Tras una editorial publicada en el diario La Nación, este martes 27, los legisladores bonaerenses reaccionaron y emitieron un comunicado en conjunto.
Senadores y Diputados del FdT de la provincia de Buenos Aires expresaron su “más enérgico rechazo y repudio” a la editorial publicada el martes 27 de septiembre de 2022, en el diario La Nación, en el cual se pone en duda el intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta de la Nación, y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Allí se manifiesta, según se consigna que dicho hecho “fue organizado por un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la justicia ha puesto contra las cuerdas” y continúa estableciendo la postura de la empresa de medios diciendo “nos inclinamos por esta última hipótesis”.
Para los legisladores que integran la alianza de gobierno “estas actitudes de algunos medios periodísticos, en especial del que realizó la publicación, ya no nos sorprenden; Pero que dicha postura no sea novedosa no significa que no sea grave para nuestro sistema democrático”.
“El falseamiento de los hechos para sacar una ventaja política y contribuir a un clima de enfrentamiento debe ser repudiado por todos los que compartimos los valores democráticos”, agregaron.
Para los diputados y senadores provinciales que integran los bloques del FdT “la gravedad de los acontecimientos ocurridos el 1 de septiembre significan una ruptura del pacto democrático vigente de 1983 a la fecha en donde se decidió dejar atrás la violencia política y apostar por las elecciones democráticas y el diálogo político como forma de resolver las diferencias”.
Los legisladores ante esta “ruptura” destacan que “desde el peronismo, que siempre fue constructor de democracia, llamamos a todos los sectores políticos, sociales, económicos y mediáticos a actuar con absoluta responsabilidad y a cesar con la difusión de discursos que fomentan el odio y generan condiciones para el avance de la violencia”.
Para concluir, los legisladores oficialistas reiteraron el “pedido para que se lleve adelante una investigación judicial rigurosa, que con celeridad determine las responsabilidades materiales e intelectuales del atentado y que condene a los culpables”.
El episodio motivó un comunicado de repudio del Círculo de Periodistas Parlamentarios.
No fue un buen día del diputado Javier Milei con el género femenino. Este sábado ya se había cruzado con la presidenta de la Cámara baja, a la que él insistió en llamar “presidente”, contra el deseo de Cecilia Moreau, que insistía en que le dijera “presidenta”.
Más tarde viviría un incidente con una periodista del diario La Nación, quien lo abordó a la salida del recinto, cuando acababa de dar su discurso, e inmediatamente se retiró tras confrontar con el oficialismo en pleno, al grito de “casta”.
La periodista Laura Serra le pidió ampliar sus declaraciones, a lo que el diputado le respondió que tomara “textual” sus dichos en el recinto. “Y no lo falsees, como hacen siempre en La Nación”, agregó. Sorprendida, la periodista le preguntó por qué le decía eso si nunca lo había tratado, y al seguirlo el diputado reaccionó de manera airada, reclamándole en voz airada que lo estaba hostigando, según publicó ese diario.
El diputado posteó más tarde en su cuenta de Twitter una foto saliendo del recinto, junto a su compañera de bancada Victoria Villarruel, y la diputada Carolina Piparo, del bloque de José Luis Espert, Nicolás Emma y su hermana, y comentó: “Luego de ello, la periodista de La Nación ante mi negativa a declarar me pegó en mi brazo derecho en un claro acto de hostigamiento y provocación”.
Denunciado el episodio, el Círculo de Periodistas Parlamentarios del Congreso de la Nación publicó un comunicado manifestando “un enérgico repudio al maltrato ejercido por el diputado nacional Javier Milei hacia una integrante de esta entidad que realizaba su tarea periodística con profesionalismo y respeto”.
Asimismo rechazaron “los agravios reproducidos posteriormente por el diputado en redes sociales y expresamos nuestra absoluta solidaridad con la colega agredida, así como respaldamos a cada uno de los acreditados permanentes de esta entidad”.
El comunicado, suscripto por la presidenta del Círculo, Carolina Ramos, y el vice, Diego Guglielmone, hacen “un llamado para que este tipo de episodios no vuelva a repetirse”.
La vicepresidenta destacó una noticia brindada por el diario centenario… en contraposición con otra de Infobae que critica al kirchnerismo.
A través de su cuenta de Twitter, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este martes un posteo en el que comparó noticias contrapuestas entre el sitio del diario La Nación y el portal Infobae. Las dos sobre el mismo tema, pero con títulos distintos, y uno que ella interpreta como errado, como se encargó de destacar puntualmente.
Infobae presentó la noticia así: “La justicia de Nueva York le ordenó al Gobierno pagar USD 224 millones por el default de la gestión de Cristina Kirchner”. La Nación, en cambio, expresa: “Fallo en contra. La Argentina deberá pagar más de US$ 224 millones por el default de 2001”.
“Sorpresas te da la vida: La Nación publicó la verdad”, posteó Cristina Kirchner. Para agregar a continuación: “Infobae… no sorprendió a nadie”.
En ambas notas aparece la fotografía de Loretta Preska, quien sucedió al fallecido juez Thomas Griesa -un viejo conocido de los argentinos-, pues esta magistrada emitió así el primer fallo en contra del Estado argentino desde que asumió el presidente Alberto Fernández. Infobae precisa que “son fondos reclamados por dos fondos que no entraron a los canjes previos”.
