La diputada de UP advirtió que la iniciativa “demuele los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”, y cuestionó que “el proyecto de primarización del Gobierno se manifiesta en el cierre cotidiano de industrias”.
La diputada nacional Kelly Olmos (Unión por la Patria) se refirió al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y afirmó que es “muy nocivo” porque “demuele derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.
En declaraciones a Delta 90.3, la ex ministra de Trabajo sostuvo que la reforma laboral, que comenzará a ser tratado a partir de la próxima semana, es un proyecto “nocivo” porque “contribuye al proyecto general de primarización de la economía y de fractura social completamente”.
“Tiene distintos aspectos como el de derechos laborales como individuales y colectivos que los demuele en ambos casos. En lo colectivo, que es lo más preocupante porque los individuales se pueden recomponer, se invierte la pirámide de prioridades, estableciendo la prioridad en el acuerdo por empresas donde la asimetría de poder hace que no haya negociación sino adhesión a la imposición patronal”, manifestó.
En esa línea, precisó que “con relación al sistema de seguridad social hay una propuesta muy nociva de vaciamiento porque utilizan una desgravación de 3 puntos sobre los aportes patronales para financiar un fondo de inversiones que está destinado a solventar indemnizaciones. En el medio lo que hay es un Luis “Toto” Caputo ampliando un mercado, en el cual pueda colocar su endeudamiento en moneda nacional”.
"También hay una cantidad de decisiones de carácter fiscal que son redistributivas en favor de los sectores más concentrados de le economía argentina. Además, van a desfinanciar las provincias porque caen los ingresos de coparticipación federal", criticó.
Olmos ratificó: “Es un proyecto realmente nocivo donde el Gobierno nos tira 200 elefantes a ver si tratando de contener alguno otros pasan. El que pase va a ser muy malo”.
Para la diputada de UP: “La nueva realidad laboral es proceso del debilitamiento económico, de la falta de desarrollo donde hoy en día el proyecto de primarización del Gobierno se manifiesta en el cierre cotidiano de industrias. Este gobierno es anti industrial y en consecuencia anti generación de valor agregado”.
“La falta de competitividad general de la economía la quiere compensar con más explotación a los trabajadores. No porque la mitad del universo laboral este precarizado, la solución del Gobierno es la de precarizar al 100% la solución es cómo generar derechos para quienes hoy no los tienen”, cuestionó y cerró: “Es obligatorio el reconocimiento de la relación laboral y derechos que conllevan. En nuestra propuesta alternativa pusimos un capitulo completo sobre el tema plataformas”.
Con el apoyo de varios miembros del bloque Unión por la Patria, la exministra de Trabajo propuso una reforma integral que abarca desde la simplificación de la negociación colectiva hasta la reducción progresiva de la jornada, y un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales.
La exministra de Trabajo de la gestión de Alberto Fernández propuso una iniciativa también denominada “de Modernización Laboral”.
En pleno debate impulsado por el oficialismo para modificar la legislación laboral, un proyecto presentado por la diputada de Unión por la Patria Kelly Olmos propone una reconfiguración profunda del marco laboral argentino, con un enfoque que sus autores definen como “integral y estructural”.
La diputada peronista y exministra de Trabajo Kelly Olmos ingresó un proyecto integral de modernización laboral que abarca desde la simplificación de la negociación colectiva hasta la reducción progresiva de la jornada, nuevas licencias parentales, comités mixtos de seguridad y un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales.
La iniciativa lleva también las firmas de Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Emir Félix, Juan Pablo Luque y Pablo Todero.
El proyecto establece un Régimen de modernización laboral que abarca ocho áreas centrales, con el objetivo declarado de actualizar las normas vigentes y adaptarlas a las nuevas realidades productivas, tecnológicas y sociales.
Uno de los pilares del texto es la simplificación de la negociación colectiva, permitiendo que determinados acuerdos derivados de convenios ya homologados entren en vigencia automáticamente tras su publicación en el Boletín Oficial, sin necesidad de pasar por el trámite de homologación. Según la propuesta, este mecanismo busca dotar de mayor dinamismo a las actualizaciones salariales o productivas consensuadas entre sindicatos y cámaras empresarias.
