justicia al proceso electoral de este año.
En un comunicado, el bloque presidido por José Mayans se preguntó “cuál es la verdadera razón por la que los jueces intervinientes se resisten a cerrar esta causa absurda”.
“La respuesta es simple: estamos a pocos meses de las elecciones de medio término en nuestro país y hay un sector de la Justicia decidido a repetir, una vez más, la práctica de manipulación e intromisión del Poder Judicial en los procesos electorales, actuando como brazo ejecutor de la estrategia macrista de persecución, difamación y destrucción de nuestro espacio político”, denunciaron.
Los legisladores repudiaron “el accionar de un sector de la Justicia y de los medios de comunicación hegemónicos que, en forma articulada, continúan ejecutando una condenable persecución judicial y mediática contra nuestro espacio político en general y contra la vicepresidenta de la Nación en particular”.
“Sin dudas, el hecho de que las personas acusadas en esta causa no hayan sido aún sobreseídas en la misma constituye una verdadera aberración jurídica que vulnera las más elementales nociones de justicia”, interpretaron.
En ese sentido, repasaron los resultados de la pericia realizada por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia y aseguraron que “derrumba con contundencia cada uno de los argumentos esgrimidos por los denunciantes y por el juez (Claudio) Bonadio en el auto de procesamiento”.
También señalaron, al igual que lo hiciera la propia Cristina en su descargo, que “quienes se beneficiaron con las operaciones del dólar futuro fueron los amigos y exfuncionarios del expresidente Macri y las empresas vinculadas a su familia, luego de la brusca devaluación que ellos mismos decidieron e instrumentaron”.
“Estamos ante una decisión de polı́tica económica que no constituye una cuestión justiciable. Sin embargo, en esta Argentina del lawfare permanente, parece que hay que explicar hasta las cuestiones más obvias ante algunos jueces que han olvidado que su rol es el de aplicar la Constitución Nacional y las leyes vigentes”, se quejaron los senadores oficialistas.
Por último, remataron con un mensaje a los jueces: “Si quieren participar en política, deberían renunciar a sus cargos en el Poder Judicial y someterse al voto popular, tal como lo hacemos nosotros”.
Dijo que “tienen que dejar de mirar para otro lado” en los casos de violencia de género y femicidios. La vicepresidenta redobló así sus críticas al Poder Judicial.
La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar contra jueces y fiscales en el marco del Día Internacional de la Mujer, y les pidió que “dejen de mirar para otro lado” en los casos de violencia de género y femicidios.
“Para avanzar con el cambio cultural que está protagonizando el colectivo feminista de nuestro país necesitamos el compromiso de todos los poderes del Estado”, sostuvo Cristina en su cuenta de Twitter.
Acto seguido, advirtió que “para erradicar la violencia machista y los femicidios, jueces y fiscales tienen que dejar de mirar para otro lado”.
De ese modo, la titular del Senado renovó sus críticas al Poder Judicial, tras el fuerte descargo de la semana pasada ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa denominada “dólar futuro”.
En esa oportunidad, Cristina volvió a hablar de lawfare y denunció que el Poder Judicial está “podrido” y que es “perverso”, entre otras duras acusaciones que incluyeron a la gestión anterior por la deuda contraída con el FMI.
“El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos, cuando ustedes como jueces y fiscales se quedan sentados y no hacen nada”, lanzó Cristina ante el tribunal.
Para el diputado del Frente de Todos hubo una “mala interpretación” del mensaje presidencial, y habló de la facultad del Congreso para dictar leyes que regulen el funcionamiento del Poder Judicial.
El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau aclaró este miércoles que en el Congreso todavía “no hay ningún proyecto vinculado a la creación de una comisión bicameral”, y señaló que se dio un “mal entendido” y se están formando “opiniones sobre algo que todavía no existe”.
Pese a que el senador oficialista Oscar Parrilli y la propia ministra de Justicia, Marcela Losardo, hicieron referencia al tema, Moreau consideró que existió “una interpretación equivocada” de las palabras del presidente Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa.
El legislador recordó que el mandatario pidió “acentuar una tarea que está rubricada en la Constitución, que es la tarea del control cruzado con el Poder Judicial”. Por eso, explicó que el Poder Judicial controla “tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo respecto a la constitucionalidad de la normas que se dictan”, mientras que “el Congreso tiene la facultad de dictar leyes vinculadas a la actividad del Poder Judicial”.
“Como un ejemplo extremo, si el Congreso el día de mañana sale diciendo ‘no hay más Código Civil’, no hay más Código Civil”, graficó, y agregó que el Parlamento se encarga de dictar las leyes orgánicas e incluso “la composición de la propia Corte se puede ampliar, se puede achicar, también por mayorías simples en el Congreso. Eso se llama control cruzado”.
En diálogo con radio Futurock, el oficialista indicó que ” ya existen comisiones de control y seguimiento, como la del Ministerio Público”. Entonces, consultado sobre si era un “error” hablar de una nueva comisión, respondió: “En realidad sí, por lo menos hasta ahora nadie ha promovido eso”.
Lo que sí reiteró Moreau es su opinión de que “es absolutamente imprescindible una reforma amplísima del Poder Judicial, porque salta a la vista que está funcionando muy mal”.
“La Corte Suprema parece una especie de poder monárquico“, criticó y apuntó que los jueces del máximo tribunal “gozan de privilegios extraordinarios respecto al resto de los ciudadanos”.
Para el diputado hace falta “una reforma profunda”, pero “los que se oponen es porque se oponen a todo lo que signifique remover privilegios”. “Hay que seguir trabajando, hay que seguir convenciendo, tratar de dar respuesta a las demandas que tiene la sociedad”, agregó.
Y volvió a disparar contra la Corte, al sostener que “se ha transformado en una especie de gobierno paralelo” y “apunta a veces incluso al corazón de decisiones tomadas por el Parlamento en el ejercicio soberano de su función. Carece absolutamente de prestigio”.
Desde la bancada opositora señalaron que sí debería crearse una comisión, pero para investigar “el uso de privilegios para el acceso a las vacunas”.
Diputados del interbloque Juntos por el Cambio ratificaron su rechazo a la creación de una comisión bicameral que controle al Poder Judicial, luego que el presidente Alberto Fernández le pidiera al Congreso, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, asumir “el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial” como “lo prevé nuestra Constitución”.
A través de un comunicado difundido este miércoles, la bancada opositora que conduce el cordobés Mario Negri lamentó “escuchar que el oficialismo pretenda crear una comisión legislativa para controlar a la Justicia, no sólo porque sería abiertamente inconstitucional, sino porque además demuestra que la principal preocupación del Poder Ejecutivo es amedrentar a jueces y fiscales para garantizar la impunidad en nuestro país”.
“Vemos a un Gobierno alejado de los problemas reales de los argentinos que no acceden a las vacunas, que no pueden retomar sus trabajos al ver limitada su movilidad por las restricciones en el transporte público, de las miles de PyMEs que cerraron sus puertas, de millones de mujeres que no pueden reinsertarse en el mercado laboral teniendo que hacer malabares para que sus hijos recuperen apenas algunas horas de presencialidad escolar y de los millones de nuevos pobres y desocupados que dejó la pandemia. Esto es lo que preocupa a los argentinos, que aún no saben cuál es el plan de vacunación que nos permitirá recuperar la normalidad”, cuestionaron.
Para los legisladores del Pro, la UCR y la CC-ARI, “si el oficialismo quiere crear una comisión, en lugar de pensar en controlar la Justicia, lo invitamos a apoyar nuestra propuesta para monitorear la transparencia de un plan de vacunación que nos devuelva previsibilidad y tranquilidad a todos los argentinos”. “Sostenemos que la única comisión que debería proponer el Gobierno es la que investigue el uso de privilegios para el acceso a las vacunas”, concluyeron.
El diputado oficialista se preguntó “por qué no podemos conocer de lo que hablaba” el expresidente con un funcionario judicial.
El diputado nacional Martín Soria (Frente de Todos) se refirió este miércoles a la intención del oficialismo de crear una bicameral que controle al Poder Judicial, tras el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. Y, en ese sentido, consideró que la comisión podría investigar “cuántas veces un periodista fue junto a un juez o un fiscal” al despacho del expresidente Mauricio Macri.
El rionegrino cuestionó que desde la oposición “se escandalizan” por la propuesta, cuando durante el gobierno de Cambiemos “los que atentaban contra la justicia eran los que invitaban a los jueces y a los fiscales al despacho de Macri. La verdad que es una impunidad total”.
“A través de la historia parlamentaria han habido muchas bicamerales. Recordemos caso IBM Nación, la AMIA, la bicameral permanente que controla y fiscaliza a los fiscales, al Ministerio Público Fiscal. Y, ¿por qué no podemos crear una comisión bicameral permanente integrada por diputados y senadores que investigue la posible comisión de delitos contra la independencia del Poder Judicial? Independencia judicial que ellos se llevaron por delante, se llevaron puesta”, expresó el legislador en diálogo con Radio 10.
Para el oficialista, “son muchas las funciones que puede tener” la bicameral, aunque aclaró -en línea con lo dicho por la ministra Marcela Losardo- que “lo que no se puede hacer en una comisión obviamente es sancionar magistrados, que es una de las funciones de tiene el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento”.
“Pero de ahí en adelante, podemos investigar muchas cosas -prosiguió- ¿Cuántas veces fue un periodista junto con alguno de estos jueces o fiscales a solas a reunirse en el despacho del presidente Macri? ¿Por qué no podemos investigarlo? ¿Qué tienen miedo que se conozca? Ojo, muchas de estas cosas ya las estamos conociendo, ¿no?”.
Y recordó que en diciembre pasado, a través de las redes sociales, se reveló que “(Ricardo) Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, compartió una reunión con Macri y con el periodista Joaquín Morales Solá”.
“¿Qué tienen miedo? ¿Qué le preguntemos de qué hablaron en esa reunión? A ver, es obvio de lo que hablaron, porque días más tarde aparecieron las escuchas ilegales de Cristina (Kirchner) y (Oscar) Parrilli. Escuchas privadas que no tenían nada que ver con ninguna investigación penal. Bueno, ¿por qué no podemos conocer de qué hablaba en esa reunión con el expresidente con un funcionario judicial?”, completó Soria.
“Eso no es constitucional”, aclaró la ministra de Justicia y dijo que las atribuciones apuntan a “analizar” el funcionamiento del servicio de justicia y proponer iniciativas para mejorarlo.
El rol de la Justicia volvió a estar en el centro de la escena tras el mensaje del presidente Alberto Fernánez ante la Asamblea Legislativa, y en las últimas horas por la propuesta de crear una comisión bicameral de control del Poder Judicial, que el senador Oscar Parrilli salió a anunciar.
Sobre el tema se refirió este miércoles la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, quien señaló: “Lo que el presidente planteó, y está muy bien que lo pida, es que el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial. Esto es lo que plantea nuestra Constitución en un poder republicano y democrático”.
“Ese control no significa interferir en las decisiones, sino para que se respete el equilibrio de poderes”, sostuvo la funcionaria y dijo que la comisión funcionaría como “un órgano de asesoramiento, no permanente, creado para el estudio de un asunto determinado”.
La ministra aseguró que “en caso de que ocurra (la creación), porque eso es una decisión del Congreso, será para analizar o estudiar el funcionamiento del Poder Judicial dentro de las atribuciones. Podría convocar una audiencia pública para que los jueces informen sobre su gestión, pero todo eso para un mejoramiento de la justicia”.
Losardo también explicó que la bicameral podrá “elaborar propuestas legislativas”, pero aclaró que no tendrá atribución para sancionar a jueces: “No puede, eso no es constitucional. Eso le corresponde al Consejo de la Magistratura y al jurado de enjuiciamiento”.
Por otra parte, la funcionaria reclamó que están “a la espera” de la sanción del proyecto de reforma judicial en la Cámara de Diputados para “reordenar el sistema federal”. “Creemos que la Justicia tiene que cambiar, tiene que mejorar. No toda. Está lleno de jueces que son probos, honestos y trabajan”, prosiguió.
En declaraciones a radio El Destape, la titular de la cartera de Justicia enfatizó que la vía para “mejorar el sistema judicial” es por “el camino de las instituciones”. En ese sentido, criticó la postura de la oposición.
“Siempre estuvimos dispuestos a aceptar cambios, pero siempre nos encontramos con una pared”, expresó y rechazó que la iniciativa ni siquiera se debata. “Todavía no lo habíamos enviado y se hablaba del proyecto para la impunidad de la vicepresidenta. Después dijeron que el presupuesto era mucho, después de por qué lo presentamos en pandemia. Siempre hubo un no”, agregó.
Entonces, Losardo consideró que “algunos quieren seguir y están cómodos como están ahora, parte de la oposición seguro. Todo lo que se quiera hacer para mejorar, para transparentar el servicio de Justicia es lo que siempre se traba, entonces me pregunto, ¿algunos quieren una Justicia transparente, proba?”.
Consultada respecto de las causas que involucran a la vicepresidenta, la ministra prefirió no hablar específicamente de alguna, pero sí afirmó que “hay muchas causas judiciales que tienen un montón de vicios y que tienen un montón de cuestiones que no fueron atendidas, y no se ha hecho nada”. “La llamaron una vez a ocho indagatorias en un día. ¿A alguien le pasó eso? La vicepresidenta es una persona que siempre ha estado a derecho”, completó.
Fue uno de los proyectos enumerados por el presidente durante la Asamblea Legislativa. Cuáles fueron las recomendaciones de los expertos en cuanto a la integración y el funcionamiento del órgano encargado de nombrar y remover jueces.
Entre los anuncios judiciales que realizó ante la Asamblea Legislativa el presidente Alberto Fernández, anticipó que enviará este año al Congreso un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, en base a las recomendaciones de la comisión de juristas que trabajó el año pasado y entregó un informe al Gobierno.
En su discurso de apertura de sesiones, el presidente sostuvo que el órgano encargado de designar y remover jueces “debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación” de los magistrados, y agregó que “este es un reclamo que la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo hace años”.
Además, sostuvo que “debemos despolitizar ese ámbito para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”.
Fernández se refería, puntualmente, a la integración actual del Consejo, en la cual de los 13 miembros, siete pertenecen al estamento político (tres diputados, tres senadores y un representante del Poder Ejecutivo), sumados a tres representantes de jueces, dos de los abogados y uno del sector académico.
Para aprobar las ternas de jueces que serán enviadas al Poder Ejecutivo y para abrir el Jurado de Enjuiciamiento con el fin de destituir a un magistrado, se necesita una mayoría de dos tercios, es decir, nueve votos.
Ante la preponderancia de la representación política, la comisión de juristas que trabajó el tema por orden de Fernández propuso modificar la integración del Consejo ampliándola a 16 integrantes, con cuatro representantes por cada sector, es decir, por partes iguales.
En su mayoría, los expertos sugirieron que con este esquema el presidente tenga doble voto en caso de empate, y que además la presidencia sea ejercida de forma rotativa entre todos los estamentos por el plazo de un año y con alternancia de género.
Además, los especialistas recomendaron que el quórum sea de la mitad más uno de los miembros; que todos los consejeros tengan dedicación exclusiva a esa función; y que para su selección se contemple la paridad de género y el federalismo.
En cuanto al mandato, aconsejaron mantener los cuatro años con posibilidad de renovar por otro período, mediando un intervalo; y por otra parte, propusieron la realización de audiencias públicas para que los futuros consejeros sean conocidos en sociedad.
Por último, los juristas llamaron a reducir la planta permanente y limitar la cantidad de asesores por consejero; y establecer una cantidad mínima de reuniones periódicas -en función de que tendrían dedicación exclusiva-, con posibilidad de hacerlas de modo virtual.
La comisión que asesoró ad honorem al Gobierno estuvo integrada por Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini, Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera y Omar Palermo.
En varias de las consideraciones sobre el Consejo de la Magistratura, las juristas Kogan y Weinberg de Roca no formularon opinión, y en otras marcaron disidencias.
Cabe recordar que en diciembre de 2017, el presidente Mauricio Macri envió al Congreso su propio proyecto de ley para reformar el Consejo, en el marco del programa Justicia 2020 que encabezaba el entonces ministro de Justicia Germán Garavano.
En esa iniciativa, el gobierno anterior también proponía ampliar el organismo llevándolo a 16 integrantes. ¿De qué modo? Incorporando un juez y dos abogados más -es decir, cuatro representantes por cada uno de esos estamentos- y manteniendo el número de consejeros políticos y al único académico.
Actualmente, el Consejo de la Magistratura es presidido por Diego Molea, del sector académico, y lo integran además los diputados Vanesa Siley, Pablo Tonelli y Graciela Camaño; los senadores Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Silvia Giacoppo; Gerónimo Ustarroz en nombre del Poder Ejecutivo; Alberto Lugones, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta en representación de los jueces; y Diego Marías y Carlos Matterson por los abogados.
El senador del Frente de Todos, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo que tuvo “satisfacción” por el discurso de Alberto Fernández.
El senador nacional Oscar Parrilli aseguró que el presidente Alberto Fernández sugirió la creación de una comisión bicameral que controle a la Justicia, en referencia al tramo del discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa cuando pidió que el Congreso “asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial” como “lo prevé nuestra Constitución Nacional”.
“Me satisfizo plenamente el discurso del presidente, que abordó con toda crudeza y realidad los problemas que tiene Argentina. No solamente los que vienen de la tierra arrasada que nos dejó el macrismo, sino con la pandemia”, sostuvo este martes el neuquino.
Para el legislador del Frente de Todos, el Poder Judicial “es el poder del Estado más desprestigiado que existe” y “además de todos los males que tenemos como consecuencia de la acción del macrismo en la Justicia, tenemos fallas estructurales que le complican la vida al ciudadano común”.
“El presidente lo que dijo es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde, habló de un rol cruzado de control de los poderes, y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, debatir, discutir y que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial”, señaló en diálogo con radio El Destape.
