La diputada de izquierda presentó un proyecto para que las hectáreas de tierras del empresario inglés “sean de uso público bajo control de representantes electos de movimientos sociales, ambientales y de los pueblos originarios”.
Apenas iniciado el año parlamentario, la diputada nacional Romina Del Plá (FIT-U) presentó un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes y las 12.000 hectáreas de tierras propiedad del empresario inglés Joe Lewis en la zona de Lago Escondido, provincia de Río Negro.
Sobre el proyecto impulsado por el Bloque del Partido Obrero y el Frente de Izquierda y de trabajadores-Unidad, Del Plá afirmó: “Hemos presentado un proyecto de ley de expropiación de los bienes y las 12.000 hectáreas de tierras de Joe Lewis en Lago Escondido de Rio Negro para que sean de uso público bajo control de representantes electos de movimientos sociales, ambientales y de los pueblos originarios. Esto incluye los accesos al lago, algo que fue motivo de una prolongada lucha de 17 años de batalla legal, y que finalmente ratificó la sentencia de la Suprema Corte Provincial intimando a Lewis y al gobierno de la provincia de Río Negro a habilitar el acceso al lago por el camino Tacuifí”.
Asimismo, señaló que “según la constitución provincial que Lewis no respeta, tiene que existir el libre acceso para todos los ciudadanos a los espejos de agua y a sus riberas. Este fallo fue ignorado por el empresario, y avalado por el gobierno nacional y provincial. Este pedido de expropiación se fundamenta en el carácter fraudulento de las compras de estas tierras que por ley nacional están prohibidas a extranjeros”.
Por último, agregó: “Con los políticos capitalistas, la Argentina está en venta. La extranjerización de tierras en Argentina a través de testaferros o a nombre de sociedades con asiento en paraísos fiscales es de tal magnitud que afecta la soberanía del país. Hay más de 12,5 millones de hectáreas en manos de empresarios extranjeros, de las cuales casi dos millones son de firmas radicadas en paraísos fiscales, mientras se ataca a los pueblos originarios en Mascardi, se los reprime, desaloja y encarcela a una velocidad increíble a mujeres mapuches con niños, mientras Lewis hace lo que quiere”.
Proyecto-de-Ley-Lago-EscondidoEXPTE-0263-D-2023-1El diputado del Frente de Todos reunió a militantes que participaron de la marcha que terminó en un enfrentamiento con trabajadores de Joe Lewis. "Sé que hay muchos que tienen miedo a las tapas, los jueces y los carpetazos", lanzó el bonaerense.
Durante una conferencia de prensa realizada en el Auditorio del Anexo de la Cámara baja, el diputado nacional Daniel Gollan llamó este viernes a la "organización popular" por la defensa de Lago Escondido, junto a militantes que participaron de la "Séptima Marcha por la Soberanía", que terminó con enfrentamientos con trabajadores de Joe Lewis y fuerzas de seguridad.
El bonaerense relató que esta fue la primera vez que participó de esas movilizaciones y que experimentó "una situación muy extraña". "Tenemos que recapacitar sobre muchas cosas, pero la pregunta es: ¿Por qué no podemos nosotros hacer cumplir la ley? ¿Por qué la policía actúa así? ¿Por qué tenemos un poder mafioso político, económico, judicial y mediático que puede determinarnos la vida de los argentinos?".
"Si no hacemos un poco más de peronismo es muy difícil, por no decir imposible", consideró y observó que en estos momentos "nuestro movimiento nacional y popular es casi un partido liberal, que se mueve casi con la lógica del mercado, y la lógica del mercado lo único que genera es una organización caótica de la sociedad, donde los que tienen más lugar para desarrollar su poder son los que terminan sacando las principales tajadas".
Para el kirchnerista, "todos tenemos que rever algunas cosas". "Cuando hacemos estas grandes gestas estamos dando simbólicamente un ejemplo de lo que hay que hacer", opinó y se preguntó cómo se puede "masificar esto", para sostener luego que "hace falta avanzar en organización y concientización popular".
"Estamos partidos en diez mil organizaciones", dijo y, aunque valoro la "riquísima diversidad", Gollan afirmó que "si no hay un punto de síntesis perdes oportunidad de transformación". "Cuando la soberanía está en juego, ese el límite, no se puede esperar a ver qué pasa cuando tenes flagrantemente una exposición tan brutal de un poder colonial que está en tu país y te haces el dolobu. No se puede", enfatizó.
Y lanzó: "Sé que hay muchos que tienen miedo a las tapas, los jueces y los carpetazos, pero no se puede construir un país desde esa posición de miedo".
El primero de la mesa en hablar fue Julio César Urien, coordinador general de FIPCA (Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua), quien agradeció a quienes que se movilizaron y señaló que la última marcha tuvo una "diferencia" con las anteriores, ya que se logró ingresar por el camino de Tacuifí, a partir de la resolución de una jueza.
Pero, "los abogados de Joe Lewis dijeron que esta jueza los había traicionado y la sacaron de la justicia". "Vemos cada vez más el poder que tiene este grupo económico en la provincia y cómo influye a nivel nacional", advirtió.
El dirigente denunció que Lago Escondido "es un lugar donde se reúnen para definir políticas que atentan contra la democracia y el gobierno constitucional". "Esta fue una acción directa, no violenta, donde participaron representantes de más de 80 agrupaciones sindicales, sociales y políticas en forma coordinada", destacó.
Y continuó: "El movimiento y el poder popular empieza a tomar la iniciativa y organizarse, que es la única manera de poder enfrentar a este poder real que condiciona a futuro a nuestra patria como Nación". Además, Urien dejó "un llamado de atención a gran parte de la dirigencia que no está a la altura de defender a nuestra Patria frente a los intereses británicos".
Por su parte, Jorge Rachid, médico sanitarista y dirigente peronista, denunció: "Lewis no es Lewis, es mucho más que Lewis. Lewis gobierna, por lo menos, la provincia de Río Negro. Lewis es quien les da las órdenes al Pro cuando va la conducción de (Mauricio) Macri a reunirse ahí. No van ni siquiera a divertirse, porque son tristes".
En esa línea, habló de "jueces, fiscales y funcionarios que van a recibir órdenes del diseño estratégico de la OTAN para el Atlántico Sur". "Nosotros pacíficamente estamos demostrando que la Argentina está en peligro", expresó y cargó contra el máximo tribunal: "También les dan las órdenes hasta a la Corte Suprema corrupta, canalla y criminal que hoy está siendo juzgada en el Parlamento".
Gabriel Berrozpe, afiliado de ATE y referente de la CTA de Quilmes, quien resultó herido en la última marcha, manifestó que "todos los compañeros tuvieron riesgo de perder su integridad física, porque los hechos demuestran que esta patota y las fuerzas de seguridad estaban dispuestas a todo". "Lago Escondido es una de las guaridas de una asociación ilícita empresaria de objetivos contrarios al interés nacional y la democracia", apuntó.
En tanto, Joel Sverdlik, responsable del frente de abogados de La Cámpora San Isidro, cargó contra la gobernadora rionegrina Arabela Carreras por decir que "hay muchos lagos que tienen esta problemática". "En ninguno de otros lagos hay una sentencia firme que la provincia no ejecuta, en ninguno de esos otros lagos hay una prohibición a través de golpes, palos y portones, y tampoco hay un bunker de empresarios enemigos a la Patria los cuales digitan los destinos de cada uno de nosotros y donde quieren proscribir a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner", dijo.
