Previsiblemente desde la oposición salieron al cruce de los dichos del diputado nacional que vinculó a parte del electorado de CABA con la dictadura.
Era de manual que cuando Máximo Kirchner hablara se haría una disección puntillosa de sus dichos, muchos de los cuales recibirían respuestas puntuales o un análisis puntilloso respecto del mensaje. Como cuando pareció dirigirse a su Gobierno para que contemple incluir a “la gente”.
Eso mereció su análisis interno, pero en otra parte de sus declaraciones aludió al electorado porteño, distrito que gobierna Juntos por el Cambio. Dijo el exjefe del bloque oficialista en la Cámara baja: “Vemos que a veces esta es una ciudad que tiene tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura, o que te discuten el número de compañeros detenidos/desaparecidos, o realmente reivindican el accionar de la dictadura”. Y varios salieron a contestarle.
“Parece que el diputado Máximo Kirchner está emperrado en ser una letrina. Un día como hoy que es de conmemoración de tiempos oscuros y tristes, se llena la boca de odio y discriminación”, señaló la diputada nacional Karina Banfi, que agregó: “Lo bien que hacen bien los porteños en no votarlos a ellos”.
Del distrito porteño, la diputada nacional Carla Carrizo replicó: “Pero Máximo, es justo al revés. Hay una tendencia en la Ciudad sí a votar ‘en contra’ del partido que defendía la amnistía; es decir el olvido. Ni memoria, ni justicia”.
La diputada de la Coalición Cívica Mariana Stilman consideró “una barbaridad” las expresiones del hijo de los Kirchner, que repudió. “Se creen dueños de todo, de los recursos del país, de los logros democráticos y de la verdad. Es tan evidente, que cada vez les creen menos”, agregó.
Desde ese mismo espacio, Marcela Campagnoli advirtió que “los que tienen esa tendencia son ustedes. ¿O te olvidas de que Zaffaroni juró como juez de la dictadura, y tu tía funcionaria del gobierno militar? Hay fotos por si te olvidaste. No insultes a los que no votan por ustedes pregúntate por qué no lo hacen”.
El vicepresidente de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, lamentó “que el diputado Máximo Kirchner busque deslegitimar el voto popular e insista en despreciar a los que piensan distinto. Claramente no conoce a los porteños”, en tanto que agregó en otro tuit: “Qué bajeza el kirchnerismo usando uno de los momentos más trágicos de nuestra historia para insultar a quienes no los votan”.
También desde la Legislatura de la Ciudad, la legisladora Sol Méndez se quejó: “No hay mayor falta de respeto que apropiarse del dolor de las víctimas para seguir generando un discurso de odio. Los dichos del diputado Máximo Kirchner son lamentables y repudiables. La democracia la cuidamos entre todos”.
De su mismo interbloque, Juan Pablo Arenaza consideró “lamentables” las declaraciones de “este heredero sobre los porteños. La verdad es que nos tienen podridos con la utilización del 24 de marzo para su relato falso” y publicó lo que definió como “la insólita entrevista militante con la que Máximo Kirchner rompió el silencio”.
También le contestaron exdiputados nacionales, como Gustavo Menna, que señaló: “MáximoKirchner se tiene que hacer cargo de que pertenece al movimiento que tuvo a López Rega y la Triple A, que apoyó la ley de autoamnistía de la dictadura, que se negó a integrar la CONADEP, que indultó a Videla, Massera y Firmenich y que tuvo a Milani como jefe del Ejército”.
Facundo Suárez Lastra expresó por su parte: “Máximo Kirchner de nuevo contra los porteños. Omite que en CABA se votó en contra de la autoamnistía que votaron Néstor y Cristina, se condena a la dictadura y la responsabilidad de sus compañeros Isabelita, López Rega los montoneros y la AAA en la tragedia del 24 de marzo”.
Karina Banfi presentó un proyecto de resolución sobre la decisión que tomó la flamante titular de ese organismo, Beatriz de Anchorena.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR), acompañada por medio centenar de sus pares, presentó un pedido de informes sobre la suspensión de entrega de información por parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública, situación que también provocó una denuncia penal por parte de la Fundación Apolo.
La radical, que había impugnado la designación de Beatriz de Anchorena, señaló que la primera medida que tomó la funcionaria al ser designada al frente del organismo fue “suspender y prorrogar por 20 días hábiles los plazos administrativos de la Agencia, entre el 10 de marzo y el 10 de abril de 2022”. “La consecuencia de esta medida es una violación de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública”, advirtió.
En ese sentido, la legisladora de Juntos por el Cambio aseveró que “la medida de Anchorena implica la violación de un derecho humano fundamental que está consagrado en nuestra Constitución y por tratados internacionales. El acceso a la información es un componente clave para la libertad de pensamiento y expresión, fundamental para acceder a otros derechos sociales, económicos y culturales”.
En en proyecto de resolución, además de pedir informes, se denuncia también que la resolución del organismo solo se ingresó a la sección de normativas de la página de la Agencia y no fue publicada en el Boletín Oficial, violando así las obligaciones de publicidad y de transparencia activa de todas las disposiciones de gestión administrativa que de ella misma emanan.
“Los plazos de entrega de la información son una cuestión central de la Ley N°27.275 de Acceso a la Información Pública”, señaló Banfi, impulsora de esa norma, y agregó: “La resolución que los suspende implica una violación directa de la normativa que no se puede tolerar porque lo que está en juego es un derecho humano”.
“Además de presentar el proyecto, intimé mediante carta documento a Anchorena para que disuelva el acto administrativo. Esta medida evidencia la falta de idoneidad de la nueva titular”, completó la diputada.
El proyecto de resolución fue acompañado por Mario Negri, Graciela Ocaña, Marcela Campagnoli, Gerardo Millman, Mariana Stilman, Leonor Martínez Villada, Juan Manuel López, Pablo Torello, Pamela Verasay, María Sotolano, Virginia Cornejo, Gabriela Lena, Paula Olivetto, María Eugenia Vidal, Lidia Ascárate, Gustavo Hein, Mario Barletta, María Luján Rey Silvia Lospennato, Soher El Sukaria, Sofía Brambilla, Omar de Marchi, Federico Angelini, Rubén Manzi, Hector Stefani, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Marcela Colli, Roxana Reyes, María Soledad Carrizo, Jorge Rizzoti, Roberto Sánchez, Martín Arjol, Juan Martín, Hugo Romero, Gerardo Cipolini, Victoria Borrego, Carolina Castets, Ana Clara Romero, Manuel Aguirre, Camila Criscimbeni, Gustavo Santos, Ingrid Jetter, Carlos Zapata, Julio Cobos, Francisco Monti, Lisandro Nieri, Pedro Galimberti, Danya Tavela, Germana Figueroa Casa y Sabrina Ajmechet.
“Queremos militar desde el comité el derecho de las mujeres a participar en condiciones equitativas en todos los espacios de la vida política”, explicó Karina Banfi, vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados.
En el Comité Provincia, en la Ciudad de La Plata, bajo el lema “Sin Mujeres No” se presentó una campaña para impulsar la visibilidad de las mujeres en espacios de decisión pública. El presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, firmó -en representación de todos los hombres del espacio- un compromiso a no participar como ponente en ningún evento político–partidario o mesa redonda de más de dos ponentes donde no haya al menos una mujer invitada.
La iniciativa fue impulsada por dirigentes y legisladoras del radicalismo bonaerense y busca dar mayor visibilidad a la mujer en los espacios de decisión pública. “La integración mayoritariamente masculina en lugares tanto públicos como privados y la histórica exclusión de las mujeres de los espacios de decisión en los tres poderes del Estado, son una expresión de los patrones de desigualdad en los que está estructurada la sociedad. Queremos militar desde el comité el derecho de las mujeres a participar en condiciones equitativas en todos los espacios de la vida política”, explicó Karina Banfi, vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados.
Por su parte el presidente de la UCR bonaerense declaró: “Hoy, acá, somos un partido político que asume, colectivamente, una responsabilidad: la de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para erradicar cualquier resabio de violencia contra las mujeres”.
Además de tener a Abad como principal orador, durante el evento se escucharon las voces de Carlos Fernández, presidente de la Convención de la UCR Buenos Aires; de la senadora provincial y vicepresidenta de la UCR bonaerense Érica Revilla; Manuel Cisneros, presidente de la JR Buenos Aires; Lucia Rodríguez, vicepresidente de la JR Buenos Aires y Melisa Juárez, presidenta del Congreso Provincial de la Juventud Radical. Estuvieron presentes legisladoras provinciales y nacionales, delegadas al Comité Nacional, Convencionales Nacionales, Convencionales provinciales y representantes de la Mesa Comité Provincial.
La diputada nacional Karina Banfi y la senadora provincial Érica Revilla lanzaron una campaña para que la vacante en el máximo tribunal de la provincia sea cubierta por una mujer.
La diputada nacional Karina Banfi y la senadora provincial Érica Revilla, junto a legisladoras provinciales y dirigentes nacionales, tomaron la iniciativa y lanzaron una campaña para que una mujer sea designada en el cargo que debe cubrirse en la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. “Apuntamos a que la construcción de los tribunales comience a darse con mayor paridad”, aseguraron.
De los seis miembros que componen hoy el máximo tribunal bonaerense -tiene un cargo vacante- solo hay una mujer designada. Los otros puestos son ocupados por hombres. Bajo la consigna “Mujeres a la Corte”, las radicales buscan que se instale un debate en la sociedad para que en la Corte haya más mujeres.
“Hoy hay una gran desigualdad en la capacidad que tienen hombres y mujeres de acceder a la justicia. Y cuando finalmente lo hacen, las mujeres se encuentran con un sistema que responde a estructuras sumamente patriarcales que las perjudican sistemáticamente. Necesitamos trabajar en una justicia con perspectiva de género. Sumar mujeres a la Suprema Corte es un primer paso”, expresó Banfi, vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados.
La desigualdad no solo se encuentra en el máximo tribunal sino también entre los magistrados donde el 61% son hombres y el 39% mujeres; estas proporciones se invierten casi a la perfección en el caso de los secretarios y secretarias. “El techo de cristal que existe hoy en la justicia bonaerense es evidente cuando miramos estas cifras. Con nuestra campaña queremos generar conciencia para poner en marcha una transformación”, comentó Revilla, vicepresidenta de la UCR Provincia.
La iniciativa de Banfi y Revilla fue acompañada por la senadora provincial Flavia del Monte; las diputadas provinciales Anahí Bilbao, Viviana Dirolli, Melisa Greco, Alejandra Lordén, Nazarena Mesías y Vanesa Zuccari; y las dirigentes Sandra Paris, Vilma Baragiola, Elsa Ellenderozas, María Luisa Storani y Josefina Mendoza.
La diputada radical participó de la audiencia pública en la que expuso Beatriz de Anchorena. “Carece de idoneidad e imparcialidad”, enfatizó la opositora.
En el Centro Cultural Kirchner se llevó a cabo la audiencia pública para designar como nueva directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública a Beatriz de Anchorena. La candidata -que actualmente se desempeña como subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público- fue propuesta por la Jefatura de Gabinete. Durante el evento expuso sobre la pertinencia de su designación, su plan de trabajo, sus antecedentes y respondió las observaciones realizadas a su candidatura.
Entre las observaciones presentadas se destacó la de la diputada nacional Karina Banfi (UCR), quien fue impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública en 2016. “Lamentablemente nos encontramos de nuevo con una candidata que carece de las credenciales de idoneidad e imparcialidad necesarias que la ley impone para dirigir este organismo de control”, apuntó la radical.
La legisladora planteó que “la señora Anchorena cuenta con algunas consideraciones académicas y profesionales pero no tiene ningún antecedente sobre acceso a la información pública y mucho menos sobre protección de datos personales. Ni a nivel laboral, ni académico. Hoy es parte de la Jefatura de Gabinete, forma parte del Instituto Patria y su trayectoria refiere a temas de administración pública”.
“La idoneidad de los candidatos no se puede presuponer sino que debe demostrarse mediante el análisis de sus antecedentes de manera objetiva. Además, ¿qué capacidad política va a tener para impulsar la modificación a Ley de Datos Personales? Quien no quiso tratarla en el Senado fue la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que también forma parte del Instituto Patria”, cuestionó.
Banfi no solo expuso en carácter de diputada, sino que es una experta en la materia; entre sus credenciales se destaca el rol que cumplió como cofundadora y exsecretaria ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, una red regional conformada por 24 organizaciones no gubernamentales de 19 países de Latinoamérica dedicada a la promoción de leyes de Acceso a la Información Pública y la defensa de la libertad de expresión en las Américas. A su vez, fue consultora para la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y coordinó programas regionales de transparencia y gobernabilidad para la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La diputada radical impulsa reestablecer en la norma un incentivo fiscal para promover la inversión en el sector.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR) presentó un proyecto de ley, acompañada por cuarenta de sus pares del interbloque de Juntos por el Cambio, para modificar el Régimen de Economía del Conocimiento y devolverle a la ley un punto esencial: conseguir que los beneficiarios puedan hacer transferible el bono de crédito fiscal de las contribuciones patronales.
“Esta ley fue aplaudida en el recinto cuando la votamos en el 2019, fue un verdadero avance hacia el desarrollo del sector. Pero los cambios que se le hicieron la convirtieron en una legislación que en lugar de impulsar la inversión y el empleo genera trabas burocráticas a los beneficiarios. Modificar esto es una deuda que debemos subsanar de manera urgente”, manifestó la vicepresidenta del bloque UCR.
La bonaerense remarcó que “desde que la Ley de Emergencia Económica dejó trunca la implementación de la Ley de Economía del Conocimiento en diciembre de 2019, se vieron diferentes enfrentamientos en el Congreso de la Nación para recuperar los derechos ganados en aquella ley sancionada durante el gobierno de (Mauricio) Macri“.
En esta oportunidad, la iniciativa de Banfi se trabajó con las cámaras del software, las cámaras de economías del conocimiento y desarrolladores. El texto apunta a que el bono vuelva a ser útil para las empresas que se encuentran bajo este régimen, de manera que puedan transferirlo por única vez a otras empresas que sí tienen contra qué aplicarlo.
Según datos de Argencon, la entidad que reúne a empresas de la economía del conocimiento en Argentina, el empleo en este sector bajó hacia mediados de 2020 un 4,2% respecto de 2019.