Parrilli consideró que esa comisión también debería abordar “qué cambios hay que hacer para tener una Justicia que le sirva a la gente y sea independiente, que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie, ni del poder económico, político y mediático de ninguna naturaleza”.
“Ha sido una descripción muy acertada la que ha hecho (el presidente), me llena de satisfacción”, reiteró y, consultado sobre si por esa bicameral tendrían que pasar jueces y fiscales a rendir cuentas, expresó: “Esperemos que así sea y que concurran, estamos acostumbrados a fiscales rebeldes que no se presentan ante la Justicia”.
En ese sentido, el oficialista apuntó contra el procurador interino, Eduardo Casal, que “sigue cubriendo” al fiscal Carlos Stornelli. “Yo estoy preparando una presentación para saber en qué estado están los dos pedidos de juicio político que le hice a Stornelli, uno en mayo del año pasado y otro en diciembre. Uno que tenía que ver por su actuación en la causa de los cuadernos, con la extorsión a los testigos, y el otro fue por la confirmación de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que ratificó el procesamiento por espionaje que había hecho a abogados, colegas y empresarios”, describió.
Y agregó: “Tenemos un fiscal prófugo que actúa. Como dijo ayer el presidente, inventaron una teoría del poder residual para meter presos a personas inocentes y algunas personas que tienen poder real siguen funcionando. Es una cosa digna de toda perplejidad”.
Sobre el Tribunal Federal de Garantías que Alberto Fernández anunció buscará consensuar su creación con los gobernadores, Parrilli opinó que “sería un organismo muy federal, equilibrado, moderado, participativo y amplio”. “Vamos a esperar el proyecto para analizarlo y si nos puede ayudar a tener una justicia más creíble y más cerca de la gente”, completó el titular de la Comisión de Justicia del Senado.
El presidente dijo que enviará al Congreso una iniciativa sobre el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte y otro para reformar el Consejo de la Magistratura.
Un largo tramo de su discurso le dedicó el presidente Alberto Fernández al tema de la Justicia, y afirmó que “la reforma del Poder Judicial en su más amplia dimensión” es “una demanda impostergable de la sociedad en su conjunto”.
“Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien. Hablo como lo que soy. Un hombre que se ha criado en el mundo del derecho, que enseña a respetar la institucionalidad de la República y la vigencia de los valores democráticos”, comenzó.
El jefe de Estado recordó que cuando asumió habló de la “convicción de la necesidad de cambiar el funcionamiento del sistema judicial” porque “el Poder Judicial de la Nación está en crisis”. “Es el único poder que parece vivir en los márgenes del sistema republicano. Sus miembros -jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios- disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”, apuntó.
“Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las Ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”, agregó.
En referencia al fiscal Carlos Stornelli, Fernández cuestionó que “en la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su ‘poder residual’ pudiera afectar la investigación. Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente”.
“También observamos como sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara”, enfatizó.
Y señaló que “algún miembro de este Congreso Nacional detectó la visita de jueces de la Casación al entonces presidente Macri, justamente días antes de dictar sentencias contra sus opositores políticos y solo una voz aislada de ese tribunal se alzó reclamando explicaciones. El resto lo amparó bajo el manto del silencio”.
“En este año también hubo decisiones judiciales llamativas. Como un per saltum que le asignó extrema gravedad al traslado de dos jueces ignotos”, dijo en alusión a Leopoldo Brugli Pablo Bertuzzi.
El presidente le pidió al Congreso “con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución Nacional”. “Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado”, continuó.
En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el mandatario reprochó que “vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca”.
“Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”, enumeró.
En ese sentido, le solicitó a la Cámara de Diputados que “debata” y “apruebe” el proyecto de reforma judicial, al igual que la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Fernández expresó que, tras recibir un informe del consejo de juristas que lo asesoró, decidió enviar al Parlamento un proyecto “que ver con el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia da la Nación”. “Propondremos reformas a efectos de establecer la exacta competencia del máximo tribunal consistente en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias. Propiciaremos también que las cuestiones vinculadas a lo que jurisprudencialmente se ha denominado ‘arbitrariedad’ sean exactamente definidas para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa”, explicó.
Por otra parte, mencionó una iniciativa “que reglamente adecuadamente el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial”. También “un proyecto de ley que reformule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como órgano constitucional que debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina. Este es un reclamo que la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo hace años”.
Sobre esta propuesta, el presidente opinó que “debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados, lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”.
Además, el mandatario aseguró que consultará a los gobernadores por la “aplicación del artículo 125 de la Constitución Nacional” ya que “nuestra idea es promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”, afirmó. “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”, sostuvo.
“Finalmente, propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal”, anunció.
En dos audiencias convocadas para este jueves y viernes a las 10.30, la Comisión de Acuerdos evaluará a los postulantes del Ejecutivo.
La Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti, se reunirá este jueves y viernes a partir de las 10.30 para tratar 22 pliegos de candidatos a jueces, camaristas y defensores oficiales propuestos por el Poder Ejecutivo.
A continuación, la nómina de pliegos a tratar el jueves:
A continuación, la nómina de pliegos a tratar el viernes:
Así se expresó el senador kirchnerista al referirse a la no aprobación en Diputados de la reforma judicial y la del Ministerio Público.
El senador nacional Oscar Parrilli la emprendió duramente contra “aliados” del Gobierno que están frenando la reforma judicial. Aprobado en la Cámara alta hace varios meses, el proyecto está “cajoneado” en la Cámara baja, donde no está el número para aprobarla. A juicio de Parrilli, por esos aliados que terminan siendo “cómplices del macrismo”.
Entrevistado por Futuröck, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado remarcó que “en el Senado hemos cumplido” con la aprobación de esa norma. Ahora “la pelota está en el campo de juego de los diputados y son los que tienen que tratarla”.
Parrilli buscó las razones de la no aprobación de esa norma en que “hay algunos legisladores aliados nuestros que hasta ahora no dan el OK para sancionarla. Y con esto están siendo de alguna manera cómplices con el macrismo en mantener un procurador fiscal absolutamente irregular, macrista, y que lleva adelante estas políticas y que permite que este lawfaree siga vigente”.
Parrilli no aclaró a quienes se refería como “aliados”. Si a los miembros de la oposición fuera de Juntos por el Cambio, o tal vez a los propios aliados del kirchnerismo que forman parte del Frente de Todos. Pero quedó claro por sus dichos que no solo se refería a la reforma judicial, sino también a la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, también frenada en Diputados y con media sanción del Senado.
El senador neuquino aseguró que “la ilegalidad que instauró Macri en Argentina con la actividad de extorsión y condicionamiento para perseguir a dirigentes políticos en muchos sectores de la Justicia sigue vivito y coleando”.
“Y esta ilegalidad se ha transformado en una suerte de garantizar la impunidad de los funcionarios macristas”, agregó.
Por Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad y presidenta del Pro sostiene que existe “una insalvable brecha” entre los honestos y los corruptos. Y que esta, “definitivamente, no es la Argentina que merecemos ni la que merecen nuestros hijos y nietos”.
Por más que quieran vendernos que en la Argentina hay oportunidades para todos, no es verdad.
Lamentablemente, en un solo territorio coexisten dos realidades bien diferentes: el país de los ricos y el de los pobres, el de los privilegiados y el de los olvidados, el de los corruptos y el de los honestos.
Es en este último es en el que vemos las diferencias más atroces, ya que quienes trabajan todos los días, que no duermen 8 horas desde hace años para llevar el pan a su casa, que no roban ni delinquen, son los que tienen menos beneficios.
Sin embargo, aquellos que no dudaron en quedarse con lo que no les era propio gozan de sentencias que pueden cumplir en sus mansiones o, como en el caso de Amado Boudou, de una reducción en su condena gracias a realizar cursos diversos.
Por el caso Ciccone, Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de cárcel. Ahora, le quitan 10 meses. Esta causa en particular es, sin dudas, una tomada de pelo a la sociedad toda.
Recordemos que en 2012 el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, presentó su renuncia al cargo luego que Boudou (por esos tiempos vicepresidente de la Nación) realizara una denuncia contra el estudio jurídico que integraban su esposa y su hijo.
Una vez que fue llevado al penal, logró la prisión domiciliaria por riesgo de Covid 19, sin ser grupo de riesgo. Así lo decidió el juez Daniel Obligado.
Confirmada su condena, el juez de ejecución le preguntó si quería volver a la cárcel. Nunca se vio semejante cosa.
Y como si esto fuera poco, por haber realizado cursos de electricidad, organización de eventos, un taller de filosofía, entre otros, nuevamente el juez Daniel Obligado le otorga un beneficio, escondido bajo un “estímulo educativo”, lo que le permitirá acceder además a salidas transitorias.
Las cifras muestran que en el Servicio Penitenciario Federal estudia un 88% de la población penitenciaria (44% educación primaria, 26% polimodal, 6% universitaria y 12% cursos). Pero de ese 88%, sólo al 1.6% de los condenados se les reduce la pena más de 6 meses. Amado Boudou tuvo la suerte de estar en este pequeño porcentaje.
Esto, definitivamente, es controlar la Justicia, es otorgar privilegios a los amigos del poder, es hacer insalvable la brecha entre los honestos y los corruptos. Y esta, definitivamente, no es la Argentina que merecemos ni la que merecen nuestros hijos y nietos.
Por eso vamos a hacer todo lo que legalmente esté a nuestro alcance para volver a la Argentina de las oportunidades para todos, en la que no existan privilegios para quienes no los merezcan, y en la que los corruptos cumplan su condena como corresponde.
Porque en esta Argentina en la que queremos vivir “el que las hace, las paga”.
El proyecto es del diputado Martín Berhongaray y busca “impedir que, por vía de prescripción, se ponga fin a la investigación y se suprima el debate oral”.
El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) presentó un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, incorporando al Código Penal un artículo 62 bis.
El objetivo es hacer imprescriptible la acción penal cuando se cometan los delitos de fraude en perjuicio de una administración pública; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función; enriquecimiento ilícito; prevaricato; encubrimiento; y lavado de activos de origen ilícito.
“En todos los delitos cometidos por funcionarios públicos y que perjudican a la Administración Pública es indispensable garantizar que la investigación sea completa y suficiente. El procedimiento debe llegar a su fin con un debate amplio del tema, que permita alcanzar la certeza sobre el hecho y su autoría. De allí la necesidad de impedir que, por vía de prescripción, se ponga fin a la investigación y se suprima el debate oral”, señaló Berhongaray.
Y agregó: “Sabido es que justicia lenta, no es justicia. Menos aun cuando la demora en el inicio o en la tramitación de las investigaciones termina beneficiando a los imputados de cometer delitos en perjuicio de la Administración Pública. Ningún derecho humano puede ser efectivamente garantizado cuando el Estado se convierte en un instrumento de corrupción”.
El legislador radical sostuvo que “no debe perderse de vista que la complejidad que caracteriza la investigación de esta clase de delitos -por la indebida influencia que muchas veces se pretende ejercer desde las esferas del poder político-, sumada a su dificultad probatoria y a la grave amenaza que representan a la estabilidad y legitimidad de las instituciones, deben llevar a poner en práctica un conjunto de medidas que desalienten la participación en la vida pública de aquellas personas que pretenden servirse de su actividad para aumentar sus patrimonios o fortunas personales”.
Acompañaron con su firma el proyecto los diputados Facundo Suárez Lastra, Lidia Ascárate, Gonzalo Del Cerro, Ximena García, Gabriela Lena, Sebastián Salvador y Juan Martín.
Se trata de la presentación de un grupo de antiabortistas -entre los que se encuentra la exsenadora Cristina Fiore- contra el protocolo ILE.
Luego de habilitar la feria judicial para resolver sobre el tema, el juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio rechazó este jueves una medida cautelar que pretendía suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), promulgada la semana pasada.
Se trata de una presentación impulsada, entre otros, por la exsenadora Cristina Fiore Viñuales, que apuntaba contra el Protocolo ILE del Ministerio de Salud y que más tarde fue ampliada tras la sanción de la ley, informó la agencia Noticias Argentinas.
El juez citó un fallo dictado en 2010 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y determinó que la presentación antiabortista fue “improcedente”, aunque el planteo de fondo sobre la inconstitucionalidad de la ley sigue abierto a la espera de definiciones.
En la cautelar se señalaba que “el ser humano existe desde el momento de la concepción” y que el niño no nacido “tiene derecho intrínseco a la vida del que no puede ser privado”.
“Es claro que la Ley 27.610 no está al servicio de la mujer, ni al servicio de los niños argentinos; antes bien, parece estar motivada en concretar una política antinatalista propia de la agenda global y ajena a toda decisión soberana del pueblo argentino”, expresaron los demandantes.
Además, afirmaron que “la ley está permitiendo la privación de la vida de un ser humano que el Estado asumió el compromiso constitucional e internacional de proteger”.
En referencia a la carta de la vicepresidenta, los dirigentes de la oposición señalaron que el presidente no puede “tolerar ni consentir un menoscabo institucional de esta naturaleza”.
Tras una nueva reunión virtual, los representantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio advirtieron que la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner “avalada por el presidente” es “un intento de cambio del sistema constitucional de división de poderes, por un sistema de reforma constitucional que rompe definitivamente el sistema republicano”.
“Juntos por el Cambio tendrá la firmeza institucional para impedir que este clima hostil contra el máximo tribunal se transforme en hechos concretos de ataque y cambios constitucionales”, anunciaron mediante un comunicado.
Para los dirigentes de la oposición, “está claro el objetivo: la búsqueda de la impunidad a través del intento de que la Justicia transforme los casos de corrupción en casos de ‘lawfare’, una teoría inventada que sostiene que los hechos de corrupción serían una persecución política”.
“Las manifestaciones de la vicepresidenta tienen una gravedad institucional inusitada, pues suponen el más grave ataque a la independencia de la Justicia ocurrido desde la recuperación democrática hasta el presente”, continuaron.
Los referentes del Pro, la UCR y la CC-ARI aseguraron que “en todas las democracias constitucionales, los jueces tienen la delicada tarea de proteger los derechos ciudadanos y de controlar que los otros poderes actúen de acuerdo a la Constitución. Se trata, entonces, de un torpe intento de tratar de evadir la discusión sobre la veracidad o falsedad de los hechos que se imputan, cuestionando políticamente los procesos que se encuentran en curso”.
“Alberto Fernández no puede, por su alta investidura y representación, tolerar ni consentir un menoscabo institucional de esta naturaleza. Le corresponde al presidente defender las reglas básicas de nuestra República, es intolerable un ataque a la Justicia y a la Corte Suprema como el que se ha efectuado”, alertaron.
Desde la coalición opositora insistieron: “Vamos a defender con toda energía la independencia de la Justicia, con el fin de que, a través de un juicio con todas las garantías, aplique la ley a quien corresponda, sin que importe su poder o influencia política”.
“Este año hemos resistido diferentes embates en cuanto a cuestiones relativas al funcionamiento del Poder Judicial: el proyecto de cambio en la Justicia; el intento de copar la Procuración; la amenaza contra la libertad y la propiedad, el trabajo y la economía de las familias. La ciudadanía cuenta con la decisión de Juntos por el Cambio, que estará firme en todos los campos, al lado de la sociedad, defendiendo nuestra Constitución”, concluyeron.
De la reunión, que duró una hora, participaron por el Pro el expresidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el senador nacional Humberto Schiavoni y la presidenta del partido, Patricia Bullrich. Por la Unión Cívica Radical asistieron los diputados nacionales Alfredo Cornejo (presidente) y Mario Negri (presidente del interbloque), y los senadores Luis Naidenoff (jefe del interbloque) y Martín Lousteau. En representación de la Coalición Cívica-ARI estuvieron el presidente del partido y diputado nacional, Maximiliano Ferraro; el diputado nacional Juan Manuel López y la diputada provincial Maricel Etchecoin.
Para el senador nacional kirchnerista, en la Argentina “desapareció la Justicia”.
Hombre fuerte del Senado, donde gobierna la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es innegable que aunque tenga voz propia, Oscar Parrilli suele expresar el pensamiento de la exmandataria. Y atento a esa referencia, vale lo que acaba de expresar el titular de la Agencia Federal de Inteligencia: “La Corte quiere extorsionar al Gobierno”, dijo, sin medias tintas.
El senador nacional por Neuquén se refirió así al fallo del Tribunal Supremo ratificando la condena del exvicepresidente Amado Boudou. Entrevistado en El Destape Radio, Parrilli sostuvo que “la Justicia desapareció en Argentina cuando apareció el Lawfare en toda su crudeza”.
El titular de la Comisión de Justicia del Senado se manifestó “convencido de la inocencia de Amado Boudou”. Y sostuvo en ese sentido que “el único testigo del fallo Boudou fue comprado”.
“Creo que como legisladores está faltando que hagamos las cosas que tenemos que hacer”, deslizó a continuación, reconociendo también que el dictamen de la comisión creada por el presidente de la Nación para sugerir modificaciones para mejorar la justicia “pasó sin pena ni gloria”.
Para Parrilli, “el Lawfare está vivito y coleando. No hay que dejar de denunciar los atropellos y las atrocidades que están haciendo”. Agregó que “hay periodistas que se han llenado de odio y ese odio los enceguece tanto que les obnubila el cerebro”.
Eduardo Cáceres hizo que Diputados aprobara una moción para que la Justicia pueda allanar su casa particular u oficinas sin autorización de la Cámara. Conserva sus fueros.
Eduardo Cáceres, el diputado del Pro por la provincia de San Juan que fue denunciado por violencia de género, se puso a disposición de la Justicia e hizo que la Cámara baja aprobara una moción para que el juez de la causa pueda allanar su domicilio u oficinas, aunque conservará los fueros.
Cáceres fue denunciado por su expareja, la dirigente sanjuanina del Gimena Martinazzo, quien dijo haber sido víctima de agresiones psicológicas y posteriormente, físicas.
A pedido del propio diputado, y ante la sorpresa de Sergio Massa, la Cámara baja avaló (a mano alzada) que el juez de la causa pueda ordenar (sin autorización de la Cámara) un allanamiento a su domicilio y oficinas, con el fin de someterse íntegramente a la investigación.