A su turno, Andrea Gatabria, integrante de FIPCA, destacó la presencia de jóvenes y mujeres que tuvo la marcha y agregó: "Fue la columna más federal ya que once provincias estuvieron participando. Esto es una causa nacional, popular y federal". Y criticó a los trabajadores de Lewis que salieron al cruce de los manifestantes. "Un ejército de cipayos, que deben ser trabajadores argentinos, que los llamamos a la reflexión porque no pueden estar defendiendo con esa ferocidad intereses foraneos y extrajeros, más sabiendo que ese lugar, donde está ubicada la mansión, a seis kilómetros con Chile, fue adquirido ilegal e irregularmente", aseveró.
Avanzada la conferencia, Gastón Harispe, jefe del bloque Frente de Todos en el Parlasur, celebró que "el tema Lago Escondido está instalado". "El control territorial no lo ejercen solo en Tacuifí sino en distintos caminos que ellos definen como privados y son públicos", señaló y remarcó que se trata de "un área estratégica", por eso es "un espacio de disputa teórico y práctico con el enemigo británico que está ahí ocupando un pedazo de nuestro territorio".
El diputado oficialista también se refirió a los chats entre funcionarios de la Ciudad y miembros de la Corte y lo calificó de “bochorno”. En ese sentido, opinó que “los chats aparecen legales o ilegales porque es la guerra interna de JxC”.
El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) se refirió los últimos chats que revelaron vinculaciones entre miembros de la principal bancada opositora y de la Corte Suprema y lo tildó de “bochorno”, al tiempo que opinó que aparecen porque “es la guerra interna de JxC”. Por otro lado, ponderó la presentación del juicio político impulsado por el presiente de la Nación contra el máximo tribunal.
En diálogo con Futurock FM, el diputado del Frente de Todos chicaneó: “Hasta en diciembre aparecen diálogos increíbles”, y sostuvo: “Lo más fuerte es el diálogo entre Rodríguez Larreta y Rosatti para burlar la Constitución, violar las normas del Consejo de la Magistratura y la Coparticipación”.
“El diálogo entre Silvio Robles, director general de la vocalía de Rosatti en la Corte, no es Silvio Robles el que habla, habla Rosatti. Marcelo D’Alessandro es el ministro de Justicia de Larreta. Es un diálogo entre Rosatti y Larreta, entre los que lo tienen que instrumentar para que se logre la consolidación de que Martín Doñate, por ejemplo, en una de las cosas el senador del Frente de Todos que había sido electo para integrar el Consejo, no pueda asumir y entonces le sugiere un comportamiento del bloque opositor que, efectivamente, se llevó adelante una semana después”, denunció.
En ese sentido, manifestó que “eso que quieren decir que es legal o ilegal, lo cierto es que los actos de las cosas que se hablan se ejecutaron. Lo mismo que en el caso de los huemules en el caso de Lago Escondido cuando hablaba Ercolini que iba a hablar con una periodista Rodríguez Paz y efectivamente la periodista dijo ‘me llamó y me propuso eso que no acepté’”.
“Lo que tendría que estar haciendo D’Alessandro, que es ministro de Justicia y Seguridad, es respondiendo qué son esos sobres de dinero. ¿Quién es Marcelo Violante el empresario? ¿De qué negocios estaban hablando aparte de las grúas? Todo lo que se dice ahí luego ocurrió. Es un bochorno", disparó Valdés.
Además, consideró que los chats “aparecen legales o ilegales porque es la guerra interna de JxC”, y recordó que “la semana anterior había sido D’Alessandro porque ahí en los chats vimos su cercanía con el fiscal Troncoso que, casualmente, le había desestimado la denuncia Gerardo Milman cuando le sucede el hecho ilegal también, de patotear a una policía de la Ciudad cuando le estaban llevando el auto a su novia, auto con el cual la novia no tenía ni el carnet, uno trucho y papeles truchos”.
“Con tanta visibilidad tenemos hoy la guerra interna para que Patricia Bullrich no pusiera el ministro de Seguridad que pensaba, de acuerdo a un pedido que habría echo en su momento Mauricio Macri para equilibrar la balanza que Gerardo Milman sea el ministro de Seguridad en lugar de D’Alessandro”, sostuvo el oficialista y remarcó: “Es una guerra interna entre ellos de la cual nosotros nos fuimos enterando de las cosas “.
Y sumó: “Yo creo que D’Alessandro lo ha perseguido a Milman y ahora le devuelven la gentileza con esto”, y adelantó: “Ellos mismos entre ellos ya saben que van a haber más chats”.
Además, Valdés incitó a los involucrados a presentarse ante la Justicia y entregar sus celulares: "Cuando me inventaron el operativo Puf, de que hablaba con presos en Ezeiza para voltear al fiscal delincuente y corrupto de Stornelli, me presenté ante la justicia espontáneamente con mi teléfono a disposición, y no figuraba nada de lo que ellos decían que iba a suceder. La honestidad se muestra entregando el celular. Milman, Robles, D´Alessandro, deberían entregarlo y que muestren que todo esto no es verdad”.
“Lo primero que la gente tiene que entender que tiene que ver con su vida, que vean cómo un empresario dueños de las grúas que le acarreaban a usted todos los días, coimeaba con el ministro de seguridad que lo tenía que controlar para que los delitos que él cometía con esas grúas no le cobren multas a él y nosotros somos los imbéciles que vamos a pagar las multas y los acarreos de las grúas”, planteó.
Retomando el tema de la interna, Valdés manifestó que “ellos no se sueltan la mano entre todos porque entre ellos se han espiado. A Larreta le costó el divorcio el espionaje que le hizo Macri con los Mario Bross. Ellos se espían entre ellos. Quizás tienen una moral inversa a la que tenemos nosotros”, y afirmó: “Esos están acostumbrados a jugar con estas cosas horribles ".
“Nosotros también nos estamos enterando en estos momentos que el prófugo de la justicia Pepín Rodríguez Simón cenó en la noche del 31 de diciembre en la casa del senador Torello, en el Club de Márquez un barrio privado de José Ignacio en Punta del Este junto con el juez Rosenkrantz, o sea, un miembro de la Corte Suprema cena con el mayor prófugo de la justicia argentina. Claro es el que lo hizo juez después por decreto a él. Pero eso está pasando en este momento. Quiero decirlo porque todo tiene que ver con todo”, denunció.
Respecto del pedido de juicio político a la Corte Suprema, el legislador analizó: "Lo importante es la voluntad política. Néstor, en 2003, fue amenazado por Nazareno por querer sacar Obediencia de Vida y Punto Final. Tenía el 22% de los votos, pero igual inició el juicio político a la Corte. Tenemos que tener esa misma decisión política. En la Cámara de Diputados, que es a cámara acusadora, tenemos mayoría”.
Y cerró: “Lo veo muy bien al presidente para encarar este proceso. Un 2023 con un presidente con fuerza que se ponga al frente de los gobernadores y que encabece la situación”.
La diputada oficialista se refirió a la aparición de nuevos chats sobre el viaje a Lago Escondido y el proyecto que firmó para la constitución de una Bicameral: “Son cuestiones que van vertebrando una realidad y una acción donde la justicia está indudablemente comprometida”.
Tras la aparición de nuevos chats que involucran al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, con Silvio Robles, director general de la vocalía de la Corte Suprema, la diputada nacional Blanca Osuna (FdT – Entre Ríos) consideró que el Poder Legislativo y el Ejecutivo deben “actuar para preservar la democracia”.