El proyecto también aborda un cambio sustancial en materia de corresponsabilidad parental, extendiendo la licencia de la persona gestante a 120 días y llevando a 30 días la licencia para el progenitor no gestante. Asimismo, crea una Licencia Parental Compartida hasta el año de vida del niño, financiada por la seguridad social, y establece el derecho a modalidades de reincorporación flexible, como trabajo híbrido o jornada reducida.
Otro eje fuerte es la reducción progresiva de la jornada laboral, que descendería de 48 a 40 horas semanales en un plazo de seis años. La iniciativa garantiza la integralidad salarial y delega en la negociación colectiva la definición de mecanismos operativos de implementación sectorial.
La propuesta incluye además un sistema de financiamiento bancario de indemnizaciones, a través del Banco Nación, que permitiría a las pymes cancelar de inmediato los créditos laborales mientras devuelven el monto al banco en cuotas ajustadas por IPC.
En materia de fiscalización, el proyecto incorpora la alta administrativa automática del trabajador no registrado, presunción de laboralidad y herramientas de inspección digital, además de habilitar la participación sindical como instancia colaboradora, con sanciones agravadas para los casos de obstrucción.
Otra pieza central es la creación de Comités Mixtos de Salud, Seguridad y Prevención, obligatorios en establecimientos de 50 o más trabajadores, con participación paritaria entre representantes sindicales y empleadores, y facultades para intervenir ante riesgos graves e inminentes.
El texto dedica un capítulo completo al trabajo en plataformas digitales, con un régimen dual que presume relación de dependencia cuando se verifican indicios objetivos como control de tarifas, geolocalización o carga horaria habitual. También establece transparencia algorítmica, derecho a la desconexión, protección de datos, cobertura de riesgos del trabajo, y regula el multiapping.
Finalmente, el proyecto propone una reducción progresiva de contribuciones patronales mediante un mínimo no imponible por empleador, con el objetivo de impulsar el empleo asalariado formal, especialmente en micro y pequeñas empresas, sin generar “efectos umbral” que desincentiven el crecimiento.
La iniciativa de Olmos y los diputados que la acompañan se presenta como un paquete de reformas amplio, que busca abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre el mercado laboral argentino, llevando el debate simultáneamente hacia la productividad, la igualdad de género, la protección social y la actualización tecnológica del sistema.
La iniciativa fue impulsada por Kelly Olmos y Guillermo Michel de Unión por la Patria. “Esto no le va a generar ningún costo adicional al consumidor, pero sí le va a asegurar que la mercadería que compra sea genuina”, aclaró el entrerriano.
En pleno auge de las plataformas de venta electrónica, los diputados nacionales Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio de protección integral de los derechos de los consumidores. La propuesta tiene por objetivo, entre varios puntos, garantizar la transparencia entre usuarios y proveedores y es presentada como complemento de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
El propio legislador de Entre Ríos explicó a través de X que se trata de una iniciativa para “defender la industria local, el empleo argentino y combatir la competencia desleal generada por la mercadería ingresada de manera irregular a nuestro país y luego comercializada por plataformas virtuales”. Del mismo, contextualizó que “en los últimos años el comercio electrónico ha adquirido una importancia creciente en la comercialización de bienes y servicios”.
En el mismo anuncio, Michel explicó que “las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial no han sido objeto de las actualizaciones que permitan defender adecuadamente los derechos de los consumidores e identificar la trazabilidad de los proveedores”. Agregó, en ese sentido, que “es necesario actualizar la ley a los efectos de evitar que la mercadería que ingresa de contrabando a nuestro país se comercialice a través de plataformas digitales bajo apariencia de legalidad”.
De todos modos, dejó en claro que “esto no le va a generar ningún costo adicional al consumidor, pero sí le va a asegurar que la mercadería que compra sea genuina y haya ingresado al país en forma regular”.
El proyecto de ley impulsado por los diputados de Unión por la Patria tiene por objeto garantizar la protección integral de los derechos de los consumidores y usuarios que adquieran bienes o servicios a través de plataformas de comercio electrónico o cualquier otro medio digital de intermediación, garantizando condiciones de transparencia, información, trazabilidad y la responsabilidad solidaria entre proveedores y plataformas.
El alcance de la norma, en caso de prosperar, será de aplicación a toda plataforma digital que intermedie o sea utilizada para transacciones comerciales electrónicas dirigidas a consumidores situados en el territorio de la República Argentina, independientemente del lugar de radicación de la plataforma o de los proveedores que la utilicen.