De todos modos, Cáceres conservará sus fueros como diputado nacional, ya que éstos pertenecen al cuerpo y solo puede despojarse de ellos por la vía de un desafuero pedido por un juez.
“En Argentina cada 26 horas muere una mujer, es un tema terriblemente sensible y muy peligroso que puede ser utilizado muchas veces por bronca, despecho o con una finalidad política”, arrancó Cáceres, conectado a la sesión de forma virtual.
El legislador advirtió que “hay muchos hombres que son víctimas de violencia física, psicológica, porque no se atreven a denunciar, ni siquiera a contarlo”, e incluso afirmó que “hay suicidios” por ese tema.
A continuación, alertó que su expareja es motivada por un interés político, ya que lo sucedió en la lista de diputados de 2017. “Mi banca me la gané con el voto de los sanjuaninos”, se defendió.
Cáceres reconoció que Martinazzo “fue una compañera de vida y de la política”, a quien tuvo “muchísimo cariño”, pero sostuvo que “esto genera un precedente; no puede ser que una simple denuncia defenestre una imagen”.
“No quiero que una Justicia envuelta en fueros sea la que me absuelva, porque no tengo absolutamente nada que ver con los delitos que se me están imputando”, enfatizó, y pidió que su caso “sirva como una bandera para otros hombres” que, por ejemplo, “no pueden ver a sus hijos”.
Cáceres finalizó: “Estoy pidiéndole a este cuerpo que me acompañe y me autorice en las prerrogativas del artículo 1 de la Ley de Fueros a que yo pueda presentarme ante la Justicia”.
Para aclarar el pedido de su compañero de bloque intervino Silvia Lospennato, quien aclaró que según la Ley de Fueros, para realizar un allanamiento el juez debe requerir autorización a la Cámara baja, por lo que Cáceres busca saltear esa instancia.
Lospennato explicó que el acusado pretende “que el juez pueda cumplir con todas las diligencias que entienda necesarias para el avance de la causa”.
Luego tomó la palabra Graciela Caselles (Frente de Todos-San Juan), quien calificó de “coherente” la decisión de Cáceres y admitió que tenía pensado, además, pedir que el denunciado se tomara licencia mientras dure la investigación.
Caselles recordó que la denunciante “se sometió a las pericias y a las indagatorias mostrando señales de violencia física y habiéndose animado, a pedido de su propia hija, a decir ‘basta’ a esas situaciones violencia primero psicológica y después física”.
“Este debe ser un llamado de atención a construir una sociedad más justa e igualitaria, para seguir luchando por los derechos de las mujeres y hombres a no sentirse violentados”, aseveró la diputada, y finalmente concluyó que “la investigación debe ser muy profunda”.
Por Diego P. Isabella. El director del Instituto Acceso a la Justicia AAJC sostiene que “es indispensable” profundizar la descentralización de la Justicia contencioso administrativa, y con ello hacerla más cercana y accesible para todos.
En la provincia de Buenos Aires el fuero judicial especializado para controlar la gestión del Gobierno del Poder Ejecutivo provincial, los demás entes, y los propios Municipios, es el Contencioso Administrativo. El Código que regula esa justicia especializada (Ley 12.008), en lo que interesa, establece donde se deben radicar y tramitar las demandas contra la provincia, y pese a encontrarse designados más de 27 jueces en cada uno de los 20 departamentos judiciales de la provincia, solo 2 jueces (que atienden 4 juzgados) son los que deben resolver los reclamos judiciales que provienen de cualquier rincón de la provincia. Esta regla legal, contraría la Constitución provincial, e incluso fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia provincial el pasado 5 de junio, en la causa “Agrupación Ciudadana San Isidro c/ Junta Electoral”, causa Nro. 73732, en la que intervine como abogado patrocinante.
No es un dato menor que todas las causas en las que se pretende un control sobre el Gobierno de la Provincia sean exclusivamente tramitadas ante los cuatro juzgados de La Plata. Por un lado, La Plata es la ciudad capital de la provincia, y allí residen las cabezas de los tres poderes del Estado provincial. El celo, y “cuidado”, que la política pone en la designación de los jueces en ese departamento judicial es mayor que lo habitual. Tal es así que basta con mencionar como ejemplo, la gran tensión de fuerzas políticas que chocan en ese distrito al momento de elegir quienes serán los jueces que los controlarán, al punto que se ha llegado al absurdo de no ponerse de acuerdo entre el ejecutivo provincial (gestión actual y anterior) y la Comisión de Acuerdos del Senado, para poder designar a los dos jueces que se encuentran vacantes, uno hace más de siete años.¬ Incluso, recientemente, se generó una situación muy crítica entre el Gobernador que mandó a pedir entre otros, el pliego del postulado a uno de esos cargos, y el senado se opuso aprobándolos, en razón de ejercer su propia competencia.
Por otro lado, la gran extensión geográfica de la provincia, y la lejanía de esa ciudad respecto a los conflictos que se suscitan en otras ciudades desalienta a quienes tienen que recorrer hasta 600 kilómetros para llegar al juez platense. En definitiva, es la justicia que controla al poder, de allí la necesidad de descentralizarla y hacerla más accesible a todos.
Repasando la historia, desde 1905 y hasta diciembre de 2003, esa justicia contencioso administrativa estaba exclusivamente en manos de nueve jueces que integraban la Suprema Corte de Justicia (con algunas variaciones), cuya sede está radicada en la ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires, La Plata. ¬
Los ciudadanos que requerían reclamar por sus derechos se encontraban obligados, durante casi un siglo, a concurrir a la ciudad de La Plata, con las dificultades que ello generaba, teniendo en cuenta que la Provincia tiene más de 300 mil km2 de extensión, y 135 municipalidades. Era un sistema judicial, que resultaba inaccesible para la gran mayoría de la población, sobre todo para aquellos más necesitados.
Esto motivó que en el año 1994 la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, fundara una nueva justicia contencioso administrativa, que vio la luz en forma traumática, a raíz de un fallo del máximo Tribunal Provincial que tuvo que obligar a la Provincia a efectivizarlo, debido a la demora que llevaba en aquellos años su puesta en funcionamiento. La anomia normativa en nuestros gobernantes y legisladores no es nueva.
La finalidad era acercar la justicia a la gente, esto es, descentralizarla, ello de forma de superar el viejo régimen que exigía acudir a un único tribunal superior en La Plata. Para ello se crearon al menos un juzgado contencioso de primera instancia en cada uno de los 20 departamentos judiciales de la provincia, y cuatro cámaras de apelación distribuidas regionalmente. La Justicia si bien parecía más cerca, con la sanción de ley 12.008 del año 1997, y sobre todo de la reforma que la ley 13.101 dispuso, esto sería una verdad a medias, y finalmente, mirando la cláusula constitucional y la idea de su creación, un retroceso.
Como adelantamos, la regla que se fija es que en los casos en que se demanda a la Provincia de Buenos Aires (aún desde el lugar más alejado de la provincia), debe hacérselo en los juzgados de la misma ciudad de La Plata, virtualmente como hace más de un siglo.
La distribución de causas en estos casos, sin contemplar las excepciones previstas, recaería en tan solo cuatro juzgados platenses (hoy a cargo de tan solo 2 jueces), que deberían -pese a los más de 27 jueces existentes en toda la provincia- potencialmente contener a más de 15 millones de habitantes (Fuente: http://www.ec.gba.gov.ar/estadística/Revista1.pdf), un dispendio de recursos y esfuerzos que amerita ser encauzado criteriosamente. No hay explicación lógica alguna, ni impedimento de ninguna índole para lograr sortear un sistema de distribución de causas judiciales ineficiente, injusto y sobre todo concentrado en algunos pocos. Debemos lograr un Estado eficiente, que haga uso adecuado de los recursos humanos, tecnológicos y económicos dispuestos. También debemos lograr que la Justicia funcione adecuadamente, por medio de una justa y equitativa distribución del trabajo, y al alcance de quien la necesite.
El fallo que obtuvimos, cuenta con precedentes de la Suprema Corte de Justicia Provincial en la causa B-73.126, “Sarrachaga”, allí se declaró la inconstitucionalidad del régimen concentrado actual, a la vez que se exhortó allí al poder legislativo a que lo modifique.
Vengo sosteniendo desde la doctrina, y desde hace mucho tiempo, la necesidad de reformar este aspecto, al punto de haber presentado un proyecto de ley (apoyado por cuatro Diputados de Cambiemos Buenos Aires) que llevó el número D-480-16-17 (144), sin que este hubiera merecido tratamiento. Actualmente el proyecto fue impulsado nuevamente por otro grupo de senadores provinciales, entre ellos el dr. Gabino Tapia, bajo el número E-82-2020-2021, siendo aprobado por unanimidad en las Comisiones, y obteniendo el voto unánime el día 5-11-20 en el tratamiento que sobre tablas se le dio en el senado, obteniendo así, media sanción legislativa.
Me permito agradecer a todos aquellos que apoyaron esta iniciativa, a los amigos que colaboraron con sus críticas, y en especial al senador Tapia, quien recibió mi iniciativa, la hizo suya, la impulsó y finalmente obtuvo la media sanción. Al Colegio de Abogados de San Isidro, y en particular, a los integrantes de la Comisión de Legislación General y Seguimiento Legislativo que tengo el honor de presidir, quienes apoyaron la iniciativa, y sostuvieron el ánimo frente a un procedimiento que parecía imposible.
Si bien estos temas aparecen como muy técnicos, y parecieran alejados de la vida real diaria del ciudadano común, resultan en verdad prioritarios y se traducen en problemas de acceso a la justicia de infinidad de justiciables. Es por esto, que es indispensable profundizar la descentralización de la justicia contencioso administrativa, y con ello hacerla más cercana y accesible para todos. Estamos avanzando en ese camino.
Se quejó del fallo de la Corte Suprema y advirtió que en el Senado el kirchnerismo “está decidido a ir por todo”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez manifestó su alarma por el avance del Gobierno en su “plan de impunidad”.
“Nos preocupa, aunque no nos sorprende, que el oficialismo sólo tenga como plan someter a la Justicia para favorecer a los principales acusados de la corrupción en la década kirchnerista”, dijo la senadora radical.
Para la legisladora tucumana, “el fallo de la Corte Suprema nos deja gusto a poco, porque al sostener a los jueces Bruglia y Bertuzzi solo temporalmente, hasta que se hagan nuevos concursos para los cargos de camaristas que hoy ocupan, debilita uno de los principios básicos sobre los que se asienta la independencia de la Justicia: la garantía de la inamovilidad de los cargos que deben tener todos los magistrados”.
Se preguntó entonces: “¿Qué juez trasladado, incluso los que tuvieron aval del peronismo en el Senado recientemente, va a fallar en contra del Gobierno en una causa si sabe que está provisoriamente en el cargo y que de querer participar del concurso tendrá que sortear los votos del peronismo en el Consejo de la Magistratura y en el Senado?”.
Agregó Elías de Pérez que por otra parte “en el Senado observamos que el kirchnerismo está decidido a ir por todo. Al hostigamiento y persecución política que le hacen al procurador (Eduardo) Casal ahora se suma la voluntad de cambiar la Ley del Ministerio Público, para flexibilizar la mayoría exigible en la designación del Procurador. Es preocupante que los senadores del oficialismo congelen el pliego enviado por el Presidente, que nominó hace más de seis meses al juez Daniel Rafecas. Las instituciones del país han quedado entrampadas en una interna cada vez más visible en la coalición gobernante”.
“La sociedad argentina está atenta a todo esto. Observa con mucho dolor a un gobierno sin rumbo económico que solo tiene el plan de la impunidad para sus miembros, amigos y líderes”, concluyó.
La Cámara alta aprobó un paquete de designaciones de jueces, fiscales y defensores. Se renovó la discusión sobre los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
El Senado aprobó este jueves, con votos del oficialismo y aliados, un total de 28 pliegos que habían sido enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. Entre los expedientes, se votó a favor de dos traslados que habían sido girados para ser revisados.
Se trata de las juezas Zunilda Niremperger, a cargo Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Resistencia, Chaco; y Verónica Skanata, al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones.
Ambas asistieron a audiencia pública realizada el pasado 4 de septiembre, ocasión en la que se ausentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados fueron suspendidos por el Senado.
Anabel Fernández Sagasti, titular de la Comisión de Acuerdos, aprovechó para recordar que a diferencia de esos tres jueces, Niremperger y Skanata no solo asistieron, sino que “se explayaron largamente sobre su trayectoria profesional”.
“Hay una notoria diferencia con tres magistrados de la Nación que decidieron no asistir a la audiencia pública para considerar sus traslados”, criticó la oficialista, y sostuvo que “la comparecencia a la audiencia pública es un requisito ineludible para que el Senado preste acuerdo”.
Laura Rodríguez Machado (Pro) salió al cruce de Fernández Sagasti y enfatizó que Bruglia, Bertuzzi y Castelli “no vinieron a las audiencias públicas porque las audiencias públicas solo se manifiestan para los casos de aprobar o rechazar un pliego, no de revisar un traslado”.
“Jamás se puede convocar a un juez para explicar si su traslado, que lo dispuso el Poder Ejecutivo, fue hecho de forma correcta”, consideró la cordobesa, y dijo que en ese caso el magistrado debería comparecer ante el Consejo de la Magistratura.
En tanto, el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) añadió que “aunque los jueces hubieran venido de rodillas, ya estaban condenados a que se anularan sus traslados”, y “por su dignidad no se presentaron al escarnio de algo que no corresponde”.
Romero denunció una “manipulación evidente del Poder Judicial”, basada en que “aquellos jueces que no dictan sentencias favorables” sufren “amenazas, desplantes y acusaciones”, y puso el ejemplo del procurador interino Eduardo Casal, a quien “quieren alejar para que el segundo o tercero (del Ministerio Público Fiscal), afiliado a la agrupación Justicia Legítima, asuma el cargo”.
En la votación, el paquete de pliegos recibió 40 votos a favor, cuatro en contra y 16 abstenciones, en su mayoría de Juntos por el Cambio.
Entre las postulaciones aprobadas figura María Isabel Caccioppoli, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos; Pablo Gabriel Salinas, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza; Pablo Oscar Quirós, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Mendoza; e Ivana Soledad Hernández, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, La Pampa.
También María Carolina Pereira, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis; Susana Beatriz Pravata, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Mendoza; Edgardo Walter Lara Correa y Diego Martín Cormick, jueces del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°10 y N°11 de la Capital Federal, respectivamente.
En tanto, David Perelmuter fue designado juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°1 de la Capital Federal; Enrique Manuel Alonso Regueira, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°1 de la Capital Federal; María Belén Puebla, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°108 de la Capital Federal; y María Constanza Caeiro, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°30 de la Capital Federal.
La nómina de jueces se completa con Héctor Andrés Heim a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó, Buenos Aires; Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, Buenos Aires; y Martín Miguel Innocente en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
Por su parte, Viviana Patricia Piñero fue avalada como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I; y Juan Alberto Fantini Albarenque como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II.
En la sesión se aprobaron además los pliegos de Iara Jesica Silvestre para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, La Pampa; y de Eduardo José Villalba para fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
En otro orden, fueron avalados Alejo Amuchástegui, defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de Mendoza; Gema Raquel Guillen Correa, defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia de San Juan; Ivana Verónica Mezzelani, defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de La Plata, Buenos Aires; Inés Jaureguiberry, defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Buenos Aires; Guillermo Ariel Todarello, defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal; Martina Gómez Romero y Ramiro Javier Rúa, defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación.
Myriam Bregman (PTS), Victoria Montenegro (FdT), Gabriel Solano (PO) y Alejandrina Barry (FIT) presentaron un amicus curiae en el amparo colectivo iniciado en 2018.
En el marco de una nueva movilización por parte de los trabajadores de la salud, los diputados Myriam Bregman (PTS), Victoria Montenegro (FdT), Gabriel Solano (PO) y Alejandrina Barry (FIT) presentaron este jueves un amicus curiae en el amparo colectivo iniciado por ATE a fines del 2018, donde se reclama el pase a la carrera profesional de las licenciaturas de enfermería, producción de bioimágenes, psicomotricidad, entre otras.
La presentación fue realizada a partir de una reunión que estos legisladores mantuvieron con una delegación de trabajadores de enfermería el pasado 21 septiembre, tras haberse movilizado a la Legislatura porteña.
En su escrito presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 6, a cargo de la jueza Patricia López Vergara, los diputados denunciaron que “la pandemia del COVID-19 puso en cuestión la precariedad en la que se encuentra el Sistema de Salud Pública en la Ciudad de Buenos Aires” y advirtieron que “el recorte de derechos laborales y los bajos salarios que llevan a la precarización de sus trabajadores y de la atención a la población son la regla más que la excepción”.
Asimismo recordaron que los enfermeros “cobran al día de hoy 38 mil pesos mensuales y no cuentan con determinados derechos laborales” e insistieron en que “para llegar a fin de mes con un salario acorde a su tarea, deben trabajar 14 o más horas por día”.
También señalaron que a causa de la pandemia, “suman más de 80 fallecidos en el país y 8 en la Ciudad de Buenos Aires, siendo en consecuencia el personal sanitario que más muertes representa. Eran muertes evitables.”
“Se trata de reclamos de las miles de enfermeras y enfermeros que son parte fundamental del equipo de salud”, señalaron en su escrito judicial y donde denunciaron “la discriminación que vienen sufriendo por parte del Gobierno de la Ciudad al ser excluidos de la Carrera Profesional de la Salud”.
Por tal motivo, los legisladores resaltaron en su amicus curiae la necesidad de “equiparar derechos que desde hace años vienen siendo vulnerados” y solicitaron se haga lugar al amparo colectivo iniciado por ATE.
El Tribunal de alzada revocó las sentencias que suspendieron la realización de las mismas en el marco de la pandemia del Covid 19 y advirtieron que la nulidad de las mismas “conspira contra las bases de la organización democrática de la Ciudad”.