Esta revelación se suma a la ocurrida hace semanas que dio cuenta del viaje a Lago Escondido que compartieron jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En declaraciones por Radio Nacional, la legisladora sostuvo que “hay que adoptar acciones firmes y contundentes”, y se refirió al proyecto impulsado por diputados del Frente de Todos para crear una Comisión Bicameral Investigadora especial en el ámbito del Congreso para indagar la adquisición de la estancia Lago Escondido por parte del magnate británico Joe Lewis y el viaje que en octubre pasado realizaron a ese lugar magistrados, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín.
“Frente a la gravedad institucional y política que tiene estas situaciones que van mostrando la podredumbre de una institución que, en particular, está centrada en la Corte Suprema y en quien la preside, pero al mismo tiempo también que se expande a un poder del Estado que es quien debe administrar justicia y sobre todo algunos sectores”, manifestó.
Al respecto, planteó que “ese impacto, que tiene en el funcionamiento de la democracia, merece respuestas que deben ser oportunas y urgentes. Debe ser necesaria la conformación de una Bicameral va en línea con investigar a fondo la situación en torno al viaje hecho por algunos funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, también camaristas, jueces”.
Al mismo tiempo, remarcó que “el impacto que eso tiene en la realidad y en las medidas que efectivamente el poder instituido del Estado debe adoptar. También la Bicameral va a considerar otro aspecto que es la decisión de ese bien -Lago Escondido – por parte del magnate Joe Lewis”.
“La idea es tomar un tiempo de trabajo intenso, sistematizar la información obrante, generar un informe para buscar la prueba que ratifique algo de lo que estamos viendo con estupor y con toda la gravedad que tienen los hechos y sus consecuencias para la sociedad argentina. Generar ese informe impone inmediatamente adoptar decisiones que, en algunos casos, pueden retrotraer acciones que han facilitado la adquisición de una propiedad como es la de Lago Escondido que está en una zona fronteriza y está, aparentemente, comprada por quien es parte de una organización de una empresa extranjera”, explicó Osuna.
Además, explayó que “esta decisión va de la mano de otras cuestiones que desde el Poder Legislativo estamos decididos a que se desencadene, uno de ellos es por ejemplo el juicio político al presidente de la Corte Suprema, así como la expulsión del diputado Gerardo Milman. Lo digo porque son cuestiones que van vertebrando una realidad y una acción donde la justicia está indudablemente comprometida”.
“En el caso de Milman su complicidad respecto al intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación es algo evidente, sin embargo, los avances de la justicia respecto a la investigación si lo comparas con otros países que detienen al responsable en unos días, acá está sucediendo lo contrario, lo que muestra es esa acción de la justicia vinculada como sector político a los poderes fácticos de la Argentina. Esto es lo que de algún modo exige que tanto el Legislativo como el Ejecutivo actuemos para que el horror de la destrucción de la democracia no asole a la Argentina”, planteó.
El diputado del FdT contó que el ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, "está comprometido con las nuevas conversaciones que aparecieron entre él y un hombre cercano a la Corte Suprema".
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT) reveló este jueves la aparición de "nuevos chats" -que aún no han sido difundidos públicamente- entre el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, "mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti".
En declaraciones por AM 530, el diputado kirchnerista se refirió al caso de Lago Escondido y anticipó que "cada palabra que aparece en los nuevos chats es un delito”. Sin embargo, aclaró que “aún no han sido revelados públicamente”.
“Se conocieron cuatro chats de D'Alessandro: uno con la exdiputada Silvia Magdalani; un segundo con Marcelo Violante -empresario de las grúas-; y los más comprometedores son, con Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y con el fiscal César Augusto Troncoso”, relató.
En tal sentido, Tailhade sostuvo que Robles “le daba órdenes y argumentos sobre la defensa jurídica, institucional y política a D’Alessandro, frente a la decisión del Senado en designar a Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura”. Además, señaló: “Fue Robles quien les avisó a los senadores de Juntos por el Cambio que no bajaran al recinto”.
Además, expresó que el fiscal César Augusto Tronocoso es quien “mandó al frente” al diputado nacional Gerardo Milman, cuando “en combinación con D’Alessandro armaron un pedido en el interbloque opositor para que estén atentos a su conducta”.
El en final, Tailhade manifestó que el próximo martes habrá novedades respecto al tema y concluyó: “Vamos a desmenuzar en su totalidad estos nuevos chats”.
El organismo encabezado por Horacio Pietragalla Corti realizó la presentación a raíz de las manifestaciones del diputado sobre el acampe del MTE en Lago Escondido. "Cárcel o bala para estos delincuentes", había escrito el liberal en su Twitter.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, denunció penalmente este miércoles al diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) por instigación a la violencia luego de su mensaje en Twitter sobre el acampe que Juan Grabois junto a otros dirigentes realizó en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. "Cárcel o bala para estos delicuentes", escribió el liberal.
En la presentación, el organismo destacó "la peligrosidad y el carácter antidemocrático del mensaje de Espert, especialmente teniendo en cuenta la reiteración de estas conductas y que quien difunde estas expresiones violentas sea un diputado nacional".
"Este tipo de declaraciones se encuentran prohibidas por el artículo 209 del Código Penal, que pena a quien públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución", fundamenta la denuncia, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
Además, en el escrito, la Secretaría de DD.HH. recordó que en septiembre pasado también había denunciado a Espert por un mensaje similar, cuando pidió "bala" para miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Sin embargo esa denuncia, que recayó el Juzgado Federal N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo Marcelo Martínez De Giorgi, fue archivada.
"Es evidente que la falta de respuesta judicial adecuada ante expresiones que configuran el delito de instigación pública por parte de un diputado nacional genera su repetición. En un país con alta conflictividad social y política, que se encuentra obligado a respetar el derecho humano a la protesta social, que un representante del pueblo instigue públicamente a matar a quien protesta no puede quedar sin sanción judicial", se señaló en la presentación.
También, mediante un comunicado, el organismo comandado por Pietragalla Corti reveló que puso en conocimiento de esta situación a la presidencia de la Cámara baja, Cecilia Moreau, para que "se adopten las medidas necesarias para sancionar este tipo de declaraciones y evitar su repetición".
El diputado del Frente de Todos, perteneciente a la agrupación que lidera Juan Grabois, reclamó por el libre acceso en la zona y llamó a "defender la soberanía de nuestro país".
En conferencia de prensa, luego de haber sido retirados este miércoles de la estancia de Joe Lewis, dirigentes del Frente Patria Grande encabezados por su líder, Juan Grabois, dieron su versión sobre sobre su reclamo de "acceso soberano" a Lago Escondido.
Entre los que hablaron lo hizo el diputado nacional Federico Fagioli (FdT), quien señaló: "Esto fue una acción 100% pacífica de un grupo de compatriotas que estamos convencidos que hay que defender la soberanía de nuestro país, de un grupo de compatriotas que no estamos de acuerdo que fuerzas, poderes y magnates extranjeros se apropien de nuestra Patria, de nuestros lagos o de nuestras islas como sucede en Malvinas".
"Estamos convencidos que, como argentinos y argentinas, tenemos que dar la discusión necesaria para que la soberanía se respete, para que todos podamos acceder a las costas de nuestros lagos y le pongamos un freno a la impunidad de estos magnates", continuó el legislador oficialista.
