Con la intención de continuar simplificando trámites, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmó el dictamen favorable de una iniciativa de La Libertad Avanza (LLA) -que había sido impulsado Pilar Ramírez- que busca reformar el régimen de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV) vigente en el distrito capitalino, a fin de simplificar la norma y extender los plazos de realización.

De esta manera, el texto propone modificar los plazos de periodicidad de la verificación vehicular. Se establece que los vehículos de uso particular cero kilómetro realicen la primera verificación a los cinco años desde su patentamiento inicial; que los vehículos de hasta diez años de antigüedad efectúen la revisión cada dos años; y que aquellos que superen dicha antigüedad deban realizarla de manera anual.

Asimismo, el proyecto propone modificar el modelo actual de prestación del servicio de verificación vehicular en la Ciudad, avanzando hacia un sistema abierto. De este modo, cualquier taller, concesionario o importador de vehículos que cumpla con los requisitos técnicos y profesionales establecidos por la normativa podrá ser habilitado para ofrecer el servicio y emitir los correspondientes certificados.

A su vez prevé introducir cambios en el régimen vigente de grabado de autopartes, eliminando la fijación del precio por parte del Gobierno de la Ciudad y permitiendo que el servicio pueda ser realizado por cualquier prestador que cumpla con los requisitos técnicos establecidos por la normativa. De este modo, el costo del grabado será libremente acordado entre las partes.

También se incorpora la posibilidad de que el propio titular del vehículo realice el grabado de las autopartes, siempre que utilice herramientas que cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes.

Finalmente, la iniciativa dispone la unificación del Registro de Talleres a cargo de la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria con el Registro de Verificación de Autopartes, a fin de reducir costos administrativos, evitar duplicaciones innecesarias dentro de la estructura estatal y optimizar los mecanismos de control. De este modo, los talleres habilitados para realizar la VTV deberán verificar también el cumplimiento del grabado de autopartes, sin cuyo cumplimiento no podrá emitirse el certificado de verificación técnica que habilita la circulación del vehículo.

Posiciones encontradas 

El proyecto generó posiciones encontradas en la Legislatura porteña.  Es que mientras los diputados libertarios defendían la modificación, los de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) lo cuestionaron con suma dureza.

En ese sentido, Ramírez planteó que "en la Legislatura, logramos dictamen para terminar con el curro de la VTV en la Ciudad. Mientras la Nación AVANZA, la Ciudad no puede quedarse atrás. ¡Viva la libertad, carajo!". En tanto Marina Kienast (LLA) consideró que "el que se opone, es porque defiende su caja. El oligopolio de unos pocos contra la libertad de todos. Basta del curro de la exclusividad comercial".

En contraposición, desde el peronismo advirtieron que "en la Ciudad, el Pro y LLA acuerdan liberar el precio de la VTV sin ningún tipo de límite. Estamos dando la discusión en la Legislatura. Eso no puede pasar".

La jornada de este miércoles estará consignada al inicio de los debates de la Ley Lobby y el Súper RIGI convocadas a las 14 y 15, respectivamente. Ambas reuniones contarán con la presencia de funcionarios de los Ministerios de Economía y del Interior.

El primer tema a poner en consideración será la Ley de Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, conocida como Ley Lobby, abordada por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. La reunión será meramente informativa y contará con la presencia de funcionarios que responde a Diego Santiilli.

En segunda instancia, Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva comenzará el deabte del Súper RIGI. Está confirmada la exposición de Pablo Lavigne, secretario de Coordinacion Productiva, y de Daniel González, titular de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería.

La Libertad Avanza, con Martín Menem a la cabeza, recibió a los integrantes de Fuerza del Cambio e Innovación Federal para adelantar la presentación del proyecto. De hecho, Daniel González brindó una exposición informal, donde el Pro y el radicalismo presentaron dudas.

Además del presidente de la Cámara de Diputados, estuvieron el jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni junto a Nicolás Mayoraz; Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza del Pro; Pamela Verasay y Lisandro Nieri de la Unión Cívica Radical; Oscar Zago del MID; el santacruceño José Luis Garrido; Karina Banfi; y el misionero Alberto Arrúa de Innovación Federal.

El régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias ha causado un mayor consenso y tiene chances de estar listo para una sesión especial que, en principio, sería el miércoles 24 de junio junto al Acuerdo de Conciliación con los Holdouts que el oficialismo cree que será aprobado en el Senado este jueves. De todas maneras, hay referentes aliados que piden que el recinto se abra el miércoles 17 o el jueves 18.

En cuánto a la Ley Lobby, el tema podría llevar un poco más de tiempo y es muy factible que su tratamiento en el recinto quede para después del Mundial y el receso invernal. Fuentes presentes en la reunión adelantaron a este medio que el oficialismo se mostró flexible en virtud de dar lugar a las sugerencias de los aliados.

A partir de la conmoción interna generada por haber comunicado su postura en relación al pliego de María Verónica Michelli, Patricia Bullrich puso a disposición su renuncia como jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado y Javier Milei no la aceptó.

Según pudo reconstruir parlamentario.com, la conversación se dio en buenos términos durante la tarde del lunes y aconteció minutos antes de que Bullrich publicara la nota en X en la que avisó públicamente su postura respecto de Michelli, propuesta como jueza en La Plata y resistida por el Gobierno. En el final de ese posteo, Bullrich aclaró que su compromiso con este proyecto "es total", y ratificó que "también lo es con los principios que sostuve toda mi vida".

Desde el entorno de la senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires dejaron trascender que presentar la renuncia fue "un gesto de bien", en el marco del desencuentro político en torno al pliego judicial en cuestión. Según informaron, la charla siguió con temas de agenda.

Mientras los vocales libertarios se hacían presentes en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta para rubricar la conformación de cuatro comisiones, la exministra de Seguridad se encontraba de viaje en la provincia de Mendoza. Pese a los trascendidos, varios integrantes de La Libertad Avanza decían desconocer la posibilidad de que Bullrich dejara la titularidad de la bancada.

Al cabo de la jornada y ante la insistencia creciente sobre el rumor de la presentación de su renuncia, la propia Patricia Bullrich confirmó los hechos desde Mendoza, en contacto con la prensa local. Allí aclaró que se trató de “una reunión privada” con el Presidente, por lo que no daría a conocer sus detalles, pero explicó lo sustancial de esa charla. “Por supuesto, toda persona de bien cuando tiene que darle a conocer al Presidente una posición quizá distinta a la que él pueda tener, una persona de bien pone su renuncia a disposición”, explicó la excandidata presidencial. ¿Y qué hizo Milei? “El Presidente siguió la conversación sin darle importancia”, aclaró Bullrich.

Lo cierto es que la decisión de avalar el pliego de Verónica Michelli en contra de lo ordenado por Karina Milei a raíz del vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon generó un cortocircuito interno con aquellos senadores nacionales que prefieren obedecer los pedidos de la secretaria general de Presidencia de la Nación.

Por lo pronto, Patricia Bullrich será parte de la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles a las 11 junto a los presidentes de bloques aliados en virtud de definir el temario de la sesión ordinaria del próximo jueves 4 de junio. Está confirmado que se van a tratar el Acuerdo de Renegociación con los Holdouts y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La gran incógnita es lo que ocurrirá con el pliego de Michelli: no hay una postura definida y a estas horas no es descabellado imaginar que el tema sea postergado para más adelante. Una alta fuente deslizó a este medio que evitar tratarlo esta semana haría que el tema se posponga para agosto cuando la situación no esté tan caliente.

“Sería una lástima, porque veníamos bien encaminados para aprobar todos los pliegos”, confirmó por la noche un encumbrado senador consultado por parlamentario.com.

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas encabezó un encuentro federal de mujeres, que llevó como lema "Mujeres por la libertad", en Entre Ríos, donde docenas de personas llevaron a cabo una jornada de debate, formación, liderazgo y batalla cultural.

Durante la reunión, que se realizó en la Ciudad de Paraná, especialistas, trabajadoras y feminista libertarias debatieron sobre historia, autonomía, emprendedurismo, liderazgo y libertad.

"Demostramos que las mujeres libres elegimos el mérito, la autonomía económica y la batalla cultural por sobre el relato colectivista y el asistencialismo estatal que promueve el feminismo de izquierda", sostuvo Fleitas en sus redes sociales tras el encuentro.

Al mismo tiempo que planteó que es "un orgullo contar con el nivel de las mujeres profesionales que se sumaron a Mujeres por la Libertad  para disertar (empresarias, abogadas), y por el empuje de las emprendedoras que participaron, mostrando que el verdadero motor es productivo y económico" y le agradeció a la escritora española María Blanco cuyos aportes intelectuales han sido claves para inspirar nuestros debates".

"​Fomentar estos espacios de encuentro y formación cívica es fundamental para consolidar redes federales. ¡Un feminismo distinto es posible, un feminismo liberal ya está en marcha!", sentenció Fleitas.

El colectivo Infancia en Deuda encabezó junto a otras organizaciones no gubernamentales una presentación judicial en contra de la caída del concurso público 2025, resuelto por el oficialismo en la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la reunión del 14 de mayo. En esa jornada, los representantes de Unión por la Patria también fueron a la Justicia.

El amicus curiae, permiso a terceros ajenos a un litigio participar voluntariamente aportando argumentos jurídicos, técnicos o científicos para asistir al juez en la resolución de causas de interés público, fue presentado por Infancia en Deuda, quienes señalaron que “independientemente del espacio político, deben respetarse los criterios de proporcionalidad como imperativo en un sistema de deliberación democrático y republicano”. Este mismo reclamo fue planteado por el peronismo en la constitutiva.

La Bicameral fue conformada el pasado martes 12 de mayo cuando Vilma Bedia quedó al frente de la presidencia y Nicolás Mayoraz en la vicepresidencia. Los integrantes del interbloque Popular, quienes de entrada exigían más vocalías, pusieron el grito en el cielo por designación de autoridades, todas de La Libertad Avanza.

En ese sentido, desde Infancia en Deuda cargaron que hubo “una afectación irrazonable de las mayorías parlamentarias que perjudica a uno u otro espacio político en la conformación de comisiones legislativas no implica otra cosa que una afectación directa a la soberanía popular expresada mediante el voto”.

“La proporcionalidad no es caprichosa, la Ley la exige para asegurar la participación de los partidos mayoritarios del Congreso Nacional en acuerdos transversales que permitan que las políticas de infancia se hagan realidad (art. 5 Ley 26.061) y trasciendan los gobiernos”, siguieron en el comunicado al que accedió este medio.

En el final, desde la ONG no ocultaron su malestar por la derogación votada por la Bicameral que hizo caer la candidatura de María Paz Bertero en el cargo de defensora tras el concurso público llevado a cabo durante el 2025. “El oficialismo anuló irregularmente el concurso público celebrado en 2025, al modificar el plazo de vencimiento de forma retroactiva”, denunciaron.

Para terminar, manifestaron: “Esperamos que las autoridades políticas puedan recuperar el apego a las leyes y los procedimientos a través de un diálogo interpartidario maduro que asegure tener una Defensoría funcional y activa. Las infancias no pueden esperar”.

En presencia de funcionarios nacionales, este jueves 28 de mayo a las 11 se llevará a cabo el 2° Seminario llamado “Minería para un futuro digital: Tierras Raras, el oro estratégico del siglo XXI”. El evento está organizado por la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici y se llevará a cabo en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo.

Se pondrá a consideración de los presentes el proyecto impulsado por la legisladora del oficialismo para incorporar al Código Minero la denominación de “tierras raras” a los minerales y compuestos que contienen elementos del grupo de los lantánidos: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio, entre otros más.

El Seminario tendrá como objetivo analizar en conjunto la vinculación de esta propuesta y una potencial inclusión dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En ese sentido, van a disertar Federico Caeiro, subsecretario de Política Minera; Martín González, director del Instituto de Geología y Recursos Minerales; Tomás Trusso, especialista en Energías Renovables, Energía e Hidrocarburos; y los diputados nacionales Facundo Correa Llano, titular de la Comisión de Energía y Combustible, y Fernanda Ávila, presidenta de Minería.

El evento, citado para las 11 de este jueves, comenzará con la presentación de Silvana Giudici. El objetivo central del encuentro es articular una visión estratégica integral entre el sector público, el ámbito científico-académico y especialistas del sector privado para optimizar el aprovechamiento de las Tierras Raras de modo sostenible, soberano e innovador, transformando el potencial geológico del país en un motor de la productividad, el empleo y la sustentabilidad ambiental.

Mientras continúan las obras de remodelación en ese espacio, los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de resolución mediante el cuál prevén exigirle al Gobierno porteño que de información acerca del patrocinio del Autódromo Oscar y Juan Gálvez .

De esta manera, la bancada conducida por Pilar Ramírez buscará conocer si el Contrato de Cesión de Derechos de Comercialización (CDC) suscripto con Autopistas Urbanas S.A. continúa vigente; así como también qué organismo, ente, o tercero posee actualmente facultades de comercialización, patrocinio, explotación publicitaria o cesión de espacios dentro del predio.

Asimismo prevén informarse acerca de si dentro del régimen de patrocinio, comercialización o explotación publicitaria del Autódromo se encuentran comprendidos soportes, estructuras o dispositivos visuales
con visibilidad desde la vía pública; si estas estructuras se encuentran sujetas al régimen general de publicidad exterior de la Ciudad o si por el contrario existe un régimen especial o de excepciones; entre otros puntos.

En los fundamentos de la iniciativa, los libertarios explicaron que existirían superposiciones de convenios, por lo que se requiere información clara y precisa sobre los mismos. "La superposición de convenios interadministrativos, cesiones de derechos de exclusividad comercial para eventos internacionales a una empresa estatal y la posterior inclusión del predio en el Plan Anual de Patrocinio 2026 abren lógicos interrogantes sobre la transparencia, el control real de los fondos públicos y el rol de fiscalización que el Fideicomiso debió ejercer por ley",  aseguraron.

"Resulta indispensable que se brinde información detallada sobre los alcances económicos y legales de estos acuerdos, con el fin de garantizar el debido control sobre los bienes del dominio público de la Ciudad", completaron.

La legisladora de Vamos por Más (VxM) y referente del Pro, Laura Alonso, analizó la situación judicial del jefe de Gabinete Nacional, Manuel Adorni, sospechado de corrupción, y cómo repercute en el Gobierno de Javier Milei de cara a los comicios del próximo año.

En ese sentido, la oficialista se refirió a la participación del vocero presidencial en el Tedeum que se realizó en la Catedral. “Me pareció que hubo buen clima en la catedral, afuera de la catedral también. Ojalá se traslade a la esfera general del debate público. Faltaban representantes de otros partidos, me parece que está bueno que haya mas diversidad política”, comenzó diciendo y aseguró que "no estaban peleados, ahí hubieron muchas interpretaciones durante bastante tiempo y en realidad hubo un trabajo coordinado entre el Gobierno de la Ciudad con áreas del Gobierno Nacional. Se trabajan en ámbitos federales y hoy se reflejó que hay coordinación. Jorge Macri tiene que garantizar ese buen vínculo para traerle beneficios a la ciudad y a los porteños".

Sobre esa misma línea, en diálogo con Tato Young, Alonso opinó sobre la situación judicial de Adorni. "Es una decisión política, está a tiro del dedo o no del presidente. Han pasado varias semanas y varios meses y está cumpliendo su cargo de acuerdo a lo que el presidente ha decidido. Nosotros no elegimos el equipo del presidente”, completó.

Luego de una buena semana para el oficialismo en el Congreso de la Nación con la media sanción de la modificación del régimen de Zonas Frías y la Ley Hojarasca, el Gobierno irá por la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021.

La norma vigente tiene con el objetivo de advertir a los consumidores sobre el contenido nutricional de los alimentos, por lo que obliga a las empresas alimenticias a incluir octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de grasas, sodio, azúcares y calorías.

El oficialismo junto con aliados presentó un proyecto para eliminar la norma, mientras que el Poder Ejecutivo trabaja en una nueva iniciativa para que la Argentina adopte un reglamento técnico regional unificado para armonizar el etiquetado nutricional frontal entre los países del Mercosur.

El proyecto lleva la firma de los diputados Daiana Fernández Molero (Pro) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza), y forma parte del paquete de medidas que prepara el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger.

Entre los argumentos, los diputados plantearon que a más de cuatro años de su implementación “la Ley de Etiquetado Frontal no cumplió sus objetivos y ninguno de esos propósitos fue alcanzado de manera satisfactoria”, y señalaron: “Las razones no son circunstanciales, sino estructurales: responden a un diseño técnico deficiente que genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación y obstaculiza el comercio y la inversión”.

Además, remarcaron que “el sistema de advertencias confunde al consumidor en lugar de orientarlo” porque el perfil nutricional adoptado utiliza parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que “no evalúan la cantidad absoluta de nutrientes —como gramos de azúcar, sodio o grasa por cada 100 gramos de producto—, sino su proporción sobre el total de calorías del alimento”, y plantearon: “A estos se los denomina umbrales móviles, y son el origen de las principales distorsiones de la ley. La consecuencia es la distorsión de la información”.

La industria alimenticia resistió desde un comienzo la sanción de la Ley de Etiquetado Frontal. En los fundamentos del proyecto, Fernández Molero y Bongiovanni sostuvieron que la norma “constituye un obstáculo al comercio y a la inversión”.

Los diputados remarcaron que, aunque cada país del Mercosur tiene actualmente su propio sistema de etiquetado frontal, el bloque trabaja para unificar estándares. Según argumentan, esto evitaría que las empresas deban desarrollar líneas de producción diferenciadas para exportar, con mayores costos operativos que finalmente impactan en el precio para el consumidor.

“La coexistencia de cuatro sistemas de etiquetado distintos obliga a adaptar envases, fórmulas y líneas de producción para cada mercado, con costos que recaen especialmente sobre las pymes exportadoras y, en última instancia, sobre los consumidores”, resaltaron y agregaron: “Los productores, exportadores y consumidores requieren un marco normativo estable. La derogación legislativa es el único instrumento que ofrece esa certeza”.

Al respecto, 3l oficialismo destaca que Brasil, Chile y Uruguay utilizan perfiles nutricionales basados en umbrales fijos para el etiquetado frontal, definidos por cantidades absolutas de nutrientes por cada 100 gramos de producto. Según sostienen, ese sistema resulta más claro para el consumidor porque se basa en valores concretos y no en su relación con las calorías totales.

En cambio, argumentan que el esquema argentino utiliza umbrales móviles, lo que limitaría tanto la capacidad de las empresas para reformular productos más saludables como la posibilidad de los consumidores de elegir mejores opciones.

Cabe recordar que el Gobierno en el año 2024 ya había introducido una serie de modificaciones a la Ley 27.642. en la que estableció la prohibición de "publicitar, promocionar y/o patrocinar alimentos y bebidas analcohólicas envasados dirigidos especialmente a niños y adolescentes”. En ese punto, aclaró que consideran niños a los menores de 13 años, y adolescentes a quienes tienen entre 13 y 16.

También planearon que los alimentos y bebidas analcohólicas envasados que contengan al menos un sello de advertencia “deberán propender al consumo adecuado del producto, presentando sus propiedades objetivamente sin engaños o equívocos, brindando información veraz, precisa y clara e incluir la denominación de venta y el nombre comercial del producto”.

Asimismo, la disposición exigía que toda publicidad destinada al público general incluya información clara y veraz sobre los sellos de advertencia, edulcorantes o cafeína que puedan contener los productos. También se establece que las promociones deben propender al consumo responsable, y evitar engaños o ambigüedades en la presentación de los alimentos

Qué establece la actual Ley de Etiquetado

La norma, sancionada en 2021, obliga a incluir octógonos negros de advertencia en alimentos procesados y ultraprocesados cuando superan límites establecidos para azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Además, exige leyendas precautorias para productos con edulcorantes o cafeína, indicando que no son recomendables para niños.

La ley también impone restricciones al marketing y la publicidad: los productos con al menos un sello no pueden incluir personajes infantiles, mascotas, animaciones ni avales de sociedades científicas o celebridades en sus envases. Tampoco pueden ser publicitados para niños ni ofrecerse en entornos escolares.

La legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas arremetió con dureza contra el Gobierno de Jorge Macri, luego de que este anunciara un plan para regularizar las apps de viajes -tales como Uber, Cabify o Didi- y desburocratizar el servicio de taxis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, la libertaria se preguntó: "¿hasta cuándo vamos a seguir protegiendo un monopolio que no funciona?".

"Mientras el Gobierno de la Ciudad insiste en regular, restringir y perseguir a las plataformas de transporte que sí ofrecen precios transparentes y seguridad, los taxis en CABA siguen gozando de privilegios intocables", manifestó y precisó que "el resultado de regular el mercado siempre es el mismo: el usuario pierde. De noche 'apagan' el taxímetro y en los grandes eventos te fijan el precio que quieren en la cara".

Sobre esa misma línea, Fleitas advirtió que "la regulación no protege al ciudadano, solo protege a un sector que se niega a competir en igualdad de condiciones" y anticipó que "por eso voy a presentar un proyecto de Ley en Defensa del pasajero frente al abusos de tarifas que implementan los taxis".

"¡Menos regulaciones absurdas y más libertad para elegir cómo viajar!", completó.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió este jueves "no subestimar" al Presidente y resolver las internas del Gobierno "en el vestuario", en relación al conflicto en redes sociales que se desató con el sector de Santiago Caputo.

Durante una entrevista en radio Mitre, el riojano aseguró que es "una falsedad absoluta" la cuenta de la red social X (@PeriodistaRufus) que se le adjudicó el pasado fin de semana y exhibió públicamente las diferencias libertarias.

Al ser consultado por Eduardo Feinmann sobre si le "había mentido" a Javier Milei, el legislador pidió: "No subestimen al Presidente". "Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados", agregó.

Sobre el conflicto virtual, explicó que "algún pícaro de por ahí tomó ese link, lo subió y cualquiera que lo abra le va a parecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta".

En relación a los dichos del militante de las Fuerzas del Cielo Daniel Parisini (más conocido como Gordo Dan), del sector de Caputo, quien dijo que le habían mentido a Milei, Menem insistió: "Si el Presidente pensara eso yo ya no estaría acá".

"La única manera de contestar es con resultados. Yo me he enfocado en eso. Mi ámbito es el legislativo. A mí me encomendaron, cuando éramos pocos, que tratáramos de bloquear los intentos desestabilizadores y, cuando pudiéramos, ir aprobando leyes", expresó.

El dirigente libertario señaló que "en cualquier Gobierno siempre surgen diferencias, a veces más marcadas, a veces menos marcadas. Pero soy de los que cree que cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro. A cielo abierto, nada. A veces pasan este tipo de situaciones y seguramente se va a ir acomodando con el tiempo".

Respecto a la próxima reunión de la mesa política, y su encuentro con el asesor presidencial, pronosticó que se verán las caras "con absoluta normalidad". "Siempre se generan roces en política, tal vez algunos escalan más o menos. Pero cualquier dificultad se arregla en el vestuario", reiteró.

Por otro lado, en relación a la sesión de este miércoles en Diputados, destacó que "se trabajó durante un mes para llegar a esta sesión. Nuevamente obtuvimos el resultado que nos habíamos propuesto, con todas las dificultades que implica. El año pasado teníamos 38 diputados, nunca en la historia hubo un gobierno que tenga una minoría tan pequeña. Y ahora que supuestamente estamos mejor, somos 95, nos faltan 34 diputados y seguimos siendo una minoría".

Sobre el proyecto de reforma electoral y la intención del Gobierno de derogar las elecciones primarias, el titular de la Cámara baja manifestó que las PASO le parecen "un espanto". "Son casi 300 millones de dólares que salen de los impuestos de los argentinos para que los partiditos diriman sus problemitas. Tendrían que salir de fondos privados. Aparte, ¿a quién le interesa ir a votar tantas veces?", lanzó.

En cuanto a la marcha de la economía, Menem consideró que "estamos en un país que se está poniendo verde en casi todos los sectores, hay sectores que les falta, tres o cuatro complicados, pero también creciendo".

"Lo peor ya pasó", afirmó y sobre la inflación dijo que "a nosotros lo único que nos va a dejar contentos es que empiece con cero", pero igualmente "bajó fuerte desde donde veníamos y en un contexto mundial muy complejo".

La presidenta del bloque La Libertad Avanza (LLA) y mano derecha de Karina Milei, Pilar Ramírez, presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cuál prevé modificar el esquema del impuesto a las patentes de vehículos con el objetivo de reducir la carga tributaria el distrito capitalino.

El texto en cuestión busca introducir una estructura progresiva para automóviles, camionetas y motos, con tasas que van desde el 0,80% para los valores más bajos hasta el 4% en los segmentos de mayor valuación, junto con montos fijos por tramo. También, fija una alícuota uniforme del 1% para otras categorías como camiones, transporte de carga, transporte público de pasajeros, taxis y maquinaria agrícola o industrial.

La iniciativa también mantiene un incremento del 10% sobre el impuesto destinado al financiamiento del Fondo permanente para la ampliación de la red de subterráneos. Y busca establecer que la carga efectiva no podrá superar el 5% del valor del vehículo en el caso de los automotores particulares y fija un mínimo anual de 13.300 pesos para todos los casos.

En los fundamentos de la iniciativa, Ramírez sostuvo que en "un contexto en el que los valores fiscales de los vehículos aumentan por efecto de la inflación y de la actualización nominal de precios, mantener alícuotas elevadas genera un incremento automático de la presión tributaria. La presente propuesta busca impedir un aumento injustificado de la presión tributaria, reduciendo las alícuotas aplicables y llevando la carga del impuesto a un nivel más razonable y compatible con el esfuerzo que ya realizan los porteños".

"Desde La Libertad Avanza creemos en una Ciudad que acompañe al que trabaja, al que emprende, al que invierte y al que genera empleo. Por eso sostenemos que toda medida orientada a aliviar la carga tributaria, ordenar el gasto público, simplificar el sistema impositivo y ampliar la libertad económica redunda en un beneficio concreto para los porteños. La Ciudad debe avanzar hacia un modelo con menos presión impositiva, menos distorsiones y más recursos en manos de los porteños y del sector productivo. Menos Estado sobre el bolsillo de los porteños y más libertad para producir, invertir y crecer", completó.

Anticipándose a los comicios del próximo año, la presidenta del bloque Vamos por Más (VxM) y referente del Pro, Silvia Lospennato, aseguró que esa fuerza política tendrá que tener un candidato propio en la vuelta electoral del 2027.

De esta manera, se diferenció el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien había asegurado que una eventual candidatura de Mauricio Macri podría ser beneficiosa para el kirchnerismo. "El futuro del Pro es con el Pro. El presidente Macri dijo que el Pro tiene que tener candidatos, que tiene que tener candidato propio", sostuvo la legisladora porteña.

Al mismo tiempo que marcó una clara diferencia entre el Pro y La Libertad Avanza (LLA). “Hoy no hay otro partido político que represente exactamente nuestros valores. Hay un partido político como el del presidente, que tiene una agenda de ordenamiento macroeconómica que compartimos, pero la agenda de ordenamiento macroeconómico y el republicanismo como valor central, creemos que ahí hay un diferencial del Pro”, remarcó.