En un nuevo revés judicial, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo -integrada por Hugo Zuleta, Gabriela Seijas y Esteban Centanaro- revocó los fallos anteriores que suspendían la realización de las audiencias públicas virtuales en la Legislatura porteña y autorizó la vuelta de las mismas.
La decisión de los magistrados tuvo que ver con que consideraron que esos fallos configuraban “una interferencia indebida del Poder Judicial sobre diversos trámites parlamentarios preparatorios que son de resorte exclusivo del Poder Legislativo, en desmedro del principio republicano de división de poderes”.
Al mismo tiempo que -según informó IJudicial- que “el procedimiento adoptado por el Poder Legislativo para la formación y sanción de las leyes puede ser judicialmente revisado una vez sancionadas y promulgadas las leyes respectivas, si se denuncia alguna violación concreta en el marco de un ‘caso, causa o controversia judicial’ instado por parte legitimada».
En tanto Seijas subrayó que “la inmediata y genérica suspensión de audiencias en la Legislatura ordenada en forma previa al traslado y apertura a prueba, así como la declaración de nulidad de audiencias celebradas ante la sola denuncia de incumplimiento de la cautelar, frente a una razonable disputa en torno a la efectiva configuración de un agravio concreto, conspira contra las bases de la organización democrática de la Ciudad”.
“El dictado de una sentencia supone una tarea de ponderación y el resultado de esta actividad debe, como todo acto estatal, ser razonable y proporcionado”, añadió y concluyó señalando que “las normas están apuntadas por reglas no escritas de juego. Dichas reglas no escritas sirven como protección de la democracia e impiden que la pugna política cotidiana desemboque en un conflicto donde todo vale”.
Cabe recordar que la nulidad de las audiencias se habían ordenado en el marco de la causa “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros contra Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre Incidente de apelación – Amparo – Otros”, y establecía la interrupción de todas las audiencias a las que ya se había convocado y declaraba nula otra que ya se había llevado a cabo.
El fiscal Eduardo José Villalba relató la experiencia en una de las provincias norteñas y aseguró que se pasa a “una justicia de carne y hueso” en la que “nada queda sin respuestas”. “Tenemos récord de sentencias condenatorias”, resaltó.
La Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, que preside la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, recibió este martes al fiscal federal coordinador de la provincia de Salta, Eduardo José Villalba, quien relató la experiencia de la aplicación del sistema acusatorio en esa provincia.
“Nos sentimos orgullosos y con ganas de replicarlo para el resto del país”, comenzó el funcionario judicial, quien aseguró que se trata de “un cambio radical” en el cual “de una justicia caracterizada por el expediente, por lo escrito, por la delegación” y con “una instancia oral de baja intensidad” se pasa a “una justicia de carne y hueso, sin delegación, donde juez, imputado y defensor están frente a frente con el fiscal y la víctima”.
El doctor observó que “desaparece por completo la delegación y, por lo tanto, los actores del proceso penal deben tomar las decisiones mirando al imputado, sin el expediente y sin un juez que ya esté contaminado por el legajo”. “La primera garantía que trae el sistema acusatorio es la garantía del juez imparcial“, señaló.
Villalba insistió que “el cambio es diametral” y opinó que “todo lo que hacíamos antes en el sistema mixto es ridículo”.
Respecto a Salta y Jujuy, las dos provincias donde ya se implementó el sistema acusatorio (las próximas serán Santa Fe y Mendoza), el fiscal expresó: “Tenemos una frontera caliente, tenemos la obligación de cuidar la frontera porque por la ruta ingresa la droga. Es una jurisdicción intensa de mucho trabajo”.
Por otra parte, afirmó que con este nuevo procedimiento, como fiscal, “no siento más poder, siento muchas más obligaciones que antes”. “En el sistema acusatorio hay un solo responsable y es el fiscal”, subrayó, además de recordar que el fiscal que toma la causa es el que debe terminarla.
“Una de las causas del fracaso del sistema mixto es fiscales con compartimiento estancos. En un mismo hecho hay cuatro fiscales que tienen que conocer la causa de cero y el que conocía el caso, que es el fiscal de instrucción, no va a juicio”, explicó.
Entonces, ponderó: “Estoy yendo a juicios de causas iniciadas por mí, que conozco desde el minuto cero y, por lo tanto, la defensa no tiene cómo entrarle al equipo de la fiscalía. Es el Ministerio Público organizado como estudio jurídico con criterios de productividad y eficiencia”.
Villalba dijo que el sistema acusatorio “provoca una revolución en jurisdicciones chicas”, al tiempo que para su implementación “se necesitan menos recursos que en el sistema mixto” porque “todo está en la nube”, en referencia a la digitalización de los expedientes.
En su alocución, el funcionario advirtió que es fundamental ver “en quién recae” la Oficina Judicial, un puesto al que hay que “prestarle muchísima atención” porque “tiene que ser alguien que reúna las características de carácter, de que rinda cuentas al juez, a la Comisión Bicameral, a la Cámara de Casación”, al tiempo que “no sea abogado, porque actúa con criterios de productividad y enérgicos”.
“Tenemos récord de sentencias condenatorias”, destacó y mencionó el caso de un secuestro de 400 kilos entre marihuana y cocaína en un búnker en Orán, donde ahora funciona allí una oficina de Gendarmería Nacional. “La gente donde supo que ahí se acopiaba droga y ahora ve una oficina de Gendarmería Nacional”, agregó.
El fiscal valoró también que de un sistema mixto que “ignora a la víctima, le da la espalada, le expropia el conflicto” se pasa a un sistema que “le da todas las garantías y hasta la posibilidad de que la víctima pueda continuar sola el proceso”.
“El sistema acusatorio implica una justicia de carne y hueso e implica dar respuesta a todos, nada queda sin respuestas”, resumió.
Se completaron las autoridades
Al comienzo de la reunión, la bicameral avanzó con la designación del resto de sus autoridades, pendiente desde la última reunión -el 1ro. de julio pasado-, cuando Fernández Sagasti fue ungida presidenta.
Desde Juntos por el Cambio se propuso como vicepresidenta a la diputada jujeña Gabriela Burgos (UCR); mientras que como secretarios quedaron el diputado salteño Lucas Godoy (Frente de Todos) y la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR).
En la víspera del tratamiento del proyecto en el Senado, el jefe de Gobierno porteño cuestionó el “apuro” del oficialismo. “Debemos encarar un debate profundo y maduro sobre nuestra Justicia”, dijo.
A horas de que el Senado sesione para tratar el proyecto de ley de reforma judicial, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se metió en el debate y sostuvo que la iniciativa del Poder Ejecutivo “requiere un consenso mucho más amplio”.
A través de una serie de tuits, Larreta advirtió que a pesar de la pandemia del Covid-19, la Cámara alta “apuró” el tratamiento de esta ley y consideró que esa “no es la forma”, ya que “se requiere más tiempo para debatirlo”.
“Como sociedad, los argentinos necesitamos una Justicia cercana y transparente que proteja a las víctimas de delitos, investigue y resuelva los casos en tiempos razonables, tanto para quienes persiguen justicia como para quienes se defienden de los delitos que se les imputan. Un sistema judicial que lidere la lucha contra la impunidad y tenga la confianza de todos los ciudadanos”, introdujo.
El jefe de Gobierno sostuvo que “la discusión sobre un tema tan trascendental para nuestro país como es reformar un poder del Estado nos exige un amplio consenso y un profundo proceso de diálogo que incluya a todos los partidos políticos, las organizaciones sociales, los expertos en el tema y a toda la sociedad”.
“Eso lleva tiempo. Una reforma que va a comprometer los derechos de varias generaciones necesita tener un nivel de consenso extraordinario”, insistió.
Larreta señaló que “hoy estamos viviendo una situación sanitaria excepcional e incomparable con cualquier otro momento, que impidió llevar adelante todos esos procesos”.
“Sin embargo -lamentó-, en el Senado se decidió avanzar igual, apurando el tratamiento de esta ley. No es la forma. Se requiere más tiempo para debatirlo.
Para el funcionario, “a partir del debate y el consenso tenemos que lograr una propuesta que contribuya a tener procesos judiciales de calidad y sentencias más rápidas, y que garantice una Justicia independiente”.
En ese contexto, pidió “seguir trabajando para lograr el postergado traspaso de las competencias a la Ciudad de Buenos Aires”.
“Soy una persona que siempre apuesta y apostará al diálogo y a la búsqueda de consenso. Lo demostré en muchas oportunidades. Estoy convencido de que debemos encarar un debate profundo y maduro sobre nuestra Justicia. Así vamos a poder avanzar hacia una sociedad más justa y unida”, concluyó.
El senador pidió escuchar los reclamos de la movilización del lunes y denunció que el proyecto “no tiene que ver con una respuesta a los ciudadanos” sino a “los intereses de la política”.
El jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió este miércoles que la reforma judicial “carece de sentido común desde lo político” y pidió al Gobierno que escuche los reclamos de la movilización del último lunes.
Naidenoff criticó la oportunidad del debate al participar del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales donde se trató la iniciativa.
“Cuando se discuten recursos y prioridades en situaciones terminales, siempre la prioridad tiene que orientarse a las demandas sociales insatisfechas. Una cosa es reformar la Justicia en beneficio de los ciudadanos, y otra cosa es reformar la Justicia en función de los intereses de la política”, señaló.
El formoseño hizo una comparación con lo sucedido con Vicentin. “La sociedad se movilizó y el proyecto de intervención y expropiación fue retirado”, recordó.
A continuación, indicó que “muchos de los que se movilizaron el 17 son ciudadanos que no tienen trabajo o que votaron a Alberto Fernández y no encuentran respuestas”.
“Lejos de creer que esta fuerza política tenga la capacidad de movilizar a miles de personas en toda la Argentina, la movilización tiene que ver con un menú variado: el aislamiento, la fatiga social, el dolor en lo económico”, sostuvo, y por eso habló de “parar la pelota” con este proyecto.
Naidenoff insistió en que la propuesta “carece de sentido común desde lo político” y consideró que “no es prioridad destinar 1.939 millones de pesos o más” a esta reforma, aunque dijo desconocer si ese monto -conocido este mismo miércoles- incluye también gastos en infraestructura y tecnología, en el contexto de un Poder Judicial en emergencia.
“Esta no es una reforma que tenga que ver con una respuesta a los ciudadanos; tiene que ver con una respuesta a los intereses de la política”, repitió, y sugirió: “No miren tanto a Juntos por el Cambio: miren para adentro y escuchen la demanda de la sociedad de gobernar bien”.
Por último, concluyó con otro mensaje al oficialismo: “Lo que quedó demostrado en estos 15 días es que ustedes avanzan en soledad. No escucharon a la sociedad y tampoco a los partidos políticos. Esta es la foto de la reforma de la Justicia penal que firma el oficialismo en absoluta soledad”.
El proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión virtual. Juntos por el Cambio expresó un fuerte rechazo. El texto original recibió modificaciones.
Tras dos semanas de debate en comisiones, el oficialismo cumplió su cometido y se alzó con el dictamen favorable de la reforma judicial, que quedó lista para ser tratada en la próxima sesión virtual del Senado a pesar del ferviente rechazo de Juntos por el Cambio.
La iniciativa, que recibió algunas modificaciones pero mantuvo su espíritu original, obtuvo despacho en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales presidido por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos).
“Hemos escuchado absolutamente todas las voces”, destacó Sacnun, y recordó que se realizaron seis encuentros que totalizaron más de 21 horas de exposiciones, con la participación de más de medio centenar de invitados de todos los bloques y 29 documentos entregados a los senadores.
“Hemos llevado adelante una enorme tarea. Esta era una materia pendiente que teníamos con la sociedad. Con esta ley no solucionaremos las grandes dificultades de la Justicia Federal, pero es un paso muy importante. Se trata de invertir en Justicia”, consideró la santafesina del Frente de Todos.
En cuanto a las modificaciones, señaló que finalmente no se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia, que era el problema que advertía el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, para “avanzar en la transparencia” de los sorteos de las causas, éstos serán registrados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad, y en otro orden, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas.
Asimismo, indicó Sacnun, las secretarías con competencia específica en derechos humanos conservarán esa competencia exclusiva, y por último se propondrá un régimen específico en materia penal juvenil.
En cuanto a la implementación del sistema acusatorio, uno de los temas más aludidos por los expositores, la senadora explicó que será la Comisión Bicameral del Código Procesal Penal “la que irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo Código”.
Tras enumerar las modificaciones, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales detalló que en base a estimaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en base a los nuevos cargos a crear, la reforma judicial tendrá un costo de 1.939 millones de pesos.
Al revelarse la cifra, el senador del Pro Esteban Bullrich volvió a cuestionar que el proyecto no haya tenido giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero no recibió respuesta.
La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, destacó la mayor transparencia en los sorteos de las causas, ya que “hay jueces a los que siempre les tocan las causas de las mismas personas”, y sobre la sala que se creará para dirimir conflictos de competencia entre los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, consideró que “es una buena salida para ahorrar en gastos y en tiempos”.
Fernández Sagasti insistió en que la reforma es “una deuda de la democracia”, aunque aclaró que “no vamos a despertar de la noche a la mañana y ver que la Justicia sea lo que todos esperamos que sea”.
En tanto, advirtió que “la partidización de todo lo que pasa por el Congreso y oponerse por oponerse no es una actitud que los argentinos esperan de nosotros”, y lamentó que la oposición “no haya aportado ni una sola coma” para mejorar el proyecto.
Por el mismo bloque, Adolfo Rodríguez Saá coincidió en que el tratamiento de esta ley es “oportuno y urgente”, pero propuso incorporar plazos para dictar sentencias, empezando por la Corte, que “debería dar el ejemplo”.
Desde el Pro, Laura Rodríguez Machado preguntó si los “279 cargos” que se creaban en el proyecto original se mantienen. “Tenemos entendido que hay una negociación en curso con gobernadores donde se modificaría la cantidad de cargos y se distribuirían de otra manera”, dijo.
Oscar Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, resaltó que “se ha demostrado que esto no es una escribanía, que no venía a libro cerrado para ser aprobado” y que además “no hay impunidad ni intención de manipular los nombramientos”, sino que “este es el camino hacia la implementación del sistema acusatorio”.
Parrilli denunció que “aquellos que han venido dogmáticamente a oponerse, por la oposición en sí misma al Gobierno, han venido escudándose en el supuesto lugar de independientes, imparciales, constitucionalistas, y lo único que han hecho ha sido una alegación política sin fundamento”.
Una de las más duras contra la iniciativa fue la radical Silvia Elías de Pérez, quien alertó que “lo que la gente necesita no está plasmado en este proyecto”. “No podemos hacer sugerencias o aportes porque el proyecto mismo va a contramano de lo que necesita la Argentina”, insistió.
La tucumana sostuvo que el proyecto forma parte de un “combo” del que también forman parte los intentos por apartar al procurador general Eduardo Casal y la revisión de traslados de jueces desoyendo un fallo judicial.
Elías de Pérez definió a la iniciativa como una “intervención de la Justicia” y advirtió que en algunos puntos es inconstitucional, por ejemplo, en “cómo van a llenar los 23 nuevos juzgados” que se crean. Además, dijo que los 1.939 millones de pesos que costaría la reforma podrían haberse destinado a “la verdadera implementación” del Código Procesal Penal.
Otra senadora de la UCR, Silvia Giacoppo, respondió a las acusaciones que recaen sobre la gestión anterior por haber suspendido por decreto la aplicación del Código en 2016. “Es verdad, lo suspendimos por decreto, pero fue porque la propia comisión bicameral de implementación y el Consejo de la Magistratura”, además del gremio judicial, “reconocieron que no estaban dadas las condiciones”.
Giacoppo además apuntó contra el sistema de subrogancias, que vinculó a una intención de “designar a dedo los jueces de Comodoro Py, que ahora se están triplicando”, y por último advirtió que el proyecto “es violatorio y va en contra de todo lo que la sociedad pide” en cuanto al “delito y la inseguridad cotidiana”.
Desde el bloque oficialista, Martín Doñate aseveró que “lo que estamos haciendo es cumplir con la palabra empeñada. A pesar de la pandemia y a pesar de haber encontrado un país mucho más difícil del que preveíamos, no aflojamos en nuestros objetivos. La pandemia no es un obstáculo para el debate parlamentario”.
Doñate, respondió a las acusaciones de Juntos por el Cambio como titular de la Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público: “Lo único que hizo la comisión fue abrir sus puertas a escuchar a organizaciones, fiscales y a todos quienes tuvieran algo para decir sobre el funcionamiento del Ministerio Público, porque ese es el rol de la comisión. Nadie le ha pedido la renuncia a nadie”.
Además, recordó que “una de las primeras cosas que hizo (Mauricio) Macri fue pedirle públicamente la renuncia a la procuradora (Alejandra) Gils Carbó”.
Al cierre del debate, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió que la reforma judicial “carece de sentido común desde lo político” y pidió al Gobierno que escuche los reclamos de la movilización del último lunes.
“Cuando se discuten recursos y prioridades en situaciones terminales, siempre la prioridad tiene que orientarse a las demandas sociales insatisfechas. Una cosa es reformar la Justicia en beneficio de los ciudadanos, y otra cosa es reformar la Justicia en función de los intereses de la política”, analizó.
Naidenoff sugirió: “No miren tanto a Juntos por el Cambio: miren para adentro y escuchen la demanda de la sociedad de gobernar bien”.
Por último, el formoseño lamentó: “Lo que quedó demostrado en estos 15 días es que ustedes avanzan en soledad. No escucharon a la sociedad y tampoco a los partidos políticos. Esta es la foto de la reforma de la Justicia penal que firma el oficialismo en absoluta soledad”.
Al cierre de la discusión, el titular del bloque del Frente de Todos, José Mayans, consideró que “es necesario, conveniente y oportuno” tratar este tema y recordó que “el presidente fue claro en su campaña electoral cuando dijo que había un problema en la Justicia”.
