Un informe basado en documentos filtrados atribuye a una organización vinculada a servicios de inteligencia rusos una campaña para difundir noticias falsas y contenidos críticos contra el gobierno de Javier Milei en medios argentinos. La senadora Patricia Bullrich afirmó que el trabajo confirma advertencias que había realizado cuando era ministra de Seguridad.
La difusión de una investigación periodística internacional sobre una presunta campaña de desinformación rusa en la Argentina reavivó este viernes las acusaciones contra redes extranjeras que habrían intentado influir en la opinión pública contra el gobierno de Javier Milei. La senadora nacional Patricia Bullrich se hizo eco del informe y sostuvo que confirma una advertencia que había realizado meses atrás, cuando todavía era ministra de Seguridad.
“Una serie de investigaciones periodísticas confirman lo que denuncié hace 6 meses: una red rusa operando para meter noticias falsas en medios y redes sociales contra el Gobierno de Javier Milei”, escribió Bullrich en sus redes sociales. “Lo denuncié. Se rieron. Ahora está a la vista”, agregó, en un mensaje titulado irónicamente “Algo de ‘Conociendo Rusia’”.
El posteo retoma una investigación publicada por el medio Chequeado, basada en un trabajo del sitio africano The Continent y del inglés openDemocracy, que analiza 76 documentos filtrados que atribuyen a una red vinculada a los servicios de inteligencia exterior de Rusia una operación sistemática de propaganda en la Argentina durante 2024.
De acuerdo con ese informe, entre junio y octubre de ese año una organización conocida internamente como “La Compañía” habría presupuestado al menos 283 mil dólares para “inyectar” más de 250 artículos críticos en más de 20 medios digitales del país. El objetivo central habría sido desacreditar al gobierno de La Libertad Avanza, cuestionar la política económica de Milei y erosionar la posición internacional de la Argentina en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
La investigación sostiene que “La Compañía” es una entidad privatizada que operó en coordinación con estructuras estatales rusas y con exintegrantes del grupo Wagner, y que desplegó acciones de influencia política en más de 20 países de África y América del Sur. En el caso argentino, los documentos describen la contratación de análisis políticos, perfiles de dirigentes, encuestas, contenidos periodísticos y hasta planes para respaldar candidatos de la oposición en las elecciones legislativas de 2025.
El núcleo de la estrategia habría sido la creación de una red de distribución de contenidos en medios locales y redes sociales. Los registros incluyen planillas con supuestas tarifas por la publicación de artículos —que iban de 350 a 3.100 dólares por nota— y listados de portales que habrían difundido esos textos. No obstante, los investigadores aclaran que no pudieron verificar si esos pagos se realizaron efectivamente ni a quiénes habrían llegado, y que los montos podrían haber sido inflados.
Muchos de los artículos analizados presentaban distorsiones, exageraciones o directamente información falsa, y combinaban críticas a la situación social y económica del país con mensajes favorables a Rusia y hostiles a Estados Unidos. En varios casos, las notas aparecían firmadas por autores inexistentes, con identidades y fotografías generadas con inteligencia artificial o tomadas de bancos de imágenes.
Entre las firmas ficticias detectadas figuran nombres como Manuel Godsin, Gabriel di Taranto, Juan Carlos López y Marcelo Lopreiatto, que aparecen asociados a artículos publicados en sitios como Realpolitik, Diario Registrado, C5N, Ámbito y otros portales. En algunos casos, las universidades o instituciones académicas citadas en las biografías negaron que esas personas existieran o hubieran tenido vínculo alguno con ellas.
El consorcio periodístico contactó a directores, editores y periodistas de la mayoría de los medios mencionados en los documentos. Todos negaron haber recibido dinero de Rusia y explicaron que los artículos les habían llegado de manera gratuita a través de intermediarios presentados como agencias de prensa o consultoras. Varios admitieron que el material se publicó con controles editoriales laxos, en un contexto de fuerte precarización del sector.
“El relajamiento excesivo de la curaduría editorial habilita un entorno favorable a campañas de desinformación”, advirtió el investigador del Conicet Martín Becerra, citado en el informe. Para el especialista, el objetivo de este tipo de operaciones no es necesariamente favorecer a un actor político determinado, sino generar confusión, descrédito institucional y “pescar en río revuelto”.
Uno de los episodios más graves documentados por la investigación fue la difusión de una noticia falsa que buscó instalar tensión entre la Argentina y Chile, vinculando al gobierno de Milei con un supuesto plan de sabotaje contra un gasoducto transandino. El propio documento interno de la red rusa describía esa operación como una maniobra deliberada para “crear tensión” bilateral.
En el tramo final del informe se señala que, en octubre de 2024, los responsables de “La Compañía” comenzaron a advertir un mayor seguimiento por parte de las autoridades argentinas. Ocho meses después, el Gobierno informó oficialmente que había detectado una presunta red de agentes rusos involucrada en campañas de desinformación e influencia, e identificó como referentes locales a dos ciudadanos rusos residentes en Buenos Aires, Lev Andriashvili e Irina Yakovenko.
Según un relevamiento posterior del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), ambos habrían salido del país tras hacerse pública la denuncia, aunque regresaron meses más tarde y continúan viviendo en la Argentina. Andriashvili negó cualquier vinculación con operaciones de desinformación o con la organización mencionada en los documentos filtrados.
Bullrich recordó que, cuando aún estaba al frente del Ministerio de Seguridad, recibió alertas del gobierno de Estados Unidos sobre actividades rusas de manipulación informativa en el país. “Recibimos información fehaciente sobre una campaña de desinformación rusa en contra de nuestro gobierno”, afirmó entonces, una declaración que ahora volvió a circular tras la publicación del informe.
La Presidencia, la Cancillería, la SIDE y la Embajada de Rusia no respondieron a las consultas realizadas por openDemocracy. Sin embargo, la investigación volvió a poner en primer plano el impacto de la desinformación extranjera en el debate público argentino y el papel de los medios en la circulación de contenidos de origen opaco en un contexto de fragilidad económica y alta polarización política.