Por otro lado, Lospennato arremetió con dureza contra el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, por las denuncias de corrupción en su contra. “Fue el más votado y no asumió su cargo. Y hoy está con una denuncia por corrupción, por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py”, destacó.

Además, cuestionó la falta de transparencia del vocero devenido en ministro, señalando que “estamos por llegar al 31 y todavía no presenta” su declaración jurada de bienes.

Finalmente, Lospennato defendió la gestión de Jorge Macri en la Ciudad, quien el próximo año competirá por la reelección. “CABA está fiscalmente ordenada hace muchísimos años, no hace dos años o tres años. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los mercados”, sentenció.

Todo comenzó cuando el diputado fueguino Jorge Araujo Hernández criticó al Gobierno nacional por los cambios al Régimen de Zona Fría, donde, en el recinto, incidió en ciertos “problemas psiquiátricos” dentro del Poder Ejecutivo. Santiago Santurio, desde el flanco de La Libertad Avanza, recogió el guante y cargó: “Psiquiátrico hay que estar para ver una persona que se enriqueció con hoteles en el sur y que toda la vida trabajó en la función pública”.

El presidente de la Comisión de Legislación General es el único representante de Las Fuerzas del Cielo -espacio que responde al asesor presidencial Santiago Caputo dentro del ecosistema libertario- dentro del bloque que preside Gabriel Bornoroni. Sin embargo, cargó contra el fueguino, llamó “barbaridad” a su dichos sobre salud mental y le endilgó una serie de agravios al peronismo en general: “Es un delirio que se hayan afanado a la Argentina y vengan a dar clases de moral o de economía”.

Cuando debía tomar la palabra el diputado santiagueño Jorge Mukdise se la cedió al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien con cierta astucia hizo enojar al legislador libertario. “Hablamos de los negocios de Tierra del Fuego y saltó el diputado de un asesor presidencial que tiene intereses creados en Tierra del Fuego”, encendía el recinto el santafesino.

Mientras los representantes de Unión por la Patria aplaudían las palabras de Martínez, este continúo: “Estimado, mándele saludos al asesor presidencial, dígale que firme los actos administrativos por que bien que cuando andaban juntitos como novios con la otra banda del Gobierno, acá no se le decía nada”.

Cargó con más dureza que "los únicos que los criticábamos a tu jefe, Santiago Caputo, ladrón de guante blanco, a ese, solamente lo criticábamos nosotros”, y entre risas burlonas, gestos con los dedos y aplausos, Germán Martínez le gritó a Santurio: “Atorrante”.

Fuera de cámara, Santiago Santurio enfureció y con micrófono apagado siguió gritándole a los legisladores del peronismo que seguían gozando de la situación. Sin apoyo de ningún par -salvo alguna excepción que apenas lo secundó- el diputado libertario abandonó el recinto notoriamente enojado por lo acontecido.

Con la intención de mejorar la conectividad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Juan Fernández pidió avanzar con la eliminación de las barreras peatonales del ferrocarril Sarmiento y aseguró que esto permitirá hacer "grande nuevamente a CABA".

A través de sus redes sociales, el libertario expreso: "en Alemania tenían el Muro de Berlín, en Argentina nosotros hoy tenemos el Muro de CABA" y explicó que "hoy los vecinos tardan entre 20 y 30 minutos todos los días para cruzar de un lado al otro de la traza del FFCC Sarmiento".

Y consideró que esto es "100% inviable y perverso para con el vecino. De hecho, mucha gente se mudó de esos barrios porque no soportaba vivir así" e indicó que "es por eso que, junto con mi equipo (Urbanista + Ingeniero + Consultores especialistas) estamos terminando un trabajo para que el bloque de La Libertad Avanza CABA tenga una solución superadora para este problema, que es el más grave a nivel transporte en la Ciudad (por lejos). Problema que ni el Pro ni el kirchnerismo resolvieron en más de 20 años".

Según sostuvo Fernández, la solución sería quitar todas las barreras del ferrocarril. "¿En qué consistiría? Remover todos los pasos a nivel y abrir todos los pasos intermedios (hoy cerrados). Estamos hablando de la apertura de más de 30 calles (entre pasos hoy cerrados y barreras) que dejarían de estar bloqueadas por la traza del FFCC Sarmiento", añadió a través de su cuenta de X.

A la vez que aseguró que esto significará "una mejora estructural en la conexión entre el norte y el sur de la ciudad. Mejor que todos los planes anunciados hasta el momento, por cuestiones ingenieriles que ya detallaremos más adelante".

"Y lo bueno es que esta propuesta: es viable a nivel ingenieril (validación hecha); es viable a nivel fiscal (validación hecha); y, además, abre la posibiilidad de revitalizar a nivel urbanístico la zona, hoy muy afectada por esta obra a medio terminar. O sea: totalmente factible desde todos los ángulos", completó.

Con la mirada puesta sobre las elecciones 2027, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, arremetió con dureza contra el el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, después de que este se mostrara en contra de una eventual candidatura del ex presidente de la Nación Mauricio Macri.

Es que horas atrás el dirigente de La Libertad Avanza (LLA) había manifestado que una eventual postulación del ex presidente “le haría un favor al kirchnerismo”, ya que le restaría votos al actual mandatario Javier Milei, en caso de que este compitiera por la reelección.

Atento a estas declaraciones, Jorge Macri planteó: "no comparto, todo el mundo tiene derecho a competir y a hacer su aporte. Eventualmente habrá que ver cómo se resuelven (las eventuales alianzas), cómo se compite, a favor de quién. Está claro que si hay algo que nosotros somos muy celosos es que el kirchnerismo no vuelva".

A su vez, Macri enfatizó que su deseo es que al Gobierno nacional le vaya bien, ya que de eso depende el éxito de la Ciudad de Buenos Aires. “CABA no es una anécdota, el 21% del PBI a nivel nacional se produce aquí, tenemos que tirar para el mismo lado”, completó el alcalde local.

Con fuertes debates entre los legisladores, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó con 32 votos a favor y  27 en contra la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de reactivar la economía local.

La iniciativa, que fue impulsada por los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), contó con el apoyo de los bloques Vamos por Más y Confianza y Desarrollo; y el rechazo de Fuerza por Buenos Aires, Unión Cívica Radical y FIT.

A través de la adhesión a este régimen se buscaba incentivar “las grandes inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país”, “promover el desarrollo económico”, “desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, “incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI”, “favorecer la creación de empleo” y “generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse”.

Así como también “crear para las ‘Grandes Inversiones’ que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI”, “fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales” y “fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI”.

Cabe señalar que este régimen se circunscribe a proyectos correspondientes a sectores determinados —forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas— y lo reserva a Vehículos de Proyecto Único (VPU), esto es, estructuras constituidas exclusivamente para el desarrollo de un proyecto admitido por el régimen.

A ello se suma que la Ley fija, como regla general, un monto mínimo de inversión en activos computables de al menos USD 200.000.000, con exigencias de cumplimiento durante los primeros años para la permanencia en el régimen.

Por otro lado, durante esta misma sesión, la Casa también aprobó la  creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIMICABA), a través del cuál se buscará "incentivar inversiones medianas, promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, fortalecer la competitividad, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios, y favorecer la creación de empleo".

Además agrega incentivos locales a favor de quienes ya hayan sido admitidos en el régimen nacional y acrediten, además, su efectiva radicación y actividad en la Ciudad. De ese modo, los beneficios locales quedan vinculados exclusivamente a la inversión productiva aprobada, evitando desvíos, extensiones impropias o usos ajenos a la finalidad económica perseguida por esta iniciativa.

Después de anunciarlo en la previa, La Libertad Avanza, a través de Agustín Monteverde, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, propuso el regreso a comisión del Acuerdo de Conciliación con Bainbridge LTD. Y el grupo de acreedores que encabeza Attestor Value Master Fund LP (holdouts).

Minutos antes del inicio de la sesión ordinaria, el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, explicó que se debe a “una cuestión técnica”, pero adelantó que “seguramente la semana próxima lo tratemos”. Asimismo, aclaró que “están los números suficientes como para que la Argentina siga siendo responsable frente a los compromisos internacionales porque queremos que todo se haga conforme a la exactitud y ala precisión que amerita este tema”.

Tal como lo tenía en sus planes desde hace días, el oficialismo pidió una sesión con agenda propia en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles. Luego que la oposición reprogramara su convocatoria a tratar -ahora, entre otros temas- la interpelación de Manuel Adorni, La Libertad Avanza solicitó una sesión desde las 10.

El temario era el que ya se anticipaba, pero llamativamente no fue incluida la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que obtuvo dictamen de tres comisiones esta semana. El tema, que cobró relevancia en el marco de los compromisos asumidos con la administración de Donald Trump y el acuerdo comercial bilateral, venía retrasado y seguirá así, pues el oficialismo decidió pasarlo para "más adelante", sujeto a las negociaciones que el Gobierno todavía mantiene con Estados Unidos.

Sí se debatirán, y La Libertad Avanza buscará la media sanción, los proyectos de "Ley Hojarasca" y el que modifica el Régimen de Zona Fría, con la intención de reformular los subsidios al gas en las provincias que habían ingresado al beneficio por una ley votada en 2021, impulsada en aquel entonces por Máximo Kirchner.

Sin chances de lograr quórum, los solicitantes de la sesión que estaba prevista para este jueves 14 con la intención de votar un emplazamiento a comisiones sobre los proyectos que proponen la interpelación de Adorni, retiraron esa convocatoria y presentaron un nuevo pedido para el miércoles 20 a las 11, con otros temas sociales.

Sin embargo, días atrás, LLA había reunido a sus aliados y les había transmitido la intención de sesionar el 20. Por eso, este jueves presentaron el pedido, pero desde las 10. Es decir que, si los violetas reúnen quórum una hora antes, la siguiente sesión quedaría trunca.

La llamada "Ley Hojarasca" finalmente será llevada al recinto: se trata de un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar una serie de normas que considera se volvieron obsoletas o inútiles, generan burocracia o "atentan contra las libertades".

Al obtener despacho de mayoría, el oficialismo aceptó una serie de modificaciones: no se eliminarán artículos de distintas normas referidas al financiamiento del Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios. Tampoco habrá derogación de la ley que prevé el libre estacionamiento para los legisladores nacionales y se quitó del listado una ley que el sector del cooperativismo reclamó no derogar.

En cuanto a la modificación del Régimen de Zona Fría, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo hace 10 días obtuvo dictamen exprés en comisiones este miércoles.

La iniciativa redefine quiénes conservarán el beneficio en las tarifas de gas. Para la Patagonia, Malargüe y la Puna se mantendrán los subsidios al consumo residencial. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

El proyecto abarca además la deuda de las distribuidoras de energía con CAMMESA, derogación de algunos beneficios para el sector de hidrocarburos y la prórroga del régimen de incentivo a las energías renovables.

El temario incluye además una decena de tratados internacionales y un proyecto por el cual se reconoce al Brigadier (R) "VGM" Jorge Francisco Martínez por su actuación en la Guerra del Atlántico Sur y se le concede la medalla de "La Nación Argentina al valor en combate".

El pedido de la sesión fue firmado por los libertarios Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo, Laura Rodríguez Machado, Facundo Correa Llano, Bertie Benegas Lynch, Carlos Zapata, Santiago Santurio y Lisandro Almirón.

De forma reservada, quedó establecida la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Tal como adelantó parlamentario.com, el diputado oficialista Sebastián Pareja quedó a cargo de la presidencia y el senador misionero Martín Goërling Lara, a cargo de la vicepresidencia.

Según pudo reconstruir este medio, la secretaría quedó en reserva para Unión por la Patria. Cabe recordar que la bancada peronista en el Senado no giró aún el nombre del vocal representante; y desde Diputados fueron elegidos Ramiro Gutiérrez, Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi.

Además del armador bonaerense, La Libertad Avanza envío como representantes a los diputados Gabriel Bornoroni, César Treffinger; y a los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche. El Pro, además del jefe de bancada en la Cámara alta, puso a su par en la Cámara baja, Cristian Ritondo. Y completan la nómina la chubutense Edith Terenzi, el radical Maximiliano Abad y la jujeña de Convicción Federal, Carolina Moisés.

Sebastián Pareja es hombre de confianza de Karina Milei y su designación se enmarca dentro de la interna que viene atravesando el Gobierno entre la secretaria general de Presidencia de la Nación y el asesor presidencial Santiago Caputo, que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), al mando de Cristian Auguadra.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia tiene, entre sus facultades, el control de los gastos reservados girados a la SIDE o cualquier organismo de inteligencia. Además, tiene consideración, análisis y se encarga de evaluar la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional.

Ya quedó conformada la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y asumo con mucha responsabilidad haber sido elegido para presidirla. Gracias a @JMilei y @KarinaMileiOk por haberme honrado con este nuevo desafío.

Tengan la…

— Sebastián Pareja (@SPareja_) May 12, 2026

Con la mente en las elecciones 2027, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Marina Kienast apuntó con dureza contra el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, por sus declaraciones respecto de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El conflicto se desató luego de que el alcalde local se mostrara a favor de esa instancia electoral.  "A mí me parece muy bueno que haya PASO. La PASO ha permitido la capacidad de ganarle al peronismo. Se le ganó al peronismo desde que hay PASO”, remarcó y aseguró que es un mecanismo que sirve para ordenar alianzas políticas amplias. “Lograr juntar voluntades para ganarles a los que ya tienen el poder. La PASO sirve para eso”, sentenció.

Atenta a sus declaraciones, Kienast apuntó que "las PASO sirven cuando les conviene y sobran cuando no" y aseguró que "ahora quieren volver a usar una herramienta que ellos mismos suspendieron. Cambian las reglas de juego según conveniencia, jugando con la gente en lugar de dar certezas claras".

"La única realidad es que le cuestan fortunas a los porteños. ¡Que cada partido se pague su interna! Más transparencia, menos gasto, más libertad", concluyó la legisladora.

El Pro difundió este domingo un mensaje titulado “Manifiesto Próximo Paso”, en el que tomó posición frente al momento político y económico del país y marcó un distanciamiento explícito a través de un tono crítico, tanto hacia el populismo como hacia sectores internos que, según advierte, “frenan el cambio desde adentro”.

“El país tocó fondo. Y lo sentimos todos”, arranca el texto, aludiendo al impacto de la crisis en los precios, la incertidumbre y la falta de horizonte. En ese marco, el partido sostiene que la sociedad eligió cambiar porque “el dolor del cambio era preferible al dolor de seguir como íbamos”, y reivindica su rol en ese proceso: “El Pro estuvo ahí. Del lado del cambio. Sin especular. Sin mirar desde afuera”.

Sin embargo, el comunicado reconoce que los avances iniciales no alcanzan y pone el foco en el malestar social persistente. “Empezar no es llegar”, señala, y marca una diferencia entre la mejora de “los grandes números” y la realidad cotidiana: “Hay una diferencia entre que los números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele”.

El texto profundiza ese diagnóstico y eleva el tono crítico al advertir que el sacrificio social se vuelve insostenible cuando no es acompañado por gestos políticos claros. “Cuando ese dolor no se escucha, duele. Cuando no se da el ejemplo, duele. Cuando no se respeta el sacrificio ajeno, duele. Y duele más”, afirma el comunicado.

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO

Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.

Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T

— PRO (@proargentina) May 10, 2026

Uno de los pasajes más contundentes es aquel en el que el Pro define a los “dos enemigos del cambio”: por un lado, “el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo”, y por otro, quienes “frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”. Allí se evidencia un fuerte mensaje interno y un claro distanciamiento político, sin mencionarlos explícitamente.

En ese sentido, el partido aclara que acompañar el proceso no implica un respaldo automático. “Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal”, advierte, y redefine su postura: “Apoyar el cambio es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera”.

Hacia el final, el Pro proyecta una agenda concreta y plantea que el “próximo paso” debe traducirse en mejoras tangibles: “Más rutas, más hospitales, mejor educación”, además de “cuidar lo que ya se logró y hacer lo que falta”. El mensaje concluye con una consigna clara: “Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso”.

Con este manifiesto, el Pro buscó reafirmar identidad, marcar límites y enviar una señal política de respaldo condicionado, en un contexto donde el acompañamiento al cambio aparece atravesado por tensiones, reclamos y demandas de resultados concretos.

Después de conocer las intenciones de La Libertad Avanza de pasar a la firma el proyecto de modificación al Régimen de Zona Fría, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, Hugo Yasky, elevó un reclamo para ampliar el giro de la iniciativa.

El proyecto enviado por el presidente de la Nación, Javier Milei, tiene giros a las comisiones de Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda. La primera -cabecera- está a cargo de la mendocina Mercedes Correa Llano y la otra por Bertie Benegas Lynch, ambos integrantes de la bancada oficialista.

En primera instancia, el nuevo proyecto del Ejecutivo Nacional revive un viejo anhelo vinculado a dar marcha atrás con la Ley 27.637, sancionada durante el gobierno del Frente de Todos. En resumen, el texto libertario propone una segmentación más estricta, tanto geográfica como socioeconómica.

“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, fundamentó el presidente de la Nación dentro del proyecto de ley.

Según supo parlamentario.com, el oficialismo en la Cámara de Diputados tiene decidido pasar a la firma el proyecto modificatorio el próximo miércoles y llevarlo al recinto la semana del 20 de mayo.

Ante los trascendidos, Yasky elevó una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde sostuvo que "el proyecto se vincula en forma directa a la comisión que presido en tanto impacta de manera directa y sustancial en el precio que pagan los consumidores de gas y electricidad, en la calidad de los servicios públicos, en la responsabilidad de los comercializadores, en la transparencia de los subsidios y en las condiciones de competencia entre los actores del mercado de hidrocarburos".

En el final, Hugo Yasky remarcó que "no se trata de una instancia meramente administrativa sino de una intervención fundamental para el trámite parlamentario". Las autoridades de la Cámara baja no han respondido sobre la cuestión, pero se prevé que la modificación al Régimen de Zona Fría conserve los dos giros iniciales.

Sin los acuerdos para destrabar la eliminación o suspensión de las elecciones PASO, el oficialismo en el Senado hizo lugar al pedido de los bloques aliados y la próxima semana se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar el debate de Ficha Limpia. De todas maneras, el jueves 14 habrá sesión ordinaria con los temas dictaminados en las últimas semanas y que podría tener al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, fue el anfitrión de una reunión de jefes de bancada en la que participaron Patricia Bullrich, por La Libertad Avanza; Martín Goërling Lara, por el Pro; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; Carlos “Camau” Espínola, por Provincias Unidas; Flavia Royón, de Primero los Salteños; y Beatriz Ávila, de Independencia, entre otros.

El primer tema saldado en el encuentro de jefes de bancada fue los cambios al proyecto de ley de Inviolabilidad Privada. La Libertad Avanza hizo lugar a que se elimine por completo el capítulo que habilitaba los desalojos en las viviendas registradas en el ReNaBaP. Resta dirimir aún sobre los cambios en la Ley de Tierras.

El plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General quedó abierto la última vez que recibió a los expositores que llevó la oposición, y la firma del dictamen podría efectuarse este mismo jueves 7 de mayo. En caso de pasar a la firma, el proyecto de ley defendido por Federico Sturzenegger será llevado a la sesión ordinaria prevista para el jueves 14 de mayo.

Los temas que entrarán en esa sesión de forma segura serán el pliego judicial de extensión por cinco años del juez Carlos Alberto Mahiques; y el Acuerdo de Conciliación celebrado con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, el cual pasó a la firma el pasado miércoles 29 de abril.

El último proyecto que estará contemplado en el temario de la sesión ordinaria del próximo jueves 14 será la Regularización de Armas de Fuego y prórroga del Programa establecido en la Ley 26.216. Este tema fue impulsado por Patricia Bullrich cuando estaba a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación y de aprobarse quedará definitivamente sancionado.

Fuentes legislativas revelaron a parlamentario.com que el proyecto de Falsas Denuncias impulsado por Carolina Losada y dictaminado a principios de abril, no será llevado al recinto por falta de acuerdos. En el oficialismo prefieren esperar a que el tema sea parte de una futura reforma del Código Penal de la Nación.

Ficha Limpia y Reforma Electoral, asuntos separados

Después de haber estado dos días en Santiago de Chile, Patricia Bullrich volvió a encontrarse con una postura inamovible de los dos principales aliados en el Senado, el Pro y los radicales. Lejos de intentar persuadirlos de eliminar las PASO, el oficialismo dio lugar a que Ficha Limpia se trate por fuera de la Reforma Electoral enviada por el Gobierno nacional el pasado 22 de abril.

La idea que prevaleció entre los presentes es la de convocar la Comisión de Asuntos Constitucionales para el miércoles 13 de mayo a las 12 y comenzar el debate de Ficha Limpia. Los expedientes a considerar serán los presentados por Martín Goërling Lara, jefe del bloque Pro, y de la neuquina Julieta Corroza.

Lo cierto es que las conversaciones por la Reforma Electoral quedaron abiertas y seguirán tras bambalinas en las próximas semanas. La noticia atravesó el Palacio Legislativo de forma lineal y llegó hasta el bloque oficialista en la Cámara de Diputados.

A partir de los trascendidos por la decisión de ceder ante la presión opositora, Gabriel Bornoroni -jefe de bancada-, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo fueron hasta el Senado a constatar la veracidad de lo resuelto en la reunión de presidentes de bloques de la Cámara alta.

En otro orden, se supo que Patricia Bullrich formará parte de la reunión de este viernes de la Mesa Política en Casa Rosada, donde les comunicará a los integrantes del Gabinete nacional que, por el momento, los aliados acompañarán la sanción de Ficha Limpia.

"¿Le puede decir a los therians que se autoperciben leones que se callen un poquito si es tan amable?". Con esa frase, el diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo se refirió a los integrantes del bloque de La Libertad Avanza en la última sesión, cuando Manuel Adorni presentó el informe de gestión. Y hasta generó las risas del propio Martín Menem.

Al parecer, tal comparación no sería ofensa para los oficialistas que, muy orgullosos de identificarse con el mismo animal que lo hace el presidente, decidieron personalizar una de las oficinas asignadas a la bancada de una forma muy particular.

Con empleados de mantenimiento todavía abocados a la tarea este martes, la llamada (internamente) "pecera" del quinto piso del Anexo "A" de la Cámara baja apareció ploteada con la imagen de un león abrazando la cúpula del Congreso.

Antes espacio del bloque de la Unión Cívica Radical, que a partir de diciembre redujo su cantidad de miembros a niveles bajísimos desde el regreso de la democracia, esa oficina exhibía en sus vidrios una bandera argentina.

Con el recambio parlamentario, a partir del cual LLA se fue casi al centenar de diputados, los radicales fueron los más afectados en la distribución de espacios físicos: el oficialismo no sólo cuenta ahora con ese sector del quinto piso del Anexo, sino que Gabriel Bornoroni, jefe del bloque, se quedó con los principales despachos del segundo piso del Palacio Legislativo, que anteriormente ocuparon los presidentes de la bancada radical.

Mientras el jefe de Gabinete volvía a estar en boca de todos por la declaración del contratista y las reformas por 245.000 dólares, Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación, arribó este lunes a la Cámara de Diputados. Sin la presencia de referentes del bloque oficialista, la hermana del jefe de Estado estuvo reunida varias horas con la diputada cordobesa Celeste Ponce.

Sin comunicación oficial sobre el encuentro, este medio constató que no estuvo presente el presidente del bloque libertario en  la Cámara baja, Gabriel Bornoroni.

La hermana del Presidente de la Nación arribó al Palacio Legislativo poco después de las 14.30 y fue recibida por Sharif Menem, director general de la Secretaría de Presidencia de la Cámara de Diputados. La secretaria general de Presidencia permaneció por varias horas en el despacho presidencial de Martín Menem.

Por su parte, la autoridad máxima de la Cámara de Diputados estuvo presente en la Casa Streaming y adelantó que el próximo miércoles 13 de mayo es la fecha elegida para realizar una sesión especial. El único tema pendiente de tratamiento en el recinto es el proyecto de Ley Hojarasca, que propone derogar marcos legislativos que considera obsoletos.

Martín Menem adelantó que el oficialismo pedirá una sesión la otra semana.

Pendientes de tratamiento en comisión quedaron el acuerdo de patentes con los Estados Unidos -reunión que fue convocada y suspendida a las pocas horas hace dos semanas- y resta saber aún qué sucederá con el proyecto de ley vinculado a partidas presupuestarias de universidades que el Gobierno prometió enviar.

La oposición va por Adorni

Por otro lado, los bloques de la oposición decidieron ir por la interpelación seguida de moción de censura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Al proyecto impulsado por Esteban Paulón, de Provincias Unidas, hay que sumar uno del Frente de Izquierda presentado el 30 de marzo pasado y el que seguramente impulsará Unión por la Patria.

A las acusaciones por el viaje oficial de Betina Angelletti a Nueva York, el vuelo privado a Punta del Este, la compra del departamento en Caballito, la adquisición de la propiedad en el country Indio Cuá y la presunta custodia oficial de la esposa del jefe de Gabinete, se sumó este lunes la declaración de un contratista que afirmó haber recibido un pago de 245.000 dólares por refacciones.

El propio jefe de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, se lo dijo en el recinto de la Cámara de Diputados que iban a trabajar en la interpelación del jefe de Gabinete. Y el mismo Manuel Adorni respondió que irá al recinto, cada vez que sea necesario cuando cerró con la frase “no nos vamos a dejar amedrentar”.

En medio del debate por la ampliación presupuestaria que solicitó Jorge Macri, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) se cruzaron en las redes sociales con la presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires (FxBA), Claudia Neira, luego de que esta asegurara que la petición tuvo que ver con la escalada inflacionaria en el país.

Todo comenzó cuando la peronista aseguraran "el Pro propone actualizar el presupuesto porque en tres meses tuvimos la inflación prevista para todo el año" y remarcó que desde LLA buscarían "subir las categorías de Ingresos Brutos solo la mitad de lo que se supone será el aumento de la inflación, o sea, más personas van a pagar más impuestos".

"A eso le suman, un acuerdo para votar el RIGI... inaplicable en CABA (un verso) y un régimen para inversiones injusto y regresivo. En definitiva: Jorge Macri y LLA acuerdan que la inflación no va a bajar, que más gente que trabaja y se esfuerza pague más impuestos y que unos pocos se beneficien a costa del resto", completó la legisladora.

Atenta a este mensaje, la presidenta del bloque LLA y mano derecha de Karina Milei, Pilar Ramírez, lanzó: "Solo puedo hablar por LLA: falso. Abrazo".

Pero Neira insistió con su postura. "Verdadero: 'en el mes de abril la inflación superará la estimación anual establecida en el presupuesto anual'. No lo digo yo, lo dice Macri y es lo que se va a sincerar con la ampliación que se va a tratar. Saludos".

En tanto el diputado Juan Fernández (LLA) concluyó señalando que "el presupuesto se viene ampliando todos los años, en general. No es una practica nueva" y sentenció que "LLA es el unico partido que promueve bajas de impuestos, y gasto. No nos podes correr por derecha siendo parte del armado mas degenerado fiscalmente que haya habitado estas tierras".