“Estamos prácticamente a nueve meses del inicio del gobierno. Es necesario, es conveniente y es oportuno tratar este tema, porque el año que viene es año electoral, y si en este año no electoral un sector de la oposición tiene este comportamiento y busca destruir la imagen del presidente… cuando el presidente tiene una actuación que es impecable”, afirmó.
Luego de la marcha en la que se reclamó el retiro del proyecto, el plenario de comisiones avanzó con una nueva reunión informativa. Este martes, a las 16, se debatirán los cambios al texto oficial.
Luego de la movilización en distintos puntos del país donde se reclamó dar marcha atrás con la reforma judicial, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado realizaron una nueva reunión informativa con expositores de cara a la firma del dictamen.
La jornada se extendió durante cinco horas y, en el cierre, la oficialista María de los Ángeles Sacnun -presidenta de Asuntos Constitucionales- informó que se pasaba a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 16, cuando se analizarán las modificaciones al texto oficial.
Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, consideró que “este proyecto no es una reforma” sino que “la verdadera reforma comenzó en 2014 con la sanción del Código Procesal Penal”, y además la iniciativa “no cambia la situación de las causas en trámite”.
“Entiendo que se trata de solucionar la acumulación de poder en pocas manos, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, y ahí está el nudo de la cuestión. Desde ese punto de vista, no es inconstitucional”, observó, y agregó que “no alcanza con sancionar a los magistrados, sino que lo que hay que cambiar es el sistema que genera esto”.
De Luca aclaró que “el sistema acusatorio no consiste en nombrar más fiscales, sino en un cambio de estructura. Lo que sí se puede hacer es quitarle funciones económicas y administrativas a los jueces nacionales y federales”.
En cuanto al traspaso de la Justicia Penal a la CABA, advirtió que “los jueces nacionales no pueden ser cesados en su cargo porque así lo establece el artículo 115 de la Constitución Nacional, y una transferencia a otra jurisdicción implicaría un cese no previsto en el cargo”.
“Una cosa es transferir competencias y otra es transferir a los jueces, que es lo que no se puede hacer”, sentenció.
A continuación, Lucila Larrandart, docente de la UBA y exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, señaló que “la puesta en vigencia del Código Procesal Penal es importante pero no es fundamental”.
“Aunque cambie la investigación del juez a manos del fiscal, nada va a cambiar mientras el sistema judicial produzca jueces como (Claudio) Bonadio o fiscales como (Carlos) Stornelli”, lanzó.
Larrandart consideró que “una de las cuestiones fundamentales es el sistema de selección de los jueces y la doctrina de las consecuencias”, por la cual “aquel que no aplicó la Constitución debe ser removido”.
En tanto, indicó que “va a ser importante la tarea del Consejo Consultivo” que asesorará al Gobierno, y como propuestas sugirió modificar la composición del Consejo de la Magistratura, revisar la figura del arrepentido y la denominada “doctrina Irurzun” sobre prisiones preventivas.
Por su parte, Miguel Caminos, exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 dijo compartir el pronunciamiento de la Cámara del Crimen y advirtió que “este proyecto debilita a una Justicia que ya está mermada por la cantidad de vacantes”.
Sobre el polémico sistema de subrogancias, alertó que se aplicarían “para cargos nuevos” cuando en realidad “subrogar significa suplantar, pero no en un cargo que recién se inicia”.
Caminos sostuvo que “la superabundancia de jueces conspira” contra la aplicación del sistema acusatorio, que requiere “más fiscales”, aunque aclaró que ese sistema “no resuelve la independencia de la Justicia”.
Luego fue el turno de Alejandro Gullé, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien coincidió con De Luca en que “esto no es una reforma”. “Estamos tratando de solucionar un problema tangible, que existe y es evidente, pero esto no es una reforma. La reforma comenzó con el Código Procesal Penal”, insistió.
Gullé opinó que “hay que ir cuanto antes” hacia el sistema acusatorio porque, entre otras cosas, “ayuda muchísimo a frenar excesos”, pero este sistema está demorado por “una gran oposición de jueces que sienten que pierden poder y algunos hasta tienen un coto de caza”.
En ese sentido, reclamó una “reforma integral, de fondo, y no de término medio”, y “poner el acento donde hay que ponerlo”. “No vamos a tener qué hacer con todos esos jueces”, cuestionó, sobre los cargos que se crean en el proyecto.
En respuesta a los planteos de De Luca y Gullé, el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos) coincidió en que “la verdadera reforma” es la puesta en marcha del Código sancionado durante el kirchnerismo.
“Estaba previsto que en dos años se llevara a cabo, pero la gestión del presidente (Mauricio) Macri, por decreto, suspendió la aplicación por supuestos problemas presupuestarios y durante cuatro años no hizo nada”, lamentó.
“Somos conscientes de que la gran reforma va por el lado de la aplicación del Código Procesal Penal. No pretendemos hacer una gran reforma”, repitió Parrilli, y aclaró que el título del proyecto es “Organización y Competencia de la Justicia Federal”.
A su turno, Ricardo Rojas, juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°18 de la Capital Federal, alertó que “poner la justicia en manos de jueces que pueden ser cambiados en cualquier momento, es un peligro”, al responder a una consulta de la senadora macrista Laura Rodríguez Machado.
La cordobesa le consultó al magistrado si consideraba que el proyecto de ley tenía “alguna semejanza” con las reformas judiciales impuestas en Perú y Venezuela. En esa línea, Rojas analizó que “son dos ejemplos de gobiernos que tenían signos políticos e ideológicos muy diferentes pero que en el fondo hicieron lo mismo”.
“Hay siempre un peligro latente de que un gobierno se vuelva autoritario, con esto no quiere decir que este proyecto conduzca hacia el autoritarismo, pero el peligro existe siempre”, resaltó y ahondó: “Más allá de que tal vez no sea necesario nombrar 23 jueces, está el peligro de que esos jueces que tendrán que investigar causas muy delicadas vinculadas con corrupción, narcotráfico, terrorismo, delitos contra la administración pública, puedan ser manipulados en el futuro de una manera muy sencilla, a través de sacarle el carácter de jueces subrogantes”.
Crítico de la iniciativa, Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que “no se puede descontextualizar este proyecto con el decreto que dispone un Consejo Consultivo; las dos cosas al mismo tiempo no contribuyen a generar consensos”.
“¿Por qué no se creó una comisión en todo caso para estudiar esta reforma?”, se preguntó y enfatizó que “no se trata de pequeños retoques que hay que hacerle” al texto. “El proyecto solo consiste en un aumento de órganos judiciales” y “carece de una base empírica”, continuó, para asegurar que “merece ser reconsiderado en su totalidad”.
Al ser consultado por la senadora Rodríguez Machado por su opinión sobre que en “la nueva modalidad para designar a estos nuevos jueces el único requerimiento es un examen público”, el titular del Colegio de Abogados de la Ciudad advirtió que “eliminar la prueba escrita no contribuye y es muy riesgoso. Debemos hacer un proceso de selección que cumpla con todos los estándares para que los mejores jueces lleguen a la Magistratura”.
Por el Colectivo Nacional de Abogadas y Abogados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad, Mario Bosch manifestó la “preocupación” por “el traslado de la secretaría de derechos humanos de algunos juzgados de algunas provincias a los juzgados nuevos que se van a crear, con lo cual se desarma y se desarticula la instrucción y la investigación de toda la enorme cantidad de causas que están pendientes”, por lo cual pidió una modificación al artículo 59, para que “esas secretarías permanezcan en los juzgados que instruyen las causas por delitos de lesa humanidad”.
También propuso agregados al artículo sobre las reglas de actuación de los jueces y juezas, para que se establezca que “cuando a un tribunal federal oral lleguen causas por delitos de lesa humanidad, éstas tengan tratamiento prioritario” y “que las audiencias de debate de los juicios orales por delitos de lesa humanidad se hagan al menos tres veces por semana”.
Además expusieron este martes Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista; Carlos Rozanski, exjuez federal; Hugo Blasco, de la Federación Judicial Argentina; Emilio Porras Hernández, procurador general adjunto de la provincia de Chubut; Carlos Seijas, defensor oficial en el Ministerio Público de la Defensa; Ernesto Marcer; exsubsecretario en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal; Ariel Gustavo Coll, ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa; Héctor Chayer, especialista en gestión y organización judicial; y Jorge Auat, abogado y exfiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
La ministra Gómez Alcorta, el fiscal Rívolo y los abogados Fargosi y Gil Domínguez fueron algunos de los expositores de la jornada de este martes en el plenario de comisiones del Senado.
El debate sobre la reforma judicial en el Senado tuvo este martes su tercera reunión informativa en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, donde funcionarios y especialistas expusieron sobre el proyecto del Poder Ejecutivo, con opiniones a favor y en contra.
La primera en exponer fue la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien sostuvo que “hay que introducir profundas modificaciones a la Justicia Federal”, pero advirtió que la iniciativa oficial “tiene algunos problemas”, y se refirió a las dificultades para implementar el sistema acusatorio con el diseño propuesto.
Martínez consideró que podrían haberse tomado “modelos muy virtuosos” como los de Chubut, Neuquén, Entre Ríos o Río Negro, provincias donde ya se aplica ese sistema, que le da prevalencia a los fiscales.
La defensora general cuestionó que “se crea una cantidad muy grande de juzgados (46) y nada más que 14 defensorías”. “El sistema acusatorio, con este déficit, no puede funcionar”, insistió, y pidió “adecuar los números” de cargos que se crean.
En tanto, opinó que “lo único positivo” será que en los concursos “quizá se resuelva el tema de la paridad de género”, dado que el fuero federal “es uno de los que peor está” en ese sentido, siendo en un principio María Romilda Servini la única mujer y habiendo solo dos en la actualidad.
Por su parte, el fiscal federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Carlos Rívolo fue muy duro y consideró que “este proyecto pone en riesgo la verdadera reforma del sistema federal que los fiscales impulsamos” con “la instalación definitiva del sistema acusatorio”.
Según Rívolo, “del proyecto no se desprende un análisis cuantitativo y cualitativo que permita determinar si la cantidad de fiscalías asignada en cada provincia es la correcta”, según parámetros como la cantidad de habitantes y de delitos.
El fiscal puso como ejemplo que en la CABA hay actualmente “46 juzgados y 35 fiscalías”, mientras que en la provincia de Buenos Aires, que tiene mayor número de habitantes, “hay 27 juzgados y 19 fiscalías”.
“No se comprende la instalación de juzgados a la vieja usanza cuando debería irse a un colegio de jueces, como se prevé en los sistemas acusatorios”, opinó, e insistió en que se propone “una superpoblación de jueces”.
Paula Livachky, directora ejecutiva del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), aseguró que “lo que se necesita es trabajar sobre la lógica del funcionamiento del fuero federal penal, y para modificarla, este proyecto sigue centrado en una lógica de creación de juzgados y fiscalías que implica una mirada contraria al avance y la implementación del sistema acusatorio tal como se aprobó en la reforma del Código Procesal Penal en 2015”.
La especialista coincidió en que “es necesario que este proyecto tenga algunas modificaciones” para poner en marcha el sistema acusatorio. “No entendemos que se esté planteando la impunidad para nadie, sino que nuestras críticas y observaciones van con la necesidad de cambiar el modelo de funcionamiento de la Justicia Federal en la CABA”, aclaró.
Para Livachky, el sistema “no puede estar basado en la creación de juzgados”, ya que “en general los procesos de reforma son motorizados por el Ministerio Público Fiscal” y en ese sentido hay una “desproporción” entre la cantidad de juzgados creados y la de fiscalías y defensorías.
Además, observó que el sistema inquisitivo, anterior al acusatorio, “tal como vino funcionando, mostró que la hoguera no es una metáfora: mostró detenciones arbitrarias, la imposibilidad de que las defensas hagan su trabajo y el uso de arrepentidos como moneda corriente. Esa es la lógica que hay que cambiar”.
A su turno, el abogado Alejandro Fargosi criticó el proyecto, al sostener que “el problema no es la cantidad de jueces, sino la calidad de los jueces”, y en ese sentido pidió ajustar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo que integró entre 2010 y 2014.
“Si el fundamento de la reforma es el letargo y la politización de la Justicia Federal, lo que hay que hacer no es nombrar más jueces, sino juzgar y remover a los responsables. No debe multiplicarse el problema de los jueces que cumplen mal con su trabajo, sino aplicarles lo que dispone la Constitución y la ley”, consideró.
Además, precisó que “de un total de 988 cargos de jueces, hay vacantes en 291 -casi la tercera parte-, de los cuales 153 tienen ternas en manos del Poder Ejecutivo desde hace siete meses, que podrían perfectamente ser enviadas al Senado para obtener acuerdo y cubrir esas vacantes”.
“El problema no es la cantidad de jueces; el problema es la calidad de los jueces”, algo que “se puede solucionar a través del funcionamiento pleno del Consejo de la Magistratura en lo que hace a sacar del sistema a los jueces que no merecen serlo”, afirmó Fargosi.
A continuación expuso la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien destacó la perspectiva de género en el proyecto de reforma judicial en lo que hace a la selección de jueces y magistrados, y advirtió sobre la baja cantidad de mujeres en la administración de Justicia.
En ese sentido, Gómez Alcorta advirtió que “los procesos de selección están fuertemente sesgados en función de género y no permiten el acceso a los cargos en igualdad de condiciones”, lo que produce como resultado que “las sentencias desconocen derechos fundamentales de las mujeres y diversidades”.
La ministra informó que en los juzgados federales de todo el país los titulares son en un 79% varones, y solo un 21% son mujeres, y aportó otros datos: dijo que en la Cámara Federal de La Plata “hay 20 jueces varones y ni una sola jueza mujer”, y que en Salta “hay 11 fiscales varones y ni una sola mujer”.
“Esta información nos demuestra la existencia de barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de mujeres en los espacios de decisión”, señaló, y definió esta situación como un “techo de cristal”.
Otro de los disertantes en la reunión conjunta fue Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y miembro del consejo consultivo que asesorará al Gobierno, quien sostuvo que la reforma de la Justicia Penal federal con asiento en la CABA tiene “aspectos positivos y negativos”.
Entre los puntos positivos, mencionó la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y el Penal Económico, así como la creación de fiscalías y defensorías, pero consideró perjudicial la creación de nuevos tribunales y juzgados. “Los mecanismos de subrogación deben ser excepcionales y la sociedad está agotada sobre este tema”, dijo.
También consideró negativo que “no se establece un mecanismo de procedimiento para dar una respuesta adecuada a aquellos magistrados que no deseen pasar voluntariamente al fuero penal de la CABA o que con motivo de su cargo no puedan ser transferidos”.
Por otra parte, elogió la creación de juzgados en el interior del país y consideró que se trata de “la consolidación de una política de Estado iniciada con el programa Justicia 2020”.
Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del espacio Gente de Derecho, consideró que “por buena que sea la reforma, si sus ejecutores finales” no demuestran “independencia, criterio y valor, la reforma va a fracasar”.
“Hasta la mejor partitura de la historia universal sonaría muy mal si en vez de ser interpretada por la Filarmónica de Viena lo hiciera una orquesta de jueces federales”, ironizó.
Rizzo afirmó que la reforma “tiene que tender a la recuperación de la credibilidad del Poder Judicial” y pidió un “mejoramiento de los procedimientos para lograr brevedad y abaratamiento, para que esto redunde en beneficio de la gente”.
En cuanto a la creación de nuevos juzgados, sostuvo que “no es conveniente que sea la Cámara Nacional de Casación en lugar de la Cámara Federal de Casación la que proponga los subrogantes”, y aseveró que en el caso de los traslados, si falta el acuerdo del Senado, “necesariamente hay que concursar”.
También aseguró que el proyecto contiene “interrogantes no develados”, como “qué ocurriría si no hay 23 postulantes para ocupar los nuevos cargos” y “qué ocurriría con los jueces nacionales en lo Criminal si no optan por pasar a la Ciudad ni tampoco concursar para nuevos cargos”.
En tanto, advirtió que “el traspaso de la Justicia Nacional a la esfera de la CABA no mejorará la situación de los justiciables, generará clientelismo y dependencia de los jueces que actúen en dicha competencia”, a lo que agregó una “más que vidriosa constitucionalidad”.
El abogado cuestionó que entre las “reglas de actuación” de jueces se pueda denunciar este tipo de hechos y alegó la afectación sobre la libertad de expresión. El senador le salió al cruce.
El debate de la reforma judicial en el Senado produjo este martes un intercambio entre el senador oficialista Oscar Parrilli y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, integrante del consejo consultivo que asesorará al Gobierno nacional.
Fue cuando Gil Domínguez se refirió a las “reglas de actuación” que deberían seguir los jueces según el artículo 70 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Si bien el letrado destacó que estas reglas son una “garantía de independencia del Poder Judicial”, cuestionó que los magistrados deban “denunciar a los poderes mediáticos” si sufren presiones.
En efecto, una de las reglas propuestas consiste en “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
También se ordena “evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones”, y se establece que los jueces “en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias”.
Según Gil Domínguez, esta disposición es contraria a tratados internacionales, puntualmente la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 habla de la libertad de pensamiento y expresión.
Ante esta opinión, Parrilli pidió la palabra y le preguntó al abogado “si cree que no existe en Argentina -más allá de la libertad de prensa, que todos defendemos- el derecho a la verdad, a que no mientan, que no manipulen, que no tergiversen ni difamen”.
El senador insistió en preguntarle a Gil Domínguez “si cree que no ha existido en la Argentina presión mediática sobre los funcionarios”, y, sin dar el nombre, habló de “un periodista muy reconocido que instaba a la ciudadanía a desprestigiar, abuchear, denostar, agraviar e insultar a determinados jueces porque no tomaban un fallo”.
“Lo que pienso es que la respuesta está en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, insistió Gil Domínguez, y agregó que allí se contempla “la garantía de libertad de expresión, de pensamiento y de acceso a la información, y una vez que ésta se emite, puede generar responsabilidades civiles y penales ulteriores que las llevarán adelante aquellos que se vean afectados”.
