A pocos meses de no poder asumir su banca en el Senado por presunto vínculo con el narcotráfico, la diputada nacional Lorena Villaverde sufrió otro revés, esta vez en materia judicial: el Juzgado Civil N° 9 de San Antonio Oeste ordenó el embargo por una cifra superior a los $31.000.000 en el marco de la causa que investiga la presunta venta irregular de terrenos en Las Grutas.

La resolución de la jueza Vanessa Kozaczuk incluyó el libramiento de un oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con mención al juzgado de la ciudad atlántica y hacia a las personas facultadas.

En diciembre pasado, cuando la Cámara alta no logró aprobar el diploma de la rionegrina, quien debió permanecer en la Cámara de Diputados con mandato hasta el 2027, el juez Santiago Morán había ordenado otro embargo por una suma total de 40,5 millones de pesos, desglosados en 27 millones de pesos correspondientes al capital reclamado y 13,5 millones en concepto de intereses y costas judiciales.

La denuncia relató que Lorena Villaverde habría celebrado un contrato de compraventa de unos terrenos dentro del emprendimiento “Tajamar”, desarrollo inmobiliario, donde se habrían recibido pagos durante años que comenzaron en el 2020, pero sin que se cumplieran las obras de infraestructura prometidas, ni se avanzara con la posibilidad de escrituración del lote.

Entre otros puntos, la demanda judicial exige la nulidad del contrato y la devolución de las sumas de dinero abonadas con actualización por IPC. También se solicita una reparación de los daños ocasionados dentro del marco de la Ley 24.240 de Protección y Defensa de los Derechos de los Consumidores.

Las causas que involucran a Lorena Villaverde abarcan un conjunto de procesos judiciales tanto en Argentina como en Estados Unidos, con antecedentes que se remontan a principios de los años 2000. Su historial incluye una condena por narcotráfico en Florida, donde fue detenida en 2002 con cocaína y dinero no declarado, lo que derivó en una sentencia y posterior libertad condicional. También figura una causa previa por obstrucción de la justicia en 2001, vinculada a una investigación policial en Miami Beach.

En Argentina, Villaverde enfrenta múltiples denuncias por estafas inmobiliarias, todas relacionadas con el emprendimiento “Tajamar” en Las Grutas. Diferentes compradores la han acusado de incumplir obras de infraestructura prometidas, de no avanzar con las escrituraciones y comercializar lotes sin habilitaciones municipales.

El juez Civil de Bariloche, Santiago Morán, dispuso el embargo preventivo de la dieta y el medio aguinaldo de la diputada nacional Lorena Villaverde, por un total cercano a los 40 millones de pesos. La medida responde a una demanda iniciada por un vecino de Bariloche que adquirió un lote en el emprendimiento Tajamar, en Las Grutas, y nunca recibió la posesión del terreno.

La resolución judicial, firmada el martes último, establece que se retendrán 27 millones de pesos en concepto de capital y otros 13,5 millones por intereses y costas. El magistrado ordenó que las sumas retenidas se depositen en una cuenta judicial del Banco Patagonia y notificó a la Cámara de Diputados para garantizar el cumplimiento “bajo apercibimiento”.

El caso se suma a otros reclamos civiles contra Villaverde por incumplimientos en el mismo desarrollo inmobiliario. En expedientes anteriores, tramitados en San Antonio Oeste, la legisladora alcanzó acuerdos privados que frenaron el avance de las causas. En esta oportunidad, el demandante presentó el boleto de compraventa y testigos que acreditan la operación, además de reclamar daños y perjuicios y el cobro de un canon locativo.

Según trascendió, la diputada había argumentado demoras derivadas de la pandemia para justificar la falta de entrega de los lotes con la infraestructura comprometida. El juez aclaró que la cautelar no implica una sentencia definitiva sobre la demanda principal, que continúa en trámite.