La senadora nacional y presidenta de La Libertad Avanza (LLA) Neuquén, Nadia Márquez, realizó una recorrida por localidades del sur de la provincia en el marco de un tour de agradecimiento tras el respaldo electoral obtenido por el espacio en los últimos comicios. Acompañada por la vicepresidenta del partido, Alejandra Durdos, mantuvo encuentros con vecinos de Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Las actividades se desarrollaron entre el viernes y el sábado y contaron con una amplia participación de vecinos, que se sumaron a instancias de diálogo directo con la dirigencia libertaria. Según se informó, las reuniones priorizaron el intercambio abierto y la escucha activa, alejándose de los esquemas tradicionales de acto político.

“El sur de Neuquén se ha convertido en un bastión de la libertad. Vinimos a agradecerle a cada familia que volvió a elegir La Libertad Avanza”, señaló Márquez durante los encuentros. En ese sentido, remarcó que se trata de “un proyecto que se construye escuchando a cada vecino”.

Durante las charlas, los asistentes expresaron su apoyo a la gestión nacional del presidente Javier Milei, pero también plantearon preocupaciones vinculadas a la situación de la salud y la educación en la región, además de problemáticas específicas del interior provincial. Desde el espacio remarcaron que estos aportes servirán como insumo para el trabajo legislativo a nivel nacional.

La gira se inscribe en un contexto de fuerte respaldo electoral a LLA en la zona cordillerana. En las elecciones de octubre de 2025, el espacio obtuvo resultados destacados: 45,37% en el departamento Lacar, 44,04% en Los Lagos y 28,75% en Huiliches, consolidándose como la fuerza más votada en esos distritos.

La actividad contó con el acompañamiento de referentes locales del partido en cada una de las localidades visitadas y fue coordinada por Alberto Marasco. Desde LLA Neuquén adelantaron que la senadora continuará recorriendo el territorio provincial con el objetivo de fortalecer la presencia partidaria y canalizar las demandas de los vecinos hacia el Congreso.

A la espera del MotoGP 2027, los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley con la intención de obtener información sobre un convenio suscripto entre el Gobierno porteño y la firma Grupo Obras, Servicios y Desarrollos (GOSD), destinado a la organización de las carreras de ese campeonato y las reformas en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Según explicaron los libertarios,  la Ciudad se ha comprometido al pago de un "Fee Global" de 52 millones de dólares asumiendo, además, la responsabilidad exclusiva de ejecutar y financiar un plan de obras de infraestructura de altísima complejidad técnica en el autódromo.

En ese sentido, pidieron a través del proyecto que se explique "porque en los registros del estudio de arquitectura Tilke Engineers & Architects figura como cliente la entidad privada GOSD y no el Gobierno de la Ciudad, siendo que es este último quien financia la totalidad de la remodelación con recursos de los contribuyente"; así como también "los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia utilizados para determinar que el 80% del Fee Global del evento esté a cargo del Gobierno de la Ciudad, mientras que la empresa privada GOSD asume solo el 20%".

"Otro punto crítico es la ausencia de informes técnicos que sustenten la rentabilidad y el retorno de inversión (ROI) del evento. Las proyecciones de impacto positivo no pueden ser meros enunciados genéricos, deben estar respaldadas por cálculos que contemplen el costo de oportunidad de los recursos invertidos, el efecto real sobre la economía local y el costo de oportunidad frente a otras inversiones en infraestructura. Sin estos informes, el desembolso millonario carece de sustento técnico", agregaron desde LLA.

Además, pidieron detalles sobre la venta de tickets. "El mecanismo de fiscalización de los ingresos por venta de entradas y hospitalidad parece ser, desde el punto de vista administrativo, insuficiente. Otorgar al Gobierno un plazo de solo cinco días hábiles para observar las declaraciones juradas de ingresos presentadas por la empresa bajo apercibimiento de tomarlas por aprobadas en caso de silencio, despoja al Estado de su capacidad real de auditoría y control sobre los porcentajes que le corresponden por venta de entradas y servicios de hospitalidad", añadieron en los fundamentos de la iniciativa.

"En un contexto donde la eficiencia en el gasto público y el equilibrio de las cuentas públicas son una demanda ciudadana irrenunciable, no podemos permitir que se firmen convenios que exponen el patrimonio de la Ciudad a riesgos millonarios bajo condiciones de opacidad informativa", sentenciaron los diputados.

A partir de los hechos denunciados en Balcarce 50 y la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en Casa Rosada, los vocales de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados le exigen al presidente Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza) que convoque a una reunión en carácter de urgente. También hubo un pedido de audiencia conjunta con los funcionarios de Comunicación y Casa Militar.

De todas maneras, una fuente de la oposición reveló a parlamentario.com que ante la falta de respuestas y convocatorias, la oposición hará uso de la facultad parlamentaria de los vicepresidentes y convocará a una reunión informativa para el próximo jueves 30 de abril. La cita será fijada al día siguiente de la sesión informativa que tendrá a Manuel Adorni, jefe de Gabinete, sentado en el recinto.

La nota fue firmada por Nicolás Trotta y Lourdes Arrieta, vicepresidente 1° y 2° del organismo legislativo; y los diputados nacionales Germán Martínez, Mónica Frade, Julieta Campo, Diego Giuliano, Esteban Paulón, Raúl Hadad, Romina Del Plá, Juan Marino, Horacio Pietragalla Corti, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Sabrina Selva y Hugo Yasky.

Presentes en la entrada de Casa de Gobierno junto a los trabajadores de prensa que no pudieron ingresar a la sala de periodistas, resolvieron poner a consideración los diferentes repudios al hecho que fueron presentando durante la jornada de este jueves. "Son decisiones autoritarias e inconstitucionales del gobierno", aseveraron.

Legisladores de diferentes bloques se hicieron presentes en Balcarce 50, ingreso a Casa Rosada.

Es la tercera nota que los vocales opositores que integran Libertad de Expresión le envían a Guillermo Montenegro para convocar a reunión desde que asumió la presidencia de la Comisión el 31 de marzo pasado. Las anteriores estuvieron vinculadas a la suspensión de acreditaciones en Casa de Gobierno a periodistas de medios acusados por presunta financiación rusa para una campaña de difamación a Javier Milei.

No será la primera vez que la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja abre sus puertas por impulso de la oposición: el 2 de septiembre del 2025, el exdiputado Christian Castillo, en su rol de vicepresidente primero, convocó a una informativa en presencia de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico.

En aquella ocasión, los representantes de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica e, incluso, el diputado tucumano Mariano Campero -hoy integrante de La Libertad Avanza- repudiaron el pedido del Gobierno nacional a la Justicia respecto de allanar el canal de streaming Carnaval por la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el que reveló un presunto esquema de corrupción.

El pedido de audiencia en Casa Rosada

En paralelo, los diputados que anunciaron la convocatoria a reunión de Libertad de Expresión, también enviaron una nota al secretario de Comunicación de la Nación, Javier Lanari, y al titular de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, para solicitar formal y urgentemente una audiencia conjunta para abordar la clausura de la sala de periodistas de Casa Rosada y el retiro de las acreditaciones.

A este pedido enviado por escrito se sumaron Marcela Pagano, Oscar Zago y Eduardo Falcone (los tres exintegrantes del oficialismo); Nicolás Massot de Encuentro Federal; Mariela Coletta de Provincias Unidas; la neuquina Karina Maureira; y la cordobesa Natalia De La Sota.

Señalaron que "la gravedad de esta medida exige una explicación oficial detallada y la búsqueda inmediata de soluciones que garanticen el pleno ejercicio de la labor periodística", y agregaron que "el libre acceso de la prensa a las fuentes de información es un pilar innegociable de cualquier sistema democrático".

La presidenta del bloque La Libertad Avanza (LLA) y mano derecha de Karina Milei, Pilar Ramírez, celebró la decisión del Presidente de la Nación, Javier Milei, de avanzar con una reforma electoral y aseguró que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe seguir el mismo camino.

En ese sentido, la diputada manifestó a través de sus redes sociales: "siguiendo los pasos del Presidente, en la Ciudad también queremos una reforma electoral: eliminación de las PASO y Ficha Limpia. Dos proyectos que ya presentamos y que vamos a defender".

"¡Basta de caprichos políticos pagados con los impuestos de los porteños y basta de impunidad!", sentenció.

Cabe recordar, que días atrás presentó en el Parlamento local un proyecto de ley para instaurar la "Ficha limpia" en el distrito, a fin de establecer supuestos de inelegibilidad aplicables a quienes pretendan postularse como candidatos a cargos públicos electivos en el ámbito local.

De esta manera, el texto sostiene que no podrán ser candidatos a jefe y vicejefe de Gobierno o diputados aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos contra la integridad sexual; delitos contra la administración pública; fraude en perjuicio de la administración pública; delitos contra la libertad, el estado civil, la seguridad de la Nación, entre otros puntos.

En este sentido, Ramírez explicó en los fundamentos de la iniciativa que "se propone impedir que puedan ser candidatos aquellos individuos que hayan sido condenados en segunda instancia por delitos de especial gravedad, incluyendo los delitos contra la administración pública, la integridad sexual, la libertad y la seguridad de la Nación, entre otros" y consideró que "de esta forma, se establece un estándar claro y objetivo que prioriza la defensa del interés público por sobre cualquier pretensión individual de acceso al poder".

Además, la libertaria sostuvo que "desde una perspectiva institucional, la incorporación de la figura de 'Ficha Limpia' contribuye a ordenar el sistema político y a poner fin a una lógica de impunidad que durante años ha permitido que personas con antecedentes graves continúen ocupando o aspirando a cargos de representación. No se trata de una sanción adicional, sino de una condición razonable para el ejercicio de un derecho político, en resguardo del conjunto de la sociedad".

"En línea con lo expresado por el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, la política no puede escindirse de la moral, sino que debe asumirla como un eje rector de la acción pública. La reconstrucción de la confianza social exige volver a colocar valores básicos —como la honestidad, la responsabilidad y el respeto por la ley— en el centro de la vida institucional. En este sentido, la 'Ficha Limpia' no es solo una herramienta normativa, sino la expresión concreta de una concepción de la política donde la integridad deja de ser una opción y pasa a ser una condición indispensable", sentenció.

Tal como adelantó parlamentario.com, fue convocado para el próximo martes 21 de abril a las 15.00 el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General para avanzar con la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, más conocida como "Hojarasca". El plan de La Libertad Avanza es terminar la semana con la media sanción aprobada.

La convocatoria contará con la presencia del secretario de de Transformación del Estado y Función Pública, Matías Fariña; y el secretario de Desregulación y exdiputado nacional, Alejandro Cacace. Una vez que concluya la exposición de ambos funcionarios, las autoridades del plenario, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, pasarán el despacho a la firma.

Como adelantó, también, este medio, la sesión especial será solicitada por el bloque oficialista para el miércoles 22 de abril. Al igual que con la sanción de la modificación a la Ley de Glaciares, la cita en el recinto será monotemática aunque se prevé un trámite extenso en las votaciones particulares.

De esta manera, La Libertad Avanza planifica un tratamiento expeditivo en la Cámara de Diputados al proyecto redactado por Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado. Cabe recordar que el texto se presentó dos veces: la primera fue el 11 de octubre del 2024 con giro, también, a Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, nunca comenzó a debatirse.

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) y especialista en Educación, Marina Kienast, impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley sobre “mecenazgo educativo”.

La iniciativa en cuestión tiene como objetivo principal es captar y generar recursos económicos de privados para garantizar la concreción de propuestas inclusivas que aseguren la gratuidad, la equidad, la igualdad de oportunidades y la mejor calidad educativa en los distintos niveles de la educación.

De esta manera, el texto procura incentivar la formación de un vínculo de interacción mixta tripartita, compuesta por la Autoridad de Aplicación, los Patrocinadores (representados por aquellas personas humanas o jurídicas interesadas en ser “mecenas” y que al ejercer ese rol reciben un beneficio impositivo) y los Beneficiarios (instituciones y organizaciones).

Los aportes de los mecenas serán destinados a proyectos de infraestructura educativa -construcción, reparación, mejora o equipamiento de espacios destinados al desarrollo de actividades educacionales-; adquisición e instalación de tecnologías que faciliten el acceso a contenidos educativos y clases a distancia, así como tecnologías que faciliten la implementación de técnicas pedagógicas en ámbitos presenciales; proyectos de “inclusión educativa”, formación pedagógica y aquellos que favorezcan la calidad educativa.

Para favorecer el involucramiento de los mecenas, el texto establece una serie de beneficios fiscales. "Las personas físicas o jurídicas que realicen aportes en el marco del presente Régimen, podrán imputarse como saldo a favor frente al pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos para el ejercicio inmediato siguiente a aquel en el que se hubiera generado el aporte", sostiene el documento recientemente presentado.

En los fundamentos de la iniciativa, Kienast aseguró que "este tipo de experiencias evidencia que los incentivos fiscales pueden operar como instrumentos eficaces para ampliar la cobertura, mejorar la calidad educativa y dirigir
recursos hacia sectores críticos, configurándose así como un antecedente sólido para el diseño de un régimen de mecenazgo educativo en la Ciudad".

"Nuestro deber como legisladores es diseñar iniciativas que generen los incentivos apropiados para abordar los desafíos del derecho a la educación con el objetivo de promover el desarrollo humano. Justamente, la presente propuesta legislativa determina la forma en que se implementará la herramienta del mecenazgo educativo, inaugurando un mecanismo transparente de financiación de proyectos educativos y, en consecuencia, profundizando la transformación educativa en la Ciudad de Buenos Aires", completó.

Un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza, encabezado por el fueguino Miguel Rodríguez, presentó un proyecto de ley que propone incorporar de manera obligatoria la asignatura “Cuestión Malvinas” en la currícula escolar de los niveles Primario y Secundario en todo el país.

La iniciativa establece que el abordaje educativo de la Causa Malvinas deberá contemplar los fundamentos históricos, geográficos y jurídicos del reclamo argentino, los antecedentes diplomáticos y resoluciones de los organismos internacionales, el conflicto bélico de 1982 y sus consecuencias, la importancia del reconocimiento a los veteranos y caídos, así como la relevancia estratégica, económica y geopolítica del Atlántico Sur.

Según el texto del proyecto, la enseñanza de la Cuestión Malvinas será entendida como un contenido integral y no meramente conmemorativo, con el objetivo de garantizar una formación sostenida que permita a los estudiantes comprender la magnitud política, histórica y soberana del reclamo argentino.

La autoridad de aplicación será el Consejo Federal de Educación, encargado de definir los lineamientos curriculares comunes, diseñar materiales pedagógicos específicos, promover la capacitación docente continua y fomentar la participación de veteranos de guerra y especialistas en actividades educativas. Al mismo tiempo, se prevé una implementación federal que respete las particularidades regionales de cada jurisdicción.

El proyecto invita también a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la iniciativa, dictando las normas reglamentarias necesarias para su efectiva aplicación en los sistemas educativos locales. La ley, de ser aprobada, entraría en vigencia a partir del ciclo lectivo siguiente a su reglamentación.

En los fundamentos, los autores sostienen que la Cuestión Malvinas constituye una causa histórica, política y moral del pueblo argentino, cuyo tratamiento responde a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que define la recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía como un objetivo permanente e irrenunciable.

Asimismo, remarcan que si bien existen antecedentes normativos y resoluciones del Consejo Federal de Educación que reconocen la enseñanza de Malvinas como contenido prioritario, su abordaje ha sido hasta ahora fragmentado e insuficiente dentro del sistema educativo. En ese sentido, consideran necesario dotar a la temática de un marco legal que garantice su incorporación sistemática y transversal.

“La educación cumple un rol central en la construcción de la identidad, la memoria y la conciencia soberana”, sostienen los legisladores, quienes destacan que la iniciativa no apunta únicamente a revisar un hecho histórico, sino a formar ciudadanos comprometidos con la defensa pacífica de los intereses nacionales y el respeto al derecho internacional.

El proyecto lleva las firmas de Santiago Pauli, Carlos Zapata, Nicolás Mayoraz, Giselle Castelnuovo, Adrián Brizuela, Sergio Figliuolo, Federico Pelli, Damián Arabia, Miriam Niveyro, Alida Ferreyra, Verónica Razzini, Virginia Gallardo, Johanna Longo y Atilio Basualdo, entre otros diputados del bloque libertario.

Tras el cuarto intermedio solicitado la semana pasada, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta se reunieron este miércoles para continuar el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La gran mayoría de los expositores se pronunció en contra del avance de la iniciativa defendida por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Según supo parlamentario.com, el oficialismo está abierto a la incorporación de modificaciones que serán contempladas en la firma del dictamen. De esta manera, una fuente de La Libertad Avanza confirmó que, de no haber sorpresas, el despacho quedará listo el próximo miércoles 22 de abril en una nueva reunión plenaria de las comisiones que presiden Agustín Coto (cabecera) y Nadia Márquez.

A partir de ello, el Senado va a quedar habilitado a llevarlo al recinto el 29 de abril, jornada que coincide con la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados. En el bloque oficialista aún no han resuelto si la sesión será ese miércoles, o directamente el jueves 30 en convocatoria ordinaria.

Coto y Márquez llevaron las riendas de la plenaria que tuvo fuerte presencia opositora.

Dentro de la bancada oficialista, hay quienes señalan que una doble sesión en el Congreso dificultaría aún más los accesos al Palacio Legislativo y otros que opinan que le restaría la atención de los medios de comunicación por contraponerse con el informe de Adorni. Sin embargo, una alta fuente insistió con que las Cámaras son independientes y que no es mala idea hacerlo el 29. Se definirá una vez que el despacho esté firmado entre Patricia Bullrich y los jefes de bloques aliados.

Las voces en contra del proyecto de Sturzenegger

Durante esta jornada que se extendió por más de siete horas, en representación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), el presidente Rodolfo Carrizo se manifestó en contra de las modificaciones a la Ley de Tierras y aseveró que “tenemos que defender la Argentina y que la tierra no sea un comodity”. En el mismo sentido, acusó a la iniciativa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de ser “la decisión de entregar el territorio sin saber cómo y por qué”.

En el mismo sentido, cargó: “Creemos en la defensa irrestricta de la Nación Argentina y defender la patria es un principio histórico”. Si bien su intervención fue breve, agregó que “no debemos permitir que el beneficio que podrán hacer grandes grupos de la economía o latifundistas que quieren expropiar parte del territorio modificando la Ley de Tierras nos saquen un derecho”.

Camporista, el exdiputado nacional Santiago Igón (2015 - 2023) consideró: “Tenemos que darnos cuenta de que si toda esa tierra no podía ser vendida a estos capitales, y hoy podría, a partir de esta ley, desde el Estado estamos agrandando la oferta para que esas tierras valgan mucho menos”. Antes había mencionado que “ningún incendio fue ocasionado por un turista haciendo asado o por los mapuches porque, justamente, hay una cuestión inmobiliaria”, en alusión a los incendios forestales que azotaron la Patagonia durante enero y febrero del 2026.

Alineado con la postura de la oposición más férrea del Congreso, añadió que “no es casual y vienen a llevar adelante una cuestión que le fue frenada por la Justicia porque alguien les iba a hacer una denuncia”. Y afirmó que “la Argentina que viene necesita otras cosas y a esta ley no la necesitamos”. Concluyó al exigir “el tercio que le corresponde a Chubut por el Impuesto al Combustible para arreglar las rutas y darles la posibilidad a las economías regionales de resurgir”.

Comenzado el segundo bloque, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay –invitado de la senadora Patricia Bullrich- sostuvo que la propiedad privada “es uno de los elementos fundamentales del estado de derecho”, pero planteó pensar a qué se apunta con las soluciones legislativas que se impulsan: “¿A fortalecer a los grandes propietarios o a ver el modo en que se puede difundir la propiedad entre aquellos que no la tienen?”.

El abogado señaló que el proyecto “se orienta a fortalecer el derecho a la propiedad mediante la reducción de restricciones regulatorias, la mejora de los estándares de seguridad jurídica, y la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales vinculados. La iniciativa resulta consistente con un enfoque inter institucional que prioriza la previsibilidad normativa, la protección de derechos individuales y la promoción de la inversión”.

Sin embargo, cuestionó que se generan dudas sobre la protección ambiental, urbanización de barrios populares y una mirada “poco contemplativa” del problema habitacional en el actual contexto económico.

“Me parece bien que se agilicen los procedimientos administrativos y judiciales, pero hay que ver cuáles son los objetivos. Me llamó la atención que usen el término ‘villa miseria’ pensé que estaba superado porque se habla de asentamientos y esto da un tono de lo que se persigue”, cuestionó.

Sobre tierras rurales, Sabsay indicó que “se propone la flexibilización del régimen de titularidad extranjera mediante la eliminación de topes cuantitativos, se inscribe en una lógica de inversión y tope y dinamización del mercado de tierras. La subsistencia y restricción respecto de estados extranjeros y la incorporación del criterio de evaluación por seguridad y soberanía nacional funcionan como salvaguardas institucionales. En este caso no se encuentran mayores inconvenientes”. Al respecto, planteó que “en la práctica hay que ver cómo se va a reglamentar porque es un marco muy general por ahora”.

Al referirse a los procesos de desalojo y reformas procesales, manifestó: “Estoy muy de acuerdo en el desalojo en aquellas experiencias nocivas que tuvimos con aquellos falsos mapuches que ocupaban tierras de propietarios absolutamente con título, pero, además, lo hacían de forma violenta y se han producido muertes. Me parece muy bien que se termine con un fenómeno tan irregular y nocivo”.

No obstante, indicó que “la reducción de plazos y garantía debe ser monitoreada en su implementación para evitar que se vea afectada el debido proceso”, y sugirió que se debe acompañar de políticas de vivienda para sectores vulnerables. “Debemos armonizar el derecho a la propiedad privada con los derechos sociales desde la Constitución”, expresó.

“El proyecto presenta avances en el derecho a propiedad, seguridad jurídica, eficiencia institucional lo que justifica una valoración general favorable. No obstante, se identifican dos áreas críticas: la política de integración socio urbana donde se recomienda un rol activo y coordinado; y la regulación del manejo del fuego donde se advierte un retroceso en estándares de protección ambiental que debe ser revisado”, concluyó.

El especialista en derecho administrativo, Mariano Marcucci, consideró que el proyecto “avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado, en tanto, prevé la posibilidad de producir pruebas una vez que se expida el Tribunal. Asimismo, establece que el control judicial procederá en todos los casos y no solo en los de arbitrariedad. También tiene en cuenta el precio del bien y mecanismos de actualización”.

“Se prevé que el control judicial sea amplio, por lo tanto, el proyecto va a favor de las garantías de los particulares y avanza sobre el control judicial de las facultades discrecionales del Estado y debe ser celebrado en este punto. En este sentido avanza el estado de derecho y las leyes que avancen en el Congreso”, cerró.

El exfuncionario del ReNaBaP, Luciano Celsi, quien también es referente de barrios populares en Bariloche cargó apreciaciones en contra del Capítulo III que propone modificaciones y derogaciones a la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana): “Se está atacando a los más vulnerables y a los más marginados”. “¿Es la solución que necesita Argentina?”, cuestionó.

La derogación del artículo 15 del marco normativo sancionado en el 2018 propone, según palabras de Celsi, “la habilitación de los desalojos”. Enumeró, además, que la creación del RENABAP “benefició a 1.300 barrios populares, generó 320.000 puestos de trabajo, 25.000 lotes con servicio y asistió a más de 250.000 personas”. Sobre su provincia, destacó la construcción de 54 obras de infraestructura y más de 4.600 viviendas con acceso al agua, el gas y la red eléctrica.

“La Ley ReNaBaP trajo trabajo, dignidad y desarrollo”, sintetizó Celsi, quien aprovechó los minutos finales para fustigar al gobierno de Javier Milei: “El declive empezó en diciembre del 2023 cuando se dejaron de entregar certificados de vivienda familiar; luego se degradó la Secretaría en Subsecretaría y después en Dirección; y el 99,9% se desfinanció”. “Dimos un paso atrás tremendo e imagínense cómo están las personas mayores y los discapacitados en los barrios populares”, concluyó.

En su alocución la ministra de ambiente bonaerense, Daniela Vilar, apuntó: “No es una ley de cuidado de propiedad privada sino una ley de transferencia de propiedad de los argentinos a intereses extranjeros, transferencias de ecosistemas a lobbies de especulación inmobiliaria. No es ningún cuidado de nada”.

“Esta ley complementada con la de Glaciares sumada a la eliminación de la Ley de Bosques configura un plan de despojo de la soberanía de la patria”, alertó Vilar y señaló que el proyecto propone saca un tope de la cantidad de tierras que pueden estar en manos extranjeras. “El artículo 35 pone a la venta el acceso al agua de los argentinos. Es un escenario catastrófico”.

También participaron Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados; Matías Oberlin Molina del Observatorio de Tierras; Juan Herrero de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra; Javier Inalaf, combatiente de Incendios Forestales del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Rio Negro; Florencia Gómez del CEPPAS; el doctor Diego Morales del CELS; el ex vicerrector de la UBA, Jaime Sorín; y el doctor en Derecho Administrativo, Carlos Nielsen Enemark.

Sobre el final, Juan Ignacio Maquieyra, expresidente del Instituto de la Vivienda en la Ciudad, arrancó contando que había trabajado bien en su momento con Patricia Bullrich, siendo ella ministra de Seguridad de Cambiemos. Y planteó que “hoy no hay obras de integración social urbana. Hoy hay 5 millones de personas a las cuales no les estamos acercando lo básico: agua, cloaca, electricidad, en barrios en los cuales viven 1.700.000 chicos”.

“Yo puedo entender que alguien tenga algún enojo con alguien que en algún momento tomó una tierra. Lo que no puedo entender es que haya un enojo con un chico que hoy tiene 5 o  6 años y que vive en uno de estos barrios”, advirtió. Maquieyra aclaró que “cuando hablamos de desalojar, estamos hablando de 1.750.000 chicos que tienen menos de 12 años en estos 6.500 barrios. Y en particular nos preocupa que la ley, como está hoy, directamente deja en muchísima mayor vulnerabilidad a ese millón setecientos cincuenta mil chicos, porque la prohibición para desalojar esos terrenos desaparecería, con la ley como está hoy”.

Así que “desde TECHO -continuó- estamos para sentarnos con todas las fuerzas políticas para trabajar con todos los senadores y todos los equipos en nuestra mirada sobre el Capítulo III, porque no queremos que salga la ley como está planteada ahora, porque deja más desprotegidos a esos niños”. Agregó que “la discusión que por ejemplo hoy planteaba la senadora Bullrich con respecto al título de propiedad para mí es una discusión valida, pero no creo que valga la pena sostener que desaparezca la prohibición de desalojos que cambia la forma en la cual el Estado nacional tiene la responsabilidad principal por empujar la integración social urbana en estos barrios”.

Sobre el final, Patricia Bullrich aclaró que “ningún barrio va a ser desalojado. Eso es una locura. Pero con este modelo actual lo que se logra es la paralización; no se logra que el barrio avance”. Según la jefa del bloque oficialista del Senado, la forma de poder avanzar es a partir de dos conceptos que consideró fundamentales: “La propiedad privada total y absoluta en manos de cada uno de los propietarios. Y que aquellos barrios puedan construir una trama urbana distinta, porque aferrarse a algo que no ha dado resultado, que no genera la necesidad de mover aquellos lugares básicos para generar un cambio importante”.