La iniciativa que impulsan Michel y Olmos exige que las plataformas deberán asegurar que toda publicación indique descripción y especificación del bien, manuales de uso cuando resulte aplicable; razón social, domicilio, CUIT, cuenta bancaria y dato de contacto del proveedor y del fabricante o distribuidor; y la documentación que acredite el origen y procedencia de los bienes objeto de oferta y publicación.
También exige que estén indicados la mención de las características de la garantía; los plazos y condiciones de entrega; el precio y condiciones de pago; los costos adicionales, especificando precio final a pagar por el adquirente; y la declaración Jurada de cumplimiento de la normativa aplicable.
Finalmente, define como autoridad de aplicación a la Secretaría de Industria y Comercio, y establece que incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y en el marco legal vigente de Lealtad Comercial, incluyendo multas, suspensión y bloqueo de operaciones, sin perjuicio de las ya aquí dispuestas.
Así lo expresó la titular de esa cartera al presentarse en Diputados en el inicio del debate de las propuestas que hay sobre el tema.
La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, concurrió este martes por tercera vez en pocos días a la Cámara de Diputados para exponer ante una comisión sobre un proyecto puesto a debatir. En este caso, la reducción de la jornada laboral, y al respecto la funcionaria adelantó el apoyo de esa cartera a esa iniciativa, promoviendo en tal sentido que en caso de adoptarse una modificación de la cantidad máxima de horas “se haga de una manera escalonada, no se puede hacer de un día para otro, con un horizonte y una previsibilidad”, y que a partir de fijar ese máximo de horas “fortalezcamos la competencia de la negociación tripartita de cada convenio colectivo de trabajo para la mejor distribución de las horas máximas autorizadas a los efectos de que se adecue a lo que es cada actividad”.
La funcionaria manifestó de entrada que le era “grato” participar de esa discusión, porque la norma relativa a la jornada laboral “es una de las que en la Argentina ha quedado más rezagada”. En ese sentido comentó que la OIT acepta la existencia de 48 horas de jornada laboral como máximo de jornada semanal. “Con el tiempo, desde el origen de la OIT a la actualidad, ha habido otras normas, como la que plantea como objetivo para combatir el desempleo la posibilidad de reducirlo a 40”, señaló.
Contó también que en donde se ha planteado la posibilidad de avanzar hacia una reducción, eso ha sido de manera paulatina, atendiendo no solo la posibilidad de descanso, sino también de recreación y planteando un rebalanceo de la distribución de las tareas de cuidado en cada uno de los hogares.
“Si uno ve el mapeo mundial, todavía no hay una posición común, porque tampoco hay un desarrollo homogéneo. Pero mirando por ejemplo las estadísticas de la OCDE, uno puede afirmar que hay una correlación entre la reducción de horas que se trabajan semanalmente y el nivel de la productividad de la economía”, sostuvo.
Sobre el final, la ministra dijo que “si optáramos por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social”.
Con la presencia de la ministra de Trabajo, se reunirá este martes la Comisión de Legislación del Trabajo para analizar siete proyectos sobre el tema. Será una reunión informativa.
Presidida por Vanesa Siley, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se reunirá este martes a partir de las 13, para comenzar a analizar los proyectos que hay sobre la reducción de la jornada de trabajo.
Según se anticipa, serán puestas a consideración siete iniciativas que hay sobre el tema. Cinco son de diputados oficialistas, a saber: Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Eduardo Valdés, Mónica Litza y Sergio Palazzo. Las dos restantes son de Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) y el socialista Enrique Estévez.
La reunión contará con la participación de especialistas, dirigentes sindicales y autoridades nacionales.
Según se anticipa, estarán presentes en esta reunión informativa Raquel Cecilia Kismer de Olmos, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Julio Cordero, vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA); Claudio Marín, secretario General FOETRA y Secretario Gremial de la CTA de los Trabajadores; Ricardo Peidró, secretario General Adjunto de la CTA Autónoma. Secretario General de AAPM; Natalia Salvo, presidenta de la Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas “7 de Julio”; Luis Padin, integrante de la Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas “7 de Julio”; Pablo Anino, economista, editor de Economía de La Izquierda Diario y en el programa radial El Círculo Rojo; Svenja Blanke, integrante de la Fundación Frederich Ebert; y Cristina Faciaben, secretaria Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España.