“¿Cuántos puestos de trabajo más vamos a perder por tener una ley que está mal implementada? Nuestro país se encuentra en un contexto económico muy difícil, pero tiene el capital humano para transformar esta situación. Necesitamos estimular y apoyar a los jóvenes emprendedores que piensan y diseñan el futuro utilizando la economía del conocimiento para que quieran quedarse e invertir en Argentina”, agregó Banfi.
El proyecto fue acompañado por las firmas de Facundo Manes, Fabio Quetglas, Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Manuel Aguirre, Martín Arjol, Hugo Romero, Miguel Bazze, Jimena Latorre, Roberto Sánchez, Pamela Verasay, Marcos Carasso, Mario Barletta, Ana Clara Romero, Marcela Campagnoli, Alejandro Finocchiaro, Danya Tavela, Soher El Sukaria, Maximiliano Ferraro, Gerardo Cipolini, Laura Rodríguez Machado, Pablo Torello, Graciela Ocaña, Matías Taccetta, Victoria Morales Gorleri, Alfredo Schiavoni, Alberto Asseff, Aníbal Tortoriello, Victoria Borrego, Paula Oliveto Lago, María de las Mercedes Joury, Susana Laciar, Héctor Stefani, Mónica Frade, Dolores Martínez, Camila Crescimbeni, Sabrina Ajmechet, María Sotolano y Virginia Cornejo.
El presidente y la vicepresidente del bloque UCR en Diputados expresaron su malestar con el Gobierno por “no hablar con firmeza” sobre el conflicto militar entre los países de Oriente y lo calificaron como “tibios”.
En medio del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, el presidente y la vicepresidente del bloque UCR en Diputados, Mario Negri y Karina Banfi, cuestionaron en sus redes sociales la postura del Gobierno nacional en relación al acontecimiento bélico y apuntaron contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por su última gira presidencial en donde se reunió con Vladimir Putin.
“El Gobierno no habla con firmeza cuando Rusia acaba de violar el principio básico sobre el cual se apoyan las Naciones Unidas: la unidad territorial y la soberanía de Ucrania”, denunció el legislador cordobés y apuntó: “Queda en evidencia el error cometido por Alberto Fernández visitando a Putin en pleno acoso a Ucrania”.
En el mismo sentido se pronunció Banfi con una comparación: “Mientras México exhorta a ‘poner fin inmediatamente’ y la Unión Europea propone sanciones contra Rusia por el avance de Putin en Ucrania, la Cancillería argentina expresa ‘preocupación. No es suficiente Santiago Cafiero. La violencia siempre debe ser condenada. Una vez más, son los tibios”.
Los legisladores radicales Mario Negri y Karina Banfi presentaron un proyecto para conocer el accionar del embajador argentino en Nicaragua frente a la presencia de Mohsen Rezai, acusado de ser autor intelectual del atentado a la AMIA, en la jura de Daniel Ortega.
Los legisladores Mario Negri y Karina Banfi , presidente y vicepresidenta del bloque de diputados nacionales de la UCR respectivamente, elevaron un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer cuál fue el accionar del embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, ante la presencia de uno de los acusados por el atentado terrorista a la AMIA, Mohsen Rezai, en la asunción del dictador Daniel Ortega en Nicaragua.
“La presencia del iraní Mohsen Rezai en la ceremonia de toma de posesión de Daniel Ortega el pasado 10 de enero en Managua es una grave ofensa la República Argentina, a las víctimas fatales del atentado a la AMIA, a los cientos de heridos y a sus familiares. Pero más grave aún fue la silenciosa presencia del Embajador Argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, en ese acto”, señalaron los diputados radicales.
Por este motivo, fundamentaron que “el iraní Mohsen Rezai es acusado por el Estado argentino de ser autor intelectual del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) del lunes 18 de julio de 1994, que dejó 85 víctimas fatales y más de 300 heridos, constituyendo el mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país. Sobre él rige una alerta roja de Interpol”.
“La presencia de Mohsen Rezai como vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán y líder de la delegación oficial en Managua había sido informada días antes por la vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo. Por lo menos seis días previos al 10 de diciembre ya era de público conocimiento que Mohsen Rezai estaría presente en el país centroamericano”, denunciaron.
En suma, destacaron que “a través del presente pedido de informes buscamos esclarecer la situación y saber fehacientemente si el Gobierno argentino solicitó oportunamente el pedido formal de extradición de Mohsen Rezai y elevó la queja correspondiente por su presencia al gobierno de Nicaragua. Resulta indispensable saber si efectivamente se procedió de esa manera porque caso contrario estaríamos frente a una grave omisión por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores que lesiona nuestro interés nacional y la búsqueda de justicia en la causa AMIA”.
“Por su parte, que el embajador Daniel Capitanich haya compartido palco con el acusado iraní resulta extremadamente ofensivo para toda la ciudadanía argentina e improcedente por las responsabilidades que tiene al ser representante oficial de nuestro país en suelo nicaragüense. Si efectivamente no comunicó y accionó los mecanismos judiciales correspondientes estaríamos nuevamente frente a un claro incumplimiento de sus deberes de funcionario público que ameritarían una investigación correspondiente”, concluyeron los legisladores radicales.
Pedido-de-Informe_Negri_-NicaraguaEs a partir de un pedido que realizó la diputada radical Karina Banfi. La Agencia de Acceso a la Información Pública intimó a la Secretaría de la Presidencia que sea en un plazo de 10 días.
La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) intimó a la Secretaría General de la Presidencia a que, en un plazo máximo de diez días, entregue a la diputada nacional Karina Banfi (UCR) la información solicitada sobre el uso de fondos públicos de la primera dama, Fabiola Yáñez, y sus actividades durante el ASPO de 2020.
El ultimátum surge después de múltiples reclamos administrativos realizados por Banfi en relación a un pedido de acceso a la información presentado por primera vez el pasado 5 de agosto. Según recordó la legisladora, “desde entonces hasta la fecha la Secretaría General de Presidencia puso diferentes trabas burocráticas para no rendir cuentas sobre las irregularidades cometidas por la primera dama”.
“La oficina violó todos los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para finalmente mandar fuera de término una respuesta incompleta que incumple los principios fundamentales de la Ley 27.275 de transparencia, máxima divulgación, máximo acceso y máxima premura”, explicó la radical.
Ante los sucesivos reclamos administrativos de la diputada opositora, finalmente la AAIP intervino y solicitó que se entreguen los informes correspondientes sobre, no solo las visitas de Federico Abraham -de profesión peluquero- y de Ariel Alonso Zapata -de profesión especialista en entrenamiento canino- a la Quinta de Olivos, sino también el monto facturado y el origen de los fondos de sus honorarios.
“Estamos frente a un Gobierno que viola un derecho humano fundamental como es el del acceso a la información. La Agencia no tiene director y existe un claro desfinanciamiento de la entidad. No podemos permitir que la ciudadanía pierda derechos y que la Argentina retroceda en sus políticas de transparencia”, sostuvo Banfi, autora de la Ley de Acceso a la Información Pública.
En ese sentido, advirtió que “desde enero de 2021 la AAIP se encuentra sin director, algo que con la Jefatura de Gabinete de (Juan) Manzur parece no avanzar. A la fecha ni siquiera se inició un nuevo proceso de selección. Frente a esta irregularidad se suma la clara intención de desfinanciar al organismo”.
Sobre ese punto, señaló que “en el Presupuesto 2022 elaborado por Martín Guzmán se le otorgaba a la Agencia de Acceso a la Información Pública tan solo un 25,7 por ciento de aumento, con una inflación estimada por las consultoras privadas por encima del 50 por ciento”.
“Es evidente la política de desinterés por el acceso a la información pública del Gobierno de los Fernández. Desde nuestro lugar de oposición estamos vigilantes y haciendo lo imposible por revertir esta situación y lograr que se respete un derecho humano que es central en cualquier democracia”, concluyó.
El jefe del radicalismo bonaerense enumeró las razones que justifican su imputación.
“El Gobierno está ahogado en contradicciones que hasta el 12 de septiembre taparon con la chequera y que después del 12 se volvieron un internismo descarnado con los argentinos sufriendo al medio”, aseveró este sábado el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, al encabezar un encuentro con dirigentes y candidatos de Juntos de la Sexta Sección Electoral, realizado en Bahía Blanca.
El jefe del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, analizó que “Cristina desautoriza a Guzmán frente al FMI y mientras tanto el embajador en Chile, Rafael Bielsa, pide la libertad de un terrorista que usa a los pueblos originarios para usurpar la Patagonia Aargentina” al tiempo que en paralelo “el narcotráfico avanza y siembra el Río de la Plata, la inseguridad arrecia y la pobreza crece”.
Abad visitó este sábado la ciudad de Bahía Blanca, donde encabezó un encuentro con dirigentes radicales de todos los municipios de la Sexta Sección, acompañado por la diputada nacional Karina Banfi y los diputados provinciales Anahí Bilbao y Emiliano Balbín. Posteriormente encabezó una reunión con los candidatos de Juntos en esa Sección, para las próximas elecciones de noviembre, junto al intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, y los legisladores de Pro Nidia Moirano, Rosio Antinori y Santiago Nardelli.
Por último Abad subrayó: “La irresponsabilidad del oficialismo, el deterioro de la autoridad política del presidente y la insensibilidad del gobernador Kicillof son motivos más que suficientes para fortalecer, mejorar y ampliar aún más a Juntos como la alternativa que los bonaerenses necesitan para enfrentar a este modelo kirchnerista”. La lista de candidatos seccionales que Abad apoyó, está encabezada por Lorenzo Natali, Anahi Bilbao, Fernando Compagnoni, Abigail Gómez y Emiliano Balbin.
Ante las denuncias presentadas por la venta online de una base de datos del organismo estatal, diputados de Juntos por el Cambio exigen que el Gobierno brinde explicaciones en el Congreso.
En los primeros días del mes de octubre tomó estado público la filtración de una base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), con información personal y datos sensibles de ciudadanos argentinos. Estos datos incluyen foto, nombres, apellidos, DNI y fecha de nacimiento. Frente a las denuncias, la diputada nacional Karina Banfi (UCR) presentó un pedido de informes en la Cámara de baja, acompañado por la firma de legisladores de todo el interbloque de Juntos por el Cambio.
“Lo que aconteció es muy grave. Es urgente que se informe al Congreso qué medidas van a tomar para resolverlo y cómo evitarán que esto vuelva a suceder. Es inaceptable que se vulnere información privada en manos del Estado”, sostuvo la radical.
De acuerdo con lo que fuentes gubernamentales informaron a la prensa, la intromisión existió, pero no se trataría de un hackeo ni un ataque externo, sino de una filtración desde dentro del Estado a través de un acceso indebido, de alguien que ingresó con permisos y obtuvo así la información que está en manos del organismo.
El pedido de informes solicita que se responda sobre “¿cómo se protegen los datos sensibles de los argentinos? ¿Cómo pueden los ciudadanos estar tranquilos si desde adentro del Estado se producen estas filtraciones? ¿Quién y cómo se controla que los empleados del Estado que tienen acceso a los datos sensibles de los ciudadanos no los usen indebidamente?”.
“Que la filtración de los datos se produzca por el accionar de empleados de la administración pública es escandaloso y el Estado le debe a los argentinos una explicación”, concluyó Banfi.
El pedido fue acompañado por sus pares Sebastián Salvador, Lorena Matzen, Jorge Vara, Luis Petri, Claudia Najul, Dolores Martínez, Gerardo Cipolini, Gonzalo Del Cerro, Lidia Ascárate, María Soledad Carrizo, Mónica Frade, Aída Ayala, Luis Pastori, Mariana Stilman, Camila Crescimbeni, Roxana Reyes, Victoria Morales Gorleri, Alberto Asseff, Federico Zamarbide, Gustavo Menna, Jorge Rizzotti, Carlos Fernández y Gabriela Lena.
La diputada de JxC presentó un pedido de acceso a la información pública para que se informe sobre los gastos públicos de la primera dama Fabiola Yáñez, que no fue respondido en tiempo y forma.
El pasado 5 de agosto la diputada nacional Karina Banfi (JxC) realizó un pedido de acceso a información pública en el que solicitó a la Secretaría General de Presidencia información sobre diversas cuestiones vinculadas con la primera dama Fabiola Yáñez y el entrenador de Dylan, el perro del presidente.
Vencidos los plazos estipulados por la Ley 27.275 y ante la falta de respuesta, Banfi presentó un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, encargada de tutelar los derechos de dicha ley.
“La Agencia se encuentra acéfala desde enero, y -Santiago- Cafiero quiso poner a una persona no idónea en el cargo. ¿Qué podemos esperar con -Juan- Manzur? El funcionamiento y la aplicabilidad de la 27.275 están en riesgo. El acceso a la información pública es un derecho humano que hoy es vulnerado”, declaró Banfi, impulsora de la ley aprobada en 2016.
En el pedido que realizó ante la Secretaría General de Presidencia solicitaba, entre otras, una copia de agenda de actividades y reuniones de la primera dama desde el 20 de marzo al 31 de agosto del 2020. Además, pedía la nómina de empleados de la Secretaría General de la Presidencia asignados a las actividades y desempeño de Fabiola Yáñez. Requería, también, precisiones para determinar si las 19 visitas del peluquero Federico Abraham a la Quinta de Olivos fueron en calidad personal o profesional. Y, si fue profesional, qué trabajo realizó y si fue pagado con fondos públicos.
En el mismo pedido de Acceso a la Información pública solicitó saber cuántas veces ingresó a la Quinta de Olivos entre el 20 de marzo y el 31 de agosto de 2020 el entrenador canino Ariel Alonso Zapata, el motivo de estos ingresos y si sus honorarios fueron pagados con fondos públicos.
Ante la falta de respuesta y vencidos los quince días hábiles que establece la Ley para responder, Banfi mandó una nota el 2 de septiembre a la Agencia de Acceso a la Información Pública detallando que no se le había precisado la información requerida ni pedido la prórroga correspondiente.
“Está vencido el plazo que tienen para responder. La Ley establece que deben entregar la información en 15 días hábiles o solicitar una prórroga por otros 15 días. Ninguna de las dos cosas sucedió. El silencio se entiende como denegatoria injustificada. Queda claro que intentan ocultar información que tiene que ver directamente con el uso de fondos públicos y con la violación de las propias normas de aislamiento que dictó en presidente”, concluyó Banfi.
Advirtió sobre la vicepresidenta que “al perder poder lo que puede llegar a perder también es la libertad”.
“Lo que le molesta a la vicepresidenta es que el presidente gobierne”, disparó este martes la diputada radical Karina Banfi en referencia a los hechos de los últimos días que tensaron en extremo las relaciones en lo más alto del poder.