Según Bullrich, el objetivo de la ley propuesta es “lograr la transformación de los barrios populares en barrios con todas las características de los barrios de nuestro país”.

Tras pedir cuarto intermedio, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado retoman el debate del proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La cita está fijada para este miércoles 15 de abril a las 15 en el Salón Azul del Palacio Legislativo y contará con la presencia de una veintena de invitados.

El proyecto comenzó con la exposición del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió la propuesta enmarcándola en los que definió como los dos pilares centrales del actual Gobierno: el equilibrio fiscal y la libertad económica. También sostuvo que el país nunca logró “poner sobre la mesa” el respeto efectivo de los derechos de propiedad, lo que habría frenado proyectos de inversión de gran escala.

La reunión conjunta estará presidida por Agustín Coto, titular de Asuntos Constitucionales, y Nadia Márquez, de Legislación General. Según confío a parlamentario.com una fuente de la oposición dialoguista, el oficialismo está abierto a la introducción de modificaciones que, incluso, serán incorporadas en el dictamen que podría ser firmado la otra semana.

De todas maneras, la reunión de este miércoles será meramente informativa y el Senado recibirá a Diego Armesto, Lilia Calderón, Rodolfo Carrizo, Luciano Celsi, Fernanda García Monticelli, Martín Galli Basualdo, Florencia Gómez, Jerónimo Guerrero Iraola, Juan Herrero, Santiago Igon, Paulino Inalaf, Juan Ignacio Maquieyra, Mariano Marcucci, Diego Morales, Gervasio Muñoz, Carlos Nielsen Enemark, Matías Oberlin Molina, José Luis Peter, Ariel Rondán Piacenti, Daniel Sabsay, Jaime Sorín y Daniela Vilar.

El proyecto de ley 

La propuesta del Gobierno nacional enviada al Congreso el 27 de marzo, propone modificaciones a la Ley de Expropiaciones y Código Procesal Civil y Comercial; al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana; a la Ley de Tierras; a la Ley de Manejo del Fuego; y a la Ley de Registro de la Propiedad Inmueble.

Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. "De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real", sostuvo el PEN.

Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.

Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. "Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria", señaló el Gobierno en los considerandos.

Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.

Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional; y se modifica la figura de la expropiación irregular, mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.

El PEN manifestó que en esta propuesta "se pone el foco en que la protección del derecho de propiedad demanda la existencia de mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, lo cual resulta incompatible con la garantía de inviolabilidad dispuesta por nuestra Ley Suprema".

En este sentido, el proyecto introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.

Asimismo, se modernizan los sistemas de notificación, por medio de la incorporación del domicilio electrónico, y se fortalecen las facultades del juez para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.

La iniciativa prevé modificaciones y derogaciones de varios artículos de la Ley Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (N° 27.453), bajo el argumento de que "la implementación del régimen no ha permitido avanzar de manera significativa en la transferencia efectiva del dominio a los ocupantes, lo que evidencia la existencia de restricciones relevantes tanto en su diseño como en su aplicación".

Se propone sustituir el esquema centralizado por un modelo que reconozca no solo el rol del Estado Nacional, sino también el rol preponderante de las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la implementación de los procesos de regularización dominial, en línea con el sistema constitucional de distribución de competencias.

"La reforma propuesta no genera un vacío normativo, sino que sustituye un esquema único y rígido por un sistema de instrumentos diversos, cuya aplicación deberá ser coordinada entre las distintas jurisdicciones, conforme a sus competencias y capacidades", expresó en los fundamentos.

Entre unas de las modificaciones, defendió que el cambio del artículo 12 "se orienta a asegurar que la ejecución de obras se rija por criterios de eficiencia, transparencia e igualdad, permitiendo la participación de todos los actores en condiciones equitativas, sin perjuicio de la posibilidad de promover la participación de actores locales en los términos que se establezcan en cada caso".

Actualmente, este artículo de la Ley 27.453 indicar que las obras de integración socio-urbana deberán ser adjudicadas en un 25% como mínimo a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los barrios populares.

El Poder Ejecutivo apuntó que la situación jurídica de la Ley de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (N° 26.737) "es particular", ya que se estableció su derogación por medio del DNU 70/23, pero ésta se encuentra suspendida luego de una medida cautelar dictada por la justicia.

"Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos", sostuvo el PEN.

Y señaló que "la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional".

El Gobierno busca derogar los cambios introducidos a esta ley en 2020, a raíz de un proyecto impulsado por el diputado Máximo Kirchner. El PEN subrayó que estos cambios impiden "modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración. Sin embargo, estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida".

De esta manera, se busca dejar sin efecto los artículos que establecen prohibiciones de 60 años (para el caso de bosques nativos, áreas protegidas y humedales) y de 30 años (para el caso de zonas agrícolas) para que, en caso de incendios, se realicen modificaciones en el uso y destino que esas superficies tenían con anterioridad a ser afectadas por el fuego.

A su vez, se restituye un artículo que establece la restricción sobre las zonas consideradas bosques nativos, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de la jurisdicción correspondiente.

Finalmente, el proyecto impulsa la modernización de la Ley 17.801 y sus modificaciones, con el objeto de adecuar el sistema registral inmobiliario a los estándares tecnológicos actuales y a las exigencias constitucionales de seguridad jurídica, eficacia administrativa y protección del derecho de propiedad, consagrados en la Constitución Nacional.

Se apunta a la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan la digitalización integral del sistema registral y que habiliten la presentación de documentos en soporte electrónico, el uso de firma digital conforme a la normativa vigente y la implementación de sistemas de registración que aseguren la inalterabilidad, integridad y trazabilidad de la información.

Con la intención de ponerle un freno a la corrupción, la presidenta del bloque La Libertad Avanza (LLA) y mano derecha de Karina Milei, Pilar Ramírez, impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para instaurar la "Ficha limpia" en el distrito, a fin de establecer supuestos de inelegibilidad aplicables a quienes pretendan postularse como candidatos a cargos públicos electivos en el ámbito local.

De esta manera, el texto sostiene que no podrán ser candidatos a jefe y vicejefe de Gobierno o diputados aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos contra la integridad sexual; delitos contra la administración pública; fraude en perjuicio de la administración pública; delitos contra la libertad, el estado civil, la seguridad de la Nación, entre otros puntos.

En este sentido, Ramírez explicó en los fundamentos de la iniciativa que "se propone impedir que puedan ser candidatos aquellos individuos que hayan sido condenados en segunda instancia por delitos de especial gravedad, incluyendo los delitos contra la administración pública, la integridad sexual, la libertad y la seguridad de la Nación, entre otros" y consideró que "de esta forma, se establece un estándar claro y objetivo que prioriza la defensa del interés público por sobre cualquier pretensión individual de acceso al poder".

Además, la libertaria sostuvo que "desde una perspectiva institucional, la incorporación de la figura de 'Ficha Limpia' contribuye a ordenar el sistema político y a poner fin a una lógica de impunidad que durante años ha permitido que personas con antecedentes graves continúen ocupando o aspirando a cargos de representación. No se trata de una sanción adicional, sino de una condición razonable para el ejercicio de un derecho político, en resguardo del conjunto de la sociedad".

"En línea con lo expresado por el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, la política no puede escindirse de la moral, sino que debe asumirla como un eje rector de la acción pública. La reconstrucción de la confianza social exige volver a colocar valores básicos —como la honestidad, la responsabilidad y el respeto por la ley— en el centro de la vida institucional. En este sentido, la 'Ficha Limpia' no es solo una herramienta normativa, sino la expresión concreta de una concepción de la política donde la integridad deja de ser una opción y pasa a ser una condición indispensable", sentenció.

El suceso policial que activó los protocolos de evacuación en el Colegio Estación Limay de Cipoletti ocurrió el jueves por la mañana, pero recién este viernes trascendió que el acusado de amenazar con “ir armado y matarlos a todos” sería el hijo de la diputada nacional Lorena Villaverde. Una vez que se efectuaron las amenazas, mientras se llevaba a cabo una clase de plástica de secundaria, el colegio fue evacuado y mantenido vigilado con fuerte custodia policial.

El operativo estuvo a cargo de la Policía rionegrina y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Fuentes locales revelaron a este medio que el colegio permaneció cerrado hasta que se logró retirar al adolescente de 13 años identificado con el nombre I.V. De todas maneras, por temor a que algo ocurriese, más de la mitad del alumnado no asistió al establecimiento este viernes.

Las autoridades del Colegio Estación Limay, uno de los más prestigiosos de la provincia de Río Negro, analizan la situación junto a equipos de psicopedagogía para definir si proceden a la expulsión del joven adolescente. La custodia en el establecimiento quedó a cargo de la Fiscalía N°1 que encabeza Eugenia Vallejos, quien ordenó la presencia de varios móviles policiales sobre la calle Ingeniero Krause al 400 en la ciudad de Cipolletti.

Sucedió también que este viernes un grupo de padres se acercó al establecimiento para presentar diferentes quejas por lo acontecido y exigir medidas disciplinarias, luego de haber presentado diferentes denuncias. De todos modos, el nuevo Régimen Penal Juvenil entrará en vigencia recién en septiembre, y el adolescente no es punible por tener 13 años.

Según confiaron fuentes a este medio, el adolescente habría sido hostigado por otros alumnos en rigor de la investigación que surgió a partir de las diferentes denuncias que señalaron a la diputada nacional por un emprendimiento inmobiliario en zonas de alto valor por la cercanía al mar que nunca fueron concretados. La causa aún sigue en curso, pero el malestar social, a raíz de ese hecho, incómoda a Lorena Villaverde en su provincia.

El banner que Villaverde promocionaba en redes sociales sobre el emprendimiento inmobiliario investigado en Las Grutas.

El mes pasado, en un colegio de secundario de Santa Fe, un adolescente de 15 años abrió fuego dentro de las instalaciones del Colegio San Cristóbal con una escopeta y mató a otro de 13 años. Este antecedente generó el pánico entre los cuerpos docentes que de inmediato dieron aviso a las autoridades locales para activar los protocolos de evacuación ante estos hechos.

En línea con la sanción de la Ley Penal Juvenil, el diputado nacional Francisco Morchio presentó un proyecto para modificar el Régimen de Asignaciones (24.714). El texto del entrerriano propone suspender la AUH destinada a protección social de aquellos adolescentes que se encuentren con sentencia en delitos tipificados por el Código Penal con cumplimiento efectivo de prisión.

En la actualidad, el monto a percibir por Asignación Universal por Hijo ronda los $110.000 y los $142.000 para beneficiarios que residen en zonas australes. El último dato brindado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), estimó que hay 4.119.752 inscriptos (septiembre 2025) menores de 18 años que perciben el subsidio mensualmente cuando sus progenitores están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico.

El proyecto de modificación a la Ley 24.714 que propone Morchio, establece, también, que “la percepción se restablecerá al momento en que el menor haya cumplido con todas las medidas impuestas en el marco del Régimen Penal Juvenil, mediante resolución judicial que así lo disponga y no haya adquirido la mayoría de edad”.

Es la primera vez que Morchio presenta una iniciativa con giro a Previsión y Seguridad Social.

“Es necesario resaltar que en la legislación actual no se encuentra sancionada ninguna norma que prevea la posibilidad de suspender dicho beneficio cuando el menor de edad, responsable penalmente, haya cometido un delito tipificado por nuestro ordenamiento jurídico penal, en claro detrimento de la sociedad”, señaló Francisco Morchio, último en sumarse del bloque de La Libertad Avanza.

Asimismo, reiteró en los fundamentos que el objeto de esta iniciativa es “suspender el beneficio social de la AUH que perciben los progenitores de aquel menor de edad que haya trasgredido la ley penal, en claro detrimento de la paz social, hasta tanto haya dado efectivo cumplimiento de las medidas penales impuestas por el juez competente y no haya adquirido la mayoría de edad al momento del levantamiento”.

La iniciativa impulsada por Francisco Morchio tiene giro a la Comisión de Previsión y Seguridad Social que este semana quedó a cargo del diputado oficialista Pablo Ansaloni. Es la primera vez que el legislador que representa al gobernador Rogelio Frigerio impulsa un texto vinculado a este tema debido a que generalmente aborda cuestiones destinadas a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

En el rol de miembro informante, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc, optó por compartir el tiempo de intervención con Nicolás Mayoraz y utilizó sus minutos para criticar la postura de la oposición. “A los que dicen que están 80 a 20, si leen las 2.999 presentaciones escritas, hay 70 a favor de la Ley y 30 en contra, pero ustedes leen y entienden hasta donde quieren”.

La intervención comenzó con un pedido de aplausos para “todo el personal legislativo” que participó de “la audiencia pública histórica”. En ese momento, desde el flanco opositor, comenzaron a gritarle al sanjuanino. Cabe recordar que Unión por la Patria, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda pidieron la nulidad de las audiencias realizadas por considerar que no dieron lugar a la participación de todos los inscriptos.

En tal sentido, José Peluc presentó las cifras finales de las audiencias públicas: “Fueron 106.467 personas inscriptas, 2.999 hicieron presentación escrita, 90 subieron video, 113 participaron presencialmente y 98 de manera virtual”. En ese punto, volvió a criticar a los integrantes de la oposición y lanzó: “Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”.

Activo en este debate desde el comienzo del período ordinario, el sanjuanino de La Libertad Avanza le endilgó a la oposición haber “tratado de zorros a los gobernadores”, concepto referido a presuntas negociaciones tras bambalinas en virtud del avance de esta reforma ambiental. Dicho esto, añadió que “San Juan pasa un momento de sequía muy grande”.

Antes de darle la palabra a su par de bancada, José Peluc volvió a señalar al bloque opositor: “Ustedes no entienden el sistema del agua y (la modificación a la Ley de Glaciares) va más allá de lo que ustedes quieren interpretar”. “Estamos totalmente a favor porque tenemos experiencia minera y (experiencia en San Juan) de falta de agua”, cerró.

Mayoraz explicó el dictamen 

Haciendo uso del tiempo del miembro informante, Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, también cargó contra la oposición y las organizaciones ambientales que se manifestaron en contra de la reforma: “Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”.

Abocado a la desarrollar los puntos del despacho, el diputado santafesino consideró que la modificación a la Ley de Glaciares “viene con claridad meridiana del Senado” porque, a su parecer, “busca aclarar conceptos y no se altera el paradigma”. A su vez, cuestionó la redacción vigente y señaló que “lleva 15 años la ley sancionada y solo se han hecho estudios de primer nivel”, que en palabras del libertario “solo se hizo el relevamiento de fotografía satelital”.

Mayoraz, en su intervención, reiteró que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares”.

Antes de pasar a leer el dictamen, reiteró que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares”, y alegó que “esta ley viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”. También, agregó que “queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA hoy no tiene”.

En el final, Mayoraz redundó en el eje de su intervención: “Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”.

Concluyó que “la regla es que ‘no se toca’ y les toca a las provincias, como principales garantes de la tutela ambiental en sus provincias, hacer el relevamiento de segundo y tercer nivel para encontrar que esa geoforma, si así resultase, está bien o mal catalogada”.

Mientras baja la espuma de las acusaciones de Manuel Adorni, la diputada salteña de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, reconoció haber viajado con su hijo desde Salta haciendo uso de los viáticos oficiales que el Congreso concede a cada legislador para llevar a cabo la labor parlamentaria.

Entrevistada en FM Noticias de Salta, Flores, quien este miércoles dejó la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, fue consultada por una presunta fotografía junto a su hijo en el aeropuerto de Salta y reveló: “En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso, esto no es un delito”.

La consulta sobre el uso de los viáticos oficiales a Flores se dio a partir de una imagen viral en los medios de comunicación salteños, donde se la ve abordar un vuelo junto a su hijo. La diputada interrumpe con "no entiendo que pasó con mi hijo". "Mi hijo estudia Abogacía así que va y viene".

Lejos de negarlo, Gabriela Flores agregó que "también le he dado pasajes para otras cosas". También se refirió a la imagen tomada en el aeropuerto y lanzó, en tono irónico: "Al que me sacó la foto, le mando saludos".

En tal sentido, explicó que su progenitor, mayor de edad que se encuentra cursando estudios universitarios, asiste a la Facultad de Derecho en la Ciudad de Buenos Aires, y ante la insistencia de los locutores, reiteró: “Sí, mi hijo viajó conmigo con pasajes del Congreso porque va y viene de Buenos Aires a Salta”.

De todas maneras, la diputada salteña con mandato desde diciembre del 2025 referenció que cada diputado nacional cuenta con un sistema de viáticos, los cuales contemplan la asignación de pasajes aéreos y terrestres. Además, Gabriela Flores expresó que los mismos "pueden ser utilizados de manera flexible".

La consulta respecto al acompañamiento de su hijo en un pasaje aéreo otorgado por la Cámara de Diputados fue repetida varias veces, a lo que Flores aclaró que "no hay irregularidades".

Cuando las declaraciones de Flores se hicieron virales en X, la diputada nacional Mónica Frade cargó contra la salteña y la comparó con el jefe de Gabinete: "Si Adorni permanece en su cargo, si se regalan dinero del Banco Nación en créditos hipotecarios, si Libra goza de buena salud y ANDIS sigue dando vueltas....los libertarios se sienten con similares 'derechos'". Y aseveró que "son la peste".

Si Adorni permanece en su cargo, si se regalan dinero del Bamco Nación en créditos hipotecarios, si Libra goza de buena salud y Andis sigue dando vueltas....los libertarios se sienten con similares "derechos". Son la peste. https://t.co/v983EKP5sq

— Monica Frade (@MonicaFradeok) April 8, 2026

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió al cruce de las críticas lanzadas desde La Libertad Avanza, en particular de Sebastián Pareja, quien había cuestionado al Ejecutivo provincial por supuestamente “cajonear” la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

En conferencia de prensa, Bianco respondió a las declaraciones del referente libertario en la provincia quién apuntó contra la Provincia por “cajonear proyectos”. "El gobierno de la provincia de Buenos Aires no cajonea nada, cumple la ley” respondió el ministro.

En ese sentido, Bianco recordó que el sistema electoral vigente, basado en la boleta partidaria, está establecido por normativa y no puede ser modificado unilateralmente por el Ejecutivo.

“El sistema que se utilizó en la última elección es el que está definido por ley. Nosotros no podemos cambiarlo; esa es una discusión que debe darse en la Legislatura”, remarcó el funcionario, al tiempo que cuestionó a los referentes libertarios por desconocer la división de poderes.


”Hoy hay un sistema electoral vigente en la provincia de Buenos Aires, que implica un tipo de boleta, que es la tradicional boleta partidaria, que fue la que se utilizó en la última elección, quizá los de La Libertad Avanza todavía no entienden la independencia de los poderes, nosotros no podemos modificar el sistema electoral como gobierno de la provincia de Buenos Aires” sostuvo.

Además, el funcionario puso en duda los argumentos que impulsan la BUP, recordó que uno de los principales ejes del debate era la supuesta mayor transparencia del sistema, algo que, según sostuvo, “no se verificó en la práctica”.

“En 2025 llevamos adelante probablemente el acto electoral más transparente de la historia de la provincia de Buenos Aires”, afirmó, y detalló que, sobre más de ocho millones de votos emitidos, solo se registraron 11 infracciones menores, vinculadas incluso a boletas de La Libertad Avanza.

En la misma línea, también rechazó el argumento económico. “se decía que iba a ser más barata con la BUP, pero demostramos que era el doble de cara”, señaló, en referencia a la comparación entre elecciones organizadas con boleta partidaria y el esquema nacional.

Finalmente, Bianco cerró con ironía ante las críticas opositoras “si quieren cambiar el sistema, que presenten un proyecto en la Legislatura. Incluso les podemos regalar una Constitución para que la lean”.

El cruce se da en un contexto de creciente discusión sobre reformas electorales, donde desde La Libertad Avanza buscan instalar la boleta única como eje de transparencia, mientras el oficialismo provincial insiste en que el sistema actual funciona correctamente y que cualquier modificación debe surgir del ámbito legislativo.

Con la certeza de que la reunión plenaria de este martes lograra el dictamen del proyecto de modificación a la Ley de Glaciares, el oficialismo elevó el pedido formal para ir al recinto el próximo miércoles 8 de abril a las 15.

La iniciativa, la cual cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero pasado, debió ser puesta a consideración de la ciudadanía por medio de dos audiencias públicas solicitadas por la oposición que se llevaron a cabo el 25 y 26 de marzo pasado. Desde la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron los métodos de selección de participantes y pidieron la nulidad de las mismas.

De todas maneras, a más de un mes del inicio del período ordinario, La Libertad Avanza ha podido recolectar los consensos mayoritarios para ir en búsqueda de la sanción definitiva este miércoles. El petitorio presentado contempla el aval del Pro, la Unión Cívica Radical, Santa Cruz, Producción y Trabajo,  Innovación Federal e Independencia.

Cabe destacar que si se contabilizan los bloques que adhirieron al pedido de sesión especial para tratar la modificación a la Ley de Glaciares, la Cámara baja parte de una base de 127 legisladores, a un diputado del quórum. Fuentes del Pro confirmaron a parlamentario.com que Alejandro Finocchiaro no estará en el Congreso el miércoles por el cuadro de salud que atraviesa desde hace semanas.

La nota presentada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llevas las firmas del jefe de bloque oficialista Gabriel Bornoroni; de las autoridades del plenario que pasar el texto a la firma, José Peluc (Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales); de la secretaria parlamentaria Silvana Giudici y de Giselle Castelnuovo.

También están las firmas de tres integrantes del interbloque Fuerza del Cambio: Javier Sánchez Wrba del Pro; de Pamela Verasay del bloque radical; y José Luis Garrido de Santa Cruz. Y completan el pedido el misionero Alberto Arrúa de Innovación Federal, la sanjuanina Nancy Picón Martínez y la tucumana Gladys Medina de Independencia.

Así las cosas, en el oficialismo son optimistas de poder contar con adhesiones de Provincias Unidas, Adelante Buenos Aires, el MID, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Encuentro Federal en la conformación del quórum; y a su vez, de los representantes peronistas de San Juan y Catamarca para la votación, tal como ocurrió en el recinto de la Cámara alta el pasado 26 de febrero.

Los puntos del proyecto

Este proyecto que modifica a la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.

La norma fue redactada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.

También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

A un mes de la sanción del Régimen Penal Juvenil, La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para prohibir la tenencia y de dispositivos móviles de comunicación en personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios. El texto es de la autoría de Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque, y acompañado con la firma de 58 integrantes del oficialismo.

La propuesta establece incorporar el artículo 79 bis a la Ley 24.660 (de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad) y también modifica el 85 que tipifica como infracción disciplinaria la “tenencia, ocultamiento, facilitación, introducción o tráfico de elementos electrónicos y de comunicación o dispositivos móviles no autorizados”. Del mismo, propone agregar el inciso k que menciona el intento al acceso a internet de servicios de comunicación digital por fuera de los sistemas autorizados y controlados por la autoridad competente.

En los fundamentos, Giudici explicó que “el uso de dispositivos móviles en las cárceles se ha transformado en una fuente delictiva posibilitando que los internos cometan ilícitos desde el interior del penal llegando a tener un grave impacto sobre las personas del exterior”. En ese sentido, advirtió que esto “contribuye al sostenimiento de bandas de delincuencia organizada que son lideradas por los propios internos”.

Silvana Giudici es la secretaria parlamentaria del bloque oficialista desde diciembre pasado.

El proyecto de ley lleva las firmas de Nicolás Mayoraz, Laura Rodríguez Machado, Damián Arabia, Sergio “Tronco” Figliuolo, Marilú González Estevarena, Patricia Holzman, César Treffinger, Patricia Vázquez, Alejandro Fargossi, Alejandro Bongiovanni, Carlos Zapata, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Giselle Castelnuovo.

En los últimos años crecieron las denuncias por estafas virtuales, algo que la iniciativa mencionó, y agregó que esto se generó con “el uso más común es a través de llamados telefónicos o simulando ser funcionarios públicos para solicitar transferencias de dinero”. Otros delitos que la secretaria parlamentaria del oficialismo relató a partir del uso de celulares en las cárceles son las extorsiones, manejos de organizaciones criminales, amenazas y planificación de atentados, acceso a cuentas bancarias y billeteras virtuales de manera ilícita.

Por otro lado, invocó la modificación a la Ley 24.660 sancionada en 2017 y el establecimiento de esta prohibición "bajo un criterio restrictivo en relación con la tenencia de dispositivos móviles, los cuales eran considerados elementos no autorizados dentro de los establecimientos penitenciarios".

Y cargó contra la gestión del Frente de Todos por haber vuelto a autorizar el uso de teléfonos celulares en las cárceles argentinas, inicialmente justificado por la pandemia de COVID-19 y la suspensión de visitas. En ese punto, aseveró que la medida "generó controversia por la falta de control sobre los líderes narcos y las bandas de crimen organizado que pudieron continuar con la comisión de delitos libremente desde los penales".

En el final, Silvana Giudici mencionó tres casos concretos de delitos cometidos desde las cárceles a través del uso de dispositivos de comunicación: El primero en 2020 en manos de padre y su hijo, ambos detenidos en el mismo pabellón en la cárcel de Batán que se hicieron pasar por un comisario para extorsionar a un vecino de Balcarce al pedirle $20.000 donde le ofrecían “no armarle una causa por abuso sexual”.

El segundo fue en marzo del 2022 por el que se acusó al líder la banda de "Los Monos", Ariel Cantero, de "dirigir una banda de crimen organizado" desde el penal. Por el hecho, fue imputada la exinterventora María Laura Garrigós por presunta omisión de controles.

El último caso mencionado por la diputada oficialista fue la extorsión sexual que derivó en el suicidio del soldado Rodrigo Gómez a finales del 2025 en la Quinta de Olivos. A partir de la investigación en curso, fueron detenidas tres mujeres acusadas de extorsión y tres masculino que habrían operado desde los penales de Magdalena y Olmos.

Un grupo de diputados de La Libertad Avanza suscribió un compromiso público para trabajar activamente en la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por el Congreso en el año 2019.

Este compromiso fue suscripto en un acta elaborada en el marco del Día del Niño por Nacer, que tuvo su correlato en un acto celebrado en esa jornada en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, del que tomaron parte legisladores y representantes de organizaciones comprometidas con “la defensa de las dos vidas”.

De hecho, el texto suscripto habla del compromiso de los firmantes a “trabajar activamente en la defensa de las dos vidas, hasta el logro de la derogación definitiva de la inconstitucional Ley del Aborto.

El texto lleva las firmas de los diputados Santiago Santurio (Buenos Aires), Santiago Pauli (Tierra del Fuego), Jairo Guzmán (Santa Cruz), Rubén Darío Torres (Buenos Aires), Gladys Humenuk (Buenos Aires), Mónica Becerra (San Luis), María Luisa González Estevarena (Buenos Aires), Bárbara Andreussi (Jujuy), Andrea Fernanda Vera (Buenos Aires), Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego) y Carlos Zapata (Salta).