Según anticiparon fuentes legislativas, tras este diálogo social tripartito con las instituciones invitadas a participar, se espera continuar la próxima semana con el tratamiento de los proyectos para modificar la ley 11.544 que lleva 94 años de vigencia.
La iniciativa presentada por la diputada oficialista Claudia Ormachea establece que la jornada de trabajo sea de 6 horas diarias o 30 semanales; mientras que la del líder de la CTA, Hugo Yasky -quien había anticipado el 11 de septiembre pasado el inicio de este debate-, propone que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.
Por su parte, el referente del sindicato bancario y diputado nacional Sergio Palazzo propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana.
Al igual que el proyecto de Ormachea, las propuestas de Valdés y Del Caño proponen un máximo de 6 horas diarias y 30 semanales.
Por otro lado, el socialista Enrique Estévez y Mónica Litza propusieron que la jornada laboral no exceda las 36 horas semanales.
A propósito de la visita de funcionarias extranjeras, viene a cuento de conocer la experiencia de la puesta en marcha de este tema en otros países.
En España, la duración máxima de la jornada laboral es de 40 horas semanales. Allí se prevé llegar a 32 horas semanales. Un primer paso sería que en 2024 entrara en vigor una reducción para llegar a 37,5 horas semanales.
En Chile, la norma permite trabajar hasta 45 horas por semana, jornada que se redujo desde las 48 horas en 2005. Ya desde junio del año pasado, el Ministerio del Trabajo de Chile creó el sello 40 horas, certificación que reconoce a las empresas que ya aplican la jornada laboral reducida.
Será en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, adonde concurrirán funcionarios para hablar del proyecto anunciado la semana pasada por Sergio Massa. Será despachado este miércoles.
Con la presencia de funcionarios y la intención oficial de proceder a la firma del dictamen ese mismo día, se reúne este miércoles a partir de las 15.30 la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja para tratar el proyecto de Sergio Massa conocido como “Emplea PyME”.
Se harán presentes la presencia de la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos; el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini.
La intención es dejar listo el proyecto para ser tratado en el recinto en una próxima sesión, cuya fecha aún no ha sido definida.
El proyecto del ministro de Economía viene teniendo un raudo trámite, con tono de campaña. Fue anunciado el lunes 4 de septiembre por Sergio Massa durante la reunión para juntar fondos para la campaña; detallado dos días después durante una entrevista que concedió a C5N, y presentado formalmente al día siguiente.
La iniciativa contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% para PyMEs en los casos de contratar a alguien que no percibe planes sociales, a alguien que sí y a un joven entre 18 y 25 años que acceda al mercado laboral por primera vez.
Tiene dos beneficios: el primero, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia del presente, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador. Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan, de manera gradual, a los Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en trabajo formal que respeten un criterio de representatividad federal, o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los y las jóvenes que ingresen a este por primera vez.
Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.
El proyecto contempla también un esquema de regularización de situaciones laborales no registradas. Por ejemplo, se permite el goce de ciertos beneficios para regularizar relaciones laborales iniciadas con anterioridad al día de publicación de esta norma.
De esta manera, el régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.
La iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales. Por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART. Asimismo, el trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios).
También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.
Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone “un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias”, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.
De acuerdo con esto, la empresa podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberada de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.
El régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.
La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la presente ley.
El trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.
Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.
El FdT había propuesto la creación del Registro Nacional, Único y Obligatorio para Trabajadores de Plataformas en Aplicaciones para contemplar los derechos de los más de 160.000 trabajadores que hay en Argentina.
La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, anunció este lunes que el Gobierno enviará un proyecto de ley para ampliar los derechos laborales de aquellos trabajadores de plataformas digitales.
En mayo anterior, la diputada nacional María Rosa Martínez (FdT) ya había presentado en la Cámara baja, quien propuso la creación del Registro Nacional, Único y Obligatorio para Trabajadores de Plataformas en Aplicaciones.
1887-D-2023Según un estudio realizado a mediados del 2020 por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), se estima que hay más de 160.000 trabajadores de plataformas digitales en todo el país.
“Nosotros reconocemos que se autodefinen como trabajadores independientes que utilizan su propio bien de capital. Nuestra aspiración es que puedan ampliar su marco de derechos”, señaló la ministra quien confirmó que se trata de una serie de iniciativas en conjunto planificadas desde el Ministerio de Economía, Sergio Massa.
