El diputado bonaerense integrante de la bancada de Unión por la Patria Ricardo Lissalde presentó un proyecto de ley para declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de modificar el artículo 173 y facilitar la cobertura de vacantes en los juzgados de Paz del interior bonaerense.

La iniciativa mantiene como regla general la exigencia de que los postulantes acrediten una residencia inmediata previa de dos años en el distrito donde deberán desempeñar sus funciones. Sin embargo, incorpora una excepción para aquellos casos en los que no exista un número suficiente de candidatos para conformar la terna requerida por el Consejo de la Magistratura.

En esos casos, podrán postularse abogados que acrediten dos años de residencia en cualquier municipio perteneciente al mismo Departamento Judicial, únicamente con el fin de completar la terna correspondiente.

Entre los fundamentos del proyecto, Lissalde advierte que en numerosos concursos resulta imposible reunir la cantidad mínima de aspirantes exigida por la normativa vigente, especialmente en municipios de menor población, donde el número de profesionales habilitados para concursar es reducido.

"La realidad demográfica y profesional ha variado desde la reforma constitucional de 1994", sostiene el legislador, quien remarca que la situación genera demoras en los procesos de selección, obliga a extender subrogancias y dificulta la prestación de un servicio de justicia eficiente y cercano a los ciudadanos.

El texto destaca que los juzgados de Paz constituyen la presencia más próxima del Poder Judicial en gran parte del territorio bonaerense y tienen intervención en materias de alta sensibilidad social, como conflictos familiares, medidas cautelares vinculadas a violencia de género y familiar, cuestiones civiles y comerciales de menor cuantía y diversas actuaciones de carácter urgente.

Según señala la iniciativa, la falta de cobertura definitiva de las vacantes afecta especialmente a distritos del interior provincial como Tordillo, General Lavalle, Rauch, Saavedra, Punta Indio, General Pinto y Balcarce, entre otros.

De aprobarse la declaración de necesidad de reforma, la modificación constitucional deberá ser sometida a consideración del electorado bonaerense mediante un plebiscito que se realizaría junto a la primera elección provincial que tenga lugar tras la sanción de la ley.

Para el autor del proyecto, la medida permitirá garantizar la conformación de ternas, acelerar la cobertura de cargos vacantes y fortalecer el funcionamiento de la Justicia de Paz sin alterar el criterio de cercanía territorial, ya que los postulantes seguirán perteneciendo al mismo Departamento Judicial donde se encuentre el juzgado a cubrir.

El objetivo principal consiste en ampliar la capacidad del sistema judicial bonaerense en cada uno de los 135 Municipios de todo el territorio de la Provincia para garantizar el acceso cercano a la justicia, principalmente en aquellos alejados de los grandes núcleos urbanos, avanzando hacia un Fuero Judicial de Paz, Vecinal y de Cercanía, ampliando sus competencias a cuestiones criminales y correccionales, de consumo, de violencia infantil y de género, entre otras.

Además, “esta iniciativa busca descongestionar el sistema con aquellos casos de menor cuantía o complejidad, no sólo para satisfacer la demanda de justicia, sino también para recomponer la confianza perdida por la ciudadanía respecto de las instituciones judiciales. Es una manera más de generar arraigo en las comunidades”.

El autor del proyecto explicó que “buena parte de las deficiencias que el sistema presenta se volvieron aún más evidentes en el marco de la crisis sociosanitaria del COVID-19, señalando la magnitud del problema y la urgencia de revisar algunos procedimientos y funciones. Por eso buscamos combatir la demora, los altos costos para su correcta ejecución y la discriminación que muchas veces de ella deriva”.

El ex intendente también mencionó la necesidad de “construir una Justicia del Siglo XXI, con mayor celeridad, dinamismo, agilidad y vecinal. En muchos casos, los Juzgados de Paz son anteriores a la fundación de los Municipios en los que están radicados. De hecho, en la actualidad hay 109 Comunas que cuentan con estos juzgados, implicando al 47% de los y las bonaerenses”.

En su rol como presidente de la Comisión de Legislación General, Durañona adelantó que la propuesta será puesta en consideración y consenso con quienes integran el Foro de Justicia de Paz de la Provincia de Buenos Aires para conocer sus posicionamientos, “por tratarse de quienes mejor conocen el campo específico, a los propios actores, las limitaciones y las urgencias”.

Asimismo, el proyecto contempla la creación de un área integrada por profesionales tales como abogados/as, psicólogo/as y trabajadores sociales para la atención de denuncias por violencia de género, así como también atender conflictos familiares y de juventud. En este sentido, el legislador comentó que la idea es “acercar la justicia a los territorios, ya que es central para hacerle frente a la violencia de género, siendo uno de los temas que más denuncias genera y al que más rápido hay que darle respuesta”.

Por último, el titular de Movimiento Arraigo también presentará un proyecto que promueve la paridad de género dentro del Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial bonaerense. “Tal como se promueve en la Legislatura, esta iniciativa se orienta a generar acciones positivas que tiendan, también en el Poder Judicial, a que exista una igualdad real de oportunidades entre los géneros, fundamentalmente en los cargos de mayor jerarquía en todas las instancias. Asimismo, se propone que, una vez alcanzada esta paridad, se mantenga”, adelantó Durañona.