Durante el acto celebrado en el Delia Parodi, Pauli pidió la colaboración de las organizaciones presentes “para trabajar en todo lo que queremos cambiar en Argentina, incluyendo la derogación de la nefasta Ley del Aborto”, palabras que fueron rubricadas por un cerrado aplauso de los presentes. El diputado fueguino agregó que “aunque por un lado es una posición que personalmente a mí me pone incómodo de decir que queda algo muy importante por hacer en este Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, es un compromiso que nosotros tenemos, que va más allá de cualquier otra cosa. Antes de ser diputados, antes de ser políticos,  antes de pertenecer a un espacio político, en mi lugar primero soy cristiano, soy hijo, soy padre, tengo un compromiso. Entonces necesitamos trabajar juntos para que esto se haga realidad”.

Durante la jornada se proyectaron testimonios de mujeres en situación de vulnerabilidad que recibieron acompañamiento durante sus embarazos vulnerables, destacando la importancia de las redes de contención y la asistencia. 

En esto, el pastor Christian Hooft, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), expresó su preocupación por la caída de la natalidad en el país y señaló la necesidad de fortalecer las políticas de cuidado y acompañamiento. “Vivimos en una tragedia”, afirmó, al tiempo que compartió datos recientes sobre natalidad y aborto en Argentina. 

En ese marco, Gabriel Ballerini destacó: “Volver a poner la vida en el centro del debate no es solo una consigna, sino una responsabilidad ética y política que interpela a toda la sociedad”. Asimismo, convocó a participar de la 11ª Marcha por la Vida, que se realizará el sábado 28 de marzo a las 14 h en Plaza Italia, en conmemoración del Día del Niño por Nacer. 

La jornada contó con la participación de referentes provida como Gabriel Ballerini, la doctora Fátima Silva, Patricia Soprano, Lorena Aguilar de La Merced Vida, Ayelén Alancay y Raúl Magnasco de +Vida, Vicente Teruggi de Participar en Libertad. También acompañaron directivos de otras organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa y el acompañamiento de la vida, entre ellas Casa de la Mujer, Proyecto Vidas, Fundación Argentina, Coalición de Mujeres Argentinas, Mujeres de Fe Argentina, AMEV, y Abrazo de Vida, quienes trabajan activamente en la contención y asistencia de mujeres en situación de vulnerabilidad durante el embarazo.

Fuentes libertarias consultadas por este medio aclararon que este no es un tema de agenda para el Gobierno en la actualidad, pero sí corresponde a una insistencia del ala conservadora del bloque oficialista.

Vale recordar también que en los albores de esta gestión la diputada Rocío Bonacci presentó un proyecto de derogación de la Ley 27.610, que originalmente tenía numerosas firmas libertarias, pero que ante la repercusión que el tema tuvo, allá por febrero de 2024, optaron por retirar su apoyo a ese texto.

La legisladora de Confianza y Desarrollo (CyD) y dirigente de Confianza Pública (CP), Graciela Ocaña, apuntó con dureza contra el vocero presidencial Manuel Adorni por su patrimonio, le exigió que de explicaciones sobre el mismo y terminó comparándolo con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El descargo de la diputada se dio luego de que el funcionario fue consultado, en el marco de su tradicional rueda de prensa, acerca del chárter a Punta del Este, la casa en un country y las inconsistencias en su declaración jurada. "Mi patrimonio lo construí, antes de entrar al gobierno, no tengo nada que esconder (...) Como hay una investigación judicial no puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer la causa", indicó.

"Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré y es un tema estrictamente personal (...) Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué, ya no sé cómo explicárselos. Es un tema de investigación judicial. No tengo por qué explicar una transacción privada por la que la justicia no me está preguntando, cuando me lo pregunten se presentará la documentación correspondiente. Parece que hay una confusión entre lo que es una dádiva y cuando uno afronta sus gastos", remarcó el funcionario.

A través de sus redes sociales, Ocaña salió a responderle a Adorni y le exigió que de explicaciones. "Adorni, basta de dar vueltas: sos funcionario público y tenés que dar todas las explicaciones que hagan falta -en la Justicia pero también a la sociedad- presentá los papeles y terminá con el tema. Ya nos quisieron vender el cuento de la 'abogada exitosa' y mirá qué mal terminó. La transparencia no es relato", precisó.

"Lo de Adorni me hizo acordar a CFK que así explicaba su crecimiento patrimonial excesivo. Adorni tiene que dar explicaciones porque es un funcionario público y es evidente que él no pagó el viaje a Punta del Este, porque la Justicia ya tiene las facturas", continuó y concluyó planteando que "es importante porque ya tuvimos casos donde un tercero vinculado al Estado pagaba las cosas. ¿Te acordás de Jaime? El mismo caso es el de Manuel Adorni. Déjate de jorobar y da las explicaciones que tenes que dar".

Tal y cómo lo anticipó días atrás parlamentario.com, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lucía Montenegro encabezó la jornada de debate "Los presos inocentes", en donde se reflexionó acerca de las "falsas" denuncias por violencia de género.

El evento se desarrolló en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con la presencia de 300 personas, quienes se inscribieron previamente y recibieron un certificado por su participación. Participó del mismo el Doctor José Eduardo Villena.

Durante la disertación se habló sobre los presos victimas de estas falsas denuncias y se alertó que el resultado de estas acciones son "cárceles súper pobladas de hombres inocentes, que perdieron sus casas, el contacto con sus hijos, luchando desde la clandestinidad".

En ese sentido, Montenegro expresó que "por el solo hecho de ser hombres, millones de seres humanos están en libertad condicional hasta que a alguna mujer se le ocurra denunciarlo. Esto que parece una locura, no solo es así, sino mucho peor" y rememoró una situación personal: "con mi hermanita vivimos en carne propia esta situación, y se de miles que las viven. La mujer es 'víctima y testigo', o sea, el sistema puso en sus manos la capacidad de destruir a un semejante a su antojo".

"Estas denuncias son una avanzada del feminismo, brazo ejecutor de la ideología de género. Una verdadera locura que no solo ocasionó hombres privados de su libertad, con la consecuente condena social, sino también suicidios. Por tanto, no creo que sea simple o fácil, pero creo que se debe terminar. Y si miles o cientos de Miles se movilizaron para imponer esta aberración, en esta hora, nuestra hora, nos movilizaremos para corregir este error", cerró la legisladora.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que realiza un evento de este tipo, ya que en 2023 hizo lo propio con otro encuentro bajo el lema “La moda de las falsas denuncias”. El mismo se realizó en la Legislatura porteña y fue profundamente criticado por movimientos  feministas.

Según informó la libertaria, la inspiró en ésta lucha el Presidente Javier Milei, con su pedido de igualdad ante la ley, "ignorando las consignas de género que tanto daño causaron a la familia y a toda la sociedad".

La presidenta del bloque La Libertad Avanza (LLA) y mano derecha de Karina Milei, Pilar Ramírez, impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca reformar el régimen de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria vigente en el distrito capitalino, a fin de simplificar la norma y extender los plazos de realización.

De esta manera, el texto propone modificar los plazos de periodicidad de la verificación vehicular. Se establece que
los vehículos de uso particular cero kilómetro realicen la primera verificación a los cinco años desde su patentamiento inicial; que los vehículos de hasta diez años de antigüedad efectúen la revisión cada dos años; y que aquellos que superen dicha antigüedad deban realizarla de manera anual.

Asimismo, el proyecto propone modificar el modelo actual de prestación del servicio de verificación vehicular en la Ciudad, avanzando hacia un sistema abierto. De este modo, cualquier taller, concesionario o importador de vehículos que cumpla con los requisitos técnicos y profesionales establecidos por la normativa podrá ser habilitado para ofrecer el servicio y emitir los correspondientes certificados.

A su vez prevé introducir cambios en el régimen vigente de grabado de autopartes, eliminando la fijación del precio por parte del Gobierno de la Ciudad y permitiendo que el servicio pueda ser realizado por cualquier prestador que cumpla con los requisitos técnicos establecidos por la normativa. De este modo, el costo del grabado será libremente
acordado entre las partes.

También se incorpora la posibilidad de que el propio titular del vehículo realice el grabado de las autopartes, siempre que utilice herramientas que cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes.

Finalmente, la iniciativa dispone la unificación del Registro de Talleres a cargo de la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria con el Registro de Verificación de Autopartes, a fin de reducir costos administrativos, evitar duplicaciones innecesarias dentro de la estructura estatal y optimizar los mecanismos de control. De este modo, los talleres habilitados para realizar la VTV deberán verificar también el cumplimiento del grabado de autopartes, sin cuyo cumplimiento no podrá emitirse el certificado de verificación técnica que habilita la circulación del vehículo.

En ese sentido, Ramírez pidió terminar "con el monopolio de la VTV en la Ciudad. Siguiendo el camino de Javier Milei y Federico Sturzenegger presentamos un proyecto para terminar con los trámites recaudatorios". 

Por lo que indicó que, en caso de que el texto sea aprobado, se podrá realizar el tramite "en tu taller de confianza. El primer control a los 5 años. Significa menos burocracia, más libertad. Hagamos que la Ciudad, de una vez por todas, avance a la velocidad de la Nación".

A dos semanas del comienzo del período ordinario en el Congreso, el Senado convocó a nueve reuniones constitutivas para comenzar a reordenar la agenda parlamentaria. La Libertad Avanza sumará unas cinco presidencias, mientras que concede tres para la Unión Cívica Radical y una para Convicción Federal, bloque peronista que rompió con Unión por la Patria.

Durante los meses de diciembre del 2026 y el segundo tramo de sesiones extraordinarias de febrero de este año, el oficialismo en la Cámara alta conformó las comisiones de Acuerdos; Ambiente y Desarrollo Sustentable; Justicia y Asuntos Penales; Presupuesto y Hacienda; Relaciones Exteriores y Culto; y Trabajo y Previsión Social en virtud del temario confeccionado por el Poder Ejecutivo de la Nación.

Ahora bien, la jornada de designación de presidentes en las comisiones comenzará este miércoles 18 de marzo a las 11.00 con la elección del fueguino Agustín Coto en Asuntos Constitucionales. Una hora después, a las 12.00, la santafesina del radicalismo, Carolina Losada, será ratificada a cargo de Seguridad Interior y Narcotráfico.

La constitución de comisiones se verá interrumpida el miércoles por la realización de la sesión ordinaria que le dará ingreso al pliego de extensión del juez federal Carlos Alberto Mahiques, los ascensos militares y los tratados internacionales con Francia, Austria e Italia. Fuentes confirmaron a parlamentario.com que el inicio será a las 14.00.

De todas maneras, el jueves la conformación de titularidades continuará con la elección de Joaquín Benegas Lynch en Agricultura, Ganadería y Pesca a las 10.00; luego, a las 10.30, Carolina Moisés será ratificada al mando de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y Nadia Márquez quedará a cargo de Legislación General; a las 11 se conformará Turismo y la mendocina Mariana Juri será presidenta; 11.30 elegirán a Luis Juez a cargo de Defensa Nacional; 12.30, el pampeano Daniel Kroneberger será propuesto en Asuntos Administrativos y Municipales; y la jornada concluirá con la designación de Bruno Olivera Lucero en Deporte a las 13.

El reclamo de la oposición

Una de las cuestiones a resolver era la cantidad de vocalías para los representantes del interbloque Popular que conduce José Mayans. En el plenario del martes pasado, Fernado Salino, titular de Justicia Social Federal, reclamó por la inclusión de los vocales de la oposición dura que aún no fueron agregados a Presupuesto y Hacienda.

De todas maneras, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, recibió en la reunión de Labor Parlamentaria al senador formoseño, Juliana di Tullio y al puntano Salino y dio el aval para que el interbloque Popular tenga seis vocales en las comisiones que tienen 17 en total. Este reclamo por parte de la oposición comenzó en diciembre con el debate de la Modernización Laboral por el que la oposición dura decidió no girar los nombres.

El malestar de "Popular" surgió cuando se quedaron con cinco vocales en Presupuesto y Hacienda, y en Trabajo y Previsión Social y no seis como alegaron que les corresponde por la repartición proporcional que establece el Sistema D'Hondt.

Pese a que su tratamiento en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fracasó en varias oportunidades, los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) insistieron en la necesidad de avanzar con la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En ese sentido, a través de su cuenta de X, la presidenta de ese bloque y mano derecha de Karina Milei, Pilar Ramírez, volvió a resaltar la importancia de esa iniciativa para reactivar la economía local. "El Presidente es claro, la Argentina despegó. Es momento de trabajo, industria e inversiones. La Ciudad no puede quedarse atrás, tenemos que aprobar el RIGI. Los porteños eligieron la libertad que Javier Milei está llevando a todos los argentinos", aseguró.

En tanto, el libertario Nicolás Pakgojz (LLA) se sumó al pedido. "Cada día que pasa sin que la Ciudad de Buenos Aires se adhiera al RIGI es una oportunidad que perdemos para crecer. De esto hablamos con llevar el modelo de Javier Milei a la Ciudad: más libertad para invertir, para producir y para incentivar el desarrollo económico", completó.

Cabe recordar que através de la adhesión a este régimen se buscaba incentivar “las grandes inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país”, “promover el desarrollo económico”, “desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, “incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI”, “favorecer la creación de empleo” y “generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse”.

Así como también “crear para las ‘Grandes Inversiones’ que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI”, “fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales” y “fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI”.

El presidente del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, comparó que con el kirchnerismo “es inviable la charla, pero con el peronismo hay diálogo”, al tiempo que destacó que con la superioridad numérica del oficialismo en la Cámara baja “se está ante la posibilidad de frenar la agenda del kirchnerismo”, a la vez que dijo que es positivo que haya “un diálogo fructífero” con gobernadores peronistas.

“Antes el kirchnerismo podían hacernos llevar adelante una agenda completamente en contra de lo que los ciudadanos habían votado y ahora tenemos la posibilidad de frenar su agenda y llevar adelante la que propone Javier Milei. Tenemos más fortaleza para que las leyes que envía el Ejecutivo puedan ver la luz. Leyes que, con otra Cámara, no habíamos podido llevar adelante”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia y sumó: “El kirchnerismo que hay en el Congreso es el que bloquea todos, desconecta cables, grita, atropella”.

Bornoroni afirmó: “Veo un Congreso con más posibilidades, pero tampoco voy a hacer exitista de que se imponga la agenda del Presidente. Es un trabajo que tenemos que hacer”. En ese sentido, se refirió al trabajo del diálogo que “hacemos diariamente con Martín Menem con los puentes tratando de que haya diálogo directo con cada bloque que no son del kirchnerismo ni de la izquierda. Con el resto tenemos un muy buen diálogo. Con cada ley tratamos de que cada uno participe, no imponerla, para que las leyes que salen sean parte de una oposición simple”.

Además, manifestó: “Es inviable una charla con un kirchnerista. Podes estar horas o días hablando de una ley y, al final, te hacen lo mismo, pero en contra a pesar de que metes modificaciones que te sugieren”.

Sobre la reunión del diputado Miguel Ángel Pichetto con Cristina Fernández de Kirchner expresó: “No sé qué hace, no lo entiendo. Tengo diálogo con Pichetto, es bueno y constructivo. No sé si fue sorpresa, solo intento tener el diálogo directo con cada uno. No tengo la referencia del motivo o el plan que tiene de por qué fue a visitarla”.

“La fórmula es el diálogo constante, me parece positivo que haya un diálogo fructífero. Con los gobernadores que son peronistas podes sentarte a dialogar, no hay una cuestión personal. Me parece adecuado estar en contacto con los distintos gobernadores de todas las fuerzas. Si es kirchnerismo es inviable la charla, pero los peronistas si hay diálogo y te podes sentar a hablar”, ratificó.

Por otro lado, sobre el artículo 44 de la Ley de Modernización Laboral que fue retirado sobre las licencias: “No veo que sea el momento de volver a introducirlo, pero si los diputados presentaron un proyecto sobre esto habrá que verlo, con nuestra bancada no hablaron aún”.

La diputada por La Libertad Avanza (LLA) Lucia Montenegro encabezará en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una jornada de debate y reflexión respecto de las "falsas denuncias por violencia de género" y exigir la "igualdad ante la ley".

El evento que lleva el lema "Los presos inocentes" se realizará este 18 de marzo a las 17 horas en el Salón Dorado de esa Casa, ubicada en Perú 160, y requiere inscripción previa. "¿Te denunció falsamente una mujer? No importa que le hiciste o que no le hiciste. No importa si ese día estabas a mil kilómetros de distancia y lo podés probar. Ni siquiera importa si no la conoces. ¡Vas preso!", sostuvo Montenegro en la convocatoria al acto.

Del mismo participarán el senador nacional de LLA por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, y el Doctor José Eduardo Villena.

En diálogo con parlamentario.com, Montenegro explicó que "se llamó a este evento 'Los presos inocentes', obviamente, en relación a los presos víctimas de falsas denuncias por violencia de género" e indicó que "tenemos que aceptar que ante la justicia técnicamente no existen denuncias falsas, pues de ser así , ningún juez procesaría al imputado. Entonces ¿Cómo es? La denunciante, mediante ciertas artimañas legales que le facilita el andamiaje judicial, se transforma de denunciante en 'víctima', y con el apoyo de alguna amiga o amigo, a la que alguna vez le contó, la fantasía pasa a ser real".

"O bien, en los oscuros laberintos de la superstición psicológica encontrará riberas dónde anclar su nave de falsedades y hacerlas realidad. Luego solo resta un juez ávido de condenar y el crimen será legal, esto concluye con cárceles súper pobladas de hombres inocentes, que perdieron sus casas, el contacto con sus hijos, luchando desde la clandestinidad", sostuvo.

Asimismo, la libertaria se mostró confiada en que " esto se solucionará, el primer paso es visibilizar" y precisó que "la inspiró en esta lucha el Presidente Javier Milei, quien siempre remarcó la igualdad ante la ley, ignorando las consignas de género que tanto daño causaron a la familia y a toda la sociedad".

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la diputada encabeza un acto de este estilo en la Legislatura, ya en 2023 había hecho lo mismo en un primer evento bajo el lema "La moda de las falsas denuncias", el cuál recibió criticas por parte de movimientos feministas.

En medio de un sinuoso arranque del período ordinario, La Libertad Avanza en el Senado movió las fichas de su tablero y tomó la decisión de cambiar al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: el jujeño Ezequiel Atauche fue reemplazado por el porteño Agustín Monteverde.

Una alta fuente confío a parlamentario.com que el legislador de la provincia de Jujuy será propuesto para quedar al frente de la Comisión Bicameral Permanente Mixta Revisora de Cuentas que, hasta el período 2025, estuvo presidida por el diputado Miguel Pichetto.

“Hemos decidido desde el bloque cambiar la presidencia de esta comisión, que he presidido durante los últimos dos años. Es una comisión que ha trabajado mucho, que tiene entre sus logros la Ley Bases, el Paquete Fiscal, entre otras iniciativas. Esta comisión ha trabajado muy fuerte. Tuvo momentos muy arduos y duros, sobre todo el año pasado", expresó Atauche durante el plenario de comisiones que se realizó este martes en el Senado.

Y continuó: "Es momento que hoy, por decisión del bloque, se cambie la presidencia y sea para el senador Agustín Monteverde, quien va a hacer un gran trabajo". "Es economista y el Presidente de la Nación quiere un economista en la Comisión de Presupuesto, me parece algo adecuado”, reveló.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, le agradeció a Atauche porque “se puso al hombro esta comisión cuando éramos pocos y trabajó defendiendo al Gobierno y las ideas. Muchísimas gracias”.

Monteverde ingresó a la Cámara de Senadores en la boleta de La Libertad Avanza en 2025 secundando a Bullrich. Su designación en la principal comisión se debe a "su vasta experiencia en materia económica y por su defensa a las ideas liberales".

La Comisión de Presupuesto y Hacienda se conformó en diciembre pasado destinada a abocarse a los tratamientos de los proyectos de ley del temario de sesiones extraordinarias. El senador porteño había sido ya designado como vocal de la misma.

Por otro lado, Atauche supo ser presidente de bloque y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda durante los dos primeros años de gobierno de Javier Milei. Con la renovación legislativa, el oficialismo triplicó su presencia en la Cámara alta y concedió la titularidad del bloque a Bullrich.

En primera instancia, el senador jujeño con mandato hasta 2029 fue ratificado como el titular de la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, se decidió que Monteverde tome las riendas en este nuevo período ordinario 2026.

Tras el inicio del nuevo año parlamentario, las negociaciones por el reparto de las comisiones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se intensificó y tanto La Libertad Avanza (LLA) como Fuerza por Buenos Aires (FxBA) presionan al oficialismo local para ceder algunas de las más importantes.

Es que con la reciente incorporación de Sandra Rey a LLA,  la distribución de las bancas en el Parlamento porteño quedó de la siguiente manera: 20 escaños para FxBA; 14 para los libertarios; Vamos por Más (VxM) cuenta con 11; Confianza y Desarrollo (CyD) con seis; la Unión Cívica Radical - Evolución (UCR-Ev) con cinco; y las cuatro restantes se reparten en la izquierda y exlibertarios.

Este reparto de escaños hizo que los bloques conducidos por Pilar Ramírez (LLA) y Claudia Neira (FxBA) hicieran prevalecer su crecimiento y exigieran una distribución más acorde de las comisiones.

En ese sentido, los libertarios buscan quedarse con ocho comisiones, entre ellas la de Justicia, Seguridad y Asuntos Constitucionales. Tres espacios sumamente importantes que siempre fueron conducidos por el oficialismo o sus principales aliados, y que este 2026 tendrán un rol determinante, ya que se tratarán los pliegos de designación de 50 jueces porteños y será clave en el proceso de transición por el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito local, en paralelo a la consolidación del fuero propio.

Además, desde LLA pidieron la presidencia de Desarrollo Económico, Asuntos Interjurisdiccionales, Descentralización y Cultura.

Por su lado, desde FxBA buscarán retener todas las comisiones que ya estaban bajo su órbita, entre las cuales se destacan espacios como Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación; Discapacidad; Legislación del trabajo; entre otras. Y si bien están dispuestos a continuar negociando con VxM, lo cierto es que el peronismo buscará ampliar las comisiones que preside de manera tal que sea acorde a la cantidad de legisladores que posee.

En tanto el oficialismo no se da por vencido y sigue dialogando con diputados de otros espacios para sumarlos a su bancada y así poder equiparar a LLA, a fin de competir por las comisiones de mayor importancia y lograr retenerlas.

A pocos meses de no poder asumir su banca en el Senado por presunto vínculo con el narcotráfico, la diputada nacional Lorena Villaverde sufrió otro revés, esta vez en materia judicial: el Juzgado Civil N° 9 de San Antonio Oeste ordenó el embargo por una cifra superior a los $31.000.000 en el marco de la causa que investiga la presunta venta irregular de terrenos en Las Grutas.

La resolución de la jueza Vanessa Kozaczuk incluyó el libramiento de un oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con mención al juzgado de la ciudad atlántica y hacia a las personas facultadas.

En diciembre pasado, cuando la Cámara alta no logró aprobar el diploma de la rionegrina, quien debió permanecer en la Cámara de Diputados con mandato hasta el 2027, el juez Santiago Morán había ordenado otro embargo por una suma total de 40,5 millones de pesos, desglosados en 27 millones de pesos correspondientes al capital reclamado y 13,5 millones en concepto de intereses y costas judiciales.

La denuncia relató que Lorena Villaverde habría celebrado un contrato de compraventa de unos terrenos dentro del emprendimiento “Tajamar”, desarrollo inmobiliario, donde se habrían recibido pagos durante años que comenzaron en el 2020, pero sin que se cumplieran las obras de infraestructura prometidas, ni se avanzara con la posibilidad de escrituración del lote.

Entre otros puntos, la demanda judicial exige la nulidad del contrato y la devolución de las sumas de dinero abonadas con actualización por IPC. También se solicita una reparación de los daños ocasionados dentro del marco de la Ley 24.240 de Protección y Defensa de los Derechos de los Consumidores.

Las causas que involucran a Lorena Villaverde abarcan un conjunto de procesos judiciales tanto en Argentina como en Estados Unidos, con antecedentes que se remontan a principios de los años 2000. Su historial incluye una condena por narcotráfico en Florida, donde fue detenida en 2002 con cocaína y dinero no declarado, lo que derivó en una sentencia y posterior libertad condicional. También figura una causa previa por obstrucción de la justicia en 2001, vinculada a una investigación policial en Miami Beach.

En Argentina, Villaverde enfrenta múltiples denuncias por estafas inmobiliarias, todas relacionadas con el emprendimiento “Tajamar” en Las Grutas. Diferentes compradores la han acusado de incumplir obras de infraestructura prometidas, de no avanzar con las escrituraciones y comercializar lotes sin habilitaciones municipales.

El senador nacional Ezequiel Atauche, presidente de La Libertad Avanza en Jujuy, participó de la reunión nacional del espacio encabezada por la secretaria general de la Presidencia y titular partidaria a nivel nacional, Karina Milei, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, vicepresidente del partido.

El encuentro reunió a referentes de los 24 distritos del país con el objetivo de fortalecer la estrategia territorial y consolidar el proyecto político que lidera el presidente Javier Milei.

“Estamos ante una etapa decisiva para la Argentina. Javier y Karina Milei marcan con claridad el rumbo de un país que dejó atrás el populismo y avanza hacia la libertad, el orden y la prosperidad”, sostuvo Atauche, quien destacó la importancia de consolidar equipos en cada provincia para acompañar las reformas estructurales impulsadas desde el Gobierno nacional.

Durante la jornada se analizaron lineamientos políticos y organizativos con una mirada federal, reafirmando el compromiso de sostener en el territorio el mandato expresado por los argentinos en las urnas. “En octubre la sociedad ratificó el cambio profundo que comenzó en 2023. Nuestro deber es estar a la altura de esa confianza, con coherencia, convicción y resultados concretos”, remarcó el jujeño.

El legislador subrayó que “la reunión nacional de La Libertad Avanza, con Karina Milei y Martín Menem, fue una nueva oportunidad para seguir consolidando este proyecto de país que encabeza el presidente Javier Milei” y agregó que tienen “un mandato claro, la moral debe ser nuestra política de Estado”.

Finalmente, el senador destacó: “Estamos construyendo un proyecto sólido, con liderazgo firme y una visión estratégica de largo plazo. La Argentina que viene será libre, moderna y próspera, y la estamos haciendo realidad con trabajo y decisión”.

“El Congreso más reformista de la historia”, así resumieron dirigentes del oficialismo el discurso del presidente Javier Milei en la apertura del periodo de Sesiones Ordinarias que brindo este domingo en el Congreso de la Nación donde prometió “nueve meses ininterrumpidos de reformas”.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, compartió un video en su cuenta de “X” y tituló: “Hay equipo, hay rumbo y hay convicción. Sabemos qué cambiar y tenemos la firmeza para llevar adelante cada reforma necesaria, junto al mejor presidente de Argentina”.

Por su parte, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, comentó: “El mensaje fue claro y contundente. Tenemos una oportunidad histórica para que la Argentina vuelva a ser grande abrazando la moral como política de Estado”.

El senador representante de la provincia de San Luis sostuvo que “el presidente hizo un detallado análisis explicando con claridad de dónde venimos y hacia dónde vamos. Enumerando las leyes que aprobamos en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, incluido el primer Presupuesto sin déficit fiscal”.

Para Bartolomé Abdala en este 2026 se inicia un camino “de crecimiento y de transformación, tal como afirmó el Presidente, siempre privilegiando la eficiencia. El proceso virtuoso de Argentina continuará y desde el Senado estamos preparados para defender los diez paquetes de reformas estructurales que enviará el Poder Ejecutivo en los próximos nueve meses”.

La jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, celebró: “Decididos a cambiar la historia de Argentina para siempre. Enorme apertura de sesiones, Presidente. ¿Más reformas, Presidente? Desafío aceptado”. Su par Ezequiel Atauche sumó: “La moral como política de Estado es lo que lleva adelante Milei, quien nuevamente sentó las bases para trabajar en el Congreso más reformista de la historia a favor de los argentinos y no de unos pocos. VLLC!”.

Atauche agregó: “El Congreso más reformista de la historia tuvo ayer una de sus jornadas más brillantes con el discurso de época del presidente Milei. Este será un año de las reformas históricas donde continuaremos sentando las bases de una Argentina libre, próspera y moderna”.

“Y así arranca el periodo de sesiones ordinarias MÁS REFORMISTA DE LA HISTORIA. Seguiremos cambiando la historia con Milei”, compartió el cordobés y titular del bloque de Diputados, Gabriel Bornoroni.

Apertura de sesiones ordinarias 2026

De la mano y mirándonos a los ojos .En ese gesto simple se resume algo enorme : la responsabilidad de acompañar aun cuando el camino es difícil.

Gracias por el esfuerzo, por la determinación y por cargar sobre los hombros decisiones que no… pic.twitter.com/4VIt53qNwX

— virginia gallardo (@virchugallardo) March 2, 2026

“Histórica apertura de sesiones ordinarias del Presidente Milei. Nos mostró cómo se va a ver el país al que ya estamos yendo. Nos invitó a ser la generación que cambió el destino de nuestra Patria, con procesos virtuosos que generarán un nuevo sentido de orgullo nacional, sustentado en lo que pueden hacer los argentinos en libertad”, escribió la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero y agregó: “¡El cambio de era es imparable y la moral vuelve a ser Política de Estado! Ya estamos esperando el primer paquete de proyectos. 2026 Año de la Grandeza Argentina”. La senadora Belén Monte de Oca agregó: “Tenemos la responsabilidad de acompañar este camino con leyes y convicción. ¡Será un gran año para la Argentina!!”.

La senadora salteña María Emilia Orozco manifestó: “Orgullosamente parte del CONGRESO MÁS REFORMISTA DE LA HISTORIA, lista para escuchar al mejor presidente”. En el mismo sentido se expresó el diputado Damián Arabia: “Señor Presidente: estamos listos. Seremos el Congreso más reformista de la historia”. La diputada Sabrina Ajmechet expresó: “Una nueva Argentina ya es realidad. La Argentina, el primer caso en el mundo de salida exitosa del populismo. El Congreso más reformista de la historia”.

Un honor haber recibido al Presidente de la Nación, @javiermilei y a la Secretaria General de la Presidencia, @KarinaMileiOk . pic.twitter.com/XPsZjwNTDp

— Nadia Judith Márquez 🇦🇷 (@nadiajmarquez) March 2, 2026

Minutos después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, dejara inaugurado el XXIX periodo de sesiones ordinarias, la presenta del bloque La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez, presentó en la Legislatura porteña un paquete de iniciativas mediante las cuáles se buscará reordenar el funcionamiento del distrito capitalino.

De esta manera, LLA buscará marcar agenda desde los primeros días del nuevo año parlamentario y dejar plasmado el encuentro que Ramírez tuvo días atrás con el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"El orden no se negocia en la Ciudad. Presentamos un paquete de proyectos prioritarios para que en la Ciudad se termine la joda de delincuentes y mafias", comenzó la mano derecha de Karina Milei a través de su cuenta de X, ex Twitter. Al mismo tiempo que remarcó que "vinimos a representar a la gente de bien: la que labura, paga impuestos y está harta de bancar a los que viven al margen de la ley".

De esta manera, entre el paquete de iniciativas que presentó recientemente se destacan cuatro proyectos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la Ley Procesal Penal Juvenil a fin de "bajar la edad de la imputabilidad. Queremos responsabilidad penal desde los 14 años porque quien comete un delito, debe responder ante la ley".

Por el otro lado, ponerle fin a los trapitos. "Endurecemos las sanciones y penas de arresto que propuso el poder ejecutivo de la ciudad, para quienes se apropian del espacio público. Si hay apriete o extorsión, la pena es mayor. Los porteños no tienen porqué pagar para estacionar en la calle", siguió.

Otro de los ejes centrales para LLA tendrá que ver con una ley antimafia. "Adhesión total a la normativa nacional para aplastar al narcotráfico y la trata. Coordinación absoluta para desarticular estructuras criminales complejas", detalló.

Y finalmente, modificaciones en sistema de residentes en el ámbito de la salud. "Se acabaron los tours sanitarios. Prioridad absoluta para quienes sostienen el sistema con sus impuestos. Extranjeros sin residencia permanente deberán pagar por prestaciones programadas o contar con seguro médico", explicó la jefa de la bancada LLA.

"Además, seguimos impulsando la baja de impuestos, el RIGI, la Ley Bases CABA y Ficha Limpia. Mientras la Nación avanza, la Ciudad no puede quedarse atrás", completó.

Picante, Javier Milei no tardó ni diez minutos en cruzarse verbalmente con los integrantes de Unión por la Patria, sentados en el flanco izquierdo del recinto de la Cámara de Diputados. "Manga de ladrones, por eso tienen a la suya presa", endilgó el presidente de la Nación a la bancada kirchnerista.

Luego de saludar a los presentes en el Congreso de la Nación, el líder libertario celebró la aprobación de los cinco temas de sesiones extraordinarias: el Presupuesto 2026, el Principio de Inocencia Fiscal, el Régimen Penal Juvenil, la Ley de Modernización Laboral y el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Ante cada pausa, desde el peronismo le contestaban con gritos.

Con un recinto colmado en las gradas por militantes libertario y todos sus legisladores del centro a la derecha del hemiciclo, el presidente encontraba la aprobación aplausos y cánticos. Fue en ese momento que le recordó con dureza al principal bloque opositor la condena que cumple Cristina Kirchner: “La justicia social es un robo... manga de ladrones, por eso tienen a la suya presa”.

En medio de la celebración por cada reforma aprobada, el jefe de Estado endilgaba fuertes cuestionamientos a la gestión del Frente de Todos. Desde el flanco de Unión por la Patria seguían las contestaciones fuera de micrófono. En las gradas, la militancia libertaria agitaba el clima -símil cancha de fútbol- bajo el cántico de “tobillera”. Varios legisladores se sumaron al canto.

Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, le pedía orden a las autoridades de la Asamblea Legislativa. Fue en ese momento que dos senadoras aliadas del oficialismo, la cordobesa Alejandra Vigo y la neuquina Julieta Corroza, abandonar el recinto.

Por su parte, Milei, que percibió el pedido del santafesino, giró sobre su eje y retrucó: “Qué alergia le tienen a los datos… Deja de mirarte al espejo Martínez, los chorro son ustedes”. Después, arremetió contra la diputada nacional Kelly Olmos, a quien llamó “poeta” en más de una ocasión al recordarle su última intervención en el recinto cuando se debatió la Ley de Modernización Laboral.

Un contestario Juan Grabois, que le recordaba el Caso $LIBRA al presidente de la Nación, fue llamado “oligarca disfrazado de pordiosero”. Fue el único momento del discurso en el que Milei pareció salirse de su eje, pero rápidamente logró reponerse de la lectura y, complementando el agravio, agregó: “Seré muy pordiosero, pero les gané por goleada en un balotaje”.

Las interrupciones y los comentarios de Milei ocurrieron una y otra vez durante el discurso presidencial. Pasados los 45 minutos, redobló la apuesta y cargó: “Ustedes usaron la pobreza y los planes sociales para robar, manga de delincuentes”. Con un guiño para la militancia libertaria con fuerte presencia en redes sociales, agregó: “Sigan llorando ‘kukas’, me encanta domarlos”.

En un extenso discurso, la senadora neuquina Nadia Márquez (LLA) sostuvo que la Ley Penal Juvenil actual es “es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas”, y apuntó contra el kirchnerismo: “Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”.

En su alocución durante la sesión del Senado de este viernes, la neuquina aseguró que se trata de un tema que “nos conmueve a todos y que lleva un largo debate” no solo dentro del recinto, sino de la sociedad. “La sociedad últimamente está más de forma más vehemente y convencida nos lo están pidiendo que modifiquemos la Ley Penal Juvenil que es arcaica, vetusta y vieja. Ya no sirve. No nos permite solucionar los problemas que estamos afrontando en la Argentina”, manifestó.

“Entiendo que hay muchas aristas y cada senador tendrá su postura sobre el tema, pero algunos son dignos de poder mencionar. Estoy sorprendida con las declaraciones del senador Capitanich”, apuntó y agregó: “Dice que la postura está basada en la doctrina social de la iglesia”. Esa línea, ironizó: “Yo creo que el Papa estos días resucitó y se murió varias veces cuando lo escuchaba porque decía que era ‘en la dignidad intrínseca del ser humano’”, y recordó que “lo dice quien forma parte de un gobierno que ha aprobado la Ley del Aborto que justamente no reconoce la realidad intrínseca del ser humano. Hoy parece que la nueva forma de matar, en este caso, a las personas por nacer es a través del aborto una nueva categoría es si sos deseado o no, si viniste en el momento indicado o no”.

Márquez consideró que “educar es poner límites. No estamos diciendo que un adolescente de 14 o 15 años es adulto. No, no lo es. Pero si comprende la criminalidad del hecho”. Así, cuestionó: “Algunos senadores daban estadísticas y comparaban la relación de la edad de imputabilidad en otros países que, dicho sea de paso, tenemos la edad más alta en comparación a Paraguay, Chile, Bolivia, pero comparaban los índices de homicidios y delitos”.

Al respecto, sostuvo que “no se trata de índices, así nosotros tuviéramos el más bajo, lo que se sanciona no es la cantidad de delitos que tengamos, lo que se sanciona es lo que está mal. Lo que se sanciona es si la persona ha cometido un delito”.

“Y lo primero que nos preguntamos es si la persona tiene consciencia de la criminalidad del hecho. ¿Sabe que la conducta está mal? Por favor, me muero si alguien hoy dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal. Si en pleno uso de sus facultades ¿no sabe que robar está mal? Sí que sabe. ¿También sabe que pegarle al compañero y molerlo a palos en una casita ahí al costado cerca de donde está la escuela no es un delito? Por supuesto que saben que es un delito. ¿Saben que dispararle a alguien está mal? Si lo sabe”, planteó Márquez.

A su vez, aclaró: “No estamos centrados en el índice de delitos que tienen el resto de los países. Lo que nosotros nos centramos es que si la persona adolescente de 14 años, de 15 años, tiene comprensión de la criminalidad. Y sí, la tiene”, y comparó: “Así como también tienen esa consciencia de lo que está bien y lo que está mal en la religión católica del Estado argentino, se pueden confesar a partir de los 8 años, porque si el chico no tuviera consciencia de lo que está bien o mal, no necesita confesarse. Si tiene actitud para tener la consciencia de ir a confesarse es que sabe que eso está mal”.

“Hay cosas que están mal, que no son delitos penales, y otras situaciones y hechos que están mal y son delitos penales y a eso nos estamos abocando. Lo que sí tenemos que afirmar es que tienen consciencia de la criminalidad del hecho. De que hay una víctima del otro lado. Se les puede explicar y entienden el proceso penal. Entonces son imputables. ¿Por qué no bajar la edad a 12 o 13 años? Hagamos el mismo debate. Entonces nosotros tenemos que educar con límites que sean responsables de las consecuencias de tus actos”, ratificó.

Márquez puso como ejemplo un caso ocurrido en la provincia de Rio Negro en septiembre del 2022 cuando un adulto junto con un menor ingresó a la vivienda de un matrimonio y ejecutan a Lucas Valentini. “En octubre estaba declarada la imputabilidad y el sobreseimiento del chico de 15 años. Ese chico que no se castigó enseguida el delito sintió que no había peligro en cometer delitos por lo que siguió robando hasta que, lamentablemente, dos años después murió en su propia ley por un disparo”, relató.

“Lo que tenemos que debatir es cuál es el mensaje que queremos darle a los adolescentes. Sos responsable de tus actos porque también hay consecuencias en las familias que sufrieron el dolor, la pérdida del ser querido, el trauma, el momento vivido que deja marcas que difícilmente puedan borrarse”, afirmó la libertaria.

En tanto, apuntó: “Escuché a senadores kirchneristas que combatamos el narcotráfico, entonces empecemos por lo más mínimo y dejemos de hablar de consumo responsable. ¿Consumo responsable? Drogate y matate, pero de a poquito, dale. Parece que ese es el mensaje. Dejemos de hablar y de promover como si fuera algo bueno el consumo de drogas social o el consumo de marihuana medicinal”.

La libertaria recordó los casos de Lara Fernández de 17 años asesinada de un disparo en la cabeza por robarle “un miserable celular” en 2022 por un menor de 15 años; Jeremías Monzón también asesinado y torturado en el 2025 con 22 puntazos que le llegaron al corazón mientras lo filmaban y se burlaban en el 2025: “Los asesinos de 14 y 15 años. Ah no, pero son inimputables. El de 14 no entendía. Capaz al puntazo 20 quizás no se dio cuenta. ¿No se dio cuenta?”.

También recordó el caso de Joaquín Speroni de 13 años quien recibió en el 2023 un total de 18 golpes en su cabeza por parte de “un compañero de 13 años, el asesino”; Roberto Sabo de 45 años asesinado en 2021 en su kiosco que le dispararon para robarle, uno de ellos tenía 15 años; Isaías Mendoza de 15 años quien recibió una “terrible golpiza” en el 2025 que le produjo un daño neurológico severo; Uma Aguilera de 9 años asesinada en un intento de robo, “miserables. Falleció al recibir un tiro en la nuca por un menor de 17 años”; Kim de 7 años arrastrada en el auto por 15 cuadras por dos menores de 14 y 17 años que “prefirieron velar por su vida antes que por la menor”.

“No necesitamos conocer todas las historias que pasan para tener la entereza moral de sentarnos a venir a decir que vamos a acompañar este proyecto porque estamos convencidos que la conducta debe corregirse, queremos una sociedad mejor donde se promueva la educación y el trabajo. Hacemos esto por cada familia que llora a un ser querido que nunca va a recuperar y la justicia nunca va a poder sanar ese dolor. Nada llena el vacío de haber perdido a un ser querido. Que sea justicia y que sea ley”, cerró.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) continúa consolidándose en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tan es así que la diputada Sandra Rey abandonó en las últimas horas la bancada del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), referenciado a nivel nacional en Oscar Zago, para sumarse a las filas libertarias.

La información fue confirmada por la presidenta del bloque LLA, Pilar Ramírez, quien detalló que gracias a esta incorporación el bloque cuenta con 14 legisladores, convirtiéndose en la segunda fuerza con más representantes dentro del Parlamento local.

"Junto a Karina Milei le dimos la bienvenida a Sandra Rey al bloque de LLA CABA. ¡El equipo de Javier Milei en la Ciudad ya suma 14 legisladores! Qué lindo se está poniendo esto. ¡Viva la libertad, carajo!", sentenció Ramírez.

Cabe señalar que hasta diciembre pasado, Rey junto al resto de los diputados del MID, trabajó codo a codo con los representantes de Confianza y Desarrollo (CyD), el bloque integrado por Horacio Rodríguez Larreta y Graciela Ocaña.

Con esta incorporación a LLA, la distribución de las bancas en la Legislatura porteña quedó de la siguiente manera: 20 escaños para Fuerza por Buenos Aires (FxBA); 14 para LLA; Vamos por Más (VxM) cuenta con 11; CyD con seis; la Unión Cívica Radical - Evolución (UCR-Ev) con cinco; y las uatro restantes se reparten en la izquierda y exlibertarios.

Con la mirada puesta sobre lo que serán los comicios del próximo año, La Libertad Avanza (LLA) lanzó su "Escuela de dirigentes" con el objetivo de formar un eventual gabinete porteño, dado a que la aspiración de esa fuerza política es competir por la gobernabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La dirección de la misma estará a cargo del vocero presidencial y quien se perfila como candidato a jefe de gobierno para el distrito capitalino, Manuel Adorni, y la jefa del bloque LLA en la Legislatura local, Pilar Ramírez. Además, el funcionamiento estará supervisado por la propia Karina Milei.

Esta Escuela de dirigentes buscará formar a sus principales soldados en materia política y cuadros técnicos, con el objetivo de que, en caso de que ganen las elecciones, estén preparados para gestionar de forma eficiente la Ciudad.

"Se vienen cosas grandes en LLA. Con Karina Milei avanzamos en una iniciativa clave para el futuro de la Ciudad. La Argentina que impulsa Javier Milei exige dirigentes capacitados y comprometidos con las ideas de la libertad Gobernar no es improvisar. Es prepararse y dar la batalla", sostuvieron desde la cuenta oficial de X de los libertarios.

Por su parte, Ramírez explicó que se trató de una "reunión clave con Karina estructura profesional en LLA. Nuestro modelo de Ciudad exige cuadros bien formados. Se vienen nuevos desafíos y nosotros nos estamos preparando. La Libertad Avanza en CABA". 

Mientras que el diputado libertario Nicolas Pakgojz (LLA) concluyó señalando que "se viene una nueva generación de dirigentes con el compromiso y las ganas de llevar las ideas de la libertad a la Ciudad. Cada vez somos más para acompañar al Presidente Milei que está cambiando la Argentina".

Tras el encuentro de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, con el vocero presidencial, Manuel Adorni, parlamentario.com le anticipa algunas de las prioridades legislativas que tendrá la bancada para el inicio de este nuevo año parlamentario.

Uno de los principales objetivos del espacio que responde al presidente Javier Milei será el de reducir las trabajas burocráticas en el distrito capitalino. Tan es así que entre los 66 proyectos que Adorni le entregó a la diputada, se destacan tres iniciativas que buscarán ponerle fin al cobro de ciertas tasas y aranceles, así como también eliminar el sistema de scoring para conductores.

De esta manera, uno de los textos propone eliminar "todo cobro, tasa o arancel vinculado a la expedición de certificados o constancias de libre deuda, cualquiera sea el organismo emisor o el servicio público al que refiera". Mientras que otro plantea lo mismo para "todo cobro, tasa, arancel o derecho administrativo vinculado a la emisión de certificados de habilitación o de inscripción otorgados por organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad, sus entes descentralizados o autárquicos".

Asimismo, otra de las iniciativas que recibió Ramírez en las últimas horas prevé eliminar "el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, conocido como Sistema de Puntos o Scoring, mediante el cual se descuentan o mantienen puntos en función de las infracciones de tránsito cometidas".

Más allá de los proyectos relacionados a las trabas burocráticas, LLA también buscará avanzar con el endurecimiento de penas a los limpiavidrios o cuidacoches. Por lo que los libertarios pedirán incorporar  al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N.º 1472) la figura de “Cobro coactivo por cuidado de vehículos en la vía pública”, con el objeto de sancionar a toda persona que exija, solicite o reciba dinero por el supuesto cuidado o vigilancia de automotores estacionados en lugares públicos y gratuitos.

Cabe señalar que tras la reunión, Ramírez sostuvo en su cuenta de X -ex Twitter-: "Recibí de Manuel Adorni 66 proyectos para presentar en la Legislatura. Eliminar la pauta oficial, endurecer penas a trapitos, menos burocracia y adhesión a la Ley Anti Mafia y la Reforma Migratoria".

"Es hora de llevar a la Ciudad el modelo de Milei que está cambiando la Argentina", sentenció.

A menos de un día de la sesión preparatoria en la Cámara alta, La Libertad Avanza eligió al abogado Mariano Piazza para ser uno de los tres representantes del Senado en la Auditoría General de la Nación (AGN). En caso de concretarse este martes, el organismo del Estado podría quedar totalmente conformado por primera vez en lo que va de la gestión de Javier Milei.

Según publicó Noticias Argentinas (NA), el elegido por el oficialismo responde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al armador libertario a nivel nacional Eduardo “Lule” Menem. Con este escenario, toma fuerza la idea de que la designación de integrantes de la AGN se sume al temario de la sesión preparatoria.

Según fuentes periodísticas, el acuerdo estaría sellado con los integrantes del interbloque Popular y los 10 senadores radical para que Javier Fernández, ex auditor y abogado, sea el representante del peronismo; y el exjefe de bancada de la UCR, Luis Naidenoff, por el bloque que ahora preside Eduardo Vischi.

De consumar este acuerdo y avalarlo en el recinto -se requieren dos tercios-, la Auditoría General de la Nación, a cargo de Juan Manuel Olmos, quedará completa desde que Javier Milei asumió en la Presidencia de la Nación.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados designó a Mónica Almada por La Libertad Avanza; a Pamela Caletti, que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; y al camporista Juan Ignacio Forlón en la madrugada del pasado 18 de diciembre.

Dos meses y medio después de haber dejado el bloque Pro, que integró desde que asumió como senador a través de las listas de Juntos por el Cambio, el cordobés Luis Juez decidió sumarse al bloque de La Libertad Avanza del Senado, que conduce Patricia Bullrich. Así dio un paso más en su alineamiento con el oficialismo, que ya integraba desde el 10 de diciembre pasado, cuando anunció que dejaba el bloque Pro para formar un monobloque que sería parte de un interbloque con La Libertad Avanza.

Dicho monobloque se llamó Frente Cívico, en referencia al partido que Juez lidera en su provincia, pero la experiencia como interbloque se extendió hasta esta última semana, cuando aceptó sumarse directamente al bloque LLA, que queda oficialmente con 21 integrantes, en vísperas de la sesión preparatoria.

Con este número, La Libertad Avanza tiene la misma cantidad de senadores que el bloque Justicialista, que encabeza José Mayans, y que forma un interbloque cruzado por internas con Convicción Federal (5 senadores) y el Frente Cívico por Santiago (2).

Juez es senador nacional desde 2021, y en 2023 había asumido la presidencia del bloque Pro, en reemplazo de Humberto Schiavoni, a pesar de no ser parte del partido amarillo. Dejó ese cargo el 19 de enero del año pasado, luego de diferencias con Mauricio Macri. El cordobés sostenía que su deber era “acompañar al Gobierno y darle herramientas”, recalcando que no había “doble comando”, respaldando abiertamente a Milei en ese contexto. El fundador del Pro, en cambio, buscaba contener a su partido y evitar una subordinación total al mileísmo.

Juez terminó reprochándole a Macri cancelar reuniones entre el bloque Pro y Milei sin consultarlo, y criticó entonces que “muchas decisiones se toman desde afuera y se las comunican por teléfono”, en clara referencia a Macri.

Finalmente Juez dijo que prefería apartarse para no “perjudicar”, ni “herir” la línea de conducción y para tener libertad política en su futuro armado bajo la órbita mileísta.

El objetivo de Luis Juez es ser el candidato a gobernador de Javier Milei en Córdoba, tal cual él lo confesó abiertamente. “La primera vez que hablamos, en marzo del año pasado (2024), comiendo en Olivos, yo le dije: ‘Cuando vos vayas por tu reelección el 10 de diciembre del 2027 yo voy a terminar mi mandato de senador y voy a trabajar con un honor increíble para tu reelección’”, reveló en una entrevista. En otra oportunidad sostuvo que quería ser “el candidato de Milei, no sé si de una coalición o de un espacio más amplio, no sé, pero de Milei. Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo ‘mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez’”.

Ahora, desde el interior de La Libertad Avanza, espera estar más cerca de esa alternativa, aunque bien se sabe que la presidenta nacional del partido violeta, Karina Milei, piensa para ese lugar en el jefe del bloque de Diputados, Gabriel Bornoroni.

Una encuesta realizada por una consultora con sede en la Ciudad de Buenos Aires arrojó un resultado que generó sorpresa en el ámbito político misionero: el dirigente mejor posicionado no fue un referente libertario, sino el intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto, identificado con el oficialismo renovador. El estudio formó parte de un análisis preliminar de cara a la disputa provincial de 2027.

El relevamiento ubicó al jefe comunal entre las principales preferencias del electorado, compitiendo en nivel de adhesión con dirigentes libertarios incluidos en la misma medición. Según los datos analizados, su aceptación no se limita a la capital provincial, sino que también se extiende a distintas localidades del interior.

En ámbitos políticos locales atribuyen este desempeño a su trayectoria de gestión, que durante más de seis años lo mantuvo entre los intendentes mejor calificados del país en mediciones de consultoras nacionales. Obras de infraestructura urbana, ampliación del asfaltado barrial, mejoras en servicios públicos y fortalecimiento de la oferta cultural son algunos de los factores mencionados.

Desde sectores libertarios de Misiones reconocieron que los resultados “causaron sorpresa”, aunque admitieron que Posadas es observada a nivel nacional como una de las ciudades mejor administradas. El estudio también evaluó a otros dirigentes del oficialismo provincial, como Sebastián Macías, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli y el exgobernador Oscar Herrera Ahuad, aunque Stelatto fue el mejor posicionado dentro de ese grupo.

Sin definiciones electorales formales, el resultado de la encuesta agrega un nuevo elemento al escenario político provincial y proyecta la figura del intendente hacia la discusión de 2027, en un contexto donde distintas fuerzas comienzan a medir alternativas para el próximo calendario electoral.

Cuando el oficialismo decidió concentrar todo lo que restaba del temario de extraordinarias en febrero, pocos esperaban que el Gobierno pensara en sacarle tanto jugo al mes más corto del año. Un mes que, además, tiene el extenso feriado de Carnaval, que reduce los días de actividad en un momento clave para la aprobación de los proyectos que le interesan al Presidente de la Nación.

La Libertad Avanza aparece así metida de lleno en una carrera contrarreloj generada fundamentalmente por la decisión de ofrendarle a Javier Milei la aprobación de las leyes más importantes que envió en extraordinarias, para exhibirlas en la apertura de sesiones ordinarias prevista para el domingo 1° de marzo próximo.

Con ese objetivo el oficialismo decidió extremar la actividad convocando a una sesión para esta misma semana “corta” en la que se propone debatir nada menos que la reforma laboral. Quieren “curarse en salud” los estrategas del Gobierno con la decisión de sesionar esta semana, por si sobrevienen cambios que obligan a una vuelta del tema al Senado, cosa que sucedería así la semana siguiente, cuestión de garantizar la aprobación deseada para antes del 1° de marzo.

La agenda de esta semana

En este marco tanto los diputados como los senadores estarán trabajando duro los días hábiles que le quedan a esta semana corta. Arrancarán los diputados a las 14 de este miércoles 18 de febrero, con una reunión prevista en el segundo piso del Anexo C para tratar la media sanción del proyecto de modernización laboral proveniente del Senado.

Será en el marco de un plenario de las comisiones Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que en un trámite exprés se propone emitir dictamen esa misma tarde, cuestión de poder sesionar al día siguiente. Esa sesión no ha sido obviamente convocada aún, pero por lo que pudo averiguar parlamentario.com sería llamada a las 14 horas del jueves 19, cuestión de que nadie tenga problemas con los vuelos, y dejar la mañana libre para cubrir eventualidades. Ese horario y semejante tema para tratar hacen vislumbrar una sesión de unas 20 horas que se prolongaría entonces hasta bien entrado el viernes 20.