Para la legisladora bonaerense, los cambios de gabinetes (tanto nacional como bonaerense) “son solamente gestuales” y advirtió que Cristina Kirchner “entendió que tenía que parar un poco la moto”.
“Todos los que habían renunciado, a excepción de (el saliente ministro de Ciencia y Tecnología Roberto) Salvarezza, siguen en sus funciones. Lo que se desató claramente es la disputa entre el presidente y la vicepresidenta”.
Entrevistada en CNN Radio, Banfi expresó que a su juicio “lo que le molesta a la vicepresidenta es que el presidente gobierne”, y agregó que “lo que ella no quiere perder es el protagonismo que da el poder en la toma de decisiones”.
“Lo que se notó la semana pasada es una gran debilidad institucional, en la que todos debemos estar alertas sin echar leña al fuego”, acotó.
Por otra parte hizo hincapié en la ausencia de mujeres no solo en el gabinete nacional, sino también en el acto de asunción de nuevos ministros. Le llamó poderosamente la atención “que la única presencia femenina en el acto fuera la de la ministra de la Mujer (Elizabeth Gómez Alcorta). Todos los ministros, junto con los invitados, eran varones, como si fuera un país en el que las mujeres no existen, siendo que el presidente de la Nación llegó al Gobierno reivindicando los derechos de las mujeres. Pero creo que él se dio cuenta, y esto es lamentable, de que eso no le trajo votos. Cuando tenés estos resultados estrepitosos a nivel nacional, estas agendas se abandonan rápidamente”.
Fue aún más lejos al sostener que la ministra Gómez Alcorta debería haber renunciado ante la inclusión de Juan Manzur como jefe de Gabinete, siendo que ella lo ha denunciado en su momento por prohibir el aborto de una niña. “Su gestión debe ser mirada como un ministerio que no ha generado políticas de relación con la Justicia” frente a la violencia de género, ejemplificó.
“El Partido Justicialista ha hecho una bandera de la ampliación de derechos. Nunca una ampliación de derechos ha generado pérdida de votos. Si están diciendo eso es una vergüenza. El aborto ya es ley, no es un tema de campaña. El problema con Manzur es, por ejemplo, cuando hablamos de esa nena de 11 años a quien él no le permitió en Tucumán que se realizara un aborto. Estamos hablando de una ILE de una chica que fue violada por su abuelastro. Todos recordamos esa frase tan terrible: Por favor, sáquenme lo que me metió el viejo. Cuando hablamos de eso, hablamos de falta de humanidad”.
“La desesperación de Cristina Kirchner se debe a que lo que teme, principalmente, es que al perder poder lo que puede llegar a perder también es la libertad. Recordemos que es una persona que tiene procesamientos judiciales”, sostuvo Karina Banfi.
La diputada radical Karina Banfi solicitó que asista al Congreso la presidenta de RTA, para hablar sobre la difusión de los vídeos del cumpleaños de la primera dama; y la directora de Télam, para “que justifique la divulgación del cumpleaños por Zoom”.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR) solicitó este lunes que se cite “con urgencia” a la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, y a la directora de la agencia Télam, Bernarda Llorente, para que expliquen el rol que tuvieron los medios públicos en el escándalo desatado por el Olivos Gate, sobre el cual consideró hubo una “difusión parcial y sesgada”.
La vicepresidenta de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja -ámbito en el cual quiere que expongan ambas- enfatizó que “la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez desató un escándalo en la sociedad que echó luz sobre múltiples irregularidades que se llevaron a cabo no solo por el Poder Ejecutivo, sino también desde otras sociedades del Estado”.
En ese sentido, la bonaerense recordó que “el 14 de julio de 2020 la agencia Télam publicó una noticia que narraba los festejos virtuales realizados por la primera dama en el día de su cumpleaños, algo que hoy se reconoce como una farsa”.
En tanto, Banfi remarcó que “desde RTA evitaron, primero, darle circulación al pedido de acceso a la información pública llevado adelante por Gonzalo Ziver, a través del cual se conocieron los ingresos reiterados a la Quinta de Olivos de diferentes personas no encuadradas dentro de las actividades esenciales durante el ASPO, como el peluquero de la primera dama, su estilista y un profesor de gimnasia”.
“Y, luego, omitieron la comunicación de las fotos del evento del cumpleaños reveladas por la periodista Guadalupe Vázquez. Recién dieron a conocer la noticia cuando El Destape, portal web afín al gobierno, divulgó el video de la fiesta”, agregó.
La radical sostuvo: “Necesitamos entender por qué Télam difundió una noticia falsa y la RTA no divulgó información que tenía claro interés público. No podemos callar ante el sesgo y la parcialidad de la Agencia Nacional de Noticias y de los medios del Estado”.
“Los medios con control estatal no se pueden usar como propaganda de un gobierno. Exigimos más transparencia y más responsabilidad a la hora de comunicar”, sentenció la legisladora de Juntos por el Cambio.
El proyecto fue acompañado por sus pares Claudia Najul, Gerardo Cipolini, Fabio Quetglas, Jorge Alberto Vara, Juan Martín, Albor Cantard, Federico Zamarbide, Jorge Enríquez, Alicia Terada, Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Mónica Frade, Victoria Morales Gorleri y José Luis Riccardo.
Así justificó la diputada nacional Karina Banfi el pedido de acceso a la información sobre los accesos a la quinta presidencial durante la pandemia.
La diputada nacional del radicalismo Karina Banfi justificó el pedido de acceso a la información elevado para conocer el detalle de las personas que ingresaron a la quinta presidencial de Olivos en plena pandemia. La legisladora señaló que Fabiola Yáñez “no es una funcionaria pública ni está incluida en el Presupuesto. Queremos saber si las visitas que recibía son parte de la nómina presupuestaria de empleados públicos”.
En ese sentido disparó: “Queremos saber si el alargador de pestañas de la primera dama lo pagamos todos”.
En diálogo con María Laura Santillán por CNN Radio, Banfi agregó que “los diputados y diputadas también tenemos momentos y actividades que consideramos muy importantes y sin embargo lo hacíamos en nuestras casas. Cumplíamos con la ley y no veíamos de manera clandestina al peluquero”.
“Dentro de quince días tienen que responder y si no vamos a acudir al organismo en donde se revisarán los pedidos de acceso a la información”, concluyó Banfi.
La diputada radical Karina Banfi solicitó al Gobierno información sobre el ingreso de colaboradores de la primera dama durante el ASPO.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR) presentó un pedido de Acceso a la Información Pública para conocer las actividades y desempeño que la primera dama, Fabiola Yañez, realizó durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
“Tomamos conocimiento de innumerables ingresos a la Quinta de Olivos durante la fase más dura de la cuarentena -el ASPO-; queremos saber quienes integran el equipo de la primera dama y qué funciones desempeñan”, señaló la radical.
Además, la legisladora de Juntos por el Cambio pidió conocer “por qué tenía actividades durante el ASPO de manera presencial, y si eran sus amigos o sus empleados quienes ingresaron a Olivos, porque no sabemos”.
“Mucha gente se fundió durante el ASPO, peluqueros que tuvieron que cerrar sus negocios, instructores de perros que dejaron de trabajar. Parece que la cercanía al poder no contagiaba. Queda esa sensación”, remarcó Banfi.
El mecanismo utilizado por la diputada para solicitar la información fue a través del establecido en la Ley 27.275, de Acceso a la Información Pública, por lo que el Gobierno está obligado a responder en un plazo de 15 días hábiles.
A dos días del vencimiento del cierre de fronteras, diputados opositores pidieron informes sobre el plan de acceso aéreo para varados.
Diputados de Juntos por el Cambio encabezados por Karina Banfi solicitaron informes a la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre cuál es el plan de acceso aéreo para argentinos y residentes. La preocupación de los legisladores radica en que este viernes 6 de agosto vence la decisión administrativa 683/2021, a través de la cual el Poder Ejecutivo implementó el cierre de fronteras.
Además, piden que Santiago Cafiero explique cuál será el cupo de pasajeros que se contempla a partir de dicha fecha y cómo se administrará para garantizar que todas las personas varadas en el exterior puedan regresar al país y en qué plazos.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores apuntan que “ni quienes se encuentran varados en el exterior y que deben regresar al país (cualquiera sea el motivo de su viaje y su necesidad de retorno), ni sus familias ni ningún otro ciudadano sabe cómo seguirá la situación después del 6 de agosto”.
“Es inaceptable que luego de un año y medio de pandemia el Estado argentino siga improvisando y negándole derechos a sus propios ciudadanos que necesitan información oficial y previsibilidad”, afirman.
En tanto, Karina Banfi, autora del proyecto, señaló: “El viernes vence la resolución de las restricciones de vuelos y la gente en el exterior está desesperada porque faltando dos días no sabe si habrá una prórroga o que harán”, y agregó: “No lo saben tampoco las líneas aéreas para programar los vuelos de los pasajeros argentinos porque no saben si estarán habilitadas”.
“Están muy preocupados, desesperados. Algunos llevan dos meses fuera del país ya sin recursos”, concluyó.
Firmaron el proyecto, además, los diputados Facundo Suárez Lastra, Gabriela Lena, Albor Ángel Cantard, Lidia Ascarate, Luis Pastori, Gustavo Menna, Claudia Najul, Alicia Fregonese, Dina Rezinovsky, Mónica Frade, José Luis Patiño, Mariana Stilman, Alicia Terada y Carmen Polledo.
La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja decidió adherir a la candidatura del Museo Sitio de Memoria Escuela Superior de Mecánica de la Armada en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados firmó dictamen este martes sobre el proyecto de resolución que expresa el beneplácito por la postulación de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA -Escuela Superior de Mecánica de la Armada-, en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, “por constituir un símbolo de la importancia de la persuasión y el consenso social como medios para obtener justicia, dado su valor universal excepcional como testimonio del terrorismo de Estado perpetrado por el gobierno de facto de la Argentina desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983”. En la reunión, además, se aprobó dictamen a una convención en contra de la discriminación y se expuso un proyecto de ley para eliminar la discriminación por razones de edad.
También dio dictamen favorable al proyecto de ley por el cual se aprueba la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia. La diputada Brenda Austin (UCR-Córdoba) celebró la aprobación de las convenciones contra la discriminación y explicó que “es una iniciativa ya de vieja data, simplemente para recordar en el año 2013 en Guatemala se avanzó con la firma de estas convenciones tan importantes para robustecer y reforzar las herramientas que tiene el marco Interamericano en la defensa de los Derechos Humanos en la región”.
Además, la legisladora radical recordó: “En el año 2018 de la mano del presidente Macri con su canciller ingresó en esta cámara allá por febrero y desde entonces estamos a la espera del tratamiento en las comisiones”. Austin también pidió que “la ratificación de estas convenciones no sea solamente un acto formal sino que venga de la mano de un compromiso de la Argentina”.
Karina Banfi (UCR-Buenos Aires), por su lado, se identificó de manera personal con la iniciativa. “Yo soy de una familia interracial. Mis hijos son afrodescendientes, nacieron en Haití. Y vivimos en una comunidad de chicos y chicas que también nacieron en Haití y hoy son argentinos y pertenecen a esta sociedad”, relató.
Por eso, expresó: “Espero que hoy con este paso de poder llevar este proyecto que además va a salir por unanimidad podamos generar una sociedad mucho más tolerante con el otro, con el diferente”.
A continuación, en una segunda parte de la reunión, la diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos-CABA) expuso su proyecto de resolución y declaración sobre la eliminación de toda forma de discriminación por razones de edad en el marco del aislamiento social decretado por la pandemia del Covid-19.
La legisladora del oficialismo pidió “iniciar una conversación que nos lleve a que todos y todas sintamos que estamos dándole a la sociedad una herramienta con la cual luchar contra los viejismos y contra el edaísmo y poder pensar las vejeces como vejeces activas, deseantes, plenas, que puedan seguir ejerciendo sus derechos, más allá de lo que la sociedad ha determinado que es un límite en el cual preferimos no hacernos más cargo de esos seres humanos que ya no sabemos para qué están dentro del sistema en el cual está armado”.
Alberto Fernández pronunció su fallida frase en presencia del presidente español. La reacción de los legisladores.
El presidente Alberto Fernández quedó envuelto este miércoles en una nueva polémica con otros países, durante la conferencia de prensa que encabezó con su par español Pedro Sánchez, en la Casa Rosada. Allí, el anfitrión expresó la siguiente cita: “Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, y así construimos nuestra sociedad”.
Más allá de lo poco feliz de la referencia, lo cierto es que la frase tampoco correspondía al premio Nobel de Literatura, sino al cantautor argentino Litto Nebbia, de quien Fernández es amigo y fanático. La canción “Llegamos de los barcos”, dice: “Los brasileros salen de la selva / los mexicanos vienen de los indios / pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”.
Desde la oposición no se lo dejaron pasar. El diputado del Pro Waldo Wolff señaló: “En una frase hizo enojar a los brasileros, los Mejicanos y nuestros pueblos originarios. En línea con aquel tweet de Felipe Sola que logró que nos peleemos con las dos Coreas y con Twetter”.
“Quiero pedirle Sr. Presidente @alferdez que pida disculpas por su ignorancia y por ende, consecuente discriminación con los pueblos originarios, con los países de la región y con todos los argentinos y argentinas. Cada vez que ofende mancha su investidura, no se olvide”, tuiteó por su parte Karina Banfi.
Por su parte, el diputado radical Facundo Suárez Lastra disparó: “Siempre hay un escalón más para el presidente en la escalera del ridículo y la vergüenza. ‘Los mexicanos salieron de los indios. Los brasileros salieron de la selva. Y nosotros llegamos de los barcos’. Ofende a países hermanos y queda como un ignorante. Ni profesor ni científico
Más tarde le dejó otro tuit:
Horas después, el presidente buscó dar explicaciones en Twitter, donde señaló: “Se afirmó más de una vez que “los argentinos descendemos de los barcos”. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad”. Pero después, directamente pidió disculpas: “A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas”.
La diputada nacional Karina Banfi le hizo un pedido de acceso a la información pública a la ministra para que entregue toda la documentación de las negociaciones con el laboratorio norteamericano.
En el Congreso de la Nación los diputados de Juntos por el Cambio presentaron más de un centenar de proyectos de resolución solicitando que la ministra Carla Vizzotti dé explicaciones sobre las fallidas negociaciones con el laboratorio Pfizer. En este marco, la diputada Karina Banfi presentó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Salud para que Vizzotti responda en el marco de la Ley 27275 de Acceso a la Información Pública. La presentación busca que, de una vez por todas, se haga pública toda la negociación entre Pfizer y el gobierno en el último año.