En esa línea, apuntó que esos magnates "no sólo se apropian de nuestras tierras sino que también tratar de tejer espuriamente y hacer negociados a espaldas de nuestra Patria para accionar judicialmente, políticamente, con grandes grupos económicos como los medios de comunicación o miembros de la Justicia para tomar decisiones sobre el destino de nuestra Patria".
"Le exigimos al Poder Ejecutivo provincial, a la Justicia y a quien sea necesario que hagan cumplir los fallos que plantean la necesidad que se abra el camino para que todos podamos utilizar libremente con nuestras familias el Lago Escondido", concluyó Fagioli, quien se había instalado junto a Grabois el martes por la mañana.
El acampe se levantó finalmente este miércoles, luego de la llegada de fiscales y efectivos de la fuerza de seguridad de Río Negro. Desde la empresa Hidden Lake, propiedad del empresario inglés, confirmaron que denunciarán penalmente a Grabois y compañía por la intrusión, además de agresiones contra los trabajadores.
La llegada de los dirigentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente Patria Grande ocurrió semanas después que se conociera la estadía que compartieron en ese lugar jueces federales, empresarios del Grupo Clarín, ex agentes de la AFI y funcionarios del Pro de la Ciudad.
El jefe de bloque radical, Mario Negri, y los diputados López Murphy y Espert fueron algunos de los que se manifestaron en contra del acampe en Lago Escondido.
Miembros del Frente Patria Grande, con el diputado nacional Federico Fagioli (FdT) y Juan Grabois -líder del movimiento social- a la cabeza, irrumpieron con carpas en las instalaciones de una finca en las costas de Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, que es propiedad del empresario Joe Lewis.
El campamento se instaló en el lugar en señal de protesta para que “se garantice el acceso al espejo de agua”, con la consigna “las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también”.
Varios jefes de bloque de la oposición manifestaron su repudio ante el hecho. El primero de ellos fue el presidente de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, quien expresó: “Recordemos que Grabois en 2020 ocupó un campo en Entre Ríos. El kirchnerismo sabe que llega su final de ciclo por eso recurre a la violencia. Lo único que ofrece es pasado y patotas”.
En tal sentido, el monobloquista de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, celebró que los empleados de la finca “hayan confrontado contra los acampantes”. “Es sorprendente que no entiendan el desprecio que generan en la gente que se esfuerza, vagos”, sentenció.
Con más dureza, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) posteó una foto de las carpas en Lago Escondido con la leyenda “cárcel o bala para estos delincuentes”. En esa línea, el diputado nacional Fernando Iglesias (Pro) apuntó contra Grabois y manifestó: “Con los laburantes de Lago Escondido es la repetición farsesca de lo del Che con los campesinos bolivianos”.
"Juan Grabois muestra la errada concepción de la propiedad privada que tiene el kirchnerismo, asociando el legítimo reclamo sobre Malvinas a la compra legal de tierras que hizo una persona. El cumplimiento de una medida judicial no puede ser obligado mediante un delito", tuiteó el diputado bonaerense Alejandro Finocchiaro.
El diputado Eduardo Valdés había adelantado en la última sesión que llevaría a cabo dicha iniciativa “sobre el escandaloso viaje y el manejo impune del territorio nacional”. La Comisión estará integrada por 6 diputados y senadores designados por los presidentes de cada Cámara.
Los diputados nacionales del Frente de Todos Eduardo Valdés, Blanca Osuna y Leopoldo Moreau presentaron un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral Investigadora especial en el ámbito del Congreso de la Nación para el esclarecimiento del viaje a Lago Escondido que compartieron jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios de comunicación, así como también para avanzar sobre las ventas de terrenos públicos al magnate británico Joe Lewis.
"Necesitamos un ámbito institucional y democrático, en el se involucre tanto el oficialismo como la oposición, para exponer el film de pánico y terror del cual los chats que revelaron el escandaloso viaje parecen ser tan sólo el principio", sostuvo Valdés.
El diputado oficialista ya había anticipado la presentación de esta iniciativa en el recinto de la Cámara baja en lo que fue la última sesión del cuerpo: "La bicameral tiene que meterse a fondo. Porque esos jueces han tomado decisiones para intervenir en la política y perjudicar a los líderes políticos populares. Ahora los hemos pescado in fraganti. Queda claro el nivel de degradación. Recuperemos la autonomía de la política. Que no nos conduzca Lago Escondido".
Según indica el articulado del proyecto, la Comisión Especial Investigadora estará integrada por seis diputados nacionales y seis senadores nacionales, designados por los presidentes de cada cámara, respectivamente, respetando la pluralidad de la representación de ambas cámaras.
Según establece el proyecto, el cuerpo estará obligado a recabar información, solicitar informes y declaraciones testimoniales a fines de elaborar un informe final que contenga opinión fundada sobre el origen de la adquisición de la Estancia Lago escondido por parte del grupo Hidden Lake SA, Lewis, y sobre el ingreso de funcionarios públicos a reuniones y actividades y sus con empresarios, a fin de investigar presuntos delitos.
En los fundamentos que sustentan la iniciativa, los diputados citan como precedente las causas penales abiertas por la venta de terrenos públicos y el bloqueo del camino de acceso público de acceso al Lago Escondido.
"Desde 1996 esa vía de acceso al Lago Escondido estuvo cerrada con tranqueras, y cuando alguien pretende pasar le responden que usen un extenso camino de montaña muy difícil de recorrer. Desde la pandemia el multimillonario ordenó poner altas vallas con alambres de púa y cámaras de vigilancia que se manipulan desde la estancia. La estructura se puede observar desde la ruta. Diecisiete años lleva la causa para abrir el paso ciudadano que permite llegar al Lago Escondido. Se trata de un manejo impune del territorio nacional. Pese a una sentencia que obliga a abrir el camino público, el gobierno Provincial de Río Negro sigue actuando a favor del magnate Joe Lewis", señalaron Valdés, Osuna y Moreau.
6835-D-2022Los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de resolución para obtener detalles respecto de ese viaje y si los funcionarios involucrados en el mismo lo declararon en el “Registros de Obsequios”.
Luego de que se filtraran los chats que dan cuenta de un viaje entre funcionarios macristas y judiciales, los diputados del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución mediante la cual buscarán obtener información acerca de la aplicación del Régimen de Integridad Pública.
En ese sentido, la bancada conducida por Claudio Ferreño (FdT) le exigirá al Ejecutivo local informe si al 15 de diciembre de este año se ha contituído el Registro de los Obsequios, estipulado en el artículo 57 de la Ley 6357, y si el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, dejó constancia de ese viaje en el mencionado registro.
También buscarán conocer si el fiscal general, Juan Bautista Mahiques, ha dejado constancia en el citado Registro de Obsequios, “del regalo recibido en forma de vuelo y viaje completamente financiado por el Grupo Clarín a la Estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, junto a fiscales, jueces y ex agentes de inteligencia”.
A su vez, los legisladores indicaron que “en el Decreto 376/2022 reglamentario de la Ley 6357, sancionado el 17/11/22 y publicado el 22/11/22, figura ‘sin reglamentar’ el artículo 57 de la citada Ley, el cuál regula el Registro de los Obsequios”, por lo que le pedirán a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que informe los motivos por los cuales se fundamenta esa omisión y “a través de qué procedimiento se instrumentaron los mecanismos necesarios para dar cumplimiento al artículo 57 de la Ley y, en consecuencia, a todos los preceptos que conforman el espíritu del Régimen de Integridad Pública”.