Pero volvamos al miércoles. En la Cámara alta, a partir de las 17, se reunirá la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que luego de designar sus autoridades se abocará al debate del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea por otra, celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de enero de 2026. Ese acuerdo ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados y el oficialismo se propone tratarlo en el recinto del Senado la semana siguiente.

La actividad en el Senado continuará en la mañana del jueves 19, cuando a partir de las 11 se reúna la Comisión de Acuerdos. Una comisión que el oficialismo se propone presidir, luego de que hasta el 10 de diciembre hubiera estado a cargo de la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri. Para esta comisión suena fuerte el nombre del riojano Juan Carlos Pagoto, y tras la conformación de autoridades de la misma se tratará el expediente que solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al exdiputado nacional Fernando Adolfo Iglesias.

Más tarde, a las 14.30, también en el Salón Arturo Illia y mientras en la otra cámara estarán sesionando ya sobre la reforma laboral, comenzará en el Senado un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, para tratar el expediente venido en revisión del Régimen Penal Juvenil. Será la primera reunión sobre ese tema en la Cámara alta, y si hay dictamen -ese día, o el siguiente- podría llegar a ser incluido en la sesión de la reforma laboral.

A propósito, confirmada la segura modificación del proyecto de modernización laboral, habrá un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado este viernes, para emitir dictamen.

La modificación de la Ley de Glaciares quedaría para el período ordinario. Se verá.

En busca de asumir un rol opositor al Gobierno nacional más importante del que viene mostrando, el gobernador Axel Kicillof no solo se mostró el miércoles pasado en la marcha contra la ley de Modernización Laboral, sino también cargó con dureza contra el presidente Javier Milei, comparando sus políticas con las de la dictadura.

En referencia a la reforma laboral consideró que “es un proyecto de la dictadura” y que “priva a todos los trabajadores de tener derechos”, al tiempo que comparó la iniciativa al “proyecto de (José Alfredo) Martínez de Hoz durante la dictadura”. Esto generó un fuerte repudio de los bloques de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense.

Kicillof sostiene que la reforma “recorta derechos”, “flexibiliza” y no genera empleo. Según él, el problema no es la normativa laboral sino el modelo económico, recordando períodos de fuerte creación de empleo con el mismo marco legal. Calificarla como “modernización laboral” es, en sus palabras, “una burla”, porque afecta vacaciones, horas extras y derecho a huelga.

En sus declaraciones, el gobernador argumentó que “es el proyecto que se planteó la dictadura y no se pudo hacer entonces ni en democracia”, y agregó que “es el mismo proyecto de Martínez de Hoz”.

En sus redes de comunicación amplió el concepto: “La reforma laboral no es una modernización ni una actualización, es un retroceso que recupera la lógica iniciada por la dictadura con Martínez de Hoz y que vuelve a hacer que el ajuste recaiga sobre los trabajadores”.

Los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires presentaron sendos proyectos en ambas cámaras, con la firma de todos los legisladores, repudiando las declaraciones del gobernador.

“Los bonaerenses estamos cansados del relato que quisieron y siguen queriendo imponer, incluyendo banalizaciones históricas forzadas y mensajes alarmistas que solo profundizan la confrontación y desinforman a la sociedad. La provincia necesita un gobierno que se ponga los pantalones, gestione y solucione los problemas provinciales, en lugar de gastar recursos en un posicionamiento permanente sobre la agenda nacional del presidente Javier Milei”, expresaron diputados y senadores libertarios.

Los tiempos se aceleran. De cara a una semana corta por el feriado de Carnaval, el oficialismo diagramó un cronograma para la misma, aprovechando los tres días hábiles restantes. Resultado: habrá plenario en Diputados el miércoles que viene, y sesión al día siguiente. Una sesión tan larga que concluirá seguramente el viernes. Pero para llegar a esa conclusión, pasó una serie de cosas a lo largo de este viernes que pasaremos a detallar.

La Cámara de Diputados recibió por la tarde la comunicación de la media sanción de la Ley de Modernización Laboral aprobada el 12 de febrero a la madrugada. El trámite fue oficializado por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara alta, que al término de la sesión extraordinaria, recibió el pedido explícito de Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, para que la comunicación fuera “lo antes posible”. Finalmente, el texto rubricado por Victoria Villarruel y Agustín Giustinian fue comunicado a las 16.30 de este viernes.

Tras ello, el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, citó a un plenario de comisiones con la de Presupuesto y Hacienda para este miércoles 18 de febrero, a las 14, en la sala de reuniones ubicada en el 2° piso del Edificio Anexo C.

Solo faltaba que se cumpliera un trámite para poder llevar adelante el plenario: extender las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, pues el reglamento establece que la fecha límite para emitir dictamen es diez días antes del cierre del período correspondiente. Y como ya hemos dicho, la convocatoria original a extraordinarias tenía como fecha de cierre el 27 de febrero. Ese trámite se cumplió por la noche, cuando los presidentes de ambas cámaras recibieron la comunicación suscripta por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Guillermo Ignacio Debitt, según la cual se extienden las sesiones extraordinarias un día más.

Con una composición favorable en las comisiones de Legislación del Trabajo, donde fue designado el correntino Lisandro Almirón, y en Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch, La Libertad Avanza buscará el dictamen ese mismo miércoles para ir al recinto al día siguiente con la Ley de Modernización Laboral como único tema.

La duración será más extensa que lo que ocurrió este miércoles en el Senado con una sesión que se extendió de 16 horas. Una alta fuente reveló a parlamentario.com que en el oficialismo imaginan una sesión que supere las 20 horas.

De todas maneras, en La Libertad Avanza dejaron trascender que son optimistas de poder sancionar definitivamente la ley sin modificaciones, pese a que el Pro, bloque aliado, reiteró en más de una oportunidad que van a insistir con la incorporación de las billeteras virtuales como método de pago de salarios en el artículo 35. El problema no son los principales aliados del oficialismo, sino que se junten las voluntades suficientes para hacer alguna otra modificación.

En caso de que eso prospere y la Ley de Modernización Laboral sufra modificaciones en la Cámara de Diputados, el Gobierno contará con una semana más antes del final del período extraordinario. Por eso es que se aceleran los tiempos para esta semana corta. Previsores, el bloque que preside Patricia Bullrich piensa en ese caso en una eventual sesión el jueves 26 para insistir con el dictamen de la cámara de origen.

El Gobierno se aseguró tener doble chance para dar con el objetivo de tener la sanción de la Ley de Modernización Laboral antes del 1ero. de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el 144° período ordinario en el Congreso.

Después de 48 horas a puro debate en el Congreso, y contundentes victorias para el oficialismo con la media sanción de la Reforma Laboral, el Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur - Unión Europea, La Libertad Avanza está dispuesta a sostener el ritmo acelerado, con el objetivo de tener las leyes sancionadas antes del 1ro. de marzo, cuando el presidente Javier Milei deberá inaugurar un nuevo período ordinario.

Luego del fin de semana extralargo -con lunes y martes de Carnaval-, el oficialismo tiene como intención convocar a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda en Diputados para dictaminar el proyecto de Modernización Laboral.

Para que ello ocurra deberán reunirse al menos tres factores, de los cuales dos dependen de la voluntad de otros. En lo que respecta al propio Poder Ejecutivo, en las próximas horas se espera que se publique en el Boletín Oficial un decreto extendiendo las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero.

Esto debe ser así porque, de acuerdo al artículo 106 del reglamento de la Cámara baja, durante extraordinarias el tiempo para poder dictaminar es hasta 10 días antes que culminen las mismas, y el Gobierno había hecho la convocatoria hasta el viernes 27.

Sorteado ese paso, también se aguarda que este viernes la vicepresidenta Victoria Villarruel gire el texto del proyecto de Reforma Laboral a la Cámara de Diputados, para que de esta manera se pueda convocar a las comisiones para el miércoles 18.

Por estas horas, LLA depende de la firma de Villarruel. Desde el entorno de la titular del Senado señalaron que "el texto tuvo muchísimas modificaciones, correcciones y cambios incorporados, que se votaron en la sesión que terminó el jueves a las 4 AM". En esa línea, argumentan que el proceso lleva tiempo y si se llega se enviará este viernes.

El otro factor es la voluntad de la oposición dialoguista a acompañar ese tratamiento veloz. Fuentes del oficialismo en Diputados afirmaron ante parlamentario.com que saben que cuentan con los votos y buscarán "acelerar lo máximo posible para sacar la Reforma Laboral la semana que viene". Pero también admiten que "depende más de los aliados los tiempos" y, si hubiera complicaciones, todo pasaría para la última semana de febrero.

Los planes de LLA, que pretende sancionar el texto tal cual salió del Senado, podrían alterarse ante pedidos de bloques de aliados de introducir cambios. Y es algo que ya salió fuertemente a avisar el Pro: quieren insistir con la inclusión para que los sueldos se puedan depositar a través de billeteras virtuales.

En caso de lograr su objetivo, el oficialismo estima que si la Modernización Laboral sale con cambios en la madrugada del viernes 20 (eventualmente, con una sesión convocada para el jueves 19 y estimada en no menos de 20 horas), el proyecto sería enviado rápidamente a la Cámara alta para que lo trate en la última semana del mes.

De acuerdo a la ambiciosa agenda, entre el 25 y el 26 de febrero se espera que el Senado sesione para debatir Régimen Penal Juvenil, Acuerdo Mercosur - Unión Europea y el pliego de Fernando Iglesias.

Un nuevo tema para extraordinarias: financiamiento universitario

Según trascendió desde Casa Rosada, el Poder Ejecutivo incluiría un nuevo tema para las sesiones extraordinarias (a las que le quedan escasos días hábiles): un proyecto de ley de financiamiento universitario. La iniciativa se habría acordado entre la Secretaría de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional.

Además, la propuesta surge luego que el Gobierno apelara una medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley sancionada, vetada e insistida por el Congreso el año pasado.

Luego de más de una década de discusión -pero sin avances- en torno al tema, muy recurrente ante casos mediáticos de conmoción social, el Congreso dio el primer paso hacia la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para menores que cometen delitos.

Después de más de ocho horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo Régimen Penal Juvenil por 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. La media sanción logró el aval de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el grueso del interbloque Unidos y otros bloques provinciales.

A favor votaron los 95 integrantes de La Libertad Avanza; 21 integrantes del interbloque Fuerza del Cambio (Pro y UCR); 19 de Unidos; los 7 de Innovación Federal (misioneros y salteños); los 3 tucumanos de Independencia; los 2 de País Federal; los 2 del MID; y los 2 sanjuaninos de Producción y Trabajo. Y por la negativa, los 92 presentes de Unión por la Patria; los 4 del Frente de Izquierda; los 3 de Elijo Catamarca; y la cordobesa Natalia de la Sota.

Los primeros 10 Capítulos de la norma fueron aprobados a mano alzada luego de que el oficialismo rechazara varios pedidos de modificación (con excepción de los leídos por la miembro informante vinculados a ajustes de redacción que remarcaron que los adolescentes no serán albergados juntos a reclusos mayores de edad) que surgieron por parte de Provincias Unidas y la Coalición Cívica.

Sin embargo, el Capítulo XI que contempla la asignación presupuestaria se votó nominalmente por pedido del Frente de Izquierda y el interbloque Unidos. De todas maneras, resultó aprobado con 135 votos afirmativos, 100 negativos y 13 abstenciones.

La Ley Penal Juvenil fue incorporada a fines de enero por el Gobierno nacional en el temario de sesiones extraordinarias, tras el macabro crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. La mamá del joven asesinado por un grupo de menores estuvo presente este jueves en el Congreso.

En julio de 2024, el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto de ley con la baja en la edad imputable en 13 años, que fue dictaminado el 6 mayo del 2025, pero perdió estado parlamentario tras la renovación de la Cámara.

Al igual que en aquella ocasión, esta semana el oficialismo logró el acompañamiento de los bloques aliados y dialoguistas para dictaminar, pero los consensos determinaron la edad en 14 años. Asimismo, la pena máxima para un adolescente que infrinja la ley será de 15 años y no de 20, como preveía originalmente el PEN.

El dictamen también aclara la asignación presupuestaria para el cumplimiento de la ley. Si bien el Poder Ejecutivo había mandado un nuevo proyecto el lunes pasado -que a las horas retiró-, la iniciativa contiene las partidas estimadas por el Gobierno: un total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.51 de la Defensoría General de la Nación.

A pedido de la oposición dialoguista y con el objetivo de que Nación afronte los costos que las jurisdicciones tengan para adecuar sus sistemas, el articulado reza que "la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción".

En pocas horas, tras la media sanción de la Reforma Laboral, este es un segundo importante tema que el gobierno de Javier Milei se anotó. El proyecto será enviado rápidamente al Senado, donde intentarán que se sancione antes del 1ro. de marzo.

El nuevo régimen busca reemplazar la legislación vigente, la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad, vigente desde 1980, durante la dictadura. Uno de los últimos artículos del proyecto prevé su derogación.

El debate en el recinto

Primera oradora del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado consideró que el nuevo Régimen Penal Juvenil va a ser "un gran paso para Argentina". "Esta Cámara tuvo muchas intenciones desde el año 2000 de modificar algo que, a todas luces, es tremendamente injusto, que es la manera con el Estado trata a nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal", sostuvo.

En ese sentido, la legisladora bullrichista, integrante del bloque de La Libertad Avanza, señaló que "la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas". Además, detalló los principales puntos del proyecto que se trató en un plenario de comisiones y que ella encabezó como presidenta de Legislación Penal.

Al igual que en 2025, Rodríguez Machado llevó adelante los acuerdos para avanzar el Régimen Penal Juvenil.

Al defender el dictamen de su espacio, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz calificó como “mamarracho jurídico” al proyecto del oficialismo. En cambio, dijo que ellos tienen “un dictamen propio que fija una posición clara: los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años, y en la concurrencia de delitos graves la pena máxima será de 10 años -expresó-. Nos hacemos cargo de lo que escribimos, eso cumple el principio de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que lo va a juzgar, defender, y le va a dar una salida en base a la Constitución. Pero además de encargarnos de los jóvenes punibles, de los 31 especialistas que pasaron. Pena progresiva; proporcionalidad en la pena; lugares especializados, no durlock en cárcel de adultos. Queremos como último ratio la pena de libertad en lugares que tenemos que reconstruir en muchas provincias, o tenemos que volver a hacer en otras”.

Dirigiéndose al oficialismo, lanzó que “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker. Se soluciona conociendo primero la realidad argentina, las normas procesales de cada provincia, entre otras cosas”. E insistió en que “la no punibilidad tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito”.

A su turno, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que no se "hay un montón de aportes" de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría que "lamentablemente no fueron tenidos en cuenta". "La opinión ha sido muy potente alrededor de que tengamos en este tema todos los cuidados que teníamos que tener, lamentablemente fueron desoídos", agregó.

Para el santafesino, en esta iniciativa hay "un vacío de política pública alrededor de los niños y adolescentes no punibles", al tiempo que "no dice una palabra sobre la cuestión preventiva". "Y hay un abordaje desde el punto de vista presupuestario ínfimo, que no incluye a las provincias", observó.

En su intervención, Ramiro Gutiérrez (UP-Buenos Aires) aclaró que “nuestro proyecto tiene 16 medidas cautelares para que un juez pueda intervenir desde el momento que se ha cometido un delito”. Asimismo aseguró que ese dictamen “prevé la privatización de la libertad para los 8 casos graves en los que estamos de acuerdo todos: la violación, la violación seguida de muerte, el homicidio, los actos de tortura”.

Y sobre el final dijo que “la respuesta debe estar en un régimen penal juvenil fondeado en un Código Penal”, por lo que le pidió a su par Rodríguez Machado la posibilidad de revisar a lo largo de esa jornada incorporar en el Código Penal una pequeña modificación al artículo 34, que establezca que no son punibles todas aquellas personas que no hayan cumplido los 14 años de edad. “Si usted toma esa modificación que yo le estoy pidiendo esta ley, esta ley va a tener destino. Sino, va a terminar judicializada, a tiro de que cualquier magistrado entienda que la única forma de establecer una ley de comprensión de la criminalidad del acto debe estar fijado en el Código Penal y no en una ley complementaria”.

Más adelante, las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá cuestionaron duramente la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron que "es para la persecución penal de los pibes".

En esa línea, Bregman aseguró que esta ley es "para darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios". "No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora", alertó y añadió: "El Gobierno de 'no hay plata' tiene plata para la persecución penal de los pibes".

Mientras que Del Plá consideró que "lo único que van a conseguir bajando la edad a 14 años es que las bandas de narcos vayan a buscar como soldaditos a los pibes de 10, 11 y 12". "Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera, en lugar de protegerlas, que es lo que deberíamos hacer", subrayó.

El libertario Santiago Santurio remarcó que “estamos debatiendo delitos graves” y explicó: “Un menor en el cual mata a una persona con dolo y, también lo hace en circunstancias que, cuando salga porque no tiene ningún tipo de pena, vuelve a hacerlo”.

“A los que les gusta el Estado presente, parece que acá quieren Estado ausente que haga la vista gorda porque la punición no es la solución. Piensan y dicen que no es la solución para los menores de edad, pero la verdad es que la mayoría piensa que tampoco es para mayores de edad”, apuntó contra el kirchnerismo y cerró: “Esta es una función prioritaria del Estado, dar respuesta a la delincuencia con estos delitos graves. Este Régimen Penal Juvenil no es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental que es reclamada hace tiempo y va a ser beneficioso tanto para los que cometen delitos, como para todas las víctimas”.

En línea con la postura de la oposición dura que considera que esta Ley tiene un sesgo punitorio, la diputada nacional Agustina Propato de Unión por la Patria lo catalogó de “irrazonable cargado de anuncios rimbombantes, pero irresponsables”. Se refirió a la lectura del despacho y cargó que la Ley Penal Juvenil “es tremendamente inaceptable y es contraria a los estándares internacionales”.

Por otro lado, reiteró su pedido de crear una comisión bicameral de seguimiento del Régimen Penal Juvenil, y agregó que esta iniciativa “no agrega nada, solamente un titular que se lleva Patricia Bullrich”. Remarcó, además, que los padres de jóvenes procesados por delito “piden que el Estado se haga cargo de las trayectorias delictivas”. “Patricia se te cae el slogan que ‘el delito no tiene edad’”, concluyó.

Miguel Pichetto dejó en claro que apoya la baja en la edad de imputabilidad en 14 años, pero descree que el Gobierno nacional vaya a girar los fondos presupuestarios establecidos en la redacción del proyecto. “El metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”, explicó, y agregó: “Esta ley requiere una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”.

Muy crítica del proyecto oficial, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) se preguntó si esto soluciona el problema de la inseguridad, o da respuesta a todos esos niños que están cerca de cometer un delito. “¿Esto previene? No, no previene. Esto no soluciona la inseguridad, porque sabemos que el número del delito juvenil es ínfimo. Creemos que esto tiene que ver con buscar un título rimbombante, porque es más fácil decir que estamos haciendo algo que hacerlo de verdad”, sostuvo la diputada cordobesa.

“Porque hacerlo de verdad implica un compromiso enorme del Estado -continuó-. Una voluntad política real de fundamentalmente poner los recursos necesarios y las políticas públicas necesarias para combatir la pobreza, la deserción escolar, la marginalidad, la violencia el narcotráfico”.

En su alocución el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, resaltó que “estamos dando un debate necesario que la política viene postergando hace décadas. Un debate de una ley que tiene cerca de 50 años para una violencia desbordada”.

“Hay más de 90 proyectos presentados para hacer esta reforma. Incluso ‘Coqui’ (Jorge) Capitanich presentó hace 20 años un proyecto que planteaba bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. El exministro de Seguridad, Sergio Berni, también planteó la baja de edad. No es un problema de los partidos, sino de ver la realidad”, le enrostró al kirchnerismo.

Ritondo aclaró que “con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia. No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal, no lo va a resolver. No solo se trata con bajar la edad porque vi cómo organizaciones narcos reclutaban jóvenes”. En ese sentido, criticó: “Los que hoy plantean soluciones también tuvieron sus mayorías en Diputados, gobernadores, no dieron ninguna discusión porque no la quisieron plantear porque tienen una mirada ideológica distinta”.

“Bloquear este debate, no responsabilidad a un menor que tiene consciencia que está cometiendo un delito no es un acto de humanidad, sino de abandono”, lanzó y agregó: “Nunca pensé escuchar a un legislador decir que ‘la delincuencia dignifica’”. Así, el jefe del bloque Pro explicó que “esto da una herramienta clave, respuestas sensatas”, y aclaró: “Es prudente, realismo institucional y científico dejar la edad en 14, no hay consenso científico sobre la comprensión criminal plena a los 12 años y también por la capacidad real del Estado”.

La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, dijo que “Santa Fe reclama obviamente un régimen penal juvenil. A muchos jóvenes el narcotráfico los capta para ser soldaditos de redes penales. Todos aquellos que dijeron que esta ley no salva a los pibes y los condena al menos desde la mirada que tenemos los santafesinos les quiero decir que probablemente sea un resguardo para que los narcos no los vayan a agarrar”. Así las cosas, consideró que “ese es un punto favorable, creo, de la ley, porque la imputabilidad hace que a muchos chicos, por ser punibles, los narcos no los agarren y los salvemos”.

“Pero no se resuelve el tema que nos toca atravesar con represión; obviamente hay que tener inversión social, pero esa inversión tiene que darse en conjunto, no la puede poner el Estado provincial”, cerró la legisladora.

Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, se dirigió a un legislador de Unión por la Patria: “Vos te negas a modificar una ley… los que dicen que defienden los derechos humanos, se niegan a cambiar una ley de 1980”. Celebró la aprobación de la Ley Penal Juvenil y afirmó que son “respuestas para darle a esos jóvenes que delinquen”.

La intervención del santafesino se vio interrumpida varias veces por los gritos que venían del flanco opositor, y fue allí cuando lanzó: “Un joven que delinque hoy creció durante los gobiernos kirchneristas ¿qué hicieron ustedes para cometa delitos? No hicieron nada”. “Esta ley viene a devolver la justicia y reconocer una realidad para poder cambiarla porque la norma ejemplifica y cumple un rol en los jóvenes que venían creyendo que da lo mismo portarse bien que portarse mal”, concluyó.

Otros puntos de la nueva Ley Penal Juvenil

La iniciativa prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podrían aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.

En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.

La norma prohíbe la prisión perpetua y cuando el adolescente, recluido en instituto o centro de detención, haya cumplido los dos tercios de la condena, el juez a cargo de la causa podrá considerar sustituir el encierro por otras medidas.

También se habilita la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta 6 años; y la suspensión del proceso a prueba (para delitos cuyo mínimo de pena no exceda de los 3 años de prisión), con la opción de la reparación del daño y medidas comunitarias.

El proyecto también menciona la figura del "supervisor"; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos.

La ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.

El cierre del extenso debate por la Reforma Laboral en el Senado estuvo en manos de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien respaldó la iniciativa que “está a la altura del país que estamos construyendo, con futuro, con oportunidades”, y planteó que “una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta”.

Previo a hablar del proyecto, la senadora hizo una cuestión de privilegio contra el jefe de la bancada de UP, José Mayans, por “comparar una frase que estaba en la entrada del campo de exterminación de Auschwitz para hablar en la casa de la democracia que no merece que usted nombre ese cartel nefasto donde 6 millones de vidas fueron incineradas. Le pido que use otros ejemplos y no ese”.

Luego, procedió a respaldar la iniciativa del Ejecutivo: “Estamos iniciando un camino laboral profundo de cambios que durante muchas décadas se discutió en el país. En todos los gobiernos de la democracia generar un sistema laboral que deje de condenar a millones de argentinos a la informalidad, que les negó la posibilidad de progresar”.

“No se puede hablar como si todo hubiese comenzado hoy, cuando la mayor cantidad de gobierno lo ha tenido el partido que hoy niega haber participado de la situación en la que millones de argentinos se encuentran en la informalidad total”, criticó.

Bullrich consideró que “estamos ante una batalla muy importante que ha dado el Congreso en los últimos años porque se ha intentado varias veces. Se intentó en distintos gobiernos avanzar para tener herramientas que ayuden a que la Argentina progrese”, pero remarcó que “las frustraciones fueron múltiples desde el gobierno de Alfonsín hasta ahora una cantidad de oportunidades perdidas para lograr acompañar las leyes laborales, el tamaño del Estado, el empleo privado, la necesidad de tener empresas. Frente a eso la respuesta fue el achatamiento, el Estado feudal, la construcción de Estado que han aplastado la capacidad productiva del país”.

“Una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta porque nos dejó varados, un país anclado en el pasado, sin poder crecer, sin poder generar el trabajo que las personas necesitan”, lanzó.

En esa línea, planteó que “si tenemos que cambiar tantas leyes, es porque han generado una tela de araña imposible de atravesar y por eso en esta ley venimos a simplificar. A tratar de tener un solo cuerpo y no 800 millones como el senador planteó. Que rija la ley laboral del país. Cuando uno tiene tantas leyes, la corrupción anida entre ellas. Venimos a simplificar porque eso es transparencia y que la gente entienda por dónde tiene que caminar”.

“Esta ley está a la altura del país que estamos construyendo, con futuro, con oportunidades”, ponderó y aclaró que “las leyes laborales no crean empleo, no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones reales y concretas que se explican en cada artículo porque en Argentina se necesita generar trabajo y eso sucede cuando hay competitividad”.

La senadora libertaria sostuvo que “para crear empleo hay que bajar impuestos, no hay que crear más empleo público, hay que tener seguridad jurídica, generar el fin de los estados feudales. Queremos empleo privado para la libertad de las personas”. En ese sentido, apuntó: “Acá se ha construido el Estado a favor de la lógica y de la política, se ha destruido la capacidad productiva y creativa de los argentinos, por eso esta ley viene a crear reglas claras con orden y libertad”.

Por el contrario, planteó: “Venimos a cambiar un paradigma que durante décadas tuvo al trabajo argentino atrapado en un sistema rígido, extorsivo, injusto. En pocos años un país pasó de tener empleo registrado casi en el 100% a tener el 43% de empleo informal”, y preguntó: “¿Puede un país durante 15 años no crear puestos de trabajo? ¿Puede ser que hoy de cada 2 empleos que se contratan, uno es informal? ¿Vamos a seguir con un sistema que impide generar nuevos puestos de trabajo?”.

“Si estamos por debajo de las capacidades que exige el mundo, no vamos a poder crecer como país. Este sistema fracasó y estamos planteando un sistema diferente que permite defender derechos en serio”, manifestó y respaldó: “Estamos trabajando la posibilidad de generar un empleo que le permita a la gente tener la capacidad de darle a su familia esos derechos que hoy le son negados. Que contratar no sea un acto de riesgo, es una amenaza permanente”.

Bullrich afirmó que “estamos encaminando al país a salir del fracaso, a generar que no viva la litigiosidad, el privilegio. En el que pocos pueden acceder a un trabajo formal y muchos tiene que vivir en la informalidad. No queremos que en la Argentina el trabajo sea un rehén de la corrupción de entramados y de privilegios, que sea la libre elección de cada persona, y no la imposición de Estados”.