Parrilli contestó que por estos hechos “no puede haber ninguna sanción penal” y recordó en ese sentido la reforma en los delitos de calumnias e injurias aprobada durante el kirchnerismo. “¿Puedo entender que él avala que se realicen estas acciones o está en contra?”, volvió a interrogar.
El especialista repitió entonces que “en la medida que la libertad de expresión genere algún tipo de afectación de otro derecho, que es el honor de las personas, existe el mecanismo de las responsabilidades civiles ulteriores”.
“Lo que hay que evitar es toda forma de censura previa, directa o indirecta”, completó Gil Domínguez, tras lo cual Parrilli lo despidió irónico: “Queda claro que lo defiende. Está bien, gracias”.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad se refirió a la valoración de la perspectiva de género en los concursos e informó sobre la baja cantidad de mujeres en juzgados y fiscalías.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó este martes la perspectiva de género en el proyecto de reforma judicial en lo que hace a la selección de jueces y magistrados, y advirtió sobre la baja cantidad de mujeres en la administración de Justicia.
En primer lugar, Gómez Alcorta sostuvo, al exponer ante el plenario de comisiones del Senado, que “hay un diagnóstico común sobre el funcionamiento de la administración de Justicia, en particular de la Justicia Federal”, con “respuestas de baja calidad, poca independencia, poca transparencia y lentitud”, lo que deriva en “una credibilidad muy escasa en los jueces”.
A eso sumó los “vínculos promiscuos del Poder Judicial Federal de la Ciudad con los servicios de Inteligencia y el poder político”.
Al referirse al proyecto de ley, resaltó “la autolimitación del Poder Ejecutivo para el envío de las ternas una vez que llegan del Consejo de la Magistratura”, teniendo en cuenta la diversidad de géneros y la valoración de la perspectiva de género en los concursos de oposición y antecedentes.
En ese sentido, Gómez Alcorta advirtió que “los procesos de selección están fuertemente sesgados en función de género y no permiten el acceso a los cargos en igualdad de condiciones”, lo que produce como resultado que “las sentencias desconocen derechos fundamentales de las mujeres y diversidades”.
La ministra aportó cifras: informó que en los juzgados federales de todo el país, incluyendo los de la Ciudad de Buenos Aires, los titulares son en un 79% varones, y solo un 21% son mujeres.
Precisó que hay cifras similares en los tribunales orales federales y en las defensorías, mientras que en las cámaras federales la brecha es “un poco menor” y en las fiscalías es mayor, con un 79,8% de hombres y un 20,2% de mujeres.
Gómez Alcorta puso como ejemplo extremo la Cámara Federal de La Plata, donde “hay 20 jueces varones y ni una sola jueza mujer”, y agregó que en Salta “hay 11 fiscales varones y ni una sola mujer”.
“Esta información nos demuestra la existencia de barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de mujeres en los espacios de decisión”, señaló, y definió esta situación como un “techo de cristal”.
Si bien reconoció que “no alcanza con la incorporación de mujeres” en el Poder Judicial, destacó que “es una de las herramientas” para mejorar el sistema, acompañada por la Ley Micaela y la mencionada valoración del género en los concursos.
Al finalizar, Gómez Alcorta sostuvo que “se deben transformar algunos aspectos estructurales” de la Justicia, y en ese sentido habló de superar la “cultura institucional androcéntrica”.
“Si el fundamento de la reforma es el letargo y la politización de la Justicia Federal, lo que hay que hacer no es nombrar más jueces, sino juzgar y remover a los responsables”, consideró el exconsejero de la Magistratura.
El abogado Alejandro Fargosi criticó este martes el proyecto de reforma judicial del Poder Ejecutivo, al sostener que “el problema no es la cantidad de jueces, sino la calidad de los jueces”, y en ese sentido pidió ajustar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo que integró entre 2010 y 2014.
“Si el fundamento de la reforma es el letargo y la politización de la Justicia Federal, lo que hay que hacer no es nombrar más jueces, sino juzgar y remover a los responsables. No debe multiplicarse el problema de los jueces que cumplen mal con su trabajo, sino aplicarles lo que dispone la Constitución y la ley”, consideró.
Además, precisó que “de un total de 988 cargos de jueces, hay vacantes en 291 -casi la tercera parte-, de los cuales 153 tienen ternas en manos del Poder Ejecutivo desde hace siete meses, que podrían perfectamente ser enviadas al Senado para obtener acuerdo y cubrir esas vacantes”.
“El problema no es la cantidad de jueces; el problema es la calidad de los jueces”, algo que “se puede solucionar a través del funcionamiento pleno del Consejo de la Magistratura en lo que hace a sacar del sistema a los jueces que no merecen serlo”, afirmó Fargosi.
Por otro lado, negó que haya un conflicto de competencia entre los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional Penal Económico, como argumento para la unificación de esos fueros.
Asimismo, señaló: “No conozco ningún juez cuya decisión no haya pasado antes por un secretario, con lo cual la reducción de las secretarías de dos a una va a reducir el rendimiento de los juzgados”.
La defensora general de la Nación advirtió que el proyecto “tiene algunos problemas” y pidió “adecuar los números” de juzgados, fiscalías y defensorías que se crean.
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que “hay que introducir profundas modificaciones a la Justicia Federal”, pero advirtió que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo “tiene algunos problemas”, y se refirió a las dificultades para implementar el sistema acusatorio con el diseño propuesto.
Así se expresó la funcionaria al abrir este martes la ronda de exposiciones en el plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado.
“Tengo la profunda convicción de que la reforma al sistema federal debe hacerse, es muy necesaria y muy urgente”, afirmó Martínez, pero señaló que la propuesta oficial “es un modelo antiguo”.
“Entiendo que la aplicación pura y dura del sistema acusatorio hubiera implicado disolver juzgados federales, disolver cámaras y crear colegios de jueces, y por un problema de oportunidad no puede hacerse”, indicó, aunque consideró que podrían haberse tomado “modelos muy virtuosos” como los de Chubut, Neuquén, Entre Ríos o Río Negro, provincias donde ya se aplica el sistema acusatorio.
“Me parece que habría que adecuar los números. Por ejemplo, en Chubut hay un 53% de fiscales, un 31% de defensores y solo un 16% de jueces; toda vez que los jueces son jueces de garantías, no de instrucción, y por ende tienen menos trabajo”, explicó.
La defensora general cuestionó que “se crea una cantidad muy grande de juzgados (46) y nada más que 14 defensorías”. “El sistema acusatorio, con este déficit, no puede funcionar”, insistió.
En tanto, opinó que “lo único positivo” será que en los concursos “quizá se resuelva el tema de la paridad de género”, dado que el fuero federal “es uno de los que peor está” en ese sentido, siendo en un principio María Romilda Servini la única mujer y habiendo solo dos en la actualidad.
En cuanto a la creación de “94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorías” en el interior del país, sostuvo que “esta proporción el sistema no la va a tolerar”. “Hay que volver a mirar el mapa; no dividir en los lugares donde no es necesario; reforzar más lo penal en juzgados como el de Orán; y reforzar más las fiscalías”, enumeró.
Ante una consulta de Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Martínez consideró que “no es un incremento presupuestario mayúsculo” el que habrá que ejecutar para implementar la ley, y agregó que “es una inversión que merece ser hecha”.
En el caso de la Defensoría General, describió que “ediliciamente se necesitan recursos”, aunque “de empleados no tanto”, y de cara a la implementación del sistema acusatorio, dijo que requieren “un incremento y una mejora en la infraestructura informática”.
Por Rodolfo Tailhade. El diputado cuestiona la presentación de los camaristas Bruglia y Bertuzzi de un amparo para evitar que se revisen sus traslados a la Cámara de Apelaciones.
El Poder Judicial desconoce la Constitución Nacional, y desprecia al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. En momentos en que todo un pueblo hace sacrificios enormes, esta casta impresentable pretende mantener privilegios intolerables.
Los jueces del lawfare Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -irregularmente trasladados a la Cámara de Apelaciones porteña durante el macrismo- presentaron un amparo para impedir que se cumpla la Constitución Nacional. Piden que el Gobierno y al Senado “se abstengan de iniciar el trámite previsto en el art. 99 inc. 4 de la CN”. ¿Pueden seguir siendo magistrados estos señores?
Bruglia y Bertuzzi ultrajan la Constitución una y otra vez en este escrito que quedará en la historia como una infamia sin precedentes, e insisten con que el procedimiento previsto en el art. 99 inc. 4° de la Constitución “constituye un acto de arbitrariedad manifiesta”.
Dicen que sus traslados cumplieron estrictamente con el reglamento del Consejo de la Magistratura. O son mentirosos o son brutos, porque ninguna de esas reglas se verificaron.
En primer lugar, un tribunal oral y una cámara de apelaciones no tienen la misma competencia, son ámbitos radicalmente distintos. En segundo lugar, ninguno de estos dos sátrapas tuvo acuerdo del Senado para otro cargo que no sea un tribunal oral; es más, Bruglia nunca en su vida se presentó a un concurso. Y tercero, la violación más flagrante del reglamento de traslados: uno de los requisitos exigidos es que no exista un concurso en trámite para cubrir las vacantes, y sobre esto los dos impostores nada dicen. Ocultan que estaba en pleno desarrollo el concurso.
Además, los motivos del traslado son inconsistentes, pueriles e impropios para un magistrado. No podían poner “queremos ser miembros de la Cámara Federal porque estamos dispuestos a cumplir todo lo que pida Macri y así meter en cana a CFK y a los peronistas”, porque iba a ser demasiado.
Asimismo, hoy nos enteramos de que Bruglia y Bertuzzi no están solos en este abierto desafío al orden constitucional. Los jueces de la bien llamada “Cámara del Crimen” señalan que es inconstitucional un proyecto de ley cuya discusión recién arrancó en el Congreso.
¿Qué clase de señal están enviando? ¿Debemos tomarlo como una amenaza, un ataque frontal a la naturaleza misma de la democracia, o sólo son un grupo de brutos desaforados que consideran a la Constitución Nacional papel higiénico? ¿Quiénes se creen que son?
No les tenemos miedo, señores. No vamos a permitir que pisoteen la Constitución Nacional. No vamos a dejar que sea violada por quienes tienen la obligación de defenderla. No vamos a permitir que el Poder Judicial gobierne nuestro país.
Rodolfo Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación
Durante la reunión conjunta de comisiones, Juntos por el Cambio cuestionó la oportunidad de la propuesta, pidió conocer el costo y cuestionó la creación del consejo consultivo.
El debate sobre la reforma judicial arrancó este martes en el Senado con cruces picantes entre el oficialismo y la oposición, en el marco de un plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, con la participación de la ministra del área, Marcela Losardo.
El primero en hablar fue Esteban Bullrich (Pro), quien pidió una estimación del costo de la reforma -algo que la ministra no respondió- y solicitó el giro del proyecto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
“Un proyecto de este tipo, que va a tener erogaciones presupuestarias, necesita pasar por la Comisión de Presupuesto. En este momento donde los recursos fiscales son escasos, hay que discutir el destino de esos recursos”, sostuvo.
Por el Frente de Todos, Dalmacio Mera se refirió a la discusión sobre la oportunidad de la reforma y se preguntó “cuál sería el momento conveniente para trabajar en una mejor Justicia”. “El presidente en campaña planteó con claridad que había que reformar la Justicia”, recordó.
El legislador también habló de la polémica en torno al consejo asesor que fue creado por el Ejecutivo. “Nadie hace ninguna mención a que tengan los méritos, se hace una observación a uno en particular”, Carlos Beraldi, el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En ese sentido, Mera cuestionó: “No he visto a ningún colegio de abogados defender el libre ejercicio de la profesión”.
También criticó la valoración de la oposición en función de “si tenemos recursos o no” para poner en marcha la reforma, que consideró “oportuna y necesaria”.
Por el contrario, la radical Silvia Elías de Pérez consideró que “claro que tiene que ver” el tema presupuestario, y advirtió que se crean “323 nuevos cargos de jueces fiscales y defensores” que demandarían “1.700 millones (de pesos) solo por el sueldo”, mientras que la infraestructura demandaría “otros 1.000 millones de pesos”.
“Este proyecto no es lo que la gente necesita de la Justicia; es un proyecto a medida para la política”, enfatizó la tucumana.
Por eso, se preguntó si no sería más adecuado “cubrir las 153 ternas que están bajo análisis del Poder Ejecutivo y no se cubren; los 134 concursos que están en el Consejo de la Magistratura; y las 70 renuncias que han tenido con las jubilaciones”, lo que hace a un total de 357 vacantes.
Elías de Pérez también advirtió sobre una “evidente persecución” en la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público para “destituir” al procurador Eduardo Casal, y por otra parte comparó a esta reforma judicial con la de los ’90, tras lo cual le pidió a Losardo: “No escriba nada en ninguna servilleta”.
Pedro Braillard Poccard, también de Juntos por el Cambio, se sumó a las críticas sobre la oportunidad de la ley “en un contexto donde hay una incertidumbre respecto a qué va a pasar con esta maldita pandemia”.
“Hay un montón de dudas en la sociedad de por qué se acelera tanto esta reforma tan ambiciosa, y esto se agrega a los conflictos en la Bicameral (del Ministerio Público) o a declaraciones de importantes referentes que hablan hasta de la reforma de la Constitución”, dijo.
En nombre del oficialismo, Martín Doñate aclaró que “no se trata de garantizarle la impunidad a nadie, sino de lograr una nueva organización de la Justicia” donde “se amplían los juzgados federales, se licúa la concentración de poder en pocos jueces, se le da un papel importante al interior del país y se mejora la transparencia”.
Por otra parte, sostuvo que “nadie puede dudar de que los integrantes del consejo consultivo tienen trayectoria, formación, y vienen de distintas vertientes del derecho para aportarle solidez” a esta reforma.
“No es una cuestión de oportunidad, es cumplir la palabra empeñada. ¿Cuándo sería el momento de reformar la Justicia si no es ahora? La gran mayoría de los argentinos está reclamando una mejor Justicia”, opinó Doñate.
Además, denunció que “los últimos cuatro años de gobierno fueron de los más escandalosos en materia de Justicia desde el regreso de la democracia”, ya que “crearon una ‘mesa judicial’” desde la cual ejercieron “el más brutal lawfare” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, con la participación de funcionarios, periodistas y agentes de Inteligencia.
Sobre el caso de Casal, y como titular de la Bicameral del Ministerio Público, Doñate advirtió que “estuvo meses permitiendo que esté prófugo el fiscal (Carlos) Stornelli (a cargo de la causa de los cuadernos) y nunca consintió su desafuero”.
Laura Rodríguez Machado (Pro) coincidió con sus pares en que “una reforma judicial no es crear más cargos sin solucionar el problema de la morosidad”, y también cuestionó la falta de participación de la oposición en el consejo consultivo.
Por otra parte, le preguntó a Losardo si “hay una decisión por parte del Ejecutivo de modificar la ley que establece que para aprobar el pliego del procurador general se eliminaría el requisito de los dos tercios” en la votación del Senado, algo que la ministra negó tajantemente.
Mariano Recalde (Frente de Todos) consideró que la propuesta oficial “evidencia un ánimo de consenso”. “Tal vez no sea la mejor oportunidad, pero creo que debió haberse hecho mucho antes, y se vio postergada por la pandemia. Era un compromiso electoral que debía cumplirse”, afirmó.
En respuesta a las objeciones sobre la presencia de Beraldi en el consejo consultivo, aclaró que el abogado “no va a tomar ninguna decisión más que aportar su conocimiento junto con otros diez juristas”.
Su par Oscar Parrilli reconoció que la ley “no va a solucionar todos los problemas de la Justicia, pero por lo menos es un camino para empezar a solucionarlos”.
Respecto de la oportunidad, recordó la reforma propuesta en 2017 y 2018, “cuando Argentina se endeudaba a cifras siderales, cuando se destruían empleos y empresas”. “Decir que no es la oportunidad me parece más una excusa que una verdadera razón de Estado”, retrucó.
Tras aclarar que “el texto no está cerrado, no es una imposición”, subrayó: “Lo más importante es que cuando se nombren jueces y fiscales, se nombren hombres probos, honestos, capaces, que no sean presionados ni extorsionados, que no se sometan a ningún poder político o económico y que nos den a todos, sobre todo cuando no estamos en el gobierno, la garantía de que nos van a juzgar con el debido proceso”.
A su vez, Anabel Fernández Sagasti denunció que “la oposición tiene una memoria muy selectiva: cuando les conviene hablar de republicanismo y que ni siquiera se evalúe la posibilidad de un mejor funcionamiento de la Corte, sacan comunicados antes de conocer absolutamente nada, pero cuando gobiernan en sus provincias amplían la Corte y van contra la institucionalidad”.
La oficialista calificó la actitud de Juntos por el Cambio como una “irresponsabilidad institucional gravísima”. “Necesitamos de la oposición para que, entre ambos, decidamos cuáles son las mejores herramientas para la Justicia”, dijo.
Por su parte, Martín Lousteau (UCR-Evolución) preguntó, al igual que Bullrich, sobre la estimación presupuestaria del proyecto. “Tenemos que dar un buen debate respecto de los números, por eso esto debería tener giro a la Comisión de Presupuesto y que tengamos todo el tiempo necesario para debatir”, planteó.
Y añadió: “Obviamente que es necesario una reforma de la Justicia, porque hoy no es ni parcial ni eficiente. Lo que debemos debatir es cuál es la reforma que necesitamos y si realmente es un problema de diseño. Con la parcialidad tenemos que ver la idoneidad y el mecanismo con el que se nombra, y con respecto de la eficiencia debemos poder analizar los números”.
En un plenario caliente, Juntos por el Cambio preguntó por los recursos que demandará la norma, pero la ministra aclaró que se implementará por etapas y no impactará de lleno en el próximo Presupuesto.