En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “como es de público conocimiento, el pasado 17 de octubre fue noticia en el diario Página 12 el viaje a la Estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, financiado por el Grupo Clarin, del cuál participaron el fiscal general, Juan Bautista Mahiques y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, junto a jueces, fiscales y ex agentes de inteligencia” e indicaron que “este hecho evidencia una inconducta manifiesta en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a los más elementales criterios de ética pública, así como también un expreso incumplimiento de los preceptos establecidos en la ley 6357 de Régimen de Integridad Pública”.
“En esa línea, es importante destacar que el citado Régimen involucra la creación de un Registro de los Obsequios recibidos por los y las funcionarios del Estado, a los fines de combatir las dádivas y demás conductas impropias. Llama la atención que al 15/12/22 el artículo 57 de la ley 6357, que regula el funcionamiento de ese Registro, se encuentre sin reglamentar. En relación a esto último, es fundamental conocer si los funcionarios Mahiques y D’Alessandro, mencionados anteriormente comunicaron de alguna manera el viaje recibido como obsequio y, en caso de haberlo hecho, a través de qué mecanismo y con qué detalles”, sentenciaron.
El oficialismo se mantiene hipersensible a las resoluciones judiciales. La oposición en tanto se resiste a volver al recinto, para resignación del ministro de Economía que necesita la aprobación de leyes clave. Ausencias significativas en la celebración del aniversario presidencial.
Por José Angel Di Mauro
A pocos días de iniciar la feria judicial, la Corte se mostró muy activa. Entre sus fallos de los últimos días, el más trascendente fue sin dudas la confirmación de la condena a 13 años de prisión para Milagro Sala. Con su fallo, el Tribunal Supremo reconoció la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias. Los jueces jujeños que la condenaron en su momento le atribuyeron haber cometido defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión.
Semejantes cargos no alcanzaron para que desde el oficialismo salieran a reclamarle directamente al Presidente indultarla. La campaña impulsada bajo el hashtag #IndultoAMilagroSalaYa cuenta con la anuencia de figuras como el diputado Eduardo Valdés, que tiene la particularidad de ser cercano a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Esta vez mostró su versión alineada con la vice, al reclamarle a su amigo indultar “ya” a Sala.
Hombre clave de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque se sumó a este reclamo, como así también la diputada Blanca Osuna, quien además presentó un proyecto de declaración expresando su más enérgico repudio al fallo de la Corte. Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, a esa diputada entrerriana le tocó lidiar en la frustrada sesión especial del 1 de diciembre con la oposición que no paró de gritar mientras ella defendía el dictamen de creación de 8 universidades. Fue ella también la que totalmente sacada la emprendió allí contra el diputado Gerardo Milman -muy cercano a Patricia Bullrich- al grito de “asesino”. Postales de una tarde bochornosa.
Para el jefe del bloque radical Mario Negri, la Constitución impide que el Presidente pueda hacer lo que piden para Milagro Sala. En el artículo 99° de la Carta Magna se establece que el Presidente puede indultar penas por delitos federales, mientras que la jujeña fue condenada por delitos provinciales.
Con todo, esta polémica debería apagarse antes de nacer, si se le diera crédito a lo que en campaña anticipó Alberto Fernández: “El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto. Los presidentes no están para perdonar a nadie”, decía el entonces candidato en mayo de 2019.
El mismo día el Tribunal Supremo adoptó otra decisión determinante, al ordenar que se les tome juramento a los cuatro diputados nacionales designados originalmente para representar a la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura. La medida llegó en el momento justo para sacar a la Cámara de Diputados de la parálisis en la que se halla inmersa. Es que a partir de la decisión de un juez cercano a La Cámpora de invalidar la designación de la radical Roxana Reyes en el Consejo, y resolver luego la presidenta del Cuerpo anular directamente las designaciones de los cuatro representantes, se rompieron en esa Cámara todos los puentes entre el oficialismo y la principal oposición. Así se exteriorizó en las fallidas sesiones del 1° de diciembre.
Sin embargo lo resuelto por la Corte no tuvo -al menos en lo inmediato- el efecto esperado. Si bien se supone que esa medida destraba la encerrona en la que las partes habían quedado sin que ninguna tuviera que aparecer cediendo, la reacción de la oposición no cambió el status quo: la semana se cerró con Juntos por el Cambio ratificando su rechazo a dar quórum con diversos e imprecisos argumentos.
La realidad es que mientras subsista esa postura extrema entre ambos sectores, no habrá manera de reactivar la actividad en el recinto. Primera minoría, pero con apenas 118 miembros, al Frente de Todos no le alcanza con “los bloques del medio” para llegar al quórum si es que no logra sumar al interbloque Federal. Y ese sector ha dejado claro que no va a forzar nada porque “sería contribuir a la discordia”. “Que primero se arreglen entre ellos”, condicionan desde ese espacio de 8 miembros.
En JxC se ponen condiciones novedosas, como incluir en el temario de una próxima sesión la cuestión de los alquileres, por ejemplo. Ese es un proyecto que, a decir verdad, nadie quiere tratar, a sabiendas de que lo que pueda llegar a surgir no va a conformar a todos y, lo que es peor, no será ninguna solución. Con una inflación arañando los tres dígitos, ninguna ley de alquileres dejará satisfechos a propietarios e inquilinos.
La verdadera razón de la renuencia a sesionar habría que buscarla en el nivel de enfrentamiento extremo que alcanza a propios y extraños. Bajar a una sesión sería abrir una caja de pandora que podría desencadenar otra guerra. Cuestiones como lo de Lago Escondido y la condena a la vicepresidenta serían expuestas en el recinto por el oficialismo, además de pedidos mutuos de expulsiones planteados a partir de los sucesos registrados el 1 de diciembre.
Ya la excursión a la estancia de Joe Lewis a la que el oficialismo se aferra con singular interés provocó el fracaso de la que sesión de la Legislatura porteña de la semana pasada y nada indica que puedan volver a reunirse en los próximos meses. El Frente de Todos no tiene número para impulsar juicios políticos en ese recinto, pero sí la convicción de hacer mucho ruido allí y el oficialismo porteño no quiere darle ese espacio. Tampoco quiere Horacio Rodríguez Larreta entregar a su ministro de Seguridad. Ya en su momento eyectó a Martín Ocampo en 2018 como “responsable político” de los incidentes en cercanías del Monumental en la previa de la revancha de la final de la Libertadores que terminaría disputándose en Madrid. Otros tiempos y distintas circunstancias. Ceder ahora a su funcionario sería inconveniente para el jefe de Gobierno en campaña.
Los intereses de una parte del gobierno colisionan con los de la otra. Mientras unos se aferran a la cuestión judicial como si fuera prioridad absoluta, el sector operativo que vendría a representar Sergio Massa explora los caminos para llevar adelante las medidas que permitan reparar el Titanic. Con distintas urgencias y objetivos, el ministro de Economía sabe que en estas circunstancias le resulta imposible contar con las leyes que necesita. Algunas con urgencia, como el blanqueo que pretendía aprobar antes de fin de año para completar el acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos.
Atento a las relaciones tensas en el Congreso, modificó su postura inicial y ya adelantó su deseo de que al menos eso se apruebe en extraordinarias. También tendrá que suceder entonces la actualización de la normativa sobre lavado de activos, un tema que oficialismo y oposición tenían casi acordado en vísperas de la tormenta del 1° de diciembre.
Pero no hay manera de que el recinto pueda abrirse si no hay garantías de que la sesión no se convierta en un intercambio de acusaciones y pedidos de expulsiones.