“Estamos ante una situación crítica. El oficialismo gobierna por decreto y viola sistemáticamente las potestades del Congreso. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no solo no cumple con responder los pedidos de informes si no que se resiste a venir al Congreso a rendir cuentas como lo obliga la Constitución. Necesitamos saber qué pasó en la negociación con Pfizer, tener la información es una cuestión pública. La falta de vacunas atenta contra la vida de los argentinos, contra la educación y contra la capacidad de trabajar, no puede quedar una sola duda sobre quién fue el responsable de este fracaso”, declaró Banfi.
La diputada solicita en primer término que se especifique cuáles son los “términos de indemnización y responsabilidad del fabricante” (Pfizer) por los cuales la Argentina no avanzó con el pedido de dicha vacuna a COVAX y que adjunte la documentación correspondiente.
En segundo lugar, que se explique cuáles fueron los motivos por los que no prosperó el acuerdo inicial con Pfizer y que se adjunte la documentación correspondiente.
Tercero, que se presente la información y documentación que explique las contradicciones entre las afirmaciones de Vizzotti y las del ex titular de la cartera de Salud, Ginés González García, quien el día 01 de junio en el programa “W: Ver y Rever” que conduce el periodista Nicolás Wiñazki en TN, sostuvo que “es cierto que nosotros dijimos que no, pero teníamos acuerdos con otros países”.
Y, por último, pide que se entregue información acerca de si ha tenido contacto o negociaciones con Moderna y Johnson & Johnson.
“No podemos seguir en una guerra mediática de dimes y diretes. La gravedad de la situación que vive nuestro país requiere de total transparencia”, cerró Banfi.
Legisladoras de Juntos por el Cambio le enviaron una nota al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en rechazo de la postulación de Gustavo Fuentes.
Legisladoras de Juntos por el Cambio rechazaron la postulación de Gustavo Fuentes como titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se trata del candidato principal del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero las diputadas y senadora oficialistas lo tildaron de “poco idóneo”. El puesto está sin ocupar desde hace cuatro meses.
Con Karina Banfi a la cabeza, las diputadas Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Dolores Martínez, junto a la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, cuestionaron la “falta de idoneidad de Gustavo Fuentes y su independencia política” y le enviaron una nota al Jefe de Gabinete para que dé por concluida esa postulación y habilite una nueva.
“La Agencia de Acceso a la Información Pública está acéfala desde el primero de enero de este año cuando renunció Eduardo Bertoni, designado por Mauricio Macri en 2017. Durante estos meses, el Poder Ejecutivo sigue sin designar a nadie para que comande un organismo clave en materia de transparencia y de protección de datos personales de los ciudadanos”, explicaron las legisladoras.
“El 23 de marzo se presentó en audiencia pública la candidatura del abogado Gustavo Fuentes, impugnada tanto por la oposición como por organizaciones de la sociedad civil porque no cuenta con ninguna experiencia en la materia y carece de independencia política ya que viene de desempeñarse como asesor del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La idoneidad y trayectoria en los temas de acceso a la información es fundamental porque es requisito indispensable para ocupar el cargo como exige la propia ley 25.275. Sin embargo, el Poder Ejecutivo busca continuar con esa designación violando la Ley de Acceso a la Información Pública”, continuaron.
Frente a estas irregularidades, las diputadas y senadora de Juntos por el Cambio que se dedican a los temas de transparencia le enviaron una nota a Cafiero para solicitar que se proceda al cierre formal del proceso de selección Fuertes y se habilite un nuevo proceso de designación con otros candidatos que cumplan con los requisitos correspondientes al cargo, y que cuenten con la colaboración y participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta temática.
“Sin una dirección idónea la Agencia (AAIP) se ve debilitada para garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos. Este es un mecanismo clave para supervisar los actos de gobierno y la rendición de cuentas”, afirmó la diputada Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública y autora de la nota.
“El acceso a la información que produce el Estado es un derecho humano fundamental y autónomo que obliga a todo el Estado a priorizar y defender el pleno ejercicio ciudadano”, agregó. En caso de que el Gobierno decida avanzar con esta candidatura, reclamarán ante los organismos de derechos humanos internacionales. En el documento se le solicita que el nuevo titular surja de una nueva audiencia pública, donde el procedimiento de presentación y selección del candidato sea verdaderamente participativo, público y transparente.
Los lugares estaban vacantes desde la asunción del gobierno de Fernández. El Interbloque Federal en Diputados también aspiraba a ocupar esos cargos, pero el radicalismo ganó la pulseada. Quiénes fueron elegidos.
La UCR se quedó con dos lugares clave en los directorios del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) y RTA (Radio y Televisión Argentina), tras ganarle la pulseada al Interbloque Federal, que también reclamaba esos cargos. Los elegidos fueron el cordobés Carlos Montes para RTA y el exintendente de Santa Fe y extitular de la UCR José Corral para el ENACOM.
Ambas candidaturas fueron avaladas este jueves en una reunión virtual de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, donde fue ratificada como presidenta la diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos).
Los cargos en el ENACOM y RTA estaban vacantes desde la asunción del presidente Alberto Fernández porque, según explicó Cerruti, no había acuerdo en la oposición, ya que la normativa vigente habla de “tercera minoría” y tanto la UCR como el Interbloque Federal se arrogaban esa cualidad.
“Las dos propuestas fueron discutidas y debatidas en los últimos meses. La demora tuvo que ver con una larga discusión sobre qué se considera ‘tercera minoría’, que no está claramente reglamentado” ni especificado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, señaló Cerruti.
La diputada Karina Banfi fue la encargada de proponer para RTA a Montes, exintendente de la localidad cordobesa de Río Segundo. Argumentó que buscan “apoyar el carácter federal que debe tener el sistema de medios públicos”.
Para el ENACOM, Banfi aclaró que la propuesta original era la del jujeño Miguel Giubergia, quien falleció por Covid en octubre del año pasado. Por eso, el radicalismo terminó postulando a Corral, quien tiene “un frondoso currículum en la gestión y ha ocupado cargos en medios públicos locales”, destacó la diputada.
Por último, el Pro nominó a Cristian Larsen, exauditor de la TV Pública en la gestión de Hernán Lombardi, para completar el directorio de RTA. El año pasado, la bicameral había votado para ese cargo a Emilio Lafferriere, pero el Ejecutivo adujo que estaba inhabilitado para el cargo y no lo ratificó, por lo que había que nombrar un reemplazante.
Larsen fue propuesto en la reunión por el diputado Waldo Wolff, que a diferencia de Banfi se negó a hacer una reseña del perfil del candidato. A pesar de ello, el oficialismo acompañó la designación, al igual que las de Montes y Corral, y ahora las propuestas serán giradas a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para su ratificación.
En el ENACOM, presidido por Claudio Ambrosini, las restantes autoridades son Gustavo López (vicepresidente) y los directores Raúl Quilodrán, María Florencia Pacheco, Alejandro Gigena y Silvana Giudici. Los dos primeros fueron nombrados por el Ejecutivo, mientras que Gigena y Giudici fueron designados por la bicameral en representación de la primera y segunda minoría.
En tanto, en RTA -encabezada por Rosario Lufrano- ocupa la vicepresidencia Eliseo Álvarez, y los directores actuales son Alejandro Verano, Erika Schmocker, Marcelo Romeu y Cynthia Ottaviano.
En la reunión de la bicameral también se acordó citar a la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, para los primeros días de junio, con el fin de que brinde un informe de gestión y responda preguntas de los legisladores.
A un año de la desaparición del joven, legisladores de JxC presentaron un proyecto donde enfatizan que “el Estado es responsable y debe responder frente a las víctimas y sus familiares”.
A un año de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución para expresar su “más profunda preocupación ante la falta de esclarecimiento” de la causa.
“El Estado es responsable ante cada desaparición en democracia, y debe responder frente a las víctimas y sus familiares”, señalaron en los fundamentos de la iniciativa, encabezada por la radical Karina Banfi.
Al respecto, la legisladora bonaerense expresó: “No queremos que se pierda en la memoria un asesinato que hasta hoy no sabemos por qué sucedió. No hay excusas ni se admiten dilaciones en esta materia. Los derechos humanos deben ser protegidos y mucho más en pandemia, con un contexto de fuertes restricciones a las libertades individuales”.
Además, se informó que “al 30 de abril del año pasado se habían registrado diez asesinatos en manos de la policía en todo el país, mientras que a diciembre de 2020 la cifra ascendía a 24 casos, de los cuales hoy se desconoce el proceso judicial”.
“El Estado es responsable y las autoridades deben emplear todos los resortes disponibles para esclarecer el caso de Facundo Astudillo Castro, así como el de tantos otros ciudadanos que han sufrido la violencia institucional en carne propia”, solicitó Banfi, quien el año pasado le reclamó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la “claridad en los mensajes e instrucciones a las fuerzas de seguridad para que en el marco de la pandemia protejan a todos los argentinos”.
Por último, Banfi resaltó que “ahora nos enfrentamos a las restricciones de la segunda ola. Estamos atentos de que las fuerzas de seguridad estén para cuidar y proteger a las personas y no atacarlas. Conciencia social y acompañamiento del Estado es lo que necesitamos. No represión y violencia”.
El proyecto contó con el acompañamiento de Silvia Lospennato, Brenda Austin, Marcela Campagnoli, Natalia Villa, Gabriela Lena, Mónica Frade, Sebastián Salvador, Adriana Cáceres, Dina Rezinovsky, José Luis Patiño, Gonzalo Del Cerro, Mariana Stilman, Estela Regidor Belledone, Graciela Ocaña, Alicia Tereda, Ximena García, Pablo Torello, Camila Crescimbeni, Hernán Berisso, Carmen Polledo, Juan Martín, María Luján Rey, Alberto Asseff, Claudia Najul, Alicia Fregonese, Aída Ayala, Waldo Wolff y Mercedes Joury.
El reemplazo de Leonardo Flores como director ejecutivo de la TV Pública y la designación de Claudio Martínez saltó las alarmas. Piden que explique si hubo discriminación ideológica y cómo el subsecretario de Medios será a la vez superior y subrodinado de Lufrano.
En los últimos meses la lupa se posó en la Televisión Pública. Primero fue por el bolso con 11 millones de pesos en efectivo retirado del Banco Itaú, y ahora el abrupto reemplazo de Leonardo Flores, flamante director ejecutivo de la TV Pública, por Claudio Martínez a tan solo una semana de haber asumido el cargo.
Diferentes versiones periodísticas indican que Flores recibió presiones desde sectores oficialistas por su supuesta postura “antichavista” y “anticastrista” indicando una clara discriminación ideológica y una defensa indirecta de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela.
Flores fue reemplazado por el actual subsecretario de Medios, Claudio Martínez, lo que despertó aún más críticas desde la oposición, ya que ejercerá a la vez como superior y subordinado de Rosario Lufrano, presidenta de RTA.
El corrimiento de Flores y la consecuente designación de Martínez generó que diputados de Juntos por el Cambio vuelvan a citar a Lufrano -ya lo habían hecho el pasado 12 de marzo cuando estalló el escándalo del dinero en efectivo-. E insistan sobre el reclamo de designar las autoridades que le pertenecen a la oposición en el directorio de la RTA y el de la ENACOM.
“Los medios públicos no cuentan con la representación correspondiente de la oposición y se convirtieron en tierra de nadie. Es imperioso que Rosario Lufrano se presente en el Congreso a dar explicaciones de las irregularidades que ocurren sistemáticamente desde el inicio de su gestión y que se convoque a la Bicameral para designar las autoridades de control correspondientes”, declaró Karina Banfi, autora del proyecto de resolución que convoca a la presidenta de RTA.
Los cargos que le pertenecen a la oposición siguen vacantes, según la oposición porque la diputada Gabriela Cerruti se niega a poner en funcionamiento la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización que preside y donde hay que designarlos. En efecto, tres veces se citó a esa comisión para luego suspender en el día la reunión.
“Estamos exigiendo hace un año que se nombre a las autoridades representantes de la oposición. El oficialismo juega al “cuento de la buena pipa” mientras el sistema de medios públicos está sin rumbo y sin control”, aseguró Banfi, secretaria de la comisión.
El proyecto de resolución cuenta también con la firma de los diputados nacionales Waldo Wolff, Javier Campos, Carla Piccolomini, Pablo Torello, Graciela Ocaña, Dina Rezinovsky, María Soledad Carrizo, Ximena García, Jorge Ricardo Enríquez, Carmen Polledo, Héctor Stefani, Alicia Fregonese, Gabriela Lena, Claudia Najul, Gonzalo Del Cerro, Alberto Asseff, Fernando Iglesias, Ingris Jetter, Omar De Marchi, Martín Grande, Roxana Reyes, Mónica Frade y Lidia Ascarate.
Se conoció que un directivo del canal retiró de un banco 4 millones de pesos en efectivo para financiar una producción sobre Manuel Belgrano. Diputados de la oposición pidieron interpelar a la presidenta de RTA.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR) presentó junto a otros legisladores de Juntos por el Cambio un proyecto para citar a la titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, a fin de que brinde explicaciones acerca de la información que indica que un funcionario de la TV Pública retiró 4 millones de pesos en efectivo de un banco para financiar una producción televisiva.
Según reveló el diario Clarín, un directivo de la TV Pública -del que no se conoce el nombre ni el cargo- retiró ese monto de forma irregular de la cuenta que el canal tiene en el Banco Itaú, y afirmó que era para financiar una ficción sobre Manuel Belgrano, tras lo cual las autoridades del canal ordenaron la devolución del dinero y la realización de una auditoría interna.
En el proyecto presentado, los diputados de la oposición solicitaron también un detalle de las cuentas bancarias que posee el canal estatal, así como los apoderados y personas autorizadas a realizar movimientos bancarios. Además, pidieron que se haga pública la auditoría y que se informe cuáles serán las sanciones que se aplicarán a los responsables.
“La máxima autoridad de la TV Pública tiene que dar explicaciones sobre este episodio, porque alguna autoridad tiene que haber avalado la extracción del dinero. Lufrano tiene que transparentar toda la información que tiene al respecto de este hecho, por eso consideramos que es el Congreso el lugar donde tiene que venir a rendir cuentas sobre su gestión”, aseguró Banfi.