Los emprendedores y emprendedoras participan cada vez más del crecimiento económico del distrito, a través del impulso que genera el intendente Fernando Espinoza con acciones y aportes, que permiten el desarrollo de cientos de nuevos proyectos productivos.
El intendente Fernando Espinoza, junto con la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Kelly Olmos, y la secretaria de Producción local, Débora Giorgi, entregaron nuevos aportes no reembolsables (ANR) a emprendedoras y emprendedores de La Matanza. El monto otorgado ya alcanza un total de más de 50 millones de pesos, destinados a emprendimientos familiares del distrito para que lleven adelante sus desarrollos productivos.
Al momento son más de un centenar los emprendimientos locales que cuentan con aportes económicos. El Gobierno local acompaña, capacita y brinda este apoyo económico, que actualmente llegó a alcanzar los 716 mil pesos, a cada una de las emprendedoras y emprendedores seleccionados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el marco del Programa de Empleo Independiente (PEI), para la puesta en marcha y desarrollo de sus proyectos de negocios.
Durante la entrega de los ANR, Fernando Espinoza expresó: "Estamos muy felices de estar haciendo, nuevamente, justicia social a través de la entrega de estos aportes que son una gran ayuda para nuevos emprendedores que desean llevar adelante sus emprendimientos, sus propias microempresas”, y agregó: “Nos llena de orgullo generar y crear trabajo digno, porque el trabajo es el gran ordenador social de cualquier sociedad del mundo, y nosotros lo estamos haciendo desde acá, desde La Matanza que es la Capital Nacional del Trabajo y la Producción, y pronto será la Capital Nacional de los Emprendedores”, subrayó.
Por su parte, la ministra nacional Kelly Olmos, afirmó: “A través de una tarea conjunta entre Nación, Provincia y Municipio, estos emprendedores y emprendedoras pueden tener los instrumentos y el apoyo económico para los insumos, con el fin de desarrollar los emprendimientos y transformarlos efectivamente en trabajo digno”.
En la misma línea, Débora Giorgi valoró: “Los emprendimientos van camino a ser gran parte del crecimiento de la actividad económica de La Matanza. El complemento de la capacitación, la innovación y la tecnología que se les brinda a los emprendedores, nos augura un futuro para esta generación y para los próximos jóvenes”, puntualizó.
Los Aportes No Reembolsables se destinan a la compra de maquinarias, insumos y la puesta en marcha del propio emprendimiento. A su vez, se suman los cursos gratuitos de capacitación que el Municipio pone a disposición y se brindan en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) para asegurarle al emprendedor sustentabilidad a su proyecto en cuanto a lo operativo, financiero y también al marketing de su producto.
“Esta es La Matanza del futuro, la que será la Ciudad de la innovación con el nuevo Polo Tecnológico que estamos comenzando a construir en Ciudad Evita, y a través del cual vamos a crear 10 mil nuevos empleos vinculados a la tecnología, la robótica y la innovación”, afirmó Fernando Espinoza y concluyó: “La Matanza es un puente hacia una vida mejor, y será el lugar pujante del país que le cambiará el futuro a millones de argentinas y argentinos”.
Legisladores de diferentes espacios políticos criticaron a la ministra de Trabajo luego de que expresara: “Primero que Argentina salga campeón, después seguiremos trabajando”, en relación a combatir la inflación.
La ministra de Trabajo consideró que en medio del Mundial de Qatar combatir la inflación este mes “no va a hacer la gran diferencia”, y expresó: “Primero que Argentina salga campeón, después seguiremos trabajando”. Minutos más tarde, legisladores de distintos espacios políticos la destrozaron en redes sociales.
“Kelly Olmos, ministra de Trabajo, prefiere que Argentina gane el Mundial antes de bajar la inflación. Señora ministra: a Uds le pagan por trabajar en la función pública”, escribió el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri, quien le remarcó que “hinchas de la Selección somos todos”, y la mandó a que “cumpla con su deber”.
La diputada Carla Carrizo (UCR) expresó: “Sra ministra de Trabajo Kelly Olmos; es justo al revés: para miles de niños/as un día con esta inflación que impide una buena alimentación hace una gran diferencia. Ofensivo; enorme subestimación a la ciudadanía. La democracia no es pan y circo”.