En este contexto el ministro de Economía celebró esta última semana el índice de inflación inesperadamente más bajo que lo que anticipaban las consultoras privadas y aun lo que había sugerido el Indice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, que registró un 5,8. El del INDEC fue casi un punto menos, 4,9%. Sergio Massa sigue estableciendo acuerdos sectoriales para garantizar topes temporarios para los aumentos y su apuesta es lograr un índice moderado para el mes de abril. Si eso sucede -y puede suceder- comenzará a madurar la posibilidad de una candidatura presidencial que hoy por hoy él sigue descartando públicamente, sin convencer a sus interlocutores. Es que los tiempos se acortan: en junio cierran las listas.
Con la vicepresidenta autoexcluida de esa carrera, no son muchos los candidatos que pueda ofrecer el Frente de Todos. Al punto tal que hay quienes insisten en no dar por caída la alternativa de CFK, quien por otra parte debió rendirse a las evidencias y bajar el acto del Grupo de Puebla previsto para este lunes. La participación de los invitados se complicaba y, sobre todo, la mayor atención iba a estar en el resultado del Mundial y el regreso del Seleccionado, previsto para la misma hora casi en que iba a hablar la vice.
Dadas las circunstancias, en el oficialismo celebran no haber eliminado las PASO, que deberán usar para resolver candidaturas. ¿Entre Eduardo “Wado” De Pedro y Sergio Massa, como admitió de alguna manera el ministro del Interior en el programa Verdad/Consecuencia hace dos semanas? Muy probable. Ninguno de los dos estuvo en la desangelada celebración particular que el Presidente organizó en el patio trasero de la Casa Rosada con motivo de sus tres años de gestión. Allí él anticipó su intención de ponerse al frente de la campaña “para que el presidente o la presidenta que asuma en 2023 sea uno de nosotros”. Para algunos fue una admisión de que no será candidato. Para otros fue exactamente lo contrario.
Como sea, en La Cámpora no dejan de mostrar sus diferencias con el gobierno que ellos siguen integrando. Lo hizo Paula Penacca, secretaria Parlamentaria del bloque oficialista de la Cámara baja, que tras ese acto en la Rosada y la publicación de un artículo periodístico sobre las posibilidades de ser “candidato natural” que le asistirían a Alberto, tuiteó: “Cristina no va a ser candidata por la persecución, el hostigamiento y la proscripción a la que la sometió la mafia judicial y mediática. En la Casa Rosada parece que lo festejan porque aumenta las chances electorales de Alberto. Qué triste que además lo digan en un off”.
Internismo al palo.
La bancada conducida por Claudio Ferreño (FdT) se movilizó hasta el Ministerio de Justicia y Seguridad. “La seguridad y justicia de la Ciudad no pueden estar en manos de mafiosos operadores del Lawfare”, aseveraron.
Tal y cómo lo anunció días atrás parlamentario.com, los legisladores del Frente de Todos (FdT) marcharon desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad hasta el Ministerio de Justicia y Seguridad para reclamar que se avance con el juicio político al fiscal general Juan Bautista Mahiques y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por la filtración de chats que dan cuenta de un polémico viaje a Lago Escondido.
En ese sentido, Juan Pablo Modarelli (FdT) afirmó que “es inaceptable que personas que están vinculadas con delitos graves como Dadivas, sigan ejerciendo su cargo afectando no solo a nuestra democracia, sino también a todos y los porteños” y exigió que “el jefe de Gobierno deje de ser cómplice de la mafia y respete la democracia”. Mientras que María Magdalena Tiesso (FdT) planteó que “la seguridad y la justicia de la Ciudad no puede estar en manos de la mafia. D'Alessandro y Mahiques se tienen que ir. Larreta no puede seguir siendo cómplice”.
A su vez Lucía Cámpora (FdT) recordó que “marchamos desde el Ministerio Público Fiscal hasta el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA para exigir que Larreta deje de encubrir a Marcelo D’Alessandro y a Mahiques. No queremos más mafiosos a cargo de la seguridad de los porteños y porteñas” y precisó que “viajaron a la estancia de Joe Lewis convidados por Clarín junto a jueces federales y agentes de inteligencia. Amenazaron, mintieron y falsificaron documentos para ocultarlo. También suspendieron la sesión en la Legislatura porteña para que no se hable del tema”.
“Marcelo D’Alessandro y Juan Mahiques son dos mafiosos encubiertos por Larreta y toda la Ciudad lo tiene que saber. Estos tipos no pueden estar a cargo de la seguridad de nadie. Queremos que los espacios que viven hablando de las instituciones acompañen el juicio político”, cerró.
Al mismo tiempo que Matías Barroetaveña (FdT) opinó que “no queremos una ciudad de mafiosos ni gobernantes que los protejan” y que Laura Velasco (FdT) asegurara que “el Gobierno de la Ciudad tiene que dar la cara con una respuesta institucional a este hecho gravísimo y terminar con el encubrimiento de funcionarios mafiosos. Larreta debe pedir sus renuncias y la Legislatura porteña avanzar en el juicio político. ¡Basta de impunidad!”.
Sobre esa misma línea, el peronista Juan Manuel Valdés (FdT) indicó que se movilizaron “para que D’Alessandro y Mahiques den explicaciones a la ciudadanía sobre las dádivas que recibieron. Exigimos que Larreta deje de encubrirlos. Si no tienen nada que esconder, que vengan a explicar a la Legislatura”.
En tanto Javier Andrade (FdT) concluyó señalando que “la seguridad y la justicia de la Ciudad no pueden estar en manos de mafiosos operadores del Lawfare. Larreta sigue protegiendo y encubriendo, es responsable”.
Así lo expresó el diputado kirchnerista en relación a la condena contra Milagro Sala y agregó que “la Corte se manejará así de acá al fin del mandato del FdT”.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) sostuvo este jueves que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, “es el Flautista de Hamelin de la oposició,n porque es quien ordena las acciones”.
Además, tras el rechazo de la Justicia al recurso extraordinario presentado por la defensa de Milagro Sala, y así quedar firme su sentencia de 13 años de prisión en el caso conocido como “Pibes Villeros”, el diputado afirmó: “En el marco de esta alianza -CSJ y oposición- Rosatti envió una señal”.
Entrevistado por AM 530, el legislador kirchnerista agregó: “La Corte ‘no recogió el guante’ con lo de Lago Escondido; al contrario, genera estos ‘anticuerpos’ y le tira centros a Juntos por el Cambio”. Así también, afirmó que Rosatti “ha puesto en línea a toda la oposición política”.
“La Corte se manejará así, de acá hasta el final del mandato del Frente de Todos”, señaló Tailhade. Del mismo modo, cuestionó que la Justicia “maneje ciertos temas con miradas distintas”.
Por otro lado, habló sobre la causa de Lago Escondido y expresó: “Va a ser difícil que -en lo inmediato- suspendan a los jueces o renuncien los funcionarios”, pero agregó que “lo ocurrido fue de gravedad y en algún momento se va dar”.
Además, relató que el juez federal Carlos Mahiques “fue recusado” por los familiares de las víctimas del ARA San Juan, mencionó al juez federal como "delincuente" por "darle la razón al expresidente (Mauricio) Macri" en la causa por supuesto espionaje a las familias de los fallecidos en el submarino y concluyó: “Mahiques está directamente vinculado con todos los dirigentes macristas”.