La legisladora también recordó la necesidad de completar el directorio de RTA y del ENACOM con representantes de la oposición y advirtió: “El oficialismo no nos permite designar al representante de la UCR en el directorio de ambos organismos. Es una discusión que venimos teniendo hace muchos meses, pero el kirchnerismo no quiere ser controlado en el manejo de los medios públicos, y por eso vemos situaciones como la de este funcionario con dinero público en sus manos”.
Paralelamente, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó una nota ante la TV Pública solicitando información sobre el hecho.
Campagnoli pidió “un informe del empleado o autoridad de RTA S.E. que realizó la extracción; qué empleado o autoridad tuvo en su poder y/o custodió el dinero desde el día que se retiró; qué directivo o autoridad autorizó la extracción del dinero; cuántos juicios existen, en la actualidad en trámite, en los que el ANSES fuese demandado; con qué fin fue retirado ese dinero y qué destino puntualmente se le iba a dar; qué gastos se realizaron; y con qué recibos o factura cuentan que los justifique”.
“El pago en efectivo en los medios públicos está prohibido por ley y estamos ante una nueva irregularidad que debe ser esclarecida de manera urgente”, afirmó Campagnoli y pidió detalles del procedimiento de pago para este tipo de sumas y el monto de dinero que se restituyó a la TV Pública tras darse a conocer este hecho.
Advierten que en el caso de comprobarse la participación de funcionarios en “el desmanejo irresponsable de las vacunas” haya sanciones contra los involucrados.
La diputada nacional Karina Banfi, acompañada por colegas del interbloque de Juntos por el Cambio, presentó este sábado un pedido de informes al Gobierno nacional acerca del escándalo del “vacunatorio VIP” que funcionaba en el Ministerio de Salud, y que obligó dejar el cargo a Ginés González García.
“Presentamos un pedido de informe al Gobierno nacional porque es su obligación dar explicaciones sobre el vacunatorio VIP del ministerio. No pueden existir privilegios para los amigos del Gobierno que no están dentro de los grupos que les toca vacunarse”, afirmó la diputada radical.
Banfi agregó que no se trata de “casos aislados para los amigos de Ginés”, y que desde Presidencia “seguramente se tenía conocimiento, porque así lo confirmaron los legisladores oficialistas que integraban la comitiva que va a México, que también fueron privilegiados al vacunarse”.
La diputada opositora pidió que de comprobarse la participación de funcionarios en “el desmanejo irresponsable de las vacunas” existan “sanciones y se tomen medidas a los que llevaron a cabo el armado y funcionamiento del plan de vacunación paralelo”.
El pedido de informes cuenta con las firmas de Cristian Ritondo, José Cano, Ricardo Buryaile, Graciela Ocaña, María Luján Rey, Carmen Polledo, Waldo Wolff, Luis Petri, Alicia Terada, Dina Rezinovsky, Luis Pastori, Hernán Berisso, Gerardo Cipolini, Mercedes Joury, Mariana Stilman, Gustavo Menna, Brenda Austin, Lidia Ascarate, Federico Zamarbide, Jimena Latorre, Roxana Reyes, Héctor “Tito” Stefani, Lorena Matzen, Mónica Frade, Alicia Fregonese, Aida Ayala, Lucila Lehman, Carlos Fernández, Fabio Quetglas, Estela Regidor, Juan Martín, Claudia Najul, Gabriela Lena, Alejandro Cacace, Mario Arce y José Luis Riccardo, entre otros.
A través de un pedido de Acceso a la Información Pública, la diputada Karina Banfi solicita a la cartera de Salud detalles de la autorización a la vacuna rusa.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires) presentó un pedido de Acceso a la Información Pública al Ministerio de Salud de la Nación, para que detalle los pormenores del proceso de aprobación de emergencia de la vacuna Sputnik V que comenzará a aplicarse en todo el país.
Banfi solicitó la información, a través de lo establecido en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, por lo que el gobierno está obligado a responder en un plazo de 15 días hábiles.
“La ANMAT es quien debe autorizar el uso de las vacunas en nuestro país, como lo hizo con la de Pfizer-BioNTech. Sin embargo, para aprobar la vacuna Sputnik V, el gobierno lo hizo a través de una resolución ministerial donde incluía una simple recomendación de la ANMAT. Debió incorporar información técnica suficiente para que tenga la misma calidad de aprobación que otras vacunas”, afirmó Banfi.
Añadió que su pedido de información “busca colaborar con el esfuerzo que la sociedad argentina en su conjunto debe realizar para lograr un proceso de vacunación masivo”. También subrayó que “toda campaña de vacunación requiere la construcción de un lazo de confianza entre las autoridades públicas y la población, y la claridad de los procesos y la calidad de la información son esenciales para la creación de esa confianza y el éxito de la campaña”.
La diputada radical le solicitó al ministro González García que detalle la necesidad de que una delegación oficial viaje a Rusia a los fines de realizar una verificación técnica de los establecimientos y procesos de fabricación. “No se hizo lo mismo con las demás vacunas. No hemos visto funcionarios que viajen a Estados Unidos a verificar la vacuna de Pfizer o a Gran Bretaña para hacer lo mismo con la AstraZeneca”, dijo Banfi.
La inquietud de la diputada Karina Banfi tiene que ver con casos de violencia institucional que vienen registrándose en el marco del ASPO.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR – Juntos por el Cambio) presentó un pedido de informes dirigido a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, donde solicitó que brinde explicaciones sobre el proceder de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales durante la pandemia, y que detalle los programas de capacitación en uso racional de la fuerza y armas de fuego que promueve desde su ministerio.
“La cantidad de casos de violencia institucional que ocurren desde el inicio de la pandemia en nuestro país es sumamente alarmante”, destacó la diputada Karina Banfi. Además, afirmó que “hemos sido testigos de una gran cantidad de casos de violencia por parte del Estado. Más específicamente, esa violencia provino de las fuerzas policiales y, muchas veces, representó un uso irracional de la fuerza”.
Además, afirmó que “la Ley de Seguridad Interior establece que Frederic es la responsable de coordinar las acciones en el Consejo Federal de Seguridad, y de impartir las directrices a las fuerzas de seguridad provinciales y federales, quienes durante la pandemia han tenido comportamientos inapropiados”.
La legisladora opositora le solicitó a la ministra que “informe si el ‘Manual de capacitación policial en el uso racional de la fuerza’, elaborado en el año 2012, se encuentra vigente y si se implementa en las fuerzas de seguridad de todo el país”.
El último caso de violencia institucional registrado fue el de Joaquín Paredes, un adolescente de 15 años que fue asesinado en la localidad cordobesa de Paso Viejo mientras se encontraba en una plaza junto a un grupo de amigos. Allí, la policía trató de disuadir la reunión, abrió fuego y mató a Paredes e hirió a otras dos personas.
En los últimos días, la ciudad bonaerense de Laprida fue escenario de dos hechos de abuso policial. El primero ocurrió cuando la policía irrumpió, sin autorización judicial, en una propiedad privada donde se realizaba una reunión social de jóvenes, y trataron de dispersarla con la utilización de balas de goma. En el segundo hecho, la policía detuvo en la vía pública a otro grupo de jóvenes donde dos de ellos resultaron heridos por violencia física.
La iniciativa legislativa fue plasmada en un proyecto de resolución, y contó con el aval de los diputados Dina Rezinovsky, Mónica Frade, Gabriela Lena, Sebastián Salvador, Ana Carla Carrizo, Marcela Campagnoli, Natalia Villa, Brenda Austin, José Luis Patiño, Fernando Iglesias, Adriana Cáceres, Claudia Najul, Ximena García, Soledad Carrizo, José Luis Riccardo, Gustavo Menna, Estela Regidor, Jorge Vara, Lorena Matzen, Roxana Reyes, Aida Ayala, Gerardo Cipolini, Mario Horacio Arce, Lidia Inés Ascarate, Gonzalo del Cerro, Fabio Quetglas y Miguel Nanni, entre otros.
Luego del femicidio de una profesora tucumana, Karina Banfi pidió que se trate esa iniciativa que obliga a accionar en 24 horas ante ese tipo de delitos.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires) solicitó que la Cámara de Diputados dé tratamiento a un proyecto de ley que obliga a los jueces a tomar medidas preventivas en caso de violencia de género dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento de la denuncia o de la solicitud de parte.
“La necesidad de establecer un plazo para la resolución judicial de estas medidas radica en la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres tras haber sido víctimas de violencia de género” afirma el proyecto de ley que presentó la diputada radical en 2017, y que fue representado este año para su tratamiento y posterior aprobación.
“Este proyecto tiene por finalidad establecer un plazo para la intervención de los magistrados respecto de ciertas medidas preventivas urgentes. Las mismas se refieren a ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer, la exclusión de la parte agresora de la residencia común y decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor”, se destaca en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa tomó un nuevo impulso luego de que se conociera el brutal femicidio de la profesora Paola Estefanía Tacacho, en Tucumán, en manos del femicida Mauricio Parada Parejas. La víctima había denunciado en reiteradas ocasiones, y la Justicia no tomó cartas en el asunto para protegerla de su agresor.
Karina Banfi afirmó que “el crimen de la profesora se podría haber evitado si la Justicia actuaba en tiempo y forma ante la cantidad de denuncias que realizó en los últimos años. Hoy, con el femicidio ya consumado, la Justicia es la responsable”. Y agregó que “este proyecto debe tratarse urgente para obligar a los jueces a actuar rápidamente y evitar más femicidios en la Argentina”.
El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º.- Agréguese el segundo párrafo al artículo 27, de la Ley 26.485, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 27. — Facultades del/la juez/a. El/ la juez/a podrá dictar más de una medida a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado.
Las medidas dispuestas en los incisos a.6, b.2 y b.3 del artículo 26 deberán ser resueltas por el/la juez/a dentro de las veinticuatro (24) horas de haber tomado conocimiento de la denuncia o de la solicitud de parte. “
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad establecer un plazo para la intervención de los magistrados respecto de ciertas medidas preventivas urgentes. Las mismas se refieren a ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer, la exclusión de la parte agresora de la residencia común y decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor.
La necesidad de establecer un plazo para la resolución judicial de estas medidas radica en la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres tras haber sido víctimas de violencia de género. En gran cantidad de casos, sucede que la mujer no cuenta con medios para proveerse un lugar de vivienda para sí misma, ni para los hijos que eventualmente la acompañan, viéndose obligadas a acudir a establecimientos que funcionan como refugios de víctimas. La situación en la que se encuentran las instalaciones, no es en la mayoría de los casos de características similares a sus viviendas, sino que deben convivir en espacios reducidos con un sinnúmero de familias, mientras que el agresor conserva la vivienda común.
Si bien las medidas que la mujer requiere para hacer frente a la situación habitacional se encuentran previstas por la ley 26.485, la misma no establece un plazo para que el juez resuelva, lo que ha llevado en muchos supuestos a prolongar una situación de precariedad habitacional en el tiempo, afectando así la integridad personal de la mujer y sus hijos.
Es extremadamente necesario que estas medidas de reincorporación al hogar sean tomadas con suma urgencia y acompañadas de las políticas de seguridad correspondientes a los efectos de evitar la repetición de los actos de violencia.
En la argentina muere una mujer por violencia de género cada 37 horas y es necesario realizar todas acciones posibles con rapidez a efectos de evitar y erradicar las consecuencias fatales.
La realización de una modificación de estas características brindará apoyo a las mujeres, quienes podrán empoderarse para realizar las denuncias ante situaciones de violencia de género, sin temer por el futuro habitacional. La inseguridad en la vivienda lleva en muchos supuestos a la autocensura en lo que respecta a tomar los recaudos necesarios. En este sentido, debemos brindar a las mujeres las herramientas para que puedan de manera libre y sin presiones realizar las denuncias.
En este punto resulta necesario recordar la preocupación que los Estados Americanos han expresado a través de las consideraciones hechas en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”
Esta clase de medidas tienden a profundizar el cambio cultural que se está gestando en nuestra sociedad orientado a invertir la desigualdad existente entre hombres y mujeres, para lograr una argentina realmente equitativa, donde todos seamos iguales.
Por todo lo expuesto les solicitamos a nuestros colegas que nos acompañen en esta iniciativa y sancionen el presente proyecto de ley.
Karina Banfi presentó un proyecto para conocer de dónde sale el financiamiento de esta plataforma de compras online estatal.
Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentaron este viernes un pedido de informes al Gobierno nacional para obtener información con respecto a Correo Compras, la plataforma de compras online del Correo Argentino que se lanzó la semana pasada.
“Presentamos un pedido de informe al Poder Ejecutivo para que explique de dónde sale su financiamiento, tanto en lo operativo como en lo logístico”, informó la diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires), impulsora de la iniciativa.
Asimismo agregó que “se observa que en la plataforma digital de Correo Compras los productos que se ofrecen no cuentan con el nombre del proveedor o vendedor, lo cual pone en dudas la esencia de este tipo de plataformas, que consiste en un intercambio comercial sin intermediarios”.
“La Ley de Defensa del Consumidor establece la obligación del proveedor de suministrar al consumidor toda la información relacionada con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, así como las condiciones de su comercialización”, aclaró Banfi.
La legisladora nacional señaló que, por ello, los diputados de la oposición solicitaron al Gobierno nacional que “brinde los datos de los proveedores e informe cuáles son los mecanismos de transparencia previstos para seleccionar tanto a los proveedores como a los productos publicados”.
“Hemos recibido muchas denuncias de irregularidades en la plataforma y tenemos numerosas dudas que deben ser respondidas por el Poder Ejecutivo”, remató la diputada radical.
El proyecto de resolución contó con la firma de los diputados Estela Regidor, Martín Grande, Waldo Wolff, Alfredo Schiavoni, Ximena García, Gabriela Lena, Roxana Reyes, Gustavo Menna, Héctor Stefani, Omar De Marchi, Carla Piccolomini, Luis Pastori, Gerardo Cipolini, Adriana Ruarte, Mercedes Joury, Claudia Najul, Carmen Polledo, Lidia Ascárate, Graciela Ocaña, Virginia Cornejo, Pablo Torello, Dolores Martínez, Alicia Terada y Jorge Enríquez, entre otros.
En la sesión de este miércoles, la oficialista repudió las expresiones que tuvo en Twitter la cordobesa Patricia De Ferrari. La radical salió en su defensa y cuestionó el “linchamiento político”.
Durante el tramo de cuestiones de privilegio en la sesión de este miércoles, la diputada del Frente de Todos Mara Brawer repudió las expresiones que tuvo en Twitter la legisladora provincial Patricia De Ferrari, al referirse a “los falcón verdes”, para opinar sobre la participación de Juan Grabois en el conflicto familiar de los Etchevehere.