El fueguino radical Pablo Daniel Blanco Ver para creer, escuchar para repudiar. El país no puede perder un minuto en su lucha contra la inflación y disparó: “@kellyolmos propone un ‘paréntesis mundial’ de un mes y que ganemos la copa para recuperar el ánimo. Señora: recupere la mesa de los argentinos que la prioridad es esa”.
El titular del bloque Evolución Radical, el cordobés Rodrigo de Loredo, manifestó: “Kelly Olmos blanqueó el ‘Plan Messi’, que no era otro que llegar hasta el mundial y consolidar el ‘vamos viendo’ que significa esta penosa gestión”, y comparó: “Como Cerruti, ya ni siquiera se cuidan de medir sus palabras. No tienen idea lo que pasa en la calle”.
“Lo único que tienen que hacer los funcionarios de este gobierno es trabajar para bajar la inflación, para que todos los argentinos podamos tener una vida un poco más ordenada. Pero algunos prefieren tomarse un mes para mirar el mundial. Son el peor gobierno de la historia”, escribió con indignación la diputada Sabrina Ajmechet (Pro).
En el mismo sentido se manifestó la diputada Graciela Ocaña (Pro): "No me sorprende el desconocimiento de la realidad y falta de empatía. Aconsejó a la Mtra. Kelly Olmos que pregunté a sus vecinos, vaya a la cola de un banco con jubilados, para que se enteré que los argentinos no llegan a cubrir la canasta básica".
“Estas son las prioridades del Gobierno. Si los propios funcionarios no reconocen la magnitud de esta crisis, va a ser difícil que las cosas cambien. Necesitamos que le pongan fin al ‘vamos viendo’ y que demuestren empatía por lo que están sufriendo millones de argentinos”, disparó la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro).
El liberal y economista Javier Milei (La Libertad Avanza) tildó de “CASTA IGNORANTE”, y explicó: “El salario real viene determinado por la productividad marginal del trabajo y en eso es clave la acumulación de capital, por lo que la ministra propone un falso dilema. La inflación es un problema monetario y que por el efecto HC daña a los más vulnerables”.
“La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, dice que no es prioridad bajar la inflación, que lo importante es ‘Argentina campeón’. ¿Qué carajo tendrá que ver una cosa con la otra?”, preguntó la diputada Carolina Píparo (Avanza Libertad) y lanzó: “Un ministro peor que el otro!!!”.
La diputada nacional dejará el Congreso para sumarse al gabinete en reemplazo de Juan Zabaleta. Una Premio Parlamentario a Trabajo.
Como para compensar la carencia de mujeres en el gabinete nacional, esta vez Alberto Fernández compensó la salida de una ministra con la integración de tres mujeres para cubrir las tres vacantes que se abren en su equipo de gobierno.
Así, el presidente convocó para a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz para encabezar el Ministerio de Desarrollo Social que deja Juan Zabaleta; Ayelén Mazzina para ocupar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, por la renunciante Elizabeth Gómez Alcorta, y Kelly Olmos para ocupar el lugar de Claudio Moroni al frente de la cartera laboral.
Igual, el gabinete sigue teniendo mayoría de varones: la relación actual de 16 hombres y solo 2 mujeres, pasará a ser ahora de 14 varones y 4 mujeres. Apenas el 22% de los ministerios estarán encabezados por damas.
De 49 años de edad, Victoria Tolosa Paz es contadora pública y ocupa una banca en la Cámara de Diputados, adonde llegó luego de encabezar el año pasado la lista bonaerense del Frente de Todos. Fue presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, hasta el 30 de julio de 2021 y se ha dedicado durante más de dos décadas a las políticas sociales.
Ayelén Mazzina es la actual secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis. Estuvo a cargo de la organización del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Fue concejala por la ciudad de San Luis realizado este fin de semana, y es profesora en Ciencia Política. Este reconocimiento para alguien del gobierno puntano es todo un dato, habida cuenta además de que la senadora nacional María Eugenia Catalfamo encabeza actualmente la Banca de la Mujer en el Senado de la Nación.
Por último, Raquel “Kelly” Olmos es economista y es la actual vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Fue concejala y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, y también estuvo al frente de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación (2007-2009). Histórica dirigente del peronismo porteño, fue además Premio Parlamentario en la Legislatura porteña en el año 1999.