A pesar de un planteo de Juntos por el Cambio, expresado por los senadores Esteban Bullrich y Martín Lousteau, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, no informó cuánto costará implementar la reforma judicial, e insistió en que “la Justicia no es un gasto, es una inversión”.
El tema comenzó a ser discutido en un plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, presidido por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos).
En el contexto de la crisis económica por la pandemia, los legisladores de la oposición pidieron conocer cuánto demandaría la futura ley, y además reclamaron el giro del proyecto oficial a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sin embargo, Losardo se limitó a decir que “los números que han salido están muy alejados de lo que es”. “Tenemos unas cifras que les vamos a acercar estando más pulidas”, acotó, y ante la insistencia de Bullrich, aclaró que luego enviaría esa información por escrito.
La ministra explicó que la reforma “está concebida en partes y etapas”, por lo cual no impactará de lleno en el próximo Presupuesto, ya que primero deben efectivizarse las designaciones de los nuevos jueces. Además, señaló que la unificación de fueros “no significa un costo”.
A continuación, sostuvo que “la Justicia no es un gasto, es una inversión”, y se refirió a “expedientes que tardan años, como la investigación de la AMIA o de la Embajada de Israel”.
“¿Cuál es el costo de esa Justicia ineficiente? No me hablen de costos en un Presupuesto Nacional. Si a una persona que es víctima de trata, o lo que se mueve ese dinero sucio, la plata de las offshore… ¿dónde está el costo? ¿Alguien evaluó el costo de los delitos de corrupción? La Justicia no es un costo, esto es lo mismo que decir ‘no tengamos escuelas porque es un costo’. Las plazas se llenan de gente pidiendo Justicia, ¿qué le decimos a la gente?”, enfatizó.
Losardo balbuceó que la reforma implicará el “cero coma algo del Presupuesto”. “Tenemos la plata, usémosla donde la tenemos que usar”, aseguró, y tras reiterar que las cifras serán informadas, le señaló a Bullrich: “Cuando vea cuál es el número se va a dar cuenta que usted también va a querer invertir”.
Por otra parte, en respuesta al senador Pedro Braillard Poccard (Pro), Losardo defendió la oportunidad de la reforma y aclaró que “este proyecto estaba pensado para ser presentado a los pocos meses de la asunción del presidente, pero vino la pandemia”.
“Hubiera sido mucho mejor en febrero o marzo, pero la pandemia nos trastocó la agenda. Hoy por suerte podemos estar debatiendo y explicando”, manifestó, y agregó que “el momento de la Justicia es siempre”.
La ministra consideró que “esta es una oportunidad que tenemos para fortalecer la democracia, para que los ciudadanos tengan Justicia, para salir de las situaciones donde se opera judicialmente”.
En tanto, le contestó a la radical Silvia Elías de Pérez, quien comparó a esta reforma judicial con la de los ’90 y le pidió, en tono irónico, que “no escriba nada en ninguna servilleta”.
“En esa época no existía el Consejo de la Magistratura, así que es un muy difícil que pueda darse un caso así. Por suerte tenemos instituciones, instituciones que funcionan, y que si es necesario las vamos a mejorar. Acá no hay jueces de servilleta ni jueces a dedo”, se defendió Losardo, y aprovechó para recordar el nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto durante la gestión anterior.
En relación al consejo consultivo, aclaró que no forma parte del proyecto de reforma judicial, sino que fue creado en forma paralela, y le respondió a Laura Rodríguez Machado (Pro), quien cuestionó la falta de participación de la oposición.
“Esta comisión no es para opositores o no opositores”, aclaró, y mencionó que entre los once juristas elegidos se encuentra Inés Weinberg de Roca, propuesta como procuradora general por el expresidente Mauricio Macri.
Por otra parte, y ante otro planteo de Rodríguez Machado, Losardo negó que se vaya a intentar una modificación de la Ley del Ministerio Público para eliminar el requisito de los dos tercios del Senado para nombrar al procurador, en un contexto donde el oficialismo, en principio, no tiene los votos para designar a Daniel Rafecas.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos expone ante un plenario de comisiones del Senado, que arranca así con el debate del ambicioso proyecto del Poder Ejecutivo.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, destacó este martes que la reforma judicial propuesta por el Poder Ejecutivo “tiene un objetivo claro y concreto: que los ciudadanos reciban un servicio de Justicia eficiente, eficaz, cercano, y que la respuesta a su conflicto llegue en un plazo razonable; es decir, un servicio de Justicia que funcione”.
Así se expresó Losardo al exponer en la primera reunión virtual conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos).
La funcionaria explicó que la iniciativa, que recibió fuertes críticas por parte de Juntos por el Cambio, “busca una transformación integral de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias”.
El proyecto se basa en tres dimensiones de la Justicia Federal: “el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de la CABA; el fortalecimiento de la Justicia Civil con el fuero Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la CABA; y el fortalecimiento de la Justicia Federal con asiento en las provincias”.
En la primera esfera, se propone la unificación del fuero Criminal y Correccional Federal con el Nacional Penal Económico, fusionando la competencia y acopiando las estructuras de todas sus instancias, para crear un nuevo fuero que pasará a denominarse Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, señaló Losardo, el proyecto interviene en las estructuras del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, “porque es indispensable para enfrentar las necesidades que representa el nuevo fuero”.
“Se prevé un mecanismo especial para llevar adelante con mayor celeridad todos los procesos y garantizar la transparencia de los concursos de los cargos que se van a crear”, resaltó la ministra.
En cuanto al segundo aspecto de la reforma, indicó que se propone otra unificación de fueros, para dar lugar al nuevo fuero Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, se incluye una serie de “reglas de actuación” para jueces y magistrados, que apuntan a resolver “deficiencias del sistema de administración de Justicia”, invitando además a la Corte Suprema a que dicte códigos de ética.
Al justificar la creación de este nuevo fuero, donde se unifica el Criminal y Correccional Federal con el Nacional Penal Económico, Losardo explicó que “el número de delitos en los que interviene la Justicia Federal aumentó considerablemente, lo mismo que la complejidad de los hechos”.
La ministra recodó que “la última reforma fue en los comienzos de los ‘90” y actualmente se verifica “una morosidad en el trámite de las causas, sobrecarga de trabajo y movimientos espasmódicos que se producen en ciertos casos, los mediáticamente relevantes según la coyuntura política”.
“Es necesario que exista un mayor número de jueces, si se tiene en cuenta que para la implementación del sistema acusatorio cada decisión jurisdiccional va a requerir la presencia de un juez”, sostuvo.
Al referirse a la nueva estructura, especificó que se crearán “23 cargos de jueces penales federales de la CABA, uniendo los 12 jueces federales de hoy con los 11 jueces penales económicos”, y al dividirse las secretarías, se crearán 46 juzgados en total.
En tanto, habrá 12 Tribunales Orales Federales -sumando los ocho del fuero Criminal y Correccional y los cuatro del Penal Económico- más otros cinco nuevos tribunales, lo que significa un total de 17 TOF, mientras que quedará una sola Cámara de Apelaciones con cuatro salas, dos por cada fuero.
Losardo aclaró que “las causas en trámite continúan ante el mismo juzgado y el mismo juez”, con lo cual la reforma “está lejos de ser caratulada como una garantía de impunidad”.
“Mientras se sustancian los concursos, se prevé un régimen de subrogancias que se aparta de algunos puntos de la nueva ley y busca una mayor transparencia en la designación transitoria de magistrados”, agregó.
En ese sentido, puntualizó que la subrogancia será exclusiva para los actuales jueces federales en lo Criminal y Correccional y se deberá votar en el Consejo de la Magistratura con una mayoría de dos tercios, para luego ser remitida al Poder Ejecutivo, que debe enviar los pliegos al Senado.
Por último, dijo que los subrogantes no podrán subrogar más de un año, con posibilidad de extender ese lapso por seis meses.
Según la ministra, la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo “es necesaria por los conflictos de competencia que se suscitan y el flujo de casos existentes en ambos fueros”, lo que genera “gran litigiosidad y grandes volúmenes de expedientes” vinculados, por ejemplo, a los servicios públicos.
“Esto repercute en una imagen de la Justicia que no da respuestas”, advirtió, y por eso pidió “terminar con estas trabas y contiendas”.
Señaló que en este caso habrá una sola Cámara de Apelaciones compuesta por nueve salas, de las cuales cinco hoy corresponden al fuero Contencioso Administrativo y cuatro al Civil y Comercial. En cuando a los juzgados de primera instancia, se crearán 23, con dos secretarías cada uno.
En este tercer vector de la reforma, Losardo afirmó que se retomó un proyecto de ley que había sido presentado en el marco del programa Justicia 2020 de la gestión anterior con las firmas de Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Rodolfo Urtubey y Luis Naidenoff, entre otros.
Así, se propone la creación de 94 juzgados penales federales de primera instancia en las provincias, para abocarse a delitos como la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando.
La ministra aseguró que hay dos objetivos: “la especialización de los jueces y un número de jueces suficiente para implementar el sistema acusatorio” y lograr “la adecuación progresiva de las nuevas estructuras judiciales al nuevo Código Procesal Penal”.
Por último, Losardo enumeró las “reglas de actuación” propuestas para jueces y magistrados, entre las que se encuentran “mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados; no realizar comportamientos que constituyan favoritismos; garantizar que las personas tengan un trato digno e igualitario; el desapego a los poderes políticos, mediáticos y fácticos; y comunicar al Consejo de la Magistratura sobre posibles intentos de influencia en sus decisiones”.
Con la presencia de la ministra Marcela Losardo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales comienzan este martes la discusión del proyecto que prevé la reorganización de la Justicia Federal.
A menos de una semana de su presentación formal en la Casa Rosada, se inicia en la Cámara alta la discusión en comisiones del proyecto de reforma judicial enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo. Será este martes a partir de las 16, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, en forma virtual, a través de la plataforma Zoom, a los efectos de dar tratamiento el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias.
En esta ocasión se hará presente en la reunión la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo.
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Obviamente será el puntapié inicial para una discusión que no será exprés, pero tampoco se presume extensa. De hecho, fuentes legislativas adelantaron a parlamentario.com que es intención que el proyecto resuma media sanción en el transcurso de este mes, previéndose su aprobación definitiva en Diputados en el transcurso de septiembre.
De ser así, el proyecto debería recibir dictamen el 18 o 19 de agosto, de modo tal de poder ser debatido en el recinto la semana siguiente. Conforme la resistencia de la oposición, el oficialismo deberá atenerse a la necesidad de esperar una semana a partir de la firma del dictamen para llevar el proyecto al recinto, para no tener que contar con los dos tercios que no tiene.
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En la Cámara baja se espera una mayor resistencia para un proyecto que recibirá entonces la consigna de no modificar nada de lo que se defina en el Senado, una cámara que domina la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Allí el debate será conducido por dos probados kirchneristas de paladar negro, María de los Angeles Sacnun como titular de Asuntos Constitucionales, y Oscar Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
En Diputados también manejarán el debate dos kirchneristas duros: Pablo González, exvicegobernador santacruceño, compañero de fórmula de Alicia Kirchner, y el camporista Rodolfo Tailhade, titulares de Asuntos Constitucionales y Justicia, respectivamente.
De acuerdo con la agenda oficial, es de esperar que el proyecto se transforme en ley en el transcurso del mes de septiembre.
PRY-LEY-JUST-PENAL-FED-Final-SLYTEl proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal presentado el miércoles por el presidente Alberto Fernández crea 121 nuevos cargos y 94 juzgados en el interior del país, según se desprende de sus anexos.
En el Poder Judicial de la Nación habrá 15 nuevos jueces de cámara, 23 jueces de primera instancia y cinco secretarios de cámara, lo que hace un total de 43 cargos.
En tanto, en el Ministerio Público Fiscal se crean los cargos de cinco fiscales generales, 23 fiscales, cinco secretarios de fiscalía general y otros 23 secretarios, sumando 56 cargos.
Por último, en el Ministerio Público de la Defensa figuran tres nuevos defensores públicos oficiales ante los Tribunales Orales en lo Penal Federal, ocho defensores ante los jueces y Cámara en lo Penal Federal, tres prosecretarios letrados y ocho secretarios, totalizando 22 cargos.
El texto que leyó el presidente en Casa Rosada al anunciar el proyecto que enviará al Congreso.
A continuación, el discurso completo del presidente Alberto Fernández este miércoles al anunciar el proyecto de organización y competencia de la Justicia Federal que enviará al Congreso.
Discurso-Reforma-JudicialEl texto completo del proyecto de ley anunciado este miércoles por el presidente en Casa Rosada.
A continuación, el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal anunciado este miércoles por el presidente Alberto Fernández.
PRY-LEY-JUST-PENAL-FED-Final-SLYTEn un acto en Casa Rosada, el presidente anunció el envío de la iniciativa que entre otras cosas amplía el número de juzgados. También presentó el Consejo Consultivo que dará su veredicto sobre la ampliación de la Corte Suprema.
El presidente Alberto Fernández presentó este miércoles el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal que enviará al Congreso en las próximas horas, acompañado por los integrantes del Consejo Consultivo que, en forma paralela, opinarán sobre una posible ampliación de la Corete Suprema de Justicia.
El anuncio tuvo lugar en la Casa Rosada y contó con la participación de funcionarios nacionales, legisladores del oficialismo y la oposición -de forma presencial y remota- y solo una de las integrantes del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco.
“Lo que estamos proponiendo no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”, proclamó el jefe de Estado.
Fernández insistió en que “es hora de tener una Justicia proba que solo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho. Una Justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos”.
Explicó que, en términos generales, la iniciativa apunta a “organizar mejor la Justicia Federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la Justicia Federal con competencia penal”.
En primer término, el proyecto crea la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.
Cada uno de esos tribunales, precisó el presidente, actuará con una de las dos Secretarías que actualmente tiene, mientras que la restante se convertirá en Secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.
“Esta lógica de ampliación del número de juzgados, ha tenido muy en cuenta la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal”, puntualizó.
El objetivo es evitar que “el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”, lo que provocó que este fuero “se politizara”.
Fernández argumentó que en la Ciudad, a diferencia de lo que ocurre en la Justicia Federal del resto del país, la competencia para investigar y sancionar delitos entrelazados como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas o el contrabando “se encuentra dividida entre los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico”, y por eso consideró que “es hora de unificarlos”.
Para que el nuevo fuero “comience a funcionar cuanto antes”, se prevé un sistema de subrogancias “que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados, donde intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado, que deberá dar los acuerdos correspondientes”.
El presidente aclaró que este proceso “en nada afecta el principio del juez natural” ya que “la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces o tribunales orales que actualmente las estén tramitando”.
El proyecto también contempla la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de Tribunales Orales, de Fiscalías y Defensorías.
Asimismo, propone transferir a la Ciudad “la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente”.
El segundo título del proyecto propicia la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo.
Según Fernández, “la experiencia da cuenta de los numerosos conflictos de competencia que suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial”.
En su título tercero, la iniciativa propone un fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país, y recoge un proyecto que perdió estado parlamentario, presentado por los senadores Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidenoff y Silvia Elías de Pérez.
Lo que busca el Ejecutivo es reforzar la Justicia Federal con asiento en las provincias y la especialización por materia para evitar la superposición. “Esta idea va en consonancia con nuestro propósito de continuar implementando gradualmente en todo el país el Código Procesal Penal Federal”, explicó Fernández.
El capítulo final del proyecto está dedicado a “una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces federales”, como por ejemplo “evitar comportamientos que indiquen favoritismos”; “evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones” y “comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia”.
El incumplimiento de estas pautas -siete en total- constituirá una causa grave de mal desempeño y estará sujeto a sanciones administrativas y penales.
Fernández estuvo acompañado por los integrantes del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, a quienes calificó como “juristas de reconocimiento técnico indiscutido”.
Los elegidos son Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battainiy Omar Palermo.
“Han sido sus sólidos antecedentes académicos y la experiencia enorme que individualmente acumulan lo que me ha determinado a convocarlos a la tarea de repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público”, destacó el presidente.
Detalló que la tarea de este Consejo será elevar “propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia”, que serán evaluadas por el Ejecutivo y luego enviadas al Congreso.
El jefe de Estado aclaró que los juristas “tendrán plena autonomía y libertad para recomendarme lo que crean conveniente”. “No existe en mi ánimo, contrariamente a lo que muchos han repetido, el deseo de condicionar la decisión de este Consejo Consultivo. Sé de las cualidades intelectuales de cada uno de ustedes y sé que no estarían aquí si se sintieran limitados a expresarse libremente”, dijo a los miembros.
El presidente dedicó buena parte de su discurso a formular un repaso histórico del funcionamiento del Poder Judicial e hizo foco en los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, al advertir que “estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho”.
En primer lugar, recordó que con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 257/15 se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal y sus normas complementarias.
A su vez, “la Agencia Federal de Inteligencia volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en el curso de diversas pesquisas judiciales”.
“Con el devenir de los días se fue perdiendo la transparencia judicial. El cuestionamiento a jueces que expresaran independencia se tornó tan cotidiano como la manipulación de otros jueces que respondieran a los intereses del poder de turno”, cuestionó.
Y agregó: “En ese contexto, la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso. Por esa vía se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas. De esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados”.
El diputado Jorge Enríquez fijó su posición sobre las versiones cada vez más insistentes en relación al proyecto sobre reforma judicial que el Poder Ejecutivo se dispone a enviar al Congreso.
En vísperas del anunciado ingreso de la reforma judicial al Parlamento, el diputado del Pro Jorge Enríquez sostuvo que “no es necesario esperar los proyectos para advertir cuál es su propósito: lograr la impunidad de la familia Kirchner y sus cómplices, y subordinar al Poder Judicial a ese clan. Sería de una enorme ingenuidad pensar que quienes gobernaban Santa Cruz dinamitando cualquier forma de control republicano van a convertirse de buenas a primeras en adalides de la independencia judicial”.