“¿Existe algún semiólogo que pueda dar otro sentido al concepto de falcon verde, hay posibilidades de otras interpretaciones del concepto de falcon verde? No, porque en la memoria colectiva de nuestro país, el falcon verde es el símbolo de la dictadura, del secuestro y de la desaparición de personas”, enfatizó la oficialista.
Además, defendió que “muchos acá” con “nuestras diferencias y coincidencias” están de acuerdo “con la ideología de justicia social e igualdad que expresa Grabois”.
Sobre el conflicto en la Estancia Casa Nueva, Brawer resaltó que Dolores Etchevehere ha denunciado “violencia de género y violencia económica” y fue “amenazada por un grupo de hombres”, en la tranquera del predio, quienes “le ofrecieron un salvoconducto para salir ilesa de la provincia de Entre Ríos…al igual que ofrecían los dueños de la vida de las personas en la dictadura”.
La legisladora aseguró que también “se escuchó ‘a estos negros de mierda los vamos a matar'”. Por lo que consideró que “expresiones de esta naturaleza no pueden surgir nunca de un representante del pueblo”. “Debemos repudiarla”, completó.
Al cruce le salió la radical Karina Banfi, que comenzó: “Sí, nos sentimos agraviadas todas las mujeres radicales que representamos a un partido centenario que trajo de nuevo la democracia a la República Argentina. Sí, les guste o no les guste, es así y es parte de la historia”.
La bonaerense manifestó que el mensaje de De Ferrari fue “un hecho desafortunado”, pero ahora la legisladora “no está sufriendo un linchamiento mediático, está sufriendo un linchamiento político”. Y señaló que en las Legislaturas de Córdoba y Santa Fe “están haciendo carne de sus dichos desafortunados”.
“Esto genera violencia política”, subrayó y continuó: “Me sorprende mucho y me agravia que (Brawer) siendo una abanderada de los derechos de las mujeres fomente el linchamiento político de otras mujeres que hacemos política”.
Banfi recordó que su correligionaria fue diputada nacional de 2011 a 2015 y elogió que “por todas las cosas tiene una calidad humana excepcional”. “Fue ella la que estuvo al lado de Félix Díaz cuando todos le daban vuelta la cara mientras hacia el acampe en la 9 de Julio”, añadió.
La legisladora de Juntos por el Cambio apuntó que “la libertad de expresión está por encima de todos”, y cuestionó al oficialismo: “¿O a caso ustedes han repudiado en esta casa los dichos de Dady Brieva? ¿O no les da vergüenza los dichos de Hebe de Bonafini contra una nena de 7 años? -en referencia a Antonia Macri- ¿O D’Elía?”.
Por último, la diputada mencionó que De Ferrari “pidió disculpas, borró el tuit, se arrepintió”; sin embargo, “seguimos hablando de esto porque se aprovechan”. “En la libertad de expresión el perdón tiene un valor único y si nosotros no lo ponemos en juego, y no lo valoramos, entonces, en realidad, el discurso del odio lo fomentan ustedes”, concluyó.
La diputada Karina Banfi pidió que se incorpore a la aplicación un permiso a partir del cual los usuarios tengan la posibilidad de aceptar o rechazar que se acceda a su geolocalización.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires) presentó este martes un pedido a la Agencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (AAIP) para que “efectúe una investigación respecto del funcionamiento” de la aplicación CuidAR que lanzó el Gobierno nacional al inicio de la pandemia por el Covid-19, y de la cual la semana pasada se anunció una versión para la temporada de verano.
Entre otras cuestiones, la diputada Banfi le solicitó a la AAIP que inste a la Secretaría de Innovación Pública a que “incorpore a la aplicación un permiso a partir del cual los usuarios tengan la posibilidad de aceptar o rechazar que se acceda a su geolocalización, además de continuar informándolo en los ajustes de los sistemas operativos de los dispositivos móviles”.
La necesidad de incorporar una solicitud explícita sobre la geolocalización “cobra nueva y especial relevancia a la luz de los anuncios sobre el lanzamiento de la aplicación ‘CuidAR Verano’, y de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial en el marco de la reanudación del transporte aéreo y automotor en toda la Argentina”, afirmó Karina Banfi.
Además, agregó que “si la exhibición del permiso emitido por la aplicación CUIDAR será de carácter obligatorio para todos aquellos que utilicen este tipo de transporte, así como para todos aquellos que deseen desplazarse por la provincia de Buenos Aires durante la temporada de verano, un universo más grande de personas comenzará a descargar la aplicación y, por consiguiente, comenzará a ser geolocalizada sin haber otorgado permiso explícito producto de una solicitud expresa por parte de la aplicación”.
“El carácter presuntamente optativo de la aplicación no está claro sino que, por el contrario, ha sido motivo de confusión en la población luego de las contradicciones en las que se vieron envueltos funcionarios del Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires al momento de lanzamiento de la aplicación”, afirmó la diputada opositora en la misiva que fue enviada a Eduardo Bertoni, titular de la AAIP.
Desde su lanzamiento al inicio de la pandemia, la oposición viene realizando diferentes reclamos y cuestionamientos sobre el funcionamiento de la aplicación CuidAR, en pos de proteger los datos personales de los usuarios que la utilizan.
El reclamo de diputados de Juntos por el Cambio a la ministra de Seguridad es hasta tanto sea revisado el mismo y se adecúe a la normativa vigente.
Diputados nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio le exigieron este viernes a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que suspenda la aplicación del protocolo de ciberpatrullaje en el país, en línea con la recomendación emitida por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en su carácter de autoridad de control de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
“Presentamos un proyecto para exigirle a Frederic que deje de hacer caso omiso a la recomendación de la máxima autoridad de control en materia de protección de datos personales en el país”, afirmó la diputada nacional Karina Banfi, impulsora de la iniciativa, y agregó que “tiene que suspender el protocolo de ciberpatrullaje hasta tanto sea revisado y se adecúe a la normativa vigente”.
El propósito del proyecto de los diputados de la oposición es que el Poder Ejecutivo suspenda la aplicación del protocolo, ajustándose de esta manera a la recomendación efectuada el 23 de julio pasado por la AAIP, luego de que representantes de la autoridad de control participaran de una mesa consultiva para evaluar el protocolo en cuestión.
“El Ministerio de Seguridad a cargo de Frederic ignoró las recomendaciones de distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, sobre los problemas que tiene el protocolo de ciberpatrullaje en lo que respecta a la protección de datos personales”, afirmó la diputada opositora.
Banfi recordó que en abril de este año la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) emitió un comunicado donde “expresó su preocupación por las medidas de ciberpatrullaje digital en Argentina y en Colombia, y señaló que su aplicación podría afectar las libertades fundamentales de las personas”.
Las implicancias negativas del protocolo de “ciberpatrullaje” sobre el derecho a la libertad de expresión fueron advertidas desde un comienzo por expertos en materia de protección de datos personales. Y quedaron en evidencia a partir de numerosos hechos que resultaron en la detención de personas que habían manifestado sus pensamientos y habían ejercido su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales.
A principios de abril, luego de decretado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la ministra de Seguridad asistió a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados y afirmó que las fuerzas de seguridad realizaban “ciberpatrullaje” en las redes sociales para “detectar el humor social”. A finales del mes de mayo, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 144/20, el “Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas”.
Es por la iniciativa NODIO, que se conoció en los últimos días y que pretende “proteger” a la sociedad de noticias falsas.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio Karina Banfi anticipó este lunes que “vamos a presentar una citación a la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, para que pueda explicar de qué se trata el proyecto NODIO”, presentado el viernes pasado como un “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales”.
Además, Banfi agregó que “presentaremos un proyecto de resolución para que disuelvan este observatorio, porque controlar y vigilar no es parte de las funciones que debe tener la Defensoría del Público”.
“A la sociedad no hay que protegerla de las noticias falsas. Lo que tenemos que buscar son mecanismos en donde el Estado sea el que ponga a disposición información pública, así la gente puede saber qué es mentira y qué es verdad”, afirmó la legisladora esta mañana en declaraciones radiales.
“Parecería ser que se utiliza a la Defensoría del Público para controlar la opinión de los demás, y eso atenta contra la libertad de expresión”, agregó Banfi.
La presentación de los proyectos se da en el marco de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de las Comunicaciones Audiovisuales, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, de la cual la diputada Karina Banfi es la máxima autoridad de la oposición. Entre otras funciones, la bicameral tiene a su cargo la designación de la titular de la Defensoría del Público, así como el control de sus decisiones.
La legisladora nacional radical señaló que recurrirá a la AAIP para reclamar por las observaciones que se hicieron desde la oposición en relación a la aplicación.
La diputada nacional Karina Banfi aseguró que recurrirá a la Agencia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (AAIP) para reclamar por las observaciones que se hicieron desde la oposición en relación a la aplicación CuidAR. “Cuatro meses más tarde, sigue habiendo dudas con la aplicación”, afirmó la diputada radical y añadió que, “si bien se hicieron cambios, no fueron suficientes”.
Banfi recordó que “la advertencia más importante que hicimos desde Juntos por el Cambio fue que no existía un consentimiento previo e informado para que cada usuario aceptara (o no) dar información sobre su geolocalización. Tampoco estaba claro el uso que el Gobierno le daría a esa información”.
La legisladora opositora sostuvo que este asunto “merece un nuevo análisis” por parte de la AAIP, por lo cual anunció que recurrirá a ese organismo con el propósito de que investigue la inexistencia de un consentimiento previo e informado para acceder a la geolocalización del usuario.
Al respecto, la titular de la secretaría de Innovación Pública, Micaela Sánchez, respondió vía Twitter a la publicación de la legisladora, donde aseguró que desde el Gobierno “no rastreamos la geolocalización de las personas”. Ante estas afirmaciones, Banfi replicó que entonces “no se entiende el uso de este dato personal”.
Luego de un intercambio de tweets, la diputada de la oposición le aclaró que la discusión en torno a los términos y condiciones de la aplicación surgen porque “se encuentra tildado en forma predeterminada”, por lo que “no hay forma de saber si el usuario efectivamente ingresó a leerlos. Esto ya se señaló y no se cambió”.
En cuanto a los certificados de circulación, los mismos pueden tramitarse por la página web oficial del gobierno, por lo que no es obligatorio el uso de la aplicación para obtenerlo. “Este dato las autoridades no lo informan, y en muchas jurisdicciones obligan a la gente a bajarse de forma obligatoria la aplicación”, dijo Banfi.
En las últimas semanas, algunas organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional y la Fundación LED, se pronunciaron en un sentido similar a los reclamos y objeciones que formuló la oposición desde el lanzamiento de la aplicación.
Al cabo de la extensa sesión de este viernes, la oposición pidió votar una declaración por la desaparición de Facundo Astudillo y reclamó la presencia de Frederic y Pietragalla. Se acordó lo primero.
Al cabo de la sesión de la Cámara de Diputados, ya cerca de medianoche, la diputada radical Karina Banfi pidió un apartamiento del reglamento para emitir un pronunciamiento para declarar “la más sentida preocupación por los tres meses de desaparición que lleva Facundo Astudillo Castro, y citar al Congreso al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para conocer las medidas adoptadas por las autoridades en este tema.
El pedido de Banfi generó un debate con el oficialismo, en el que Juntos por el Cambio reclamó un compromiso para que los funcionarios citados concurran al Parlamento habida cuenta de que “siete veces los citaron y no entendemos por qué no se ha puesto este tema en consideración de este cuerpo”.
Ofició como vocera del oficialismo la diputada Paula Penacca, quien si bien aclaró que tenían conocimiento de un proyecto de declaración sobre el joven desaparecido, ninguno de los funcionarios había sido formalmente citados. Pero amén de eso aclaró que como Cámara de Diputados tendrían que coincidir en un texto de consenso sobre el tema.
Intervino entonces la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Cecilia Moreau, quien aclaró desafiante que “si hay algo en lo que tenemos ningún problema y que nos hemos caracterizado desde que este gobierno asumió, es que los ministros han venido todos y van a seguir viniendo. Me hubiese gustado que hiciesen el mismo reclamo por Rafael Nahuel, al que mataron por la espalda”.
El mendocino José Luis Ramón apoyó la moción de aprobar un texto de consenso y cuando se enfrascaban en un debate sobre qué resolución tomar en definitiva, tomó la palabra Mario Negri para pedir que esa misma noche se resolviera hacer una invitación a la ministra de Seguridad con fecha para la semana que viene. “No para interpelarla, no queremos hacer escándalo”, aclaró, explicando que querían hablar sobre la inseguridad, porque “el delito está superando al virus”. Dijo que querían conversar y ver qué pasaba con esa desaparición. “Pero mientras se trabaja en un hermoso documento que no tengo ninguna duda que va a salir esta noche, querríamos irnos con la confirmación de que la ministra va a venir a reunirse con nosotros”, solicitó.
La respuesta estuvo a cargo de Máximo Kirchner, quien aclaró que había escuchado la palabra “miedo” y se preguntó fastidiado “por qué tendríamos que tener miedo. No tuvimos miedo nunca”. Por último sugirió hacer un exto y ver después cuándo concurrían los funcionarios al Congreso.
Al cabo de un cuarto intermedio, se votó el siguiente proyecto de declaración: “La Honorable Cámara de Diputados declara manifestar su más sentida preocupación por los tres meses cumplidos de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, joven de 22 años, quien fue visto por última vez hace 90 días en un retén policial de control en la localidad de Mayor Buratovich, provincia de Buenos Aires.
“Expresar solidaridad con la familia de Facundo y acompañar el reclamo por su aparición inmediato. Exigir que se investigue y se establezcan las responsabilidades en el caso judicial caratulado ‘desaparición forzada’”.
La legisladora nacional anticipó que en la visita del Jefe de Gabinete a la Cámara baja, lo cuestionará respecto a la administración de la pandemia, y las situaciones de violencia institucional que se viven en el país.
La diputada nacional Karina Banfi anticipó sus preguntas al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien irá a la Cámara de Diputados por primera vez desde el inicio de su gestión, y adelantó que lo cuestionará respecto a la administración de la pandemia, y las situaciones de violencia institucional que se viven en el país.
Sobre la visita de Cafiero al Congreso, manifestó que le parece “muy importante” que se haya confirmado, después de “seis meses de haberle reclamado infinidad de veces que tiene que cumplir con la manda constitucional que lo obliga a rendir cuentas en alguna de las dos cámaras”. En este sentido, indicó que le parece “una falta de respeto por la gente que nosotros representamos, siendo la Cámara baja la representación directa del voto popular, que no venga, o considere que no tiene que rendir cuentas luego de haberle presentado más de 1.600 preguntas”.
