A través de una extensa carta dirigida al titular del organismo, Kristalina Georgieva, el Frente de Todos de la Cámara alta vuelve a responsabilizar a ese organismo por el nivel de endeudamiento contraído durante la gestión anterior.
Tiempo de cartas públicas en las que se revelan críticas y advertencias, el bloque de senadores del oficialismo echó mano a ese recurso este domingo, para difundir una dirigida a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en la que reclaman a ese organismo abstenerse de “exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años”. Al tiempo que proponen reconsiderar los intereses, establecer un período de espera para comenzar los pagos anuales a partir de 2025, y un plazo de “amortización en varias décadas, de modo tal que las erogaciones anuales no tornen insustentable la refinanciación de la deuda e impacten negativamente en la economía argentina y en la vida de su sociedad”.
“No se puede pretender que las deudas sean pagadas con sacrificios insoportables”, concluye la nota suscripta por todos los senadores del Frente de Todos -a excepción del licenciado José Alperovich y el expresidente Carlos Menem-, citando al papa Francisco.
En la misiva, que incluye referencias al expresidente Néstor Kirchner y hace referencia a la “larga y fracasada” historia de los acuerdos de la Argentina con el FMI, vuelve a criticar al Fondo Monetario por haber prestado “tan irresponsablemente” a la Argentina durante la gestión anterior.
Los senadores del oficialismo se remontan a la historia de la relación entre nuestro país y el organismo internacional crediticio, pero hacen referencia puntual al stand by de 2018. En ese sentido consideran “necesario entender qué es lo que falló al momento de gestionarse los fondos que tan irresponsablemente ese organismo le prestó a la Argentina; cuáles fueron los cálculos que hicieron pensar a los técnicos, funcionarios y directivos del FMI, que nuestro país podría obtener excedentes externos suficientes como para afrontar los vencimientos que se previeron en ese entonces, cuando en realidad resultaba claro desde el inicio que los mismos serían de pago imposible, como así lo manifestaron oportunamente analistas locales e internacionales”.
Los senadores consideran “necesario entender qué es lo que falló al momento de gestionarse los fondos que tan irresponsablemente ese organismo le prestó a la Argentina”.
El texto habla de “la responsabilidad de cada parte”, en referencia al Gobierno argentino y las autoridades del FMI de ese momento, en lo actuado hasta el presente. Señalan que “asumir la responsabilidad de cada parte ese esencial para que la negociación que próximamente se inicie resulte transparente, efectiva, de buena fe y sobre todo, para que los resultados que surjan de la misma contemplen la proporcionalidad de la responsabilidad compartida en el rápido, desproporcionado e inútil endeudamiento con ese organismo al que llegó nuestro país”.
Hacen referencia a continuación al cambio de autoridades que han tenido tanto el FMI como nuestro país, y que el Gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández “se ha hecho cargo de una realidad francamente difícil, derivada del elevado y desproporcionado nivel de deuda en que la anterior gestión embarcó a la Argentina con la coparticipación de ese organismo, es de esperar que el Fondo adopte una actitud equivalente”. Señalan al respecto que “hacerse cargo de la responsabilidad proporcional que cada parte tiene, permitirá no solo negociar el próximo programa en igualdad de condiciones, sino también que los costos de las decisiones erróneas o equivocadas se repartan en forma equitativa”.
Tal cual lo vienen expresando las autoridades de nuestro Gobierno aun desde antes de asumir, vuelven sobre el texto del Estatuto del Fondo que expresa en uno de sus artículos que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”.
Refieren los senadores que esos desembolsos en lugar de engrosar las reservas internacionales del BCRA, “se dirigieron a financiar la fuga de capitales mediante el aumento en la formación de activos externos”. En ese sentido piden conocer cuáles fueron las medidas de control que el Fondo solicitó a nuestro país, estimando que eso “no solo no ocurrió sino que, además, ese organismo continuó con los desembolsos sin considerar esta situación”.
Para los senadores oficialistas, esa actitud del Fondo obedeció a “consideraciones de tipo político y no a aspectos técnicos o institucionales”. Se basan en ese pensamiento en notas periodísticas que “dan cuenta de las pretensiones del presidente de los EE.UU, Donald Trump, de ayudar al entonces gobierno de la Argentina para que Mauricio Macri pudiera ser reelecto. Agregan a ese razonamiento la información brindada por Mauricio Claver-Carone durante una teleconferencia en la que “afirmó que el presidente de los EEUU solicitó al FMI el otorgamiento de un préstamo por 55.000 millones de dólares a la Argentina, con el fin de que Mauricio Macri ganara las elecciones, ya que lo consideraba un aliado estratégico”.
Refieren los senadores que “el presidente de los EEUU solicitó al FMI el otorgamiento de un préstamo por 55.000 millones de dólares a la Argentina, con el fin de que Mauricio Macri ganara las elecciones, ya que lo consideraba un aliado estratégico”.
Tras señalar que como algunos miembros del FMI no estaban de acuerdo con otorgar esa suma de dinero, el presidente Trump solicitó, según los dichos de Claver-Cardone, “que el Fondo arbitre todos los medios necesarios para la autorización del préstamo”. Piden entonces que el Fondo “confirme o desmienta categóricamente estas apreciaciones”, por considerarlas “un antecedente gravísimo de injerencia e influencia del FMI”.
La extensa nota del bloque que preside José Mayans remarca que “Argentina tomó el préstamo más grande de su historia y asumió compromisos financieros, a todas luces incumplibles, sin tener un expediente abierto y sin los dictámenes e informes correspondientes”, algo que infringiría las reglamentaciones del FMI.
Echan un manto de sospecha al preguntarse “si los beneficiaros privados de los desembolsos realizados por el Fondo (…) no son acaso los que han contado con un entramado de relaciones con los funcionarios del Gobierno argentino de ese entonces, con la complacencia de los miembros del Fondo actuantes en la operatoria, que no supieron, no quisieron, o no pudieron frenar los desembolsos ante dicha situación”.
En un pasaje, la nota recuerda cuando el entonces presidente Néstor Kirchner anunció el 15 de diciembre de 2005 el pago de la deuda total que Argentina mantenía con ese organismo que “esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable”.
Sobre el final hacen referencia a la pandemia y a la actitud de la Unión Europea de lanzar un plan de recuperación que “debería servirle de ejemplo al FMI” de 750.000 millones de euros, para que en ese mismo sentido elaboren y ofrezcan a los países en desarrollo como el nuestro “sumas similares en igualdad de condiciones para que pueda financiar la puesta en marcha de su economía “y superar así los estragos de la política económica del Gobierno anterior y de la pandemia”.
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