En el final, leal a su estilo optó por arremeter con Macri al referirse sobre el partido entre Argentina y Francia por la final de Mundial de Fútbol: “Estoy muy tranquilo porque el ‘mufa’ está hablando bien de los franceses, como lo hizo con Croacia y Brasil”, ironizó.
Así lo expresó el diputado del FdT, quien además, brindó detalles sobre los allanamientos en Lago Escondido tras el avance de la fiscal federal en la causa que involucra a magistrados y funcionarios porteños.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) criticó este martes a la Corte Suprema de Justicia al afirmar que el Poder Judicial es “el peor servicio público de la Argentina”.
Además, adjetivó como “perverso” al juez Horacio Rosatti -miembro de la CSJ- por las declaraciones realizadas el lunes pasado. “Tiene un nivel de desprecio hacia la ciudadanía y a la sociedad. Encima cobra millones y no le resuelve los problemas a la gente”, disparó.
En declaraciones por AM 530, el diputado kirchnerista agregó: “Rosatti le echa la culpa a la gente por no tener mecanismos de resolución de conflictos o por depositar muchas expectativas en ellos. Es un caradura”.
“Ante un conflicto entre los canillitas y Clarín dejan que los problemas se resuelvan entren ellos”, explicó Tailhade quien, a su vez, expresó: “Habla de que no intervendrá en el Congreso si hay consenso, y es él quien ‘mete la cola’ para que no haya consenso”.
Luego de la filtración de conversaciones entre jueces federales, funcionarios porteños, un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios de medios de comunicación, el oficialismo salió a denunciar -con el presidente Alberto Fernández a la cabeza- el viaje a Lago Escondido como “un claro caso de dádivas”.
“Lo lindo de esto es lo feo que se está poniendo”, afirmó Tailhade. Asimismo, relató que la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare -quien imputó a los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials,- “avanzó de manera decidida sin utilizar los chats”.
En esa línea, explicó que, en la causa, “solamente se está trabajando con la información de los vuelos y hospedajes”, y relató: “La fiscal encabezó desde el lunes pasado un allanamiento en las instalaciones de la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido y terminó a las ocho de la mañana de este martes”.
Asimismo, el diputado contó: “Secuestraron libros sociales y contables, teléfonos de empleados y se tomó declaración testimonial a muchas personas que trabajan allí”. En tal sentido, afirmó que “fue muy significativo lo que se encontró en Lago Escondido”.
Del mismo modo, advirtió que el procurador Eduardo Casal se reunió con la fiscal Etchepare para que “dé explicaciones” sobre porqué avanzó con el tema. “Ellos quieren que la causa llegue hasta Comodoro Py para que quede en la nada”, señaló.
Sin embargo, el diputado contó que la fiscal “no acató los pedidos”, y agregó: “Está decidida a avanzar e incluso, sin los chats encontró mucha evidencia de gravedad”.
En el final, Tailhade fue consultado por una intervención del Congreso en el tema: “Hay argumentos suficientes para que intervenga el Poder Legislativo. En cualquier momento deberíamos arrancar", concluyó.
En lo que representa una nueva instancia de la escalada que viene desarrollando a partir del viaje a Lago Escondido, la vicepresidenta quiere apartar a este juez de esa causa.
Cristina Fernández de Kirchner anunció este lunes que instruyó a su abogado para que recuse al juez Julián Ercolini en la causa en que investiga las supuestas maniobras ilegales llevadas a cabo por Alberto Abad y Leandro Cuccioli desde la AFIP, durante la gestión de Mauricio Macri, “para perseguirnos a mí y a mis dos hijos”, señala la vicepresidenta de la Nación.
A través de sus redes sociales, la exmandataria destaca que la causa se originó a partir de los hechos denunciados e investigados por los órganos competentes de la AFIP, como así también de la documentación hallada en dicho organismo.
“La recusación a Ercolini se fundamenta en su ya célebre viaje a Lago Escondido junto con otros jueces, funcionarios de Rodríguez Larreta, agentes de inteligencia y directivos del grupo Clarín Telecom”, plantea CFK.
En la causa abierta por los abogados de Cristina, se denuncia una serie de “operaciones delictivas” supuestamente ejecutadas desde las más altas esferas de la AFIP entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 en contra de la familia Kirchner. “Tales maniobras se desarrollaron en connivencia con otros órganos del Poder Ejecutivo Nacional y miembros del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación”, señala la denuncia.
Los abogados de la vicepresidenta denuncian que la AFIP, bajo la conducción de Abad y Cuccioli “diagramó múltiples acciones ilegales para perseguir y hostigar a la familia Kirchner, incurriendo, entre otros, en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita”.
Recusacion-ErcoliniEl legislador del PO Gabriel Solano presentó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución para que el ministro y el fiscal asistan a esa Casa para dar explicaciones acerca de lo sucedido.
Tras la filtración de los chats que dan cuenta de un viaje a Lago Escondido en el que participaron funcionarios relacionados al macrismo y miembros de la justicia, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano para que el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y al fiscal general, Juan Bautista Mahiques, sean interpelados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
En los fundamentos de la iniciativa, el legislador explicó que “la ve intentando urdir una maniobra para ocultar, incluso mediante la tentativa de utilizar métodos mafiosos, el propósito de un cónclave que los congregó hace poco en la propiedad del magnate británico Joe Lewis, ubicada cerca de Lago Escondido, puso de manifiesto el altísimo grado de podredumbre del régimen político argentino” y recordó que ”en octubre se reunieron el juez Julián Ercolini; el juez de Casación y exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Carlos Mahiques; Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de CABA; los jueces Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de Larreta; Tomas Reinke, empresario especialista en campañas digitales; el exjefe de Legales de la Side, Leo Bergroth; y elementos de peso del medio Clarín. Se trata de personalidades vinculadas al macrismo”.
Asimismo precisó que “luego de que esto trascendiera, Carlos Mahiques se contactó con la fiscal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para simular una investigación del hecho que dé lugar a un futuro posible sobreseimiento. Etchepare forma parte del elenco que protagoniza la persecución contra la lucha de la comunidad mapuche. Ercolini, por su parte, es el juez que decidió levantar el secreto fiscal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo” e insistió en que “el Gobierno del Frente de Todos está utilizando el escándalo para reforzar la idea de que Cristina Fernández de Kirchner es solamente una perseguida política, y no la responsable de la edificación de un entramado de corrupción de grandes magnitudes. Todo esto ocurrió en el preludio del juicio contra la vice”.
Sobre esa misma línea, Solano rememoró que “Alberto Fernández pidió en cadena nacional que el ministro de Justicia se presente ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue penalmente los hechos, en especial el financiamiento del viaje; avanzar en la realización de una pesquisa sobre ‘la conducta’ de los magistrados federales; que los legisladores porteños del Frente de Todos promuevan, ‘sí amerita’, un juicio político a los funcionarios de la Ciudad involucrados; y que el Congreso nacional trate los proyectos de reforma judicial pendientes” y destacó que “los motivos de la reunión no están claros, pero la fecha de su realización coincidió con el momento en el que el gobierno nacional desenvolvía una represión de características brutales contra los mapuches, en beneficio de elementos como Lewis”.