La nota de este portal señala que “la justicia de Nueva York le ordenó al Gobierno pagarles 244,2 millones de dólares a dos fondos de inversión que permanecían en default desde la gestión kirchnerista”. Se indica que los bonos defaulteados fueron emitidos entre 1997 y 2001 en este caso y sus tenedores originales no entraron a los canjes posteriores a la cesación de pagos de fines de 2001, que se llevaron a cabo en 2005 y 2010. “Sin embargo, estos dos fondos los compraron entre 2013 y 2014 y, con el default del 2014 durante el gobierno de Cristina Kirchner, comenzaron su reclamo judicial, mientras pedían la aceleración de la deuda respectiva”.
La nota de La Nación, en cambio, recuerda que “la Argentina sigue pagando las consecuencias” casi 19 años después de que el hoy senador Adolfo Rodríguez Saá declarara la suspensión del pago de la deuda. Señala la información que se trata de “dos fondos litigiosos que no entraron en los canjes de reestructuración de 2005 y 2010 (con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, respectivamente) ni cerraron un acuerdo en 2016 con Mauricio Macri”.
En otro tuit, la expresidenta agregó: “Profundicemos un poquito sobre el tema: es muuuuuy mentirosa la presentación de la noticia ya que, en realidad, el default es el del 2001”.
“Sí, ese que normalizamos en nuestra gestión de gobierno logrando la quita más importante de la historia, acordando con casi el 93% de los acreedores. Los medios hegemónicos instalaron que el macrismo lo había solucionado definitivamente cuando en 2016 pagaron a los fondos buitre”, agregó en otro tuit, para concluir afirmando que “la verdad es que nosotros acordamos con casi el 93% de los bonistas manteniendo la equidad entre acreedores, mientras que el macrismo no pudo cerrar el 7% remanente ni pagándoles a los fondos buitre hasta los honorarios de las abogados y las campañas sucias contra Argentina. Fin”.
La vicepresidenta de la Nación detalló una serie de elementos que probarían que los jueces actuaron con segundas intenciones al detener a algunos exfuncionarios del kirchnerismo.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la emprendió una vez más contra la Justicia al insistir la instalación del Lawfare, que refiere como “un plan sistemático que requiere la articulación de medios de comunicación, sectores del Poder Judicial y agencias y organismos del Estado para atacar y destruir a opositores políticos”.
En ese marco, la exmandataria cargó contra la Corte Suprema, a la que acusa de inacción ante “los escandalosos mecanismos del Lawfare”.
En una extensa sucesión de tuits, la exmandataria arrancó diciendo que “un conocido periodista acaba de ‘informarnos’ (claro que cuatro años después) que en el año 2016 el diario La Nación estuvo a punto de dedicar una tapa de domingo a los jueces de Comodoro Py que no habían ‘perseguido” a funcionarios de nuestros gobiernos”.
El periodista en cuestión y al que Cristina no nombra es Carlos Pagni, quien hizo esa referencia en el editorial de su programa Odisea, que se emite los lunes por La Nación+, y sobre el cual agregó que “dijo también que, a partir de ese dato, un juez federal ‘paró la publicación de la tapa’ ordenando la detención repentina de un exfuncionario -y yo agrego- que, además, había dejado de serlo… ¡en el año 2009!”. En este caso el exfuncionario es Ricardo Jaime.
“Dicen que una verdad a medias es una mentira y resulta que lo que no contó el conocido periodista es que justamente ese domingo, 3 de abril de 2016, en el que supuestamente iba a aparecer la famosa tapa con los jueces de Comodoro Py”, agregó la vicepresidenta, para señalar luego que “era el mismo domingo en que se iba a dar a conocer a nivel mundial el escándalo de los Panamá Papers en el que estaba directamente involucrado el entonces presidente Mauricio Macri. Fue por eso que el juez Ercolini, el día anterior, ordenó la detención del exfuncionario”.
Según Cristina, “la verdad completa es que: o metían preso a un exfuncionario o publicaban la tapa con la foto de los jueces. El objetivo era el mismo: tapar y encubrir a Macri en un escándalo que provocó la renuncia de presidentes, primeros ministros y ministros en todo el mundo”.
Agrega la exmandataria que “como dicha detención no fue suficiente para tapar la magnitud del escándalo que se desató con los Panamá Papers, por estar involucrado nada menos que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a los dos días de ese domingo se ordenó otra prisión preventiva…”. En este caso señala a “un empresario detenido en el aeropuerto de San Fernando cuando llegaba de Río Gallegos para asistir precisamente a una indagatoria en Comodoro Py, con la ridícula excusa que el avión ¡que ya había aterrizado!… ‘no tenía plan de vuelo’”. El empresario es Lázaro Báez.
“He sostenido y sostengo que en la Argentina y en la región se instaló el Lawfare: un plan sistemático que requiere la articulación de medios de comunicación, sectores del poder judicial y agencias y organismos del Estado para atacar y destruir a opositores políticos”, puntualiza Cristina Fernández, que concluye diciendo que “finalmente es La Nación, a través de uno de sus principales columnistas, el que describe a medias y a conveniencia algunos de los escandalosos mecanismos del Lawfare sin que hasta el momento en la Corte Suprema, responsable última del Poder Judicial, se les mueva un pelo”.
“Ahora, que las cosas empiezan a quedar al descubierto y que se desnudan los mecanismos de la persecución de opositores y del encubrimiento de la corrupción macrista, es más fácil entender la necesidad de volver a poner a la Justicia en la senda que la República le impone”, remata la vicepresidenta de la Nación.