Para Enríquez, “es probable que pretendan ampliar el número de miembros de la Corte Suprema, como hizo Menem (cuando ellos eran menemistas) para tener una cómoda mayoría adicta y también dividir la Corte en salas para designar en la de competencia penal a jueces de Justicia Legítima e instrumentar su absolución para el pasado y hacia el futuro. Ello se complementaría con una posible modificación del recurso extraordinario, principal vía de acceso a la Corte, de una forma que ignoramos, pero que seguramente irá en la misma dirección”.
“Otro aspecto es la revisión de algunos traslados de jueces a otros cargos judiciales que tuvieron lugar en los últimos años al amparo de criterios establecidos por la Corte. Otra vez, el propósito es colonizar a la Justicia con jueces militantes”, insistió Enríquez.
El diputado concluyó: “Mi posición es que hay que rechazar en bloque todas esas iniciativas. Discutirlas en términos teóricos, como si viviéramos en Suecia, sería caer en la trampa. Sabemos lo que quieren”. “La sociedad viene dando muestras cabales de su repudio al retorno a prácticas que creíamos superadas. Juntos por el Cambio, que es el canal natural de expresión política de los valores de quienes ansían vivir en democracia, libertad y progreso, debe estar al frente de ese rechazo”, agregó el legislador del Pro.
Así lo determinó el juez Guillermo Scheibler, quien entendió que hubo un incumplimiento de una cautelar por parte del Gobierno porteño y estableció un plazo acotado para que se implemente un protocolo en esos lugares.
A más de 110 días de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, el juez Guillermo Scheibler declaró el incumplimiento, por parte de Gobierno de la Ciudad, de la medida cautelar dictada el pasado 5 de junio para proteger a las personas en situación de calle frente a la pandemia de Covid 19. Además dispuso una multa de diez mil pesos, que se hará efectiva en la persona del jefe de Gabinete, Felipe Miguel, hasta tanto se cumpla con el mandato judicial.
La presentación judicial fue realizada por la legisladora del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco, con patrocinio de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH). Según el nuevo fallo, el Gobierno porteño tendrá cinco días para notificar “a todos los dispositivos de la red de alojamiento de la Ciudad el Protocolo de actuación ante sospecha y/o confirmación de coronavirus en un hogar o parador transitorio para personas en situación de calle”.
Asimismo, deberá “asegurar su observancia en cada dispositivo y proceder al traslado de las personas con confirmación de Covid 19 a unidades extrahospitalarias”. En ese plazo, además, el Ejecutivo porteño deberá presentar “toda la documentación relativa a los testeos que se hubiesen realizado a las personas alojadas en los paradores, indicando fecha del testeo y resultado obtenido” como así también la referida a los planes de vacunación realizados en los dispositivos indicando total de personas alojadas al momento de realizarlos y cuántas recibieron la vacuna.
A su vez, se deberá asegurar “la vacunación contra la gripe a la totalidad de los residentes y trabajadores de los hogares y paradores con que cuenta la Ciudad” y a todas “las personas que se encuentran en efectiva situación de calle, debiendo acompañar a la causa la planificación de tal medida y de su implementación, dentro del plazo de diez días”.
También deberá informar, dentro de los cinco días, “cantidad de camas disponibles en cada dispositivo, así como los ingresos y egresos producidos desde el 20 de marzo de 2020 a la fecha, y la periodicidad, detalle y cantidad de insumos que se entregan para la protección del personal y alojados en los dispositivos referidos, tales como barbijos, guantes de látex, alcohol, elementos de limpieza”.
Al respecto de esta determinación judicial, Velasco manifestó que “es inadmisible que la Justica tenga que seguir exigiendo al Gobierno porteño que se ocupe de las personas en situación de calle” y precisó que “estamos hablando de una población extremadamente vulnerable, sin ninguna posibilidad de cumplir con las medidas de protección e higiene que se le pide a la sociedad para protegerse frente al coronavirus; no tiene casa donde hacer una cuarentena ni elementos de aseo e higiene”.
Además señaló que “si bien las plazas en los paradores han aumentado, no cubren ni a la mitad de personas que hoy viven en las calles de la Ciudad y aquellas que sí pueden acceder a algún dispositivo, no tienen la seguridad de estar protegidas porque los centros no cuentan con los protocolos ni las medidas adecuadas” e indicó que “necesitamos que el Gobierno porteño tome el tema con la urgencia y la seriedad que requiere y que se cumpla con la Ley 3.706, con políticas públicas activas y con presupuesto”.
“La situación vulnerada de más de 7.200 personas que hoy están en situación de calle en el distrito más rico del país, además de la de decenas de miles que se encuentran al borde del desalojo sufriendo el riego de calle, se recrudece en la pandemia”, precisó y concluyó remarcando “por eso, a fines de marzo presentamos proyectos que explicitan la Emergencia del sector para darle prioridad en el diseño de políticas públicas que den respuesta urgente. Lamentablemente el oficialismo no los pone en tratamiento en la Legislatura y tampoco cumple con las disposiciones judiciales”.
Funcionarias y especialistas expusieron en una nueva reunión informativa de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres de Diputados.
Las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados llevaron a cabo este jueves la tercera reunión informativa conjunta sobre justicia penal y género, con la participación de funcionarias y especialistas en la temática.
“El Estado en sus tres poderes debe estar presente, y por ello desde el Legislativo estamos para aportar y mejorar las leyes al respecto”, dijo Carolina Gaillard, titular de la Comisión de Legislación Penal, al abrir la videoconferencia.
En tanto, Mónica Macha, de la Comisión de Mujeres, explicó que esta “línea de trabajo conjunto” apunta a “generar una legislación que tenga perspectiva de género, una mirada feminista y transfeminista”.
La abogada feminista Soledad Deza, quien llevó adelante el caso Belén, advirtió que “el derecho penal nunca ha sido un lugar habitable para nosotras ni para ninguna disidencia sexual, al contrario”, ya que se han utilizado “tipos penales para criminalizar decisiones”, como por ejemplo “utilizar la figura del homicidio para castigar abortos”.
Por eso, Deza llamó a ejercer una “crítica feminista acerca de la contradicción que supone apelar al derecho penal, que no solamente es androcéntrico en sus estructura, sino que en la práctica es un fuerte reproductor de estereotipos y subalternidad”.
Sin embargo, Gaillard aclaró que “el derecho penal no necesariamente está para aumentar penas” y que los proyectos presentados en las comisiones en realidad buscan “mejorar dispositivos y herramientas” con perspectiva de género.
Por su parte, María Luisa Storani, parlamentaria del Mercosur y exdiputada nacional de la UCR, consideró que el proceso de acceso a la Justicia muchas veces se transforma en “un campo de espinas”, y se refirió al impacto diferenciado de la pandemia del Covid-19 sobre las mujeres.
Storani indicó que a pesar de que hoy existe un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y de la inversión que se hizo en la línea 144, además de la habilitación de tres líneas de WhatsApp y denuncias por Internet, “siguen los femicidios”.
La radical informó que, según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema “han disminuido las denuncias e incluso han disminuido las consultas, y esto da un mensaje muy fuerte, porque todas las redes de contención que había fuera de la casa están rotas por la cuarentena”.
Por otra parte, llamó a “denunciar los hospitales que no permiten el acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo)” durante el aislamiento social.
Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, sostuvo que hay “dos grandes desafíos en las medidas reglamentadas sobre violencia de género y en las que estamos discutiendo en materia penal y de género: cómo reducir la sobreintervención y cómo lograr la territorialización de las políticas de género”.
En tanto, la directora ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFaD), Andrea Casamento, señaló que “cuando hay una persona detenida en sus familias, el rol que cumplen las mujeres familiares de detenidos es muy pesado, porque nos transformamos en sostén del hogar y de la persona que está presa”.
También expusieron en la reunión Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de Entre Ríos, y Ana Laura Ruffini, de la Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar y de Género de La Pampa.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados pidió al Gobierno comenzar a “pensar en la post-pandemia”. Además, enfatizó la necesidad del funcionamiento pleno de las instituciones y expresó su preocupación por el parate en la Justicia.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, advirtió que “en este país la economía también mata” y pidió al Gobierno que comience a “pensar en la post-pandemia”.
Además, el radical consideró que, aunque hay que “seguir trabajando fuertemente en la lucha” contra el coronavirus, es necesario “encontrar rápido la recuperación plena de las instituciones”.
En ese sentido, el legislador expresó su preocupación por el parate de la Justicia a más de 80 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Nunca existió una feria judicial como la que estamos viviendo ahora”, enfatizó.
También señaló que hay “causas graves”, que incluso involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y “están totalmente paradas”.
“No es que nosotros seamos inflexibles, es la responsabilidad republicana la que obliga a todos que la democracia funcione en plenitud y tenemos que garantizarlo entre todos”, sostuvo el cordobés en diálogo con radio La Red.
Negri volvió a cuestionar el DNU por el cual se facultó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a reasignar partidas presupuestarias -en el marco de la emergencia por Covid-19- sin control parlamentario. “Es un exceso de atribuciones, de regresar 13 años atrás, sacar las facultades del Congreso”, dijo.
Y continuó: “En la época de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner) se gobernó en emergencia todo el tiempo. Eso significa, más que un tema económico, llevarse las facultades del Congreso, la capacidad de control, no saber a dónde van las partidas”.
Asimismo, el presidente de la bancada opositora cuestionó que no haya proyecto de Presupuesto 2020 y recordó que “hasta en el 2002, en plena crisis, hubo Presupuesto. Es una muy mala señal en un contexto de enorme incertidumbre”.
Consultado sobre la causa de presunto espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri a políticos, periodistas, dirigentes y sindicalistas, el diputado aclaró que él no fue citado y lo que conoce es “nada más que información periodística”.
“Desde los ’90 han existido pozos negros y muy oscuros en relación a los servicios de inteligencia”, señaló y agregó que “durante la época del kirchnerismo ocurría lo mismo”.
“La política tiene una asignatura de trabajar en serio sobre eso y echar luz”, resaltó, al tiempo que reiteró que no tiene “detalles judiciales” sobre la causa abierta a raíz de la denuncia realizada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, pero manifestó: “Por supuesto cualquier ilegalidad la repudio, no la acompaño”.
Salió al cruce de los dichos de Alberto Fernández en un canal de cable en las que habló del andar judicial.
El diputado nacional Luis Petri respondió en Twitter a las declaraciones de Alberto Fernández en C5N en las que dijo querer “una mejor justicia, eso no es buscar impunidad”.
En ese sentido Petri aseguró: “Querer ampliar el número de la Corte, desarmar la Agencia de Protección de Testigos, transferir las escuchas de la Corte a la Procuración, pedir la domiciliaria de condenados por corrupción, hablar de detenidos arbitrarios, es buscar impunidad”.
Además, explicó que “La mejor contribución que se le puede hacer a la Justicia es garantizar su independencia Presidente, cualquier otra intromisión la acerca al poder hasta hacerla adicta a él, como ya ocurrió en el pasado en el país, no repitamos las malas experiencias de la historia”.
“Vamos a rechazar todo intento de someter a la Justicia al poder de turno. La República se construye con instituciones fuertes. No vamos a acompañar ningún proyecto de ley que encadene a la Justicia para impedir que investigue la corrupción en la Argentina”, sentenció el legislador mendocino.
El exlegislador tucumano había sido denunciado por una exempleada del Congreso a raíz de un episodio ocurrido en 2016. Ahora deberá ir a juicio oral.
El exdiputado nacional y actual intendente de la localidad tucumana de Famaillá, José “Mellizo” Orellana, fue procesado en una causa por presunto abuso sexual contra una exempleada en el Congreso y ahora deberá someterse a juicio oral.
La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó el sobreseimiento de Orellana y dictó su procesamiento en la causa.
El episodio ocurrió el 11 de noviembre de 2016 y la víctima fue Agustina Poch, una joven platense que trabajaba en el despacho de la entonces diputada Gabriela Troiano.
Poch -que en un primer momento utilizó el pseudónimo “Luz” y hace dos años reveló su identidad- denunció que Orellana la acosó en su despacho, tanto verbal como físicamente.
La jueza de primera instancia María Alejandra Provítola dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer del legislador tucumano, basándose fundamentalmente en el testimonio del secretario de Orellana, José Romero, quien dio una versión diferente a la de Poch.
La decisión fue apelada por la abogada defensora de Poch, María Elena Barbagelata, con la intervención de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres), pero la Sala IV de la Cámara de Apelaciones confirmó la falta de mérito.
Barbagelata presentó nuevas pruebas y se realizó un careo entre Poch y Romero, tras lo cual la magistrada resolvió sobreseer a Orellana, aunque manteniendo el “estado de incertidumbre”.
Por esa razón, la querella volvió a presentarse ante la Cámara, y finalmente el mismo tribunal -que cambió a dos de sus tres miembros- no solo revocó el sobreseimiento del exdiputado, sino que también dictó su procesamiento.
En el fallo, al que accedió parlamentario.com, la Sala IV se basó en un testimonio clave, el de una arquitecta que dio detalles sobre las cámaras de seguridad del edificio Anexo de Callao 86.
Para el tribunal, “los elementos incorporados permiten tener por acreditada la intervención culpable de José Fernando Orellana en el suceso que se le atribuye”, pues se comprobó que Poch “permaneció a solas por un momento” junto a Orellana en la oficina.
“En definitiva, la prueba reunida conforma la convicción necesaria para dictar el procesamiento de José Fernando Orellana en orden al delito de abuso sexual”, concluyó la Sala IV.
La diputada radical envió notas a la Corte Suprema, la Procuración y la Cámara de Casación solicitando que se reanuden las audiencias sea de forma remota o presencial.
La diputada nacional Claudia Najul (UCR), junto a otros legisladores de su bloque, envió notas a la Corte Suprema, a la Procuración General de la Nación y a la Cámara Federal de Casación Penal, requiriendo que se reactiven los juicios en trámite por causas de corrupción, de manera remota o incluso presencial, en el caso de que los tribunales crean posible implementar las precauciones sanitarias correspondientes.
Al respecto, la mendocina manifestó: “Desde la UCR apoyamos la recomendación de Casación para que se retomen los juicios de lesa humanidad y, en ese sentido, reclamamos lo mismo para aquellos en los que se están juzgando a procesados por corrupción, por quedarse con el dinero que debería estar en escuelas, hospitales y rutas”.
“Estamos transitando una crisis enorme, que va más allá del ámbito sanitario y nos afecta económica, social y humanamente. Es fundamental que la Justicia ponga lo que hay que poner y dé señales inequívocas a la sociedad de que quienes le roban al Estado incumpliendo sus deberes de funcionarios públicos, no pueden beneficiarse precisamente en estos tiempos de angustia e incertidumbre para millones de argentinos”, agregó la legisladora de Juntos por el Cambio.
Diputados y senadores del Frente de Todos realizaron una presentación ante la Justicia, luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner atribuyera este accionar al exconsejero Mahiques.
Diputados y senadores del Frente de Todos pidieron este miércoles que la Justicia investigue la denuncia de la jueza Ana María Figueroa sobre supuestas presiones recibidas por parte de funcionarios macristas sobre la investigación del memorándum de entendimiento con Irán.
El fin de semana, la jueza reveló en declaraciones a AM750: “En el gobierno anterior un funcionario que estaba por debajo del exministro de Justicia, Germán Garavano, entró a mi despacho para presionarme por la causa sobre el memorándum con Irán”.
La vicepresidenta Cristina Kirchner atribuyó este accionar a Juan Bautista Mahiques, aunque luego la magistrada aclaró que no había mencionado al exconsejero de la Magistratura, y finalmente el propio aludido le pidió una rectificación.
Ahora, legisladores del Frente de Todos solicitaron que se investiguen estos hechos, que “dan cuenta de presiones e interferencias que fueron llevadas a cabo para direccionar investigaciones en trámite ante el Poder Judicial por miembros y sectores afines al gobierno presidido por el ingeniero Mauricio Macri”.
Los demandantes solicitaron que se habilite la feria judicial y que el caso se trate “con urgencia” dada “la enorme gravedad institucional del caso, el cual compromete la forma republicana de gobierno, y en particular, el principio de división de poderes”.
La presentación recayó en el Juzgado Federal Nro. 2, de Daniel Rafecas, quedando a cargo del fiscal Federico Delgado.
Los firmantes fueron los senadores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Matías Rodríguez, Martín Doñate, María de los Ángeles Sacnun, Jorge Taiana, Guillermo Snopek, Teresa González, Ana Almirón y Mariano Recalde, y los diputados José Luis Gioja, Josefina González, Martín Soria, Marisa Uceda, Nicolás Rodríguez Saá, Graciela Parola, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.
Según los legisladores, desde la asunción de Macri “fueron desplegadas, desde distintos estamentos oficiales y sectores afines, diferentes maniobras destinadas a interferir sobre el normal funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y direccionar el trámite de causas que le resultaban funcionales a sus intereses políticos”.
Esas maniobras “fueron planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada ‘mesa judicial’, integrada nada más ni nada menos que por el expresidente de la Nación, funcionarios de su gobierno y operadores judiciales”, advirtieron.
Más aun, le pusieron nombre y apellido a los integrantes de esa “mesa judicial”: el mencionado Mahiques; el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; el extitular de la AFI, Gustavo Arribas; los exsecretarios de Estado José Torello y Pablo Clusellas; el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; y los abogados Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y Daniel Angelici.
El escrito presentado ante la Justicia adjunta una transcripción textual de la entrevista radial a la jueza Figueroa, para luego solicitar que se cite a declaración testimonial tanto a la magistrada como al periodista que realizó la nota, Mariano Martín.
Otro de los pedidos es que “se oficie a todas las empresas telefónicas del país a fin de que informen los abonados utilizados entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019 por el doctor Juan Bautista Mahiques”.
Asimismo, los legisladores solicitan que “se obtengan, por los medios pertinentes, los registros fílmicos, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia que permita establecer si entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación visitaron “ la Casa Rosada, la residencia de Olivos, la sede de la AFI o la del Ministerio de Justicia.