Además informó que “Lewis ha obtenido la estancia en la cual se desarrolló la reunión sobre la base de la expulsión de los pueblos originarios y de negociados espurios con el Estado. La ley nacional vigente no permite que un extranjero posea tierras cerca de la frontera. Sin embargo, todos los gobiernos han permitido que el magnate tenga su mansión en la región” y destacó que “el empresario es dueño del Tottenham Hotspur, el club de la liga inglesa de fútbol; es el único proveedor de energía de El Bolsón, algo que realiza mediante la empresa Patagonia Energía; y tiene acciones en importantes grupos capitalistas como Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Es un reconocido evasor fiscal, estuvo en la lista de los Paradise Papers. Lewis viene de apelar contra un fallo de la justicia rionegrina que ordenó al británico abrir el paso público a Lago Escondido”.
“El hecho de que los estrados judiciales se hayan convertido en la principal arena de lucha política entre las principales facciones de la burguesía argentina es una expresión de la descomposición del régimen social vigente y de sus instituciones, cuyo telón de fondo es la crisis política, en la que la Justicia pretende arbitrar. La conspiración y la corrupción son prácticas defendidas por ambos lados de la grieta. Y los aparatos de inteligencia han sido colocados por peronistas y macristas al servicio de la pelea que los envuelve y la persecución contra los trabajadores y los activistas”, agregó y concluyó señalando que “este es el régimen que defienden los políticos capitalistas. Planteamos la elección de jueces y fiscales, una orientación totalmente resistida por todas las fuerzas políticas que usan para sí los favores palaciegos”.
La bancada conducida por Claudio Ferreño encabezó una conferencia de prensa en la que exigieron que la Ciudad avance con el juicio contra el ministro de Seguridad y el fiscal general. “Resulta inadmisible que sigan en sus cargos”, aseveraron.
Tras la filtración de chats que involucran a funcionarios del macrismo, judiciales y ex agentes de inteligencia en un viaje a Lago Escondido, el bloque del Frente de Todos (FdT) -conducido por Claudio Ferreño (FdT)- encabezó este miércoles una conferencia de prensa en la que insistieron con la necesidad de avanzar con el juicio político al ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, y al fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques.
La petición de los legisladores fue motivada por un pedido expreso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el cual fue transmitido en cadena nacional unas pocas horas antes de que se conociera el fallo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad.
En la conferencia estuvieron presentes el senador nacional Mariano Recalde; y las diputadas nacionales Paula Penacca y Mara Brawer, más todos los legisladores que conforman la bancada peronista en la Legislatura porteña: Claudio Ferreño, Javier Andrade, María Bielli, Lucía Cámpora, Maia Daer, Ofelia Fernández, Berenice Iañez, Juan Modarelli, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Magali Tiesso, Juan Manuel Valdes y Franco Vitali.
En ese contexto, los legisladores aseveraron que “resulta inadmisible que estos funcionarios sigan en sus cargos luego de haber quedado expuesta su participación directa en un hecho de enorme gravedad institucional en el que incumplieron la Ley de integridad pública de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada por la Legislatura porteña en el año 2020” y exigieron que “el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, permita que se inicie el juicio político y que los funcionarios sean juzgados y sometidos a Larreta”.
Respecto de esta situación, Ferreño adelantó que le pedirán a la Legislatura que convoque a una sesión en la que puedan ponerse en debate los dos proyectos en los que se fomenta el inicio del juicio político”, y agregó: “Quiero pedir al jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que separe de los cargos a D'Alessandro y Mahiques porque si no es así está avalando a esta mafia política y empresarial”.
Mientras que Recalde respaldó la petición: “Venimos a acompañar este pedido de juicio político para que los porteños y porteñas no tengan más estos funcionarios que forman parte de una mafia”, señaló, agregando que "este viaje y estos chats son la demostración visible de lo que venimos denunciando hace mucho tiempo. Dádivas, falsificación de pruebas, apriete y extorsión a periodistas y fiscales, amenazas", señaló.
En ese sentido, Recalde dijo que "el ministro D'Alessandro no se preocupa por cuidar a la gente. Se va de joda con integrantes del Grupo Clarín, con jueces y fiscales, mientras persigue a los que piensan distinto. Si Larreta tiene valentía, tiene que correrlo" y agregó: "Desde el primer día nos opusimos a que Mahiques fuera fiscal general de esta ciudad. Lo decíamos y está comprobado que formaba parte de la mesa judicial macrista, que persigue, amenaza y extorsiona. Ahora volvió a demostrar lo que es y a qué se dedica".
"Venimos a denunciar acá a dos delincuentes, a dos personas que cometieron delitos y que forman parte de una mafia que tienen secuestrada a la República. Vamos a estar en la calle hasta que se termine esta mafia en la Argentina", afirmó.
Sobre esa misma línea, la peronista Claudia Neira (FdT) le pidió “a esta Legislatura que se comprometa a tratar estos proyectos. Es más: esperamos que los implicados, Marcelo D'Alessandro y Juan Bautista Mahiques, se pongan a disposición” y Javier Andrade (FdT) recordó que “el 15 de diciembre es la última sesión en esta Legislatura. Pedimos a todas las fuerzas políticas de la Ciudad, sean de la oposición o no, que se presenten a favor de este juicio político. D'Alessandro y Mahiques tienen que dar la cara”.
Por su lado, Penacca concluyó aseverando que “esta mafia ha corrompido al Poder Judicial, tiene representantes en el Gobierno de Larreta y el jefe es Héctor Magnetto”.
El legislador del Partido Obrero (PO) consideró que “este tipo de corruptelas son habituales entre quienes gobiernan defendiendo intereses capitalistas”.
Tras la filtración de chats entre jueces federales, funcionarios del Pro y empresarios del Grupo Clarín que dan cuenta de un viaje a Lago Escondido, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano cuestionó con dureza lo ocurrido y advirtió que “el escándalo salpica a todos los partidos gobernantes menos a la Izquierda”.
En ese sentido, el trotskista afirmó que “este espectáculo se ventila en momentos en que la población está sometida a la pobreza creciente, el ajuste permanente y la pérdida cotidiana de poder adquisitivo de los sectores populares. Ante este escenario corresponde reconocer una cuestión de clase elemental si queremos realmente terminar con la corruptela reinante” y remarcó que “la única fuerza política que no está involucrada en la corrupción es la izquierda que no actúa, ni milita, ni utiliza los parlamentos para beneficiar a empresarios. Lejos de esto planteamos la elección de jueces y fiscales, una orientación totalmente resistida por todas las fuerzas políticas que usan para si los favores palaciegos”.
Además planteó que “el escándalo de Lago Escondido salpica e involucra a las dos fuerzas políticas gobernantes. Este tipo de corruptelas son habituales entre quienes gobiernan defendiendo intereses capitalistas. En este caso en particular se trata del financiamiento de un viaje de jueces y funcionarios por parte de Clarín aún desconocemos los fines del viaje” y remarcó que “el contexto de la circulación de las escuchas es la segura condena a Cristina Fernández en la causa de vialidad y la reunión en cuestión ocurrió una semana después de que el gobierno ejecutara la represión en Mascardi con el ‘comando unificado’ de fuerzas represivas. Por su parte el presidente Alberto Fernández convocó a una cadena nacional en la que sólo dijo vulgaridades, evitando hacer referencia a la responsabilidad que involucra a su jefe de asesores, Julián Leunda”.
“Mientras estos espectáculos no hacen más que seguir creando una legítima decepción con las fuerzas gobernantes de una parte creciente de la población es importante marcar que Javier Milei, lejos de ser la alternativa a estas corruptelas, es parte del mismo sistema de defensa de intereses empresariales desde la política, como lo confirma el hecho de haber sido toda la vida un defensor estratégico de Eurnekian y de sus negocios”, sentenció.