“Es importante para nosotros y para la tranquilidad de todos los ciudadanos tener muy claro cuál va a ser el impacto que tiene en la vida de todos los argentinos cada medida que toma el Gobierno”, concluyó la legisladora por la provincia de Buenos Aires en diálogo con el programa radial “Edición Calificada”.
Por otro lado, Banfi consideró que “un punto clave” por donde va a rondar la visita del Jefe de Gabinete va a ser en el tratamiento y administración de la pandemia, pero también en la administración de la economía: “Me reuní con un grupo de comerciantes muy preocupados que tienen mucho interés en poder abrir su comercio, y generar los protocolos necesarios, pero que no impida la posibilidad de producir. Yo creo que ese es el motor que nosotros necesitamos incentivar, más allá de la cuestión sanitaria que entendemos que está controlada en este momento, y en donde los argentinos han hecho un sacrificio justamente para poner en condiciones al sistema sanitario por cualquier situación de emergencia que se necesite, pero también tenemos que escuchar medidas que acompañen la situación económica de todos los argentinos”, manifestó al respecto.
En tanto, la diputada de Juntos por el Cambio adelantó que tiene mucha necesidad de que Cafiero responda acerca de la violencia institucional que -consideró- “lamentablemente se asocia a una consigna que administró la ministra Frederic en una reunión de Comisión de Seguridad, donde dijo que usaba el ciber patrullaje para medir el humor social, y eso sin duda me parece que ocasionó la fuerza de seguridad una mala comprensión de cuál debe ser su actuación durante la pandemia, en donde tenemos que lamentar 10 muertes en este contexto en manos de la policía en todo el territorio nacional argentino; y hoy además hay un desaparecido en la provincia de Buenos Aires, Facundo Astudillo que está desesperadamente tanto la policía federal, porque se aparta a la policía bonaerense, y la Justicia investigando qué pasó, que hace 76 días no aparece”.
Finalmente, consideró que “es lamentable que tengamos una grieta en la libertad de expresión y que los periodistas no tengan resguardo constitucional”, y criticó las causas que se iniciaron a funcionarios y que se expresaron a favor de las manifestaciones públicas: “El derecho a la protesta no está prohibido ni en el marco de la cuarentena, mientras se resguarde la salud y aislamiento social e incluso en las redes sociales. La policía debe proteger a los manifestantes y a los periodistas que cubren esas manifestaciones”.
“Nosotros siempre vamos a proteger la libertad de expresión. Puede no haber salud pública, pero si no tenemos libertad de expresión no tenemos nada incluso no vamos a tener salud”, concluyó la legisladora.
El reclamo lo formulan en sendos proyectos diputados de Juntos por el Cambio y Nicolás del Caño. Uno está dirigido a Horacio Pietragalla y el otro a Sergio Berni.
Lo que ya se investiga como “desaparición forzada” del joven Facundo Astudillo Castro (22), quien desapareció hace 68 días, cuando se trasladaba de su domicilio en la localidad de Pedro Luro con destino a Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, ya repercute en el Congreso de la Nación.
Por un lado, diputados del interbloque Juntos por el Cambio hicieron un pedido de informes dirigido a la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y al Ministerio de Seguridad, en los que piden investigar “las responsabilidades policiales y políticas de todos los actores correspondientes e involucrados en la desaparición forzada del joven de 22 años”.
Asimismo, que los organismos correspondientes “informen si tienen conocimiento sobre la desaparición forzada, que indiquen las directivas formuladas para intervenir en el caso, y de lo contrario, que se indique los argumentos de su decisión”. Como así también “el tipo de asesoramiento, contención e información brindada a sus familiares sobre la causa judicial y resultados de los rastrillajes”.
Al respecto la diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires), oriunda de la ciudad de Bahía Blanca e impulsora de la iniciativa, afirmó que “es desesperante para la familia no tener ningún tipo de información sobre Facundo hace más de dos meses. Las autoridades nacionales deben intervenir de forma urgente para tratar de dar con el joven y esclarecer lo que ocurrió”.
Acompañan con sus firmas los diputados de Juntos por el Cambio Sebastián Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, María Luján Rey, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Dina Rezinovsky, Marcela Campagnoli, José Luis Patiño, Adriana Cáceres, Juan Martin, Waldo Wolff, Albor Cantard, Gustavo Menna, Pablo Torello, Estela Regidor, Claudia Najul, Lorena Matzen, Hernán Berisso, Diego Mestre, Ricardo Buryaile, Roxana Reyes, Álvaro de Lamadrid, Gabriela Lena, Miguel Bazze, Josefina Mendoza, José Luis Riccardo, Federico Zamarbide, Mercedes Joury, Héctor Stefani, Carla Piccolomini, Ximena García, Luis Pastori, Alberto Asseff, Fernando Iglesias, Alicia Terada, Luis Petri, Silvia Lospennato y Brenda Austin, entre otros.
También se sumó a los pedidos de informes el diputado Alberto Asseff, quien solicitó al Gobierno que informe a través de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad, sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro. El mencionado informe deberá además pronunciarse sobre las medidas jurídicas y de seguridad se han adoptado a partir que la denuncia fue radicada en el fuero federal como desaparición forzada. Como así también informar qué tipo de asistencia está recibiendo la familia de Facundo Astudillo Castro por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Por último Asseff recordó que “ciertos agentes de la policía bonaerense han realizado declaraciones contradictorias que ameritan, al menos hasta que se esclarezca el hecho, que sean apartados”, medida para la cual solicita que se ponga en conocimiento al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para analizar dicha decisión.
Son cofirmantes del pedido de informes los diputados del Pro Pablo Torello, Jorge Enriquez y Julio Sahad.
Por su parte Nicolás del Caño, diputado nacional del PTS-Frente de Izquierda, presentó en el Congreso un pedido de informes para que a través del Ministerio de Seguridad de la Nación se requiera toda la información sobre las actuaciones de la Policía Bonaerense y del ministerio al mando de Sergio Berni ante la desaparición hace más de 60 días de Facundo Astudillo Castro, visto por última vez cuando era subido a un patrullero.
Del Caño reclamó que el Ministerio de Seguridad de la provincia informe “quiénes son los policías que se encontraban en el operativo que detuvo a Facundo y quiénes se encontraban de turno en las comisarías de la región. Además tienen que dar cuenta de porqué, siendo que la última vez que se lo vio fue adentro de un patrullero como denuncian los testigos, no se apartó a la Bonaerense de la investigación. También queremos que den explicaciones sobre porqué se tardaron 50 días en rastrillar la zona donde fue visto por última vez Facundo”.
Asimismo, Del Caño señaló que “durante estos tres meses de cuarentena, hemos visto cómo se ha profundizado la persecución policial, miles de casos de detenciones arbitrarias, ataques brutales por parte de la policía a los jóvenes, acciones represivas sobre los trabajadores y una multiplicación de casos de gatillo fácil. Lo vimos en Tucumán con Luis Espinoza y Cerefino Nadal, en la provincia de Buenos Aires con los fusilamientos de Alan Maidana en Berazategui y de Lucas Barrios en la Isla Maciel, y también en la Capital donde Facundo Scalzo fue fusilado de 4 tipos por la Gendarmería Nacional en el Bajo Flores, por nombrar sólo algunos casos. Este avance represivo que recorre el país tiene consecuencias trágicas y es la consecuencia de haberle dado más poder a las distintas policías, a la Prefectura y a la Gendarmería. ¿Qué más tiene que pasar para que las autoridades nacionales y los ministros provinciales den explicaciones en el Congreso?”.
Representantes de Juntos por el Cambio enviaron una nota al relator para la Libertad de Expresión de ese organismo.
Un grupo de diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentó este lunes un escrito ante la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar su opinión con respecto a la “persecución judicial” que sufrirían algunos periodistas de nuestro país.
“Cumplimos en informar y poner en conocimiento a la CIDH los últimos acontecimientos que tensionan el principio de libertad de expresión, al cual la Argentina se ha obligado a respetar por formar parte del Pacto de San José de Costa Rica”, afirmó la diputada Karina Banfi (UCR), una de las firmantes de la carta.
En la misiva enviada a Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de dicho organismo, los diputados citaron los comunicados que emitieron diferentes organismos que nuclean a los periodistas en Argentina y en la región, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Academia Nacional de Periodismo, ADEPA y FOPEA, quienes “alertaron sobre la gravedad de los últimos acontecimientos en relación a los incansables intentos de atentar contra este derecho que es un pilar para el sistema democrático en la región”.
Asimismo, los legisladores indicaron: “Ponemos en su conocimiento esta situación a efectos de tomar intervención y eventualmente aconsejar el dictado de las medidas pertinentes para impedir el avance contra el derecho a la libertad de expresión, haciendo cesar todo acto o manifestación que la cercene”.
Banfi denunció que “son inaceptables los intentos por coartar las libertades. Atentar contra la libertad de prensa afecta el derecho humano del acceso a la información y el ejercicio de otros derechos. La persecución a periodistas era cosa del pasado, pero parece que debemos seguir luchando”.
También agregó que “es una situación grave lo que está ocurriendo, se trata de una campaña de desprestigio contra los periodistas que se dedican a investigar los hechos de corrupción vinculados al kirchnerismo”.
“Reclamar por la libertad de expresión no es un tema de índole local, los derechos humanos se defienden con el apoyo de la región y el Sistema Interamericano” finalizó la diputada Banfi en referencia a los argumentos por los cuales decidieron recurrir a la CIDH.
El documento lleva las firmas de los diputados Luis Petri, Waldo Wolff, Graciela Ocaña, Ingrid Jetter, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Gerardo Cipolini, Martín Grande, Claudia Najul, Soher El Sukaria y Jorge Vara.
En la bicameral de Comunicación Audiovisual, Juntos por el Cambio se abstuvo en la elección de la periodista por estar en desacuerdo con el procedimiento realizado. Polémica por el reparto de cargos en la comisión y aval a las propuestas para el Enacom y RTA.
En una nueva reunión virtual marcada por la discusión entre el oficialismo y la oposición, la Bicameral Permanente de Seguimiento y Promoción de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización avanzó con la designación de la periodista Miriam Lewin para conducir la Defensoría del Público.
La presidenta de la comisión, la diputada oficialista Gabriela Cerruti, destacó que en los 50 días que estuvo abierto el período de adhesiones y oposiciones, el respaldo a su candidatura alcanzó una “fuerza y fortaleza” que fue “contundente” y solo hubo dos rechazos que “no tenían que ver con el fondo de las condiciones” de la postulante.
A continuación intervino la radical Karina Banfi, quien si bien remarcó que desde Juntos por el Cambio no había oposición a Lewin, sí había que “revisar algunas cuestiones del procedimiento y esto no es menor”. La diputada se quejó del incumplimiento de plazos y falta de acceso a la información y pidió: “Hagamos las cosas bien, no a las apuradas”.
Cerruti salió al cruce al decir que la candidatura había sido correspondiente publicada en el Boletín Oficial, en dos diarios de circulación nacional y en las páginas web de ambas cámaras, además de haberse prolongado la etapa de adhesiones y oposiciones a raíz de la cuarentena. “Usted es miembro desde ayer en la comisión”, le enrostró la kirchnerista por el reclamo sobre la información.
“No dudamos que se publicó”, expresó el diputado macrista Waldo Wolff, que reiteró: “Lo que nosotros estamos cuestionando es el procedimiento, no a la señora Lewin”. “Nos parece que para elegir un cargo lo que corresponde es tener sobre la mesa toda la información y analizarla”, señaló.
Se metió en la discusión el senador oficialista Guillermo Snopek, que apuntó al interbloque de Juntos por el Cambio por “tener esta forma” desde “las últimas reuniones” de “no hacer sus planteos, sino un show mediático”.
Luego retomó la palabra Banfi para solicitar que la definición sobre un “cargo tan importante” sea la semana que viene. “Pido tomarnos el tiempo suficiente para hacer las cosas bien y que no queden suciedades en términos de procedimientos, porque lo que realmente queremos ser es ser transparentes”, insistió.
Para cerrar, el diputado oficialista Pablo Carro sentenció: “Después de dos años del señor (Emilio) Alonso a cargo de la Defensoría y sin que el oficialismo se haya ocupado de designar, ni siquiera de proponer un defensor permanente, lo que pido es que pasemos a votar”.
Fue entonces que el aval a la candidata se confirmó con nueve votos afirmativos, todos correspondientes al Frente de Todos, y seis abstenciones, de los miembros de Juntos por el Cambio. En tanto, el senador Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) estuvo ausente. “Muy bien, se eleva a la Presidencia de ambas cámaras”, finalizó Cerruti.
Polémica por el reparto de cargos
La reunión virtual de este martes se inició caldeada por la elección de las autoridades. En el encuentro previo a la declaración del aislamiento obligatorio, realizada en marzo, los cargos de vicepresidente y secretario habían quedado pendientes.
El senador del Frente de Todos Mariano Recalde comenzó proponiendo como vice a su compañero de bloque Alfredo Luenzo. “Bueno, estamos todos de acuerdo”, afirmó Cerruti y lo dio por sentado, cuando el diputado radical Miguel Bazze pidió la palabra para reclamar: “Nosotros pensamos que la vicepresidencia de la comisión debía estar en manos de la oposición, de Juntos por el Cambio; más del respeto, consideración y estima que tengo por el senador Luenzo”.
“Entendimos que era el acuerdo que había anoche”, contestó Cerruti. Pero el diputado Waldo Wolff se preguntó “cuál es el argumento”. “Desde sus inicios esta comisión tuvo diferentes conjugaciones en su presidencia y vicepresidencia. No hay un parámetro en la historia de esta comisión”, sostuvo la titular que, a pedido de Wolff, accedió a una votación nominal.
Con mayoría, el oficialismo impuso a Luenzo como vicepresidente, con nueve votos a favor, cuatro en contra y una abstención -de la macrista María Carla Piccolomini-.
“Empezar así una comisión, siendo además usted una mujer comprometida con la democracia…en mis cuatro años de diputado no recuerdo votar a una autoridad por mayoría, porque en todo caso no se respeta el equilibrio de poder”, lanzó Wolff, que remarcó que la “costumbre” es elegir a las autoridades “por acuerdo y si no hay acuerdo se respeta la tradición”.