La senadora aseguró que la iniciativa busca “salir de este sistema armado para vivir en el conflicto laboral permanente, un sistema que funde empresas, destruye empleo y luego lo disfrazan de defensa al trabajador”. De forma contraria, manifestó que la ley “trae equilibrio”.

Con el rechazo de los opositores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, el oficialismo junto con aliados se alzó con el dictamen de mayoría del proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil que llevará este jueves al recinto de la Cámara de Diputados en una sesión especial para lograr su media sanción.

El despacho se logró en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de Diputados, en medio de un debate que, por momentos, tuvo picos de tensión. El encuentro se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo “C” desde las 10.30 cuando la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aclaró que “son más de 20 proyectos que han sido incorporados en el temario y tienen estado parlamentario y versan sobre la temática”.

El dictamen de mayoría reunió 78 firmas entre los bloques LLA, Pro, UCR, Innovación, Independencia, Producción y Trabajo, MID, Provincias Unidas.

El debate

El primero en hacer uso de la palabra fue el libertario Manuel Quintar (Jujuy) recordó que en el período anterior se realizó un “arduo trabajo” que hicieron las diferentes comisiones donde “se invitó una enorme cantidad de expositores representantes de todos los organismos que tienen incumbencia en esta temática tan importante”, y remarcó que incluso se escuchó a referentes de la Iglesia: “Se escucharon a todas las personas que tiene que ver con la materia”.

“Es un tema que se trabajó muchísimo y estamos en condiciones con el respeto y escuchando a los nuevos diputados, para avanzar rápidamente en el dictamen porque es un tema que, más allá de las mezquindades políticas del kirchnerismo que quiere hacer ahora un show con gritos y a parlotear, es un tema que la sociedad está reclamando para avanzar”, cerró el jujeño y pidió avanzar en un dictamen consensuado.

A continuación, fue el turno de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (UP) quien planteó que durante el tratamiento del tema “hubo 24 de 31 expositores de altísima relevancia materia jurídica, penal, defensores, se han negado rotundamente al proyecto que elevó el Ejecutivo. No porque la Argentina no necesite un nuevo Régimen Juvenil Penal que pide a gritos la sociedad, la justicia, los niños y adolescentes que sin un buen Régimen Juvenil Penal se los trata por delincuentes, pero con esta frase tan marketinera de Patricia Bullrich de que ‘igual delito, igual pena’ olvidándose de uno de los principios constitucionales que es el derecho superior del niño”.

La diputada bonaerense cuestionó que el proyecto “durmió desde mayo del año pasado hasta ahora que reflejaba un pésimo proyecto lo vuelven a ratificar. ¿Cuál es la seriedad que le quieren dar después de 45 años que le debemos al pueblo argentino un Régimen Juvenil Penal serio acorde a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños?”.

“No pueden tratar con tanta liviandad un tema tan trascendental. En 24 horas pusieron sobre este Parlamento el mensaje 6/2026 donde decía que la pena era de 13 años, que era de aplicación inmediata, cambiaron el artículo presupuestario con 23 mil millones de pesos como si eso fuese la solución. Los Centros Especializados Socioeducativos no son más que cárceles para niños”, reclamó.

Tolosa Paz aclaró que “quieren dar respuesta a los casos gravísimos que han ocurrido como el caso de Kim Gómez. Hay que buscar respuestas desde la política con la convicción de que en 45 años de no haber podido mejorar un régimen que es vetusto, inconstitucional y atrasa 100 años, no puede ser reemplazado que va a la derecha de lo que fue el proceso de la dictadura militar. Me niego a que no tengamos un dictamen propio como este bloque que tiene basado en normas constitucionales y fijando los principios básicos que nos queremos hacer cargo de la no punibilidad, de lo que ustedes no van a resolver porque tiene una fijación de pena y castigo sin importar las condiciones ni edad”.

La diputada de UP sostuvo que los delitos de menores “los comenten un 99,9% los adultos que tienen que estar presos y ser culpables. Niños y adolescentes incluso cometiendo hechos gravísimos y angustiantes siguen siendo para nosotros niños a los que tenemos que darles un Régimen especializado, con proporcionalidad de la pena y dispositivos que permitan aplicar la justicia restaurativa y la reinserción, pero no con este mamarracho legislativo del Ejecutivo”.

De la vereda de enfrente, la libertaria Silvana Giudici aclaró que el dictamen atiende a dos cuestiones centrales y está ampliado con el artículo 51 con la asignación presupuestaria para “empezar a desplegar el régimen, pero en un año no estará completado porque se necesitan establecimientos, profesionales multidisciplinarios para atender las problemáticas de los niños que cometen delitos en todo el país”.

Giudici remarcó que “nadie habla de castigos reparatorios ni castigos, ni de negar derechos. Este proyecto adecua los parámetros penales a la Convención de Niños y Adolescentes y al sistema jurídico del país”. Así, apuntó contra la bancada opositora: “Les gusta acusar sobre la edad. Escuché barbaridades, pero hay 15 proyectos en esta Cámara que van en el sentido de este dictamen y la mayoría propone la baja de edad de imputabilidad”.

La libertaria planteó que países como Chile y Colombia tienen la edad de imputabilidad en 14 años, Brasil en 12 años y Uruguay en 13 años “son sistema que ya funcionan hace años. La criminalidad en esos países podemos comprobar que bajó muchísimo la reincidencia. En Chile bajó en un 28% son datos reales”, y comparó: “Cada provincia argentina lleva a cabo su propio relevamiento como Córdoba que señala que el 55% de adolescentes asociados a procesos penales son menores de 16 años”.

“Buscamos justicia, buscamos el fin de la impunidad, pero también a las familias de víctimas y a las familias de homicidas lo que se busca es salvaguardar las garantías de todos, sacarlos de las calles de las garras del narcotráfico y poder darles un futuro mejor a cada niño y adolescentes. Por eso pido que pasen a la firma el dictamen que tenemos consensuado”, concluyó su alocución.

Por el lado del Frente de Izquierda, se expresó la diputada Myriam Bregman quien criticó el tratamiento del tema en extraordinarias y pidió que se explique el lema “delito de adulto, pena de adulto”, y planteó: “¿De dónde sala esta barbaridad? Tan marketinero y falso”. “La discusión de la edad de punibilidad tiene que ver con que hay un sujeto en desarrollo, pero ustedes llevan esa lógica nefasta libertaria hasta el extremo quieren poner todas las responsabilidades de forma individual para ocultar las desigualdades reales”.

Bregman contradijo a Giudici: “Los datos que leyó no hay nadie que los sostenga, porque en todos los países donde se redujo la edad, las consecuencias fueron al revés. La incidencia de niños y adolescentes en el delito es absolutamente menor. No hay una ola delictiva juvenil, lo que hay es una necesidad de un régimen cada vez más decadente, un Gobierno que necesita aumentar el poder punitivo del Estado”, y denunció que “los únicos que van a llenar cárceles o institutos van a ser los hijos de la clase trabajadora, porque a los hijos del poder no se los toca. No asociemos todo el tiempo la condición de pobreza con el delito”. El FIT presentó un dictamen de rechazo y repudio.

En su debut, el diputado Juan Carlos Molina (UP) calificó el proyecto de “caranchero, oportunista”, y acusó al oficialismo de usar el caso de Jeremías Monzón para “hacernos subir a una discusión que merece una seria profundización. Los pibes también tienen que tener, por más delito que hayan cometido, algún derecho”, pidió pensar qué pasa en la sociedad para estar debatiendo este proyecto.

En tanto, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) anunció la presentación de un proyecto propio que “sostiene y mantiene una posición histórica que otros diputados de otros tiempos construyeron. En el 2015 Sergio Massa, Graciela Camaño y otros legisladores, presentaron un Código Penal de más de 300 artículos. El artículo 13 establecía que el ingreso a la punibilidad por la comisión de un delito era de 14 años. Además, fue abastecido por un Régimen Penal Juvenil que establece todas las acciones posibles en manos de un juez que tiene que atender esa problemática”.

Gutiérrez remarcó que el proyecto de ley en el artículo 18 habla del “hecho del proceso” y explicó que “es el momento fatídico donde un victimario encuentra una víctima, la lastima o la mata. Es ese momento irreparable que da intervención a la ley máxima”. Así, indicó que la iniciativa del Ejecutivo “tiene un déficit estructural y es inconstitucional” porque “no se puede establecer en el Régimen Penal la edad de responsabilidad en una ley periférica”, por lo que pidió al oficialismo que retire el proyecto para “darnos el tiempo de trabajarlo y tener una ley que garantice los derechos de quienes comenten delito”.

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, destacó estar “dando un paso importante” y comentó que desde el año 83 hasta el día de hoy se presentaron más de 90 proyectos en el mismo sentido. “Seguramente nos encontramos que ideológicamente desde la práctica pensamos distinto porque escuchar que pasa algo en una provincia cuando la gobernaron 40 años y le echan la culpa a otro, es imposible de comprender que las razones que tiene el delito que son muchísimos, es mucha responsabilidad del Estado, pero si hay una persona a qué edad toma conciencia de lo que está haciendo es un delito, pero igual lo hace”, planteó.

“Tenemos que entender que a los 14 años cualquier chico tiene comprensión del acto ilegal que está cometiendo. Lógicamente creemos que entre 14 años y la edad actual, hay que buscar un régimen que trata de salvarlos, no profundizarlo”, aseguró y cerró: “Esto es necesario y una cuestión pendiente que tiene la democracia desde el 83 hasta ahora”.

En el mismo sentido, el diputado Diógenes González (UCR) respaldó la norma, al considerar que “es la herramienta adecuada para este momento”. “Hay que crear esa zona de protección entre los 14 y los 18 años, con estándares internacionales y mirando los ejemplos de otros países”, sostuvo.

Desde el bloque Provincias Unidas, el diputado Pablo Farías aseguró que “estamos convencidos que hay que resolver esta situación y legislar", aunque planteó algunas “disidencias con el dictamen de mayoría”.

Con vistas al tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares frenada en el Senado, el diputado nacional José Peluc de La Libertad Avanza fue designado como presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Al igual que en las otras cuatro reuniones, Unión por la Patria hizo reserva del cargo de vicepresidente.

Una vez que pasó a ocupar el lugar, el diputado libertario manifestó que “San Juan es una provincia muy desértica y lo poco que tenemos es por la mano del hombre”. “Espero estar a la altura de las circunstancias”, agregó. Luego, el bloque oficialista hizo reserva del nombre para la Vicepresidencia segunda.

La Secretaría 1° quedó para el diputado entrerriano Darío Schneider de la Unión Cívica Radical; la Secretaría 2° fue reservada para el interbloque Unidos.

Además de las autoridades, integran la Comisión de Recursos Naturales, Pablo Ansaloni, Facundo Correa Llano, Patricia Holzman, Andrés Laumann, Soledad Molinuevo, Guillermo Montenegro, Francisco Morchio, Gabriela Muñoz, Karen Reichardt y Lorena Villaverde. También, Luis Basterra, Gabriela Estévez, Abelardo Ferrán, Cecilia López Pasquali, Juan Pablo Luque, Marcelo Mango, Cecilia Moreau, Adriana Serquis, Caren Tepp y Pablo Todero por Unión por la Patria.

Además, están Fernanda Ávila de Elijo Catamarca; Carolina Basualdo y María Inés Zigarán de Provincias Unidas; Florencia De Sensi y Alicia Fregonese del Pro; Maximiliano Ferraro por la Coalición Cívica; Carlos Jaime por Producción y Trabajo; y Javier Noguera de Independencia.

En medio de la designación de secretarios, el diputado nacional Nicolás del Caño que de “forma arbitraria” el Frente de Izquierda se quedó sin vocalías dentro de la Comisión de Recursos Naturales. Ferraro, por su parte, reclamó por la proporcionalidad de integración; y Zigarán cuestionó la designación de Peluc en relación al tratamiento de la Ley de Glaciares. “Que tenga la valentía y el coraje que garantice la pluralidad”, cargó la jujeña.

Por último, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, propuso como día y horario de reunión cada martes a las 14.00. la moción fue aprobada y se dio por terminado el encuentro.

En medio de una agitada agenda de martes con la conformación de siete comisiones claves para tratar los proyectos impulsados por el Gobierno nacional, el oficialismo convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para llevar al recinto la Reforma Penal Juvenil en busca de la media sanción.

La citación es para este jueves 12 de febrero a las 11 horas. Además, La Libertad Avanza incluyó el Acuerdo Mercosur – Unión Europea al temario que será debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur durante la tarde de este martes.

El dato curioso de la convocatoria recae en el expediente del Régimen Penal Juvenil que data el 15 de julio de 2024 y no el que el Gobierno envió este lunes al Congreso, donde incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

Esto se debe a que el propio Ejecutivo decidió retirar la iniciativa, debido a que fijaba la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado. Por ello, se espera que el Gobierno envíe en las próximas horas a Diputados la nueva versión.

Tal como había adelantado parlamentario.com, los referentes del oficialismo dieron lugar al pedido explícito de la oposición dialoguista para revalidar el dictamen que se firmó el 6 de mayo del año pasado: bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años; reducir las penas máximas de 20 a 15 años; y la posibilidad de cumplir las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, imposibilidad de conducir o reparaciones económicas.

De hecho, algunos referentes de bloques aliados remarcaron que bajar la edad de imputabilidad a 14 años está dentro del rango etario que suscribe la Argentina en los tratados internacionales con jerarquía constitucional por los derechos del menor que se han firmado. Esto mismo ha sido reiterado más de una vez por Patricia Bullrich, autora del proyecto de ley cuando ocupaba el cargo de ministra de Seguridad de la Nación.

Acuerdo Mercosur – UE

El otro tema que será eje de debate en el recinto es el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, suscripto por el presidente Javier Milei en la ciudad de Asunción el pasado 17 de enero. El mismo está compuesto por un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que en conjunto representan alrededor del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y cerca del 35% del comercio global. Desde el Poder Ejecutivo Nacional creen que va a “generar oportunidades de crecimiento, empleo y desarrollo sostenible”.

Según informó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, cuando se llevó a cabo la ceremonia de firma del Acuerdo que presenció Milei junto a los líderes de los países del Mercosur, se va a estructurar en “los pilares comercial, de cooperación y político”. Para los países del Mercosur, se espera un incremento de las exportaciones a la UE y un impulso a la actividad económica mediante acceso preferencial al mercado europeo, con “la liberalización del 92% de los aranceles y mejoras sustanciales para productos agroindustriales”.

Además, la UE se compromete a reconocer 220 Indicaciones Geográficas (IG) del Mercosur, de las cuales 104 son argentinas; un Fondo de Cooperación Reforzada de hasta 1.800 millones de euros para Mercosur (subvenciones y garantías); la recuperación de preferencias comerciales para exportaciones clave como el biodiésel, aceites, langostinos y cítricos; y ventajas inmediatas para productos competitivos como la carne, soja, frutas, legumbres, mate, té, bebidas y productos pesqueros.

De todas maneras, la Unión Europea organizará el Foro UE–Argentina de Inversión y Comercio el próximo 1 y 2 de junio en la Ciudad de Buenos Aires en virtud de “consolidar el diálogo entre actores públicos y privados, identificar oportunidades concretas de inversión y fortalecer las cadenas de valor birregionales”.

La senadora oficialista María Emilia Orozco (Salta) reavivó la interna libertaria en el Senado de la Nación al acusar a la titular de esa Cámara, Victoria Villarruel, de retrasar la firma de los contratos de los asesores: “Me siento en la casa del enemigo”.

Orozco expresó durante una entrevista en el programa El Observador 107.9: “Tenemos una Presidenta del Senado que no hay forma de comparar con Martín Menem en Diputados. No hablo por el resto, hablo por mí. Yo me siento así lamentablemente”.

En ese sentido, agregó: “Parece que la modalidad por usos y costumbres uno tiene que pasar por la oficina del Presidente, así que veremos si esa reunión se concreta”.

La senadora salteña comentó: “Tuvimos reunión de bloque antes de fin de año y parece que la única preocupación de la señora Presidente era que no había Presupuesto, pero eso ya se subsanó. Paree que era la única preocupación que tenía”.

“Ahora vamos por las leyes, que tengamos el acompañamiento y la conducción de la sesión la tiene ella así que ojalá salga todo bien”, bregó de cara a la sesión especial convocada para el próximo 11 de febrero donde se debatirá la reforma laboral.

Por último, Orozco dejó al descubierto que “hay diferencias porque nuestros contratos de asesores no salen, presente tres contratos para asesores, pero no salieron”, y comparó: “Los de Jorge Capitanich (UP) salió en diciembre y tenías senadores con más de una nómina de 20 asesores, eso dependen de la firma de la señora presidenta del Senado, los nuestros aún están en espera”, y chicaneó: “Yo calculo que debe estar con mucho trabajo y es una cuestión administrativa”.

Con la presencia de los presidentes de todos los bloques en el despacho de Martín Menem, el oficialismo en la Cámara de Diputados delineó el cronograma para avanzar con la Ley Penal Juvenil: el martes 10 quedarán constituidas las comisiones que faltan conformar; el miércoles 11 será el plenario en el que pasará a la firma el despacho; y el jueves 12 de febrero habrá sesión extraordinaria con este único tema.

Luego del encuentro de la Mesa Política de Casa Rosada, el presidente de la Cámara baja arribó poco antes de las 14.30 al Salón de Honor de la Cámara baja, donde encabezó el encuentro junto a Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario; Silvana Giudici, secretaria parlamentaria; y Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal, cabecera del proyecto.

Además de los representantes de La Libertad Avanza estuvieron presentes Cristian Ritondo del Pro; Pamela Verasay de la UCR; Oscar Zago del MID; Gisela Scaglia de Provincias Unidas; Miguel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal; Gerardo González de País Federal; Alberto Arrúa de Innovación Federal; Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo; Karina Banfi de Adelante Buenos Aires; Maximilano Ferraro de la Coalición Cívica; Fernanda Ávila de Elijo Catamarca; y Gladys Medina de Independencia.

Los bloques de la oposición dura también asistieron a la cumbre en el despacho presidencial de la Cámara de Diputados.  Germán Martínez de Unión por la Patria llegó pasadas las 14 y fue uno de los primeros en irse. El Frente de Izquierda llevó a Myriam Bregman y a Romina del Plá, quienes llegaron en tiempo y forma, y se quedaron hasta el final.

Con Menem como anfitrión, el Salón de Honor albergó a casi 20 titulares de bloque.

La baja en la edad de imputabilidad será de 16 a 14 años

Tal como adelantó parlamentario.com, los referentes del oficialismo dieron lugar al pedido explícito de la oposición dialoguista para revalidar el dictamen que se firmó el 6 de mayo del año pasado: bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años; reducir las penas máximas de 20 a 15 años; y la posibilidad de cumplir las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, imposibilidad de conducir o reparaciones económicas.

Sin embargo, una fuente presente en el encuentro reveló a este medio que la única modificación estará en el artículo 52 del dictamen, vinculado a la asignación presupuestaria. Según pudo saber parlamentario.com, quedará establecida la actualización presupuestaria “sujeta a convenios entre Nación y las provincias”, en virtud de la adecuación de las unidades penitenciarias para que puedan albergar adolescentes.

De hecho, algunos referentes de bloques aliados remarcaron que bajar la edad de imputabilidad a 14 años está dentro del rango etario que suscribe la Argentina en los tratados internacionales con jerarquía constitucional por los derechos del menor que se han firmado. Esto mismo ha sido reiterado más de una vez por Patricia Bullrich, autora del proyecto de ley cuando ocupaba el cargo de ministra de Seguridad de la Nación.

Una vez que terminó la reunión en el Salón de Honor, los diputados reconocieron que este detalle se debe a que cuando se pasó a la firma el dictamen del año pasado, no había una Ley de Presupuesto, como sí ocurre actualmente. Cabe recordar que ese despacho tuvo el aval del oficialismo, el Pro, la CC, Democracia para Siempre (hoy en Provincias Unidas) y los integrantes del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria.

Un problema reglamentario para la Modernización Laboral

Con relación a la conformación de las comisiones del martes próximo, además de Justicia y Familias, Niñez y Juventudes que abordarán el plenario del Régimen Penal Juvenil, se van a conformar Mercosur; Relaciones Exteriores; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; y Legislación del Trabajo para recibir a la Ley de Modernización Laboral si es que prospera la media sanción en el Senado el próximo miércoles 11.

De todas maneras, tanto oficialistas como opositores dialoguistas dejaron la puerta abierta a la posibilidad de dictaminar la Modernización Laboral el miércoles 18 de febrero y realizar una segunda sesión en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 25 de febrero al regreso del feriado de Carnaval. Sin embargo hay un problema reglamentario que algunos jefes de bloque de la oposición le hicieron conocer al presidente de la Cámara: los dictámenes no pueden firmarse sino hasta diez días antes del cierre del período ordinario o extraordinario. Y como la fecha que figura en el decreto por el que se convocó a esta etapa de extraordinarias tiene como último día el 27 de febrero, el dictamen debería firmarse un día antes.

Imposible, pues el martes 17 de febrero es feriado de Carnaval. La forma que tiene el oficialismo para sortear esta situación es que el Presidente firme un nuevo decreto prorrogando extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, habilitando así el miércoles 18 de febrero como día hábil para emitir dictámenes.

Después, si se alcanza o no dictamen para la reforma laboral en una sola reunión de comisión, ya es otra cosa.

De hecho, el presidente del bloque UP, Germán Martínez, expresó sus críticas en su cuenta de X: “Los libertarios impusieron un cronograma exprés de tratamiento del tema penal juvenil. Quieren dictaminarlo el miércoles 11/2 y tratarlo el jueves 12/2”. Aclaró que él se opuso “tajantemente” a que “un tema de esta profundidad se trate de esta manera. No fui el único”.

Por último, aseguró que “nunca en la reunión se habló ni acordó nada respecto al contenido”.

El senador nacional Pablo Cervi oficializó este martes su afiliación a La Libertad Avanza, en un acto en el que estuvo acompañado por su par Nadia Márquez y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (presidenta del partido violeta).

Cervi resultó electo senador por Neuquén en las elecciones del año pasado, cuando secundó a Márquez en la lista de LLA.

De orígenes en el radicalismo, ingresó como diputado nacional por Juntos por el Cambio en 2021 y también fue candidato a gobernador de Neuquén en las elecciones de 2023 por ese mismo sello.

En 2024, a meses de asumir Javier Milei, Cervi fue uno de los radicales que colaboró en sostener vetos del presidente sobre leyes de jubilaciones y universidades. Desde allí formó parte de los llamados radicales “peluca”, que abandonaron el bloque de la UCR.

En septiembre de ese año, la Convención Nacional radical suspendió su afiliación, al igual que la del tucumano Mariano Campero, el misionero Martín Arjol y el cordobés Luis Picat. Actualmente, Campero y Picat son parte del bloque libertario en la Cámara baja.

Tras haber competido en la lista violeta, Cervi aseguró que iba a incorporarse al bloque de LLA en el Senado. Finalmente, su alineación se terminó de consagrar con su pase al partido liderado por los hermanos Milei.

Esta tarde el senador nacional @cervipablo oficializó su afiliación partidaria a #LaLibertadAvanza, un paso decisivo en la consolidación del espacio a fin de garantizar una representación sólida en la provincia.

El encuentro fue presidido por la Secretaria General de la… pic.twitter.com/8GBJKSSyZ8

— Nadia Judith Márquez 🇦🇷 (@nadiajmarquez) February 3, 2026

Mientras corre el reloj de las sesiones extraordinarias, el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados recibe este martes a las 18 al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, para adentrar a los legisladores en el proyecto de modificación a la Ley de Glaciares que va a tratar el Senado en la sesión del próximo miécoles 11 de febrero.

La convocatoria será en el Salón Blanco ubicado en uno de los pulmones del Palacio Legislativo y será la última vez que el bloque oficialista se reúna allí. A partir de la próxima semana, La Libertad Avanza tendrá a todos los despachos en el quinto piso del Anexo del Congreso, lugar que históricamente fue del radicalismo.

De todos modos, el oficialismo, también, buscará reunir a la tropa para definir quiénes quedarán en las presidencias de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes, y de Justicia, las cuales formarán parte del plenario que discutirá la Ley Penal Juvenil, único tema que empezará en la Cámara baja. Según revelaron a parlamentario.com, Justicia podría quedar a cargo del mendocino Luis Petri o del bonaerense Sebastián Pareja; mientras que la comisión que trata temas de menores de edad, podría quedar para una diputada aliada.

Respecto a la visita de Lucero, el funcionario profundizará el contenido del proyecto ambientalista que redefine al objeto de protección como "los glaciares y geoformas del ambiente periglacial 'que cumplan funciones hídricas', ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas". Además, incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales.

Otra modificación central es la creación del artículo 3° bis, que introduce el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA para actualizar el inventario.

De todos modos, este proyecto de ley primero debe pasar por el recinto del Senado y si prospera la media sanción en la sesión extraordinaria estipulada para el 11 de febrero, tendrá su debate en Diputados a partir de la tercera semana. La iniciativa tiene giro a Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch, y a Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, la cual deberá ser conformada.

Después de penetrar la línea debajo de los 500 puntos, el Riesgo País alcanzó los 486 puntos básicos, un valor que no se veía desde el 8 de junio del 2018 cuando el índice que elabora el JP Morgan cerró en 486. En lo que va de enero del 2026, se acumula una caída de 85 puntos que implican casi un 15%.

La noticia hizo eco en los legisladores de La Libertad Avanza quienes recordaron que cuando Javier Milei asumió como presidente de la Nación, el índice del Riesgo País rondaba en más de 2.400 puntos. En enero del 2025 había alcanzado los 560 puntos, pero para septiembre había aumentado a 1.400. Sin embargo, después de las elecciones legislativas, triunfo de La Libertad Avanza mediante, el índice comenzó a bajar.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, posteó una imagen comparativa entre los valores actuales y los “2.900 puntos” de la gestión en el Palacio de Hacienda de Sergio Massa acompañada por un “¡buena Javo!”. En sintonía, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, posteó recortes periodísticos del 2002 y actuales, y señaló: “Hicimos lo que había que hacer: enfrentar los problemas. El mundo vuelve a confiar en Argentina.”.

¡BUENA JAVO! pic.twitter.com/mAxGETNA51

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 28, 2026

Presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara baja, el jujeño Manuel Quintar también celebró: “Desde junio de 2018 que el Riesgo País no tocaba estos mínimos históricos: 494 puntos”. Agegó, además, que es “el resultado de un gobierno que vino a reconstruir un país entero. Argentina será potencia, no tengan dudas”.

Desde el Senado, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, sumó que “con Javier Milei cumpliendo lo que prometió, los resultados siguen llegado”. Luego, explicó que “la baja del riesgo país no es casualidad: es confianza. Significa que Argentina vuelve a ser creíble para el mundo. Esto recién empieza”.

También la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero sintetizó a lo sucedido como "lo mejor del día". Del mismo modo, el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala se refirió al tema: "El Riesgo País perforó el piso de 500 puntos", y añadió que "el índice cayó a 493 puntos, su nivel más bajo en 7 años. Esto refleja la confianza en el rumbo económico del país. En 2023 tuvo un pico de 2.728 puntos, bajo la conducción económica de Sergio Massa".