Y continuó: “Me parece vergonzoso. También lamento lo de meter por la ventana a un hombre que no merece entrar por la ventana. Esto es una mancha para esta comisión”.
“No voy a alargar esto, solamente le digo diputado que deberían hablar más entre ustedes. Nosotros noche teníamos una decisión de ustedes, y esta mañana otra. En ningún momento nos trasladaron a nosotros que el problema era la vicepresidencia”, finalizó la oficialista.
En tanto, Juntos por el Cambio sí se quedó con la secretaría, que será ocupada por la radical Karina Banfi.
Elección de los miembros de Enacom y RTA y el reclamo de Camaño
Además, en el encuentro virtual se votaron -por unanimidad- las propuestas de miembros para el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y de Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA).
En el caso del Enacom, fueron avalados Alejandro Gigena, por iniciativa del Frente de Todos; y Silvana Giudici, elegida por el bloque Pro. El radicalismo anticipó que, cuando culmine en julio el mandato de Miguel Ángel Giubergia, propondrán un nombre propio, lo que despertó la molestia de Graciela Camaño.
Para RTA, recibieron aprobación Cynthia Ottaviano, propuesta por el Frente de Todos; y Emilio Laferriere, designado por el interbloque Juntos por el Cambio.
Además de reclamar que el Interbloque Federal forme parte de la bicameral, la diputada Camaño (Consenso Federal) cuestionó que “las dos primeras minorías parecen ser las únicas fuerzas políticas del país”.
En alusión al cargo de Giubergia en el Enacom, la legisladora señaló que con él “ya hay un representante de la segunda minoría”. Pero el radical Miguel Bazze dijo que como la UCR es el segundo bloque con más miembros en la Cámara de Diputados, ellos tendrán su propuesta propia y que Giudici es la candidata del Pro.
Tras la votación, Camaño resaltó: “En este momento y hasta el mes de agosto, la Cámara de Diputados de la Nación en la primera y segunda minoría no está respetando a las terceras minorías”.
“Somos democráticos, defendemos la representatividad de todos cuando tocan nuestros intereses. Ahora, cuando se trata en serio de que vivamos en un sistema armónico, compartiendo el poder de la manera que corresponde, ahí sí nos convertimos en antidemocráticos y no nos importa nada”, manifestó, para completar: “El frente Cambiemos aparece en la actual composición que propone al Enacom como la primera fuerza, por la simple y sencilla razón de que va a tener hasta el mes de agosto dos representantes”.
Ante el anuncio del gobernador bonaerense de que será de uso obligatorio, la diputada nacional KarinaBanfi advirtió que “no está claro el consentimiento previo e informado” de la misma.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR – Juntos por el Cambio), se manifestó este domingo a través de Twitter sobre la aplicación CuidAR, luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó en conferencia de prensa que la misma será de uso obligatorio para todos los habitantes de la provincia.
“Como advertimos hace unas semanas atrás, sigue sin estar claro cómo opera un consentimiento previo si nos obligan a bajar la aplicación para obtener un certificado”, afirmó la diputada nacional. “Celebramos que se haya tenido en cuenta la visibilidad de los términos y condiciones en la primera fase de la aplicación. Lástima que está predeterminada su aceptación, más de uno puede pasar de largo y no darse cuenta que estaban allí. El consentimiento nunca puede ser tácito”, destacó Karina Banfi.
Al mismo tiempo, sostuvo que “los términos y condiciones nos permiten saber si está dentro del marco legal. Los ciudadanos necesitamos saber qué datos van a obtener, quienes lo van a administrar y qué harán con los mismos cuando finalice la pandemia”.
Sobre la geolocalización que permite la app CuidAR, que fue la principal polémica en torno a la misma, la legisladora por la provincia de Buenos Aires afirmó que “es un dato personal que puede obtener el Estado a los fines de cuidar la salud pública, por ejemplo. Sin embargo es requisito fundamental el consentimiento previo e informado del usuario”. También, agregó que “la aceptación de la geolocalización, que ahora se quitó de la aplicación en sus pasos, no informa si en algún momento se activa. Tampoco aparece en la configuración del teléfono para desactivarla”.
Por último, afirmó que “lo único obligatorio es el certificado de circulación. Dice el Presidente que para obtenerlo debes bajarte la aplicación CuidAR. Sin embargo, el certificado está linkeado a la aplicación y podrías obtenerlo por otras páginas. ¿Entonces para qué es obligatoria la app?”, cerró.
La diputada Karina Banfi presentó hace algunas semanas un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional, a través de un proyecto de resolución, para obtener detalles sobre la utilización de los datos personales que se obtienen por la aplicación CuidAR. “Nos quedan serias dudas sobre el uso de los datos de los usuarios”, había afirmado en ese entonces.
Algunos días después de la presentación del proyecto de resolución, la diputada Karina Banfi, fue convocada por la Secretaría de Innovación Pública a una reunión técnica sobre la app CuidAR, en la cual participaron los especialistas en ciberseguridad que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio había propuesto -Samanta Maida, Alberto Crovara y Juan Ignacio Belbis. Allí fueron recibidos por Micaela Sánchez Malcolm, titular de esa dependencia, donde el gobierno nacional tomó el compromiso de realizar algunas modificaciones a la aplicación.
Diputados de Juntos por el Cambio quieren conocer cómo se administra la información que los usuarios completan para utilizar esa plataforma en sus celulares.
Diputados nacionales del interbloque Juntos por el Cambio solicitaron al Gobierno nacional que brinde detalles sobre la utilización de los datos personales que se obtienen a través de la aplicación “CuidAR COVID 19-Ministerio de Salud”, lanzada recientemente y que permite realizar una autoevaluación de síntomas compatibles con Covid-19.
Los legisladores solicitaron a la Secretaría de Innovación Pública que indique “cómo se administran los datos personales obtenidos, y de qué manera se informa a los usuarios sobre la protección de dichos datos en virtud de lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales”. También, que se detalle “qué información recolecta la aplicación y cómo es su tratamiento con otras jurisdicciones”.
La aplicación es de uso obligatorio para todas las personas que llegan desde el exterior. Por este motivo, los opositores solicitaron que el Ejecutivo nacional “informe y detalle cómo se obtiene el consentimiento de los usuarios para el caso de las personas que ingresan al país, de adherir y utilizar la aplicación en su versión para dispositivos móviles”.
La radical Karina Banfi, impulsora del proyecto, afirmó que “resulta necesario que el Poder Ejecutivo informe sobre el uso y el tratamiento que le da a los datos personales de los usuarios de la aplicación”.
Y destacó que “hay una ley que protege los datos personales de los ciudadanos, y la pandemia no puede ser una excusa para no respetarla, hay que garantizar el debido tratamiento de la información personal”.
Acompañaron la iniciativa los diputados Waldo Wolff, Silvia Lospennato, Alberto Assef, Martín Berhongaray, Ezequiel Fernández Langan y Jorge Alberto Vara, entre otros.
Para la impulsora del proyecto, la legisladora Karina Bani, “esta emergencia demostró como nunca la importancia que tiene la conectividad y acceder a información”.
Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución, a través del cual solicitaron al Gobierno nacional que declare como servicios esenciales las actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil, y servicios digitales, en el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia del Covid 19. El proyecto de resolución tiene el objetivo de “garantizar su acceso y uso ininterrumpido para toda la ciudadanía”.
Asimismo, los diputados de la oposición, solicitaron “instar el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a que informe de forma periódica a la Cámara de Diputados sobre el funcionamiento de estos servicios, tipo y cantidad de reclamos por parte de los ciudadanos, en caso que los hubiera, y resolución de dichos inconvenientes”.
Dentro de los argumentos en los cuales se funda el proyecto, los diputados afirmaron que “atentos al potencial de Internet para promover la realización de derechos y la participación pública, así como para facilitar el acceso a bienes y servicios, y considerando el contexto actual de emergencia sanitaria y aislamiento social, preventivo y obligatorio, resulta en extremo necesario dar garantías a la ciudadanía para que el acceso y uso de las TICs se de en forma continua y segura”.
El proyecto fue impulsado por la diputada Karina Banfi, vicepresidenta primera de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja. Al respecto, Banfi afirmó que “esta emergencia demostró como nunca la importancia que tiene la conectividad para trabajar, estudiar, unir afectos y acceder a información. Por ello, garantizar su funcionamiento es vital”.
La iniciativa legislativa cuenta con el aval de los diputados Lidia Ascarate, Soledad Carrizo, Martín Grande, Ezequiel Fernández Langan, Gustavo Menna, Claudia Najul, Fabio Quetglas, Estela Regidor, Pablo Torello, Carla Piccolomini y Jorge Vara, entre otros.
Por otro lado, este miércoles 22 de abril a las 17, se realizará un plenario de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados por videoconferencia, donde se harán presentes funcionarios del gobierno nacional para brindar un informe de gestión en este período de pandemia por el coronavirus.
Fue presentado por los diputados de Juntos por el Cambio al ENACOM, para evaluar la manera como se están solucionando las fallas en esos servicios.
Diputados nacionales del interbloque Juntos por el Cambio solicitaron informes al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) sobre el funcionamiento y resolución de reclamos en la prestación de servicios de internet, telefonía fija y móvil, entre otros servicios, desde el inicio de la emergencia sanitaria, el pasado 12 de marzo, y su consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El proyecto de resolución, que fue impulsado por la diputada Karina Banfi (UCR – Buenos Aires), vicepresidenta de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, tiene como objetivo conocer y evaluar cómo se están solucionando las fallas en estos servicios que los usuarios reportan. Por otro lado, se requiere saber de qué manera el Estado está monitoreando el accionar de las compañías prestadoras.
“En tiempos de pandemia, el uso de Internet se vuelve esencial. Por eso, junto a diputados de Juntos por el Cambio, presentamos un pedido de informe al ENACOM, para conocer cómo se está dando solución a los reclamos en la prestación de este servicio”, señaló Banfi luego de la presentación del proyecto.
“El carácter de servicio público esencial y estratégico de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) debidamente reconocido por el ordenamiento jurídico argentino adquiere hoy una relevancia capital, en el contexto de excepcionalidad institucional instaurado por los decretos sobre la Emergencia Sanitaria y por el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, sostiene en el proyecto de resolución enviado al Poder Ejecutivo Nacional.
Entre los fundamentos en los cuales se realiza el pedido de informe, los diputados destacan que “ha llegado a conocimiento de esta Cámara de Diputados, que las prestadoras de servicios TIC no han dado al momento soluciones eficientes a la totalidad de sus usuarios sin compensarles de manera alguna tales fallas en su funcionamiento” afirma el pedido que solicita al ENACOM el detalle de reclamos y cómo fueron resueltos, en el marco tanto de la Ley de Telecomunicaciones como la Ley N° 24. 240 de Defensa del Consumidor.
El proyecto, cuenta con el apoyo de los diputados Carla Piccolomini, Martin Grande, Ezequiel Fernandez Langan, Ingrid Jetter, Waldo Wolff , Pablo Torello, Dina Rezinovsky, Soledad Carrizo, Hernan Berisso, Carlos Fernandez, Claudia Najul, Julio Sahad, Atilio Benedetti y Gonzalo Del Cerro, entre otros.
“No basta con decir que sos transparente, hay que demostrarlo”, advirtió la diputada, y solicitó que se indiquen los plazos para dar publicidad a todo lo que no se haga en forma electrónica.
La diputada nacional y vicepresidenta de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Karina Banfi, presentó, junto a diputados del interbloque Juntos por el Cambio, un proyecto de resolución para solicitar informes al Poder Ejecutivo sobre la vuelta al papel en la gestión de expedientes públicos.
El pedido de informes surge a raíz del Decreto 338/2020 publicado el domingo pasado en el Boletín Oficial, y tiene como objetivo principal “garantizar la continuidad del ejercicio de la transparencia de los actos públicos”. Por eso mismo, se solicita a la Jefatura de Gabinete de Ministros que se establezcan parámetros claros sobre la aplicación de la figura de “procedimientos de contingencia”, citada en el mencionado decreto para ser utilizada ante “eventuales fallas del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)”.
También, y conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública de la cual Karina Banfi fue miembro informante de la sesión en la que se sancionó la ley, se solicita que se indiquen los plazos para dar publicidad a todo lo que no se haga en forma electrónica.
“No basta con decir que sos transparente, hay que demostrarlo. Por eso, con colegas del bloque Juntos por el Cambio, presentamos un proyecto de Resolución para que el gobierno mejore las medidas sobre la ‘contingencia’ del expediente y darle publicidad según la Ley de Acceso a la Información”, declaró la legisladora bonaerense en redes sociales.
No basta con decir que sos transparente, hay que demostrarlo.
— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) April 6, 2020
Por eso, con @DiputadosAR de JxC, presentamos un proyecto de Resolución para que el Gobierno mejore las medidas sobre la “contingencia” del expediente y darle publicidad según la Ley de Acceso a la Información.
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El proyecto de resolución cuenta con el aval de los diputados Dolores Martínez, Waldo Wolff, Martín Grande, Jorge Vara, Ezequiel Fernandez Langan, Javier Campos, Luis Petri, Ingrid Jetter, Gabriel Frizza, Pablo Torello, Juan Martín, Gabriela Lena, Claudia Najul y Lidia Ascárate, entre otros.
La radical Karina Banfi impulsa una condonación para el sector, ante el impacto económico de la emergencia sanitaria.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley por el cual propone una moratoria especial de 180 días para el pago monotributo, con condonación de hasta el 30% del importe final a abonar por las personas alcanzadas por el Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes. También propone una bonificación del total del importe de la obligación mensual para aquellos/as contribuyentes que no presenten actividad económica alguna durante el período a abonar.
“El innegable e ineludible impacto económico de la situación que estamos viviendo y las medidas de aislamiento dispuestas por el Gobierno afecta de manera particular a quienes se encuentran contemplados/as en el marco de la Ley 24.977, de Régimen Simplificado para Pequeños y Medianos Contribuyentes. De tal suerte, en virtud de las obligaciones del Estado Nacional de garantizar el pleno desarrollo de su ciudadanía, y atendiendo a la excepcionalidad que supone la pandemia vigente, resulta imperioso brindar herramientas y facilidades para atender la situación de las y los monotributistas”, señala Banfi en los fundamentos de la iniciativa.
Acompañan el proyecto con su firma los diputados Luis Petri, Claudia Najul, Lorena Matzen, Roxana Reyes, Alejandro Cacace, Victoria Morales Goreleri, Carmen Polledo, Hernán Berisso y Gustavo Hein.
